Ir al contenido principal

Etiqueta: control político

El cambio nominal de Golfo de México a Golfo de América impuesto por Donald Trump. Algunas reflexiones

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Amigos, padres de familia y algunos estudiantes, con frecuencia me preguntan, con motivo de la denominación Golfo de América, por parte del presidente Trump, al histórico Golfo de México, qué pienso.

El presidente Trump acude a denominar de esa manera al Golfo de México partiendo del peso que tiene Estados Unidos en el contexto internacional, y en el contexto de las relaciones que tiene con México y Canadá, como países que forman parte de la América del Norte, de las relaciones específicas de México y Estados Unidos, frente al Gran Golfo de la América del Norte, y de las relaciones de estos tres países en el Tratado de Libre Comercio de Norte América, NAFTA.

El nuevo nombre se impuso, de manera oficial, en toda referencia que se haga relacionada con la ubicación geográfica y cartográfica de Estados Unidos, a partir del inicio del Gobierno de Trump, así ya reconocido por la plataforma informativa de Google Maps, en una dimensión proyectada sobre Cuba, Estados Unidos, México en las áreas de Artemisa, y Pinar del Río, de Cuba, de los Estados de Alabama, Florida, Luisiana, Misisipi, Texas, de Estados Unidos y sobre las regiones de Campeche, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, de México, zonas que dan al Golfo.

Los continentes son grandes masas de tierra. Se reconocen en el mundo varios continentes: Asia, América, África, Europa. También se incluyen la Antártida y Oceanía o Australia. A veces se unifican Asia y Europa como un continente llamado Eurasia. Hay quienes también dividen en términos generales, al continente americano solo en dos partes, América del Norte y América del Sur.

En los anillos que simbolizan los Juegos Olímpicos se representan cinco continentes: Oceanía, América, África, Europa y Asia.

Para “entender” la propuesta de Trump hay que señalar que el continente denominado hoy como América es uno solo que puede dividirse geográficamente en tres partes: América del Norte, América Central y América del Sur. Está rodeado por los océanos Glacial Ártico, Glacial Antártico, Atlántico y Pacifico.

El nombre de América resulta de los procesos de búsqueda de nuevas rutas comerciales que se impulsaron en España y en Europa, en los siglos XV y XVI, para dirigirse a la India y a la China, evitando las rutas tradicionales por el Mediterráneo y las rutas terrestres que desde allí se establecieron.

Cristóbal Colón inició este proceso. Su llegada a la parte insular de la actual América dio origen al nombre inicial con que se llegó a distinguir las tierras a las que había llegado, “Las Indias Occidentales”, acudiendo al viaje por Occidente para llegar al Oriente, región que en ese momento eran desconocidas para los europeos.

En sus cuatro viajes, y hasta su muerte, Colón no llegó a tener conciencia de haber llegado a un “continente”, a una nueva región “gigantesca”. De la isla La Española, 1492, actual República Dominicana y Haití, solo avanzó a la región de Venezuela, en la desembocadura del río Orinoco, en su tercer viaje, 1498 y, en su cuarto viaje, 1502, sobre las costas hoy desde Honduras hasta Panamá.

El impacto de la llegada de Colón desató nuevos viajes, de otros conquistadores y buscadores de rutas comerciales. Así los portugueses llegaron a las costas de Brasil y Vasco Núñez de Balboa, logra cruzar el Istmo, hoy de Panamá, llegando a visualizar el océano Pacífico, 1513, que llamó el Mar del Sur, lo que facilitó las expediciones hacia Suramérica por el Pacífico y el recorrer las costas pacíficas de Centroamérica.

Grandes navegantes de aquellos años, entre ellos, Vasco da Gama, Américo Vespucio, Juan Ponce de León, Pedro Álvares Cabral, Juan de la Cosa, Fernando de Magallanes, Juan Sebastián Elcano, se distinguieron en cruzar el Atlántico y aventurarse en nuevas rutas alrededor del mundo.

Se le debe a Américo Vespucio las primeras referencias a la “continentalidad” del Continente americano, que se llegaron a plasmar en 1507 con el cartógrafo Martin Waldseemüller, gran geógrafo de su época, que en el tratado de geografía titulado “Cosmographiae Introductio”, habla y describe el Nuevo Mundo, con información dada por Vespucio, proponiendo nombrar las tierras para ellos descubiertas como “América”, en exaltación y honor a Américo Vespucio, popularizándose desde esa época este nombre.

Los estudios geográficos y geomorfológicos posteriores permiten dividir el continente americano en tres regiones geográficas, América del Norte, América Central y América del Sur. Son regiones o zonas donde hay características comunes, propias, naturales, que las diferencian entre sí.

Así, la América del Norte es la región o territorio que se encuentra entre el Océano Ártico al norte del continente y el Istmo de Tehuantepec, en México, lindando con el océano Atlántico al este y el Mar Caribe al sureste, y el océano Pacífico al oeste y al suroeste. Esta región comprende también a Groenlandia y sus islas adyacentes.

La América del Norte desde una visión política actual comprende a Canadá, Estados Unidos y Alaska, México y Groenlandia, que pertenece a Dinamarca.

Políticamente comprende los países de Canadá, Estados Unidos y México.

América Central geográficamente es la región comprendida entre el Istmo de Tehuantepec, en México, y la región del río Atrato, en Colombia, que abarca los territorios del sur de México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y la parte norte de Colombia.

El concepto Centroamérica como definición política, no geográfica, solo comprende a Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

Para algunos efectos económicos regionales se ha extendido el concepto de Centroamérica para que formen parte de esta región Panamá y República Dominicana.

La otra gran región geográfica es Sur América o América del Sur, en el resto del continente, desde la Depresión del Río Atrato hasta la llamada Tierra del Fuego, la Antártida y las Islas del Atlántico Sur.

Desde la óptica del presidente Trump, en sus primeros 100 días de gobierno, ha señalado claramente varios objetivos políticos de una nueva definición de proyección geopolítica, de la ubicación geográfica y política de los Estados Unidos en el continente.

Primero, con la propuesta y anuncio de la retoma del Canal de Panamá, su control administrativo, político, económico y militar, con su región colindante, en la llamada Zona del Canal, como lo hacía Estados Unidos antes del Tratado Torrijos Carter de 1977, con el cual Panamá tomó la Soberanía del Canal, en que Estados Unidos acordó rescindir el Tratado original de manera definitiva a partir de 1999.

Trump no está de acuerdo con lo pactado por el presidente Carter y está dispuesto a tomar el Canal si es necesario por la fuerza militar. Ya ha entrado en negociaciones con el actual gobierno de Panamá para ir asumiendo cada vez mayor presencia en la Zona del Canal. En Panamá se han suscitado fuertes protestas populares por este motivo.

Segundo, en el norte ha proyectado el presidente Trump sus objetivos geopolíticos.

Primero, apropiarse de Groenlandia, que como territorio pertenece a Dinamarca, lo cual lo enfrentaría a un país europeo, con ello a la Unión Europea y a la misma Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en caso de una agresión u ocupación militar, que la OTAN, a la cual pertenece Estados Unidos, que se vería obligada a actuar en defensa de Dinamarca.

En este escenario sabemos cómo actúan los intereses de los Estados Unidos, como lo hicieron con la intervención de los ingleses en Las Malvinas, cuando Estados Unidos se alió a Inglaterra, en perjuicio de Argentina, en que impidió la invocación de la OEA y la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, que Argentina trató de activar.

Segundo, el discurso ofensivo de Trump sobre Canadá considerándolo como el Estado Número 51 de los Estados Unidos, llamando incluso “Gobernador” a su máxima autoridad política, el primer ministro de Canadá, que forma parte de la estructura monárquica de Inglaterra, proponiendo una consulta popular para la adhesión o integración del Canadá a los Estados Unidos, posición que ha sido rechazada por la población canadiense.

Cuarto, replanteando dentro de su visión económica sus relaciones con Canadá y México, alterando los acuerdos contenidos en el Tratado de Libre Comercio de estos países, imponiéndose como la parte más beneficiada de cualquier relación comercial con ellos.

En su conjunto también afectando a todos estos países con las decisiones de aumentar los aranceles prácticamente con todos los países con los cuales Estados Unidos tiene relaciones comerciales, más allá de Tratados o Acuerdos comerciales.

Quinto, le dio un zarpazo a México al denominar oficialmente al Golfo de México como Golfo de América. Cambió el nombre y con ello estableció una jurisdicción proyectada de los Estados de Alabama, Florida, Luisiana, Misisipi y Texas sobre el mar del Golfo. Así se están haciendo los nuevos mapas y así se introdujo la enseñanza de la geografía en las instituciones escolares.

La conquista y la colonización que desarrolló España en América hizo que se impulsara, para la mejor administración de los territorios conquistados, una división administrativa colonial que hizo surgir cuatro Virreinatos en América. El más antiguo fue el de Nueva España o de México, que se estableció en 1535, que llegó a abarcar todo Centroamérica, México y de los Estados Unidos, todos los territorios actuales de California, Nevada, Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona, Texas, Oregón, Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Kansas, Oklahoma, Luisiana, Florida, Alabama, Misisipi y Alaska pertenecieron al Virreinato de México.

El Virreinato de Nueva España o de México se extendió a otros territorios de Asia y Oceanía.

Los territorios que llegaron a tener las 13 colonias inglesas, que se habían establecido en el este de Norte América, se independizaron en 1776, siendo hasta entonces territorios que se concebían dentro del Virreinato de México. Ello hizo que los mapas que se elaboraron desde aquellos años establecieran el nombre de Golfo de México, que se ha mantenido hasta hoy, para cubrir todos los territorios desde México hasta los Estados Unidos en el Gran Golfo del Norte de América que ha sido conocido como Golfo de México. Los mapas así lo consignaron desde los años del Virreinato, cuando fueron elaborados en 1562, 1784, 1794, 1822 y cualquier otro mapa así publicado hasta el 2024.

Con el actual cambio de nombre por parte de los Estados Unidos, el Golfo de América comprende hoy las costas de los estados de Florida, Alabama, Misisipí, Luisiana y Texas.

El Golfo de México, por su parte, comprende las costas suroeste y sur de los estados mexicanos de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y la parte norte de Quintana Roo.

Está claro que Donald Trump visualiza su presencia en el Continente Americano de manera contundente. De mayor control político, geopolítico, militar, económico y cultural.

La Doctrina Monroe, desarrollada a partir de 1823 ha sido reactualizada por Trump, teniendo presente las distintas doctrinas y políticas intervencionistas de Estados Unidos en el continente, las doctrinas y acciones políticas del Gran Garrote, de Roosevelt, 1904-1939, la del Buen Vecino y diplomacia del Dólar, siglo XIX y XX, la Doctrina Truman que impuso las políticas anticomunistas en el continente y desarrolló más las bases militares en Panamá, las doctrinas intervencionistas y militaristas, de la Seguridad Nacional, el Plan Cóndor, con motivo de la Guerra Fría, hasta las de Ronald Reagan, con el dominio de su “patio trasero”, o las de políticas y doctrina de Kissinger combinando diplomacia con poder militar.

Con todas estas doctrinas Estados Unidos trató de contener, y de reemplazar cuando fuera del caso, gobiernos y líderes de izquierda, progresista por líderes de derecha, juntas militares o regímenes autoritarios.

Frente al cambio de nombre del Golfo de México hay que replantear, en el campo de la enseñanza y la educación, en general, y geográfica e histórica en los particular, la correcta denominación de las cosas, de las situaciones.

Así, por ejemplo, cuando hablamos o referimos al concepto americano se debe distinguir a todo el continente, y a todos los habitantes del Continente. En la práctica actual americano ha referido casi solo a los ciudadanos de los Estados Unidos, a los que hay que empezar a llamar estadounidenses. Con el nombre de los Estados Unidos de América se conoce a las 13 colonias inglesas que se liberaron de Inglaterra, que luego fueron desarrollándose hasta crear la gran nación de Norte América, hoy con sus 50 estados federados. Así en el caso de la América del Norte tendremos canadienses, estadounidenses y mexicanos, de la misma manera como se conocen los habitantes de cada uno de los países latinoamericanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, costarricenses, panameños, colombianos, venezolanos, brasileños, guayaneses, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, paraguayos, argentinos y uruguayos.

Si se trata por regiones del continente, se llamará norteamericanos, a los ciudadanos de toda Norte América o la América del Norte, centroamericanos, suramericanos y caribeños.

Es al menos una manera, y un intento, de afirmar nuestra identidad nacional de mejor forma.

Compartido con SURCOS por el autor.

Lawfare: reflexiones sobre una nueva calamidad judicial

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Walter Antillón

1.- Preámbulo

Tendemos a postular la justificación de nuestros apetitos y exigimos la contención de los ajenos. A ese impulso obedece el hecho de que siempre, desde hace miles de años, los detentadores del poder hayan querido controlar la justicia, ya sea administrándola en persona (como el legendario rey francés, bajo la encina), o delegándola en vasallos sumisos, a fin de que esa justicia justificara el poder, pero nunca se volviera contra él. Y la historia nos muestra que los detentadores del poder han conseguido con creces perpetuar su dominio y control sobre la justicia, al punto de que bien se puede afirmar que las garantías culturales e institucionales de una justicia independiente e imparcial son en realidad un fenómeno muy reciente; y rigen, con limitaciones y contratiempos, en un grupo aún limitado de países.

Esto último ha sido así porque, en lo que atañe a la justicia, tampoco marcharon bien las cosas en la Europa ilustrada, después de la Revolución Francesa: se adoptó el deficiente modelo napoleónico de subalternidad de la justicia dentro del gobierno; y en el siglo XX este modelo condujo fácilmente a la infame anti-justicia que se implementará hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial en todo el territorio de la Europa ocupada por el nazi-fascismo y dictaduras afines (España y Portugal).

Derrotado el fascismo, se impuso entre los intelectuales demócratas una reflexión acerca de la naturaleza de la función jurisdiccional y las condiciones de su ejercicio que tomó fuerza sobre todo en la doctrina europea, y llevó a un grupo de juristas a la convicción de que era necesario e impostergable:

a) confiar institucionalmente a los jueces, más allá de su rol tradicional de conocer de los procesos civiles, penales y comerciales de los ciudadanos, un cometido transversal esencial: proteger los derechos fundamentales de las personas y someter el ejercicio de los poderes (político o fáctico) a los principios del Derecho de la Constitución y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos;

b) crear un órgano administrador autónomo que asegure la garantía institucional de la independencia interna y externa de cada juez; y

c) incrementar una cultura humanista y un hábito de independencia en los jueces: sin eso no era posible satisfacer aquella exigencia esencial. Porque la independencia del juez requiere que su garantía institucional sea sostenida desde dentro, es decir, desde la conciencia, mediante una actitud personal celosamente honesta e independiente por parte de cada juez.

Pero esto no se implementó en América Latina, la cual continuó anclada a una mala versión del modelo napoleónico: durante más de un siglo, aquí veníamos contentándonos a medias con una administración de justicia que era y sigue siendo, en el mejor de los casos, la administración de un orden funcional a los intereses de las oligarquías; porque éstas controlaban y aún controlan las cúpulas judiciales por la vía del nombramiento politiquero de los jueces superiores. Aunque los constituyentes latinoamericanos, eufemistas incorregibles, suelen salir del paso redactando artículos como, por ejemplo, nuestro 154 Constitucional, que declara falazmente que en Costa Rica el Poder Judicial es independiente de todo otro Poder, y sólo está sometido a la Constitución y a las Leyes.

Lo cierto es que nuestras oligarquías, expertas en usar su poder político y económico para defender sus intereses y sus privilegios, subordinando para ello a cualesquiera de los llamados Poderes del Estado, han empleado al respecto diferentes instrumentos, tales como la hegemonía político-cultural, las mayorías parlamentarias, la presión financiera, el soborno, la represión policial, la prevaricación judicial y fiscal, el golpe de Estado, etc.

En los últimos decenios hemos visto con alarma el crecimiento de los casos de manipulación sistemática de las funciones judiciales en nuestra América, al servicio de la persecución y el acoso de los adversarios políticos. A esto se le ha dado el nombre de lawfare: la guerra jurídica. Pero este nombre tiene su historia.

2.- El Lawfare, según la doctrina norteamericana

Creo que el término lawfare lo inventó el general estadunidense Charles Dunlap Jr. en el año 2001 (Law and Military Interventions: Preserving Humanitarian Values in 21st Conflicts; Washington, 2001; del mismo autor: Lawfare; en ‘National Security Law; Durham, 2015; e Introducción a la guerra jurídica. Manual básico; Revista Militar; Washington, agosto de 2017), pero con un significado muy diferente al que le hemos dado en Latinoamérica. Para él, el lawfare es la invocación del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional Bélico (es decir, de los Convenios de Ginebra y otros) por parte de los enemigos, para criticar, descalificar e incluso enervar las acciones militares de los Estados Unidos.

En el mundo anglosajón, el tema desencadenó una avalancha de escritos para tratar de precisar el sentido exacto del neologismo, entre los cuales destaco el artículo de la profesora Susan Tiefenbrun, de la Facultad de Derecho de San Diego, California, titulado Semiotic definition of ‘Lawfare’ (Journal of International Law; 2011).

Según la profesora Tiefenbrun, lawfare “…es un arma destinada a destruir al enemigo, usando, desaplicando y abusando del sistema legal y de los medios de comunicación, para producir el clamor del público contra ese enemigo…” («Lawfare» is a weapon designed to destroy the enemy by using, misusing, and abusing the legal system and the media in order to raise a public outcry against that enemy).

Como podemos apreciar de la definición transcrita (pero eso queda aún más claro en la Conclusión del artículo, que recomiendo leer), a través de su investigación, la profesora Tiefenbrun confirma el significado del término fijado originalmente por el general Dunlap, de modo que el arma (weapon) a que ella se refiere consiste en la invocación, por uno de los contendientes, de los textos legales que tutelan los derechos violados con las operaciones militares del otro contendiente (que, de hecho, han sido casi siempre los Estados Unidos), a fin de poner a la opinión pública en su contra . Nos queda claro, en el contexto, que tanto el general Dunlap como la profesora Tiefenbrun están pensando en términos de defensa de la imagen internacional de su país, frecuente agresor, y en la manera de conservar la eficacia de sus operaciones militares.

Resumiendo,

i) el contexto dentro del cual se sitúa el ejercicio del lawfare es la guerra convencional, con ejércitos, bombardeos, etc.

ii) uno de los beligerantes comete lawfare, es decir, recurre a la guerra jurídica cuando usa o abusa de la invocación de instrumentos jurídicos para denunciar supuestas violaciones cometidas en el transcurso de la guerra por el otro beligerante, a fin de influenciar la opinión mundial en contra de este último.

Estos ilustres filibusteros, el general y la profesora, deploran que se invoque el Derecho Internacional humanitario para denunciar acciones bélicas violatorias cometidas por los Estados Unidos (warfare). A ese acto de invocar la protección del derecho lo han llamado lawfare: guerra jurídica.

3.– Lawfare según la doctrina latinoamericana

Todos aquí sabemos que, en los últimos años, el término lawfare se ha comenzado a usar en Latinoamérica para describir un tipo de acción que combina la manipulación de las actuaciones fiscales y judiciales en el proceso penal, —principalmente en supuestas causas de corrupción—, coordinadas con noticias y mensajes en los medios de comunicación y redes sociales, todo orientado a desprestigiar a los opositores para descalificarlos en el terreno político.

Como podemos ver, se trata de un escenario radicalmente diferente del que describen los citados escritores de Estados Unidos. En realidad, lo que los estudiosos latinoamericanos han definido con el nombre de lawfare es, de acuerdo con autorizadas opiniones:

“… el uso de procesos legales para inmovilizar políticamente o destituir a quienes ocupan cargos públicos en un país. La palabra combina los términos law (‘ley’, ‘derecho’) y warfare (‘guerra’, ‘conflicto’), y se traduce del inglés como ‘guerra jurídica’. Consiste en usar el sistema judicial de un país con fines partidistas, contrarios a la separación y la independencia de poderes y de las provisiones del Estado de derecho. En definitiva, es el arma política de tratar esas mismas cuestiones por vía judicial…”

(Patricia Moreno, de EOM de Madrid: ¿Qué es el lawfare?, Madrid, 2023)

“… el uso político del sistema judicial para lograr la muerte política y jurídica de lxs políticxs progresistas en la región. Con la muerte política se busca erosionar el poder de lxs enemigxs políticxs, deslegitimarlxs y convertirlxs en los causantes de todos los males, desacreditarlxs, manchar su imagen política, arruinar sus carreras. En fin, convertirlxs en muertxs políticos. Al mismo tiempo se busca su muerte jurídica, es decir, inhabilitarlxs legalmente para participar en política (…) La pregunta obligada es entonces ¿quiénes son los verdugos de estas muertes políticas y jurídicas? Los verdugos son cuatro viejos poderes: el judicial, el mediático, el corporativo y el internacional…” (Valeria Vegh Weis: Página/12, setiembre 2023)

Entonces tenemos que,

a) el contexto dentro del cual se sitúa el ejercicio de este otro lawfare es el Estado en cuyo territorio interactúan ambos adversarios políticos.

b) Uno de los adversarios realizaría lawfare cuando consigue utilizar el sistema judicial para lograr, por virtud de la condena de parte del juez coludido y una adecuada campaña de prensa, la eliminación o la postergación política del otro adversario.

4.- La Prevaricación política

En realidad, se trata de la versión moderna de un viejo fenómeno, de uso inveterado y de alcance mundial, pero ciertamente presente en Latinoamérica: la prevaricación del juez con fines políticos. Si consultamos en cada país, encontraremos que hace cincuenta, cien años o más, ya se daban casos judiciales en que los jueces, confabulados con los políticos, han prodigado condenas contra los opositores, con el objetivo de neutralizarlos o destruirlos políticamente, con o sin acompañamiento de prensa.

Por ejemplo, el primer candidato presidencial de izquierda que hubo en Costa Rica, el abogado y académico Félix Arcadio Montero, después de las elecciones de 1884 en las que se reveló su fuerza electoral, al año siguiente fue acusado falsamente de complicidad en un atentado contra el Presidente de la República, y fue condenado sin pruebas a la pena de destierro, a fin de alejarlo de la palestra política. Y el asunto no terminó allí, sino que, poco tiempo después, don Félix Arcadio fue envenenado en el barco en el que regresaba a Costa Rica, y su cuerpo fue arrojado al mar.

Otro ejemplo: en 1949 el gobierno del dictador golpista peruano Manuel Odría promovió acusaciones penales contra el líder Víctor Raúl Haya de la Torre atribuyéndole varios delitos comunes, con el fin de oponerse al asilo diplomático otorgado a Haya de la Torre el año anterior, por parte del gobierno de Colombia, y forzar su entrega al Perú.

Como podemos apreciar, nada de esto es propiamente una “guerra judicial” (lawfare): lo que hay en estos casos es más bien una modalidad de prevaricación judicial con fines políticos que, en la actualidad, viene acompañado por una campaña mediática. Creo por eso que un nombre más adecuado para llamar al fenómeno en estudio es precisamente el de prevaricación política, que usaré de aquí en adelante, sin perjuicio de que después hallemos otro mejor. Entonces la diferencia que podemos notar entre aquellos ejemplos de siglos pasados y la actual prevaricación política es que ésta conforma una operación más compleja, diseñada expresamente, la cual suele involucrar a nuevos personajes, además de los gobernantes y los jueces, tales como los servicios secretos de alguna potencia, las transnacionales, la oligarquía criolla, más los políticos y la prensa a su servicio.

En lo que atañe a la historia de Latinoamérica, la modalidad de prevaricación política llamada lawfare que hemos venido sufriendo con mayor frecuencia ha sido una operación prevalecientemente dirigida, financiada o asesorada por los aparatos de inteligencia de USA y ejecutada por los gobiernos oligárquicos, que usan a los jueces y a la prensa para descalificar a los políticos de izquierda y así detener la difusión y el avance del socialismo. Pero obviamente, también un gobierno de izquierda puede usar a jueces y medios de prensa dóciles, para impedir a sus oponentes ganar elecciones, utilizando también sentencias antijurídicas y campañas de prensa maliciosas.

En todo caso, algo hemos progresado, porque recordemos que, con aquel mismo propósito antidemocrático e imperialista, en la segunda mitad del siglo pasado los Estados Unidos propiciaron y prodigaron sangrientos golpes de Estado en Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, Brasil, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Chile y Argentina; y remataron con el patrocinio de la llamada ‘Operación Cóndor’, a fin de coronar su obra civilizadora.

Pero los pueblos son obstinados: después de aquellos horrores, las izquierdas volvieron a ganar elecciones en muchos países; y ya no era políticamente correcto repetir los cuartelazos, las dictaduras, las desapariciones, los asesinatos, etc. Entonces aparecieron los ‘golpes blandos’ a través de operaciones no cruentas (o no tan cruentas), por aquello de los derechos humanos y del “qué dirán” internacional. Y específicamente se ha venido recurriendo a un proceso jurisdiccional espurio combinado con una campaña de prensa, para conseguir condenas y descalificaciones, y a esto se le ha aplicado el nombre de lawfare, como quedó dicho arriba.

Todos conocemos la lista de las víctimas de este nefasto mecanismo, encabezada por el actual Presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, pero que incluye muchos otros personajes de la política latinoamericana: Cristina Fernández, de Argentina, Rafael Correa, Jorge Glas y sus colaboradores, de Ecuador, Dilma Rousseff de Brasil, Manuel Zelaya de Honduras, Bernardo Arévalo y otros dirigentes guatemaltecos, Mauricio Funes de El Salvador, etc.

En suma, se urdió la combinación entre dos piezas: un proceso judicial delictuoso, pero formalmente correcto (pieza básica) y una campaña publicitaria mendaz (pieza complementaria) cuya credibilidad se apoya precisamente en el prestigio del que tradicionalmente ha gozado, y pese a todo aún goza el proceso judicial.

5.- El análisis jurídico

Así las cosas, el análisis nos muestra en primer lugar un juez que, en el ejercicio de sus funciones, dicta una resolución contraria a derecho, integrando precisamente una variedad del tipo penal del delito de prevaricato. Porque éste, como figura general, consiste en la resolución de un funcionario público deliberadamente contraria a derecho, dirigida a causar un beneficio o un daño indebidos.:

El artículo 357 del Código Penal de Costa Rica describe ese delito del siguiente modo:

ARTÍCULO 357.- Se impondrá prisión de dos a seis años al funcionario judicial o administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos.

Si se tratare de una sentencia condenatoria en causa criminal, la pena será de tres a quince años de prisión.

Lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo será aplicable en su caso, a los árbitros y arbitradores.

Ahora bien, el ilícito que aquí interesa es el que, típicamente, comete el juez penal, cuando tramita un proceso y dicta una sentencia condenatoria contra un dirigente político, con plena conciencia de que es violatoria del orden normativo (tipo o figura que hemos llamado prevaricación política, no específicamente descrita en nuestro Código Penal); proceso y condena acompañados de una campaña de prensa, con el propósito principal de obstaculizar o destruir la carrera política de aquél, así como la marcha ascendente de su partido al poder.

Un análisis de lege ferenda, de los otros elementos de la especie fáctica descrita sería, poco más o menos:

Los sujetos activos, que suelen ser: una potencia injerencista, empresas nacionales y/o transnacionales (instigadores, cooperadores), el gobernante o la cúpula política (autores mediatos); el juez (autor material) y el periodista (coautor accesorio).

Los sujetos pasivos son: el dirigente político condenado, el partido político al que pertenece, y la comunidad ciudadana.

Los bienes jurídicos tutelados: se trata de un delito pluriofensivo, puesto que viola simultáneamente la administración de la justicia, los derechos civiles y políticos del dirigente objeto de la persecución judicial, y de su partido; y el derecho de la comunidad ciudadana a vivir en democracia.

6.- ¿Qué hacer?

Esa prevaricación política que llamamos lawfare es, en la actualidad, un peligroso obstáculo para la democracia y una gran desgracia para nuestros pueblos, pero ¿cómo combatirla?

Para empezar, no creo que exista un remedio a corto plazo, dadas las dimensiones macro-político-económicas del fenómeno mismo y de algunos de sus protagonistas: ¿cuándo destruiríamos las transnacionales? ¿cómo derrotaríamos a los Estados Unidos? Eso llevará tiempo.

Pero en cambio me parece que para el mediano y largo plazo (que podría ser decenios), tenemos un diagnóstico y un remedio que recaen en otros protagonistas que sí podemos llegar a controlar: el juez y el periodista.

Porque el corazón de la operación en que consiste esa “prevaricación política” está en las actuaciones delictuosas del juez, que constituyen una modalidad del delito de prevaricato regulado en el Código Penal.

Para esos efectos, el diagnóstico se centra en el modelo de Poder Judicial vigente en Latinoamérica: porque uno de los problemas más graves de nuestro Sub-Continente es la precaria independencia de sus jueces, y frecuentemente de sus fiscales y de sus jueces superiores: los mismos que revisan los fallos de sus inferiores en grado, y cuyas sentencias suelen recaer en asuntos de vital importancia para el pueblo, y son inapelables.

Si los jueces superiores, para asegurarse la permanencia en sus cargos, o por ambición, entablan relaciones secretas de colaboración con personajes de la gran empresa o altos dignatarios políticos, se convierten en potenciales perpetradores de tantas prevaricaciones. Recordemos al fiscal brasileño Sergio Moro, verdugo implacable de Lula da Silva, premiado por Bolsonaro con el Ministerio de Justicia.

Entonces, si resulta evidente que el corazón de todo el entero mecanismo del llamado lawfare es la prevaricación del juez, en el mediano y el largo plazo es posible desmontar eficazmente ese mecanismo, eliminando la precariedad y la inestabilidad de los jueces, rodeándolos de garantías institucionales seguras y consistentes y dotándolos de una cultura adecuada a la naturaleza y a la altura de sus augustas funciones. La clave es, entonces, institucionalidad y cultura judicial:

i) la institucionalidad consiste en el buen funcionamiento de un Consejo Superior de la Magistratura de base democrática, realmente separado e independiente de los poderes políticos y fácticos;

ii) una cultura humanista que sustente la dignidad del cargo y estimule el sentido de independencia puede ser suministrada por las Escuelas Superiores de la Magistratura que, por ejemplo, en el caso del Brasil, ya están operando.

Y un discurso parecido se puede hacer en relación con el periodista, hoy enajenado las más de las veces dentro de estructuras que no domina (y que generalmente son funcionales a los intereses de la oligarquía) pero que está llamado por naturaleza y vocación a reivindicar su libertad y su lucha por los derechos humanos.

No tengo varita mágica, sólo las anteriores, modestas observaciones. Pero, a pesar de las ominosas señales del presente, sabemos que otro mundo es posible.

Libros de referencia:

María Inmaculada Ramos Tapia: El delito de prevaricación judicial, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.

Elisa M. Gûidi Clas: La prevaricación judicial en España y en el derecho comparado, Bosch, Barcelona, 2006.

Miguel Díaz y García Conlledo: Autoría y participación. Revista de Estudios de la Justicia –Madrid, 2008

Charlotte Back: Derecho Penal del enemigo (político). En C. Proner, G. Cittadino, G. Ricobom y J. Dornelles (Comps.), Comentarios a una sentencia anunciada. El proceso de Lula. Clacso, 2018

Atilio Borón; Tirado, A.; Lajtman, T.; García Fernández, A. y Romano, S. (2019). EEUU. y la asistencia jurídica para América Latina y el Caribe. Celag.org. https://www.celag.org/eeuu-y-la-asistencia-juridica-para- america-latina/

Charles Dunlap: Law and Military Interventions: Preserving Humanitarian Values in 21st Conflicts; Washington, 2001;

Id : Lawfare; en ‘National Security Law; Durham, 2015;

Id : Introducción a la guerra jurídica. Manual básico; Revista Militar; Washington, agosto de 2017

Andrei Josan, C. (2015). Hybrid wars in the age of asymmetric conflicts. Review of Air Force Academy, 1.

Tullio Padovani: Vita, morte e miracoli dell’abuso d’ufficio. Giurisprudenza Penale, Milán, 2020

Silvina Romano: Lawfare y neoliberalismo en América Latina (Revista Sudamérica, diciembre de 2020)

Bartolomeo Romano: Il “nuovo” abuso di ufficio. Pacini, Pisa, 2021

Susan W. Tiefenbrun: Semiotic definition of ‘Lawfare’ (Journal of International Law; 2011).

Domenico Pulitanò: Il giudice e la legge penale ; Questione Giustizia, Milán, 2017

Raúl Zaffaroni, Cristina Caamaño, Valeria Vegh: Bienvenidos al lawfare: manual de pasos básicos para demoler el derecho penal (Capital Intelectual, Buenos Aires, 2020).

Giovanni Fiandaca – Enzo Musco: Derecho penal. Parte general. Temis, Bogotá, 2021.

 

Don Máximo Cisneros y la democracia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Marco Vinicio Fournier

Marco Vinicio Fournier

Mi padre viajó a la frontera entre Ecuador y Perú para recibir a don Máximo Cisneros y a uno de sus hijos que venían huyendo de una verdadera dictadura militar en su país. Sin lugar a duda, porque así siempre lo expresó, don Máximo escogió a Costa Rica por su reconocimiento a la tradición democrática y pacífica de nuestro país, que no era para nada una tiranía perfecta como ahora insiste Chaves.

Don Máximo vivió en mi casa alrededor de dos meses mientras lograba reubicarse. Todos nosotros los recibimos con mucho cariño y con mucha solidaridad por la situación de persecución política por la que estaba pasando. Al cabo de ese tiempo, la gran mayoría de los miembros de la familia Cisneros, incluida Pilar, se trasladaron también a Costa Rica y se instalaron en una casa en Lourdes.

El día de hoy, estoy seguro de que tanto mi padre como don Máximo deben estarse revolcando en su tumba al ver a Pilar arrastrar nuestra democracia por el fango, cuestionando todas las instancias de separación de poderes y de control político, desmantelando toda la institucionalidad y dando, tanto ella como Chaves, el peor ejemplo posible contra el diálogo democrático y la cultura de paz.

Las razones que obligaron a su familia a huir de su patria son hoy las mismas que pretenden imponernos con bravuconadas y autoritarismos. Pero, se equivoca Pilar y se equivoca Chaves, la tradición democrática y pacífica sigue totalmente viva en muchas personas de este país y estaremos siempre en pie de lucha activa para defenderla.

La Democracia secuestrada

Escrito en . Publicado en Análisis.

Lic. Rafael Ángel Ugalde Quirós

Al cumplirse este 14 de agosto próximo 67 años de su desaparición física, el mundo de los trabajadores recuerda las verdades vigentes del Bertolt Brecht: “Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchas muchos años y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida: Esos son los imprescindibles”.

Quiénes durante 200 años creyeron que la riqueza originaria en nuestro país fue distinta a la violenta expoliación causada cuando la propiedad comunitaria pasó a manos privadas de los europeos, el siglo XXI los pone contra la pared.

Lo cierto es que, las oligarquías latinoamericanas, siempre apostaron al control político por encima de lo económico, pues controlando el primero, justificaban la administración y la apropiación de los recursos producidos por sus pueblos.

Los diversos estudios científicos demuestran que el control político durante la colonización europea en nuestro continente produjo al menos 55.8 millones de muertos; unas veces exterminados por problemas políticos, y otras por epidemias en sólo 100 años, lo que equivale aproximadamente el 90% de la población nativa.

De las 119 estimaciones de población analizadas por el grupo encabezado por Alexander Kock indican que antes de 1492 vivían en el llamado Nuevo Continente cerca de 60.5 millones de personas, con una utilización agrícola y forestal de 1,04 hectáreas por persona (Periódico La Vanguardia 01/02/2019).

En el caso costarricense, este reforzamiento del control político viene desde los pueblos originarios sobrevivientes, moldeó hasta nuestros días el llamado sistema “democrático liberal”, experimentando crisis como la de los siglos XIX y mitad del XX, con cruentos golpes de estado y hasta una guerra civil incluida. De esta manera, la gran crisis experimentada por la administración del expresidente Rodrigo Carazo (1978-1982), después de echar una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), vino a ratificar desde entonces que nuestra oligarquía nunca otorgó derecho alguno a los trabajadores; éstos se los ganaron, rehusándose a terminar como siervos. Es el punto tensional que viven los costarricenses más allá de que ubiquemos como principales problemas los salarios de hambre, las extenuantes jornadas de 12 horas, la mesa de negocios que tiene en crisis todos los niveles de la educación, las filas de espera en la Caja del Seguro Social, la posible exploración petrolera y hasta las pobres tortugas de carey; éstas últimas amenazadas en un proyecto de ley presentado y retirado por INCOPESCA.

En Costa Rica esta élite desde hace décadas atrás no corre ningún riesgo en ceder un ápice político a las mayorías. Los trabajadores y trabajadoras financian las carreteras, las escuelas, la justicia, la seguridad ciudadana, pero aquella clase social es la encargada de administrar los impuestos pagados por todos los costarricenses. Ella vende empresas de todos los votantes, da en concesión, puertos, aeropuertos, autopistas, espectro electromagnético y dice cómo deben de gastarse; así como quienes tienen la prioridad.

Así vemos cómo de cara a las próximas elecciones municipales, en la Asamblea Legislativa se promueve una “pensión universal”, que posiblemente, según algunos entendidos en la materia, terminará por desfinanciar otros regímenes de jubilaciones, pero ganarán con los votos necesarios para consolidar aún más el poder político. Es obvio que una compensación universal inferior a 180.000.00 colones mensuales (aproximadamente $300; un dólar igual a 600 colones) es alejada de toda realidad económica, tomando en cuenta, por un lado, la manipulación de toda clase de precios, y por el otro, a la ley de oferta y la demanda, en rubros tan importantes como los alquileres de casa, transporte remunerado de personas, alimentos, medicinas, combustibles, entre otros.

Lo anterior tiene como marco la tradición histórica de la Asamblea Legislativa de hacer leyes sin parar, para exonerar de impuestos a compañías agrícolas, importadoras, exportadoras, farmacéuticas, bancarias, minería, industrias, entre otras, beneficiando, además, como es “vox populi” a evasores, decretando además amnistías tributarias; bajo la premisa de “crear empleo” y el “mejoramiento” de millones de desesperados votantes.

Cuando el presidente Luis Alberto Monge (1982-1986), con el concurso del Partido Liberación Nacional (PLN) y la llamada oposición Social Cristiana (PUSC), empezaron a desmontar el sistema agrícola nacional con el llamado Primer Ajuste Estructural de la Economía (PAEI) las cartas marcadas para los asalariados, las amas de casa, los maestros, estudiantes, pequeños y medianos productores, y movimiento popular en general, se barajaron irremediablemente.

Con este “ilustre”, hoy benemérito de la patria, empezaron los famosos programas PAEs impulsados por la élite nacional, atrincherada en la que en algún momento nuestros críticos dieron en llamar el PLUSC. Fue, cuando, supuestamente, habría “producción” para que hubiera paz, porque sin ella no hay comida, “justicia social”, porque la ausencia de esta lleva a la intranquilidad; democracia, porque así hay garantía de libertad; mientras sin valores éticos y culturales no hay confianza en el pueblo. Con este “maravilloso” programa el “campesino de palmares” y “líder” sindical de los “sindicatos blancos”, llegó a la presidencia de la república; advirtiendo que su plan sería para los próximo 30 años (ver programa “Volvamos a la Tierra”, página 8).

Traer la crisis actual evadiendo responsabilidades políticas concretas, sobre cómo han ido desmontando el Estado Social del Derecho, mandaron al carajo la soberanía alimentaria, pusieron los cuerpos policiales en guerra contra el “narco”, mientras los grandes consumidores mundiales de estupefacientes siguen sin controlar su clientela, es la misma politiquería usada para que veamos la inseguridad ciudadana como un fenómeno reciente y focalizado, y no creado por una casta de burócratas al servicio del neoliberalismo. Las escuelas están cayéndose a pedazos como si fuera por generación espontánea, el sicariato juvenil es una cosa como si hubiera surgido en los dos o tres años y no consecuencia del desvío de fondos a otro lado, desfinanciando así el quehacer social del Estado.

Para combatir supuestamente la inseguridad ciudadana, promovida por el Estado mismo, al dejar en manos privadas tan delicada función Constitucional, hay quienes proponen un “estado de excepción” que no es otro que el mecanismo de control autoritario de todos los ciudadanos; como colofón de una sostenida campaña del miedo por radio, televisión y prensa escrita. Si bien los asaltos, ejecuciones, desapariciones, violaciones; etc etc, son parte de nuestro vivir, recientemente un amplio reportaje del Periódico El País de España dio cuenta de la marcada descomposición social en todo América Latina, como consecuencia de las políticas económicas a que han estado sometidos estos países del “Nuevo Continente”.

Lo que sí asusta es como estos medios de comunicación encausan sus informaciones tendientes a dividir la sociedad entre “buenos” y “malos”, similar a las prácticas realizadas por Hitler y Mussolini, en Alemania e Italia, respectivamente, cuando deseaban un fin asignado a sus hordas.

Según el periódico CRHoy, el Estado de excepción equivale a una suspensión de derechos y garantías individuales en casos de “evidente necesidad pública”. Esta posibilidad se encuentra contenida en los artículos 121 inciso 7, así como el 140 inciso 4 de la Constitución Política surgida tras la guerra civil de 1948 (Ver CRHoy.com 05/05/2023)

La realidad, a veces ingrata y fría es que, hasta ahora ningún Estado ganó una “guerra” contra el narcotráfico sin eliminación del consumo de las drogas. En el caso costarricense no solamente hemos fijado cuantiosos recursos en esta “guerra”, sino que seguimos poniendo los muertos y haciendo lo mismo que hicieron otros estados, para obtener los mismos resultados.

Por el contrario, las cifras trascendidas en los últimos días, al tenor de la “inseguridad ciudadana”, el número de parapoliciales dobla la cantidad de elementos de la Fuerza Pública. Johan Vargas, presidente de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines, puso recientemente a las órdenes del Gobierno unos 30.000 oficiales privados que “están dispuestos a trabajar en conjunto para combatir la delincuencia” (Teletica.com 04/05/2023).

Una reciente y brillante publicación coordinada por el Dr. Carlos Tiffeer Sotomayor, nos da cuenta sobre el deterioro el Estado Social de Derecho, ya que, hay consenso dentro del contexto actual de la globalización hegemónica (neoliberal de la presencia de la que Costa Rica como país de la periferia del sistema mundo no se escapa) del marcado discurso anti estatista, según el cual se requieren poderes absolutos en el Estado para que este desaparezca. Obviamente el Estado no desaparece. Lo que desaparece – poco a poco – es el Estado Social de Derecho y los Derechos Fundamentales (al menos los económicos, sociales y culturales) para reaparecer en su lugar el Estado Penal de la mano de los nuevos discursos (Dr. Gustavo Adolfo Jiménez Madrigal, página 17; “Un Derecho fundado en la Dignidad Humana”; obra coordinada por el Dr. Carlos Tiffer Sotomayor, Primera Edición; Editorial Jurídica Continental, 2023).

Así, la versión neoliberal privilegia las funciones de los jueces y las instituciones en general que están dirigidas a mejorar el funcionamiento del mercado (op.cit, página 18).

Movimiento Popular Fragmentado

Independientemente que algunos sectores del movimiento popular añoren el viejo Estado Social de Derecho y centren su lucha en la mayoría de los casos en reinvindaciones cortoplacistas y sin articulación alguna entre sí, tal Estado de bienestar difícilmente volverá, si no hay un replanteamiento de la lucha en forma unida, más allá de la saturación de consignas individualistas valederas a corto plazo, como se visualizó durante el desfile del pasado 1 de mayo, sin que subyaciera una estrategia como movimiento agrícola y campesina ahogada por falta de una reforma agraria. O en el caso del movimiento sindical cuya consigna mayoritariamente no es la amplitud de los derechos políticos de las grandes masas de asalariadas, si no demandas muy concretas como aumento salarial, que las élites una y otra vez los han escamoteado con aumentos de precios inmediatamente, sin que la causa, que es el dogma neoliberal, sea tocada.

Así, caímos sin darnos cuenta en las llamadas “desigualdades evolutivas de las especies” – tesis refrescadas por algunos antropólogos y psicólogos estadounidenses- son explicadas como parte normal del discurrir social y cultural de una sociedad, y como esta “ciencia” borra de un plumazo, como hizo el funcionalismo de Webber cualquier tufo de lucha de clases, es más cómodo explicar la inseguridad ciudadana, el desempleo, la educación mercantilizada, el déficit fiscal, la preocupación de la señora de Purral por el costo de vida etc, fragmentando la realidad social. Los robos, los asaltos, la inseguridad ciudadana etc., aparecen desvinculados del congelamiento de salarios, del desempleo, de la falta de vivienda, etc. Así es muy fácil ser legislador, periodista, político, analista jurídico, sociólogo, economista, etc.

La realidad es, que como en años anteriores, no advertimos al pueblo costarricense que con el gobierno Liberacionista de Laura Chinchilla y cierre de los 8 años del Partido Acción Ciudadana, se cerraban las diversas etapas de los gobiernos corporativos o paralelos, determinantes para el “progreso” conceptualizado desde el punto de vista de nuestras élites (ver https://semanariouniversidad.com/etiqueta/horizonte-positivo/). De este modo pareciera que el gobierno del Presidente Rodrigo Chaves (2022-2026) abre la tercera etapa caracterizada por el ingreso directo de las grandes corporaciones interesadas en materias primas como gas, petróleo, agua, pesca, tecnología, etc. Su mandato deja la sensación hasta ahora de medir todo por algo tan elemental aprendido desde la escuela primaria: Sumar y restar.

Esto explica la ruptura reciente con la Fundación Omar Dengo que durante décadas estuvieron financiando los costarricenses y a la hora de restar beneficios concretos a la educación nacional no tuvo números positivos a los ojos del gobierno. Por el contrario, dicha organización reclama actualmente a los costarricenses un giro de 168 millones de colones para inventariar los insumos que pasaron al Ministerio de Educación Pública, según se informó oficialmente. Dicha fundación, alega que para entregar los bienes a la cartera de Educación necesita pagar a las personas encargadas de inventariar los objetos que tuvo bajo administración.

Asimismo, hubo grupos políticos y económicos que reaccionaron con ira, por el cierre reciente de CINDE. Sin embargo, siguiendo la máxima de restar y sumar los fondos públicos girados a ese ente privado durante 40 años y el número de empleos creados, así como las exoneraciones dadas a las firmas empleadoras, cada empleo pareciera ser demasiado elevado como inversión hecha.

Entre los personajes políticos allegados o cercanos al PLUSC que han pasado por CINDE está José Rossi, Anabelle González, Gabriela Llobeth, Dialá Jiménez Figueres, Fernando Ocampo, entre otros.

Agresión pareja

En estos últimos 40 años (5 gobiernos del Partido Liberación Nacional y 5 de la llamada oposición, incluyendo 2 del PAC), las poderosas élites nacionales no cesaron un solo día en su golpeteo contra las mayorías costarricenses. Todo el proceso de globalización en que nos metieron ha sido pagado por la gente más humilde que se traduce por grandes filas para una cita de especialistas en la Caja Costarricense del Seguro Social, una intervención quirúrgica o simplemente para ser atendidos en un Ebais. La Educación Pública y Obligatoria que dice la Constitución Política defendida por estos grupos dejó de ser derecho y hoy es uno de los negocios más lucrativos; la Educación Pública Superior está sometida actualmente a fuertes presiones provenientes de grandes cadenas de Universidades Privadas, a las que no les interesa ningún tipo de humanismo, y miden todo por las leyes del mercado.

Por el contrario, la falta de dignidad nacional y apego a los intereses de las grandes metrópolis se ve con tanta “normalidad”, que recientemente trascendió que funcionarios del Banco Mundial revisan datos financieros al más alto nivel dentro de la Caja Costarricense del Seguro Social; mientras una misión del FMI se siente gobierno electo para venir a advertirnos que a la regla fiscal no debe introducírsele más reformas. Ocupando ello, destacados titulares en la prensa comercial. (La Nación, 29/04/2023).

A decir verdad, en el horizonte no hay visos de un replanteamiento político de la situación que afecta a millones de costarricenses, frente a la aparición de un nuevo orden multipolar. En el discurso del Presidente Rodrigo Chaves, el 2 de mayo en la Asamblea Legislativa, no hay una sola alusión de fondo que haga pensar un eventual abandono por parte del actual gobierno del viejo orden mundial unipolar, para aprovechar el surgimiento de nuevos bloques económicos y políticos, con otra visión de dominio y control absoluto sobre los países que en algún momento fueron colonia de Europa y hoy diplomáticamente están bajo las reglas de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En ocasión del día internacional del trabajador tres reconocidos economistas plantearon lo que ellos consideraban los problemas más grandes en Costa Rica. Uno dijo que era la defensa de un salario decente y un trabajo digno. El otro cree que los sindicatos tienen que hacer un esfuerzo muy grande para convertirse como en voceros de una población muy marginada; y el otro enumeró que el problema más grave de Costa Rica es la pésima distribución de la riqueza generada en esta nación. (Ver https://www.youtube.com/watch?v=iooehH-UcHA, “Expertos plantean cuáles son elementos económicos que debe contener la agenda de los sindicatos”).

El presidente del Congreso y líder del PLN Rodrigo Arias Sánchez en cálido encuentro con el Presidente de la República Rodrigo Chaves Robles (Foto Fabián Hernández, tomado del Semanario Universidad 10/08/2022).

Así el dilema de la izquierda democrática y amplios sectores preocupados por el rumbo de esta Nación de poco más de 5 millones de habitantes se debate entre jugar con las cartas marcadas de antemano por las élites tradicionales, o una solución, según ella, electoral y burocrática. La experiencia sufrida en otras naciones bajo esas premisas es que el problema no es ganar el poder, si no para qué y para quiénes se obtiene el poder.

Este enfoque de jugar bajo condiciones adversas dejó en México millones de millones de pobres esclavizados en 37 años de dominio “conservador”; en Uruguay sirvió la mesa al actual gobierno reaccionario de Lacalle; en El Salvador indirectamente ayudó al ascenso al poder de Bukele; y en Chile recientemente los grupos fascistas pro Pinochet preparan una Constitución Política a su medida.

En un reciente artículo del analista nacional Oscar Barrantes Rodríguez, trajo a acotación el dilema político anteriormente apuntado y que tantos dolores de cabeza causa actualmente a millones de ticos con esta misión miope de olvidar “los juegos” de poderes y los “dueños” del poder.

“Se debe salir del agujero electoral y superar el electorerismo enfermizo y cargado de vicios pequeños burgueses, de burocracia, y reformismo cándido, fatuo e inútil; porque ni hace diferencias del discurso con las franquicias electorales oligárquicas y terminan haciéndole el juego a la dictadura electoraria, lo cual coloca a las izquierdas, el movimiento electoral y las agrupaciones partidarias de las fuerzas humildes, núcleos revolucionarios como furgón de cola de la burguesía imperante y de la tiranía imperial – globalista de occidente…”. (sic. “Lucha política revolucionaria o izquierda a la moda” 12/05/2023).

Desde esta perspectiva, pareciera entonces que la llamada “izquierda democrática” habría renunciado a las ricas tradiciones de organización de movilización y beligerancia popular y campesina, comunal, indígena, de las zonas costeras, de los barrios, a la creatividad juvenil, etc que en años pasados inspiraron luchas gravadas en la historia patria como la lucha contra la explotación de bauxita en 1970 contra la Transnacional Aluminum Company of America conocida como ALCOA, que encabezaron estudiantes, obreros, campesinos, profesionales, intelectuales, entre otros así como la lucha a favor del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), cuando una camarilla intentó desmantelarlo de un cuajo en el 2000 y la oposición abierta contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC) (2007); en este último caso los sectores más humildes, sean productores, agricultores o jóvenes en general siguen soportando los efectos al día de hoy.

Lo anterior pareciera reafirmar que un empoderamiento de los sectores populares costarricenses, así como mecanismos propios de una democracia con mayor participación ciudadana, no está en la agenda de las élites ganadoras en el presente proceso de globalización hegemónica del gran capital.

Lo que pareciera fuera de discusión es que por encima del atolladero económico en que estamos, el problema político está en el centro del debate. Esto no es nuevo. Lo observó quien el próximo 14 de agosto cumple 67 años de su desaparición física, enseñándonos que la política no puede sustraerse de los efectos nefastos que sufren los pueblos.

Planteó el problema político por encima del económico. Y escribió:

“El peor analfabeto / es el analfabeto político /. No oye, no habla / Ni participa en los acontecimientos políticos. / No sabe que el costo de la vida,/ El precio del pan,/ del pescado,/ de la harina,/ del alquiler,/ de los zapatos/ o las medicinas/ dependen de las decisiones políticas/ el analfabeto político,/ es tan burro,/ que se enorgullece,/ e hincha el pecho diciendo,/ que odia la política./ No sabe, el imbécil, que,/ de su ignorancia política,/ Nace la prostituta,/ el menor abandonado,/ y el peor de todos los bandidos,/ que es el político trapacero,/ granuja, corrupto y servil/ de las empresas nacionales y multinacionales; (Bertolt Brecht, el Analfabeto Político).

La ley de Empleo Público en el marco político y social actual. ¿Hacia la estructuración fascista del Estado costarricense?

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Vladimir de la Cruz

La discusión que se ha venido dando con la llamada Ley de Empleo Público en realidad es sobre toda la institucionalidad del Estado costarricense, sobre el número de sus instituciones y órganos estatales, sobre sus sistemas de funcionamiento, sobre sus formas de contratación y de pago de salarios, e indirectamente sobre la calidad de vida y de trabajo de los costarricenses.

El meollo de este asunto ha sido llevar la discusión, de manera solapada, para valorar el tamaño del Estado costarricense, con todas sus instituciones, y de manera especial, la parte de ese Estado que se concentra en la Administración Central, y las instituciones descentralizadas, incluso a las que la Constitución Política les confiere “independencia” y “autonomía” en el amplio y estricto sentido de estos términos, tanto en sus valores políticos como jurídicos, para acabar con algunas o muchas de estas, las que sea posible, y para ejercer mayor y mejor control político desde el Gobierno, sobre ellas, los trabajadores y la ciudadanía.

Meten en esa discusión a las Universidades públicas, que a todos los efectos por sus alcances constitucionales, gozan de la condición de “independencia” concepto que las iguala per se en rango a los Poderes Públicos.

Así, el objetivo político es disminuir el tamaño institucional de la estructura estatal e institucional del país, ejercer mayor control político, desde el Gobierno, del manejo general de esas instituciones, y tener la capacidad de nombrar y de ejercer control de todos los nombramientos de funcionarios públicos, desde su selección. El objetivo político derivado es trasladar al sector privado de la economía y la política nacional el manejo amplio de los servicios públicos que se disminuyen, y encarecerlos como parte de la tasa de ganancia a favor del sector privado.

En algunos casos hasta se pretende, muy finamente, actuar al interior de esas instituciones hasta en sus objetivos específicos de funcionamiento, como se ha dicho sobre el trabajo de las universidades, en sus nombramientos y el pago de sus funcionarios.

En mi opinión, es una modalidad finamente elaborada de un Estado fascista, en su estructura y organización, que se está tratando de instaurar en Costa Rica con esta Ley y este modelo de control público. El carácter fascista está en el Super Poder centralizado, con capacidad regulatoria, y absoluta de su propia cobertura, que cubre prácticamente toda la vida estatal e institucional del país, bajo la rectoría de la Dirección General del Servicio Civil, que en la Ley se dice “debe establecer, dirigir y coordinar la emisión de políticas públicas, programas y lineamientos generales que tiendan a la estandarización, simplificación y coherencia en el empleo público y que gozará de independencia en el ejercicio de su cargo y será dirigida por un Director General.”

Me parece que el papel de las competencias que se le asigna en la Ley a la Dirección General del Servicio Civil es lo más tenebroso, lo “fascista”, lo “autoritario” y lo “dictatorial” de este Proyecto de Ley, dándole la potestad prácticamente de definir qué es empleo público y qué no lo es.

El Capítulo de Garantías Sociales, especialmente, aprobado e incorporado a la Constitución de 1871, en la Administración Calderón Guardia, al amparo del Pacto realizado por esa Administración, la Iglesia Católica y el Partido Comunista, que resultado de ese Pacto cambio de nombre a Vanguardia Popular, fue incorporado, con una ligera ampliación, a la Constitución de 1949, en la gestación y discusión de este Texto Constitucional, que está vigente.

Este Capítulo de Garantías Sociales es el que fundamenta política e institucionalmente el desarrollo del Estado Social de Derecho que tenemos, que se acompañó con el desarrollo institucional que impulsaron los Gobiernos que siguieron a la Junta Fundadora de la Segunda República, especialmente hasta 1978, con algunas leyes que posteriormente se aprobaron, especialmente en las Administraciones Figueres Olsen, Rodríguez Echeverría, Chinchilla Miranda y Solís Rivera.

Este Estado Social de Derecho exigió la formación del personal capacitado, de alto nivel, para atender, en calidad y especialidad las distintas funciones, en todo el país, al pueblo costarricense y a los trabajadores en especial.

En el Proyecto de Ley se definen 8 categorías de puestos en toda la Administración Pública, con lo cual se fortalece ese Estado Fascista que pareciera querer construirse, por lo demás autoritario y altamente tecno burocrático. Uso el concepto de burocracia para señalar a aquellos que en la función pública tienen capacidad de tomar decisiones. Burócrata así no es cualquier empleado del Estado, ni lo son todos, solo aquellos que pueden tomar decisiones administrativas o de gestión.

La crisis fiscal, el déficit fiscal, el gasto público, la reducción del Estado, y los altos salarios que se añaden en la discusión del Proyecto de Ley de Empleo Público son solo las hojas del tamal. El tamal es el conjunto de instituciones, valores y alcances del Estado Social de Derecho que se ha estado atacando en todas dimensiones y direcciones, que se quiere acabar, sobre lo que ya se han venido aprobando leyes disminuyendo, debilitando y limitando Derechos constitucionales, especialmente en el campo laboral y social, establecidos por los Diputados Constituyentes originales, con lo cual violan la Constitución, puesto que no pueden ser modificados negativamente.

Del mismo modo, el ataque a las Universidades públicas, para ver cómo las controlan políticamente, desde el control de sus fondos públicos, que por mandato constitucional, tienen que asignárseles, para que las Universidades, en ejercicio de su autonomía e independencia dispongan de conformidad a sus planes, proyectos y objetivos académicos.

El ataque y el debilitamiento del Estado Social de Derecho es a la vez un ataque, un quebranto al régimen institucional, sus instituciones y entes, y al sistema democrático nacional.

El golpe está dirigido a todas las autonomías existentes constitucionalmente, en los distintos servicios públicos, como el Derecho, que por el principio de Autonomía Universitaria, tienen las Universidades para autogobernarse, para darse las normas por sí mismas, principio que está señalado por los Art. 84, 88 y 188, de la Constitución Política, con lo que se enfatiza en la independencia en materia de gobierno y administración y en la independencia para el desempeño de sus funciones, y de plena capacidad jurídica, para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para “darse su organización y su gobierno propio”.

A diferencia de las otras instituciones autónomas del Estado, la Universidad es una institución sui generis, sin que el Poder Político tenga ningún derecho. La Autonomía Universitaria por su origen, su naturaleza, su historia y su función política e institucional es diferente a las otras autonomías establecidas en la Constitución Política.

La Declaración de Quezaltenango, del CSUCA claramente establece como misión de los centros universitarios la lucha de velar por su inviolabilidad, que consiste en defender que no se produzcan actos de fuerza contra la voluntad de la Universidad.

Socialmente el ataque a la institucionalidad del Estado Social de Derecho, y de todos los problemas del Estado y la institucionalidad, se han hecho caer en los empleados públicos. Empresarios, políticos y algunos medios de comunicación se han alineado en este ataque. La discusión del tamaño del Estado, que necesitamos, no se ha hecho, está pendiente. Debe hacerse.

Los servicios públicos estratégicos, principalmente, como salud, educación, electricidad, seguridad ciudadana, asistencia social, de regulación de actividades, entre otros, deben permanecer en manos de Estado.

No se puede avanzar en el desarrollo nacional liquidando el Estado, disminuyéndolo, fortaleciendo los negocios privados y empobreciendo a los trabajadores. La pobreza no la hacen lo pobres. La pobreza es resultado de la riqueza. Ni se puede avanzar en el desarrollo nacional disminuyendo ingresos, salarios y pensiones de los trabajadores. Ni se puede avanzar en el desarrollo nacional desprestigiando instituciones, trabajadores, sistemas sociales de protección. Ni se puede activar el proceso económico reduciendo salarios y capacidad de consumo.

La democracia política impone un sistema de pesos y contrapesos políticos, pero también sociales. Cámaras empresariales y Sindicatos en general son esenciales en esta discusión, y en este equilibrio de pesos y contrapesos, en igualdad de condiciones, sin estigmatizaciones de ellas, sin parcializar a favor de una de ellas.

El Proyecto de Ley sobre Empleo Público por sí no resuelve el problema del déficit ni de la crisis fiscal, porque el déficit y la crisis no descansa en los salarios ni en las pensiones.

Son las instituciones del Estado, las que desde 1950, han ayudado a resolver el desempleo y el trabajo informal, y con sus políticas de salarios han contribuido a distribuir la riqueza social, son las que han permitido la movilidad social como colchón de la estabilidad social y política que ha tenido el país.

El modelo de Estado fascista, a la tica, es lo que se impulsa con esta Ley de Empleo Público, que intenta igualar a la baja a todos los trabajadores públicos, reducirles sus salarios, pensiones e ingresos, empobrecerlos más, acabar con la clase media, aumentar la pobreza extrema y la pobreza en general como parte de un gran negocio económico. Institucionalmente es privatizar hasta donde se pueda todas las instituciones de servicios públicos, incluso las estratégicas.

En el caso de la Autonomía Universitaria que se quiere debilitar es porque la Autonomía surgió históricamente como un grito de Libertad y Democracia, como un retén contra el golpismo político, que culmina cuando se toman las Universidades, no los cuarteles o las instituciones militares. Para avanzar hacia un Estado de características fascistas hay que limitar y si es posible eliminar la Autonomía Universitaria.

La Autonomía Universitaria es una defensa moral y política contra todo abuso del Poder Político, por ello la campaña negativa y de desprestigio que hay contra las Universidades públicas, sus profesores, su personal, sus salarios e ingresos.

Los impactos sociales de la Ley de Empleo Público los veo en esto:

-empobrecimiento del nivel y condiciones de vida y de trabajo de los costarricenses,
-desempleo creciente, afectando las mujeres cabeza de familia,
-subempleo y trabajo informal creciente,
-congelación de salarios, ingresos y pensiones de los trabajadores por los próximos dos o tres años, como se ha propuesto,
-disminución de estudiantes en el sector público y privado de la educación,
-aumento de la deserción escolar en todos sus niveles,
-encarecimiento de los servicios públicos básicos, agua, electricidad, transporte,
-encarecimiento de los alimentos básicos,
-disminución importante de la clase media,
-imposibilidad real de ascenso social para los sectores que han estado en condición de pobreza extrema y pobreza,
-fuerte empobrecimiento de la clase media, especialmente la media media y la media baja,
-disminución y desaparición de programas de asistencia social,
-encarecimiento del nivel de vida en alimentos, medicinas, y recreación,
-disminución de la calidad de servicios públicos esenciales, como la educación,
-privatización de servicios públicos básicos, su encarecimiento,
-debilitamiento de las instituciones públicas educativas y de salud,
-debilitamiento de las organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones solidaristas y cooperativas,
-se aumentarán las brechas e inequidades sociales, así como la desigualdad social,
-se concentrará más autoritariamente el Poder Político,
-se ejercerá un mayor control social, institucional y político de los ciudadanos y trabajadores. Probablemente la UPAD estaba en la lógica de la estructuración fascista que se quiere hacer del Estado costarricense,
-se tenderá a mayor penalización de las relaciones laborales,
-aumentarán las protestas sociales en diversas formas, espontáneas y organizadas, al amparo de la legislación o al margen de ella. La lucha social se mantendrá mientras haya condiciones e injusticias sociales que la fomenten y activen.

En este año electoral veo peligrosamente las posibilidades de que surjan tendencias populistas de diverso signo político.

Urge, me parece, cada vez más, un nuevo Acuerdo Nacional Social y Político, quizá una Nueva Asamblea Constituyente, que redefina de mejor forma el futuro de Costa Rica y de los costarricenses.

(Intervención de Vladimir de la Cruz, en el Foro sobre Autonomía Universitaria, organizado por el Consejo Nacional de Rectores, el lunes 1 de marzo del 2021. Participantes: Dra. Sandra León Coto, ex rectora de la UNA, Dra. Yamileth González García, ex rectora de la UCR, Lic. Gastón Baudrit Ruiz, asesor legal de CONARE, Dr. Luis Baudrit Carrillo, catedrático y ex director de la Oficina Jurídica de la UCR, Lic. Vladimir de la Cruz Lemos, historiador. Moderador: Med. Francisco González Alvarado, presidente de CONARE y Rector de la UNA).

A 72 años del Crimen del Codo del Diablo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Alex García Cruz

Este 19 de diciembre fue una fecha que el pueblo costarricense debe colocar en su memoria colectiva y mantenerla siempre presente, el 19 de diciembre es un día de conmemoración, un día para rendir homenaje a 6 héroes de los trabajadores costarricenses que fueron asesinados el 19 de diciembre de 1948 en el Codo del Diablo, en los márgenes del río reventazón en la zona de Turrialba, 8 meses después de haber finalizado la guerra y a 7 meses de haber tomado el control político la Junta de Gobierno presidida por Jose Figueres Ferrer y a tan sólo 18 días del acto público que anunciaba la abolición del ejército en Costa Ria.

Los dirigentes comunistas fueron detenidos en sus casas en Limón, sin que mediara ningún cargo en su contra, excepto el ser todos miembros del Partido Comunista, el Partido Vanguardia Popular, una vez detenidos llegó la orden de trasladarlos a la capital, salieron de la cárcel esposados y en esa condición fueron subidos al vagón del tren con destino a San José.

Esta masacre, no fue el resultado de la irracionalidad o el abuso de un grupo indisciplinado de soldados del bando victorioso, el crimen, fue un crimen selectivo, fue un Crimen de Estado, planeado por altos dirigentes del grupo ganador con el fin de aterrorizar a los militantes y dirigentes comunistas del Partido Vanguardia Popular.

El crimen fue tan salvaje y la trama tan burda, que incluso varios miembros del grupo ganador reclamaron justicia y castigo contra los asesinos y la Junta de Gobierno se vio obligada a dejar que el poder judicial realizara un juicio, juicio que a su vez se convirtió en una de las farsas judiciales más vergonzosas de nuestra historia, pues aunque se conocieron los nombres de los sicarios y se dictó condena, ninguno fue a la cárcel, con ayuda del gobierno salieron del país, del asesino intelectual se conoció su nombre, aunque nunca se hizo público, se dice que ocupó altos puestos en el servicio exterior en la junta de gobierno y en luego repitió el cargo en varios gobiernos liberacionistas.

Este Crimen de Estado, no debe ser olvidado por el pueblo costarricenses. Toda persona con sensibilidad social, toda persona respetuosa de los valores de justicia, toda aquella persona interesada en la verdad histórica, toda aquella persona con interés en lograr una sociedad más justa e igualitaria, debe honrar a los mártires del Codo del Diablo e informarse sobre éste vergonzoso hecho de nuestra historia reciente. Debemos hacerlo del conocimiento de la juventud que hoy es víctima de un modelo educativo que no les enseña a conocer el pasado, debemos desarrollar lo que José Merino llamo la “estrategia de la memoria” como parte de la forma de lucha contra las políticas neoliberales que día a día nos van acorralando y quitando derechos que son producto de la lucha del pueblo, de la lucha que dieron los mártires del Codo del Diablo.

Gracias al trabajo de investigación y producción cinematográfica de los jóvenes, Antonio y Ernesto Jara Vargas, las nuevas generaciones hijas de la post guerra podemos conocer detalles del crimen en el documental El Codo del Diablo, que debe ser visto por todos los costarricenses: https://www.centrodecine.go.cr/producciones/codo-diablo

Hace pocos años la rectoría de la UCR publicó un excelente documental sobre los antecedentes, la confrontación y las consecuencias de la guerra de 1948, el director y realizador de ésta importante obra es el cineasta Andres Heindenreich, es un documental muy ilustrativo que también debe ser visto por todos los costarricenses.

También gracias a un importante grupo de jóvenes historiadores de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, tenemos la oportunidad de leer varias importantes investigaciones que han publicado sobre los hechos ocultos durante décadas relacionados al conflicto armado de 1948.

https://webtv.fcs.ucr.ac.cr/watch/246/

 

Imagen: De izquierda a derecha, Lucio lbarra, Octavio Sáenz, Federico Picado, Narciso Sotomayor, Tobías Vaglio, y Carlos Aguilar.

Simposio “Transparencia y acceso a la información en época de pandemia: perspectivas y desafíos”

Escrito en . Publicado en Derechos.

Buenas prácticas de transparencia y acceso a la información de los parlamentos en la definición de leyes y control político responsable en el marco de la pandemia.

Este miércoles 30 de setiembre del 2020 se llevó a cabo el segundo día del Simposio Internacional titulado: “Transparencia y acceso a la información en época de pandemia: perspectivas y desafíos”, realizado a través de la plataforma virtual Zoom y transmitido en vivo por la página de Facebook Rectoría Universidad Nacional de Costa Rica.

El Simposio se realizó en el marco del Ideario Costa Rica Bicentenaria–Diálogo Nacional, y estuvo organizado por el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, la Fundación Konrad-Adenauer, el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica, el Movimiento Iniciativa Popular, la Rectoría de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y ParlAmericas.

De esta manera, se llevó a cabo la cuarta sesión de trabajo con la mesa de diálogo: “Buenas prácticas de transparencia y acceso a la información de los parlamentos en la definición de leyes y control político responsable en el marco de la pandemia” la cual se enfatizó en las experiencias y prácticas de transparencia, así como los proyectos para el acceso a la información en diferentes países y sobre las las necesidades que presentan los parlamentos en época de pandemia.

Para llevar a cabo este Panel se contó con la participación de parlamentarios de diferentes países: el señor Luis Rojas, prosecretario de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, quien se desempeñó como moderador; las señoras diputadas Carmen Chan y María Inés Solís de la Asamblea Legislativa de Costa Rica; la señora Dolores Martínez, Diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina; y Emmanuel Barrantes Pérez, representante del Movimiento de Iniciativa Popular.

Luis Rojas, quien ha tenido la oportunidad de exponer en otras ocasiones sobre la ley de transparencia en Chile, inició la actividad recalcando la importancia de contar con herramientas que permitan el control político y dio apertura con la siguiente frase: “La transparencia y el acceso a la información son pilares fundamentales para la implementación de los principios del parlamento abierto como lo son la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la ética y la probidad en el ejercicio de las funciones públicas”.

Dolores Martínez, diputada de Argentina y exdirectora de la Oficina de Modernización de la Cámara de Diputados, reconoció que en el tema de participación ciudadana y gobierno abierto quedan muchos retos, pero presenta dos avances. El primero es el Portal de Leyes Abiertas, donde los y las diputadas suben sus proyectos y anteproyectos que permite recibir retroalimentación. El segundo es la Caja de Herramientas de Transparencia Legislativa cocreada entre Argentina, Costa Rica, Chile, Paraguay, EuroSocial y ParlAmericas: “Los bajos niveles en el índice de transparencia del 2016 y la mirada negativa de la sociedad con el Congreso Argentino resaltaron la necesidad de estos elementos, que son resultado de una amplia serie de reuniones y un proceso extenso de establecimiento de alianzas entre la sociedad civil y el Congreso”.

El proceso de creación de la Caja de Herramientas de Transparencia Legislativa inicia en mayo del 2019, tiene su inspiración en la incompetencia de los diseños previos lanzados en el poder ejecutivo: “Su lanzamiento será el 1 de octubre del 2020 y permite que los Congresos encuentren un espacio con conceptos estandarizados que pueden adaptar a sus necesidades específicas. Se compone de cinco herramientas principales para lograr la transparencia legislativa”.

Para Martínez, la transparencia activa se refiere al tipo de información que los Congresos deben publicar y de qué manera deben hacerlo, la manera de realizar mecanismos para que las solicitudes de acceso a la información pública sean efectivas, el diseño óptimo de portales de datos abiertos que permita reutilizar la información, la forma y enfoque en que se definen las políticas de comunicación y accesibilidad y enfatiza en la gestión documental, que hace referencia en cómo se gestiona, hacia adentro la información que es publicada.

Por su parte, la diputada costarricense María Inés Solís, quien también es parte del Concejo ParlAmericas; explicó que en Costa Rica las herramientas se desperdician provocando que la transparencia sea una deuda existente actual, que se evidencia con mayor claridad por la pandemia y la claridad de apreciación de la crisis estructural.

Reconoció que la comunicación con la sociedad civil es muy mala, sin embargo, se hacen esfuerzos importantes como el Departamento de Participación Ciudadana encargado de generar un vínculo entre los diputados y la sociedad civil como parte del compromiso institucional: “En el país el diputado es sinónimo de vago y eso es culpa de los mismos diputados… porque no se ha sabido comunicar el trabajo diario que realiza la Asamblea Legislativa”, indicó Solís.

La diputada manifestó que, además, como un esfuerzo personal, desde hace más de un año presentó un proyecto para reformar la Ley y perfeccionar la rendición de cuentas. Confía en que el Lobby es necesario, pero debe ser cristalino por eso la Ley propone que sea transparente el proceso para la toma de decisión, mediante una agenda pública donde se pueda evidenciar el proceso y las reuniones con diferentes actores que la ciudadanía pueda consultar.

Desde el Movimiento de Iniciativa Popular se visualiza una necesidad de transparencia y el acceso a la información, por ello, para Emmanuel Barboza, expuso el interés del Movimiento, de manera voluntaria y no remunerada por cada uno de los integrantes de la organización, en fiscalizar el uso correcto de los recursos públicos y promover la rendición de cuentas: “Creo que cocreación es la palabra clave en todos los procesos de transparencia y acceso a la información pública. Su principal objetivo no es solo señalar falencias sino proponer soluciones por esa razón organizan actividades como este Simposio Internacional”. Además, reconoció que la pandemia es solo un reto porque obliga a realizar acciones para no perder la participación ciudadana por el aislamiento, pero se pueden ver muchos otros como una política de despachos abiertos, la sistematización de datos, el uso de las tecnologías mediante herramientas que sean accesibles para todas las personas y la creación de herramientas para realizar denuncias anónimamente. Y como movimiento reclaman mayor voluntad política, una ley de lobby y contar con estándares de publicación de documentos en línea que permitan procesar datos, acotó Barboza.

Carmen Chan diputada de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, expuso la importancia de la transparencia y el acceso a la información pública fundamentando que están recogidos en la Constitución Pública y que llegan a ser fundamentales en época de pandemia.

Chan reconoció que la participación del pueblo es central para diseñar medidas legislativas, por eso desde en el 2018 presentó la propuesta: “Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia”, que sigue en trámite.

La diputada aseguró que en medio de la crisis se ha actuado con transparencia y por eso se aprobaron leyes necesarias como la Ley para apoyar al contribuyente local, sin embargo, es primordial la racionalización en el uso de los recursos públicos, los escasos recursos deben ser dirigidos a los más necesitados: “ La pandemia expone necesidades como la definición de una agenda de prioridades de proyectos de Ley en conjunto con el Poder Ejecutivo, para enfrentar la crisis, una política fiscal diseñada por los poderes del Estado de manera colaborativa, el diseño de canales efectivos de comunicación, que sean fluidos y transparentes y la realización de las negociaciones financieras con los organismos internacionales en espacios abiertos.

Para concluir el Foro, Juan Carlos Chavarría Herrera, director del Programa Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa y co organizador el Simposio, agradeció a los expositores, participantes y a las personas que formaron parte del equipo de trabajo: Rosibel Hernández Diaz, Emmanuel Barrantes, Sylvia Arredondo Guevara, Gabriela Corrales Alfaro, Efraín Cavallini Acuña, Gustavo Fuchs, Natali Casanova y Sergio Araya. Asimismo, expresó su reconocimiento y gratitud a las entidades que tuvieron a cargo la organización de los días del Simposio e informó que en las próximas semanas se compartirá una memoria del evento.

ENLACE Mesa completa:

https://www.facebook.com/104524877983409/videos/757805188396854

 

Por:
Efrain Cavallini Acuña-UNA
Valery Brais-Estudiantes RI-UNA-Ideario
Gabriela Corrales Alfaro- Ideario-UNA