Las políticas públicas dirigidas a adolescentes deben sustentarse en evidencia científica y en la protección integral de sus derechos
La Academia Nacional de Medicina de Costa Rica expresa su profunda preocupación y desacuerdo con la propuesta de la Presidencia de la República de trasladar estudiantes de secundaria, especialmente de comunidades en condición de vulnerabilidad social, para hacer recorridos en centros penitenciarios de adultos, en esta ocasión el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), con el supuesto de desalentar la delincuencia juvenil.
Esta propuesta responde a una lógica de intimidación que ha sido ampliamente estudiada y descartada por la evidencia científica. Las revisiones sistemáticas de mayor calidad metodológica concluyen que los programas conocidos como Scared Straight (Asustar para Enderezar), basados en visitas de adolescentes a centros penitenciarios, no disminuyen la delincuencia juvenil y, por el contrario, aumentan la probabilidad de conductas delictivas posteriores. Lejos de generar procesos de reflexión positiva, la exposición a cárceles de adultos puede normalizar la violencia, fortalecer la identificación con modelos antisociales y aumentar el riesgo psicosocial en jóvenes que ya enfrentan múltiples factores de vulnerabilidad. Por ello, la comunidad científica internacional no recomienda este tipo de intervenciones como política pública.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece que toda actuación del Estado debe responder al principio del interés superior del niño y promover su desarrollo integral. De igual manera, el Código de la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica reconoce a las personas menores de edad como sujetos plenos de derechos y obliga al Estado a implementar acciones preventivas, educativas y de inclusión social, nunca medidas basadas en la intimidación o el estigma. Estas disposiciones son coherentes con las recomendaciones de organismos como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) establecen que la prevención debe promover el desarrollo integral de las personas jóvenes mediante políticas sociales, educativas y comunitarias, evitando respuestas basadas en la represión o el estigma. De igual forma, las Reglas de Beijing y las observaciones del Comité de los Derechos del Niño enfatizan que toda intervención dirigida a personas menores de edad debe respetar su dignidad, su desarrollo y su interés superior.
La adolescencia es una etapa de extraordinaria plasticidad cerebral, caracterizada por la construcción de la identidad, el desarrollo del autocontrol y la consolidación de habilidades socioemocionales. La prevención de la violencia y de la delincuencia requiere intervenciones integrales basadas en factores protectores: educación de calidad, permanencia en el sistema educativo, fortalecimiento familiar, oportunidades de recreación y deporte, acceso a salud mental, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, capacitación para el empleo y desarrollo de proyectos de vida.
Resulta especialmente preocupante que la propuesta se dirija hacia estudiantes de comunidades vulnerables, reforzando procesos de estigmatización y discriminación que pueden profundizar la exclusión social. Ningún adolescente debe ser considerado potencial delincuente por el hecho de vivir en condiciones de pobreza o exclusión.
La Academia Nacional de Medicina de Costa Rica, hace un respetuoso llamado a las autoridades nacionales para que las políticas orientadas a prevenir la violencia juvenil se construyan con base en el conocimiento científico, la salud pública, la educación y la protección de los derechos humanos.
Reitera además su disposición para contribuir, desde el conocimiento científico y la experiencia técnica, al diseño de políticas públicas eficaces y respetuosas de la dignidad humana.
La delincuencia juvenil no se previene sembrando miedo; se previene creando oportunidades, fortaleciendo los factores protectores y garantizando que cada adolescente pueda desarrollar plenamente su proyecto de vida.
Academia Nacional de Medicina de Costa Rica 24 de julio de 2026
Imagen aportada por la Oficina de Comunicación, Universidad Nacional.
CARTA ABIERTA
Asistencia social, Educación y Cultura para niñas, niños y personas adolescentes, sin discriminación: pilares del Desarrollo Humano y la prosperidad en Costa Rica
Señoras y señores
Diputadas y diputados
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Pilar Cisneros Gallo; Jefa de Fracción, Partido Progreso Social Democrático (PPSD)
Óscar Izquierdo Sandí; Jefe de Fracción, Partido Liberación Nacional (PLN)
Alejandro José Pacheco Castro; Jefe de Fracción, Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)
Sofía Guillén Pérez; Jefa de Fracción, Partido Frente Amplio (PFA)
Fabricio Alvarado Muñoz; Jefe de Fracción, Partido Nueva República (PNR)
Eli Feinzaig Mintz; Jefe de Fracción, Partido Liberal Progresista (PLP)
Carlos Felipe García Molina; Presidente, Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia
Monserrat Ruiz Guevara; Presidenta, Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos
Paulina Ramírez Portuguez; Presidenta, Comisión de Asuntos Hacendarios
Estimadas señoras y señores:
Reciban un saludo atento de parte de las instancias y organizaciones que conformamos la Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados de las Niñas, los Niños y las Personas Adolescentes en Costa Rica.
Esta comunicación tiene por motivo externar y hacerles traslado formal de nuestra preocupación y rechazo categórico frente a los recientes anuncios del Ejecutivo sobre decisiones presupuestarias de recortes que, aunque puedan estar fundamentadas en buenas intenciones, de ser aprobadas y puestas en vigencia, sus implicaciones vulnerarían derechos de las personas menores de edad y ocasionarían un impacto negativo en sus trayectorias de vida y en sus posibilidades de desarrollo óptimo, contrario al compromiso que adquirimos como país al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990 y otros instrumentos jurídicos conexos.
Nuestra preocupación y rechazo se refiere a los siguientes hechos:
Según el Informe de Monitoreo de la Contraloría General de la República DFOE-CAP-MTR-00001-2023, el presupuesto del sector educación para 2023 es el más bajo de los últimos 9 años respecto al PIB y decrece un 1,2%, en relación con el presupuesto inicial de 2022 (ver: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2023/SIGYD_D/SIGYD_D_2023002148.pdf).
Adicionalmente, señala el Informe citado, que el presupuesto 2023 de becas y subsidios para el sector educación decrece un 5,1% respecto al 2022, generando una posible disminución de 3,8% en la cantidad de beneficios a estudiantes. Indica esta fuente también, que la partida de transferencias refleja una disminución neta de 2,2% para 2023, siendo las correspondientes a Juntas de Educación y Administrativas las de mayor disminución (3,4%). Esto acarrea el riesgo de una posible afectación, entre otros, del servicio de subsidios de transporte a estudiantes, pues los recursos solo cubren las necesidades del primer semestre de 2023.
El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR, 2023) estima que el recorte de becas producirá que 5.866 nuevos hogares caigan bajo la línea de pobreza. Esto significa que 12.000 personas menores de edad ingresarán a esa condición, y ante la falta de recursos, unos 7.000 estudiantes de colegio dejarían las aulas.
Aunado a lo anterior, y estableciendo el contexto en el que se dan estas decisiones, distintas entidades han señalado en los últimos meses, un aumento de las condiciones de pobreza extrema de la población más vulnerable, así como la constante salida de personas de la fuerza de trabajo.
Según el análisis del mercado laboral y pobreza en Costa Rica del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, se evidencia un aumento en la pobreza extrema en el país, del 6% al 8% durante el último semestre de 2022 (IICE-UCR, 2023; ver: https://iice.ucr.ac.cr/conferencia_prensa/informe_mercado_IV_2022_1.pdf), además, la última medición trimestral de la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos, refleja una constante salida de personas del mercado laboral, que en comparación con el mismo periodo de 2022, refleja que más de 190 mil personas se encuentran fuera de la fuerza de trabajo (INEC, 2023; ver: https://admin.inec.cr/sites/default/files/2023-05/coECE_FMA2023_01062023.pdf), todo ello sumado a un contexto en el que se presenta una pérdida del 6% del poder adquisitivo o de compra, descrito como una pérdida de los salarios reales en términos interanuales, según el Informe de Política Monetaria presentado por el Banco Central de Costa Rica en abril pasado (BCCR, 2023; ver: https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/IPM-abril-2023-informe.pdf).
En este respecto, existe abundante evidencia científica nacional e internacional que demuestra el impacto negativo que tiene la reducción de la asistencia social en las condiciones de vida de las familias en pobreza, especialmente en el bienestar y progreso de sus integrantes menores de edad. Entre los principales hallazgos se tienen:
Los programas de ayuda económica y cuido permiten a las familias más pobres y vulnerables un respiro en medio de sus difíciles circunstancias. Cuando estos sufren una reducción, estas familias quedan desamparadas frente a sus dificultades para poder mantener a sus hijas e hijos estudiando y recibiendo servicios de estimulación y aprendizaje, los cuales son cruciales para que puedan romper los ciclos intergeneracionales de reproducción de la pobreza (Banerjee & Duflo, 2012i).
Las personas en condición de pobreza ven perjudicada gravemente su capacidad cognitiva, pues la carga mental de su situación de carencia económica les impide disponer eficazmente de sus recursos cognitivos, lo cual les dificulta pensar claramente y les lleva a tomar decisiones perjudiciales para su propio bienestar (Mani et al., 2013ii). Además, cuando la condición de pobreza es crónica y ocurre desde la infancia, sus efectos neuronales son destructivos, pues afectan gravemente al cerebro de forma estructural y funcional (Center on the Developing Child, 2007iii; Lipina, 2021iv).
En el caso de los niños y las niñas, una investigación reciente en Costa Rica encontró que las carencias socioeconómicas están asociadas a un menor desempeño en tareas de autorregulación, lo cual perjudica su desempeño educativo y afecta su comportamiento negativamente (Chaverri-Chaves et al., 2022v), dificultando su avance y superación. Es decir que:
las necesidades económicas no satisfechas perjudican la capacidad de autocontrol, lo que a su vez afecta negativamente el comportamiento social, el desempeño cognitivo y el aprendizaje en niños, niñas y adolescentes; y
los entornos inestables y de pobreza disminuyen la capacidad de niñas y niños de controlar su comportamiento, en parte por el aumento en sus niveles de estrés, lo cual les lleva a ser más impulsivos y a centrarse en lo inmediato, mostrando un comportamiento menos autorregulado (Chaverri-Chaves et al., 2021avi, Chaverri-Chaves, 2021bvii).
Por otra parte, la evidencia es igualmente amplia en demostrar que los programas de cuido, estimulación y apoyo a la crianza de las niñas y los niños producen efectos positivos en el corto y largo plazo (Gertler et al., 2014viii; Chaverri-Chaves et al., 2018ix), y entre más temprana su intervención en la vida y mejor su calidad, mejores son sus resultados a largo plazo (Heckman & Mosso, 2014x). En consecuencia, este tipo de programas, cuando se implementan con calidad y a gran escala, representan, más que un gasto, una inversión con resultados favorables tanto para el desarrollo individual como para el desarrollo social y económico.
En consideración de todo lo anterior, las organizaciones que suscribimos esta comunicación, hacemos un llamado urgente al Poder Legislativo que ustedes representan, como autoridades con voz y voto para decidir el rumbo que toma la política nacional en sus disposiciones, para que hoy más que nunca, valoren y actúen de conformidad ante el hecho innegable de que en Costa Rica resulta imprescindible que las medidas presupuestarias que afecten instituciones con mandatos en niñez y adolescencia, sean siempre tomadas en apego a las obligaciones adquiridas por el Estado Costarricense en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, que tutela los derechos de este sector fundamental del desarrollo nacional
De igual manera, desde una visión de inversión social estratégica, es claro que en lugar de recortar presupuestos en programas esenciales para el buen desarrollo de niñas, niños y adolescentes, se deben tomar decisiones basadas en evidencia (Chaverri-Chaves et al., 2020xi), no solo en función de abordar necesidades y problemas presentes, sino también pensando en su impacto en el corto, mediano y largo plazos.
Por supuesto que no podemos estar de acuerdo con el traslado de fondos del MEP y Cultura para abordar temas de seguridad y lucha contra la criminalidad, cuando los pilares de prevención de la delincuencia son precisamente la Educación y la Cultura. Tampoco podemos aceptar el argumento de la sub-ejecución como respaldo a las decisiones de recorte en instituciones y programas que benefician a los sectores de la población más vulnerables, cuando la sub-ejecución lo que evidencia son las dificultades de eficiencia en dichas instituciones (lo cual debería ser el foco de atención y de mejora), pero no la ausencia de necesidades de la población, como a veces se da a entender.
Por todo lo anterior, las organizaciones aquí representadas, solicitamos la intervención pronta, diligente y responsable de sus despachos en la toma de las acciones que estimen necesarias para prevenir o corregir, según se trate, los recortes presupuestarios que motivan nuestra preocupación y rechazo, tal como queda aquí documentado.
¡La Patria, las niñas, los niños y las personas adolescentes así nos lo demandan!
Dado en San José, a los ocho días del mes de junio de 2023.
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Sra. Angie Cruickshank Lambert; Defensora de los Habitantes de la República
Sra. Gloriana López Fuscaldo; Ministra de la Niñez y la Adolescencia
Sr. Nogui Acosta Jaén; Ministro de Hacienda
Sra. Anna Katharina Müller Marín; Ministra de Educación
Sra. Yorleni León Marchena; Ministra de Desarrollo Social
Sra. Marta Acosta Zúñiga; Contralora
Medios de Comunicación
i Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2012). Poor economics: A radical rethinking of the way to fight global poverty. Public Affairs.
ii Mani, A., Mullainathan, S., Shafir, E., & Zhao, J. (2013). Poverty Impedes Cognitive Function. Science, 341(6149), 976-980. https://doi.org/10.1126/science.1238041
iii Center on the Developing Child (2007). The Impact of Early Adversity on Child Development. Recuperado de www.developingchild.harvard.edu
iv Lipina, S. J. (2021). Pobre cerebro: Lo que la neurociencia nos propone pensar y hacer acerca de los efectos de la pobreza sobre el desarrollo cognitivo y emocional. Siglo Veintiuno Editores.
v Chaverri-Chaves, P., Conejo, L. D., León-González, S. P., & Arrieta-Ávila, L. A. (2022). Delay of Gratification in Costa Rican Preschoolers: Effect of Trust in the Experimenter and the Socio-Economic Status (Postergación de la gratificación en preescolares costarricenses: efecto de la confianza en el experimentador y el estatus socioeconómico). Journal of Applied Cognitive Neuroscience, 3(1), e00224586. https://doi.org/10.17981/JACN.3.1.2022.04
vi Chaverri-Chaves, P., Barrantes Pereira, R., & Conejo, D. (2021a). El test de la golosina en contexto: ¿cómo influye el entorno social en la toma de decisiones y el autocontrol? Ciencias Psicológicas, 15(2). https://doi.org/10.22235/cp.v15i2.2486
vii Chaverri-Chaves, P. (2021b). La educación en la pandemia: ampliando las brechas preexistentes. Actualidades Investigativas en Educación, 21(3), 1–22. https://doi.org/10.15517/aie.v21i3.46725
viii Gertler, P., Heckman, J., Pinto, R., Zanolini, A., Vermeersch, C., Walker, S., Chang, S. M., & Grantham-McGregor, S. (2014). Labor market returns to an early childhood stimulation intervention in Jamaica. Science, 344(6187), 998-1001. https://doi.org/10.1126/science.1251178
ix Chaverri-Chaves, P., Conejo D., Molina, I. (2018). Informe de evaluación experimental del programa Familias en Acción (FAMA) de la Academia de Crianza del PANI (pp. 1-196). INEINA-Universidad Nacional.
xi Chaverri-Chaves, P., & Arguedas Ramírez, A. (2020). Políticas Públicas Basadas en Evidencia: una revisión del concepto y sus características. Revista ABRA, 40(60), 49-76. https://doi.org/10.15359/abra.40-60.2
Este jueves 20 de noviembre se estará celebrando el 25 Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, organizado por el Programa de Niñez y Adolescencia (PRIDENA). El mismo será dirigido a usuarios de las redes sociales de la Universidad de Costa Rica
Participantes:
Luego de diez años de aportaciones de diversos actores sociales, el 20 de noviembre de 1989 fue aprobada como tratado internacional la Convención sobre los Derechos del Niño. Su entrada en vigencia en los países firmantes ha contribuido a reforzar la dignidad humana de la infancia y adolescencia, así como garantizar su protección y desarrollo.
Para más informes al teléfono: 2511-5079 / 2511-6390
