Juicio contra instrumento de protección de aguas subterráneas
El pasado 8 de agosto el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta nos notificó de la resolución 70-2017-IV donde se nos hace saber, que la pretensión de la Cámara de la Construcción ante ese tribunal, para que se anulara la Matriz de Uso del Suelo para la Protección del Recurso Hídrico, instrumento de protección de las aguas subterráneas del país creado por SENARA, fue declarada sin lugar.
Apoyando la pretensión de los constructores, se presentaron en el proceso más de una decena de cámaras de empresarios, además de la Municipalidad de San José y Grecia, que les choca que SENARA haya emitido un instrumento de aplicación en todo el país que establece recomendaciones en relación con las densidades de población y coberturas de los terrenos a efecto de mitigar el impacto negativo en las aguas subterráneas que pueden tener algunas actividades humanas. A las cámaras y acólitos municipales les molesta que las recomendaciones del SENARA sean obligatorias de seguir por los tomadores de decisiones cuando decidan sobre el ordenamiento territorial.
La pretensión de las cámaras de empresarios es uno más de los intentos que se han dado a través de muchos años, para que SENARA no emita recomendaciones que protegen el recurso hídrico, y que quede en manos de ellos y en instituciones como municipalidades el decidir aspectos de cobertura o densidad poblacional, lo que conllevaría un atentado contra el agua, en tanto no pocas veces las municipalidades han demostrado poco interés en la protección de ese recurso y más bien se han puesto al servicio de los desarrolladores constructivos.
Otro ejemplo de los intereses que existen para eliminar la oficina de protección del recurso hídrico subterráneo del SENARA, se da a través de los varios proyectos de ley del recurso hídrico que se han presentado a la Asamblea Legislativa, en cuenta el mal llamado de iniciativa popular, que pretende trasladar las competencias técnicas que tiene SENARA en materia de aguas subterráneas, a una oficina dependiente del MINAE, ente donde su jerarca toma decisiones no pocas veces con criterio político y no técnico.
Llama la atención que uno de los testigos ofrecidos por las cámaras en el juicio contra la Matriz, fue un funcionario del MINAE, nada menos que el director del Departamento de Aguas.
En CONCEVERDE única organización del país que participó por medio de uno de sus integrantes en el juicio como coadyuvante pasivo a favor de SENARA y su instrumento de protección del recurso hídrico, nos sentimos complacidos con la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo e instamos a luchar por la protección del recurso más importante que podemos tener los seres vivos, como es el agua.
*Imagen con fines ilustrativos tomada de ecoportal.net.
Gasificación de este desecho evitará emisiones de gases de tipo invernadero
Otto Salas Murillo,
Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
Las temperaturas que se alcanzan durante el proceso de gasificación para poder transformar biomasas como la broza del café pueden llegar a los 1.200 grados centígrados (foto Laura Rodríguez).
La broza del café dejará de ser uno de los residuos que genera contaminación ambiental y pasará a ser un desecho que sirve como combustible para producir energía eléctrica.
Se trata del proyecto denominado Implementación y evaluación tecnológica de gasificación en la industria del café, el cual tiene como objetivo encontrar una alternativa viable para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que produce el manejo tradicional de la broza, además de otras formas de contaminación.
Esta iniciativa está a cargo de un equipo de investigadores y estudiantes de la Escuela de Ingeniería Química (EIQ) de la UCR, con el propósito de buscar la eficiencia en la producción agrícola y encontrar formas de variar las prácticas establecidas para lograr bajar el impacto negativo en el medio ambiente.
Las conclusiones finales de este proyecto que lleva dos años de arduo trabajo fueron presentadas el pasado 2 de junio en el hotel Crown Plaza Corobici, en una serie de presentaciones hechas ante diferentes actores del sector cafetalero nacional.
La coordinadora general del proyecto, Ing. Cindy Torres Quirós, señaló que gracias a este estudio han demostrado que sí es factible obtener electricidad mediante la gasificación de la broza, pero que se debe diseñar adecuadamente todo el proceso para controlar principalmente las condiciones de temperatura, presión y compresión de la humedad asociada con el proceso de obtención de energía.
La M.Sc. Cindy Torres Quirós es la coordinadora general del proyecto, además es investigadora y docente de la Escuela de Ingeniería Química de la UCR (foto Laura Rodríguez).
“Estos resultados positivos abren la oportunidad para que el sector cafetalero pueda dar tratamiento a un residuo que ha sido históricamente problemático, no sólo por la reducción de los gases de efecto invernadero, sino como un tema de gestión ambiental como un aspecto asociado, lo que es la disminución de la fermentación de la broza, elimina olores, disminuye costos como el traslado, lo que significa menos tránsito de camiones en las calles; hablamos de una producción más limpia y de una responsabilidad país para continuar mejorando las prácticas agrícolas”, indicó la Ing. Torres Quirós.
Esta experta añadió que la UCR ha aprovechado esta oportunidad de poder colaborar con un sector muy significativo para el desarrollo del país y continuar en la aplicación de la ciencia y la alta tecnología en la elaboración de técnicas que otros países puedan utilizar para producir energía limpia.
Detalles del tratamiento de la broza
La gasificación es el proceso con el que se transforma en gas un producto que está en estado sólido y en este caso en particular se convierte la materia orgánica en gases combustibles.
Mediante un proceso denominado densificado la broza del café se transforma en pellets, tratamiento que mejora su densidad energética, permite un mejor uso y facilita su almacenamiento (foto Laura Rodríguez).
El primer paso de este proceso es la densificación, que reduce el nivel de humedad de la broza y aumenta su densidad hasta convertirla en unos pequeños cilindros llamados pellets; de esta forma se facilita el almacenamiento, se prolonga su vida útil y se maximiza su poder energético.
Una vez obtenido los pellets se procede a descomponerlos parcialmente al calentarlos sin presencia de oxigeno, seguidamente se queman con aire para liberar la energía que es la responsable de que se pase a la siguiente etapa que es la reducción, o sea, en donde finalmente surge el gas.
Dicho gas se limpia y posteriormente sirve ya como combustible para un motor de combustión interna que genera electricidad.
“Este proyecto ha tenido un gran impacto en la EIQ por el acercamiento de la parte académica con la industria y el aporte a la solución de problemas ambientales. Como ingenieros químicos tenemos la capacidad de hacer esto y más, con pronósticos positivos de investigación interdisciplinaria. En lo personal siento que hemos logrado generar un cambio en Costa Rica y marcar un mejor futuro utilizando la ingeniería”, manifestó Marco Cháves Flores, estudiante de la EIQ y quien participó activamente en este trabajo.
Esta propuesta se desarrolló dentro de una iniciativa que lleva por nombre NAMA-Café, la cual procura apuntalar la mitigación y la adaptación al cambio climático del sector cafetalero de Costa Rica, por lo que incentiva la creación e implementación de nuevas tecnologías y a la vez mejorar las prácticas de producción del grano de oro.
Marco Cháves Flores resaltó la importancia que tienen para la formación profesional de las y los estudiantes de la UCR las prácticas que realizan en proyectos de investigación reales y que suman al avance del país en diferentes áreas (foto Laura Rodríguez).
En NAMA-Café participan la Universidad de Costa Rica por medio de la EIQ, el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), Fundecooperación y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), entre otras entidades.
“Este tipo de soluciones nosotros las conocemos como Inversiones con efecto ambiental positivo, que incluso tienen la posibilidad de recibir un incentivo económico que el país tiene que se llama Reconocimiento de beneficios ambientales con el que se premian todas esas prácticas que tienen un efecto positivo sobre el ambiente. Hoy analizamos el café, pero no le hemos prestado suficiente atención al manejo de residuos en productos como la piña, por lo que el vínculo entre instituciones públicas, privadas y la academia es fundamental para tener un desarrollo mucho más eficiente en nuestro sector agropecuario”, aseveró el Ing. Roberto Azofeifa Rodríguez, jefe del Departamento de Producción Sostenible del MAG.
La información producida por este proyecto queda ahora en manos de todo aquel caficultor con una pequeña, mediana o gran empresa en la que se pueda implementar la gasificación para convertir la broza de café en energía eléctrica, una vez que se han sopesado todas las variables de inversión que señalen que resulta viable para cada caso en particular.
“Resulta una propuesta interesante que nos ayuda a disminuir los residuos que generan gases con efecto invernadero, el tema está en la palestra para ser analizado en especial por los microbeneficios, de los que hay más de 150 registrados en el país, sobre cómo procesar los desechos y adentrarnos en el tema del carbono neutro. Para los beneficios grandes parece que es mucho más rentable adoptar esta tecnología, nosotros tenemos que estudiar más nuestro caso”, expresó Johnny Alpízar Salazar, quien tiene un pequeño beneficio de café en Lourdes de Naranjo, Alajuela.
Según mencionó la Ing. Cindy Torres Quirós, las entidades relacionadas con este sector como ICAFE deberán desarrollar asesorías sobre este tema y generar interrelaciones entre los caficultores para comenzar a utilizar esta tecnología.
Ella aseguró finalmente que esto dará como resultado que el cafetalero costarricense sea un productor de calidady además registre una baja sustancial en las emisiones de gases de efecto invernadero, características que le darán un valor agregado al producto final.
VI Congreso Latinoamericano de Residuos de Plaguicidas
Expertos internacionales analizarán el impacto de los plaguicidas en los alimentos y el ambiente
Patricia Blanco Picado, Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
Paula Umaña, Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
El análisis de residuos de plaguicidas en los alimentos y en el ambiente, monitoreo de contaminantes, buenas prácticas agrícolas, biorremediación de contaminantes, salud ocupacional, regulación de residuos de plaguicidas, el riesgo para la salud humana y el ambiente son algunos de los temas que se abordarán en el encuentro internacional de expertos en plaguicidas (foto cortesía CICA).
Para analizar los efectos de los plaguicidas en los alimentos y el ambiente en el mundo, del 14 al 17 de mayo próximo se llevará a cabo en Costa Rica la sexta edición del Congreso Latinoamericano de Residuos de Plaguicidas.
La actividad se realizará en el Centro Internacional de Conferencias del Hotel Wyndham San José Herradura, con la participación de expertos nacionales y extranjeros, que buscan, desde la ciencia, contribuir con el conocimiento sobre los plaguicidas, así como con el uso adecuado y la regulación de estas sustancias químicas.
“Se suele decir que en Latinoamérica hay más abuso de los plaguicidas, muchas veces por vacíos en la regulación. En Costa Rica, por ejemplo, existe muy poca información sobre el monitoreo de los plaguicidas”, aseguró Carlos Rodríguez Rodríguez, director del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica.
Se persigue asimismo que sea un espacio de intercambio de información sobre los avances en la regulación de los residuos de los plaguicidas en los alimentos y el medio ambiente en todo el planeta.
El Congreso, organizado por el CICA y el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), espera reunir a más de 300 científicos procedentes de países suramericanos, Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica y el Caribe. Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Uruguay han sido los anfitriones de las ediciones anteriores del Congreso.
La agenda prevista contempla temas de interés para el sector agrícola costarricense y latinoamericano como: análisis de residuos de plaguicidas en los alimentos y en el ambiente, monitoreo de contaminantes en el ambiente, residuos de plaguicidas y buenas prácticas agrícolas, biorremediación de contaminantes, salud ocupacional, regulación de residuos de plaguicidas, análisis de riesgo para la salud humana y el ambiente.
Además de los contaminantes convencionales como los plaguicidas, se evaluará también el impacto en el ambiente de algunas sustancias contaminantes emergentes, como los antibióticos.
El investigador del CICA, Greivin Pérez, expresó que «estos foros internacionales constituyen un gran paso para la mejora de la ciencia de los agroquímicos en América Latina, así como una plataforma ideal para mantener informados a los científicos y reguladores acerca de los avances en el control de los residuos de los plaguicidas en los alimentos y el medio ambiente”.
Pérez destacó además que la actividad permitirá el establecimiento de alianzas y convenios entre los países, investigadores, estudiantes y los sectores productivos.
La inscripción al Congreso se encuentra abierta. Si desea mayor información puede visitar la página: laprw2017.fundacionucr.ac.cr o comunicarse al número telefónico 2511-8211.
¢2.226 millones costó uno de los acueductos destrozados
La expansión piñera no para y siguen apareciendo comunidades afectadas
Una buena noticia, la inauguración del nuevo acueducto para las comunidades de Cairo, Luisiana y La Francia de Siquirres, Limón, pero los culpables no pagaron un colón. El daño fue provocado por empresas piñeras pero pagado con dinero público. Se reporta que son ¢2.226 millones lo invertido por parte del AyA.
Volvemos al viejo esquema de socialización de perdidas y privatización de ganancias, o en la jerga popular uno “unos se comen la piña y a otros le duele la panza”. Sobre esto desde el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera creemos que es necesario hacer algunas aclaraciones.
A partir del año 2003 se detecta la contaminación con agroquímicos usados en las plantaciones de piña en el agua para consumo humano del acueducto que abastece a la comunidad de Milano de Siquirres. Sin embargo, es hasta el año 2007 que las autoridades toman medidas, por cierto insuficientes, e inician la distribución de agua potable mediante camiones cisternas a dichos pueblos. Esto ha tenido un costo mensual de 27.000 dólares, de acuerdo con datos del Estado de la Nación, que hasta el año 2016 sumaría un monto de casi tres millones de dólares.
Desde el momento en que se detectó la contaminación hasta la fecha, se han interpuesto numerosas acciones legales, ante todas las vías institucionales y jurídicas, dígase: Fiscalía Ambiental, Tribunal Ambiental Administrativo, Defensoría de los Habitantes, Sala Constitucional, entre otras. No obstante, la falta de acciones por parte del Estado llevó a las comunidades a presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el año 2015. El gobierno actual, que no ha sido responsable de la negligencia de las administraciones anteriores, tuvo que afrontar dicho proceso ante la OEA.
Así mismo, en contraposición con lo que dice la nota de prensa, sí se han realizado numerosos estudios de la calidad del agua. Por ejemplo: el estudio que realizamos desde el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA), en el que contratamos para los análisis de la calidad del agua al laboratorio acreditado del CICA de la Universidad de Costa Rica, y demostramos que la presencia de residuos de plaguicidas se mantenía constante hasta el 2015. Esto había sido también estudiado y analizado por el IRET de la Universidad Nacional.
Sin embargo, los laboratorios privados contratados por el AyA habían estado asegurando durante varios años que ya no existía contaminación del agua y que los niveles de plaguicidas en el agua no eran detectables. Por lo tanto, la demostración de que el agua para consumo humano seguía contaminada abre una serie de preguntas éticas sobre el funcionamiento de ciertos laboratorios acreditados, y el interés que puedan tener al mostrar resultados erróneos que colocan en riesgo la salud pública y ambiental.
La suma del costo de la provisión de agua mediante camiones cisterna, más la construcción de un nuevo acueducto suman 6.885.000 dólares, es decir, casi SIETE MILLONES de dólares. Además, a esto falta sumarle la construcción de un nuevo acueducto para la comunidad de Milano, que está fuera del proyecto que relata la nota de prensa y que es la que ha mantenido concentraciones más altas de agroquímicos en su agua. Cabe también señalar que han pasado ya 14 años desde que inició este conflicto.
La exposición a los plaguicidas durante todo este tiempo ha sido constante, ya que muchas personas han seguido tomando el agua contaminada, y las que no lo han hecho, la han utilizado para bañarse y para sus quehaceres diarios. Los efectos de esta exposición en la salud de las 7.000 personas que habitan estas comunidades, siguen sin conocerse, ya que no se han realizado los estudios epidemiológicos necesarios. Esto, debería ser un motivo de consternación pública y no una realidad silenciada, como ha sido hasta la fecha.
Es importante felicitar a Yamileth Astorga y a su equipo de trabajo, que como presidente del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, ha sido sensible ante la problemática y ha mostrado compromiso e interés hacia las comunidades, como prueba la construcción del acueducto de Cairo, La Francia y Luisiana.
Sin embargo, es preciso y necesario que se responsabilice por el daño y el costo ambiental y social a las empresas piñeras. ¿Por qué debe el Estado asumir la deuda de la reparación del daño que han causado terceros? La impunidad que goza el sector piñero, debe acabar, de una vez por todas. Y como sociedad civil, debemos exigir y denunciar esto.
Así mismo, este caso no es un hecho aislado, la problemática de la actividad piñera ha sido uno de los mayores conflictos socio ambientales de los últimos 15 años. La falta de regulación y planificación de la actividad, así como el incumplimiento de la legislación nacional, ha provocado el deterioro ambiental y la vulneración de derechos humanos fundamentales de comunidades en todo el país.
Autores: UNA Gutiérrez M, Monge C, Gamboa R, Mena P. UCR : Jiménez M, Bejarano A, Meléndez P, Vargas A.
Esta Guía para la Educación Ambiental en el cantón de Puriscal, es producto del trabajo realizado por el equipo interuniversitario que ejecutó el proyecto Equidad y Participación ciudadana en el cantón de Puriscal durante los años 2014-2016.
La misma recoge la experiencia de la Universidad Nacional de Costa Rica y de la Universidad de Costa Rica y de escuelas del Ministerio de Educación Pública para, desde las escuelas, generar acciones que vinculen de manera participativa a los distintos actores sociales de los centros educativos en la alfabetización, sensibilización y concientización para lograr un ambiente saludable.
Como primera etapa del proyecto, se elaboró un diagnóstico comunitario en los distritos que conforman el cantón. A partir de dicha investigación, surge la necesidad de abordar la temática ambiental dada la preocupación de la población ante los riesgos y amenazas que enfrentan en esta materia.
Por lo tanto, fue necesario profundizar en esta temática y se construyó un Diagnóstico Ambiental del cantón donde se identificó, de manera participativa que los principales problemas ambientales que enfrenta el cantón son el manejo de los desechos sólidos, la deforestación, la contaminación y la falta de agua.
El abordaje de dicha realidad se plantea en varias líneas a través de la coordinación interinstitucional e incluye la gestión participativa de residuos sólidos y la educación ambiental.
Para desarrollar una propuesta en este último tema, se realizó un acercamiento con los educadores de la zona para conocer como abordan desde el aula esta temática.
Se realizó un trabajo exploratorio con docentes que laboran en distintos centros educativos públicos del cantón para identificar su opinión sobre los temas: medio ambiente, educación ambiental y sobre las estrategias de educación ambiental que utilizan con los alumnos.
De acuerdo con dicha investigación, los principales problemas ambientales que enfrenta el cantón de Puriscal son: la basura, la deforestación, la contaminación, la falta de agua y la contaminación sónica. Además, los educadores consideran que la educación ambiental que imparten en las aulas es débil debido en parte, a la falta de herramientas y conocimientos que poseen ellos como maestros para incorporar este tema en el currículo escolar (Consulta Ambiental a educadores de Puriscal 2015)
Como respuesta a la problemática identificada, el proyecto EPASOP elabora a partir de estos tres elementos (diagnóstico socioeconómico-diagnósticos ambiental –consulta a maestros) una guía de educación ambiental que ha sido utilizada en el 2016 por los maestros del cantón.
Este documento es la base que utiliza el maestro local en educación ambiental. En la misma, se reconoce la importancia de la educación como medio de concientización y sensibilización sobre el ambiente y el uso de los recursos naturales.
Una población informada, sensibilizada y empoderada puede hacer la diferencia para favorecer mejoras en las condiciones de vida e impactar el desarrollo social y económico.
Enviado por Msc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
Entre las buenas prácticas para la aplicación de plaguicidas se recomienda el uso de los implementos de seguridad para proteger la salud del agricultor (foto Archivo ODI).
Investigadores del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) y estudiantes de la UCR capacitaron a productores de cebolla de Tierra Blanca de Cartagocon el fin de mejorar sus prácticas agrícolas y reducir la contaminación ambiental.
Este proceso forma parte de un proyecto de investigación que inició en el 2011 con el objetivo de determinar el nivel de residuos de plaguicidas presentes en las cebollas de esta localidad, los suelos donde se producen y las fuentes de agua cercanas de Tierra Blanca.
Según informó el coordinador del proyecto, M.Sc. Juan Salvador Chin Pampillo, en los análisis se encontraron residuos de plaguicidas en los sedimentos y el agua de los ríos.
También se identificaron otras variables alteradas como contenidos altos de materia orgánica, coliformes fecales y e-coli, relacionadas con el mal manejo de las aguas residuales y aguas negras.
Iniciativa
Uno de los factores que afecta la calidad ambiental en la zona son las prácticas inadecuadas en la aplicación de insecticidas nematicidas, productos my tóxicos, que se utilizan como parte del control químico de plagas en el cultivo de la cebolla.
Tierra Blanca de Cartago se caracteriza por ser una zona agrícola en la que destaca el cultivo de la cebolla (foto Archivo ODI).
Según detalló Juan Salavador Chin, una de las prácticas comunes es que no se utiliza el equipo de seguridad para aplicar los químicos y en algunas ocasiones se aplican plaguicidas que no están registrados para los cultivos.
Por eso, el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) desarrolló durante el 2014 capacitaciones para contribuir con la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en el cultivo de cebolla en la zona norte de Cartago.
Los investigadores ofrecieron las capacitaciones en conjunto con estudiantes carreras como Economía Agrícola, Trabajo Social e Historia inscritos en el Trabajo Comunal Universitario 573 de la Escuela de Trabajo Social.
De esta forma incentivaron a los agricultores para que programen las aplicaciones de una manera adecuada, que respeten los periodos de carencia, que utilicen los equipos de seguridad y la dosis correcta de los productos químicos y hagan una disposición final adecuada de los desechos.
Una de las recomendaciones para los agricultores es realizar el triple lavado con agua a los envases vacíos de plaguicidas, una técnica que ha probado ser efectiva para eliminar los residuos en los envases y así poder desecharlos de forma segura.
Los hermanos Joaquín y José Manuel Brenes Ramírez visitaron la Universidad de Costa Rica para continuar capacitándose en Buenas Prácticas Agrícolas (foto Archivo ODI).
Beneficiados
Los hermanos Joaquín y José Manuel Brenes Ramírez forman parte del grupo de agricultores de Tierra Blanca de Cartago que se ha visto beneficiado desde el 2009 por el proyecto que desarrolla el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA).
Allí los pequeños y medianos agricultores como ellos, aprovechan al máximo las tierras que tienen para producir durante todo el año: “en estos momentos como la demanda es tan fuerte si un terreno puede producir los 365 días al año, la gente los pone a producir” señaló Joaquín.
No obstante, Joaquín es consciente del deterioro que los agricultores han causado a los suelos debido a esta sobrexplotación y abuso de químicos.
Para José Manuel, hace un tiempo atrás la palabra BPA (buenas prácticas agrícolas) no era conocida pero poco a poco se han ido formando al respecto; “Ya cuando la Universidad llegó a Tierra Blanca se fue fortaleciendo más y por lo menos los que estamos metidos en este proyecto con la Universidad pues se ha visto un cambio de formación e información”.
Además de la capacitación, los investigadores del CICA propusieron el diseño de sistemas para darle un destino final adecuado a los desechos químicos mediante sistemas de biopurificación o camas biológicas.
Este proyecto además abarcó otras áreas de trabajo con la comunidad como información sobre la calidad de los ríos de Tierra Blanca, investigación histórica de la comunidad, capacitación en temas como incidencia política, estudio de la política agrícola del país, exportación y tratados de libre comercio.
El pasado domingo 28 de febrero se realizó la Asamblea para actualizar la Junta Directiva de AGUASANA (Asociación de Desarrollo Especifico).
La reunión se realizó en el local de la ASADA de Huacas en Santa Cruz, que es parte activa en el proyecto.
El proyecto, apoyado por DINADECO, ASADAS de los cantones de Santa Cruz y Carrillo, HIDROCEC de la UNA, Confraternidad Guanacasteca y otros grupos de la sociedad civil, pretende recoger y dar adecuado tratamiento a los lodos sépticos de las viviendas en las poblaciones rurales de la zona, cuyo servicio de aguas potables lo manejan ASADAS.
En un ambiente de camaradería, se presentaron los informes de presidencia y tesorería. También habló el Ing. Álvaro Baldioceda de HIDROCEC-UNA explicando los avances técnicos del proyecto.
Quedó reelecto como presidente Francisco Dávila. Igual se hizo con Manuel Víctor de la ASADA de Paso Tempisque de Carrillo, como tesorero. Los acompañarán un grupo representativo de toda la zona.
Se aprobaron los planes de trabajo, donde sobresalen la búsqueda y adquisición de finca para planta de tratamiento; la realización de los seminarios de capacitación; contacto con ASADAS para sumarlas al proyecto, entre otros.
El proyecto, fue presentado hace poco a Yamileth Astorga y la cúpula de AyA, que dieron y comprometieron su apoyo al mismo.
En la reunión estuvo presente la Directora Regional de DINADECO que aclaró dudas y facilitó el desarrollo de la reunión.
Entre los asistentes se pudo contar con la presencia del recién electo vice alcalde de Carrillo, se comprometió a poner el hombro desde el gobierno local, para evitar la contaminación y lograr una mejor salud para los habitantes de ese cantón.
Información enviada a SURCOS Digital por Gadi Amit.
Desechos peligrosos en las colillas afectan fuentes de agua y suelos
Kátheryn Salazar Zeledón, Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Otto Salas Murillo, Periodista Oficina de Divulgación e Información
En la década de los años 50 fue ideado el filtro como una forma de volver más amigable el cigarrillo e inclusive hasta la publicidad lo presentaba como saludable para las y los fumadores (foto Archivo ODI).
Debido a la mala disposición de las colillas de cigarro y los efectos adversos que generan al ambiente y a la salud, la Asociación de Estudiantes de Salud Ambiental (AESSA) realizó un foro acerca de la contaminación ambiental que generan las colillas de cigarro y su impacto en la salud de las personas.
La Licda. Kathya Elizondo Orozco de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA UCR), comentó que las colillas son desechos peligrosos que contienen componentes como cadmio, un metal pesado tóxico constituyente de las baterías, el cual se adhiere a las partículas del suelo y daña los pulmones al respirarlo en altas concentraciones.
Además está presente el arsénico, un veneno que disminuye los glóbulos blancos y rojos en las personas y que al ser depositadas las colillas en el ambiente termina en los sedimentos del agua, acumulándose en las especies marinas. Asimismo, contiene nicotina que en altas concentraciones es un insecticida, razón por la que se prohíbe su uso actualmente.
La lista no termina allí pues se suman el tolueno, un solvente industrial utilizado para disolver sustancias químicas; el monóxido de carbono, que una vez dentro del organismo se llega a unir con la hemoglobina y sustituye el oxígeno; así como otros componentes tales como el gas butano, metano, metanol, ácido acético, amoniaco, acido esteárico, alquitrán, etc.
Contaminación de fuentes de agua
Según mencionó Elizondo Orozco, estudios realizados por la organización Ocean Conservancy en el 2011, una sola colilla de cigarro contamina ocho litros de agua de mar y hasta 50 litros de agua potable. “Esto se debe a que la mayoría de los filtros son de acetato de celulosa, un polímero que puede tardar hasta 25 años en degradarse”, acotó.
A esta actividad acudieron (en orden usual) la M.Sc. Viviana Monge Víquez del IAFA, el estudiante de Salud Ambiental Christiam Álvarez Vega y la Licda. Kathya Elizondo Orozco de UGA UCR (foto Rafael León).
La experta de UGA UCR mencionó que las colillas son el residuo solido más común: “se producen 767 millones de kilogramos de desechos al año en el país, lo que equivale a 4,5 trillones a nivel mundial”, señaló.
Estos componentes son una amenaza para ecosistemas marinos, recalcó Elizondo Orozco, pues las sustancias que se desprenden son sumamente tóxicas para los microorganismos. Además vuelven las superficies impermeables, por lo que pierden fertilidad y disminuye la actividad biológica en el suelo hasta el punto de la desertificación; todo esto a causa de la mala disposición de las colillas que generalmente se tiran al piso y son arrastradas a las alcantarillas.
Otra de las participantes en el foro, la M.Sc. Viviana Monge Víquez del Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), comentó que losfiltros del cigarro fueron creados a mediados del Siglo XX como una “cortina” para ocultar los peligros del fumado y para convencer a las personas de que son seguros aunque no filtren en realidad todas las sustancias dañinas para la salud.
“Los filtros tienen 15 mil fibras de acetato, estas fibras se desprenden y los fumadores lo pueden inhalar, aún no se ha determinado su impacto en la salud, por lo que es un gran tema de investigación”. Además, Monge Víquez resaltó que aunque los filtros no contribuyen a proteger la salud y pese a la contaminación que generan, no se retiran del mercado por cuestiones de marketing; “las colillas son el objeto número uno en recolección de desechos, superando a las bolsas y botellas plásticas” comentó.
Focos de concentración de colillas
El foro Tabaco y Ambiente, organizado por la Asociación de Estudiantes de Salud Ambiental (AESSA) se desarrolló el pasado 11 de setiembre en el Auditorio de la Ciudad de la Investigación de la UCR (foto Rafael León).
En el 2014, dos años después de la publicación de la Ley General 9028 sobre Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, la Junta Directiva de la AESSA identificó la generación de focos de concentración de colillas dentro y alrededor del Campus Universitario Rodrigo Facio.
Ante esta situación decidieron investigar esta problemática y realizaron un proyecto de recolección donde juntaron 3000 colillas de cigarro. Luego de haber detectado los puntos de concentración de colillas decidieron hacer una segunda recolecta en mayo del 2015, esta vez con el apoyo de distintas instancias de la UCR y con la colaboración de 40 voluntarios.
Es así como luego de cuatro días de trabajo reunieron 6129 colillas dentro del campus y 8053 en el perímetro de la Universidad. De los 23 puntos de recolección determinaron que la zona de los cajeros automáticos y la Facultad de Letras fueron los puntos con mayor contaminación, seguidos de los alrededores del Edificio Saprissa, la rampa de salida de la Facultad de Microbiología y la Oficina de Registro e Información.
Tres meses después de haber obtenido estos resultados realizaron una tercera recolecta en los puntos de alta concentración y se encontró una reducción de la presencia de colillas del 50%.
Christiam Álvarez Vega comentó al respecto que dicha reducción puede deberse a factores externos como la época lluviosa y el tiempo de permanencia de las colillas, así como la dificultad de tener menos voluntarios, entre otros factores.
Asimismo Álvarez Vega explicó que las personas conocen las consecuencias del fumado, pero no toman conciencia de que la colilla de cigarro es un residuo sólido que tiene un impacto en el ambiente y que al final vuelve a repercutir en la salud de las personas debido al ciclo de vida de este desecho.
Lo que sigue es transformar esta iniciativa en un proyecto interdisciplinario e interinstitucional de investigación, subrayó Álvarez Vega, en el que se pueda medir el impacto real por la concentración de colillas, analizar los metales pesados encontrados, estudiar mecanismos de recolección y tecnologías de tratamiento, así como realizar capacitaciones y un plan piloto gestionado junto al Ministerio de Salud.
Diputados y diputadas de las Fracciones del PAC y del Frente Amplio enviaron una nota a Luis Guillermo Solís realizándole una solicitud puntual: que no firme el reglamento que permitiría el negocio de la incineración de residuos en Costa Rica.
¿Por qué se opone el movimiento ambientalistas y otros sectores? En el mundo los impactos de la incineración son denunciados por convertir los residuos en contaminación del aire, el suelo y las aguas con nuevas sustancias resultantes de la combustión de desechos, en muchos casos incluso más contaminantes que el material de residuo inicial. Costa Rica requiere otro modelo de gestión.
Según se señaló en la misiva, la firma de dicho reglamento corresponde al incumplimiento de una promesa de campaña, pues en el PACto Ambiental del actual Gobierno, se adquirió el compromiso de ir, casa por casa, urbanización por urbanización, promoviendo una cultura de reducción del consumo, de reciclaje, de recuperación y de reutilización de los residuos sólidos ordinarios.
Sin embargo toda promesa anterior se diluyó ante el apoyo gubernamental a la incineración que es por naturaleza incompatible con la recuperación, reciclaje y compostaje que valoricen los materiales que descartamos y por tanto desincentiva la reducción de generación de residuos.
El diputado ecologista, Edgardo Araya, manifestó que se debe cumplir con la Ley de Gestión Integrada de Residuos Sólidos promoviendo las iniciativas de valorización de los residuos, que tanto trabajo genera a través de pequeños emprendimientos. Araya señaló que el Presidente de la República debe abstraerse de la presión que le hace un grupo de alcaldes y ocuparse de asegurar el cumplimiento de la Ley vigente desde hace cinco años.
Por su parte, el diputado Franklin Corella y la diputada Laura Garro, de la bancada oficialista, han venido insistiendo en que se debe posponer esta actividad y cumplir los compromisos de campaña. La petición también fue respaldada por los diputados oficialistas: Víctor Hugo Morales Zapata, Javier Cambronero Arguedas y Emilia Molina Cruz.
En la corriente legislativa se cuenta con el proyecto de ley tramitado bajo el expediente Nº 19573, que propone una reforma a la Ley de Residuos, buscando prohibir la transformación térmica de residuos de manera definitiva, que cuenta con el aval de grupos ecologistas, encabezados por el Movimiento Hacia Basura Cero y de cientos de personas que se dedican a la recuperación y reciclaje de desechos, por lo que encuentran en la gestión de residuos su fuente principal de ingresos para la subsistencia.
De acuerdo con un documento que tenemos en nuestro poder, en el que se informa sobre un estudio realizado en el canal de acceso y área de maniobras para el atraque y desatraque de barcos en Moín, se comprobó que los calados o profundidad del mar sufrieron afectaciones por la acumulación de sedimentos. Nos queda claro además que se debe realizar con urgencia un dragado de mantenimiento para recuperar la profundidad del mar o calados que necesitamos para realizar las operaciones de los barcos sin correr el peligro de tener accidentes.
Todas y todos los que conocemos la zona sabemos que desde que la APM inició sus labores de dragado y construcción del rompeolas se empezaron a percibir afectaciones que van desde la contaminación evidente del mar y la afectación directa a una gran área de anidación de la tortuga Baula, hasta problemas que se han detectado en las operaciones de atraque y desatraque de barcos en Moín. Incluso es evidente que la cuenca y desembocadura del Río Moín se está secando y aún no sabemos qué consecuencias podría traer para la zona dicha situación. Aclaramos que también está la construcción de nuevo muelle petrolero que podría también ser parte del problema.
Dentro de las observaciones que tiene el documento arriba mencionado, se intenta justificar que estos efectos son producidos por las malas condiciones del tiempo que hemos sufrido en los últimos días, pero aclaramos que en Limón siempre hemos tenido épocas climáticas difíciles y temporales de todo tipo y nunca habíamos visto efectos tan negativos en tan poco tiempo.
Basados en lo anterior consideramos que en efecto se debe realizar con urgencia el dragado que necesitamos para garantizar que las operaciones se puedan seguir realizando con seguridad y que el puerto y el país no se vean afectados por estos problemas, pero lo que no podemos aceptar es que dichos costos sean asumidos por la Institución cuando evidentemente los responsables de lo que está sucediendo son otros.
Exhortamos una vez más a nuestra Junta Directiva y Presidencia Ejecutiva para que defiendan los intereses de JAPDEVA y le pasen las facturas a quien corresponda para reparar las tortas que se están causando a nuestra querida provincia y país.
