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Etiqueta: construcciones ilegales

¿Será el mar el último juez del humedal? El caso de Punta Uva

Observatorio de Bienes Comunes

La Zona Marítimo Terrestre (ZMT) en el Caribe Sur de Costa Rica enfrenta una creciente presión debido a ocupaciones irregulares, deforestación y modificaciones del ecosistema que amenazan su equilibrio ambiental. En Punta Uva, dentro del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, se ha reportado la degradación de un humedal y la alteración del bosque costero.

Diversos expedientes administrativos y judiciales dan cuenta de la transformación causada por actividades humanas. A pesar de las denuncias e investigaciones realizadas, el daño ambiental no ha sido abordado con la seriedad que merece por parte de las instancias judiciales.

Personas defensoras del territorio, como Philippe Vangoidsenhoven, han manifestado su preocupación por la continuidad de estas actividades y han impulsado procesos de vigilancia ambiental, lo que ha derivado en más denuncias ante las autoridades, pero el ninguneo sigue siendo la respuesta dominante.

Impacto Ambiental y Denuncias en Punta Uva

Esta zona de alto valor ecológico ha sido intervenida durante años. Diversos informes han señalado la transformación del humedal debido a la eliminación de vegetación, excavación de zanjas de drenaje y la instalación de cercas perimetrales.

Un reportaje publicado por La Nación el 27 de diciembre de 2019 evidenció la magnitud del daño ambiental: las autoridades detuvieron un proyecto turístico que incluía cinco cabinas y una recepción, tras denuncias por afectación al ecosistema e invasión de la ZMT.

Un Inventario del Abandono: Impactos Socioambientales sin Regulación

Los siguientes hechos representan un panorama acumulativo de acciones con consecuencias directas sobre el humedal de Punta Uva y su entorno natural.

Destrucción del Ecosistema

  • Eliminación de vegetación del humedal y del sotobosque.

  • Tala de árboles jóvenes, afectando la regeneración natural del bosque.

  • Excavación de zanjas de drenaje, alterando la función del humedal.

  • Relleno de áreas con tierra y lastre, modificando el uso del suelo.

  • Quema de vegetación baja, ramas y troncos, contribuyendo a la degradación del ecosistema

Acciones Realizadas

  • Instalación de cercas con postes de cemento y alambre de púas.

  • Uso de parte del terreno para actividades comerciales.

  • Construcciones.

Violencia e Intimidación contra Personas Defensoras Ambientales

  • Denuncias de amenazas, insultos y agresiones verbales contra quienes han alzado la voz.

  • Incidentes de obstrucción a la documentación de los daños ambientales.

  • Actos de hostigamiento por parte de personas involucradas en estas actividades.

Papeles Llenos, Bosques Vacíos: El Contraste entre las Denuncias y la Realidad Ambiental

Durante más de 20 años, se han registrado diversas acciones y reportadas en relación con los terrenos en esta región costera protegida:

  • 2008: Autoridades ambientales ordenaron la suspensión de obras y la restitución del terreno a su estado natural.

  • 2009-2010: Se presentaron nuevas denuncias por eliminación de cobertura vegetal y posibles cambios en el uso del suelo.

  • 2018-2019: Se documentaron intervenciones adicionales, incluyendo denuncias por afectación al ecosistema.

A pesar de múltiples denuncias realizadas por Philippe Vangoidsenhoven, el juicio se perdió y las medidas cautelares fueron levantadas, permitiendo que las actividades continúen hasta el día de hoy. Según Vangoidsenhoven, las autoridades judiciales prefieren esperar a que el juicio en Limón avance.

Si es un humedal… pero ¿qué le vamos a hacer?”

Vangoidsenhoven señala que, a pesar de la inacción de las autoridades, ya se realizaron estudios que confirman que el terreno es un humedal. Sin embargo, las construcciones persisten.

En una ocasión, el MINAE paralizó las obras, pero a los pocos días la construcción se reanudó. Philippe relata que, al reportar esto, le respondieron: “Ya fuimos y notificamos, no podemos hacer más”.

Esta situación le resulta indignante. Para él, es muestra de la incompetencia institucional, pues en otros casos similares, las autoridades han regresado con la policía y detenido a quienes laboraban en el sitio. En el Caribe Sur, concluye, “las cosas funcionan según quién las pide”.

Un Vacío que Beneficia, pero Ignora el Mar

Para el defensor ambiental, toda esta situación beneficia a la Municipalidad. Durante años de monitoreo, ha observado cómo se otorgan permisos sin considerar restricciones, sin importar si se trata de un humedal o una zona pública.

“Han decidido no entender que la zona pública se mide desde la pleamar ordinaria, y no por los mojones”, señala.

“Usan los mojones porque es lo más fácil. Pero lo que estamos viendo es que el mar ya ha reclamado gran parte de la zona pública en algunos tramos. Todo se tiene que mover hacia atrás”, advierte.

Philippe nos hace un recuento de las omisiones y menciona un caso que ejemplifica esta irresponsabilidad:

«En Puerto Viejo construyeron pegado a los mojones. Ahora resulta que en esa área ya no hay zona pública, ya se fue todo. Y no solo eso, el mar está entrando y ha erosionado alrededor de dos metros debajo de esa construcción», explica.

La preocupación es generalizada:

«En toda la costa, donde deberían medirse los 50 metros de la zona pública, lo máximo que se puede medir son 20 metros. En algunos lugares, incluso menos. En Puerto Viejo centro, por ejemplo, el mar ya ha sobrepasado la línea de los mojones».

Esta situación no es nueva. Philippe recuerda el caso de Beach Break y la carretera:

«Un fin de semana, JAPDEVA y la municipalidad tuvieron que movilizar toda la maquinaria disponible para colocar enormes rocas —de más de metro y medio de diámetro— frente a la carretera. Si no hubieran hecho eso, el mar se la habría llevado. Hoy en día, esas rocas siguen sosteniéndola, pero aun así, si el mar sigue subiendo, volverá a pasar. Oficialmente, el nivel del mar ha aumentado 1.5 cm, pero en la superficie esto se traduce en cientos de metros. Con más oleaje y más fuerza golpeando la costa, el impacto es evidente».

Si no se toman medidas serias de protección ambiental y se reconoce la importancia de las regulaciones y los ecosistemas costeros, Philippe advierte que, paradójicamente, no serán las instituciones las que regulen:

«Será el mar el que haga cumplir la ley y termine demoliendo todo esto», sentencia.

La Problemática es Integral

Después de años de monitoreo y denuncia, Vangoidsenhoven concluye:
“El problema es judicial y también municipal, sobre la zona pública. Se escucha a las autoridades hablando por todos lados, pero a ellas no les importa nada. Los humedales siguen siendo ignorados. Siguen usando el argumento de que no aparecen oficialmente declarados como humedales, y aprovechan esa desinformación para continuar con todo esto”.

Riesgos para las Personas Defensoras del Medio Ambiente

Nada de esto ha sido gratuito. Las personas que han promovido denuncias y procesos de monitoreo ambiental han sufrido hostigamiento e intimidación. Según testimonios de Vangoidsenhoven, los incidentes han incluido agresiones verbales, físicas y obstrucción a su labor.

Uno de los eventos más graves ocurrió el 16 de septiembre de 2019: mientras realizaba un monitoreo ambiental, una persona le lanzó una piedra que le fracturó un dedo. La situación fue muy grave, ya que tuvo que ser trasladado al Hospital Tony Facio en Limón, donde se valoró la posibilidad de amputar la mitad del dedo. Philippe explicó al doctor que es zurdo y que, de perder el dedo, tendría serias dificultades para continuar con sus labores cotidianas. Finalmente, y por suerte, el doctor logró unir el hueso y, según cuenta Philippe, «hoy día lo puedo usar normal».

Esta situación ha afectado su seguridad, estabilidad emocional y económica. Ha tenido que destinar tiempo y recursos a su protección, lo que ha impactado su negocio y su calidad de vida.

Imágenes con contenidos delicados. Son parte de los traumatismos sufridos por Philippe en su mano izquierda.

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

El Marco Legal y la Importancia de la Zona Marítimo Terrestre

La ZMT en Costa Rica está regulada por la Ley N.º 6043, que establece que los primeros 50 metros desde la pleamar ordinaria son de uso público y no pueden ser apropiados ni modificados. Los siguientes 150 metros pueden ser concesionados bajo estrictas regulaciones ambientales.

El Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, además, cuenta con protección especial bajo la Convención RAMSAR, lo que refuerza su importancia para la conservación de humedales.

Conclusión: Urgencia de Regulación y Protección Ambiental

En el oficio No. 030-2008-UCA-ACLAC-MINAE se solicitaron medidas cautelares como la suspensión inmediata de las obras, el desalojo y la demolición de construcciones dentro de la ZMT, así como la restitución de la zona a su estado natural y el pago por el daño ambiental causado. Pero al paso de los años, todo cambió.

El caso de Punta Uva es una muestra dolorosa de los obstáculos que enfrenta la protección ambiental en el Caribe Sur. La expansión de actividades no reguladas y la falta de medidas efectivas han provocado una degradación ambiental que afecta la biodiversidad y las comunidades locales.

La legislación ambiental debe aplicarse con rigor para garantizar la protección de los ecosistemas costeros y la seguridad de las personas que los defienden. La vigilancia ciudadana, el empoderamiento comunitario y la acción institucional coordinada son claves para revertir los daños y evitar que se repitan casos como este.

A falta de justicia, vendrán las olas

Cuando las instituciones fallan y la impunidad se impone, la naturaleza encuentra sus propios caminos para responder. La marea que avanza no distingue permisos ni escrituras; arrastra consigo la negligencia y el abandono institucional. La frase de Philippe Vangoidsenhoven resuena como advertencia y como sentencia: si el Estado no protege los bienes comunes, será el mar —con su fuerza paciente pero implacable— quien imponga los límites. El tiempo de actuar es ahora, antes de que sea demasiado tarde, antes de que las olas arrasen no solo con lo construido, sino con la esperanza de justicia ambiental.

Esta nota se preparó a partir del testimonio de Philippe Vangoidsenhoven y la información contenida en expedientes judiciales

Esta situación no es ajena al contexto regional

Mientras se escribe este texto, el daño ambiental en toda la región del Caribe continúa. Es probable que las personas inicialmente responsables ya hayan vendido las propiedades, obteniendo ganancias económicas significativas. Sin embargo, el daño causado al ecosistema es irreversible y perdurará, afectando la biodiversidad y la salud ambiental de la zona.

Las acciones de ocupación y degradación no solo han comprometido la integridad del humedal y el bosque original, sino que también han dejado una huella negativa que impactará a las generaciones futuras.

El Caribe Sur de Costa Rica enfrenta una presión creciente sobre sus ecosistemas por el desarrollo urbano no regulado, el turismo descontrolado y la ocupación ilegal de tierras protegidas. A pesar de la existencia de regulaciones ambientales, la falta de cumplimiento y la corrupción han facilitado la degradación de estos ecosistemas.

Además, la criminalización y persecución de personas defensoras del ambiente es una constante en la región. Esto genera un clima de impunidad para los agresores y pone en riesgo tanto la biodiversidad como a las comunidades locales.

Este caso es una muestra más de la alta vulnerabilidad de estos territorios y evidencia el abandono institucional en la aplicación efectiva de regulaciones ambientales. No obstante, aún es posible recuperar parte del equilibrio ecológico si se fortalece la protección legal, se promueve la restauración ambiental y se respalda con firmeza a las personas y comunidades que defienden el territorio.

¿Por qué sube el nivel del mar y qué significa para Costa Rica?

El aumento del nivel del mar es una de las consecuencias más visibles del cambio climático. Se debe principalmente al derretimiento de glaciares y capas de hielo, así como al calentamiento de los océanos, que expande el volumen del agua. Este proceso se agrava con la pérdida de ecosistemas costeros como los manglares, que tradicionalmente han actuado como barreras naturales frente a la erosión y las inundaciones.

En Costa Rica, y en particular en el Caribe Sur, el impacto ya es evidente: el mar avanza sobre las costas, erosiona terrenos protegidos por ley, degrada ecosistemas como humedales y manglares, y pone en riesgo a comunidades locales que dependen directamente del entorno costero para su subsistencia. Ante esta realidad, los humedales costeros se vuelven aliados clave en la adaptación al cambio climático. Su vegetación densa y su capacidad de retención hídrica permiten amortiguar el impacto de marejadas, tormentas y oleajes extremos, protegiendo tanto la biodiversidad como la infraestructura y los medios de vida humanos. Además, estos ecosistemas almacenan grandes cantidades de carbono, ayudando a mitigar el calentamiento global. Su conservación y restauración no solo es urgente, sino esencial para garantizar un futuro resiliente y sostenible.

Galería

Construcción ilegal en zona especial de protección

¡Debilidades de la Municipalidad de San Rafael de Heredia!

CONCEVERDE San Rafael colectivo ciudadano

Desde el pasado mes de octubre, en el colectivo CONCEVERDE hemos estado recibiendo varias denuncias de ciudadanos debido a una construcción que presuntamente carece de permisos municipales, localizada en Concepción de San Rafael de Heredia, a menos de 100 metros al norte de Cruz de Caminos. Trasladamos las denuncias al alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, Jorge Santamaría por medio de su WhatsApp. En una de sus respuestas, el alcalde nos informó que la construcción no cuenta con los permisos de ley, por lo que se procedería a clausurarla.

Es crucial tener en cuenta que la construcción de las bodegas o taller, que parece ser el objetivo de la obra, se está llevando a cabo en un terreno ubicado en la zona especial de protección según el Decreto 25902, y en un lote que, en parte, está dentro de la zona inalienable de la Ley 65 del 30 de julio de 1888. En estricto cumplimiento de esta normativa, no se podría otorgar permiso de construcción para las obras que se están realizando.

A pesar de haber efectuado múltiples solicitudes y reportes a las autoridades municipales, no se ha tomado ninguna acción concreta para detener esta construcción ilegal. La actuación de la Municipalidad de San Rafael de Heredia se ha limitado a colocar sellos de clausura y, presuntamente, a advertir al infractor de que no podía continuar con la construcción.

La actuación de la municipalidad, que no ha tenido resultados para detener las ilegalidades, ha llevado a que, a hoy en día, enero de 2025, aproximadamente tres meses después de haber iniciado las denuncias, la construcción continúe, mostrando un avance significativo, como se puede apreciar en las fotografías adjuntas.

Solicitamos a la municipalidad que tome las medidas necesarias a la brevedad posible para atender este asunto y detener la construcción ilegal mencionada y llevar a cabo el derribo de lo construido.

Tribunales investigan crímenes ambientales por invasión en la zona de extrema vulnerabilidad hídrica de Belén

1.Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación del Agua Subterránea Según Legislación Vigente y de Amenazas Naturales Potenciales Según la Comisión Nacional de Emergencias para el Cantón de Belén-Mapa Vulnerabilidad y Pozos. Fuente: Unidad de Topografía / Base de datos Municipalidad de Belén CATMUBE.

Entre los investigados se encuentran el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Municipalidad de Belén, y Grupo Pedregal.

Comunicado

FECON. Los Tribunales de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda han iniciado una investigación exhaustiva sobre presuntos crímenes ambientales cometidos en la zona de extrema vulnerabilidad hídrica del cantón de Belén. La demanda, presentada por la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) y ciudadanos afectados, denuncia la violación de diversas leyes ambientales y regulaciones que protegen los mantos acuíferos esenciales para el abastecimiento de agua de la Gran Área Metropolitana.

La investigación se centra en las actividades ilegales realizadas en áreas de protección absoluta, que ponen en riesgo el suministro de agua potable para miles de personas en la provincia de San José. Entre los principales señalados en la demanda se encuentran el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Municipalidad de Belén y el Grupo Pedregal, este último involucrado en construcciones no autorizadas en terrenos que deben ser preservados para garantizar la calidad del agua subterránea.

Inacción de la Municipalidad de Belén fue corroborada por la Auditoria Interna

A pesar de que la Municipalidad de Belén ha estado al tanto de estas actividades desde al menos el año 2020, según lo documentado en el Memorando DTO-151-2020, emitido por la Dirección Área Operativa y Desarrollo Urbano, no ha tomado las acciones necesarias para detener las construcciones ilegales en la zona. En dicho documento se detallan diversas obras realizadas sin permisos de construcción y la omisión por parte de las autoridades municipales detener dichas actividades​.

2.Portal de Mapas y Aplicaciones del CATMUBE-Ortofoto del año 2006. Fuente: Unidad de Topografía / Base de datos Municipalidad de Belén CATMUBE.

Más grave aún, en el año 2022 la Auditoria Interna municipal ya había emitido una advertencia en donde declaraba que la Administración municipal de Belén ‘’denota un accionar pasivo ante la necesidad de salvaguardar el medio ambiente y evitar un daño ambiental continuado por la desatención de éste durante el tiempo que ha transcurrido, desde la situación presentada, en el 2012’’.

Esta es una de las conclusiones a las que llegó la Auditoria Interna de la Municipalidad de Belén en su informe AAI-010-2021 ADVERTENCIA SOBRE TEMAS VARIOS DEL COMPLEJO PEDREGAL, ante la gran cantidad de pendientes que viene arrastrando Pedregal y la clara omisión de la Administración para poner a la empresa a derecho.

En su conclusión 12, la Auditoría interna de hecho señala que ‘’en general se logra observar que, a través de tiempo, el comportamiento en el accionar por parte de la empresa Pedregal, es de realizar las gestiones respectivas posterior a la construcción de las obras, inobservándose así la normativa correspondiente en materia constructiva y ambiental, en pro de la conservación del ambiente, según lo establecido en la Ley Orgánica del Ambiente’’.

SENARA confirmó la inviabilidad de legalizar construcciones ilegales

El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), mediante un dictamen técnico emitido en junio de 2022, determinó que en la zona de extrema vulnerabilidad no se deben permitir actividades que generen vertidos de sustancias contaminantes que puedan alterar negativamente la calidad del agua subterránea. Este dictamen, basado en estudios hidrogeológicos, refuerza la prohibición de legalizar construcciones ilegales en estas áreas protegidas.

De acuerdo con el estudio elaborado y aprobado por el SENARA denominado “Estudio Hidrogeológico y de Vulnerabilidad Hidrogeológica mediante el método Drastic para el cantón de Belén” (2016), la fuente Zamora-AyA y los componentes del proyecto Patio de Operaciones, se ubican en la zona de vulnerabilidad extrema. De acuerdo con SENARA (2016), debido a las condiciones de destape y exposición del acuífero Colima Superior, esta área es altamente susceptible a la contaminación.

Belén, Costa Rica, 9 de setiembre del 2024

3.Portal de Mapas y Aplicaciones del CATMUBE-Ortofoto del año 2020. Fuente: Unidad de Topografía / Base de datos Municipalidad de Belén CATMUBE.