Cuatro candidaturas apoyan la protección de fondos de pensiones del magisterio
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La Asociación Jubilados en Acción consultó a aspirantes a la Presidencia sobre una iniciativa para evitar nuevos desvíos de recursos y reconocer el carácter contributivo del Régimen Transitorio de Reparto (RTR)
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AJA advierte que la falta de respaldo político perpetúa congelamientos, recortes y una narrativa que los presenta injustamente como “pensionados de lujo”, pese a haber cotizado durante décadas.
De un total de veinte candidaturas a la Presidencia de la República consultadas, únicamente cuatro manifestaron respaldo expreso a una propuesta presentada por los jubilados del Magisterio Nacional para proteger los fondos de pensiones, evitar nuevos desvíos de estos recursos y defender lo cotizado a lo largo de la vida laboral. Así se concluye luego de que la Asociación de Jubilados en Acción del Magisterio Nacional (AJA) diera seguimiento a un documento remitido a los equipos de campaña luego del debate convocado por la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA) en noviembre anterior.
Las candidaturas que sí apoyaron la solicitud fueron Ana Virginia Calzada, Ronny Castillo y Douglas Caamaño. Asimismo, desde el Frente Amplio, el candidato Ariel Robles manifestó que, de resultar electo, descongelaría las pensiones para que estas recuperen su ajuste anual por costo de vida, al considerar injusto profundizar las afectaciones sobre personas pensionadas que ya enfrentan dificultades económicas.
En contraste, Luis Amador, Juan Carlos Hidalgo y Boris Molina indicaron que no se adherirían a la propuesta. Un tercer grupo respondió sin adherirse, pero sin rechazar la propuesta —Claudio Alpízar, Fernando Zamora, José Aguilar, Luz Mary Alpízar, Walter Rubén Hernández, Marco Rodríguez, Eli Feinzaig y Laura Fernández—, mientras que Álvaro Ramos, Claudia Dobles, Natalia Díaz, Fabricio Alvarado y David Hernández no enviaron ninguna respuesta.
La consulta de AJA pedía a las candidaturas firmar y respaldar públicamente un pronunciamiento con tres compromisos concretos:
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Reconocer que las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) corresponden a montos por los que se cotizó, y que deben pagarse como compensación por los recursos aportados por el Magisterio y utilizados para otros fines por el Estado, sin recortes ni manipulaciones indebidas.
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Condenar el manejo patrimonialista de los fondos de pensiones, reconociendo el desvío histórico de aportes realizados por los docentes y la necesidad de corregir esa distorsión.
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Apoyar un proyecto de ley que declare inviolables los fondos de pensiones y que tipifique como delito imprescriptible, con sanciones penales, cualquier desvío de recursos destinados al sustento de las pensiones.
“Los jubilados del Régimen de Reparto no somos pensionados de lujo. Somos trabajadores que cotizamos conforme a la ley durante décadas, en muchos casos con tasas superiores a otros regímenes, y que hoy seguimos aportando incluso después de jubilados. No estamos pidiendo privilegios: estamos defendiendo lo que se cotizó y que fue utilizado para otros fines”, señaló Miguel Sobrado, presidente de AJA.
AJA recuerda que, entre 1958 y 1992, las cuotas del personal docente no se constituyeron en un fondo de pensiones autónomo, sino que fueron utilizadas por el Estado para otros fines. Ante la inexistencia de dicho fondo, el pago de las pensiones pasó posteriormente a financiarse con cargo al Presupuesto Nacional bajo el RTR, lo que dio pie a interpretaciones erróneas que las catalogaron como “pensiones de gracia” y derivó en recortes, topes, contribuciones solidarias y congelamientos, incluso frente al costo de la vida.
Actualmente, cerca de 30.000 jubilados del Magisterio no han recibido ajustes por inflación en más de cinco años, pese a estándares internacionales que recomiendan preservar el poder adquisitivo de las pensiones. Para AJA, el bajo respaldo político a la propuesta evidencia una falta de voluntad para corregir una distorsión histórica y proteger fondos que, por su origen contributivo, no deberían volver a ser objeto de desvíos.
La organización insiste en que estas pensiones no constituyen privilegios, sino una compensación por recursos utilizados para otros fines, y anuncia que intensificará su agenda pública y legislativa para promover un proyecto de ley que blinde estos recursos, reiterando su disposición al diálogo con todas las fuerzas políticas.