Ir al contenido principal

Etiqueta: Concejo Municipal de San José

Concejo Municipal de San José rechaza excluir la anticoncepción de emergencia en la atención a víctimas de violación

El Concejo Municipal de San José aprobó por unanimidad una moción en la que rechaza la exclusión de la anticoncepción de emergencia del expediente 23.633, conocido como Protocolo de las 72 horas, que busca garantizar la atención integral de las víctimas de delitos sexuales. La moción fue presentada por la fracción del partido Juntos San José.

La iniciativa surge luego de que, el 21 de octubre, la Comisión Permanente Especial de la Mujer de la Asamblea Legislativa aprobara, con seis votos a favor y uno en contra, un texto sustitutivo que eliminó la anticoncepción de emergencia de las prestaciones garantizadas expresamente a las víctimas de violación sexual.

Durante su intervención en el Concejo, la regidora Mariana Zúñiga Pérez, de Juntos San José, defendió la necesidad de que las autoridades se pronuncien ante decisiones que pueden representar un retroceso en los derechos de las mujeres. “Los derechos de las víctimas no pueden quedar sujetos a prejuicios ni estereotipos de género. Costa Rica debe avanzar en la protección de las mujeres, su dignidad y su derecho a recibir atención oportuna”, expresó.

La moción plantea que la atención de las víctimas de violencia sexual debe fundamentarse en criterios médicos, evidencia científica y estándares internacionales de derechos humanos, evitando cualquier requisito que retrase la atención o genere nuevas situaciones de revictimización. Además, solicita a la Comisión de la Mujer observar las obligaciones internacionales asumidas por Costa Rica mediante la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Zúñiga destacó la urgencia de atender estas situaciones y recordó que la violencia sexual afecta diariamente a mujeres en el país, incluso dentro de sus propios entornos familiares.

Según un comunicado enviado a SURCOS, para Juntos San José, la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las mujeres debe trascender las diferencias políticas y las posiciones personales, y colocar siempre en primer lugar la protección de las víctimas.

La moción fue suscrita por las regidoras Mariana Zúñiga Pérez y Andrea Rudín Montes de Oca, de Juntos San José, y por el regidor independiente Rafael González Ovares.

Concejo Municipal de San José crea comisión especial para analizar servicios de salud en San Sebastián

El Concejo Municipal del Cantón Central de San José aprobó la creación de una Comisión Especial por el derecho a la salud en el distrito de San Sebastián, con el objetivo de investigar, evaluar y formular recomendaciones sobre la prestación de los servicios de salud en esa comunidad.

La decisión fue adoptada mediante el Acuerdo 8, Artículo V de la Sesión Ordinaria N.º 096, celebrada el 3 de marzo de 2026, tras una moción presentada por la regidora Zúñiga Pérez y suscrita por el regidor Guadamuz Villalobos, la cual fue aprobada por unanimidad.

Evaluación de la tercerización de servicios de salud

Según el acuerdo municipal, la comisión tendrá como objetivo principal analizar los procesos de tercerización de los servicios del área de salud del distrito de San Sebastián, tomando en cuenta denuncias ciudadanas y estudios presentados por asociaciones civiles y organizaciones comunitarias.

La instancia también buscará generar propuestas y recomendaciones orientadas al mejoramiento de la prestación de servicios de salud, acompañando a las comunidades en la canalización de sus inquietudes y solicitudes ante las instituciones competentes.

Fundamentos legales y derechos ciudadanos

La creación de la comisión se fundamenta en diversos principios legales y constitucionales vinculados con el derecho a la salud y el bienestar de la población.

Entre ellos se citan el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que garantice su salud y bienestar, así como el Artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica, que establece el deber del Estado de procurar el mayor bienestar para todas las personas habitantes del país.

Asimismo, se hace referencia a la Ley General de Salud (N.º 5395), que define la salud de la población como un bien de interés público tutelado por el Estado.

Participación institucional y comunitaria

La comisión estará integrada por cinco personas: cuatro regidurías y la persona síndica del Concejo de Distrito de San Sebastián. Además, se prevé la participación de tres representantes de sectores comunales, quienes podrán intervenir con voz en el proceso de análisis y deliberación.

El Concejo Municipal estableció un plazo de 90 días para que la comisión cumpla sus objetivos y presente los resultados de su trabajo.

Salud y desarrollo local

En el acuerdo también se señala que el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2028 del cantón de San José incluye como uno de sus ejes el fortalecimiento del bienestar de la población mediante la mejora en la calidad y acceso a los servicios de salud.

Las prestaciones de los centros de salud del cantón son consideradas un elemento fundamental para garantizar los derechos humanos de la población y responder a las necesidades reales de las comunidades.

MACABRO proyecto en el Cementerio Calvo

Freddy Pacheco León

HACE 6 AÑOS, en La Gaceta, nada menos que del 2 de noviembre (del 2017) se publicó una despreciable ley, promovida por Johnny Araya y su vicealcalde Mario Vargas, secundada por los diputados «cristianos» Gonzalo Ramírez y Fabricio Alvarado, y otros, que miraron hacia el techo a la hora de votar. ¡Veamos parte de la historia!

1 – DESPUÉS de más de tres meses de solicitar a Jorge Vargas Espinoza, entonces presidente del Concejo Municipal de San José, permiso para revisar LOS HISTÓRICOS LIBROS en que se lleva el récord de los enterramientos hechos en el CEMENTERIO CALVO, hasta el 2008, sucedió algo insólito.

2- Con muchos rodeos, el encargado de los cementerios de la Municipalidad (Gustavo Salazar Artavia) nos NEGÓ, a nosotros y al presidente municipal, el acceso a esos invaluables libros históricos. Primero con su silencio y luego con el «argumento» de que, pese a que se trataba de «información pública», ésta podría ser «CONFIDENCIAL», pues esa información (las anotaciones de MILES de inhumaciones) podría ser solo accesible a familiares de difuntos allí enterrados. Ese fue el primer round, con el púgil entrenado por Johnny.

3- ASÍ, sin negar la existencia de esos libros bajo su responsabilidad, le comunicó al presidente municipal y a Johnny Francisco Araya, alcalde y su superior jerárquico, que había que solicitar una opinión de la Asesoría Jurídica, obviamente innecesaria. Segundo round.

4- ANTE ese pretexto «hablado», ya ustedes se imaginan con quién, acudimos a la Sala IV, para que se nos diera acceso a dicha INFORMACIÓN PÚBLICA, mediante un recurso de amparo contra el presidente y el Concejo Municipal. Recurso que fuere ampliado por la misma Sala, contra el alcalde Araya y el encargado de los cementerios de la Municipalidad. Tercer round ya a favor nuestro.

5- EN VISTA de ello, y en proceso el recurso de amparo contra Araya y el resto de la «banda municipal, insólitamente nos comunicaron QUE LOS LIBROS QUE, ANTES NOS NEGABAN POR POSIBLEMENTE TRATARSE DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, ¡SE HABÍAN QUEMADO EN UN INCENDIO! Fuego que, por lo visto, habían mantenido ¿en secreto? Round nuestro. O sea, que los libros que nos habían negado por más de tres meses, ¡NO EXISTÍAN! Que solo nos estaban, quizá, “vacilando», pues de ellos no quedaban ni las cenizas.

6- PERO resulta que la condición más importante que la ley estipula, y la Defensoría de los Habitantes reafirmó ante los diputados, como requisito fundamental antes de proceder A LAS MILES DE EXHUMACIONES, ES LA DE INFORMAR A LOS DEUDOS DE LOS ALLÍ ENTERRADOS en el Cementerio Calvo, el de «Los Pobres», el de los miserables que no tienen ni donde caer muertos, que sus venerados difuntos irían a ser desenterrados con maquinaria de construcción y sin aval del ministerio de Salud. Y así era, puesto que la Alcaldía estaba «empeñada» en exhumar los miles de cadáveres ahí descansando en el subsuelo, para un proyecto urbanístico «muy raro», que hace seis años fuere tramitado como «urgente», pese a que solo se dio a conocer su cambiante nombre. Exhumación masiva que ejecutarían con maquinaria pesada, pues desde los años de la heroica Campaña Nacional, a través de más de 150 años, se habían enterrado en los 17.000 m2, donde Araya quiere construir «algo», que finalmente llamó «centro de emprendedurismo local».

7- Al resolver positivamente los señores magistrados mi recurso de amparo, quedamos ante la IMPOSIBILIDAD MATERIAL de que, gracias a ese «MUY OPORTUNO» INCENDIO, no se podrá verificar la identidad de ninguno de los difuntos enterrados en el CEMENTERIO CALVO, desde los años terribles de la epidemia del cólera, que acabó con la vida de muchos héroes costarricenses allí enterrados, merecedores del más agradecido respeto.

8 – Con la resolución de la Sala IV, ordenándole a Araya darme acceso a los libros, acudí a ver, por lo menos, los que quedaban. Pero ¡oh sorpresa!, encontré un ÚNICO libro de actas de inhumación, en pésimo estado, con los enterramientos hechos solo de 1989 en adelante. El incendio en que supuestamente se quemaron los históricos libros, habría sucedido en abril de 1980, dijo Johnny, por lo que NO hay constancia de ningún entierro hecho antes de esa fecha, pero ¡tampoco los realizados ENTRE 1980 y 1989! Libros, incómodos libros, que no se quemaron pero que «no aparecen», por gracia del alcalde…

9 – Así, a SEIS AÑOS de que se publicara en La Gaceta del Día de los Santos Difuntos, la ley que la Asamblea Legislativa, entonces presidida por Gonzalo Ramírez, esposo de la vicealcaldesa de San José (de entonces y ahora) mediante la cual se sacó del ámbito demanial esas casi dos hectáreas del CEMENTERIO CALVO, para que el alcalde las negociada y jugara de «constructor». Pero que, sin embargo, no se pueden profanar, puesto que no se pueden identificar. Por ello, esa anticristiana iniciativa de Araya al final solo ha servido para disminuir significativamente el área disponible para entierros en el «Cementerio de los Pobres», y para que unos vehículos municipales tengan un estacionamiento de lastre sobre los allí enterrados, cual si se tratare de restos de animales domésticos, sin derechos humanos que respetar.

PROYECTO MACABRO matizado de mentiras, que no es más que ¡UNA CHAMBONADA MÁS DE JOHNNY ARAYA!

Proyecto, ¡esto para tomar en cuenta!, que de persistir la presencia de Johnny como asesor del alcalde (si triunfara el candidato puesto por él), renacería en unos meses más, pues su «genial argumento», es que, al no contar con el récord de los entierros, no puede hacer lo imposible que manda la ley, por lo que ordenaría la exhumación sin el aval de los deudos.