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Etiqueta: consejo consultivo ciudadano

Pronunciamiento de la Universidad Nacional en torno a la Opinión Consultiva ante la CIDH

  • Pronunciamiento de la Universidad Nacional en torno a la Opinión Consultiva sobre identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*

 

La Universidad Nacional-UNA, como institución de educación superior pública comprometida con los valores de libertad, diversidad, justicia, fraternidad, igualdad y respeto a los derechos humanos, respalda la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- (OC-24/17, 9 de enero de 2018), mediante la cual resolvió que “el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo”, así como el derecho a la identidad de género y procedimientos de cambio de nombre.

Pronunciamiento de la Universidad Nacional entorno a la Opinion Consultiva ante la CIDH3

Como institución generadora de conocimiento no podemos ignorar la histórica y sistemática anulación o menoscabo en el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos humanos y de las libertades fundamentales, que ha sufrido la comunidad LGBTI a lo largo de muchos años. En particular, en cuanto al respeto de su orientación sexual, la protección de su identidad y expresión de género y los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo, sin obviar otras figuras jurídicas que pueden resultar estigmatizantes, inferiorizantes y discriminatorias. Al respecto, se hace urgente la adopción de mecanismos procesales expeditos y no discriminatorios para el ejercicio del derecho a la identidad y la expresión de género.

La UNA, en apego a los principios de libertad, justicia y paz que promueve la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Pacto de San José), comparte el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la especie humana, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, respetando el pluralismo cultural, religioso, ideológico y político propio de una sociedad compleja como la nuestra.

Pronunciamiento de la Universidad Nacional entorno a la Opinion Consultiva ante la CIDH2

Es responsabilidad de los Estados parte del Pacto de San José, como bien ha hecho el Gobierno de la República de Costa Rica al formular la solicitud de opinión consultiva, garantizar y respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción.

En consecuencia, la resolución (OC-24/17) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se pronuncia reconociendo los derechos a la igualdad, a las libertades fundamentales y a la no discriminación de las personas LGBTI. En consecuencia, establece el respeto de la orientación sexual como ejercicio de la autonomía personal, en función del principio de igual dignidad de las personas. De esta forma, el Estado costarricense ha de proteger el reconocimiento de la personalidad jurídica, el nombre y la identidad de género auto percibida de la persona LGBTI; así como de su libertad de expresión de género. Por otra parte, se extiende dicho reconocimiento a los derechos, no solo patrimoniales, de las parejas del mismo sexo; se entiende además en un sentido amplio y no restrictivo al concepto de familia.

Comprometidos con el carácter vinculante que tienen los pronunciamientos de la Corte Interamericana, tanto de las sentencias en sede contenciosa como de las opiniones en sede consultiva, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la República de Costa Rica, la Universidad Nacional de Costa Rica se compromete a promover y apoyar con todos los medios disponibles la urgencia de armonizar la legislación, los reglamentos y las disposiciones institucionales en el país, para cumplir a cabalidad con los alcances de la resolución OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, evitando así toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que pueda anular o menoscabar el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales por parte de la comunidad LGBTI.

A la vez, hacemos un vehemente llamado a la comunidad nacional para que impere el respeto, el reconocimiento recíproco y la convivencia pacífica y equitativa, evitando cualquier manifestación de intolerancia y de violencia, en particular contra las personas de la comunidad LGBTI.

Dr. Alberto Salom Echeverría Rector Universidad Nacional UNA

*CIRCULARUNA-R-CIRC-3-2018

 

Enviado por MSc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

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Pronunciamiento sobre Consejo Consultivo Ciudadano de Cambio Climático, conocido como “5C” de Costa Rica

Hoy jueves 23 de noviembre se llevará a cabo una reunión, convocada esta misma semana por el MINAE, en la cual el sector ecologista y de conservación de la biodiversidad deberá elegir a quienes le representarán en el Consejo Consultivo Ciudadano de Cambio Climático, conocido como “5C”, que fue creado mediante el decreto ejecutivo N°40615. Este Consejo, según el decreto, será una instancia de auditoría ciudadana a cargo de analizar, discutir y apoyar el trabajo de los diferentes ministerios, en cumplimiento de la Ley número 9405 que refrenda el Acuerdo de París de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

La convocatoria se realizó con muy poco tiempo y hubo poca difusión” declaró Mariana Porras de COECOCEIBA-Amigos de la Tierra Costa Rica. “Esto, no permite que las organizaciones podamos discutir cómo puede darse nuestra participación y quienes podrán representarnos a nuestras organizaciones y al trabajo que realizamos sobre todo a aquellas que trabajamos y construimos junto a muchas organizaciones comunitarias que no cumplen con requisitos formales para participar en esta instancia como lo es, estar registradas ante el Registro de Asociaciones, pero que aportan día a día al cuidado de sus territorios y en la lucha contra las causas que provocan el cambio climático” añadió Porras.

La convocatoria a esta elección no solo es tardía sino que contrasta con lo establecido en el decreto de conformación del Consejo: mientras en el decreto se presentan los requisitos, la carta solo invita a participar generando gran confusión. “No entendemos por qué la convocatoria se hace con tan poca antelación y además dejando por fuera a importantes organizaciones ecologistas del país ya que creemos que todas tienen algo que aportar sobre esta crisis climática, especialmente las que vienen de comunidades afectadas por esta crisis ambiental y cuyas voces al parecer no serán escuchadas” terminó Porras.

Creemos que la convocatoria a esta reunión debe ser cancelada y en su lugar, el MINAE como autoridad, debe convocar a una nueva reunión con tiempo suficiente para que las organizaciones puedan prepararse. Esta convocatoria debe ser amplia. Así, el gobierno de la acción ciudadana podrá hacer honor a uno de los pilares por los cuales fue electo y hacer del Derecho Humano a la participación ciudadana un derecho y no un slogan.

Además, sobre el tema de cambio climático y las causas que lo provocan nos preocupa:

  • En esta comisión se dedicará a monitorear la ejecución del Acuerdo de París acordado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que creemos que pudo ser mucho más ambicioso. Este acuerdo permite a los gobiernos elegir sus propias metas y no existe un mecanismo global para garantizar que todos esos acuerdos voluntarios contribuirán a una reducción global de gases de efecto invernadero que sea suficiente para lograr la meta oficial de no sobrepasar los 2°C de calentamiento. Por el momento, incluso en caso de que se cumplieran las promesas realizadas (y aquí el “en caso de” es una condicionante muy importante), probablemente conducirán a un calentamiento desastroso de 2,7 a 3,5°C.
  • Además, a pesar del mensaje positivo en gran parte de los medios, el Acuerdo de París no contribuye a la justicia climática: es un acuerdo débil que permite a los países ricos eludir sus obligaciones de implementar una cuota justa de reducción de emisiones y de proporcionar financiamiento para la transformación energética y la adaptación a los países en desarrollo, sobre la base de su responsabilidad histórica. Más aún, prácticamente no hay cifras o metas claras en el texto para garantizar una acción ambiciosa frente al cambio climático.
  • La importancia de la Equidad y las ‘Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas’ (un elemento histórico de enorme importancia) fue socavada. En términos generales, el Acuerdo de París no da respuesta a las demandas populares que exigen una transformación sistémica de nuestras sociedades, nuestras economías y nuestro mundo.
  • En la COP23 que se celebró hace unos días, terminó con metas también poco ambiciosas, se esperaba que avanzara en la financiación climática y el apoyo a las personas que ya habían sido afectadas por el cambio climático en el sur global (pérdidas y daños) como un legado único de la presidencia del pequeño estado insular de Fiji. Pero se progresó muy poco en estos temas. Después de 6 años de estancamiento (desde la COP17) la negociación de nuevos mecanismos de mercado progresó rápidamente durante la COP e incluye elementos alarmantes como el traspaso de una gran cantidad de créditos del Protocolo de Kyoto, reglas de compensación del MDL, bosques tropicales / REDD + entre otros.

Las organizaciones ecologistas, seguiremos aportando y denunciando las causas que provocan el cambio climático y las soluciones al mismo. Algunas como el manejo comunitario del bosque y la agroecología ya existen en nuestro país y son fortalecidas día a día por muchas comunidades y organizaciones. Creemos además que es necesario un cambio importante en el patrón de producción y dejar el consumismo.

Es de trascendental importancia incluir a las comunidades campesinas y Pueblos Indígenas para construir una visión crítica común para que sean los propios actores quienes tomen las decisiones sobre lo que puede o no pasar en su territorio. Es necesario apoyar propuestas para la defensa y la recuperación de los bienes comunes, y esto implica el respeto de los derechos de las comunidades campesinas e Indígenas así como el reconocimiento del papel fundamental que desempeñan en la toma de decisiones relativas a sus bienes naturales.

Para mayor información: Mariana Porras, COECOCEIBA – Amigos de la Tierra al teléfono: 8302236 y al correo mariana@coecoceiba.org

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de cienciados.com

Enviado por Coecoceiba.

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