La Cátedra Seguridad y Convivencia Democrática invita a la mesa de análisis: El conflicto EEUU – Irán: Orígenes, Consecuencias y Escenarios Probables, este próximo jueves 16 de enero a las 3 p.m.
Más detalles en la siguiente imagen.
Enviado por Juan Carlos Cruz Barrientos.
Sea parte de SURCOS:
Las personas abajo firmantes, costarricenses provenientes de diversos sectores de la sociedad, animadas por un hondo sentimiento de preocupación por los peligros que corre la paz, tanto regional como mundial, queremos levantar nuestra voz en pro de una solución pacífica y en concordancia con los principios del derecho internacional para solucionar el conflicto que hoy afecta a los hermanos venezolanos.
Levantamos nuestra voz secundando los llamados a la paz y al diálogo, a fin de buscar una solución por medios estrictamente políticos a los problemas internos de Venezuela. Otro tanto ha hecho el Secretario General de las Naciones Unidas. Secundamos las iniciativas diplomáticas de México y las naciones del Caribe. Todo lo cual va en plena concordancia con la tradición de paz de nuestro país. Costa Rica ha hecho de su proclama de una neutralidad perpetua y activa un principio de su Constitución Política. Costa Rica fue firmante de los acuerdos de la II Cumbre de la CELAC en que declara a los países de América Latina y el Caribe como tierra de paz. Nuestro país debe ser fiel a esta tradición de paz y de no injerencia en los asuntos internos de otros estados soberanos. Es la hora de actuar en concordancia.
Dr. Arnoldo Mora Rodríguez, catedrático emérito de la Universidad de Costa Rica, exministro de Cultura.
Guadalupe Urbina Juárez, cantante y compositora.
Dionisio Cabal Antillón, cantautor y compositor.
Rubén Pagura Alegría, actor y músico.
Esteban Monge Flores, cantautor.
Manuel Monestel Ramírez, músico y compositor.
José María Villalta Flórez-Estrada, diputado del Frente Amplio.
Elizabeth Cook, teóloga, rectora de la Universidad Bíblica Latinoamericana.
Javier Francisco Cambronero Arguedas, educador, ex diputado de la República.
Francisco Enríquez Solano, catedrático emérito UCR.
Margarita Bolaños Arquín, antropóloga, profesora UCR pensionada.
Elsa Tamez, teóloga y biblista.
Juan Stam, teólogo, catedrático pensionado de la UNA.
Franz Hinkelammert, economista, escritor e investigador, Doctor Honoris Causa UNA.
Pablo Richard, teólogo.
Plutarco Bonilla, catedrático pensionado UCR.
Miguel Picado, historiador.
Manuel Araya Incera, historiador.
German Chacón, investigador y académico UNA.
Juan Boza, catedrático pensionado UCR.
Francisco Camacho, ex diputado.
Luis Guillermo Herrera, catedrático pensionado UCR.
Leonardo Perucci, actor.
Rocío Alfaro, filósofa y científica social.
Nieves Martínez, profesora universitaria UNA.
Daniel Camacho Monge, sociólogo, catedrático, profesor emérito UCR.
Walter Antillón, abogado, profesor emérito universitario, catedrático UCR.
Rafael Cuevas Molina, catedrático UNA.
Marcela Dumani Echandi, nutricionista, docente universitaria.
Héctor Ferlini-Salazar, comunicador, docente UCR.
Albino Vargas Barrantes, dirigente sindical.
Mauricio Castro Méndez, abogado laboralista.
Yadira Calvo Fajardo, escritora, filóloga y feminista.
Elizabeth Fonseca Corrales, historiadora jubilada, ex diputada del PAC.
Claudio Enrique Monge Pereira, catedrático UCR pensionado, ex diputado del PAC.
Arabella Salaverry Pardo, escritora y actriz.
Edvan Córdoba Vega, especialista en género y desarrollo.
Yendri Martínez Rivera, fisioterapeuta.
Gerardo Contreras Álvarez, historiador UCR, asesor sindical.
Célimo Guido Cruz, agricultor, ex diputado de Fuerza Democrática.
Sergio Erick Ardón Ramírez, arquitecto, ex diputado de Pueblo Unido.
Arturo Gudiño Briceño, periodista.
Sergio Reuben, catedrático UCR
Luis Paulino Vargas Solís, economista, profesor universitario, presidente del Movimiento Diversidad.
Edgardo Araya Sibaja, abogado, ex diputado y ex candidato presidencial del Frente Amplio.
Diego Miranda Méndez, regidor en San José.
Mario Grant Sáenz, ingeniero civil, regidor en San José.
Susan Campos Ortega, contadora, regidora en Desamparados.
Mario Ruiz Salas, regidor en Montes de Oca.
José Alberto Castro Porras, regidor en Aserrí.
Paquita Cruz Villalobos, pintora, feminista.
Yolanda Bertozzi Barrantes, abogada.
Wilson Arroyo Oconitrillo, cantautor.
Oscar Jara Holliday, director CEP Alforja, presidente del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, CEAAL.
Rodolfo Ulloa Bonilla, sociólogo, asesor parlamentario.
Asdrúbal Marín Murillo, filósofo, profesor universitario.
Luis Roberto Zeledón Arias, asesor legislativo ANEP.
Virginia María Acuña Montero, coordinación Justicia Paz e Integridad de la Creación. JPIC C.R.
María Eugenia Román Mora, abogada, asesora parlamentaria.
Vernor Arguedas Troyo, matemático, catedrático jubilado UCR.
Gerardo Hernández Naranjo, politólogo, profesor universitario UCR.
Gustavo Oremanuno Vignet, luchador social.
Alejandro Delgadillo Solano, educador y abogado.
Juan Félix Montero Aguilar, educador pensionado.
Marcela Sánchez Cortés, payasa y actriz, regidora en Montes de Oca.
Ronald Arrieta Calvo, profesor universitario, regidor en Goicoechea.
Geovanna Sandoval Cambronero, técnica en servicio al cliente, regidora en La Unión.
Kattia Rodríguez Brenes, docente, regidora en Turrialba.
Oscar F. Boschini Sáenz, Comité Costarricense de Solidaridad con Venezuela y la Revolución Bolivariana.
Xiomara Esquivel Vargas, actriz y productora de artes escénicas.
Oscar Leiva Cerrato, consultor.
María Rocío Céspedes Rodríguez, profesora pensionada.
Sonia Solís Umaña, antropóloga, profesora pensionada UCR.
Dita Montiel González, estudiante universitaria.
Ana Isabel Robles Cascante, socióloga.
Rafael Angel Ugalde Quirós, periodista y notario público.
Fabio Cerdas Obando, escultor, pintor.
Oscar Barrantes Rodríguez, historiador.
Gerardo Mora Burgos, filósofo, catedrático pensionado, UCR.
Álvaro Fernández González, sociólogo.
Oscar Salas León, profesor jubilado UNA.
Luis Ángel Salazar Osés, sociólogo, profesor jubilado, UNA y UNED.
Circulo Bolivariano Yamileth Lopez – Costa Rica.
Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU).
Jaime Lobo Segura, matemático UCR.
Orlando Barrantes Cartín, dirigente Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC).
Ariel Robles Barrantes, académico UNA.
César López Dávila, psicólogo, asesor sindical.
Álvaro Rojas Valverde, comunicador e historiador popular.
Saúl Umaña Barquero, abogado laboralista.
Adriana Laclé Murray, médica pensionada.
Jorge Lobo Segura, biólogo, catedrático UCR.
Vicky Borbón Pineda, Humanista.
Jesús Campos Méndez, dirigente sindical, presidente de la CTCR.
Walter Quesada Fernández, coplero, dirigente sindical.
Marielos Castro Umaña, educadora jubilada.
Alcides Monge Mora, cc: Gaus, comerciante.
Vera Sancho Mora, docente.
Asdrúbal Duarte Esquivel, profesor jubilado UCR.
Ana Georgina Ulate Chaves, trabajadora social.
Catalina Miranda Matamoros, técnica en masaje terapéutico.
Javier José Prada Ortiz, taxista.
Erika Maritza Álvarez Sandí, educadora.
Eduardo Guillén Gardela, regidor en Desamparados.
Oscar Madrigal Jiménez, abogado.
Marco Tulio Araya Barboza, periodista.
Marcela Naranjo Segura, regidora en Sarapiquí
Ricardo Araya Piedra, abogado.
Juan Carlos Durán Castro, dirigente sindical CTRN.
José Gabriel Rivas-Ducca, biólogo.
Jaime Cerdas Solano, docente.
Luis Antonio Ulloa Bonilla, empresario.
Olman Varela Durán, consultor en medio ambiente.
Gerardo Badilla Álvarez, técnico especializado química – farmacia.
Marlon Quesada Medina, ingeniero topógrafo.
Kattia Murillo Jiménez, ingeniera ambiental.
Daniel Torres Sandí, regidor en Moravia.
Erica Guevara Reyes, psicóloga.
Virginia Ramírez Cascante, docente universitaria.
Melania Monge Rodríguez, educadora jubilada.
Lupita Chaves Salas, educadora jubilada.
Erika Henchoz Castro, periodista.
Yadira Martita Brenes, traductora.
Rosa Alvarado Avellán, profesora jubilada.
Iris Zumbado Zumbado, periodista.
Rubieth Jaén Angulo, docente jubilada.
Ileana Monge Serrano, educadora y empresaria.
Elisa Donato Monge, socióloga.
Alicia Eugenia Vargas Porras, educadora jubilada UCR.
María Eugenia Rojas Rodríguez, docente jubilada.
Mirta González Suárez, psicóloga y escritora, catedrática emérita UCR.
Sofía Alejandra Guillén Pérez, economista, asesora.
Bruno Merino Martínez, empresario.
Marcony Lacayo Elizondo, indígena Maleku de Guatuso, conciliador titulado por Los Mayores.
Reinier Canales Medina, dirigente campesino.
Claudio Ansorena Montero, economista.
María Pérez Iglesias, escritora.
José Luis Callaci Leguizamo, consultor, analista político.
Dulce Umanzor Alvarado, abogada.
Violeta Duarte Fonseca, pensionada.
María Elia Rodríguez, filóloga pensionada.
Ivonne Lepe Jorquera, ingeniera.
Rafael Angel Rivas Ducca, consultor de negocios.
Adriano Corrales Arias, escritor.
Hannia Mora Zamora, microbióloga.
Alejandra Espinoza Arias, corredora de seguros.
Luis Guillermo Serracín Fuentes, maestro de obras.
Ignacio Dobles Oropeza, psicólogo, profesor UCR.
Flor de Lis Monestel Corrales, trabajadora social.
Ernesto Luna Palma, sociólogo.
Italo Fera Fallas, sociólogo.
María Ignes Monestel Corrales, abogada.
Laura Gómez Vázquez, decoradora de interiores, regidora en Tibás.
Ricardo Hernández Mora, profesor de química en secundaria.
Aristides Mena Mena, pensionado.
Roy Jiménez Oreamuno, politólogo y economista.
Eliohonay Arias Valverde, médico emergenciólogo.
Lidieth Uribe Loría, microbióloga.
Damaris Rodríguez Lara, ingeniera agrónoma, docente jubilada.
Osvaldo Calvo Rodríguez, agricultor.
Laura Hall Moore, educadora.
Milton Guerrero Poveda, profesor ciencias económicas.
Natalia Solano Vargas, técnica en ciencias médicas – laboratorista.
Jonatán González Díaz, educador.
Paulino Madrigal Rodríguez, abogado, consultor ambiental.
Saúl Castañeda Salazar, director del Colegio Técnico Profesional de Santa Ana.
María Bejarano Monge, administradora de empresas.
Celina Beatriz Castro Zúñiga, Agenda Cantonal de Mujeres Desamparadeñas.
Fernando Martínez Montoya, oficinista.
Carlos Luis Aguilar Garro, ingeniero agroquímico y agrónomo.
Juan Carlos Cruz Barrientos, comunicador social.
Eduardo Ureña Solano, programador de computadoras.
Edison Valverde Araya, Movimiento Buen Vivir CR, CaminantedelSur.Com
Fernando Francia, comunicador.
Sandra Paniagua Paniagua, médica.
Grace Prada Ortiz, historiadora, docente pensionada.
José Valverde Fuentes, oficinista.
Ismael Salas Cortés, artesano.
Rodrigo Arias López, matemático y profesor universitario, pensionado.
Rodrigo Quesada Monge, historiador, catedrático, jubilado.
Enrique Sandoval Núñez, abogado.
Romano González Arce, nutricionista y antropólogo.
Erika Sevilla Zepeda, ingeniera informática.
Carlos Giovanny Ramírez Guerrero, enfermero, promotor sindical.
Jorge Martínez Díaz, agricultor.
Marielos Giralt Bermúdez, filósofa, profesora universitaria.
Ricardo Ascanio Sánchez, empresario librero.
Flory María Montoya Hernández, docente.
Millaray Villalobos Rojas, antropóloga.
Carlos Cruz Chavez, profesor universitario.
Ana Lorena Dávila Cubero, trabajadora social.
Carmen Brenes Sáenz, administradora pública, pensionada.
Rodrigo Quesada Solís, ingeniero.
Natalia Fernández Román, médica.
Oscar Morera Madrigal, médico.
José Daniel Fernández Román, estudiante.
Daniel Guillermo Fernández Morales, abogado.
Sonja Amarú Schumacher Fernández, estudiante.
Vladimir Quesada Santamaría, arquitecto.
Daniela Oca Varela, médica.
Margarita Varela Quesada, comerciante.
Alejandra Oca Varela, educadora.
Rashida Shajide Farah Guzmán, médica.
Karen Adriana Carranza Blanco, médica.
Alexis Oca Ramírez, técnico electrónica.
Ismael Salas Cortés, artesano.
Rodrigo Arias López, matemático y profesor universitario, pensionado.
Rodrigo Quesada Monge, historiador, catedrático, jubilado.
Enrique Sandoval Núñez, abogado.
Romano González Arce, nutricionista y antropólogo.
Erika Sevilla Zepeda, ingeniera informática.
Carlos Giovanny Ramírez Guerrero, enfermero, promotor sindical.
Jorge Martínez Díaz, agricultor.
Flory María Montoya Hernández, docente.
Ana Tristán Sánchez, jubilada.
María Magdalena Cano Valle, docente.
Marcos Chinchilla Montes, profesor UCR
Dan Abner Barrera Rivera, académico de la UNA
José Eduardo Medina Guevara, ciudadano.
Nidia Fonseca Rivera, profesora de secundaria.
Dagmar Facio Fernandez, ciudadana.
José Amesty, ciudadano.
Laura Arias Cabrera, ciudadana.
Leda Méndez Arias, abogada.
Sonia Salazar Quirós, ciudadana.
Paulo Barrera Rivera, sociólogo
Marianela Espinoza Vega, docente MEP.
Marco Antonio Umaña Vargas, agricultor.
Jiddu Rojas Jiménez, profesor de filosofía y master en estudios latinoamericanos.
Rudolf Wedel Schweichler, fotógrafo, profesor, UTN.
Marlin Oscar Ávila, ciudadano.
Antonieta Fernández Quirós, abogada.
Víctor Madrigal Sánchez, profesor Escuela Ecuménica UNA.
José Varela Arguedas, técnico en telecomunicaciones.
Hernán Alvarado Ugarte, jubilado.
Ana Isabel Gardela Ramírez, periodista.
Hernán Tasies Guido, ciudadano.
Ana Lucía Cabal Antillón, docente jubilada.
Marta Eugenia López Subirós, socióloga.
José Francisco Alfaro Carvajal, ciudadano.
Suy Wong Ugalde, traductora, activista por los derechos humanos.
Allan Guzmán Delgado, ciudadano.
Luis Del Valle Carazo, médico jubilado.
Isabel Calvo González, académica.
Giovanni Beluche Velásquez, sociólogo.
Carlos Humberto Herrera, trabajador de la construcción.
Gustavo Campos Alfaro, Frente Amplio.
German Urbina Pastora, ingeniero en computación.
Gerardo Vargas Varela, sacerdote católico, ex diputado del Frente Amplio.
Ulises Araya Chaves, estudiante de Enseñanza de los Estudios Sociales.
Otto Ureña Badilla, pensionado.
Juan Carlos Bermúdez, administrador.
José Rafael Jiménez, administrador de empresas.
Víctor Madrigal Sánchez, UNA, EECR.
Hannia Franceschi Barraza, trabajadora social, profesora universitaria jubilada.
Sergio Rodriguez, ciudadano.
Luis Fernando Astorga Gatjens, periodista y educador.
María Elena Fournier Solano, extensionista universitaria, presidenta y fundadora de la Asociación Conservacionista YISKI.
Axel Hernández Fajardo, catedrático jubilado de la Universidad Nacional.
Marta Chacón Mora, ciudadana.
Isabel Ducca Durán, socióloga y filóloga.
Alejandra Ducca Durán, socióloga.
Ana Franzen, defensora de Derechos Humanos Internacional, miembro de honor de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos.
Álvaro Vega, sociólogo.
Andrés Mora Ramírez, coordinador de la maestría en Estudios Latinoamericanos, UNA.
Marino Marozzi Rojas, economista.
Oscar Mario Solano Aguilar, médico, profesor universitario.
Dr. Jaime Delgado, catedrático UNA
Edgar Mora Guerrero, ciudadano cédula 202901140
José María Gutiérrez Gutiérrez, profesor universitario catedrático
Alejandra Cartín Leiva, psicóloga
Cristóbal Montoya, profesor UCR jubilado, expresidente Colegio de Ingenieros Agrónomos
Carlos Luis Chacón Salas, luchador social
Daniel Acuña Lizano, ciudadano
Antonio Ortega Gutiérrez, secretario general del Frente Amplio
Mauricio Jiménez Alvarado, educador, dirigente sindical
Marielos Álvarez Fernández, catedrática UNA. Jubilada
Carlos Alberto Ulloa Bonilla, ciudadano
Ana Virginia Ortiz Ortiz, administradora de empresas turísticas
Juan Guillermo Ortiz Ortiz. ciudadano pensionado
Eugenia Salazar Aguilar, abogada
Walter Benavides Hernández, compositor, productor y cantautor
E. Danilo Pérez Zumbado, académico pensionado UNA
Dr. Celso Vargas, profesor Instituto Tecnológico de Costa Rica
Gilberth Salas Hidalgo, ciudadano
Lic. Antonio Cabal Trejos, abogado independiente
Aurelia Trejos París, artista, compositora, actriz emérita
Andro Zeledón Castro, artista audiovisual
Marielos Azofeifa Víquez, educadora y administradora jubilada
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo, catedrático UNA
Olga Prieto Cruz, socióloga
Carlos Jaime Soley
Si desea suscribir el documento puede comunicarlo a nuestro correo: periodico.surcos@surcosdigital.com
Enviado por Rodolfo Ulloa Bonilla.
Sea parte de SURCOS:
Que el próximo 05, 06, 07 y 08 de febrero del 2019, a partir de las 8:00 de la mañana se realizará el juicio en los Tribunales del cantón de Osa en Ciudad Cortes contra los compañeros que fueron detenidos en el puente sobre el río Grande de Térraba, y acusados por los policías de resistencia agravada.
Recordemos que por estos hechos en el puente se presentó un recurso de habeas a favor de nuestros compañeros los cuales fueron liberados 30 horas después.
Por estos abusos de autoridad la Sala Constitucional nos da la razón y por ello mismos hemos demandado al Estado ante el Tribunal Contencioso Administrativo en el Segundo Circuito Judicial de Goicoechea en San José por el actuar violento e irrespetuoso de nuestro derecho a la protesta , privación de libertad y agresiones físicas con lesiones al compañero Luis Chinchilla Montero, Alexander Azofeifa Castro, Mauro L Meza Arias, Erick Morales Saballo, Laureano Díaz Fernández y Emanuel Ávila Amador, quienes demandábamos justicia y solución del conflico por la tenencia de la tierra.
Por todo lo anterior y más que ustedes conocen bien, queremos convocarles para que acompañemos a nuestros valientes y heroicos combatientes por nuestras tierras a esa juicio y mostremos la fuerza de nuestra organización y manifestemos que ellos no están solos, y que ese día no se va a procesar a 6 compañeros sino a más de 160 familias a las cuales ellos representan.
Alto a la criminalización de la lucha campesina sin luchas no hay Victorias.
Sin tierra no hay pan, y sin pan… NO HAY PAZ.
¡Unidos y organizados venceremos en la lucha!
COOTRAOSA R.L.
Comité de lucha por la tierra de Changuina
Compartido por Laura Arias en redes digitales.
Sea parte de SURCOS:
Doña Francisca Ramírez, una de las líderes campesinas más relevantes del movimiento anti canal en Nicaragua, tomó la decisión recientemente de trasladarse a Costa Rica evadiendo amenazas y acciones represivas del régimen de Daniel Ortega.
Doña Francisca se establecerá en nuestro país y desarrollará aquí una nueva fase de su lucha política, esta vez desde el exilio. Tiene interés de compartir sus impresiones sobre la crisis en Nicaragua y de relatar los retos en el futuro próximo.
*Imagen tomada de Doña Francisca Ramírez- Oficial
Enviado por Carlos Sandoval.
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“Los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas y propósitos. Proclaman abiertamente que sus objetivos sólo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social existente. Las clases dominantes pueden temblar ante una Revolución Comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas. Tienen en cambio un mundo que ganar. Proletarios de todos los países, uníos.” (Karl Marx, Federico Engels: Manifiesto del Partido Comunista).
INTRODUCCIÓN. Permítaseme hacer referencia a una expresión que empleó en Dr. y sacerdote Clorito Cruz, en una charla sobre Teología de la Liberación. “A los tibios, a Dios los vomita”. Con esta cita quiero manifestar que en los procesos históricos no se puede ser neutral, menos en las ciencias sociales, porque la neutralidad no existe. De igual forma, los Derechos Humanos, este tema traído y venido por la prensa mediática, no son neutrales, los Derechos Humanos son el resultado de la revolución burguesa. El 18 de abril de 2018, frente a las reformas que anuncia el gobierno sandinista para modificar el INSS, el sector dominante nicaragüense, logra convocar a una manifestación contra dichas medidas. Dos días después, el Comandante Daniel Ortega, presidente en ejercicio de la hermana república de Nicaragua, decide dejar sin efecto dichas reformas al INSS. Cabe entonces una pregunta sencilla: ¿Por qué y bajo qué intereses surge la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, llamando a un gran sector antisandinista a mantener una serie de demandas, que distan absolutamente de la media inicial que dio origen a esta revuelta o conspiración? No se trata en esta breve exposición de defender a unos y condenar a otros. Eso sería una lectura maniqueista de los hechos que queremos referir. Pero lo lógico pareciera ser que si inicialmente el detonante de una situación es retirado, para evitar el conflicto, la solicitud expresa de adelantar elecciones, exigir la renuncia del presidente Daniel Ortega, de la vicepresidenta, Rosario Murillo; requerir la renuncia de los diputados, dejar sin efecto al Consejo Electoral. Pedir la separación de los cuadros de dirección de la policía nacional y la renuncia en pleno Estado Mayor del Ejército, es claro que estamos ante un golpe de Estado. Ningún gobierno puede sentarse a negociar bajo esas amenazas y chantaje desproporcionado. Claro que nos duelen los muertos. Nadie puede ser indiferente a las muertes. También es claro señalar que estamos frente a una situación muy difícil, que por ahora afecta política, económica y socialmente a nuestro país vecino. Correlación de fuerzas, demandas y diálogo. Es claro pensar que las reformas a la seguridad social, con afección directa a sectores del capital, fueron los detonantes para romper los consensos históricos construidos en Nicaragua. El interés de esas medidas tenía como objetivo central atender el déficit fiscal financiero del Instituto Nacional de Seguridad Social-INSS. La reforma en concreto era subir de un 19% al 22.5% a los empresarios y de un 6.25% a un 7%, a los trabajadores. Por su parte se pensó en gravar en un 5% las pensiones de los jubilados. Bajo medidas de presión y exigencias absurdas, nadie puede sentarse a negociar. Medidas de esta envergadura, lejos de afinar los canales democráticos, contrario a lo que supone los espacios del diálogo y las sanas pretensiones de un movimiento para establecer los verdaderos mecanismos de negociación entre partes, lo que conduce es agudizar las contradicciones, a profundizar los niveles del conflicto, consecuentemente, llevar al país a los límites de una confrontación civil.
La salida del diálogo, la negociación, la resolución alternativa del conflicto y la atención de las demandas reivindicativas son puntos válidos para cualquier negociación. Los otros que hemos señalado, en los párrafos precedentes, solo suponen condiciones inaceptables en el ejercicio de la imposición y no de negociación entre el gobierno nicaragüense y su contraparte (https://m.facebook.com/story.phpstory_fbid=10213459239729381&id=1052201498). Solo basta la lectura de algunos títulos de la prensa mediática y las posiciones de otros articulistas, y se adivina el camino por donde transita esa demanda de los diferentes sectores que conspiran contra el actual gobierno, democráticamente electo (https://confidencial.com.ni/piero-coen-la-gente-exige-un-cambio-de-gobierno/). En este mismo orden, en el artículo citado, el empresario Piero Coen Ubilla, “presidente del Grupo Coen –un conglomerado de empresas con fuerte peso en los servicios financieros, la agroindustria, ganadería, el sector agrícola, bienes raíces, y soluciones de ID–“, apoya la “democratización”, pero además, aboga por una salida “rápida”, “pacífica”, y “constitucional” a la crisis política, económica y social. Argumenta asimismo que: “…la respuesta “autoritaria” del Gobierno que se “salió del control”, provocando más de 76 muertes, y abogó por una “solución rápida”, “pacífica y constitucional”, en correspondencia con las demandas de democratización que plantean diversos sectores de la población”. (https://confidencial.com.ni/piero-coen-la-gente-exige-un-cambio-de-gobierno/). Lo extraño de todo esto, aun dando por válidos los últimos datos ofrecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y otros organismo de Derechos Humanos, sobre un aproximado de 100 muertos y centenas de heridos, lo cierto es que todas sus recomendaciones fueron acogidas por el gobierno. Carlos Corea Lacayo, orienta la discusión, a través de un artículo muy ponderado, señalando que por la estructura actual del Frente Sandinista de Liberación Nacional y el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, legítimamente electos en el último proceso electoral, no resulta fácil. Su postura la sustenta en algunos datos que vale la pena considerar en esta mesa de discusión. Indica que: “En las elecciones del 2011, 943,000 personas no votaron por el FSLN, mientras 1.569,287 lo hicieron por el FSLN. En las del 2016, el FSLN tuvo 1,806,651 votos contra 687,000 votos en contra. Como simple conclusión se puede decir claramente que hay un poco más de medio millón de personas del patrón electoral que rechazaron al FSLN en el Poder Ejecutivo y esas personas al votar en contra manifestaron su derecho democrático y constitucional de decir NO, no queremos al Frente. Ese medio millón ha estado allí por un buen tiempo pero la oposición no había encontrado la manera de unificarlo en una bandera de oposición ni de hacer que saliera a las calles (las manifestaciones de los miércoles ante el Consejo Supremo Electoral reunían entre 15 y 40 personas y daba lástima pues el jugoso presupuesto de las ONGs y partidos de oposición se esfumaba sin resultados concretos). Esta vez la oposición a través de operaciones psicológicas que se ajustan a la perfección al modelo de lo que se llama las «unidades armadas de propaganda», han hecho posible dos cosas fundamentales: agrupaciones políticas sin efectividad, sin arrastre y sin contacto popular, como en ONGs del enjambre creado y financiado por el National Endowment for Democracy (NED-ned.org)”. No estamos bajo la paranoia de la CIA, pero lo cierto es que desde la década de los ochentas, la revolución de terciopelo contra el régimen sandinista ha estado escrito. Sintetiza muy bien este momento Carlos Fonseca Terán, cuando nos dice que hoy Nicaragua está sometida a una “guerra de la quinta generación, a una guerra de manipulación de masas”. El imperialismo Norteamericano no ha cesado en su interés por derrotar al FSLN. El Plan Puebla Panamá, el Plan Colombia, los Planes de Ajuste Estructural, la urgencia de establecer para Centroamérica el Área de Libre Comercio para las Américas, forman parte de la lucha antisandinista; son parte del guion titulado: «Manual for Psychological Operations in Guerrilla Warfare». Corea, escribe: “Edgard Chamorro Coronel, Jefe de Relaciones Públicas del FDN-FARN (la contra en Honduras) lo publicó en 1983 y luego los oficiales estadounidenses en Honduras le entregaron una copia a cada comando contra para crear lo que ellos llamaron en esos días, los «guerreros políticos». Plan Nacional de Desarrollo Humano, algunas cifras. No quisiera reiterar datos o consideraciones que posiblemente serán tratadas con mayor profundidad por parte de mis otros dos compañeros de mesa, los camaradas Pablo Hernández, del Partido Obrero Socialista y el camarada Óscar Barrantes Rodríguez del Círculo Bolivariano Yamileth López. No obstante, porque tampoco se trata aquí de saturarnos de datos, me permito tomar como puntos referenciales los aporte de Paul Oquist y algunos alcances que se establecen en el Primer Congreso del FSLN. Nos dice Oquist, en atención al tema que nos ocupa, lo siguiente: «Hoy Nicaragua es un País que ha probado que es capaz de formular y lograr Objetivos Estratégicos. El Objetivo ha sido Crecimiento Económico con Estabilidad Macroeconómica, creación del Trabajo, reducción de la Pobreza y la Desigualdad. Y en todos esos flancos con Objetivos tan ambiciosos hemos avanzado desde 2007. Después tenemos los logros que ustedes conocen, los hemos visto antes: Crecimiento del promedio del 5%, mayor de Centroamérica; se han doblado las exportaciones; se han quintuplicado las Inversiones Extranjeras Directas, de 266 millones en 2006, hasta 1.4 mil millones el año pasado. La inflación es de un dígito, y bajando. Esas barras que se ven allí son de este año; este año la inflación es menor hasta ahora que en los tres años anteriores».
Las Reservas Internacionales son más de 2,000 millones de dólares. Esto, en toda la Historia de Nicaragua suma 2.8 veces la masa monetaria, permite Estabilidad Monetaria; no hay controles de Capital, no hay controles de cambio. Pueden cambiar todos los dólares, todos los euros que quieran con el Banco en el País. Estas son las grandes ventajas que tenemos. También, el déficit fiscal es 1.5% o menos, algunos años hemos tenido hasta pequeños superávit. El endeudamiento externo ha ido de 109% del PIB a 40% del PIB. Endeudamiento interno, que ha ido del PPI y los infames CENIS, han ido de 25% del PIB a 8% del PIB. Se han creado 800,000 trabajos; se ha aumentado el Sector Formal registrado en el INSS es 72%; el mayor crecimiento del Sector Formal en América Latina y el Caribe. El desempleo abierto es 6.7%… pero aquí tenemos un gran problema, que es la subutilización de la Fuerza de Trabajo. Entonces tenemos una gran demanda para trabajos formales, de 3 millones de nicaragüenses trabajando, sólo 720,000 tienen subsidios pagados, vacaciones pagadas, tienen jubilación al final de la vida laboral” (https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:32708-companero-paul-oquist-expone-plan-nacional-de-desarrollo-humano-de-nicaragua-y-las-tecnologias-satelitales). Pero el gobierno sandinista, también ha apostado en otros espacios de la su economía. La distribución de tierras y titulación en la zona del Caribe, el relanzamiento de la estrategia micro para fortalecer la economía familiar, el desarrollo cooperativo. El apoyo técnico sostenido para elevar la productividad y la diversificación de su economía agrícola forman parte de una nueva visión y lógica con la cual mira el gobierno actual el desarrollo de su país. Termino esta breve exposición señalando lo siguiente: Para el sandinismo, el reto fundamental ante la nación, ante la comunidad internacional, y sobre todo ante si mismo, era el de la renovación democrática. La derrota electoral, el reconocimiento de los errores y limitaciones del pasado y la crisis del socialismo en el mundo lo enfrentaban a una crisis y a una oportunidad de proporciones históricas, que ni culminaba ni comenzaba con el Primer Congreso. Más bien, a partir de reflexiones, discusiones y acciones iniciadas a partir de la derrota en todos los niveles del sandinismo, se trató ya de adecuar el partido a las nuevas coyunturas políticas y a las necesidades sociales de las grandes mayorías nicaragüenses. Al igual que otros partidos de izquierda en el mundo, el FSLN se vio asediado, interna y externamente, para que diera paso atrás en su filosofía socialista y en su posición anti-imperialista.
Evidentemente, tanto en la definición del nuevo programa, como en la integración de la nueva dirigencia, se abrían espacios para fortalecer o para debilitar la representación de las diversas corrientes que existen a lo interno de un Frente Sandinista que es «pluri-clasista»( http://www.envio.org.ni/articulo/680). Muchas gracias y muy buenas noches. Nos quedan muchos aspectos por abordar, pero la tarea hoy, es defender la revolución sandinista, bajo el asedio, una vez más, del imperialismo norteamericano y los secuaces internos que se prestan al juego sucio de una nueva revolución de terciopelo, para asestar un golpe blando, un golpe de Estado duro.
Imagen ilustrativa tomada de la nota de Surcos titulada, Democracia en crisis en Nicaragua.
Enviado por el autor.
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El Movimiento Integral Masculino de Costa Rica elaboró una propuesta para resolver la situación en Nicaragua y la compartió con SURCOS.
Una carta dirigida al gobierno, prensa y medios de comunicación, Ejército y cuerpos policiales, así como a las distintas iglesias, al sector empresarial, a los movimientos estudiantiles y a los diferentes liderazgos de la sociedad nicaragüense señala: “En procura de recuperar la paz, la normalidad, la credibilidad internacional se les propone: practicar desde ya los siguientes valores:
1-Respetar absolutamente la vida e integridad humana, 2- Diálogo serio, responsable y comprometido que incluya una convocatoria a una Junta de Gobierno Emergente y la programación de elecciones de prioridad, 3- Veracidad, 4-Responsabilidad, 5- Compromiso Nacional, 6- Trabajo normal y de recuperación nacional, 7-Prioridad a reconciliación nacional.
El Movimiento Integral Masculino de Costa Rica señala que “esta es una propuesta seria, sincera, bien intencionada y respetuosa; nacida de una reflexión positiva y constructiva procurando la mejor potencialidad de Nicaragua y su pueblo.
Foto: AFP
Enviado por Roberto Dávila Mendieta.
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En una producción de Radio Machete, espacio que se transmite mediante Radio U, el consultor ambiental Allan Astorga señaló la necesidad de estudios científicos para fundamentar las obras que realiza el AyA en Sardinal de Guanacaste. Dudas en torno al caudal en la época no lluviosa así como en relación con el diámetro de la tubería utilizada y la cantidad de líquido que puede transportar generan cuestionamientos de parte del experto.
En un audio compartido por Giovanny Brenes, productor del espacio radiofónico, Astorga expone acerca de desarrollos inmobiliarios autorizados en administraciones anteriores y que hoy forman parte de la «herencia» que está presente en este conflicto. Le invitamos a escuchar el audio con la entrevista.
*Imagen de portada con fines ilustrativos.
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Nicolas Boeglin (*)
Este 14 de noviembre, se presentó en Costa Rica el Informe sobre el Estado de la Nación (EDN): se trata de un valioso diagnóstico anual realizado por un equipo de investigadores, con el apoyo de las universidades públicas costarricenses y la Defensoría de los Habitantes. El documento completo está disponible desde ya en este enlace.
Uno de los capítulos del EDN es el ambiental, titulado «Armonía con la Naturaleza» (véase texto completo). Constituye un capítulo que cobra una particular relevancia, en la medida en que, desde hace más de 15 años, las reiteradas advertencias que contiene sobre el rumbo insostenible del modelo de desarrollo desde la perspectiva ambiental, siguen sin ser atendidas por los decisores políticos. La falta de solución a muchos de los conflictos que se han generado explica en parte la presencia en Costa Rica de expertos o de relatores independientes de Naciones Unidas sobre Agua y Derechos Humanos (2009, véase informe disponible en este enlace en los seis idiomas de Naciones Unidas), Derecho de los Pueblos Indígenas (2010 y 2011, véase informe), Ambiente y Derechos Humanos (2013, véase informe), cuyas recomendaciones de carácter urgente tampoco son implementadas por las autoridades costarricenses.
Sobre la pérdida del patrimonio natural, se señala en la valoración general del capítulo que: «La gestión inadecuada del suelo explica varias formas de afectación del patrimonio natural que reporta este Informe, como la derivada de patrones de ocupación y producción agrícola: cambios de uso del suelo e invasión de zonas protegidas por la expansión de cultivos, pérdida de manglares y frentes de deforestación, acompañados por el alto impacto de un paquete tecnológico dependiente de los agroquímicos, tendencia que no cede ni muestra avances en el estímulo y crecimiento de prácticas alterativas» (página 179).
La ausencia de planificación y de políticas en materia de ordenamiento territorial está llevando a Costa Rica a una vulnerabilidad cada vez mayor, que se materializa con cuantiosas pérdidas que ocasionan eventos metereológicos. La marcada dependencia a los hidrocarburos del sistema de transporte persiste como un agravante de la huella de carbón, agudizado con un aumento en la flota vehicular de un 7,4% registrado para el año 2016. Entre los diversos hallazgos relevantes con los que inicia este capítulo, se señala que: «… el decreto ejecutivo 40379 designó al Incopesca como la Autoridad Científica para especies marinas de interés pesquero y acuícola, y al MAG como Autoridad Administrativa. De esta forma, se eliminó la participación de una instancia científica colegiada en la emisión de criterios técnicos, permisos y certificados de pesca para las especies mencionadas» (página 177).
Con relación a una valiosa herramienta aplicable a megaproyectos como la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) se lee por ejemplo que: «Además, se determinó que no existe una metodología homogénea para la adecuada integración de la variable ambiental. La CGR analizó seis propuestas de planes de ordenamiento territorial que recibieron viabilidad ambiental entre 2010 y 2015, y encontró que en cinco de ellas falta información indispensable para evaluar el sustento técnico con que se incorpora esta variable. No se ha delimitado la naturaleza, nivel de profundidad, alcance y efectos de las medidas ambientales que deben resultar de la incorporación de la EAE, especialmente en planes reguladores municipales» (página 227).
Ello sin hablar de la situación de «estress hídrico» que viven muchas comunidades de Costa Rica. A modo de ejemplo, en la Gran Area Metropolitana (GAM), las zonas de recarga del acuífero del Barva y del Colima sufren el avance de un desarrollo urbano descontrolado: este año, el capítulo ambiental del EDN refiere a cómo este «modelo» de desarrollo urbano se ha expandido a ciudades intermedias fuera de la GAM (San Isidro de El General, Ciudad Quesada y Guápiles), las cuales ya están registrando los mismo síntomas. Mientras tanto, en Bagaces y Cañas, el arsénico detectado en el agua persiste sin que se haya encontrado una solución duradera al problema. En la costa Pacífica, la intrusión salina en los acuíferos costeros de Brasilito, Tamarindo, Potrero, Playa Panamá y Playa del Coco evidencia la deficiente política en materia de recurso hídrico. Nótese que la alta vulnerabilidad de estos acuíferos costeros a la extracción masiva e incontrolada de agua fue alertada hace más de 15 años.
Un grave conflicto no resuelto como el del agua en Sardinal amenaza con revivir, ante el anuncio de reiniciar los trabajos (véase nota de La Nación del 13 de noviembre) y ante la renuencia de las autoridades de dialogar con las comunidades concerñidas (véase esta nota y otra nota publicadas esta misma semana por CRHoy, así como una más reciente sobre el intento de legalizar proyectos ilegales). Nótese que en el caso de Sardinal, el juez constitucional procedió a una verdadera regresión declarando en febrero del 2017 que la participación ciudadana en materia ambiental ya no constituye un derecho humano (véase breve nota nuestra al respecto). En un reciente foro sobre la piña, se pudo confirmar otro tipo de renuencia por parte de las actuales autoridades costarricenses: debatir públicamente sobre los problemas que genera este monocultivo para las comunidades rurales de Costa Rica (véase nota nuestra al respecto).
Los gráficos elaborados por el EDN sobre la conflictividad socio-ambiental en Costa Rica evidencian un aumento creciente sin que se vislumbre mecanismo alguno para resolver esta grave situación (gráficos de páginas 222-223). Se lee al respecto, en la sección inicial «hallazgos relevantes» del capítulo ambiental que: «Por sexto año consecutivo, las acciones colectivas sobre asuntos ambientales se mantuvieron en sus máximos niveles desde 1993. En 2016 este tema registró su valor más alto como porcentaje del total de protestas sociales del país (15,8%)» (Página 177).
Con relación a la efectividad de los fallos del juez constitucional en materia ambiental, se lee que las entidades recurridas optan por desacatarlos: «Entre las instituciones que de manera regular incumplen lo dispuesto por la Sala se encuentran el Minae, el Minsa y las municipalidades» (páginas 224-225).
Con relación a una reglamentación inconsulta relativa al registro de nuevos agroquímicos, que movilizó al sector ecologista en los últimos años, se lee que: «estos reglamentos proveen mecanismos que facilitan el registro y posterior uso de plaguicidas. Sin embargo, se generan riesgos ambientales y de salud por las limitaciones para evaluar los productos (individual y directamente) o por la revalidación de algunos que no pasaron por los análisis que el país estableció en 2006 (decreto nº 33495-MAG-S-Minae-MEIC). Esto afecta el principio precautorio y preventivo, según el cual, en caso de duda, prevalece el objetivo de evitar posibles impactos ambientales y en salud» (página 219).
El abanico de temas analizados es extremadamente ámplio y se recomienda la lectura completa de este capítulo del EDN, cuyos gráficos, fotos satelitales e ilustraciones de gran calidad permiten superar la densidad de los datos técnicos que aporta.
De cara a las próximas elecciones a realizarse en el 2018, este texto plantea, como sus antecesores, una serie de interrogantes a la sociedad costarricense y a la clase política, la cual no pareciera haber incluído el tema ambiental como un tema de campaña. Sobre este último punto, remitimos a nuestros estimables lectores al reciente artículo de opinión del Dr. Allan Astorga publicado en HablandoClaro (Radio Columbia) y titulado precisamente «Candidatos y ambiente: ¿Cuándo se va a hablar en serio?»
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Enviado por el autor.
La Vicerrectoría de Extensión, la sede Brunca de la Universidad Nacional, la Biblioteca Nacional del SINABI y el proyecto Germinadora de Desarrollo Organizacional, le invitan a la exposición fotográfica “Luchas campesinas y el papel de las universidades públicas (1970-1980)”, a realizarse del 3 al 29 de junio de 2017 al costado Norte del Parque Nacional, 2º piso, Sala España.
Inauguración: 14 junio 2 p.m.
La exposición consta de 32 fotografías, la mayoría capturadas por el sociólogo Miguel Sobrado.
El objetivo de la exposición es visibilizar el papel de las universidades públicas, a través del trabajo de extensión universitaria en los años 70-80´s con la labor realizada en zonas de conflicto de tierra entre precaristas y terratenientes de obreros desplazados de las bananeras y campesinos sin tierra en la Zona Sur, Pacífico Central, Caribe y Guanacaste.
“Durante los tempranos años setenta me interesé en el tema del precarismo rural como fenómeno creciente que tomaba ribetes cada vez más violentos. Viajé a unas cuarenta zonas de conflicto en el norte de Guanacaste, San Carlos, Pacífico Central, Caribe y Zona Sur, donde realicé entrevistas y recogí documentos disponibles. En algunas de estas visitas, no en todas porque no tenía como objetivo hacer un reportaje gráfico, hice fotografías sobre aspectos del conflicto y de las condiciones de vida de las poblaciones involucradas. En este sentido, el material gráfico presentado no pretende ser exhaustivo respecto a los conflictos de la época, ni siquiera de aquellos donde hice las fotografías. No obstante, expresa algunas de las dimensiones del conflicto y de las soluciones parciales que tuvo.
Como producto de estas luchas se fortaleció el movimiento campesino en zonas de conflicto y hoy en día existen prósperas comunidades de productores en los cantones de Coto Brus, Corredores y Aguirre, entre otros. Dentro de esta lucha floreció el cooperativismo rural en antiguas tierras bananeras. De este proceso surgieron grandes cooperativas de productores que empujan el desarrollo de sus comunidades, así como las cooperativas de autogestión aglutinadas alrededor de la Federación de Cooperativas de Producción Agrícola (FECOPA) y posteriormente el Consejo Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA).
Con ocasión de este aniversario, la Universidad Nacional ha decidido recoger este material histórico y publicarlo como testimonio de las luchas, alianzas y esfuerzos que fortalecieron la economía campesina, el desarrollo local y el movimiento cooperativo rural”.
Miguel Sobrado
Sociólogo jubilado UNA
*** Para mayor información comuníquese con Miguel Sobrado (8867130 / 22654998) o con la Oficina de Comunicación UNA (2277-3066).
Enviado por Laura Ortiz, Comunicación UNA.
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Nicolás Boeglin (*)
En razón de sustancias químicas en Siria que, el pasado 4 de abril han dejado un saldo mortífero de 87 personas, entre las cuales 20 niños, y más de 400 heridos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebró una reunión este 5 de abril para escuchar a varios altos funcionarios de Naciones Unidas encargados de monitorear el uso de estas armas y a algunos de sus integrantes.
Las autoridades de Siria niegan haber hecho uso de estas armas (véase nota de prensa de Naciones Unidas). A la fecha no existe ninguna investigación realizada in situ por parte de alguna entidad independiente que permita conocer las causas de este trágico hecho. Esta inspección permitiría saber quiénes estaban en posesión de estas sustancias y su origen exacto.
Mucho más precavidos que otros, algunos medios de prensa como la BBC usan «chemical attack» en sus titulares entre comillas, ante algunas incógnitas aún no dilucidadas sobre lo que originó esta mortal explosión con sustancias químicas (vease nota de la BBC). De igual manera, El Pais (España) tituló su nota incluyendo el adjetivo «supuesto»: «Un supuesto ataque químico causa una matanza en la zona rebelde siria» (véase nota). Algunos medios de prensa internacionales tienen claridad sobre la posible manipulación informativa que pueda ocasionar este hecho no investigado ocurrido en Siria, otros al parecer no tanto. De igual forma, la ONG Human Rights Watch (HRW) refiere en sus análisis a la expresión «alleged chemical attack», dada la persistente falta de certeza (véase nota de HRW del 6 de abril del 2017).
Recordemos que en el 2013 unos (pocos) medios de prensa se interesaron por correos filtrados en los que se mencionaba un plan de la administración del Presidente Obama para endosar a las autoridades de Siria el uso de armas químicas: véase al respecto artículo titulado «U.S. ‘backed plan to launch chemical weapon attack on Syria and blame it on Assad’s regime», retirado luego del medio que lo publicó inicialmente (MailonLine) y «capturado» por blogueros y algunos sitios como Web.archive.org al que lo referimos.
En noviembre del 2016, un informe divulgado hizo ver que ISIS (o Daesh) es una entidad que posee también armas químicas y que las usa tanto en Siria como en Irak (véase nota del New York Times).
Rusia por su parte, ha sostenido que el 4 de abril, el Ejército sirio bombardeó desde el aire posiciones de los rebeldes que al parecer incluían un depósito de sustancias químicas (véase nota de prensa).
En cambio, para Estados Unidos, Francia y Reino Unido, no hay duda alguna sobre la responsabilidad directa de las autoridades de Siria en ordenar el uso de estas armas contra grupos rebeldes. Francia sobre el particular se muestra particularmente vehemente (véase nota de Le Monde). Al respecto, un proyecto de resolución presentado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido circuló, con las reservas de Rusia y de China al no existir, según ellos, pruebas suficientes para imputar la intención de usar estas armas a mandos del Ejército regular sirio (véase nota de prensa). Estas posiciones antagónicas obligaron a Estados Unidos, Francia y Reino Unido a revisar su texto y enmendarlo para someterlo nuevamente a consideración. Este fue presentado el 12 de abril en una nueva sesión del Consejo de Seguridad en la que fue objeto de un veto por parte de Rusia y de una abstención por parte de China (véase breve nota nuestra sobre el desglose del voto de diez a favor, dos en contra y tres abstenciones).
Este nuevo drama humano se da en el marco del conflicto armado entre las fuerzas regulares sirias y los grupos rebeldes, en el que cualquier acción armada que cause la muerte de civiles es objeto de acusaciones recíprocas de ambos bandos.
El 28 de febrero del 2017, un proyecto de resolución sobre el tema de las armas químicas en Siria presentado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido fue vetado por China y por Rusia, alegando la segunda que una resolución de un ente como el Consejo de Seguridad debe basarse en hechos probados y no en suposiciones (véase nota de prensa de Naciones Unidas).
La última resolución del Consejo de Seguridad sobre Siria se adoptó el 31 de diciembre del 2016, en la que el Consejo de Seguridad manifestaba su beneplácito ante las iniciativas de Rusia y de Turquía en aras de relanzar una salida política al conflicto en Siria (véase texto de la Resolución 2336).
La última resolución sobre la violencia en Siria como tal del Consejo de Seguridad es la Resolución 2328 adoptada el 19 de diciembre del 2016, relativa a la evacuación de la población civil en Alepo ante el avance de las tropas sirias apoyadas por la aviación de Rusia (véase nuestra modesta nota al respecto). Diez días antes, Francia había intentado frenar el avance hacia Alepo, presentando un proyecto de resolución exigiendo un cese al fuego: el texto fue objeto de un veto por parte de Rusia. El 9 de diciembre, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución sobre la situación en Alepo (véase modesta nota nuestra).
Es oportuno recordar que en setiembre del 2013, el Consejo de Seguridad había adoptado la resolución 2118 (véase texto), exigiendo mediante un mecanismo de verificación y monitoreo a Siria destruir los arsenales de armas químicas. En el punto 18 se leyó que el Consejo de Seguridad instaba a los demás Estados a no proveer sustancias que permitan ser utilizadas en armas nucleares, químicas o biológicas en Siria. Lo hizo en los siguiente términos, en los que el Consejo…
«18. Reafirma que todos los Estados Miembros deben abstenerse de suministrar cualquier tipo de apoyo a los agentes no estatales que traten de desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o emplear armas nucleares, químicas o biológicas o sus sistemas vectores, y exhorta a todos los Estados Miembros, en particular a los Estados Miembros vecinos de la República Árabe Siria, a informar inmediatamente al Consejo de Seguridad de cualquier violación de lo dispuesto en este párrafo» (Nota 1).
Cabe recordar que el 21 de diciembre del 2016, la Asamblea General de Naciones Unidas también creó un mecanismo de investigación sui generis para todos los crímenes cometidos en Siria desde el 2011: la resolución A/RES/71/248 se titula: «Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente para Ayudar en la Investigación y el Enjuiciamiento de los Responsables de los Delitos de Derecho Internacional Más Graves Cometidos en la República Árabe Siria desde Marzo de 2011» (véase texto oficial en español). No se trata de crear un nuevo tribunal penal ad hoc, ni una misión de fact finding en materia de derechos humanos, sino de un ente encargado de apoyar el enjuiciamiento penal de posibles responsables, una iniciativa que al parecer no cuenta con precedente alguno en Naciones Unidas. Es de recordar que ya existe, en el caso de Siria, un mecanismo independiente de investigación creado por el Consejo de Derechos Humanos en agosto del 2011 (véase sitio oficial e informes elaborados).
Según se desprende de las discusiones previas a su adopción formal, Costa Rica fue el único Estado en América Latina en coauspiciar el proyecto de resolución adoptado el 21 de diciembre por la Asamblea General (véase breve nota nuestra al respecto).
En octubre del 2016, la ONG Amnistía Internacional (AI) publicó un informe sobre lo que se denomina oficialmente «efectos colaterales» a operaciones militares en Siria, en el que se lee que:
“It’s high time the US authorities came clean about the full extent of the civilian damage caused by Coalition attacks in Syria. Independent and impartial investigations must be carried out into any potential violations of international humanitarian law and the findings should be made public“ (véase informe de AI).
En un reciente reporte del mes de marzo del 2017 de la ONG Airwars.org, titulado «As claims escalate under Trump, Airwars tracks 1,000th alleged Coalition civilian casualty event» se lee que las cifras de civiles afectados por estas operaciones militares en Siria (y en Irak) van en aumento:
«Recent evidence indicates that in both countries, civilian casualties rose during the last months of the Obama administration and are now accelerating further under the presidency of Donald Trump – suggesting possible key changes in US rules of engagement which are placing civilians at greater risk».
Los denominados «efectos colaterales» en Irak tampoco debieran de ser ignorados o pasados por alto: el pasado 24 de marzo, una operación aérea de la coalición liderada por Estados Unidos causó la muerte de más de 200 civiles en Mosul (véase nota del New York Times).
En buena lógica, un mecanismo como el establecido por la Asamblea General el 21 de diciembre del 2016 deberá de interesarse por las exacciones cometidas tanto por las autoridades sirias como por los grupos rebeldes (y quiénes los adiestran y asesoran), así como por otros Estados que se han involucrado en operaciones militares aéreas en Siria. Sobre este último punto, hay que precisar que el involucramiento militar en territorio sirio difiere sensiblemente: mientras que Rusia cuenta con el consentimiento oficial de Siria para bombardear posiciones de ISIS (o Daesh), las operaciones realizadas desde el aire por Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido, Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, Turquía (y unos más Estados que forman parte de la denominada «Coalición contra ISIS») adolecen del consentimiento oficial de Siria para bombardear posiciones de ISIS, y la base jurídica invocada para justificarlas (legítima defensa) es altamente cuestionable y cuestionada (Nota 2).
Después de Canadá (febrero del 2016), Dinamarca optó en diciembre del 2016 por suspender toda participación en operaciones aéreas en Siria, luego de una operación en la que sus aviones bombardearan «por error» posiciones del ejército de Siria. Más allá del «error humano», algunos analistas se inclinan a pensar que el «error» fue inducido por los dos otros participantes a esta operación aérea, Estados Unidos y Reino Unido. Se trata del primer Estado europeo en retirar formalmente a sus aeronaves de la denominada «Coalición contra ISIS» (Nota 3).
El pasado 24 de febrero, por vez primera, Irak procedió a bombardeos en territorio sirio (véase nota de prensa), lo cual augura tensiones mayores a las ya existentes entre Siria e Irak.
De manera a tener mayor claridad sobre el funcionamiento de la denominada «coalición», puede resultar de cierto interés conocer la proporción existente entre bombardeos de Estados Unidos y de sus aliados en Siria: la ONG Airwars.org (véase quinto gráfico en este enlace de Airwars.org) reporta que al 2 de abril del 2017, en Siria se efectuaron un total de 7896 bombardeos aéreos, de los cuales 7524 fueron efectuados por Estados Unidos, y 372 por sus aliados.
Nótese que desde 1997 entró en vigor la Convención sobre las Armas Químicas, otorgando a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPCW en inglés, OPAQ en español: véase sitio oficial) la misión de erradicar el uso de las armas químicas y de verificar su destrucción. Siria es parte a dicha convención desde el 2013 y todos los informes y resultados de misiones de investigación de la OPCW disponibles en este enlace oficial.
Dicha convención cuenta con 192 Estados Partes: al revisar el detalle de quién es parte a dicho convenio y quién aún no entre los 193 Estados Miembros de Naciones Unidas, Israel se mantiene como el único Estado en no ser parte (véase listado oficial).
En el caso específico de Siria, y en consonancia con lo dispuesto en la resolución 2118 del Consejo de Seguridad precitada del 2013, el equipo de Naciones Unidas a cargo de monitorear la destrucción de armas químicas en suelo sirio (denominado OPCW-UN – veáse sitio oficial), presentó sus respectivos informes a finales del 2014 al cumplirse su mandato en Siria.
A solicitud de Siria, un equipo de Naciones Unidas realizó una nueva investigación en territorio sirio, con relación a varios incidentes en agosto del 2016 en lo que se sospechaba de muertes causadas por sustancias químicas. Los resultados de esta investigación fueron entregados al Consejo de Seguridad en enero del 2017 (véanse carta e informe disponibles en este enlace de Naciones Unidas). En las conclusiones se lee que: «6.3 A partir de las pruebas presentadas por la Autoridad Nacional de la República Árabe Siria, las historias clínicas examinadas, los resultados de los análisis de las muestras y la narración predominante en todas las entrevistas, el grupo de la Misión no puede concluir con certeza si se empleó o no una sustancia química concreta como arma en el incidente investigado. Por el resultado de los análisis de las muestras, el grupo de la Misión considera que probablemente ninguna de las sustancias químicas identificadas sea la causa de la muerte de las víctimas del incidente notificado» (p. 16).
De forma unilateral y sorpresiva, Estados Unidos lanzó un ataque con misiles dos días después contra posiciones del Ejército de Siria, a modo de represalia armada. Esta acción obligó al mismo Secretario General de Naciones Unidas a llamar a evitar una escalada de acciones militares horas después (véase nota oficial de Naciones Unidas).
Como bien se sabe, el uso de la fuerza es terminantemente prohibido por la Carta de las Naciones Unidas, y la única excepción a esta regla está previsa en el Artículo 51 de la misma (caso de legítima defensa). Las represalias que impliquen el uso de la fuerza contra otro Estado son prohibidas, y las únicas acciones militares jurídicamente válidas son las expresamente autorizadas por el Consejo de Seguridad. Por lo tanto, esta acción militar de Estados Unidos se dió en clara violación a la legalidad internacional, y sin que medie autorización previa del Consejo de Seguridad: remitimos al respecto al análisis del Profesor Marko Milanovic (Universidad de Nottingham) titulado «The Clearly Illegal US Missile Strike in Syria» publicado en el EJIL-Talk.
En una entrevista al profesor Stefan Talmon de la DW, el universitario precisa el alcance de algunas afirmaciones erróneas circuladas en medios de prensa (véase entrevista). Un reciente artículo publicado el 9 de abril del 2017 en La Nación (Argentina) sobre este sorpresivo ataque de Estados Unidos concluye que: «Todavía no se sabe a ciencia cierta si el gobierno sirio usó armas químicas el 4 de abril. Por ahora, lo concreto es que 59 misiles estadounidenses fueron lanzados contra una instalación oficial de Siria y eso ocasionó un temblor diplomático global y una avalancha de dudas».
Con relación a la agresión militar a Irak acaecida en el 2003, se supo en el año 2015 que durante más de un año antes de dicha agresión, las máximas autoridades de Estados Unidos y del Reino Unido intercambiaron opiniones sobre cuál sería el pretexto más convincente para justificar ante la opinión pública internacional una declaración de guerra a Irak (véase interesante reportaje del 2015 al respecto, titulado «Smoking gun emails reveal Blair’s ‘deal in blood’ with George Bush over Iraq war was forged a YEAR before the invasion had even started», que incluye cables confidenciales hechos públicos y los diversos «smoking guns» sugeridos). Como se recordará, Estados Unidos lideró una coalición de Estados en su aventura militar en Irak, los cuales a la fecha no parecieran haberse manifestado ante el ardid encontrado en aquella ocasión por los estrategas de la Casa Blanca para justificar esta acción militar colectiva (la cual no contó nunca con la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas).
A diferencia del tiempo tomado por la administración del Presidente Georges W. Bush para consultar y definir la mejor estrategia en Irak, la administración del Presidente Donald Trump pareciera esta vez haber reaccionado sin mayor cautela ni consulta y de manera unilateral. No se tiene claro si se han previsto las consecuencias de este ataque militar en Siria y el riesgo de escalada que conlleva.
Con esta acción, se confirma esta muy peculiar manera de tomar decisiones en materia de política exterior del nuevo ocupante de la Casa Blanca. Durante la reunión celebrada el 7 de abril sobre este ataque norteamericano a Siria, se dejó entrever que Estados Unidos cuenta con el respaldo político de varios otros integrantes del Consejo, pero que no hay argumentos jurídicos que sostengan su posición (véase acta o «Proces Verbal» de la sesión). Esta primera sesión posiblemente será objeto de una nueva reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la que los demás integrantes del máximo órgano de Naciones Unidas deberán tomar posición con respecto a esta decisión unilateral que constituye una violación flagrante a las disposiciones contenidas en la Carta de Naciones Unidas de 1945.
–Notas–
Nota 1: Sobre las negociaciones previas a la resolución 2118, véase CARDOZA ZÚÑIGA R., «El uso de armas químicas en Siria, un desafío para el derecho internacional», ACDI / Anuario Colombiano de Derecho Internacional, Vol.8 (2015), pp.17-40. Texto disponible aquí.
Nota 2: En un llamado inequívoco de los especialistas en derecho internacional publicado en agosto del 2016 en Bélgica, y suscrito por diversos especialistas en derecho internacional y sus mentores (texto disponible aquí en francés, en inglés, en portugués, en español y en árabe) se señala, entre otros puntos que:
«De esta manera, ha sido justificado, en nombre de la legítima defensa, un número importante de intervenciones militares, como aquella contra Al-Qaida, el Levante (EIIL, también conocido como Daesh), o contra grupos afines. Si bien algunos Estados han minimizado dichos precedentes por su carácter excepcional, existe un gran riesgo que el derecho de legítima defensa se transforme rápidamente en una llave que permita justificar de manera sistemática el origen de acciones militares en todas las direcciones y en forma unilateral. Ahora bien, sin oponernos por principio al uso de la fuerza contra los grupos terroristas – particularmente en el actual contexto de la lucha contra Daesh – nosotros, profesores e investigadores en derecho internacional, estimamos que dicha invocación creciente del derecho de legítima defensa es objetable. El derecho internacional prevé en efecto una serie de medidas para luchar contra el terrorismo que deberían ser utilizadas previo a la invocación de la legítima defensa».
Nota 3: Véase con respecto a la decisión de Dinamarca nuestra breve nota: BOEGLIN N., «The decision of Denmark to withdraw from airstrikes on Syria and Iraq», Debate Global, 9 de diciembre del 2016, texto disponible aquí.
(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
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