Por: Eva Chaves Arias, estudiante de Sociología, y Miguel Cruz Guevara, estudiante de Ciencias Políticas

Como país y como institucionalidad pública, le debemos mucho a las comunidades. El hecho de que, como estudiantes podamos salir de nuestros entornos académicos y nos desplacemos hacia territorios en donde predomina el abandono estatal, pero también las resistencias comunitarias, no solo implica un proceso fundamental de formación, sino de responsabilidad ética y política que el Estado costarricense debe cumplir hacia las personas agricultoras, migrantes, indígenas y defensoras de los territorios. La Acción Social permite acompañar, escuchar y construir formas de bienestar con las comunidades.   

Desde el TC-590 Defensa comunitaria del territorio: extractivismos, organización y conflictos socioambientales de Kioscos Socioambientales y la Escuela de Sociología, las personas estudiantes acompañamos y aprendemos de conflictos socioambientales que múltiples comunidades, como la de El Triunfo, sufren día a día a manos de empresas extractivistas productoras de monocultivos como la piña o la naranja. Transnacionales que no solo se benefician de la destrucción de los bienes comunes como el agua, la tierra y los bosques de nuestro país, sino que, además, lucran a costa de la salud y el bienestar de quienes habitan estas tierras. Explotación y condiciones precarizadas, son las únicas opciones laborales que brindan estas empresas.

Ante esto, el Gobierno hace poco o nada para contrarrestar las violaciones de los derechos laborales y humanos en general de estas comunidades. Asimismo, mantiene en vilo a familias enteras, pues el acceso a tierra y a un hogar digno, aún está lejos de ser una realidad. Actualmente, el Inder sostiene un proceso de arrendamiento para las familias de El Triunfo, pero no ha garantizado servicios básicos como el agua o la luz. 

Diferentes administraciones, desde la expresidenta Laura Chinchilla, hasta el actual presidente Rodrigo Chaves, han convertido las promesas de un mejor futuro para estas comunidades en un desamparo o, en su defecto, en un asedio estatal para que abandonen su lucha por la tierra. 

Pese a esto y gracias a la resistencia comunitaria, el acuerpamiento por parte de las universidades públicas y de las organizaciones sociales, este asentamiento campesino conmemora 12 años de lucha por el derecho a la tierra para trabajar y vivir. 

El pasado fin de semana (del 14 al 16 de abril) en un trabajo conjunto entre este TCU y la organización comunitaria, se llevaron a cabo diversas actividades que recuperan tradiciones de ocio y diversión propios de su cultura campesina y nicaragüense, como una forma de encuentro y fortalecimiento de la lucha.

La historia de este asentamiento ha servido de ejemplo para el surgimiento de procesos de organización campesina en la zona, como la Alianza Campesina del Norte, integrado por 7 nuevos asentamientos de familias que exigen tierra para trabajar y vivir.  

La experiencia de acompañamiento a ese proceso organizativo, nos enseña a nosotros, estudiantes y ciudadanos, que el avance en materia de derechos humanos es posible a través de la organización colectiva, la cual nace de la denuncia, la autogestión de los pueblos  y la articulación de redes institucionales.  

En el marco de esa doceava celebración, se llevó a cabo el Encuentro Campesino Nacional, el cual contó con la participación de más de 300 personas de los asentamientos que integran la Alianza Campesina, además de distintas delegaciones de sindicatos y organizaciones civiles. 

En este encuentro, las personas campesinas establecieron, por unanimidad, una serie de acuerdos que fortalecen y direccionan su lucha: 

• Que la Alianza Campesina prepare una jornada para presionar al gobierno y al INDER, con el fin de iniciar el proceso de expropiación.
• La oposición al gobierno proempresarial de Rodrigo Chaves, quién rompió la mesa de diálogo.
• Se declaró la organización independiente del gobierno y los grandes empresarios.
• La denuncia de la violencia estatal, empresarial, policial y de la seguridad privada contra las personas campesinas.
• La lucha por una reforma agraria que garantice el derecho a la tierra para quien la trabaja. 
• Que habrá una representación de la Alianza en la marcha del 1 de mayo, Día Internacional de la Persona Trabajadora.