Gandoca-Manzanillo: una disputa por el Estado de derecho ambiental
El conflicto en torno al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA) no es un episodio aislado ni reciente. Se trata de un proceso acumulativo en el que convergen denuncias ciudadanas, cuestionamientos técnicos, actuaciones administrativas controvertidas y resoluciones institucionales que, lejos de cerrar el tema, han abierto nuevas interrogantes.
Las cartas enviadas por el ciudadano Marco Levy durante 2026, así como las respuestas oficiales emitidas por el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC-SINAC), evidencian un punto central: la controversia ya no es únicamente ambiental. Es institucional.
Un territorio bajo tensión
El REGAMA fue creado para proteger ecosistemas costeros y marino-costeros de alto valor ecológico, incluyendo humedales, manglares, bosque tropical húmedo y hábitats críticos para especies amenazadas. Su importancia es estratégica tanto para la biodiversidad como para la seguridad climática y la resiliencia costera.
Sin embargo, durante los últimos años se han denunciado:
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Cambios en límites del refugio.
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Permisos de construcción en zonas sensibles.
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Intervenciones sobre humedales.
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Interpretaciones jurídicas que favorecen intereses privados.
Las cartas de Levy insisten en que ciertas actuaciones administrativas podrían estar debilitando el régimen de protección original del área.
El eje del debate: legalidad vs. discrecionalidad
El núcleo del conflicto gira en torno a tres preguntas fundamentales:
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¿Se están aplicando correctamente las normas ambientales vigentes?
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¿Las actuaciones administrativas respetan el principio de no regresión ambiental?
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¿Existe coherencia entre el mandato legal de protección y las decisiones concretas tomadas en el territorio?
Las respuestas oficiales de SINAC tienden a sostener que las actuaciones se enmarcan dentro de la legalidad vigente. No obstante, las observaciones ciudadanas apuntan a posibles contradicciones entre la finalidad del refugio y algunas autorizaciones otorgadas.
En otras palabras: la discusión no es solamente técnica; es jurídica y ética.
Más allá de Gandoca: lo que está en juego
El caso Gandoca-Manzanillo se ha convertido en un referente nacional porque pone a prueba:
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La solidez del sistema de áreas protegidas.
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La independencia técnica de las autoridades ambientales.
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La capacidad del Estado para resistir presiones económicas en territorios de alto valor inmobiliario.
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La vigencia real del principio precautorio.
Cuando un refugio de vida silvestre entra en disputa, lo que se discute no es únicamente un expediente administrativo. Se discute el modelo de desarrollo y la prioridad que el país otorga a su patrimonio natural.
Una disputa abierta
Las cartas enviadas durante 2026 muestran que el debate está lejos de cerrarse. Más bien, se encuentra en una fase de mayor escrutinio público.
En este contexto, la vigilancia ciudadana ha sido un componente clave. Sin ella, muchos de estos temas permanecerían invisibles.
El caso Gandoca exige transparencia, trazabilidad documental y claridad institucional. Porque en materia ambiental, la opacidad casi siempre favorece la degradación.
