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Etiqueta: CONARE

CONARE aboga por equilibrio ante la situación sanitaria y económica del país

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

17 de mayo del 2021. El creciente aumento de casos de COVID-19 y la saturación de los servicios de salud que atraviesa el país, provoca un dilema entre la salud y la economía, y una población desgastada ante las medidas sanitarias del último año y ante una percepción de falta de claridad de las decisiones del gobierno. Esta disyuntiva motivó al Consejo Nacional de Rectores (Conare), a elaborar un criterio ético sobre la distribución de recursos y procesos de vacunación durante la pandemia del Sars-Cov-2 en Costa Rica en el 2021.

El análisis fue realizado por profesionales de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional, máster Sara Mora Ugalde y el doctor Allan González Estrada. Mediante este criterio ético pretende ser una guía que permita un respiro al sistema de salud y a la recuperación económica.

Según los especialistas un primer criterio ético es el mayor beneficio para el mayor número de personas, en el sentido de proveer las condiciones para satisfacer las necesidades del mayor número de personas posibles, con la premisa de que debe hacerse en el menor tiempo posible. Una justicia distributiva adecuada debería permitir el uso de vacunas de más casas farmacéuticas -aprobadas por los entes reguladores competentes a nivel nacional e internacional. Considerando el hecho de que, de acuerdo a Pfizer, es posible que se requiera una tercera dosis de la vacuna. De igual manera, una justicia de distribución adecuada debería facilitar centros como farmacias y otros lugares a gran escala la posibilidad de ofrecer la vacuna, para acelerar el proceso.

La división por grupos puede ser una opción, pero para efectos de un principio de beneficencia y justicia debería pensarse en el grupo de los profesionales de la salud, un grupo de personas de 58+, y un tercer grupo que sea la población identificada con una mayor vulnerabilidad en este momento, son las personas que constituyen la fuerza laboral que no puede elegir trabajar virtualmente, y que por su condición, puede transmitir el virus más fácilmente; este grupo ahora debería ser considerado como prioritario.

Equilibrio entre las necesidades económicas y la salud

Previendo el peligro que supone a la vida de las personas, se sugiere evitar el contagio como medida primaria ante el brote de Covid-19 por medio de medidas restrictivas de movilidad y actividad económica, sin embargo, una alternativa que sea más beneficiosa y más justa es apelar a una justicia distributiva interpretando los datos que contamos en este momento en la pandemia, pero esos datos deben interpretarse a partir de criterios de dignidad humana, beneficio y justicia, ya que sin salud y sin economía el ciudadano ve comprometidas sus herramientas de subsistencia, de ahí la responsabilidad del Estado de asegurar por medio de políticas claras un nivel de tranquilidad tanto en la población como en los sectores económicos que son motores importantes del desarrollo social y económico del país.

Esto requiere un compromiso de las partes formadoras de un contrato social, lo que implica actuar por deber, y hay un deber de responsabilidad de parte de las personas de informarse adecuadamente y de actuar para minimizar el daño hacia los otros, pero también de que esta información se transmita de manera adecuada, solo con esta colaboración, se puede lograr un éxito para minimizar los impactos de la Covid-19 a corto plazo, pero a largo plazo las medidas se tendrán que tomar bajo una adecuada justicia distributiva, en otras palabras, en una sociedad injusta, sin instituciones redistributivas adecuadas, los costos individuales del encierro serán mucho más altos para los más desfavorecidos, por eso es necesario una justa distribución de las cargas y protección a los más vulnerables ya que están más limitados a protegerse de los riesgos.

Se requiere mayor transparencia en el uso de recursos, porque existe desconocimiento en cuanto a los acuerdos para las compras de las vacunas, cantidades por entregar, lo que imposibilita un cálculo acertado del momento en el que la población costarricense podría alcanzar la inmunidad de rebaño o un porcentaje que comience a minimizar la cantidad de contagios y por consiguiente la presión al sistema de salud. Esta incertidumbre tiene un impacto sobre el planeamiento de las actividades institucionales, pero también personales, teniendo como resultado una afectación sobre la salud mental, por lo que es imperativo un llamado a las instituciones relevantes a aumentar la velocidad de vacunación, a corto plazo, y velar por la transparencia en el proceso.

Riesgo del sistema sanitario

Una de las recomendaciones más importantes para hacer frente a la pandemia, era no poner en riesgo el sistema sanitario. Por lo que la protección y el cuidado de la salud mental y física del personal, así como la toma de decisiones anticipada para evitar la saturación, era necesaria desde las primeras fases. Sin embargo, el agotamiento del personal de salud y la sobrecarga en el sistema, reflejan que las decisiones de los últimos meses, no han tenido el efecto deseado, se recomienda realizar un estudio de los cambios que se han producido a partir de la aparición del COVID-19 en el país, con el fin de generar políticas públicas que fortalezcan el sistema de salud público, así como las herramientas legales necesarias para hacer frente a este tipo de emergencias, incluyendo desde protocolos de migración y consulares, hasta modificaciones normativas para situaciones extraordinarias, en concordancia con los principios de beneficencia y justicia.

Se propone la necesidad imperativa de hacer una revisión transparente de la capacidad del sistema sanitario, no en términos de espacios totales existentes, sino en capacidad real, generar proyecciones reales de la cantidad de personal y las posibilidades de atender a la población en diferentes horarios sin llegar al desgaste de los colaboradores, quienes son claves para la respuesta de la emergencia. Se recomienda, el análisis de medidas alternativa, tendientes a fortalecer la capacidad, por ejemplo: alquiler de estructuras existentes y acondicionarlas para cumplir con la función hospitalaria (como hoteles que actualmente presentan baja o nula ocupación), identificar las industrias nacionales que podrían proveer de insumos nacionales para la salud, incluir personal sanitario que no haya sido previamente considerado, como por ejemplo estudiantes de último año.

Documento completo: https://www.conare.ac.cr/noticias/276-criterio-etico-de-distribucion-de-recursos-y-procesos-de-vacunacion-durante-la-pandemia-del-sars-cov-2-en-costa-rica-en-el-2021

***Mayor Información con: Maribelle Quirós J, directora de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, (8720-4908).

 

UNAComunica
Oficina Comunicación UNA

*Imagen ilustrativa, UCR.

De leyendas urbanas a verdades constitucionales

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

M.Ed. Francisco González Alvarado, rector de la Universidad Nacional y presidente del CONARE
Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica
Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica
M.B.A. Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia
Dr. Emmanuel González Alvarado, rector de la Universidad Técnica Nacional.

Algunos abogados convierten en tiza y pizarrón la autonomía universitaria, sin sonrojarse siquiera por tan disparatada interpretación. Dicha autonomía no es leyenda urbana. Está creada por la Constitución Política y existen votos o sentencias de la Sala IV que tienen efecto para todo ciudadano (erga omnes), especialmente para los especialistas en la materia, y que no son “disparates” ni “interpretaciones que hacen las altas autoridades universitarias”:

La autonomía universitaria se encuentra establecida en los artículos 78, 84, 85 y 87 de la Constitución Política, que las autoridades de los supremos poderes juraron cumplir y defender. La Sala IV ya ha interpretado dichos artículos por lo que las altas autoridades universitarias únicamente enuncian y reiteran lo que ésta ha establecido.

La actividad intelectual constituye la base del quehacer universitario en todos sus ámbitos y requiere de la riqueza de un talento humano que las universidades puedan planificar, requerir, reclutar, remunerar, evaluar, promover, administrar, capacitar y dirigir con plena independencia de gobierno. La independencia constitucional de administración, organización, gobierno, política, planificación, presupuestaria, económica y patrimonial que protege la autonomía universitaria, tiene como eje central y supone la existencia de dicho talento humano. Como consecuencia, poseen estatutos de personal propios derivados de la potestad constitucional de decidir libremente.

En Actas de la Asamblea Nacional Constituyente consta la intención de proteger a la universidad pública de los vaivenes politiqueros y de las influencias contrarias que puedan predominar en los Poderes del Estado (Acta 160, 4/X/1949, tomo III, pág. 387 a 395). Dicha protección fue garantizada, además, con la libertad de cátedra que permite decidir libremente el contenido de la gestión académica universitaria, sin estar sujeta a lo dispuesto por poderes externos a ella, como también brinda libertad a la comunidad académica para expresar sus ideas, permitiendo la coexistencia de diferentes corrientes de pensamiento (votos 3550-92, 7170-09). Las universidades estatales están fuera del ámbito de dirección del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa no puede aprobar leyes que intervengan en las áreas de competencia de las universidades estatales como tampoco restarles ni impedirles cumplir su cometido (voto 1313- 93).

El artículo 84 constitucional también crea independencia universitaria económica pues separa su patrimonio del Estado y en su siguiente artículo 85 establece principios constitucionales y normas especiales que regulan la planificación y el presupuesto universitarios, sobre cuya formulación no pueden tener intervención los Poderes del Estado. El Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal define el contenido del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior y determina los gastos e inversiones necesarias para su adecuado desarrollo. Los regímenes salariales universitarios inciden en la sostenibilidad de dicho Fondo y se cargan a su propio presupuesto y patrimonio, constitucionalmente separados. La inversión pública en educación es constante y corresponderá siempre al menos a un 8% del PIB (artículo 78 constitucional), por lo que cualquier ahorro presupuestario quedará siempre en beneficio de las propias universidades, sin impacto fiscal alguno en favor del Estado. Estas normas y principios no pueden quedar sin efecto por normas de inferior jerarquía, como es la Ley Nº 9635 (Regla Fiscal). Estas normas constitucionales tampoco requieren de interpretación, sino que son de aplicación directa e inmediata (voto 3035-96).

La alta calificación del talento humano universitario es resultado de rigurosos procesos de selección y evaluación, conformes a los principios constitucionales de empleo público e incluso superan los existentes en el régimen de Servicio Civil.

Contrario a lo que viene siendo afirmado, el artículo 191 sí autoriza la exclusión de su cobertura, tratándose de excepciones derivadas de la propia Constitución. La autonomía universitaria es una clara excepción constitucional, no sólo por el contenido de los artículos 84, 85 y 87 citados, sino por voluntad del constituyente al haber establecido que, a diferencia de las Instituciones Autónomas creadas en los artículos 188 y siguientes, las universidades públicas no están sujetas a la ley en materia de gobierno (voto 1313-93), la cual comprende la autorregulación de su propio Estatuto de Empleo Público universitario, como sistema, tal y como lo propone el CONARE.

En ejercicio responsable de su autonomía, las universidades rinden cuenta y someten sus presupuestos a la potestad de fiscalización de la Contraloría General de la República, la cual nunca ha sido cuestionada, por lo que tales afirmaciones ponen en tela de duda la objetividad y credibilidad de los artículos redactados en contrario. Los presupuestos universitarios constan aprobados y publicados en su sitio web.

La anualidad, prohibición, dedicación exclusiva, salario escolar, aguinaldo, riesgo policial, entre muchos otros sobresueldos, no han sido creados por las universidades públicas, sino que tienen su origen en normas legislativas y decretos. Eliminar la autonomía universitaria no podrá ser nunca solución a esta coyuntura no universitaria. Esas leyes y decretos son los disparadores del gasto público, no las bases salariales universitarias ni su sistema de escalafones. Además, dentro de los objetivos fundamentales del proyecto de ley de empleo público está la tercerización de puestos no sustantivos en cada institución pública, a criterio de la Dirección General del Servicio Civil y MIDEPLAN, mediante la aplicación de índices homogeneizados de evaluación, lo cual atenta también contra la autonomía universitaria.

La autonomía universitaria, que es ejercida con pleno respeto de los principios constitucionales vigentes, comprende más que la simple “potestad de aprobación de planes y programas de estudio y finalidades”, “determinar estructuras internas” o “administrar personal y recursos”, tal y como erróneamente se viene opinando.

San José, 25 de febrero de 2021

Llamado a la defensa de la Universidad Pública

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Rectores e integrantes de las comunidades universitarias se congregarán este jueves frente a la Asamblea Legislativa para defender a la Universidad Pública y su posibilidad de desarrollar sus actividades académicas con independencia, lo que la llamada Ley de Empleo Público limitaría.

El presidente del Consejo Nacional de Rectores y rector de la Universidad Nacional, Francisco González Alvarado, hizo un llamado a la comunidad universitaria y nacional para defender a la Universidad Pública y la autonomía universitaria en el marco del trámite legislativo de la Ley de Empleo Público.

“En seguimiento a las acciones desarrolladas respecto al proyecto de Ley de Empleo Público y como resultado del análisis realizado en CONARE, los rectores, de las Universidades Públicas, hacemos un llamado vehemente a las Comunidades Universitarias y nacional a tener presencia física, guardando todas las medidas sanitarias, frente a la Asamblea Legislativa este jueves 18 de febrero, a partir de las 10 a.m. Para ello se declara un cambio de actividades, con el fin de que la mayoría de las personas participen en tan importante manifestación”.

Además, González Alvarado invitó a la población universitaria y nacional a informarse, a dialogar sobre el tema y promover la tomar conciencia sobre la importancia de la universidad pública para nuestro país y del respeto constitucional a la autonomía universitaria, en el sentido “de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios”.

Contención del gasto desde Conare

  1. Sobre los cuestionamientos de la Asamblea Legislativa en materia de contención del gasto de las universidades estatales, Francisco González aprovechó para recapitular las medias aplicadas en esta materia y en política salarial por estas casas de educación superior:
  2. Las universidades estatales, de cara al aseguramiento de su sostenibilidad financiera y en el marco de su autonomía constitucional, han tomado decisiones y modificado su normativa para homologar sus pluses salariales al Título III de la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Estos cambios han sido aplicados por algunas desde el año 2019 y otras a partir del 2020. De igual forma, han cumplido con el Título IV de “Responsabilidad Fiscal de la República”, de la ley citada.
  3. Además, como parte del apoyo de las universidades al país, para enfrentar su situación económica, aceptaron un ajuste de su presupuesto 2021 de un 5% respecto al monto que constitucionalmente les correspondía, lo que significan ₡27 590 millones menos. Todo esto, sin afectar el número de cupos de estudiantes de primer ingreso y la calidad del servicio educativo y el quehacer universitario en general.
  4. La Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, renegociaron sus convenciones colectivas. La Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional no tienen convenciones colectivas.
  5. En el caso de la Universidad Nacional si bien la Convención Colectiva está homologada y prorrogada por el Ministerio de Trabajo hasta abril del 2023, ha iniciado desde finales del año pasado un proceso de negociación entre el sector sindical y las autoridades, para modificar artículos puntuales asociados al peso presupuestario del rubro laboral, como parte de las medidas de contención del gasto y sostenibilidad financiera en general.
  6. Para el año 2021 ninguna universidad pública ni el Consejo Nacional de Rectores tiene previsto el pago de reajuste salarial, ni de anualidad.
  7. En los últimos ejercicios presupuestarios y con mayor énfasis en el 2020, las universidades estatales han aplicado otras medidas de contención del gasto como son:

× Dedicaciones exclusivas solo para personas licenciadas y según el interés institucional.
× Disminución de plazas administrativas.
× Disminución del porcentaje de dedicación exclusiva.
× Restricción y reducción del pago por tiempo extraordinario.
× Revisión y reducción de cargas académicas para la asignación de jornadas.
× Reducción de cuartos de tiempo adicional en académicos.
× Disminución en porcentajes y regulaciones para el incentivo por mérito académico para personal administrativo.
× Revisión y ajuste de normativa para carrera profesional o administrativa y régimen académico.

La ejecución de éstas y otras medidas administrativas ha generado ahorros significativos en las finanzas universitarias, lo cual ha sido invertido en reforzar los programas de becas estudiantiles, hacer aportes en investigación y desarrollo, logística de distribución y acción social comunitaria para atender el flagelo de la pandemia COVID-19 y realizar aportes importantes al bono proteger impulsado por el gobierno para ayudar económicamente a las personas más vulnerables, desempleadas y en condición de pobreza extrema.

Video adjunto:

https://www.unacomunica.una.ac.cr/index.php/febrero-2021/3353-llamado-a-la-defensa-de-la-universidad-publica

***Mayor Información con: Francisco González Alvarado (8306-8777) Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, (2237-5929/8720-4908).

 

Enviado por Oficina Comunicación UNA.

Posición del CONARE ante proyecto de ley de empleo público

Escrito en . Publicado en Derechos.

El expediente legislativo 21.336, denominado proyecto de Ley Marco de Empleo Público debería partir de un análisis con enfoque prospectivo del recurso humano que el Estado costarricense requiere a mediano y largo plazo para consolidar su especialización, su profesionalización y plena respuesta al nuevo contexto del mundo laboral. Debería también garantizar la incorporación al servicio público de las personas profesionales mejor preparadas, que estén en capacidad de liderar con espíritu de solidaridad social, excelencia y calidad, la prestación de los servicios fundamentales que el Estado debe procurar a la ciudadanía. Es imperativo de justicia que los intereses colectivos de los y las contribuyentes sean atendidos y administrados por el recurso humano mejor capacitado que el Estado pueda brindarles, como retribución a las importantes y constantes sumas de impuestos y contribuciones que pagan puntualmente.

El Estado podrá ser redimensionado o reestructurado con miras a una mayor eficiencia y eficacia, pero nunca podrá alcanzar los mejores estándares de la institucionalidad pública a los que se aspiran, si sólo promueve la contratación y conservación de personal poco o mediocremente capacitado, resultado de un sistema de salarios que no posee poder competitivo ni adquisitivo a futuro y que no responde a los principios de trabajo decente y sostenible según la Organización Internacional del Trabajo. En este contexto la imposición de límites como los que contiene el proyecto de ley 21.336, condenarán al Estado costarricense a una gran pérdida de potencial profesional en su recurso humano. El contribuyente seguirá esforzándose por pagar cada día más impuestos directos e indirectos, pero será atendido por un Estado cada vez más débil en su gobernanza, menos eficiente en la prestación de sus servicios y con personal limitado para el ejercicio de sus competencias profesionales.

En la exposición de motivos del texto sustitutivo del proyecto de ley Marco de Empleo Público presentado por la Ministra de Planificación a la Asamblea Legislativa se indica que en su elaboración se consideró:

  • La estructura conceptual de la gestión de recursos humanos del autor Francisco Longo (“Marco Analítico para el Diagnóstico Institucional del Servicio Civil, Diálogo Regional de Políticas, Banco Interamericano de Desarrollo”, ESADE, Instituto de Dirección y Gestión Pública, Barcelona, abril de 2002) y los catorce principios para un servicio público adecuado propuestos por el Comité de Gobernanza de la OCDE (“Recomendación del Consejo sobre Liderazgo y Capacidad en el Servicio Público” de 17/01/2019), y
  • Recomendaciones de la Contraloría General de la República.

Sin embargo, de su lectura detallada, se concluye que esta propuesta más bien contradice por su fondo lo enunciado en dichos documentos de referencia, especialmente los relacionados con:

  • Las competencias y habilidades necesarias para transformar la visión política en servicios que proporcionen a la sociedad;
  • Atraer y retener a los empleados con habilidades y competencias que el mercado de trabajo requiere;
  • Desarrollar las habilidades y competencias necesarias creando una cultura y entorno de aprendizaje en el servicio público;
  • Desarrollar sistemas de empleo público que fomente un servicio receptivo y adaptable que sea capaz de solucionar los retos actuales y futuros y las circunstancias cambiantes;
  • Fijar y ofrecer condiciones de empleo transparentes que se adecuen a las funciones del puesto teniendo en cuenta los mercados de trabajo externos e internos; y
  • Asegurar que los empleados tengan oportunidades de contribuir a la mejora del desempeño público que sean incluidos como socios en los asuntos de la gestión del servicio público.

En el caso particular de las instituciones de educación superior, la misma OCDE en el documento “Benchmarking Higher Education System Performance” (Higher Education OCDE Publishing, París, 2019), afirma:
“La educación requiere necesariamente grandes volúmenes de mano de obra altamente calificada entre sus recursos de producción. Los salarios de los trabajadores altamente calificados en educación superior deben seguir el ritmo de los de otros sectores de la economía para retener a los trabajadores altamente calificados en el sector de la educación”.
En esta línea, las universidades públicas costarricenses han procurado generar condiciones que les permita competir en la atracción, sostenibilidad y relevo de las personas docentes, científicas, técnicas y de apoyo a la academia, con el fin de que las nuevas generaciones de profesionales sean formados por el mejor recurso humano posible y que la ciudadanía cuente con los mejores institutos de investigación y transferencia de conocimientos, centros de producción cultural y artística, cuya presencia y respuesta ha sido puesta en evidencia en cada crisis nacional vivida en distintos ámbitos, siendo la actual pandemia la última de ellas.
Preocupa al CONARE constatar que la eventual aprobación del proyecto de ley número 21.336 implicará:

  • Quebrantar el régimen de institucionalidad democrática costarricense contenido en el orden constitucional,
  • Atentar contra la descentralización de servicios estatales esenciales,
  • Revertir la despolitización del sistema del Servicio Civil defendida en nuestra Constitución Política al trasladar a la Asamblea Legislativa la potestad de nombramiento de su Director General,
  • Atentar contra la garantía de independencia entre poderes de la República,
  • Desalentar la educación pública, entendida como la más importante inversión social,
  • Violentar el régimen de independencia que en materia de administración, organización, planificación, gobierno y patrimonio establecen y garantizan los artículos 84, 85 y 87 de la Constitución Política, y
  • Someter a las instituciones descentralizadas al poder centralizado del Poder Ejecutivo mediante la rectoría que en materia de empleo público se les pretende imponer.

Las naciones no deben escatimar la inversión en capital humano capacitado para el desarrollo de la institucionalidad pública que se requiere para la debida atención de las necesidades de su propio desarrollo.

Cualquier reforma en materia de empleo público debe respetar los principios constitucionales de igualdad salarial en igualdad de condiciones, de idoneidad comprobada, de rendición de cuentas, transparencia, responsabilidad y de control de legalidad y constitucionalidad de la gestión administrativa; todo lo anterior dentro de la concepción misma del Estado Social de Derecho y su institucionalidad, que igualmente poseen rango constitucional. Compete a cada uno de los sectores de la Administración Pública velar por su observancia, sin que para ello sea necesario sustituirlos en el ejercicio de sus competencias de administración y gobierno.

Por voluntad directa de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949 nuestra Constitución Política incorpora en sus artículos 84, 85 y 87 un régimen de autonomía universitaria que comprende una independencia plena de administración, organización, gobierno, política y patrimonial en favor de las universidades estatales que implica:

  1. a) Estar fuera de la dirección del Poder Ejecutivo, de su jerarquía y poseer su propio Plan Nacional de Desarrollo de la Educación Superior;
  2. b) Contar con plenas competencias administrativas y poderes de gobierno para cumplir sus fines;
  3. c) Gozar de plena potestad de autodeterminación para establecer sus planes, programas, presupuestos, servicios y organización internas;
  4. d) Tener plena potestad para emitir reglamentos, autónomos y de ejecución, regulando el servicio que prestan;
  5. e) Ejercer potestad plena para contratar y organizar directa y libremente todos los recursos humanos requeridos para el adecuado cumplimiento de su misión superior de cultura, educación, ciencia, tecnología y demás áreas del conocimiento humano;
  6. f) Garantizar y regular por medio de su potestad de gobierno el ejercicio de la libertad de cátedra, competencia exclusiva de las autoridades universitarias.

Para crear y regular sus regímenes de empleo, las universidades estatales ejercen la capacidad jurídica plena para adquirir y conferir derechos y contraer obligaciones contra su propio patrimonio, que literalmente estipulan los artículos 84 y 85 constitucionales, sin requerir de autorizaciones ni aprobaciones externas al ámbito de su propio gobierno. El régimen de empleo de los funcionarios universitarios no puede quedar sometido al Servicio Civil ni a la rectoría del Ministerio de Planificación y Política Económica sin que ello implique la inconstitucionalidad derivada de la afectación al pleno ejercicio de su independencia de gobierno, planificación, libre disposición patrimonial, la organización y la administración, exclusivas de las universidades estatales.

El CONARE se opone y se opondrá a un proyecto de ley como el que se pretende aprobar por el Poder Legislativo en cuanto:

  • Se aparte e ignore las necesidades del desarrollo de la institucionalidad pública nacional y los propósitos fundamentales que inspiraron nuestra Constitución Política,
  • Implique un desmantelamiento del Estado Social de Derecho,
  • Pretenda generar un simple ahorro económico y contable de las finanzas públicas sin valorar su impacto en la calidad y la inversión permanente que requieren los servicios públicos,
  • Debilite la gobernanza del país en cada uno de los ámbitos del servicio público que han sido descentralizados por disposición constitucional,
  • Atente contra los principios que deben inspirar la concepción, desarrollo y aseguramiento del personal requerido para la existencia de un servicio público altamente capacitado y profesionalizado para poder alcanzar las metas de la agenda nacional en desarrollo sostenible,
  • Atente contra el régimen de independencia y autonomía constitucionales conferido a las universidades estatales, y
  • No resulte de procesos de diálogo social entre los sectores de gobierno y de las organizaciones de funcionarios públicos que genere la convicción nacional en cuanto a la necesidad de cualquier reforma y de sus alcances, sin perder las oportunidades ni los valores propios del ser costarricense.

Dado en San José, Costa Rica, el segundo día del mes de febrero del dos mil veintiuno.

M.Ed. Francisco González Alvarado Presidente CONARE – Rector Universidad Nacional
Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta Rector – Universidad de Costa Rica
M.B.A. Rodrigo Arias Camacho Rector – Universidad Estatal a Distancia
Ing. Luis Paulino Méndez Badilla Rector – Instituto Tecnológico de Costa Rica
Dr. Emmanuel González Alvarado Rector – Universidad Técnica Nacional

 

Compartido con SURCOS por CONARE

Universidades estatales presentan proyecto Costa Rica Aprende con la U Pública

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Es una iniciativa coordinada y articulada por las universidades públicas para llevar cursos cortos y gratuitos a la población

La Universidad de Costa Rica ofrece a través de la Acción Social una variedad de cursos abiertos a toda la población con opciones de actualización profesional, cursos libres y cursos de formación permanente. La oferta la sistematiza cada unidad académica. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.

El Consejo Nacional de Rectores presentó esta mañana el proyecto Costa Rica Aprende con la U Pública, una iniciativa coordinada y articulada por las cinco universidades públicas. El objetivo es organizar cursos libres de acceso que faciliten conocimientos y el desarrollo de capacidades o destrezas, en los diferentes campos de especialidad de cada universidad.

Los cursos que se impartirán son dirigidos para toda la población nacional, de acuerdo con las poblaciones meta establecidas por universidad. Son cursos gratuitos y virtuales.

Tendrán una duración de 12 horas efectivas: 8 horas contacto presencial-remoto y 4 horas de trabajo independiente.

El cupo mínimo es de 8 personas para la apertura y como máximo 25 personas. Cada persona podrá matricular un máximo de 2 cursos. Las personas estudiantes recibirán un certificado de participación digital por cada curso matriculado.

Las áreas temáticas son: Producción ecoeficiente: agropecuaria y de recursos naturales, Tecnologías de la información y comunicación, Salud ecosistémica y calidad de vida, Humanismo, arte y cultura, Desarrollo tecnológico e innovación industrial y de servicios, Ambiente, territorio y sustentabilidad, Educación y desarrollo integral.

Las poblaciones meta son: niños de 10 a 12 años, jóvenes, público (16 a 59 años) y persona adulta mayor.

Para el presidente del Conare, Francisco González, esta es otra acción de las universidades que procura responder a la necesidad de capacitación de la población en medio del panorama de la pandemia y que busca ofrecer cursos de calidad, de manera gratuita y virtual a toda la población nacional, organizados por áreas temáticas y grupos etarios de interés.

Fechas de matrícula por institución

Universidad Nacional

  • Matrícula: 1 al 5 de febrero de 2021
  • Periodo lectivo: 8 de febrero al 6 de marzo de 2021

Universidad Técnica Nacional

  • Matrícula: 15 al 18 de febrero de 2021 / 5 al 8 de julio de 2021
  • Periodo lectivo: 1 al 12 de marzo de 2021 / 19 al 31 de julio de 2021

Universidad Estatal a Distancia

  • Matrícula: 15 al 19 de marzo de 2021
  • Periodo lectivo: 12 de abril al 30 de julio de 2021

Instituto Tecnológico de Costa Rica

  • Matrícula: 24 de febrero al 16 de marzo de 2021
  • Periodo lectivo: 20 al 28 de marzo de 2021

Universidad de Costa Rica

  • Matrícula: mayo-junio
  • Periodo lectivo: agosto.

Conare
Consejo Nacional de Rectores

CONARE: Expertos critican errores en proyecto de Ley de Empleo Público

Escrito en . Publicado en Derechos.

Actividad del Consejo Nacional de Rectores

El Estado destina la mitad de sus ingresos al pago de salarios y existe justificación para organizar los sueldos del sector público. No obstante el proyecto tiene yerros importantes que deben corregirse.

M.Sc. Francisco González Alvarado, presidente del Conare y Rector de la Universidad Nacional de Costa Rica.

Un grupo de profesionales convocados por el Consejo Nacional de Rectores (Conare) criticó las inconsistencias y las omisiones estructurales del proyecto de Ley de Empleo Público, el cual se discute en este momento en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa.

El análisis se realizó como parte del “Foro virtual sobre empleo público”, que reunió a cinco representantes de las universidades públicas congregadas en Conare. El evento se transmitió este viernes 29 de enero en horas de la mañana, vía Facebook Live en https://www.facebook.com/ConsejoNacionaldeRectores.

La ley cifra ocho “familias” o categorías de trabajadores estatales, agrupadas según el tipo de puesto. De aprobarse la ley, los funcionarios públicos tendrían la opción de adherirse al salario global de su categoría (en caso de percibir un monto menor) o de permanecer con el sueldo actual. No obstante, si la persona prefiere mantener su salario actual – mayor al del su categoría -, este se congelaría hasta que quede nivelado y su único aumento sería el que se fije por costo de vida, una vez que sea alcanzado por el monto global.

Los expertos además argumentaron que la iniciativa desincentiva la competitividad académica, se establece una injerencia inconstitucional de entes políticos en la planificación de los recursos humanos de instituciones autónomas y que aún no sabe aún cuál sería el monto al que aspirarían los trabajadores estatales en este escenario, entre otros cuestionamientos más.

El actual presidente de Conare y rector de la Universidad Nacional (UNA), Francisco González, señaló que la iniciativa tiene “debilidades internas, contradicciones propias y ausencias centrales”. Lo anterior, debido a que envuelve a todos los académicos en un salario global único. Con ello se afecta la competitividad educativa y expone a las universidades públicas a una eventual “fuga de cerebros” hacia otras universidades internacionales o empresas privadas.

En cuanto a los aspectos legales, la directora de la Oficina Jurídica de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Ana Lucía Valencia, señaló que el texto desconocería las muchas particularidades del sector docente, como lo son la preparación académica y el tipo de labor anexa que realizan (investigación o acción social).

“Además, si los empleados públicos que ganan menos se pasan a salario global, esto significará una erogación mayor por parte del Estado”, expresó Valencia, aduciendo que se trataba de un contrasentido en un contexto de crisis económica como el actual.

Dr. José Antonio Cordero, MAE Nelson Ortega Jiménez, Lic. Ana Lucía Valencia González, Dr. Giovanni Beluche Velásquez y Dra. Shirley Benavides Vindas. Formaron parte del foro sobre Empleo Público.

https://www.facebook.com/1b4f44a2-fe92-4da3-9ee0-01436c1dc83e

Otro aspecto señalado por Valencia es que, por orden constitucional, el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) no decrecerá, por lo que el dinero no destinado a los aumentos salariales tampoco pasará al presupuesto nacional, quedando de todos modos en las arcas de las universidades públicas.

Por su parte, el director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica, José Antonio Cordero, aceptó que el Estado destina la mitad de sus ingresos al pago de salarios y que existe alguna justificación para organizar los sueldos del sector público. No obstante, aseguró que el proyecto tiene yerros importantes que deben corregirse.

“El sistema de pluses ha generado un aumento escalonado y el crecimiento de la planilla se ha vuelto descontrolado, no podemos tapar el sol con un dedo. Pero se parte del supuesto de que todos los incentivos son automáticos y hay muchos de estos beneficios que se basan en la productividad, como el sistema de régimen académico, que toma en cuenta aspectos como publicaciones o servicio a la institución”, manifestó Cordero.

El director del IICE-UCR además criticó que el proyecto no tiene una metodología lo suficientemente clara. Insistió en que tampoco dice cuáles son los criterios jurídicos para fundamentar varios de sus artículos y aumenta el riesgo de que sean solo las personas menos calificadas las que quieran trabajar con el Estado, debido a un esquema salarial poco atractivo.

Por su parte, la directora de la Escuela de Economía de la UNA, Shirley Benavides, advirtió que la inexperiencia de la Dirección General del Servicio Civil, nueva rectora del empleo público, en temas de administración universitaria haría que no se tomen en cuenta la estrategia ni la dirección de política pública propias de un centro académico superior.

“Con este proyecto no se han discutido los cambios estructurales profundos para generar el bienestar que la Constitución Política solicita”, manifestó Benavides.

Según los cálculos hechos por Ana Lucía Valencia de la UNED, en Costa Rica existen alrededor de 270 000 empleados públicos que se verían afectados por esta ley, en caso de aprobarse.

 

Pablo Mora Vargas
Periodista, Rectoría

UNA impulsará defensa del valor social de U Pública desde Conare

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Coyuntura.

  • El rector de la Universidad Nacional Francisco González Alvarado ejercerá la Presidencia del Consejo Nacional de Rectores durante el 2021.

Al conmemorarse 46 años de existencia del Consejo Nacional de Rectores (Conare), el rector de la UNA Francisco González Alvarado asume la Presidencia de este órgano universitario con la firme convicción de llevar a cabo todas las luchas necesarias para defender a las universidades públicas de Costa Rica.

En su discurso inaugural, el rector insistió en los tres grandes retos que enfrenta actualmente la Presidencia de Conare: “El primero dar el impulso, el banderillazo de salida a la formulación del PLANES 2021-2025; el segundo apoyar a las universidades en los procesos necesarios para lograr un regreso gradual y seguro a la presencialidad, y el tercero, pero no menos importante, mantener la defensa de la universidad pública como bien público social en la situación de crisis y de restricción presupuestaria que enfrentamos”.

González reconoció que si bien Costa Rica enfrenta un panorama difícil, “confiamos en el potencial de la universidad pública para seguir fortaleciendo la democracia y seguir contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas en el territorio nacional”.

Por ello pondrá énfasis en la defensa de la educación pública como pilar fundamental en la consolidación de la democracia costarricense, por lo que “debemos defender que se mantenga como un bien público social y un derecho humano, como un bien común de todas y todos los costarricenses. Ello implica pensarla como un espacio científico-cultural amplio, en clave humanista, desde donde se promueven acciones que contribuyen al mejoramiento del bienestar y que contribuye a mejorar las condiciones de vida de la población costarricense, a fortalecer la democracia, a promover la justicia social y superar las inequidades”.

El Consejo Nacional de Rectores fue creado mediante “Convenio de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal en Costa Rica”, suscrito por las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal el 4 de diciembre de 1974 y reformado por éstas el 20 de abril de 1982. En él se regulan aspectos de coordinación para el ejercicio conjunto de la autonomía universitaria en diversos ámbitos.

Francisco González Alvarado será su presidente por un año. Él es bachiller en Historia, licenciado en Estudios Sociales y máster en docencia universitaria; asumió la Rectoría de la UNA en julio de 2020, institución en la que también se ha desempeñado como académico e investigador, subdirector de la División de Educología del Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cide) y como vicerrector académico en el periodo 2010- 2015.

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Comunicado de la Oficina de Comunicación UNA

UCR: La mayoría de jóvenes de las universidades públicas utilizan las becas para financiar sus estudios

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Así lo confirman los resultados obtenidos en una investigación del Conare para el año 2019

Los estudios universitarios posibilitan una mejor calidad de vida y un abanico de oportunidades laborales para los jóvenes del país. Foto ilustrativa Karla Richmond, UCR.

El 48,6 % de la población estudiantil encuestada en un análisis del Conare, tiene a las becas como la principal fuente de financiamiento de sus carreras en universidades estatales, mientras que quienes reciben el apoyo económico de sus padres representa el 46,5 %.

En las sedes regionales la distancia entre ambas variables aumenta considerablemente, pues las becas es la principal fuente de financiamiento para el 60,3 % de los estudiantes de la región Chorotega, el 58,5 % en el Pacífico Central, 74,6 % en la Brunca, 69,6 % en la Huetar Caribe y 59,9 % en la Huetar Norte.

Así se desprende del Estudio de caracterización de la población estudiantil universitaria estatal, 2019, que desarrolló el Consejo Nacional de Rectores (Conare), cuya muestra se basó en estudiantes quienes estaban matriculados en el primer ciclo lectivo del 2019, en alguna de las cinco universidades públicas.

El Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, presidente de Conare, indicó en un comunicado, que esta investigación estadística es “un instrumento para la rendición de cuentas a la sociedad y para la toma de decisiones en la planificación universitaria con miras al próximo quinquenio. Es la primera vez que se realiza a escala de las cinco universidades públicas y sus hallazgos resultan ser de gran relevancia, pues el conocer al estudiantado permite fortalecer sus programas de acompañamiento socioeconómico, cultural y curricular, entre otros”.

Detalles de la investigación

Este trabajo, realizado por la División de Planificación Interuniversitaria de Conare, fue hecho entre los meses de marzo y octubre del 2019 y la muestra aleatoria abarcó a un total de 13 987 estudiantes universitarios, quienes estuvieran matriculados en las múltiples sedes y recintos de las universidades públicas en todo el país. En el caso de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), el estudio se aplicó por regiones de planificación.

Esta encuesta, que tiene un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 4 %, brindó un dato adicional: el 74,7 % de los estudiantes consultados son de colegios públicos, mientras que el 16,2 % provienen de colegios privados.

Los sistemas de becas de las universidades públicas propician que aquellos jóvenes con limitaciones económicas, puedan cursar una carrera y asegurarse su futuro. Foto ilustrativa Karla Richmond, UCR.

Asimismo, el 73,2 % de los estudiantes se mantienen viviendo con sus respectivas familias durante el ciclo lectivo, y solamente el 26,8 % se separa de su residencia familiar para irse a estudiar.

Por otra parte, el 74,8 % de los estudiantes tienen conocimiento del idioma inglés, un 11,1 % del francés, y el 23,6 % sólo del español.

Este trabajo estadístico evidenció además que existe una valoración positiva, en cuanto a la satisfacción de los estudiantes hacia las universidades estatales, pues su calificación general fue de 4,1 en una escala en la que 5 era “totalmente satisfecho” y 1 “nada satisfecho”.

Aunado a esto, el trabajo que han hecho las universidades estatales dirigido a procurar la permanencia y continuidad de los estudiantes en sus carreras ha rendido sus frutos, pues el 81,5 % de la muestra no suspendió sus estudios.

Un dato adicional que se puede destacar de esta encuesta es que el 30,1 % del alumnado al que se contactó tenía un trabajo.

“Realizar estudios de este tipo permite a la sociedad conocer las principales características de la población universitaria estatal y visualizar, desde la perspectiva estudiantil, la opinión sobre sus casas de estudio y de los servicios y beneficios que apoyan su actividad académica”, indicó la M.Sc. Ilse Gutiérrez Coto, directora de la División de Planificación Interuniversitaria de Conare.

Finalmente, este análisis estadístico se va a realizar cada dos años, según afirmaron las autoridades del Conare, con el fin de mantener actualizadas las bases de datos y así obtener los insumos necesarios para definir las acciones tendientes a fortalecer las oportunidades de estudio de los jóvenes en Costa Rica.

 

Otto Salas Murillo
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Libro que promocionaba los transgénicos contiene plagio y la Editorial del TEC deberá retirarlo del mercado

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

  • CONARE se pronuncia ante denuncia por plagio en libro sobre biotecnología

(FECON, 15/09/2020) La Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) interpuso una denuncia ante los consejos universitarios del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA), por violación a la ética y la excelencia académica cometido en el libro “Biotecnología para todos: conceptos, aplicaciones y beneficios”, publicado por la Editorial Tecnológica (ET), con la “autoría” de seis profesores de la UCR, cuatro del TEC y uno de la UNA.

En la denuncia se solicita: a) Retirar el libro del mercado; b) Realizar una investigación y sentar las responsabilidades que correspondan; y c) Publicar los resultados de la investigación en un diario de circulación nacional.

El libro se publica en el marco del cuestionado proyecto “Biotecnología para todos: socialización de conceptos, aplicaciones y beneficios”, que se desarrolló en los años 2015-2016 y 2018, financiado con fondos del Consejo Nacional de Rectores (Conare), por alrededor de 50 millones de colones, sin contar los salarios devengados por las personas involucradas en este proyecto.

En el libro se detectaron más de 900 faltas, de las cuales 642 (68,9 %) son por plagio, y 290 (31,1 %) corresponden a: faltas de ortografía (127) y nomenclatura (66); omisión de información relevante, información parcializada, tendenciosa, desactualizada o imprecisa (34); vínculos de Internet defectuosos (29); edición (17); omisión de citas bibliográficas (13); inclusión de términos inexistentes (2); y hasta menciones erróneas de nombres de comisiones (2).

Lejos de favorecer la imagen de las universidades públicas y el Conare, este tipo de prácticas atenta contra el importante rol que esas instituciones están llamadas a cumplir.

Ante esta denuncia hecha por la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) el CONARE se pronuncia al respecto y solicita se realicen dictámenes técnicos especializados por parte Edgardo Moreno Robles, científico y profesor emérito de la UNA e investigador activo en microbiología celular, genética, bacteriana e inmunología y miembro de UCREA de la UCR y por Ana Beatriz Arias Moreira, asesora legal. En dichos dictámenes se respalda este organismo para dar respuesta parcial a la denuncia interpuesta por fraude académico (especialmente plagio) encontradas en la publicación “Biotecnología para todos: Conceptos, aplicaciones y beneficios”.

Tanto el pronunciamiento del Conare, como los detallados dictámenes técnicos especializados emitidos sobre este libro, corroboran los gravísimos hechos denunciados por la RCB por violación a la ética y la excelencia académica, por parte de los funcionarios de las tres universidades públicas involucradas en la elaboración, revisión y publicación de este libro con fondos del Conare.

CONARE se pronuncia ante denuncia por plagio en libro sobre biotecnología

Escrito en . Publicado en Derechos.

Información de la Red de Coordinación en Biodiversidad

La Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) interpuso una denuncia ante los consejos universitarios del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA), por violación a la ética y la excelencia académica cometido en el libro “Biotecnología para todos: conceptos, aplicaciones y beneficios”, publicado por la Editorial Tecnológica (ET), con la “autoría” de seis profesores de la UCR, cuatro del TEC y uno de la UNA.

En la denuncia se solicita: a) Retirar el libro del mercado; b) Realizar una investigación y sentar las responsabilidades que correspondan; y c) Publicar los resultados de la investigación en un diario de circulación nacional.

El libro se publica en el marco del cuestionado proyecto “Biotecnología para todos: socialización de conceptos, aplicaciones y beneficios”, que se desarrolló en los años 2015-2016 y 2018, financiado con fondos del Consejo Nacional de Rectores (Conare), por alrededor de 50 millones de colones, sin contar los salarios devengados por las personas involucradas en este proyecto.

En el libro se detectaron más de 900 faltas, de las cuales 642 (68,9 %) son por plagio, y 290 (31,1 %) corresponden a: faltas de ortografía (127) y nomenclatura (66); omisión de información relevante, información parcializada, tendenciosa, desactualizada o imprecisa (34); vínculos de Internet defectuosos (29); edición (17); omisión de citas bibliográficas (13); inclusión de términos inexistentes (2); y hasta menciones erróneas de nombres de comisiones (2).

Lejos de favorecer la imagen de las universidades públicas y el Conare, este tipo de prácticas atenta contra el importante rol que esas instituciones están llamadas a cumplir.

Ante esta denuncia hecha por la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) el CONARE se pronuncia al respecto y solicita se realicen dictámenes técnicos especializados por parte Edgardo Moreno Robles, científico y profesor emérito de la UNA e investigador activo en microbiología celular, genética, bacteriana e inmunología y miembro de UCREA de la UCR y por Ana Beatriz Arias Moreira, asesora legal. En dichos dictámenes se respalda este organismo para dar respuesta parcial a la denuncia interpuesta por fraude académico (especialmente plagio) encontradas en la publicación “Biotecnología para todos: Conceptos, aplicaciones y beneficios”.

Tanto el pronunciamiento del Conare, como los detallados dictámenes técnicos especializados emitidos sobre este libro, corroboran los gravísimos hechos denunciados por la RCB por violación a la ética y la excelencia académica, por parte de los funcionarios de las tres universidades públicas involucradas en la elaboración, revisión y publicación de este libro con fondos del Conare.