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Etiqueta: Contraloría General de la República

En defensa del modelo de gobernanza del Parque Nacional y la comunidad de Cahuita

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CAHUITA Y DEL CONSEJO LOCAL DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL CAHUITA

  • La Contraloría General de la República amenaza nuevamente al Parque, y si amenaza al Parque, amenaza a la comunidad, porque la comunidad y el Parque no son cosas diferentes. Es Cahuita y su Parque.

  • Ministro Minae apoya el modelo de gobernanza compartida del Parque Nacional de Cahuita.

El presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADI) y presidente del Consejo Local de Manejo del Parque Nacional Cahuita, Enrique Joseph, nos pone en contexto sobre la situación que se ha venido presentando con relación al modelo de gobernanza del Parque Nacional (ver en video):

No es ningún secreto que desde que nace este modelo hace 29 años, siempre ha estado la oposición de la Contraloría General de la República (CGR), y lo que nos ha permitido continuar con el co-manejo ha sido el favor político de los gobiernos de turno. Hace 8 años, con el expresidente de la República don Luis Guillermo Solís, se construyó de manera conjunta dos herramientas legales vía decreto ejecutivo que permite sostener este modelo con toda la transparencia y claridad que se requiere para manejar un Área Silvestre Protegida (ASP).

El señor Luis Guillermo Solís en una visita al Parque Nacional Cahuita expresó: “Estamos poniendo ya en forma permanente, y espero que se replique en otras áreas del país, la figura de co-manejo, que se atribuye y fue una pelea que se dio desde 1998 por incorporarse en la gobernanza del Parque”.

El Consejo Local ha sido responsable, consecuente y ha cumplido con todas las exigencias y los mandatos desde el punto de vista legal. Sin embargo, para la sorpresa de todos y todas, la Contraloría General de la República vuelve otra vez a remeter en contra del modelo de gobernanza. En esta ocasión, acudiendo de manera directa al Consejo Nacional de Áreas de Conservación, quien ha tomado algunos acuerdos de cumplimiento de lo que la Contraloría exige, dentro de las cuales está la implementación del cobro por parte del MINAE en el sector de Playa Blanca.

Lógicamente se ha optado por la resistencia y oposición, porque en todo momento se ha trabajado con argumentos, con posiciones bastantes claras y con, sobre todo, un respaldo jurídico. En esta ocasión, hay acompañamiento por parte de un grupo de ciudadanos, un grupo de vecinos de Cahuita que se han ido interesado en el tema, y este apoyo que se está recibiendo ha permitido reforzar la posición del Consejo Local. Se logró participar en la sesión del Consejo Nacional del 24 de mayo, en cual se iba a tomar la decisión final de implementar el cobro. Sin embargo, con la participación del Consejo Local dentro de esa sesión, se logra activar dudas y pedir una prórroga, así, se logró presentar diferentes estudios que respaldan el modelo que se ha desarrollado como comunidad.

Está claro que la responsabilidad de esta situación no es del Consejo Local, ni de la comunidad, ni del SINAC como tal, ni del MINAE. Si no, se debe a que la Contraloría General de la República sigue con esa posición absurda de querer implementar un cobro en el sector de Playa Blanca, lo cual va a tener un impacto negativo en cada uno de los negocios de esta comunidad porque afecta directamente al turismo.

Cada cuatro años sucede lo mismo. La Contraloría General de la República arremete contra el modelo. Arremete siempre a final del gobierno de turno a efecto de agarrarlos cansados, y sigue ese arremetimiento contra las nuevas autoridades que ingresan porque no conocen nada del modelo, y esto lo hacen de una forma directa amenazándolos con sanciones y todo este tipo de cosas.

No obstante, se insta a dejar un mensaje de tranquilidad. Desde el Consejo Local de Manejo y la Asociación de Desarrollo Integral, vamos a luchar por nuestro modelo, vamos a defender a Cahuita como siempre lo hemos hecho. Y en el momento que sea necesario, vamos a acudir a la comunidad, para que nos acompañen en los lugares que sean necesarios para defender nuestros derechos.

Hay nuevos componentes que tomar en cuenta. Se han publicado dos Decretos Ejecutivos que tienen que ver con el tema de los pueblos tribales mediante el convenio 169 de la OIT, los cuales abalan los derechos de los pueblos tribales. Esto es un logro que se da gracias a la exvicepresidenta Epsy Campbell y a través de cuando estuvimos en el Comisionado Presidencial para Asuntos de la Población Afrodescendiente.

No olvidemos que Cahuita fue el primer pueblo tribal de este país declarado por ley. La Ley que declara el día nacional del Calipso, nos declara de igual manera como pueblo tribal. Vamos a ir sobre esa defensa incorporando los aspectos ambientales, culturales y socioeconómicos de nuestra comunidad.

Acciones de los últimos días. La Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita y del Consejo Local de Manejo del Parque Nacional Cahuita vienen realizando reuniones con la comunidad, El Consejo Nacional de Áreas de Conservación CONAC, con las fuerzas vivas de la comunidad de Cahuita, con las diputadas de la Fracción Caribe, Rosalia Brown y Katherine Moreira.

Junto con las dos diputadas, miembros del Consejo Regional del Área de Conservación la Amistad Caribe se realizó una reunión con el señor ministro Franz Tattenbach del Minae donde se obtuvo un importante apoyo al modelo de gobernanza compartida del Parque Nacional Cahuita (ver más).

Según la Diputada Brown quien gestiono la cita “Para ellos no existe ningún interés en cambiar ese exitoso modelo de gobernanza o administración, ya que cómo se lo hice ver esa diferencia que tiene Cahuita con el resto de parques y localidades está en sus rasgos, en su gente y la convivencia”.

¡Vamos a seguir dando la lucha de todos estos que se han venido a unir al Consejo Local para que nuestras decisiones sean todavía aún más consensuadas!

 

Información compartida con SURCOS por Kioscos Ambientales UCR.

Proyecto de ley que permitiría otorgar derechos de uso en terrenos que son patrimonio natural genera cuestionamientos

Hace algunos meses se publicó en Semanario Universidad un artículo de la periodista Fabiola Pomerada García acerca de un proyecto de ley que permitiría otorgar derechos de uso en terrenos que son patrimonio natural del Estado. El reportaje expone que quienes impulsan la iniciativa desde el gobierno y la Asamblea Legislativa argumentan que se podría resolver el problema de tenencia de la tierra en áreas protegidas, y que alrededor de 245 poblados se beneficiarían con esta nueva figura jurídica.

La propuesta inicial de este proyecto ha sido coordinado por el MINAE y lo que pretende es crear un Derecho de Utilidad Ambiental que podría permitir a las personas que habitan estas zonas obtener bonos, créditos, traspasos, hipotecas, heredar y como punto importante que el Gobierno pueda realizar mejoras a escuelas y asegurar a las comunidades la obtención de servicios públicos.

Un punto importante según Pomerada es que este proyecto de ley abre la posibilidad para que personas jurídicas  y sin fines de lucro puedan recibir estos derechos, aunque el dominio público estaría en manos del Estado costarricense. 

En relación con lo anterior, el abogado y ecologista Jose Francisco Alfaro comenta que «no cree que la intención sea resolver problemas de las personas de menos recursos, al final serán inversionistas que terminarán con las tierras de las familias que sean de escasos recursos. El caso de la zona inalienable de ley 65 de 1888, los de escasos o menos recursos pueden ser cuando mucho un 10%,  y por éstos se va a entregar el patrimonio natural a otros que no son para nada de bajos recursos, y sobre todo, se pondría en peligro terrenos que son de alta vulnerabilidad ambiental, en cuenta de recarga acuífera. Existen otros mecanismos para no dejar desamparados a los de menos recursos”.

Siguiendo en esta línea, el artículo que elaboró Natalia Díaz Zeledón para Semanario Universidad, expone las presiones y exigencias que se gestan desde la procuraduría, en específico Julio Jurado sobre la viabilidad y fundamentación técnica y científica para esta ley que permitiría la ocupación “ilegal” en Patrimonio Nacional, pues lo que se estipula es que este podrías ser inconstitucional y rozar con el artículo 50 de la Constitución Política por falta de justificaciones que lo validen.  

Parte de los riesgos y observaciones que expone Jose Francisco Alfaro se pueden encontrar en un PDF que compartimos al final de la nota, emitido por la Contraloría General de la República específicamente el párrafo 3 de la página 7 que dice:

Ahora bien, un aspecto que llama la atención en el texto propuesto (por ejemplo mediante los artículos 9 y 10 es la incorporación de definiciones y conceptos esenciales sobre el PNE y las ASP, que ya se encuentran contenidas en otras leyes vigentes, sin configurar reformas o modificaciones a dichos textos legales, lo que podría eventualmente generar confusiones, antinomias o interpretaciones aisladas que pueden incidir en la consistencia del marco jurídico, generando inseguridad o acciones litigiosas que pueden evitarse con una adecuada identificación de los conceptos base ya existentes para determinar los que verdaderamente, ameritan una innovación en la promulgación normativa, o bien, considerar las reformas pertinentes -en una adecuada técnica legislativa- antes que incurrir en la superposición que se evidencia. 

En el documento citado anteriormente se pueden encontrar otras llamadas de atención del órgano controlador que pueden ser sustanciosas para entender el proyecto de ley y sus implicaciones.

Le invitamos a descargar y difundir este PDF:

Referencias:

Díaz Zeledón, Natalia (24 mayo 2021). Procurador pide ‘fundamento técnico y científico’ para ley que permitiría ocupación ilegal en Patrimonio Natural. Semanario Universidad. Recuperado de: https://semanariouniversidad.com/pais/procurador-pide-fun

Pomerada Garcia, Fabiola (1 marzo 2021). Proyecto de ley permitiría otorgar derechos de uso en terrenos que son patrimonio natural del Estado. Semanario Universidad. Recuperado de: https://semanariouniversidad.com/pais/proyecto-de-ley-daria-derecho-de-u

Contraloría General de la República, (2021). Criterio de la Contraloría General de la República sobre el texto del proyecto de ley denominado: “Ley para la gestión y regularización del patrimonio natural del Estado y del derecho de utilidad ambiental- (Ley DUA)” iniciativa que se tramita bajo expediente legislativo n.º 22.391. [PDF]

ANEP pregunta: ¿Dónde estaba la Contraloría?

La dirigencia de ANEP pregunta: ¿Dónde estaba la Contraloría General de la República cuando durante diez años grandes empresas reportaron cero ganancias? Vea el video enviado a SURCOS por Roberto Zeledón:

Contraloría no autoriza contratación relacionada con Acueducto Sardinal – El Coco – Ocotal

Confraternidad Guanacasteca envió a SURCOS un documento de la Contraloría General de la República con fecha de 24 de mayo del 2017 en el cual “Se deniega autorización para realizar contratación directa concursada y por urgencia para la ampliación y mejoramiento del Acueducto Sardinal – El Coco – Ocotal (Fase 2), por un monto de ₵1.500.000.000,00”.

La resolución expone una serie de consideraciones relacionadas con la disponibilidad del inmueble a utilizar, el contenido presupuestario, una situación de «precio incierto» y otras consideraciones.

Compartimos el documento:

DCA-1057 CGR Se deniega autorización…

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de http://tlc-no.blogspot.com/

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Agua en Sardinal: «Los pecados de ayer que no han sido corregidos y conducen a la misma piedra»

Confraternidad Guanacasteca envió a SURCOS un documento de la Contraoloría General de la República del 2009 «relativo a los controles ejercidos por el AyA en relación con los grandes proyectos de condominios, apartamentos, centros comerciales y otras edificaciones que se llevan a cabo en la zona El Coco-Ocotal», según indica el propio escrito.

La agrupación comunitaria guanacasteca señala en su envío a SURCOS: «Los pecados de AyA – de ayer- que no han sido corregidos y que pretende repetir en Sardinal. Se topará con la misma piedra».

Compartimos el documento enviado por Confraternidad Guanacasteca. Las conclusiones se encuentran a partir de la página 11.

DFOE ED 16 2009 ESTUDIO ESPECIAL EN AyA

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de http://tlc-no.blogspot.co

Enviado por Confraternidad Guanacasteca.

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