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Etiqueta: conflictos socioambientales

Voces y Política y Kioscos Socioambientales: dos aniversarios que marcan la Acción Social universitaria

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Costa Rica – 7 de octubre de 2025.
La Universidad de Costa Rica celebra este año dos aniversarios que reflejan su compromiso con la Acción Social: el Programa Kioscos Socioambientales, con 18 años de trabajo junto a comunidades, y el programa de radio Voces y Política, que llega a sus 20 años al aire, de los cuales una década ha sido compartida en alianza con Kioscos.

Ambos espacios se han consolidado como puentes entre universidad y comunidades, plataformas para visibilizar voces y territorios que con frecuencia quedan al margen de los grandes medios.

La celebración conjunta de estos aniversarios se realizará el miércoles 8 de octubre a las 5:00 p.m. en el programa Voces y Política, transmitido por Radio Universidad 96.7 FM y en sus redes sociales.

El Programa Kioscos Socioambientales nació en 2007 en el marco de la lucha contra el TLC con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, cuando la UCR impulsó los “Kioscos Informativos” para llevar conocimiento crítico a más de cien comunidades. Con los años, evolucionó hacia un trabajo sostenido de acompañamiento a comunidades indígenas, campesinas, costeras y migrantes en regiones como Talamanca, el Caribe Norte, la Zona Norte y el Pacífico Sur.

En 2011 se consolidó como programa permanente, integrando docencia, investigación y acción social. Desde entonces ha generado vínculos profundos con diversos territorios, incidencia en políticas públicas y articulación a nivel latinoamericano en temas como ecología política, pedagogías críticas, derechos humanos y territorialidad. Su trayectoria también se refleja en la producción de materiales socioeducativos, audiovisuales, cartografías y publicaciones.

Para la coordinadora del Programa, Mdh. Dylanna Rodríguez Núñez, “Kioscos Socioambientales es el resultado de 18 años de trabajo colectivo entre universidad y comunidades, en defensa del territorio, la justicia social y ambiental, mediante procesos que ponen en el centro lo común y lo colectivo por encima de valores que apuestan al individualismo y la competitividad. Su historia refleja la importancia de que la Acción Social universitaria no solo acompañe procesos locales, sino que se constituya en una voz crítica frente a los conflictos socioambientales del país”.

Por su parte, Voces y Política nació en 2005, impulsado por las emisoras culturales de la UCR bajo la dirección de Giselle Boza Solano, con el sociólogo Manuel Rojas Bolaños y el periodista Elbert Durán Hidalgo. El programa se planteó como un espacio para ofrecer análisis político documentado, plural y responsable, en contribución a la democratización de la información y al fortalecimiento de la opinión pública.

En dos décadas ininterrumpidas ha acumulado más de 920 emisiones y 1.840 invitados, con la participación de cerca de 20 locutores, productores y equipos de apoyo. Desde hace diez años forma parte de la Vicerrectoría de Acción Social, en articulación con la Escuela de Ciencias Políticas, Kioscos Socioambientales y, más recientemente, la Escuela de Estudios Generales.

Hoy, Voces y Política combina las voces universitarias con las de comunidades rurales, costeras y transfronterizas, consolidándose como un espacio radiofónico que conecta la academia con la realidad social y política del país, siempre con espíritu crítico y vocación pública.

Estos aniversarios reafirman la misión transformadora de la Universidad de Costa Rica y su compromiso de articular saberes con las comunidades, fortalecer la Acción Social y posicionar una voz crítica frente a los desafíos nacionales.

Rechazo ciudadano a la “basurización” en Montes de Oro

Presentan recurso de revocatoria contra permiso de construcción

La comunidad de Montes de Oro y los grupos de Miramar alzaron la voz ante la amenaza de que el cantón se convierta en sede de un tercer basurero. Vecinas y vecinos rechazan que su territorio cargue con el triste récord de ser el cantón con mayor número de estos proyectos, sin importar cómo se les denomine: vertederos, rellenos o “parques tecnológicos”. El mensaje es firme y unánime: Montes de Oro no acepta ser un territorio de mayor sacrificio.

En el cantón ya existe un vertedero abandonado por la Municipalidad de Puntarenas, además de un relleno sanitario operado por el Grupo Rabsa. A estos impactos se suman los pasivos ambientales de la mina Bellavista y de la minería subterránea e ilegal que ha generado afectaciones por décadas.

Por ello, desde hace más de quince años la población ha resistido la instalación del Parque de Tecnología Ambiental Galagarza, impulsado por EBI de Costa Rica S.A. El día de ayer se presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el permiso de construcción otorgado por la Municipalidad de Montes de Oro el pasado 24 de setiembre. El recurso fue suscrito por 111 habitantes, entre ellos más de 60 residentes de Zagala Vieja, la comunidad más cercana al proyecto según el Estudio de Impacto Ambiental.

El documento cuestiona que el permiso municipal fue emitido sin verificar requisitos obligatorios que resguardan la salud, los ríos y la seguridad de la población:

● La autorización sectorial para instalar y operar el tanque de autoconsumo de combustibles (competencia del MINAE–DGTCC).

● El permiso de vertidos para aguas residuales tratadas (competencia del Ministerio de Salud).

● La verificación del alineamiento del INVU respecto a cuerpos de agua cercanos.

● El uso de un plano catastral desactualizado, con incongruencias de más de 67.000 m² frente a la realidad registral.

Las y los representantes comunales también cuestionaron que el permiso no fue comunicado públicamente por la Municipalidad, a pesar de tratarse de un tema de alto interés local. La comunidad se enteró informalmente dos días después de emitido, lo que obligó a elaborar el recurso y recolectar firmas casa por casa en un plazo muy corto.

Para las personas firmantes, Montes de Oro merece decisiones responsables, transparentes y alineadas con el bien común. Este recurso no es solo un trámite legal: es un acto de defensa colectiva, una exigencia de justicia ambiental y una señal clara de que la comunidad está despierta y organizada.

Este permiso, otorgado por la municipalidad y apelado por la comunidad, se inscribe en un conflicto que ha generado una fuerte oposición ciudadana (ver cronología del caso). Dicha resistencia se fundamenta en los cuestionamientos sobre el proceso de otorgamiento de permisos, los antecedentes de malos manejos en otros rellenos operados por la misma empresa en distintos lugares del país, así como en la débil capacidad de fiscalización de las autoridades locales.

Antecedentes de la “basurización” en Montes de Oro

El relleno sanitario Ecoindustrial Miramar, operado por el Grupo Rabsa, inició en 2017 pese al rechazo de la comunidad. Desde entonces, el cantón recibe miles de toneladas de desechos del Gran Área Metropolitana y de más de 30 municipios y empresas privadas, con fuertes tensiones sociales y ambientales.

En Montes de Oro, la oposición comunitaria ha sido constante: recursos de amparo, apelaciones en SETENA y MINAE, y múltiples acciones legales. Estas luchas fueron lideradas inicialmente por el Comité Oromontano Pro Ambiente y, desde 2024, asumidas por la Asociación Civil Pro Natura, que hoy articula esfuerzos legales, organizativos y de comunicación.

La Asociación Pro Natura insiste en que la verdadera alternativa es el cumplimiento de la Ley 8839 de Gestión Integral de Residuos, junto con procesos de educación, organización y construcción de alternativas sustentables que fortalezcan el tejido social y ambiental del cantón.

Cronología del caso PTA Galagarza

2009 – Proyecto obtiene viabilidad ambiental (Exp. D1-1375-2007).

2021 – Nueva tramitación de viabilidad ambiental (Exp. D1-0635-2021).

Dic. 2022 – SETENA otorga viabilidad ambiental (Res. N° 2032-2022).

Mayo 2023 – Sala Constitucional anula viabilidad y ordena audiencia pública (Sent. N° 2023-11236).

Sept. 2023 – Audiencia pública sobre el proyecto.

Dic. 2023 – SETENA vuelve a otorgar viabilidad ambiental (Res. N° 2031-2023).

Marzo 2024 – Sala IV ordena acceso al expediente (Amparo N° 24-011161-0007-CO).

Abril 2024 – Se otorga permiso de construcción previo al cambio de administración municipal.

Mayo 2024 – Alcalde acoge recurso de apelación y anula el permiso de construcción.

Ene.–Mayo 2024 – Reuniones con diputaciones y carta pública al Ministro de Ambiente.

Marzo 2025 – Tribunal Contencioso Administrativo emite Sent. N° 2025002232.

Mayo 2025 – Regidores presentan moción para devolver facultades a funcionaria municipal.

Julio 2025 – Resolución N° 09-2025 levanta recusación.

Julio 2025 – Resolución N° 10-2025 aclara que no se puede autorizar el permiso.

Julio 2025 – Encargada de Desarrollo Urbano desconoce orden del alcalde.

Ago. 2025 – 14 municipalidades se pronuncian contra Decreto Ejecutivo N° 44974-S.

Ago. 2025 – Ministra de Salud advierte emergencia nacional por gestión de residuos.

Ago. 2025 – Asociación Pro Natura expone ante el Concejo Municipal el estado del proyecto (ver sesión a partir del minuto 1:19:00 en https://www.youtube.com/live/PyWwJr56fro?si=x-VAuRAHwYKY7iT-)

Con apoyo del proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social, Universidad de Costa Rica.

Informe de la Organización Meteorológica Mundial expone riesgos hídricos en Centroamérica

El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica reporta amenazas al recurso hídrico. Según el informe «Estado de los recursos hídricos mundiales 2024», publicado por la Organización Meteorológica Mundial, el agua se encuentra en un estado crítico debido al cambio climático, la sobreexplotación y la contaminación. Esta situación se enmarca en un año que bate récords de calor y fenómenos climáticos extremos. Centroamérica y el Caribe son una de las regiones más vulnerables, donde el recurso hídrico no solo está amenazado, sino que además carece de datos de monitoreo que faciliten la respuesta a la problemática.

El cambio climático, junto con fenómenos como El Niño, intensifica las sequías y las lluvias extremas, lo que pone en peligro el agua como recurso de interés público. En el caso de Centroamérica y el Caribe, existe una subrepresentación en la observación hidrológica mundial, lo que genera un vacío de datos sobre el recurso hídrico. Esto, a su vez, deja a la región en una situación de riesgo y dificulta la anticipación de desastres naturales relacionados con este recurso. La región es una de las más vulnerables del continente en cuanto a fenómenos extremos de escasez o exceso de agua. Además, factores como la pobreza, la dependencia de la agricultura de subsistencia y la baja capacidad institucional evidencian la urgencia de fortalecer la cooperación regional y las redes de monitoreo hídrico. 

En el caso puntual de Costa Rica, se presentan serias presiones sobre el agua, a pesar de la percepción de abundancia hídrica en el país. La sobreexplotación y contaminación de acuíferos, los eventos extremos como sequías e inundaciones, la agroindustria y la minería no metálica, además de la gestión territorial de ecosistemas compartidos, se articulan en torno a la gobernanza del recurso hídrico como principal problema.

El problema deja de ser la cantidad de agua disponible para concentrarse en su gestión fragmentada y desigual. En este contexto, surgen debates entre los intereses económicos y las necesidades comunales y ambientales. Las comunidades organizadas y los colectivos socioambientales han defendido el agua como bien común y manifiestan que la gobernanza de este recurso debe incluir espacios de participación social y control ciudadano.

La crisis del agua no es solo un problema técnico; también se desenvuelve como una cuestión ética y política. Este recurso está amenazado por la contaminación, la sobreexplotación y el cambio climático, por lo que es necesario articular diversas acciones para mitigar la amenaza, tales como: la gestión sostenible de acuíferos, el fortalecimiento de sistemas de alerta, la atención del impacto agroindustrial y minero, y el aumento de la participación comunitaria. La protección del agua como bien común exige cooperación regional, vigilancia y compromiso intergeneracional.

Lea la nota completa en el sitio del Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/el-agua-como-bien-comun-bajo-presion-lecciones-globales-y-desafios-para-costa-rica/

Las luchas por los ríos confluyeron en el encuentro social Jäküii-Pacuare 20+

Esteban Barquero (Instituto Monteverde)
Dany Villalobos (Coordinador CBPC)

El pasado 29 y 30 de agosto en Bajo Pacuare de Turrialba, se realizó el encuentro Jäküii- Pacuare +20 +10, para conmemorar el 20 aniversario del plebiscito que liberó al río Jäküii-Pacuare de represas. Este plebiscito fue realizado en el año 2005 en el cantón de Turrialba con una victoria aplastante del 97% en favor del río y en contra de las represas.

Para este encuentro el Instituto Monteverde y el Corredor Biológico Pájaro Campana (CBPC) facilitaron la participación de una delegación de siete personas de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas como organización referente en la defensa de los ríos en los distritos rurales de Puntarenas.

La delegación estaba compuesta por representantes del proyecto Venas del Bosque en Monteverde, la Asociación COMUNIDADES de Guacimal y Santa Rosa, la ASADA de Punta Morales, y el Subcomité de Chomes, así como el Coordinador del CBPC, quienes compartieron información sobre las amenazas ambientales en las cuencas de los ríos Guacimal y Lagarto.

En el encuentro se realizaron actividades de intercambio de la historia de las comunidades que luchan por proteger los ríos en diferentes zonas del país. Participaron otras delegaciones de la Zona Sur, Talamanca y territorio indígenas Brörán, Yimba Cájc, Salitre, Sepecue y territorios Cabécares que habitan alrededor del río Jäküii y Duchí.

También hubo espacios informativos con investigadores expertos sobre las transformaciones y presiones que enfrenta el sistema eléctrico nacional, sobre todo por los intereses privados en el ámbito de la generación eléctrica, que aspiran a lucrar con el Mercado Eléctrico Regional (MER).

Sumado a esto, se enfatizó en la importancia de la soberanía energética y el derecho humano a la energía como orientadores para un modelo eléctrico justo, frente a la privatización y el lucro que plantea el modelo de libre mercado, que busca hacer negocios jugosos con un crecimiento insostenible de la demanda de grandes consumidores regionales.

Hacia el cierre del evento, se realizó una visita a la escuela de Nimarí Ñak para realizar reflexiones finales sobre el problema de las represas, quebradores, sobreexplotación del agua, contaminación y otras amenazas a los ríos como ecosistemas. El cierre se realizó a las orillas del río Jäküii-Pacuare con la consigna principal de que el río será libre para siempre..

Contexto de los ríos en el CBPC

Igual que en el resto del país, los ríos del área del CBPC enfrentan amenazas al equilibrio de su ciclo ecológico. En la parte alta se realizan esfuerzos para proteger las nacientes y quebradas que originan los ríos y que están sometidas a una alta presión por la expansión turística e inmobiliaria, que a su vez genera una alta cantidad de aguas grises que hasta hoy han carecido de un tratamiento adecuado, contaminando el río Guacimal.

En la parte media y baja de las cuencas, la captación excesiva de agua para actividades como el riego han generado los principales conflictos, por aumentar la sequía, los usos recreativos y la condición de estrés hídrico en los meses más secos. Estas situaciones se han presentado principalmente en los ríos Veracruz, Acapulco, Aranjuecito, Guacimal, Lagarto, Abangares y Aranjuez.

Otra amenaza actual son las concesiones mineras en cauce de dominio público de los ríos, para procesar materiales de construcción. En todos los ríos del CBPC existen 10 o más solicitudes de concesión con fines de lucro (algunas ya aprobadas), cada una equivalente a una sección de 2 km dentro del cauce, que en suma abarcarían 20 km de extracción lineal de materiales en cada uno de ellos, devastando la biodiversidad y la función ecológica de conectividad acuática de los ríos como hábitat de multitud de especies.

Actualmente las organizaciones comunales de Guacimal y Chomes gestionan medidas para defender sus ríos. Una de estas medidas es una campaña de rotulación para el río Guacimal, destacando su valor histórico, cultural y ecológico para las comunidades, ya que las empresas evaden las consultas o dar información sobre sus proyectos, afectando zonas recreativas, el equilibrio ecológico del caudal, y las fuentes de agua de los pueblos.

La Alianza de Comunidades está comprometida con mantener la lucha por los ríos sanos en Puntarenas y seguir uniendo personas en esta causa. Además, se solidariza con las causas vigentes que defienden la justicia ambiental, económica y social de las comunidades, pueblos y territorios indígenas en todo el país, y se compromete a seguir cooperando para recuperar los ríos degradados y amenazados por proyectos extractivos y privatizadores.

Conclusiones:

El desafío ambiental en materia de ríos trasciende fronteras regionales y nacionales, por este motivo es fundamental seguir colaborando en las estrategias sociales para reivindicar los derechos de las comunidades, el ambiente y los ríos, así como el fortalecimiento de liderazgos, involucramiento de la juventud y la niñez para multiplicar la conciencia y garantizar el uso sostenible y cuido de los ríos y sus funciones ecológicas.

Se destaca la importancia de la gestión de los corredores biológicos como estrategia pública para atender la conectividad y el equilibrio en las cuencas hidrográficas, propiciando la participación activa de la población en temas ambientales. La educación ambiental y la inversión en acciones multiplicadoras serán esenciales para asegurar la efectividad de las metas del CBPC en materia de protección hídrica.

Organizaciones denuncian persecución judicial contra personas defensoras del ambiente en Guanacaste

La Asociación Ciudadana ACCEDER, GuanaDefensoras y Antigentrificación.CR denuncian públicamente la judicialización de personas defensoras del medio ambiente que han cuestionado el megaproyecto Bahía Papagayo, ubicado en la provincia de Guanacaste.

Según expresaron estas organizaciones, el desarrollo turístico ha actuado en contra de voces críticas que han señalado su impacto ambiental, incumplimientos normativos y los efectos sociales negativos que conlleva. En este contexto, convocan a firmar una carta pública de respaldo para visibilizar estas acciones como parte de una escalada de criminalización de la defensa ambiental en Costa Rica.

“La defensa del ambiente no debe ser castigada. Alzamos la voz para proteger a quienes cuidan nuestros ecosistemas, no para que sean llevadas a tribunales”, señalan las organizaciones convocantes.

Las personas interesadas pueden ampliar detalles y sumar su firma aquí:
https://forms.gle/5KhfiF1GVq8RMyvt5

Como antecedente, puede consultarse esta nota previa publicada por SURCOS:

Desarrollo turístico Bahía Papagayo incumple las normas de protección y mitigación ambiental

Imagen: Sánchez, J. (2023, 22 de noviembre). La Voz de Guanacaste. https://vozdeguanacaste.com/playa-panama-espera-prometido-pueblo-turistico/

 

El despojo y los conflictos socioambientales asociados a la turistificación aumentan

Playa Pelada de Nosara, Guanacaste más de 17 familias enfrentan juicios, condenas, desalojo y hasta cárcel

Un conversatorio abordará el impacto de los desalojos en los habitantes de Playa Pelada el próximo jueves 26 de junio a las 10:00 a.m., en la Sala 1 de la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, Universidad de Costa Rica. Participarán como expositoras las vecinas de Playa Pelada: Heidy Villegas Murillo, Marielos Grijalba Grijalba y Nadia Alfaro, quienes compartirán sus testimonios y reflexiones sobre la situación que enfrentan.

El evento es organizado por la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) y el Programa Kioscos Socioambientales, ambos de la Universidad de Costa Rica, junto con la organización ambiental Unidad Especial de Protección y Rescate Animal (UESPRA).

Una problemática socioambiental en aumento. Las playas Pelada y Guiones forman parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional (RNVSO) desde 1985. Sin embargo, muchas personas residentes están siendo judicializadas, condenadas y enfrentan sentencias de desalojo y demolición de sus viviendas. Todo esto ocurre mientras otros sectores, como el hotelero, amplían y remodelan sus instalaciones sin mayor inconveniente, incluso construyendo piscinas dentro del territorio del Refugio.

Varias personas nacionales llevan entre 20 y 50 años habitando la zona, conviviendo con el Refugio sin afectarlo, y por ello consideran injustas las órdenes de desalojo que enfrentan. Se estima que podrían ser más de 400 familias las afectadas, aunque actualmente no existe un estudio actualizado que determine con precisión el número de personas, ni sus posibles derechos de permanencia.

Además, la situación jurídica del refugio ha sido inestable, oscilando entre ser de propiedad estatal o de régimen mixto.

Desigualdad en la aplicación de la ley. Heidy Villegas, vecina de Playa Pelada, denunció en el programa Voces y Política de Radio Universidad que fue sentenciada a un año de prisión, desalojo y demolición de su casa, por haber construido tres cuartos para sus hijas. En contraste, en el mismo Refugio, hoteles han construido edificios de tres pisos sin enfrentar procesos judiciales similares. Solo 17 familias humildes están siendo procesadas legalmente.

El conflicto legal del refugio se remonta a años atrás. Ante los posibles desalojos, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) impulsó en 2016 la Ley del Refugio de Vida Silvestre Ostional (Ley N.º 9348), que transformaba la propiedad del refugio en mixta, permitiendo que estuviera conformado por terrenos estatales y particulares, bajo un régimen de concesión.

Sin embargo, a inicios de 2023, la Sala Constitucional anuló esa ley mediante la Resolución N.º 22606-2022, y el Refugio volvió a ser considerado exclusivamente propiedad del Estado, dejando en una situación de extrema vulnerabilidad jurídica a las familias que lo habitan.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Los desafíos de Crucitas siguen ahí: «Clima de negocios» Inversiones, ambiente y derechos humanos

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

En el marco del cierre del proceso de litigio internacional en el CIADI entre Costa Rica e Infinito Gold por el caso de la explotación minera en Crucitas, se dio la comunicación que la empresa minera y el gobierno de Costa Rica pidieron poner fin al proceso de nulificación del laudo arbitral (ver nota prensa aquí).

Este evento dio espacio para una amplia variedad de intervenciones públicas, las autoridades públicas tales como, gobierno y algunas diputaciones han celebrado la posibilidad que abre este escenario para la explotación minera de la zona:

Gobierno

MINAE 19 de julio 2024: Gobierno no descarta que Infinito Gold participe en Crucitas

Diputaciones

Empresarios-Políticos

Colegio profesional

29 junio 2024 Ahora sí llegó la hora de “comernos la bronca” con Crucitas: Colegio de Geólogos

Se podría continuar la lista de intervenciones, sin embargo, queremos llamar la atención sobre lo que no se menciona, y son las deudas que tiene el país con marco jurídico que evite una situación similar a la que se vivió en torno a este conflicto socioambiental.

Es común la noción por parte de estos sectores políticos y empresariales de hablar de un «clima de negocios», es decir, ofrecer las condiciones propicias a las figuras de inversionistas (personas-empresas) para que puedan instalar y realizar sus actividades de la forma más expedita. Esta simplificación de lo que se entiende por «desarrollo económico», constantemente olvida las implicaciones negativas que tienen las actividades en el ambiente, así cómo, las afectaciones en las personas y comunidades que viven cerca de las actividades que promueven estas inversiones.

En muchas ocasiones, estos mismos marcos jurídicos desconocen la figura de las personas defensoras de derechos humanos y defensoras ambientales, lo cual les vuelve vulnerables ante acciones legales que buscan minimizar y criminalizar sus labores de denuncia. Un claro ejemplo de esta vulnerabilidad son las declaraciones del presidente Rodrigo Chaves en torno al descarte del Acuerdo de Escazú (instrumento jurídico que reconoce la figura de defensor ambiental) cuando señaló que gracias a esta decisión «El sector privado puede estar tranquilo» (nota de prensa 3 de mayo 2022).

Crucitas fue un claro ejemplo de una promoción de inversiones en dónde la perspectiva de derechos humanos y protección ambiental fue desestimada, marcos regulatorios débiles y una institucionalidad que se colocó como promotora de la actividad económica, «olvidando» su obligación como garante de los derechos humanos y protección ambiental.

Actualmente estamos de nuevo en la misma encrucijada, tenemos una presión de sectores empresariales-políticos por la explotación minera,  cómo sucedió hace más de 15 años y que reflejan el poco o nulo interés en las dimensiones ambientales y de derechos humanos. Fue necesario un desgastante proceso judicial por parte de las personas defensoras ambientales, así como juicios de la empresa en su contra, derivando en un largo laudo internacional, que finalizó este 2024.

Ante este desafío, queremos retomar las reflexiones del informe «Inversiones, ESG y Derechos Humanos» elaborado por Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.  En este documento nos dan elementos para reflexionar sobre las implicaciones que tienen los vacíos que persisten en nuestros marcos jurídicos relacionados a la promoción de actividades económicas y productivas en torno a la garantía de los derechos humanos y la protección ambiental.

PDFImagen

Estreno de la serie documental Mujer Azul: historias de agua con sal -hoy 1 de julio

Del Pacífico Norte al Golfo de Nicoya, recorriendo las islas, pasando por el Pacífico Central y de ahí al Pacífico Sur con un vuelo directo hacia el Atlántico, Mujer Azul: historias de agua con sal plantea una mirada cuidadosa y contemplativa, para comprender las dinámicas, las memorias, los aprendizajes, las inquietudes y las esperanzas de quienes remojan su cotidianidad en medio de la inmensidad del mar.

Hoy 1 de julio a las 8:00 pm por Canal Quince con repetición el domingo 7 de julio a las 6:30 pm.

Puede verla en diferido a través de la plataforma de streaming UCRQ.

¡Participá en las sesiones informativas del TCU (TC-590) Defensa Comunitaria del Territorio!

Por José Daniel Gamboa Araya

El Trabajo Comunal Universitario TCU-590 invita a la comunidad a participar en las sesiones informativas del proyecto «(TC-590) Defensa comunitaria del territorio: extractivismos, organización y conflictos socioambientales». Estas sesiones se llevarán a cabo el lunes 11 de marzo a las 2 p. m. y el martes 12 de marzo a las 10 a.m. a través de la plataforma Zoom.

El TC-590 se ha comprometido con el acompañamiento de organizaciones comunitarias que enfrentan conflictos socioambientales desde un enfoque crítico y político. Esta iniciativa busca promover la defensa del territorio y la protección del medio ambiente, así como fortalecer las organizaciones comunitarias para hacer frente a los desafíos socioambientales que enfrentamos.

Durante las sesiones informativas, se brindará información detallada sobre el proyecto TC-590, sus objetivos, metodologías de trabajo y cómo participar en él. Además, se abrirá un espacio para responder preguntas y discutir ideas con los participantes interesados en sumarse a esta importante labor de defensa comunitaria.

¡No te pierdas esta oportunidad de involucrarte en la protección de nuestro entorno y en la lucha por un futuro más sostenible! 

¡Esperamos contar con tu participación activa en estas sesiones informativas! Juntos, podemos marcar la diferencia en la defensa de nuestro territorio y medio ambiente.

Sistematización sobre casos de violencia contra pueblos indígenas que defienden sus territorios

Desde el CEAAL-Costa Rica en conjunto con el TCU-590 Defensa comunitaria del territorio: extractivismos, organización y conflictos Socioambientales del Programa Kioscos Socioambientales, compartimos una sistematización sobre casos de violencia contra pueblos indígenas que defienden sus territorios en el país, así como sus acciones de resistencia y de solidaridad que se han gestado entre el 2010-2022.

Con la sistematización de dicha información, se elaboró una base datos que se encuentra en la página web del Observatorio de Bienes Comunes del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP).

La base propone una búsqueda por categorías que permite a quien la indague, obtener información concreta sobre el tema de interés, según territorio, tipo de violencia, etnias y actores.

Por razones de recursos, este proceso de trabajo colaborativo culminó a finales del 2022.

Esperamos que lo construido sirva para abonar a la lucha de los territorios indígenas de nuestro país.

Agradecemos a los compañeros y a las compañeras de diferentes territorios que participaron en este proceso y a las y los estudiantes de la Universidad de Costa Rica que colaboraron de forma activa y comprometida en este trabajo.