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Etiqueta: concentración mediática

Ciudadanas presentan recurso de amparo contra la subasta de frecuencias de radio y televisión

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Las ciudadanas Rocío Ramírez Varela y Sonia Sandí Zúñiga presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Pabla Bogantes Zamora, debido a las condiciones establecidas para la subasta del canon por el uso del espectro radioeléctrico para radio AM/FM y televisión abierta. Según las recurrentes, estas reglas vulneran derechos fundamentales, favorecen la concentración mediática, amenazan el pluralismo informativo y ponen en riesgo la continuidad de medios regionales, comunitarios, culturales y religiosos.

La acción se presentó en defensa de los derechos propios de las firmantes y “de la ciudadanía costarricense en general”.

La subasta y sus efectos: argumentos del recurso

El recurso explica que, mediante instrucción del Poder Ejecutivo del 26 de junio de 2024, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) abrió un proceso para subastar las frecuencias de radio y televisión, estableciendo como fecha límite para presentar ofertas el 21 de noviembre de 2025.

Los segmentos incluidos en la subasta son:

  • Radio AM: 525 kHz – 1705 kHz

  • Radio FM: 88 MHz – 108 MHz

  • Televisión: 174 MHz – 216 MHz y 470 MHz – 608 MHz

Las recurrentes consideran que los montos base fijados para la subasta resultan desproporcionados y excluyentes, pues:

  • Las frecuencias de radio FM nacional inician en $193 051 y pueden duplicarse según el ancho de banda.

  • Las frecuencias de televisión nacional oscilan desde $157 629 hasta $1 601 786.

Esto, exponen, crea un escenario en el que solo grandes grupos económicos pueden participar, mientras que los medios pequeños y comunitarios quedan fuera. Como consecuencia directa, varios medios han advertido que no podrán seguir operando, lo cual afectaría la diversidad informativa, la producción cultural y el acceso ciudadano a contenidos relevantes.

Además, el recurso alerta sobre peligros democráticos asociados a esta dinámica:

  • Riesgo de acaparamiento del espectro por conglomerados económicos o personas vinculadas a actividades ilícitas.

  • Concentración mediática que restringiría las voces regionales, alternativas o con otras perspectivas.

  • Posibilidad de que solo grupos o personas afines al gobierno accedan a las licencias, obstaculizando la diversidad ideológica y el debate público plural.

Las recurrentes retoman incluso la preocupación expresada por la Conferencia Episcopal al señalar que “las frecuencias de radio y televisión no se pueden decidir solamente por dinero”, recordando que el espectro radioeléctrico es un bien público y que de él depende la libertad de expresión en su dimensión social.

Derechos fundamentales que se alegan como vulnerados

El recurso detalla que las medidas adoptadas lesionan varios derechos constitucionales:

  • Libertad de expresión y comunicación

  • Derecho a la información, individual y colectiva

  • Derecho al trabajo de las personas empleadas en los medios que están en riesgo de cierre

  • Principio de legalidad y proporcionalidad en la actuación administrativa

Asimismo, se reconoce que el espectro radioeléctrico es un bien público cuyo acceso debe garantizar condiciones equitativas y no discriminatorias.

Fundamento jurídico destacado

Las recurrentes sustentan el amparo en:

  • Artículo 48 de la Constitución Política, que regula el recurso de amparo como tutela inmediata de derechos fundamentales.

  • Ley de la Jurisdicción Constitucional, artículos 25 y siguientes.

  • Jurisprudencia de la Sala Constitucional que protege la libertad de expresión y la pluralidad informativa frente a actos administrativos que puedan restringirla.

Petitorias dirigidas a la Sala Constitucional

En la parte final del recurso, Ramírez y Sandí solicitan:

  1. Admitir el recurso de amparo.

  2. Suspender de inmediato los efectos del acto administrativo que dispuso la subasta con las condiciones actuales.

  3. Restablecer los derechos fundamentales lesionados, lo cual incluye garantizar la continuidad de las transmisiones de los medios afectados y proteger el derecho al trabajo de sus empleados.

  4. Condenar a las autoridades recurridas al pago de costas, daños y perjuicios.

Quiénes presentan el recurso

  • Rocío Ramírez Varela, oficinista, vecina de Hatillo

  • Sonia Sandí Zúñiga, abogada, vecina de Tres Ríos

Ambas actúan en representación propia y “de la ciudadanía en general”.

Óscar Aguilar Bulgarelli: “Las pequeñas emisoras son bastiones de la democracia costarricense”

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El historiador y analista nacional Óscar Aguilar Bulgarelli se refirió al debate público generado en torno al manejo de las frecuencias de radio y televisión en Costa Rica, tras la decisión del Gobierno de abrir una licitación en medio del proceso electoral. Aguilar cuestionó tanto el momento político de esa decisión como los juicios generalizados hacia quienes poseen concesiones radiofónicas y televisivas, en particular hacia las emisoras pequeñas, regionales y comunitarias, que —dijo— han sostenido históricamente la libertad de expresión en el país.

Aguilar recordó que conoce de cerca la historia de la radiodifusión nacional. Señaló que su padre fue uno de los fundadores de la radio costarricense en 1947, que él mismo administró una pequeña empresa radial durante varios años en la década de 1980 y que fue fundador del SINART radio y televisión. “Por lo tanto, no hablo desde la improvisación; he vivido la radiodifusión desde dentro”, afirmó.

El historiador explicó que el derecho a utilizar una frecuencia es una concesión de un bien público y, como tal, debe pagarse de forma justa y proporcional. Comparó esta situación con las licencias o patentes que paga cualquier pequeño negocio en el país: “Así como una pulpería paga sus impuestos y una patente para operar, los medios deben pagar por el uso de la frecuencia”.

Sin embargo, Aguilar subrayó que debe existir proporcionalidad. “No es lo mismo una gran cadena con presencia internacional que una emisora pequeña que apenas logra cubrir sus gastos”, dijo. Recordó que la legislación sobre radiodifusión tiene más de setenta años de antigüedad y que, a lo largo del tiempo, se ha modificado para favorecer a grandes consorcios mediáticos, mientras las emisoras pequeñas han quedado rezagadas y sin protección adecuada.

“Hay grandes empresas que han hecho fortunas con la pauta publicitaria y que pagan muy poco por sus frecuencias. Eso es injusto y debe corregirse”, expresó. Pero advirtió que sería igualmente injusto imponer los mismos cobros a las emisoras locales o comunitarias, muchas de las cuales sobreviven con presupuestos mínimos y sostienen su programación gracias al esfuerzo voluntario o al trabajo de sus comunidades.

Aguilar recordó que esas pequeñas estaciones “han sido bastiones en el sustento de la democracia costarricense”, pues han permitido la difusión libre de ideas y opiniones, incluso cuando los grandes medios concentran poder económico y mediático. “Mientras los grandes medios han sido manipuladores de la opinión pública, las pequeñas emisoras han luchado por décadas por la libertad de información y de pensamiento. Solo por eso hay que protegerlas”, señaló.

Advirtió que eliminar o debilitar a esas radios locales, por desconocimiento o conveniencia política, pondría en riesgo el pluralismo informativo y la salud democrática del país. “Siempre a los poderes concentrados, a quienes sueñan con establecer dictaduras políticas, les interesa manejar los medios. Y una forma de hacerlo es provocar que los medios libres desaparezcan, para luego controlar a los pocos que queden”, afirmó.

El analista concluyó su exposición reiterando que no defiende a los grandes grupos mediáticos, sino a las radios y televisoras pequeñas que han mantenido viva la comunicación libre y el pensamiento independiente. “Solo por eso hay que protegerlas. No pueden desaparecer, porque son parte del corazón democrático de Costa Rica”, afirmó.

UCR: Experta mexicana alerta sobre riesgos de la concentración mediática

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Andrea Méndez Montero,

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

UCR Experta mexicana alerta sobre riesgos de la concentracion mediatica
La legislación que regula actualmente el funcionamiento de los medios de comunicación en Costa Rica fue creada en 1954, lo que la convierte en una de las más antiguas de la región. – foto Laura Rodríguez Rodríguez.

“La concentración mediática no solo afecta el ejercicio de la libertad de expresión sino también el ejercicio de otros derechos humanos”, así lo denunció durante su visita a la Universidad de Costa Rica (UCR) la comunicadora mexicana, Aleida Calleja.

Calleja, quien es coordinadora de Incidencia del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom) estuvo en el país en el marco del conversatorio “La realidad latinoamericana y de Costa Rica a la luz del Derecho a la Comunicación”.

Según la experta, existe una concentración mediática, –muchos medios en pocas manos– en casi la totalidad de países de América Latina, generada tanto por empresas privadas como por los propios estados que deberían regular el mercado.

Ambos tipos de concentración impactan la libertad de expresión, pues no sólo limitan el pluralismo y la diversidad en los medios de comunicación, sino que además, favorecen la manipulación y control de las agendas informativas.

La concentración de poder en los medios y la ausencia de lineamientos claros respecto a su ejercicio permite que se invisibilice a los sectores históricamente relegados y con esto, que también sean inexistentes en la toma de decisiones y el debate público.

La experta afirmó que lejos del “discurso engañoso” que relaciona la existencia de muchos medios con el ejercicio del pluralismo, se evidencia como amplias cantidades de empresas de comunicación son representativos de un solo sector.

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La comunicadora mexicana Aleida Calleja, afirmó que se requieren mecanismos de protección de los derechos humanos para hacer frente a un modelo social que no es igualitario. – foto Karla Richmond.

“Cuando los diversos sectores no tienen acceso a los medios, se limita su libertad de expresión y al mismo tiempo, el derecho de la sociedad para escuchar el pensamiento ajeno y distinto que genera un debate democrático robusto”, enfatizó.

Calleja señaló la deuda que tienen en este tema los estados respecto la protección la sociedad, pues se carece de un diseño institucional y legal que permita el crecimiento de la industria sin violentar los derechos de terceros.

Agregó que además de la exclusión existente en el ámbito analógico, la aparición de la transición digital y los servicios convergentes reta a los estados a regular el impacto de estos servicios en cuanto a derechos humanos, libertad de expresión y el propio mercado.

“La agenda regulatoria y de política pública de los servicios audiovisuales suele tener un abordaje eminentemente técnico o economicista, sin tomar una perspectiva de que son plataformas tecnológicas en las que se juega el ejercicio de los derechos humanos”, señaló.

La experta enfatizó el significativo retraso que presenta la actual Ley de Radio y Televisión de Costa Rica creada en 1954 y la necesidad de que se actualice para que responda a las demandas reales de la sociedad y el mercado, por ejemplo, carece de regulaciones sobre concentración y uso de frecuencias.

Su modificación ofrecería al país la oportunidad de construir un modelo más plural que implemente una política de reconocimiento de medios comunitarios y regionales, así como de adecuada redistribución económica.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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RedMICA presente en Encuentro Internacional sobre Libertad de Expresión y Concentración Mediática

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Comunicado de prensa

  • América Latina se encuentra amenazada por la alta concentración de medios de comunicación en manos de pocas empresas
  • Se consolida la Alianza por la Diversidad y el Pluralismo en la Comunicación con 15 organizaciones de América Latina

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Santiago, Chile.- El pasado 5 y 6 de octubre, representantes de diferentes organizaciones sociales de América Latina, incluida la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (RedMICA), de Costa Rica, se dieron cita en el Colegio de Periodistas en Santiago de Chile, para compartir experiencias e investigaciones sobre cómo impacta en la libertad de expresión la concentración mediática que actualmente amenaza a toda la región.

Se conocieron cifras actualizadas de concentración de las audiencias mediáticas en cinco países de la región. El académico Guillermo Mastrini comprobó que en cada país el mercado de las audiencias está en manos de muy pocas empresas, y afirmó que “en la práctica, la legislación latinoamericana regula los servicios audiovisuales a partir de legislaciones de telecomunicaciones que se preocupan de la promoción de la competencia; es decir, con criterios únicamente económicos y sabemos que no se pueden dejar por fuera los criterios de diversidad y pluralidad”.

Aleida Calleja, del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (OBSERVACOM) dijo que “tenemos el gran desafío de que la sociedad civil participe en la construcción de las legislaciones y políticas sobre medios audiovisuales. Actualmente no se cumplen los estándares de la Relatoría de la Libertad de Expresión sobre diversidad y pluralidad y las acciones de la sociedad civil deben estar articuladas”.

La entrada en vigencia de la televisión digital y su impacto en la promoción de la pluralidad de medios fue una de las investigaciones presentadas en una de las mesas de discusión. Según la investigación, a pesar de que algunos países se han comprometido a reservar alguna parte pequeña del dividendo digital resultante de este cambio tecnológico para medios no comerciales, la tendencia en América Latina es mantener un status quo de control de los medios por parte de grandes grupos comerciales, que actualmente concentran gran parte del uso del espectro de radio y televisión.

Oscar Pérez, de la Fundación Comunicándonos de El Salvador presentó como uno de los grandes riesgos de la región centroamericana el hecho de que “la digitalización no se ha convertido en una oportunidad, sino que ha fortalecido los oligopolios mediáticos, en detrimento de la calidad de las democracias”.

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Otra de las investigaciones presentada por la organización Intervozes se enfocó en la concentración que enfrenta Brasil en el sector de la televisión pagada o por cable, que abarca a 19,76 millones de usuarios. En este sector la empresa Net/Claro/Embratel acapara a más de 10 millones de usuarios. “Hay una tendencia que si no la logramos cambiar en el parlamento, toda la televisión por cable acabará en manos de dos únicas empresas comerciales” afirmó Ana Claudia Mielke de Brasil.

Alianza por la Diversidad y el Pluralismo en la Comunicación

Este encuentro internacional también sirvió de reunión de trabajo de la Alianza por la Diversidad y el Pluralismo, que actualmente agrupa a 15 organizaciones de América Latina, incluida la RedMICA.

Se formalizaron acuerdos de cooperación y trabajo conjunto entre organizaciones, así como formas de funcionamiento de la alianza a futuro.

A la vez, se firmó una declaración por la diversidad y el pluralismo en la comunicación, en la que se le exige a los Estados medidas que limiten y reviertan la alta concentración mediática, a través de marcos regulatorios, planes y políticas públicas que reconozcan y promuevan el sector sin fines de lucro; entre ellos medios comunitarios, sociales e indígenas, así como el fortalecimiento de los medios públicos.

Las organizaciones integrantes de la alianza hicieron un llamado a las instancias internacionales de derechos humanos para que los procesos de digitalización de la radio y la televisión no resulten en una consolidación o ampliación de la concentración como es la tendencia actual, sino que se torne en una oportunidad efectiva para un mayor pluralismo y diversidad en nuestros países.

 

Enviado a SURCOS Digital por Fabiola Pomareda.

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