Skip to main content

Etiqueta: conflictos sociales

La situación actual de Colombia

Por Carlos Meneses Reyes

El M19 se opuso – como el que más – a la Coordinadora Simón Bolívar. Este fue un movimiento armado pequeñoburgués, no revolucionario ni socialista. Su concepción parlamentarista electoral, dentro del Frente Nacional, lo hizo surgir como respuesta al robo electoral del dictador G. Rojas Pinilla el 29 de marzo de marzo de 1970.

En su seno predominó la tendencia progresista-liberal. En el escenario político de Colombia, luego de la firma de desmovilización con las antiguas FARC – EP, no se puede considerar que exista una tendencia de centro en la conducción oligárquica del Estado.

La contradicción política principal, en el escenario de radicalización (no de polarización) de la lucha de clases, en Colombia, es de izquierda o de derecha… por la conservación o la toma del poder.

La izquierda legal (la ilegal está en las montañas) optó por apoyar la tendencia progresista – liberal, en esta etapa histórica. Va a la cola del progresismo, pero es nuestra izquierda, ¡Carajo!

Es similar al escenario de 1930 desde cuando el Partido Comunista Colombiano (PPC) se ubicó a la cola del Liberalismo, con la característica que aún hoy sigue siendo consecuente con la izquierda, ¡Carajo!

A hoy, en el escenario político colombiano predomina en la conducción del Estado, un bloque oligárquico hegemónico contrainsurgente.

Los conflictos: a) armado interno, b) económico, c) político, d) social, e) ecológico se han intensificado. Considero que el conflicto social ha desbordado y se constituye en el aspecto de la contradicción principal. El conflicto económico resalta con la grosera iniciativa de las castas politiqueras privilegiadas de recaudar fondos o «vacas» con miras a desplazar y cooptar la función del Estado.

En el gobierno progresista de Gustavo Petro – Francia Márquez todo está por hacerse.

La cualificación política del movimiento popular en Colombia es el elemento clave.

Condenamos los actos de espionaje contra activistas sociales

– Espiar activistas sociales no puede ser tolerado en un país que se precie de respeto a los Derechos Humanos

FECON (04/02/2022) | El Semanario Universidad en su edición del 2 de febrero, publica el artículo “A solicitud de exjerarca de la DIS Neotrópica diseñó sistema para manejar bases de datos de activistas sociales para la Presidencia”. En el mismo se brinda un análisis del contrato firmado entre el gobierno y esa fundación para la creación de una “aplicación web para recolectar información sobre conflictos sociales y los actores involucrados en ellos, con amplio detalle.”

Es claro según el análisis que hace el artículo periodístico del contrato, que dicha herramienta crearía una detallada base de datos sobre los conflictos ambientales en el país. La idea de contar con esa herramienta surgió de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) cuyo rol no es precisamente, tener un papel en los conflictos ambientales.

Las respuestas tanto del gobierno como de la Fundación Neotrópica consignadas en el artículo no dicen nada: no manejamos datos, no conocemos que pasa, todo está en una hoja de Excel. Estas son las típicas respuestas que generan indignación porque es imposible que, existiendo un contrato, no se hayan hecho al menos algunas labores y no se tenga claridad del fin de la herramienta.

Se debe recordar que la administración de Luis Guillermo Solís ha sido las más conflictiva de la historia de nuestro país, con más de 2.562 reportes durante su mandato, según la Base de Datos de Acciones Colectivas ́Protestas ́ de la Universidad de Costa Rica. Las prácticas de espionaje contra activistas sociales no tienen cabida dentro de una sociedad que se precie de defensora de los Derechos Humanos, ni mucho menos es aceptable dentro de un sistema democrático.

Para FECON esta noticia es de extrema gravedad debido a que puede haber espionaje oficial en los conflictos ambientales y la experiencia que tenemos como organización nacional (y que conocemos de otros países) es que el espionaje gubernamental esta siempre ligado a represión, toma de represalias y criminalización de acciones legítimas desde diversos actores sociales, en este caso el movimiento ecologista nacional.

Desde FECON rechazamos el uso de este tipo de herramientas. De igual forma no podemos aceptar respuestas como las consignadas ya que o representan un grado de cinismo alto desde el gobierno y la Fundación Neotrópica o un desconocimiento tal por el cual esas personas deberían ser despedidas ya que no están cumpliendo con sus obligaciones.

 Para la Federación Ecologista existen más preguntas que respuestas sobre este asunto. ¿Qué tipo de información sobre personas y organizaciones tiene a disposición la DIS y Casa Presidencial? ¿Quiénes tuvieron acceso a esta base de datos? ¿Qué usos se le ha dado a dicha información tanto la administración Solís como la de Alvarado? ¿Qué otro tipo de herramientas han sido encargadas a entidades privadas para vigilar y espiar a activistas sociales?

Conflictos sociales en el horizonte ante un país cada vez más desigual

Luis Fernando Astorga Gatjens

Costa Rica tiene en sus manos una bomba de relojería, que vislumbra en el horizonte –casi irremisiblemente– futuros conflictos y estallidos sociales. La crisis social ha venido madurando al compás del progresivo deterioro del Estado Social de Derecho (ESD), que forjó el país el siglo anterior.

Hoy, cada vez queda menos de ese Estado de Bienestar y eso se retrata en el incremento de la pobreza y la desigualdad social, y la ominosa concentración de la riqueza en cada vez menos manos. Lo que nos proyectó internacionalmente en el pasado, con cifras en desarrollo humano y en esfuerzos reductores de desigualdad social alentadores, hoy es un recuerdo que se desdibuja cada vez más. Es un país que ha venido cambiando para lo peor.

Actualmente, lo que fue halagüeño y esperanzador se ha tornado sombrío. Así se puede constatar en el Informe 2021 del Programa de Estado de la Nación (PEN). Como bien se señala en el informe, Costa Rica muestra un creciente desgaste en su capacidad para impulsar el desarrollo humano. Aunque algunos analistas ponen el acento causal en la arrasadora pandemia de la covid-19, lo más objetivo es que esta situación tiene causas más profundas y añejas.

La pandemia y sus secuelas económicas y sociales ha sido un significativo factor agravante de la crisis económica y social que padece el país. Pero no se debe echar la culpa al coronavirus porque realmente la crisis y la erosión del Estado Social de Derecho, nos viene de lejos. Hizo su aparición inicial en los años ochenta del siglo pasado, cuando la pandemia neoliberal hizo su aparición. Luego con zigzagueos, pero con constancia esa doctrina fue marcando la economía y la sociedad costarricenses, con su sello promotor del individualismo, y con el impulso privatizador de servicios públicos y el achicamiento del Estado.

La falta de soluciones a los problemas que enfrenta un sector mayoritario de los habitantes del país es muy posible que les impulse al justo reclamo y a la protesta social. Las calles en los años que vienen y, particularmente, en este 2022, se podrían llenar de gente que se cansó de esperar soluciones concretas para mejorar sus vidas. No hay mal que dure por siempre ni cuerpo social que lo resista.

Dice bien el investigador del PEN, Ronald Alfaro Redondo cuando afirma que: “Los desafíos que tenemos y las dificultades para que esas fortalezas históricas que teníamos soporten, no solo la pandemia (porque ya veníamos en una situación crítica a la que se suma la pandemia), nos dejaron en una situación compleja y muy complicada donde si se tira un fósforo y hay gasolina, esto puede arder.”

El visualizar esta situación crítica que emerge en el horizonte debería constituirse en una responsabilidad de los candidatos y los partidos presentes en la liza electoral del 6 de febrero próximo. Pero lo que debe ser una responsabilidad política ineludible aparece esquiva en la agenda electoral dominante.

Con contadísimas excepciones, el conjunto de candidatos presidenciales no ha profundizado en el análisis de la real situación que enfrentan amplios sectores de la población y la significativa erosión del Estado Social de Derecho. Cuando hablan de problemas sociales lo hacen sin la profundidad que demanda la gravedad de la situación actual. Consecuentemente, las propuestas de solución adolecen de la misma debilidad.

En este estado de cosas, contribuyen la mayor parte de los medios de comunicación, que alineados a las políticas neoliberales, no ahondan en la gravedad de la crisis social que se ha venido acumulando en los últimos años. Eso se refleja en la falta de hondura de las entrevistas que realizan a los candidatos y, es muy probable que también se reflejará en los debates, que organizan en estas próximas semanas.

Quienes piensen y pretendan que con la leyes impulsadas por este Gobierno y aprobadas por la alianza neoliberal conformada en el Congreso, para frenar y criminalizar la lucha social, les alcanzará para contener las justas protestas ciudadanas, están equivocados. Cuando la injusticia llega a los estómagos y cunde la desesperanza por una vida mejor entre muchos, el camino de la lucha social, pacífica pero firme y reivindicadora, emergerá con una fuerza creciente.

Harían muy bien los candidatos presidenciales y también quienes aspiran a ocupar una curul legislativa de leer con seria atención la sabias palabras del Papa Francisco: “La crisis económico-social y el consiguiente aumento de la pobreza tiene sus causas en políticas inspiradas en formas de neoliberalismo que consideran las ganancias y las leyes de mercado como parámetros absolutos en detrimento de la dignidad de las personas y de los pueblos.”

Sólo con un cambio de rumbo que haga reverdecer el Estado Social de Derecho, se evitará que la lucha por la justicia social llene las calles de voces justicieras. Pero, por ahora, estamos más situados en las dudas que en la esperanza.

(9 de enero, 2021)