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Etiqueta: Consejo Superior de Educación

Instituto de Estudios de la Mujer de la UNA alerta sobre retroceso en educación y derechos humanos

UNA Comunica. 27 de enero de 2024. El Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA) manifiesta su profunda preocupación ante la reciente decisión del Consejo Superior de Educación de eliminar los Programas de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral, así como el Protocolo de Atención de Bullying contra la población LGTBIQ+. Estas medidas representan un retroceso significativo en la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia y arriesga importantes avances en salud sexual, prevención de la violencia, promoción de la igualdad y atención de la discriminación.

Desde su implementación, estos programas han sido herramientas esenciales para el desarrollo integral de las juventudes, al abordar temas clave como: cambios biológicos y psicológicos de la adolescencia, diversidades sexo-genéricas, prevención de la violencia basada en género y violencias sexuales, salud sexual y reproductiva, que incluye la educación sobre métodos anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual y protocolos claros para prevenir y abordar el bullying por orientación sexual o identidad de género.

La decisión de eliminar estos contenidos contradice las recomendaciones de las altas instancias internacionales en derechos humanos y la normativa vigente en Costa Rica como la Convención CEDAW, la Convención Belém do Pará y la Convención Americana de Derechos Humanos.

El Programa de Afectividad y Sexualidad Integral ha demostrado su eficacia en la reducción de embarazos adolescentes. Según el informe Estado de la Nación de 2022, la tasa de nacimientos en adolescentes disminuyó de un 19% en 2012 a un 9% en 2021, un “logro país que debemos cuidar”, según resalta el documento. De igual manera, el Protocolo de Atención de Bullying ha sido un pilar clave para combatir la discriminación, el bullying y la violencia que enfrentan las personas jóvenes LGTBIQ+, garantizando un ambiente educativo más inclusivo y seguro.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) justificó estas decisiones bajo la premisa de que la educación sexual es responsabilidad primaria de las familias y que el programa tenía un enfoque “erótico” inapropiado. Sin embargo, estas afirmaciones no están respaldadas por evidencia concreta y parecen ignorar el impacto positivo de los programas en el bienestar y la formación de las juventudes.

La ausencia de educación integral en sexualidad y la eliminación de protocolos específicos expone a las personas jóvenes a mayores riesgos de abuso sexual, relaciones impropias y otras formas de violencias por razones de género, discriminación y embarazos no deseados. Además, debilita el reconocimiento y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGTBIQ+, lo que perpetúa las desigualdades estructurales en nuestra sociedad.

Instamos al Consejo Superior de Educación y al MEP a reconsiderar estas decisiones y garantizar que los programas educativos contemplen una formación integral, así como protocolos inclusivos que preparen a las juventudes para enfrentar los desafíos del presente y el futuro en el marco de las obligaciones internacionales de derechos humanos y los estándares de las instancias correspondientes como la Corte IDH y el Comité CEDAW.

La educación sexual y afectiva no es un adicional, sino un derecho fundamental que contribuye a la construcción de una sociedad más igualitaria, justa y libre de violencia y el Estado de Costa Rica tiene la obligación de reconocerlo y garantizarlo.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

El SEC solicita a la ministra reactivar el Consejo Superior de Educación

Comunicado

El SEC solicita a la señora ministra de Educación Pública y al señor presidente de la República, nombrar urgentemente una persona exministra de educación que corresponda, en el Consejo Superior de Educación (CSE), en sustitución de Guillermo Malavassi, quien renunció al finalizar el 2023 dejando a dicho órgano constitucional sin quórum y en consecuencia, sin poder sesionar para ejercer las funciones de ente Rector de la Educación costarricense.

Nuestra educación atraviesa por la peor crisis institucional de los últimos 50 años. El 9° Informe del Estado de la Educación (2023) recordó que: “…La crisis educativa, ya advertida en el informe previo (2021), se ha profundizado en materia de gestión, recursos e inversión. Ello ha creado una coyuntura decisiva para el presente y futuro del sistema educativo. De no actuarse con urgencia, se seguirá desplegando un sendero de involución hacia una educación de menor calidad y accesos excluyentes para amplios segmentos de la población. Ese curso afectará profundamente el rumbo del país en las próximas décadas…”

Por su parte, la Contraloría General de la República en su informe sobre la planificación integral del sistema educativo del 15 de diciembre 2023 concluyó, que la educación costarricense se encuentra sin rumbo cierto y que carece de dirección y de orientación, ordenando ante dichas falencias: “… Analizar, discutir, aprobar en sesión del Consejo Superior de Educación, oficializar y divulgar, la Política del sistema educativo con enfoque prospectivo que oriente la planificación integral de mediano y largo plazo, (…) divulgar las decisiones tomadas para su implementación y remitir a la Contraloría General, una certificación en la que consten los acuerdos sobre dicha propuesta y su divulgación, en un plazo dos meses una vez remitida la Política al citado Consejo…”

La renuncia del señor Malavassi quien durante más de un año ejerció en representación de los intereses de las empresas privadas en servicios de educación y plegado a las decisiones erráticas de la ministra -, es una oportunidad para que el Poder Ejecutivo designe una persona pedagógicamente competente, que represente los intereses de la educación nacional, sin tomar bandería en favor del capital privado que invierte en educación.

Hacemos un llamado para que, con la nueva representación del CSE, se corrija el lamentable error de haber entregado dicho asiento a las grandes universidades privadas y que se designe ahora una persona objetiva y neutral, que se interese por la educación pública del país.

Es también una oportunidad para que la UCR y el MAGISTERIO NACIONAL, representados en el CSE revisen la participación de sus representantes y asuman a partir del presente año, una actitud independiente del Gobierno ejerciendo un contrapeso político – pedagógico que permita retomar el rumbo de la educación pública costarricense. ¡Nuestro país no resiste más improvisaciones!

Estudiantes de secundaria presentan acción administrativa ante Consejo Superior de Educación

  • Falta de rigor técnico de las pruebas estandarizadas son principal motivo para presentar la solicitud al CSE.
  • Denuncian el uso de fuerza policial y manipulación jerárquica del gobierno para amedrentar a las personas estudiantes de secundaria en avanzar en la defensa de la educación pública y la solicitud de que se suspendan por el año 2023 las pruebas estandarizadas.
  • Estudiantes hacen llamado a toda la comunidad estudiantil, comunidades del país, a unirse en la lucha y mantener las medidas de presión ante el gobierno.

El jueves 10 de agosto 2023, en el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) del Colegio de Abogados y Abogadas, una delegación importante de estudiantes de secundaria de todo el país, demandan una terrible improvisación con las pruebas estandarizadas presentadas por el MEP, pues las mismas no han sido validadas con el rigor técnico necesario antes de ser aplicadas, y además, no cuentan con la aprobación previa del Consejo Superior de Educación como consta desde que se aprobó su aplicación.

Las personas estudiantes de secundaria mediante una acción administrativa presentada ante el Consejo Superior de Educación el miércoles 09 de agosto, solicitaron la suspensión de las pruebas nacionales estandarizadas hasta tanto los instrumentos de medición y la técnica de evaluación sean sustentados científicamente y validados mediante un pilotaje.

Entre las razones más importantes que justifican la solicitud de suspensión se encuentra:

  • Sobre el derecho a la educación, a un servicio educativo regular y a una evaluación objetiva. El derecho de las personas estudiantes a que se les brinde un servicio educativo de calidad, con sujeción a los principios propios del servicio público que son: continuidad, igualdad, eficiencia, adaptabilidad, gratuidad y universalidad. (Artículos números 1 y 4 de la Ley Fundamental de Educación, 77 y 78 de la Constitución Política, 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 13 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, 26 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, 28 y 29 de la Convención de los derechos del niño; y artículo 13 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales, y culturales [Protocolo de San Salvador], entre otras disposiciones de derecho interno y de la convencionalidad internacional de los derechos humanos).
  • La prueba nacional estandarizada realizada en el primer semestre y prevista originalmente para repetirse en el segundo semestre y la técnica de evaluación utilizada no está sustentada científicamente, ni validada por un peritaje confiable. Según oficio sin número, fechado 7 de febrero 2023, suscrito por 11 asesores y asesoras nacionales del Departamento de Evaluación Académica y Certificación de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP. El oficio N° DVM-AC-DDCDTCED- 030-2023, del 16 de febrero del2023, que contiene el criterio técnico sobre el proceso de macro evaluación 2023, de las asesorías nacionales del Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada de la Dirección de Desarrollo Curricular del MEP. Y Oficio N° CNR-PEN-033-2022 del 22 de febrero del 2023, por medio del cual el Estado de la Educación emplaza al Consejo Superior de Educación y le solicita la información técnica que justifica la nueva macro evaluación.
  • El resultado de la prueba nacional estandarizada aplicada en el primer semestre, carece de validez académica y de utilidad para la mejora educativa.
  • Las modificaciones introducidas en el instrumento y en las técnicas de valoración, rompen la continuidad del proceso de evaluación y constituyen una prueba totalmente nueva y diferente a la aplicada en el primer semestre.
  • Existen errores de planificación y de ejecución en la implementación de la prueba que no se han resuelto.
  • En dichas pruebas, no se respetan los derechos de personas estudiantes con necesidades especiales y personas migrantes, ni las diferencias de oportunidad por la falta de acceso a la conectividad. Por ejemplo; ¿Qué criterios se utilizaron para justificar que se excluyeran de la realización de estas pruebas a personas estudiantes en condición de discapacidad y a personas migrantes?
  • La aplicación de la prueba nacional estandarizada con valor sumativo y efecto en la promoción académica, tendrá efecto discriminatorio y mayor exclusión educativa. Si se mantienen afectará a miles de personas estudiantes, quienes después de reprobar una prueba de esta trascendencia, difícilmente vuelvan a incorporarse al sistema educativo.
  • Estudiantes reconocen la importancia de las pruebas estandarizadas bien diseñadas, científicamente sustentadas y debidamente validadas como herramienta para la mejora continua del sistema educativo nacional.

No obstante, las y los estudiantes en Costa Rica mantiene las medidas de presión y protesta hasta que sean eliminadas las pruebas estandarizadas, insisten en que no cederán ante el uso de la fuerza y la intimidación del gobierno, como así se demostró el día de 07 de agosto, con incidentes violencia y represión policial a estudiantes manifestantes a las afueras de Casa Presidencial.

Así se expone en el documento de descargo el día 08 de agosto por la Confederación Nacional de Estudiantes de Secundaria, quienes denuncian violencia policial, manipulación, desinformación y presión para firmar acuerdo con gobierno. Se cita textualmente parte del descargo circulado en redes sociales y medios de comunicación.

‘’Después de dos horas en que las autoridades nos negaron todas nuestras peticiones, nos presentaron un documento con 8 acuerdos para que los firmáramos. Dado el cansancio y la presión en que nos encontrábamos, aceptamos firmarlo para evidenciar la falta de seriedad de los viceministros al comprometerse a modificar los componentes de la prueba estandarizada para que “cada pregunta tenga menor valor y mayor posibilidad de aceptar y aprobar…” Queda así evidenciado lo que hemos dicho durante todo el año: que en el diseño de esas pruebas no hay ningún rigor técnico y que no son fiables porque no responden a ningún modelo de evaluación reconocido, sino a las improvisaciones de autoridades políticas que no conocen de la materia educativa y que con total irresponsabilidad se comprometen a modificarlas, asumiendo las competencias que son propias del Consejo Superior de Educación’’.

Finalmente hacen un gran llamado a toda la comunidad estudiantil, comunidades del país, docente y administrativo del MEP a unirse en la lucha y mantener las medidas de presión ante el gobierno, no solo para la suspensión de las pruebas que atentan con los derechos educativos de las personas, también a defender el sistema público de educación frente a una gran crisis educativa expresada en necesidades de infraestructura, calidad educativa, transporte y alimentación, así como que se puedan garantizar el 8% para la educación por mandato constitucional.

Los resultados de las pruebas estandarizadas reportados por el MEP carecen de utilidad diagnóstica y educativa

Pronunciamiento

La Comisión Interinstitucional de Estándares de Calidad para Pruebas Estandarizadas de Alto impacto en el Contexto Académico y Profesional Costarricense, y el Colectivo Mujeres por Costa Rica, comunican:

Que la información oficial suministrada públicamente por el Ministerio de Educación Pública (MEP), sobre los resultados de las Pruebas Nacionales Estandarizadas (PNE) para estudiantes de primaria y de secundaria, donde se clasifica a las personas estudiantes en tres niveles, llamados Básico, Intermedio y Avanzado, habiéndose evaluado cada asignatura con un máximo de ocho ítems de selección única, y sin ninguna explicación sobre la metodología utilizada, imposibilita cualquier intento de generar, en forma válida, interpretaciones útiles y confiables para diagnosticar el logro educativo, por parte del estudiantado. A todas luces, lo que puede evaluarse con un número tan escaso de ítems, es solo un fragmento muy reducido del conjunto de aprendizajes meta establecidos en los programas de estudio vigentes.

Tampoco se ha explicado la justificación para los nombres, tan contundentes, dados a estos niveles de desempeño, pues la denominación de básico, intermedio o avanzado en una disciplina de estudio particular, no debe ser arbitraria y debe basarse en un sólido marco de referencia. Asimismo, la analogía, pueril y simplista, brindada por las autoridades del MEP para explicar su significado por medio de los tres colores de un semáforo, solo contribuye a reforzar su ausencia de utilidad educativa y rigurosidad científica.

Aunado a lo anterior, el reportar únicamente los resultados agregados a nivel del centro educativo y no por estudiante, impide que las personas docentes, y el mismo estudiantado, puedan valorar y atender de manera individual el desempeño estudiantil, con el propósito de mejorar sus aprendizajes.

Más aún, la escasa cantidad de ítems de selección única utilizados para evaluar cada asignatura, muy probablemente está provocando que una parte relevante de los resultados estén afectados por el mero azar, al existir, para cada pregunta, una probabilidad de respuesta correcta de un tercio, cuando se elige una de las tres opciones al azar, es decir adivinando.

Así las cosas, los resultados reportados pueden conducir a conclusiones equivocadas, dejando a la imaginación de cada persona lectora su posible significado. A partir de esta situación es posible prever la generación de consecuencias negativas para el proceso educativo estudiantil y en la toma de decisiones de política educativa.

Debe recordarse, además, que estas pruebas tampoco contaron previamente con una tabla de especificaciones, que incluyera los contenidos y los procesos a evaluar, así como la ponderación o puntuación para cada ítem, ejercicio o pregunta.

En comunicados anteriores nuestros equipos ya habían alertado sobre las deficiencias técnicas de estos exámenes y lo presentado hasta ahora confirma nuestras valoraciones iniciales.

En esas comunicaciones previas, también indicamos que las descripciones sustantivas de desempeño, generadas con la necesaria rigurosidad técnico-científica, son uno de los elementos esenciales con que debe contar una prueba estandarizada educativa.

Así, la prueba estandarizada educativa debe proveer, además de la nota numérica, una descripción cualitativa, válida y confiable, de lo que representan esos puntajes numéricos en términos del desempeño estudiantil, es decir, contestar a la pregunta, ¿qué puede o no hacer la persona examinada de acuerdo con el puntaje obtenido? Evidentemente tales descripciones son relevantes para la toma de decisiones sobre las personas examinadas y para las autoridades responsables de la política educativa.

Especialmente si se trata de fines diagnósticos, tal como era el alegado propósito de estas pruebas, se requiere que la prueba contenga un número suficiente de ítems o preguntas para representar adecuadamente los niveles de desempeño que se pretenden interpretar, máxime si se trata de contenidos curriculares que abarcan ciclos lectivos completos.

Además, es importante que, para el análisis de los resultados se empleen modelos de medición que permitan generar esas descripciones de manera confiable y científicamente defendible, como por ejemplo el modelo de Rasch.

Para ilustrar, en el caso de las pruebas PISA para el área de Alfabetización Científica, se definen seis niveles de desempeño que claramente describen las competencias específicas requeridas para ubicar allí a una persona examinada. Por ejemplo, se indica que las personas en el nivel 4 “trabajan con eficacia en situaciones y problemas que pueden involucrar fenómenos explícitos requeridos para hacer deducciones sobre el papel de la ciencia o la tecnología. Seleccionan e integran explicaciones de diferentes disciplinas de ciencia o tecnología, y vinculan estas explicaciones directamente con los aspectos de la vida cotidiana. Las personas estudiantes en este nivel reflexionan sobre sus acciones y comunican sus decisiones utilizando el conocimiento y la evidencia científica[1].”

Entonces, según se infiere de la información que se ha hecho pública, es preocupante que de los escasos recursos destinados a la educación se haya gastado una cantidad considerable en la construcción y aplicación de pruebas que no brindan evidencia de utilidad sustantiva para la toma de decisiones y la mejora de los aprendizajes del estudiantado, y que más bien pueden conducir a conclusiones equivocadas sobre estos. De igual manera, lamentamos todo el tiempo y esfuerzo empleados en la aplicación de estas pruebas, con tantas deficiencias técnicas, cuando se pudieron dedicar a los procesos de enseñanza y aprendizaje, canalizando recursos para elaborar planes, debidamente fundamentados, que orienten la recuperación educativa.

En este contexto, algunos de los principales cuestionamientos que el MEP y el Consejo Superior de Educación están obligados a responder ante la sociedad costarricense son:

1- ¿Qué evidencia de validez puede proveer para justificar una evaluación diagnóstica de cada estudiante, con únicamente entre 6 y 8 ítems de selección única por asignatura, y cubriendo los aprendizajes correspondientes a ciclos lectivos completos?

2- ¿Qué metodología se siguió para la creación de los tres niveles de desempeño que se reportan y cuál es su validez técnico-científica?

3- ¿Qué justificación técnico-científica fundamenta la decisión de nombrar esos tres niveles de desempeño como Básico, Intermedio y Avanzado?

4- ¿Qué evidencia existe sobre el grado de validez de contenido de estas pruebas?, es decir ¿en qué medida cubren apropiadamente los aprendizajes establecidos en los programas de estudio, los cuales están diseñados según habilidades?

5- ¿Cuál es la justificación para definir únicamente tres niveles de desempeño cuando la mayoría de las pruebas estandarizadas educativas a nivel internacional utilizan al menos cinco niveles, con el propósito de arrojar información más precisa?

6- ¿Qué uso y qué utilidad se espera que den los centros educativos y las personas docentes a los resultados reportados de las pruebas?

7- ¿De qué forma el MEP y el Consejo Superior de Educación utilizarán los resultados reportados de las pruebas para realimentar las políticas educativas que contribuyan al mejoramiento de nuestro sistema educativo?

8- Estas pruebas solo evaluaron, en cada estudiante, fragmentos muy reducidos de todos los aprendizajes propuestos en los programas de estudio. ¿De qué forma se va a obtener información, válida y confiable, sobre el logro de esos otros aprendizajes, que son la gran mayoría, y no están representados en estos exámenes? Dichos aprendizajes no solo incluyen dimensiones cognitivas sino también actitudinales.

9- ¿Qué criterios se utilizaron para justificar que se excluyeran de la realización de estas pruebas a personas estudiantes en condición de discapacidad y a personas migrantes?

Hacemos un llamado a la opinión pública, especialmente a docentes, estudiantes, padres y madres de familia, para que, asumiendo su legítimo derecho a una educación de calidad, exijan al MEP y al Consejo Superior de Educación, evaluaciones educativas estandarizadas con rigurosidad científica y equidad, que permitan mejorar los aprendizajes del estudiantado de manera integral, y que no perjudiquen sus posibilidades de promoción en la educación regular, considerando las grandes desigualdades en sus oportunidades de aprender.

Por la Comisión Interinstitucional de Estándares de Calidad para Pruebas Estandarizadas de Alto Impacto en el Contexto Académico y Profesional Costarricense:

Graciela Ordóñez Gutiérrez. Doctora en Educación, máster académica en Evaluación Educativa

María Julieta Solórzano Salas. Doctora en Ciencias de la Educación, máster en Evaluación Educativa

Eiliana Montero Rojas. Doctora en Evaluación Educativa

Diana Arce Flores. Doctora en Ciencias de la Educación, máster en Evaluación Educativa, administrativa-docente

Sandra Zúñiga Arrieta. Máster en Evaluación Educativa, educadora

Allen Quesada Pacheco. Doctor en Currículo e Instrucción, M.Sc. en Tecnología Educativa, Programa de Evaluación en Lenguas Extranjeras (ELM)

Katalina Perera Hernández. Docente e investigadora, doctora en Educación con énfasis en Mediación Pedagógica

M.Sc. María del Rocío Ramírez González. Analista curricular

MTE. Juan Carlos Mora Hernández. Máster en Tecnología Educativa (ITESM), educador pensionado

Dra. Vanessa Smith Castro. Psicóloga, Instituto de Investigaciones Psicológicas, Escuela de Psicología, Universidad de Costa Rica

María Paula Villarreal Galera. Máster en Evaluación Educativa

Yency Calderón Badilla. Profesora, máster académica en Evaluación Educativa

Luis Miguel Rojas Torres. Doctor en Educación, máster en Estadística, Escuela de Matemática e Instituto de Investigaciones Psicológicas, Universidad de Costa Rica

Laura Jiménez Umaña. Máster en Evaluación Educativa, investigadora y evaluadora

Por el Colectivo Mujeres por Costa Rica:

Dra. Susan Francis Salazar

Dra. Alicia E. Vargas Porras

Dra. Yamileth González García

Dra. Yolanda Rojas Rodríguez

Dra. Lupita Chaves Salas

Dra. Tania E. Moreira Mora

M.Ed. Melania Monge Rodríguez

Lic. Josefina Pujol Mesalles

Dra. Virginia Ramírez Cascante

Lic. Vera Sancho Mora

M.Sc. Karla Salguero Moya

Dra. Eiliana Montero Rojas

San José, 24 de julio de 2023.


[1] Tomado de “El programa PISA de la OCDE: Qué es y para qué sirve.” https://www.oecd.org/pisa/39730818.pdf

Educación: camino andado y desafíos del presente

Mujeres por Costa Rica

Costa Rica ha forjado su historia y desarrollo a lo largo de sus 200 años de vida independiente, con la educación como uno de sus pilares fundamentales. Desde el siglo antepasado hubo extraordinarios logros, con la declaración de la educación gratuita y obligatoria para niños y niñas (1869) y la reforma promovida por don Mauro Fernández que puso a la escuela como el bien supremo de Costa Rica, por ser el lugar donde se fraguan la democracia y la cultura y se forma al ciudadano. En ese sentido, se promulgaron leyes como la Ley Fundamental de Instrucción Pública (1885) y la Ley General de Educación Común (1886). En el siglo XX, con la creación de la Escuela Normal en 1915 se planteó la formación de maestros para una educación para la vida. En 1940 se creó la Universidad de Costa Rica, definiéndose así la orientación de la educación superior pública, con su diversidad de saberes, su énfasis en investigación y su proyección social. En 1957 se promulgó la Ley Fundamental de Educación que orienta la educación hasta la fecha, bajo el concepto de la educación como un bien público indispensable para el desarrollo nacional. A lo largo de nuestra historia la educación se ha concebido como inversión, como instrumento de progreso humano y como la base del desarrollo y de la democracia.

¿Cómo enfrentar con perspectiva de urgencia y de largo plazo los desafíos de la educación costarricense ante un mundo de incertidumbres, agravadas por la pandemia de COVID 19, la rápida digitalización de los procesos, el cambio climático, las confrontaciones bélicas, las migraciones forzadas y el aumento de la pobreza, el narcotráfico y la violencia? Nuestra experiencia educativa cuenta con aportes importantes a considerar en atención a la compleja y difícil problemática que hoy enfrenta el país y para ello, lo primero es reconocer el camino andado y valorar lo que tenemos para así utilizar lo bueno que se ha construido a fin de resolver aquellos aspectos que requieren atención urgente.

El rezago educativo es grande y urgentes de atender son los problemas que se han detectado en la educación costarricense, pero el tiempo apremia y no se pueden desconocer ni desechar políticas, programas e iniciativas ya diseñadas e implementadas exitosamente. Es hora de actuar consensuadamente para atender los desafíos de la educación a corto plazo, contando para ello con la participación de comunidades, gremios, municipalidades, instituciones de diversa índole, juntas de educación, personal docente y poblaciones estudiantiles, pero también es tiempo de reconocer el marco trazado en el país por políticas educativas de vanguardia, históricas y actuales, que se plasman en programas y proyectos que hoy se realizan y que son pioneros en la región latinoamericana.

Esta reflexión parte entonces de lo que tenemos, para seguir enfrentando los retos.

A. Lo que tenemos:

El país hoy en día desarrolla una transformación educativa que ha sido reconocida por diferentes organismos internacionales como UNESCO, OCDE, UNICEF, CSUCA ya que se busca desarrollar habilidades y competencias en el estudiantado para enfrentar los retos del mundo complejo e incierto existente, conforme se indica a continuación:

  1. Se cuenta con una visión clara que orienta la ruta del desarrollo educativo. Se llama Educar para una nueva ciudadanía y fue construida desde el 2014 en consulta con diferentes grupos en todas las Direcciones Regionales Educativas del territorio nacional. Esta visión se sustenta en seis ejes:
  • La educación centrada en la persona estudiante,
  • La educación basada en los Derechos Humanos y en los deberes ciudadanos,
  • la educación para el desarrollo sostenible,
  • la ciudadanía planetaria con identidad nacional,
  • la ciudadanía digital con equidad social y
  • la evaluación transformadora para la toma de decisiones.

Educar para una nueva ciudadanía se expresa claramente en políticas debidamente aprobadas por el Consejo Superior de Educación. La política Curricular (2016) y la Política Educativa del 2017 (La persona: centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad) marcan claramente el camino hacia la construcción de una nueva ciudadanía y orienta los programas de estudio, los proyectos educativos institucionales, regionales y nacionales, y las diversas acciones educativas.

Además de las dos políticas mencionadas se han establecido otras como la política y plan de acción de Educación para el Desarrollo Sostenible (2020) y la Política Educativa para la Promoción de Idiomas. (2021)

  1. Renovación total del currículum. La política curricular está inmersa en más de 40 nuevos programas de reciente aprobación que hoy se ejecutan en una diversidad de asignaturas, además de alrededor de 80 nuevos programas de Educación Técnica bajo el Marco Nacional de Cualificaciones, todos debidamente aprobados por el Consejo Superior de Educación. Su elaboración ha estado a cargo de personal del MEP de todos los territorios del país, y se han integrado además apoyos de universidades nacionales e internacionales, ONG´S, embajadas (en especial para el diseño de programas de idiomas por competencias lingüísticas), academias y colegios profesionales entre otros.
  2. Hoy en Costa Rica la educación se orienta hacia el desarrollo de habilidades o competencias en el estudiantado. Se ha migrado de centrar el aprendizaje en contenidos de programas a buscar el logro de habilidades y competencias para un aprendizaje a lo largo de la vida, a través de saberes: saber vivir, saber conocer, saber convivir y saber integrarse al mundo. El conocimiento cambia continuamente y las experiencias son cada vez más novedosas y complejas por lo que la transformación educativa busca preparar a cada persona para su aprendizaje continuo.

Los nuevos programas integran trece habilidades en cuatro áreas del saber:

  • Las nuevas maneras de pensar: pensamiento crítico, pensamiento sistémico, aprender a aprender, resolución de problemas y creatividad e innovación,
  • las nuevas formas de vivir en el mundo: ciudadanía global y local, responsabilidad personal y social, estilos de vida saludable y vida y carrera,
  • las formas de relacionarse con otros: colaboración y comunicación y
  • las herramientas para integrarse al mundo: apropiación de tecnologías digitales y manejo de la información.

Cada habilidad tiene indicadores que permiten su trazabilidad en los nuevos programas y la evaluación integrada al aprendizaje.

Ejecutar el nuevo currículum ha sido un reto difícil, y más aún en periodo de huelgas y pandemia, porque se requieren metodologías innovadoras y mediación pedagógica que promueva el aprendizaje en el estudiantado. Sin embargo, hay camino andado, años de trabajo, participación de muchos profesionales, y nuestra transformación curricular ha sido reconocida internacional y nacionalmente, como una reforma ambiciosa y novedosa que se debe fortalecer.

  1. La formación docente. El país cuenta con un Marco Nacional de Cualificaciones para las Carreras de Educación, presentado en diciembre 2021 y actualmente hay muchas carreras de educación que ya cuentan con sus marcos específicos. Los marcos establecen los criterios generales y específicos para orientar la formación inicial y continua de docentes y gestores educativos en el desarrollo de habilidades para la vida, nuevas metodologías y enfoques educativos. Este esfuerzo es el resultado del trabajo colaborativo en donde se integraron el Colypro, el CONARE, el Estado de la Nación, SINAES, UNIRE, Servicio Civil, Consejo Superior de Educación y se invirtieron muchas horas y recursos en su desarrollo.

(https://cualificaciones.cr/mncce/images/documentos/carreras/MNCCE_DOCENCIA.pdf).

  1. La política el Centro Educativo de calidad como eje de la educación costarricense se ejecuta desde hace más de una década y orienta el quehacer educativo institucional hacia la calidad, en relación directa con su comunidad. Ciertamente se requiere mayor seguimiento y sobre todo urge el desarrollo de una plataforma educativa para integrar datos y hacer posible la toma de decisiones informadas y la rendición de cuentas de lo actuado en los diferentes centros educativos.
  2. En cuanto a la capacitación y apoyo didáctico, además del Instituto de Desarrollo Profesional (IDP) que brinda formación permanente al personal docente y gestores, a raíz de la pandemia se desarrolló la Caja de Herramientas, una plataforma en línea y de acceso libre que ha tenido más de un millón de visitas. Ahí se encuentra a disposición de toda persona una serie de ejercicios y materiales didácticos, documentos y diversa información y de apoyo para el personal docente, gestores educativos, estudiantes, padres y madres de familia, y público en general. https://cajadeherramientas.mep.go.cr/app/
  3. Con respecto a las tecnologías educativas y la integración de ambientes virtuales o híbridos a la educación, también existe camino andado. En la Política Curricular, uno de los ejes es el de la ciudadanía virtual con equidad social y los programas de estudio incluyen habilidades para la apropiación de las tecnologías digitales y el manejo de la información. El aprendizaje se orienta hoy hacia la construcción de conocimiento, en donde la mediación docente propicia en el estudiantado la autonomía, la cooperación, el intercambio de conocimiento, la criticidad en la escogencia de la información para generar aprendizajes. Además, para la implementación de este eje se estableció el Programa Nacional de Tecnologías Móviles Tecno@aprender, desarrollado en los últimos años en numerosos centros educativos en todos los territorios del país, de manera estratégica. Con la pandemia, se presentó la urgente necesidad de brindar la capacitación posible para el personal docente y gestor, y también se crearon una serie de apoyos virtuales que están en la Caja de Herramientas.
  4. Programas para la convivencia y permanencia estudiantil en centros educativos. Desde hace varios años existen protocolos y programas debidamente aprobados que se centran en los derechos humanos, la lucha contra la discriminación y que promueven la cultura de paz. Entre ellos están diversos protocolos para atender asuntos de bullying, tenencia de armas, violencia y acoso en los centros educativos, el programa Con Vos de acompañamiento a estudiantes en riesgo de abandonar el sistema educativo, el programa Convivir para atender la violencia en centros educativos, la promoción del Arte a través de festivales como el Festival Estudiantil de las Artes, los programas deportivos, las elecciones estudiantiles, entre otros.

En conclusión, es mucho el camino construido y muchos los retos existentes que ya están debidamente identificados.

B. Lo que necesitamos a corto plazo.

En este momento el MEP cuenta con diagnósticos suficientes y análisis disponibles para valorar la situación estudiantil y docente en todo el país. También existe una organización adecuada, tanto en las oficinas centrales como en las Direcciones Regionales, con funciones claras para llevar a cabo su labor. Se requiere, sin embargo, ante todo desarrollar mejores estilos de gestión en los diversos niveles, para avanzar en los logros de los objetivos nacionales con el apoyo de comunidades, organismos e instituciones diversas, y enfrentar integralmente los retos actuales de la Educación costarricense.

A corto plazo se destacan los siguientes retos:

  1. Desarrollar el Plan Integral de Nivelación Académica (PINA), 2022-2025 en donde se plasman una serie de acciones y mecanismos para atender la condición de rezago en los aprendizajes esperados de la población estudiantil y apoyo al personal docente. (https://recursos.mep.go.cr/2021/nivelacion_academica/)
  2. Conforme lo indica el Octavo Estado de la Educación, es urgente tomar acciones correctivas para contrarrestar la limitada aplicación de las reformas curriculares aprobadas por el Consejo Superior de Educación, pues el país merece dar el salto cualitativo que propone la transformación educativa planteada.
  3. La condición de pandemia ha dejado huellas emocionales en la población en general y existe un alto grado de frustración, violencia y conflicto en los centros educativos. Por ello es necesario fortalecer y desarrollar programas de apoyo para atender la salud mental de las comunidades educativas (estudiantes, gestores, docentes, familias), y enfatizar en uso de los medios pacíficos para la atención a las situaciones de conflicto.
  4. Consolidar un sistema de evaluación que incluya tanto la evaluación formativa, integrada al aprendizaje como la evaluación estandarizada que brinde información válida y confiable para la adecuada toma de decisiones para el desarrollo de la población estudiantil y la preparación docente.
  5. Establecer mecanismos de apoyo docente y fortalecimiento del liderazgo de los gestores educativos. Es urgente desarrollar mejores estilos de gestión a nivel central, regional e institucional para avanzar en el logro de los objetivos de cobertura y calidad educativa.
  6. Atender a los aspectos de infraestructura, mediante el mapeo de la situación de los inmuebles en el país y un plan de acción a corto, mediano y largo plazo.
  7. Fortalecer la profesión docente mediante diferentes acciones como la implementación del Marco Nacional de Cualificaciones en los planes de estudio de formación inicial de docentes, en la educación continua, en la evaluación formativa docente y en el ingreso a laborar en el Ministerio de Educación Pública, entre otras.

Disponemos de esa arquitectura institucional requerida para atender esos desafíos y la difícil situación que enfrenta el país, pero también, hoy más que nunca es urgente reconocer lo andado para evitar la improvisación y el peligro de detener los valiosos logros alcanzados. Es necesario avanzar hacia un acuerdo nacional para reposicionar la educación costarricense como ejemplo de desarrollo sostenible, democracia, paz, inclusión, solidaridad y bienestar. Nuestros niños, niñas y jóvenes merecen que integremos iniciativas poniendo el interés de ellos y ellas por encima de cualquier otro.

POR EL COLECTIVO MUJERES POR COSTA RICA

Dra. Yolanda Rojas Rodríguez
Dra. Yamileth González García
Dra. Alicia E. Vargas Porras
Dra. Virginia Ramírez Cascante
Dra. Lupita Chaves Salas
Licda. Vera Sancho Mora
Dra. Nora Garita Bonilla
Dra. Elizabeth Fonseca Corrales
Bach. Erika Henchoz Castro
Arabella Salaverry Pardo, Premio Magón 2021
M.Sc. Sandra Cartín Herrera
Dra. Margarita Bolaños Arquín
San José 15 de agosto, 2022