A la conciencia. Carta segunda: La justicia Social debe ser el “Alma Mater de la ley”
Por Juan Almendares
“No basta filosóficamente con buscar la verdad, sino que hay que procurar filosóficamente realizarla para hacer la justicia y construir la libertad”… La justicia consiste en devolverle a cada uno su dignidad humana… La paz justa es la única alternativa a la violencia (Ignacio Ellacuría).
Queridísima conciencia: La dialéctica de la verdad histórica y la lucha por la dignidad de los pueblos es el camino de la justicia y la libertad.
La justicia no solo puede definirse con la lente de la ley, cuando la ley responde a los intereses económicos y políticos dominantes se transforma en el instrumento violento estructural contra la justicia social. La ley cuando se divorcia de la justicia es la forma jurídica que expresa el poder del capital que aplasta los derechos históricos de nuestros pueblos que se manifiestan en mayor grado en los indígenas, garífunas, familias campesinas y la clase trabajadora.
En este sentido la ley es la síntesis del racismo, clasismo y sexismo patriarcal que tiene su origen y reproducción histórica y estructural en el viejo y nuevo colonialismo, en la mundialización del capital trasnacional que utiliza a los operadores de la justicia legal: jueces, fiscales como integrantes de los cuerpos represivos: militares y policías que estigmatizan, persiguen y violan los derechos a los defensores(as) de la verdad, libertad y derechos humanos y ambientales.
Honduras es un país singular donde se ha concentrado el experimento geopolítico militar, donde la reorganización de la administración de la justicia tiene como eje fundamental la inteligencia que controla la información y vigila, controla y reprime mediante los aparatos: militares, policiales, académicos y fundamentalistas religiosos. Es el experimento que caracteriza a la “democracia encarcelada y a la seguridad embozada”.
El experimento no solo es de inteligencia (orejas y cámaras electrónicas); sino también de guerra psicológica, guerra mediática, guerra económica: desempleo masivo, cierre de empresas; fundamentalismo religioso, femicidio, asesinatos de la diversidad sexual, de abogados , periodistas, ambientalistas, campesinos e indígenas y defensoras (es) de los derechos humanos.
Es una guerra total contra el pueblo en una sociedad militarizada y ocupada no solo en el sentido castrense sino ideológico y político por la nación del Norte. Con El Salvador y Guatemala somos parte del “Plan de Prosperidad de los Estados Unidos de América”.
El asesinato de Berta Cáceres, dirigente del COPINH a igual que el golpe de Estado Militar no sólo son fenómenos locales sino están articulados al complejo militar económico transnacional del modelo extractivo minero, represas, agrocombustibles, transgénicos y megaproyectos turísticos. Por lo tanto este crimen simboliza un mensaje de terror del sistema para los que defienden los derechos el agua y de la Madre Tierra: si asesinaron a la mujer galardonada con el Premio Goldman, tenemos la capacidad de reprimir o matar a cualquier ser humano que se oponga a este monstruoso sistema.
La justicia “legal” con injusticia social se refleja en la detención arbitraria del educador mexicano y defensor de los derechos humanos Gustavo Castro; quien al ser testigo y objeto de atentado de asesinato es convertido en forma ilegal e ilegítima en victima de tortura psicológica y tratos crueles inhumanos y degradantes violando la Constitución de Honduras y el derecho internacional. El objetivo es silenciar a los que tienen la vocación humanista de educar a nuestros pueblos sobre el derecho al agua y a la Madre Tierra.
Nuestra historia es representativa de la sevicia del poder; la verdad sobre los responsables de los desaparecidos, el asesinato de la dirigente campesina Margarita Murillo y más de un centenar de dirigentes campesinos ni ha sido develada porque en la practica la ley en Honduras sirve en su mayor dimensión para ocultar la verdad y favorecer la impunidad.
Según el Informe Honduras 2015 del sociólogo y defensor de los derechos humanos Roberto Briceño: “La policía y los organismos de seguridad y justicia por omisión o por acción fomentan la impunidad principal factor de incremento de la violencia y los actos criminales en el país. Los informes acerca de la frecuencia de hechos criminales coinciden en que entre el 90 y 96 por ciento de los hechos no se investigan. La policía omite investigar las causas de los hechos culpando con estigmas a las víctimas con los cliché de ‘pelea de territorios’, ‘pleito entre maras’ o capturando a cualquier acusado para justificar su aparente función eficiente”.
En cuanto a los crímenes contra los dirigentes del COPINH: Tomas García que antecede al asesinato de Berta Cáceres y posterior al mismo de Nelson García; así como la persecución contra dirigentes campesinos del Aguan, del Valle de Sula y del Occidente del país son indicadores de la impunidad e injusticia social.
Según el jurista y epistemólogo Allan Norrie la dialéctica de la totalidad social amenaza la lógica analítica jurídica. Las categorías legales están separadas del contexto y de los valores morales.
Por consiguiente en Honduras las categorías de la formalidad legal son hechos técnicos despojados de la ética. Los aspectos sociales del crimen, los políticos e históricos y de corrupción del sistema son llevados a la rigidez arquitectónica y congelada de la ley para deformar la realidad y culpar a los y las que están en contra del sistema hegemónico multinacional articulado a las oligarquía locales.
La responsabilidad de los intelectuales y de los movimientos sociales es luchar por la justicia social al servicio de la vida, los derechos humanos y de la Madre Tierra.
Lo único que tenemos es la conciencia histórica social de la verdad, la justicia y la libertad frente al neoliberalismo imperial del capital mundializado.
Hagamos concreta esta realidad mediante la solidaridad nacional e internacional con los pueblos indígenas, garífunas, las familias campesinas, pobladoras de Honduras y demandemos la libertad del mexicano Gustavo Castro que está detenido arbitrariamente en Honduras.
Tegucigalpa 28 de marzo 2016
Enviado a SURCOS Digital por Marcela Zamora Cruz.
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