Etiqueta: corrupción política

Ninguna victoria ecologista es permanente… Sobre nuestra lucha anti-petrolera en Costa Rica

Escrito en 04/09/2025. Publicado en Madre Tierra.

Por: Fabián Pacheco R. – OILWATCH Costa Rica
Agosto 2025

En Costa Rica se ha mantenido una moratoria a la explotación de hidrocarburos (petróleo y gas natural) durante cinco gobiernos consecutivos. Sin embargo, siempre hemos señalado que ninguna victoria del movimiento ecologista es permanente; lo único permanente es la voracidad extractivista, que intenta instalarse una y otra vez sobre nuestros territorios.

Hoy Costa Rica sigue siendo un país libre de explotación petrolera y de gas natural (incluido el fracking), principalmente gracias a la participación y lucha de múltiples sectores de la sociedad civil. Haber sostenido esta moratoria frente a una actividad tan destructiva es, sin duda, una victoria que debemos defender. No debemos olvidar nuestra historia de lucha, especialmente ahora, cuando la campaña electoral rumbo a las elecciones del 2026 está plagada de políticos oportunistas, seducidos por la industria extractivista transnacional.

Podemos disfrutar de un mar Caribe sin derrames de petróleo gracias a la lucha de ecologistas, pueblos indígenas y afrodescendientes, pescadores, académicos y diversos sectores de la sociedad civil, que desde finales de los años noventa se organizaron en la coalición ADELA (Acción de Lucha Antipetrolera). El nombre honra a Adela Pita, una mujer indígena bribri que en los años ochenta enfrentó con valentía a la maquinaria de la petrolera PEMEX.

Nuestro trabajo ha alcanzado importantes victorias en los ámbitos legal, político y administrativo. No obstante, aún persisten quienes anteponen sus intereses privados, amparándose en la demagogia de “cálculos alegres”, para intentar instalar negocios extractivistas sobre la tranquilidad y la ecología de este pequeño país tropical.

La “mula vuelve al trigo”. El actual gobierno de Rodrigo Chaves ha mantenido desde sus inicios un discurso confrontativo hacia el movimiento ecologista, y el tema de hidrocarburos no ha sido la excepción. En la Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos (Niza, Francia), el mandatario declaró a Radio Francia Internacional:

“Yo lo que dije es: ‘midamos esos recursos y basemos el debate sobre si vale la pena o no’. Puede ser que no tengamos suficientes hidrocarburos en nuestro subsuelo. Puede ser que estemos sentados sobre una cantidad enorme de esos recursos. El valorarlos es el primer paso para tener un debate racional al respecto”.
(Fuente: Semanario Universidad)

En octubre del año pasado, Chaves anunció haber solicitado al gobierno de Noruega apoyo para estudios sobre exploración y explotación de petróleo y gas, bajo el argumento de que ese país “es el campeón del mundo en aprovechar los recursos y conservar el ambiente”. La respuesta diplomática noruega fue una negativa clara, dejando a nuestro gobierno en ridículo. Era previsible: Noruega no arriesgaría su imagen internacional ayudando a un pequeño país megadiverso de Centroamérica a sacrificar su biodiversidad en nombre del petróleo.
(Fuente: Semanario Universidad)

Además, el Poder Ejecutivo, junto con otras fuerzas políticas conservadoras y el poderoso lobby petrolero en nuestro país, han bloqueado sistemáticamente el proyecto de ley N.° 23.579, que busca declarar a Costa Rica como un territorio libre de exploración y explotación de petróleo y gas. Esto demuestra que el tema sigue muy presente en la agenda de los opacos intereses que defienden el extractivismo.

La moratoria: conquista en disputa. La exploración y explotación de hidrocarburos está prohibida en Costa Rica gracias a una moratoria vigente hasta el 2050, firmada y ratificada por los últimos gobiernos, menos el actual. Sin embargo, esta medida podría ser levantada en cualquier momento desde el Poder Ejecutivo.

La primera moratoria surgió a inicios de los 2000, gracias a la presión del movimiento ecologista en campaña electoral. En el 2002, durante su toma de posesión, el presidente Abel Pacheco declaró que la verdadera riqueza del país eran sus recursos naturales, no el oro ni el petróleo, comprometiéndose a no facilitar concesiones petroleras ni mineras. Más tarde, bajo el gobierno de Laura Chinchilla, la moratoria se formalizó por decreto, pasando de ser un gesto político a un compromiso escrito en blanco y negro.

Los logros no fueron solo políticos: también se obtuvieron victorias clave en el ámbito judicial y técnica-administrativa, principalmente ante SETENA. En el 2002 se demostró la inviabilidad ambiental de los proyectos de la petrolera Harken, cuyos estudios de impacto incumplían la normativa. Tras la anulación del contrato, la empresa reclamó indemnizaciones millonarias, llegando incluso a exigir en arbitraje internacional $57.000 millones, lo que fue denunciado como un intento de “extorsión”. Finalmente, Costa Rica ganó el litigio.

La mano peluda: corrupción y puertas giratorias. Uno de los impactos más graves del extractivismo en países tropicales es el intervencionismo político. Además de los daños ambientales, la industria hidrocarburífera ha manchado democracias con corrupción, prevaricato y conflictos de interés.

Ejemplo de ello es el caso del exministro de Ambiente Roberto Dobles, quien tras su gestión se vinculó a la UCCAEP proponiendo derogar la moratoria, y posteriormente firmó un contrato con una petrolera para recibir un porcentaje de las ganancias de la explotación. Su carrera como consultor energético ilustra las puertas giratorias entre negocios petroleros y cargos públicos.
(Fuentes: Semanario Universidad, UCCAEP, SURCOS Digital)

Llamado al 2026. Desde el movimiento ecologista exhortamos a las y los candidatos presidenciales para las elecciones de 2026 a posicionarse de forma transparente ante el electorado: ¿de qué lado estarán?

Desde OILWATCH Costa Rica insistimos en que sostener la moratoria petrolera y evitar la explotación de gas natural no solo es estratégico para la protección de los bienes comunes, sino también fundamental para la defensa de una democracia sana y libre de los vicios del extractivismo.

De la autocracia electoral a la autocracia total. Costa Rica a un paso

Escrito en 31/08/2025. Publicado en Análisis.

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

Cuando el presidente de El Salvador Nayib Bukele vino a Costa Rica en noviembre del 2024, su homólogo costarricense Rodrigo Chávez dijo una frase que no debe olvidarse ni pasar inadvertida: quisiera poder hacer en Costa Rica lo que Bukele hace en El Salvador; ¿qué hizo ese individuo en su país?, simplemente, transformarse en dictador a través de la autocracia electoral.

Después de pertenecer al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de origen marxistaleninista, resultó electo alcalde de Nuevo Cuscatlán en el 2012 y San Salvador en 2015 bajo esa bandera, luego buscará dar el salto a la presidencia de la República. Pero conflictos internos con su partido y después de dar brincos partidarios por la izquierda salvadoreña, se afilia y es candidato por la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) de centro derecha para las elecciones del 2019, dando una cabriola política espectacular. En esas elecciones obtiene la mayoría absoluta (53.10%) en mucho gracias al desprestigio en que habían caído los gobiernos del Farabundo Martí, los cual él había participado antes de su salida definitiva hacia el otro extremo del espectro ideológico. Prueba que a los aspirantes a autócratas no les importa su línea de pensamiento, sino el afán de poder y destrucción de la democracia.

En junio del 2019 el presidente Bukele lanzó su plan “Control Territorial” con el que logró disminuir la inmensa tasa de mortalidad que había El Salvador, junto con acuerdos clandestinos y corruptos con la Mara Salvatrucha. Esto le dio una enorme popularidad, la verdad sea dicha, y eso le abrió la posibilidad de pedir en marzo del 2022 a la Asamblea Legislativa, ya dominada por él y sus partidos alados desde las elecciones del 2021, la declaratoria del Régimen de Excepción, lo que le permitió bajar aún más la tasa de criminalidad y gozar de un apoyo masivo de una población harta de la inseguridad provocada por las pandillas, maras y asesinatos; eso sí, todo cambio de perder las libertades fundamentales en una democracia.

La tumba de la democracia liberal en El Salvador estaba abierta, solo faltaba lanzar el cadáver y poner la lápida. El acta de defunción se firmó desde el 2021, cuando por una intervención del ejército quedaron borrados los límites entre el Poder Ejecutivo y Legislativo y aprueba un permiso para que el presidente Bukele se aparte del cargo y pueda participar en las elecciones del 2024, las que gana con una votación del 84.65%, prácticamente sin oposición.

Proceso típico de la autocracia electoral, pues también ya había dado el zarpazo final con la toma del Poder Judicial; esto sucedió cuando la Asamblea también en mayo del 2021 destituyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional primero y otros jueces después, incluyendo al fiscal general. Pero la lápida cayó el 1 de agosto de este año 2025, cuando la dócil y aborregada Asamblea Legislativa salvadoreña, por votación de 57 de 60 diputados dóciles, aprobó la reelección presidencial indefinida. ¡Viva la dictadura!

Sin embargo, cuando en su show rutinario de los miércoles, uno de la prensa vasalla preguntó al presidente Rodrigo Chaves su parecer sobre este hecho, dijo que había sido un proceso aprobado por una Asamblea electa democráticamente… y como dice el viejo refrán: si las barbas del vecino ves pelar… pon las tuyas a remojar.

Precisamente, porque ese es el modelo o ejemplo que el presidente Rodrigo Chávez restriega constantemente en las narices de los costarricenses como su gran ambición política, es que lo hemos explicado con amplitud; y ejemplo de cómo utilizando los procesos electorales aparentemente democráticos, un autócrata de pocas luces y verbo demagógico creador odios, se roba un país. Pueden ponerle el nombre y apellido que quieran, que los hay por todo el mundo: desde Ortega en Nicaragua, Milei en Argentina, Chávez-Maduro en Venezuela o Trump en los Estados Unidos y hay más, para no salirnos de nuestro continente. Como puede verse, no se trata de ideología, los hay de todos colores, y su deseo es solo uno: acabar con la democracia liberal. Para ello atacan a los otros poderes del Estado y a las fiscalías; critican el pasado que consideran corrupto, pero intencionadamente ignoran los logros y avances obtenidos para crear así la imagen de un país en caos que necesita un salvador; por lo que para ellos el discurso creador de odio, ya sea desde un podio los miércoles o diariamente desde una curul legislativa, es fundamental.

Ante las próximas elecciones el 1 de febrero del 2026 es urgente que los costarricenses abran los ojos y vean que estamos al borde del abismo, que nuestra democracia está en peligro si de nuevo cae en manos de una pandilla ignorante y ambiciosa que, sin asco alguno, está por destruirnos para acumular poder y riqueza. Hace cuatro años ofrecieron que eliminarían la corrupción, hoy nos heredan la más grande que ha conocido nuestra historia con un presidente con dos expedientes penales en los tribunales y más de cien en trámite en la Fiscalía General, una candidata a la presidencia con una causa penal pendiente en la municipalidad de Cartago por la extracción ilegal de expedientes para beneficiar al Alcalde que era su jefe, y una buena cantidad de candidatos a diputados en los primeros lugares en las papeletas de cada provincia, que parecen un pizarrón del OIJ o la Fiscalía General; donde cabe destacar a Nogui Acosta por San José con 10 causas penales pendientes en la Fiscalía y Marta Esquivel por Heredia, ex Presidente Ejecutiva de la CCSS con expediente penal abierto y en proceso activo por el caso (chorizo) Barrenador y causante de mil perjuicios a la Caja y la salud de los costarricenses o el l Lic. José Miguel Villalobos por Alajuela, con dos suspensiones a cuestas de su ejercicio profesional por el Colegio de Abogados, y sigue ejerciendo como abogado de narcotraficantes y del presidente Chávez, entre otras cosas, mejor ni hablar.

Así funciona la autocracia electoral, llevan al ciudadano ciego y sordo, embobado por los mensajes de odio, al matadero de la urna electoral…para que crean que hay democracia. Precisamente, el historiador Steven Forti en su libro “Democracias en Extinción…El Espectro de las Democracias Electorales” publicado este año, cita el estudio del Instituto V-Dem cuyos investigadores han llegado a la conclusión que el proceso de autocratización de un país pasa por estas tres etapas:

– “En primer lugar, una erosión democrática comportaría el paso de una democracia liberal a una democracia electoral; en segundo lugar, un colapso democrático conllevaría el paso de una democracia electoral a una autocracia electoral, y, por último, una autocracia electoral puede transformarse en una autocracia cerrada…”

¡Es decir, una dictadura! ¿En cuál de estos tres estadios estamos los costarricenses? Creo que peligrosamente estamos a punto de pasar del punto uno al dos, que nos pone en puertas de la autocracia cerrada, estilo Nayib Bukele. Para eso quieren los famosos 40 diputados, para cambiar las estructuras democráticas de equilibrio de poder y control constitucional con la Contraloría General de la República, y entonces, sin quien ponga los límites, hacer lo que les dé la gana.

Por eso, no a la pandilla chavista o rodriguista o como diablos se llamen, encaramados en el nuevo taxi electoral Pueblo Soberano, dispuesto a convertirnos en un… ¡pueblo de sorompos!

«Financiamiento Jaguar»: Un caso de «alto nivel»

Escrito en 07/08/2025. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Allá arriba, aunque muy lejos del Cielo, un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo, le han jugado al escondido a la Fiscalía General de la República, órgano del Ministerio Público que tiene el deber de investigar presuntos delitos penales, cometidos por esos inmunes «de arriba», obstaculizándole la tarea de defender los intereses del soberano, propiamente dicho.

En el caso «Financiamiento Jaguar», tramitado en el Ministerio Público, además de las diputaciones Pilar Cisneros, Paola Nájera, Julio Agüero y Luz Mary Alpízar, así como el canciller Arnoldo André, sobresale como figura central, como mascarón de proa, quien fuese tesorero del partido taxi pirata, que llevó como pasajero al presidente Chaves hacia la localidad de Zapote. Nos referimos al señor Stephan Lars Andreas Brunner Neibig, de 64 años, quien voluntariamente renunciara al alto cargo de vicepresidente de la República, ¡y muy relevante!, a la inmunidad que impedía al Fiscal, cumplir su deber debidamente, en las causas que se le siguen. Escudo legal que ha venido siendo usada, exageradamente, como cobija de impunidad, por el actual gobierno.

El señor Brunner Neibig, un muy poco conocido personaje político (por su muy escasa acción desde la Casa Presidencial) estaría presuntamente implicado, en la creación y operación de un mecanismo, en otras circunstancias legal, mediante el cual pudo transferir bienes a otra persona, para que ésta los administrara secretamente, en beneficio de las finanzas de la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático (PPSD). Ello, pese a que el Código Electoral, garantía de nuestra cara democracia, señala que toda contribución a partidos políticos, candidaturas o precandidaturas, debe ser realizada por personas físicas nacionales, plenamente identificadas, y canalizadas únicamente a través de los mecanismos oficiales del partido político, para evitar que dineros de origen desconocido, y en la de menos de fuentes no necesariamente sanas, pudiesen incluso, ser determinantes en la elección de funcionarios que luego vayan a defender sus intereses ocultos, si son electos.

O sea, ustedes lo sabrán, la acusación tiene que ver con un llamado fideicomiso, al que se le llamó «Costa Rica Próspera», mediante el cual, se habrían canalizado millones de colones y dólares, al margen del ordenamiento legal. Al hacerlo así, y eso es lo que la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) están procesando, los investigados podrían haber cometido delitos, sancionados en los artículos 273, 274 y 275 del Código Electoral, que se sanciona con penas que van desde los dos hasta cuatro o seis años de cárcel, si así lo resolvieren los tribunales de justicia, en atención a los delitos sobre el financiamiento partidario, sobre las contribuciones privadas y a la recepción de contribuciones privadas ilegales, donde se establece que “el tesorero del comité ejecutivo superior del partido”, deberá “llevar un registro de actividades de recaudación de fondos del partido, incluidas las tendencias y los movimientos”.

En relación con lo resumido, al exvicepresidente Brunner, el TSE lo investiga por, presuntamente, “conocer sobre la existencia de activos del PPSD adquiridos por el fideicomiso del grupo CRP y no haberlo denunciado oportunamente a autoridades competentes”, lo cual, de concluirse que fue así, sería castigado según el inciso a del Artículo 275 del Código Electoral, con hasta seis años de prisión.

El cuadro preliminar hace vislumbrar que, el presidente Rodrigo Chaves habría llegado al poder, aparentemente, de la mano de dos esquemas de financiamiento, donde una de ellas, sería diferente, paralela, ilegal, a la comunicada oficialmente por el partido taxi, al TSE. Estaría evidenciándose, que se activaron, simultáneamente, una o más líneas de administración de los fondos económicos que no necesariamente se reportaron ante el organismo electoral, cometiendo delito.

Los involucrados han hecho esfuerzos por justificar el uso de esa oculta “carretera secundaria”, diciendo que, los dineros transferidos y gastados, no eran para la campaña electoral, sino para otras «cosillas», se diría popularmente, que no tienen nada que ver con la campaña electoral.

Sin embargo, al señor Brunner Neibig, se le implica por, presuntamente, haberse enterado, como tesorero durante la campaña electoral, de la existencia de bienes del partido taxi en cuestión, adquiridos por el citado fideicomiso, sin «haberlo denunciado oportunamente a autoridades competentes», como era su deber, según la legislación anotada.

Pero sucedió algo realmente inesperado, que seguramente habrá sido acogido con beneplácito, por las autoridades electorales y del Ministerio Público, que se veían con las manos atadas para cumplir eficientemente sus deberes, en vista del escudo protector que cubría, hasta estos días, al señor ex vicepresidente de la República. Cuando algunos presumían la renuncia a la Presidencia de la República del señor Chaves, a quien le esperan para ser procesadas, alrededor de un centenar de causas acogidas para investigación por el Ministerio Público (lo que habrá de haber valorado para no hacerlo), ¡saltó la liebre por otro lado!

Sorprendentemente, el caballero decidió, quizá sin pensarlo muy bien, renunciar a su inmunidad, y así, en la práctica, ofrecerse voluntariamente a las autoridades competentes para que lo juzguen, sin necesidad de que sea la Corte Suprema de Justicia, la que deba solicitar el levantamiento de esa inmunidad a la Asamblea Legislativa. Camino este, escogido por el señor presidente Rodrigo Chaves, como medio de seguir obstaculizando la labor de la Fiscalía General de la República, y eventualmente, de los tribunales de justicia, por el evidente temor a ser encontrado culpable.

Agregamos que hay algunas cosas más, alrededor del exvicepresidente, que hace más insólita su renuncia a la inmunidad, que hasta ahora lo ha protegido. Por ejemplo, se tienen evidencias de su activa participación, en la frustrada gestión, que pretendía contratar una póliza del estatal Instituto Nacional de Seguros (INS), ¡por ¢248 millones!, con recursos del soberano, para financiar con fondos del pueblo, eventuales defensas ante los tribunales de justicia, principalmente, de miembros del Consejo de Gobierno, ante demandas que pudiesen presentarse por sus cuestionables actuaciones. Nos referimos, por supuesto, a la que popularmente se ha bautizado, como «Póliza de la vergüenza», y que, como habrán pensado correctamente, también es parte del expediente sobre el que trabaja la Fiscalía.

Y más recientemente, ¡para que no nos falte!, al señor exvicepresidente se le indaga igualmente, por haberse involucrado, ilegalmente, en la destitución en pleno, sin justificación razonable alguna, de la junta directiva de la entidad bancaria más importante del país y de Centroamérica, el Banco Nacional de Costa Rica. Peligrosa acción ejecutiva, que viola, peligrosamente, la necesaria y fundamental, autonomía administrativa de tan vital banco del Estado, por introducir consideraciones politiqueras, donde han de predominar, criterios técnicos calificados y de gobierno, con sustento en la Constitución Política de Costa Rica, que se ha jurado cumplir.

Cabe aclarar, eso sí, que el señor exvicepresidente, pese a haber renunciado voluntariamente, no lo ha movido el deseo de buscar la justicia de los tribunales. ¡No, qué va! Su movida, tiene que ver, más bien, con el deseo de buscar otra inmunidad similar, eventualmente, como diputado, pues estima que, si fuese postulado y electo, tal deseo se le podría hacer realidad, pero, ¡ojo!, hasta ¡dentro de ocho meses!, si llegare a ser acreditado como legislador, por el TSE, lo cual, obviamente, nadie podría garantizar al día de hoy, pues “dicen que se dice”, que Mayuli Ortega y Calixto Chaves, como “propietarios” del partido que postularía a la señora Laura Fernández, están muy incómodos, pues los puestos elegibles a candidatos a diputaciones, que ya tenían comprometidos con “los suyos”, Pilar Cisneros quiere que sean ocupados por los funcionarios que han renunciado al gobierno, primero en enero y ahora en julio, que, y esto lo que más molesta, tienen en común acusaciones ante el Ministerio Público, casi como requisito, pues lo que buscan es solo adquirir esa inmunidad que se está usando abusivamente.

En fin, aunque pensamos que Brunner Neibig, podría estar calculando mal los tiempos en que se mueve la justicia, en casos tan delicados relacionados con la fortaleza del sistema electoral y la autonomía del sistema bancario estatal, especialmente, es de presumir que los funcionarios de la Fiscalía General de la República, estarán prestos a actuar diligentemente.

Pero, bueno, esa es su apuesta; confiar en que los investigadores de la Fiscalía tomen más tiempo que el recomendado, para que pasen los ocho meses sin que él, y los otros, sean juzgados.

Finalmente, el estimado caballero, debería haber considerado que, ahora no solo sería indagado como cualquier ciudadano, sino que, incluso, se expone a la imposición de medidas cautelares, como sería, por ejemplo, la prohibición a salir del país, si la Fiscalía lo considera pertinente y los jueces así lo aprueban.

7 agosto, 2025

Seguridad en Costa Rica: ¿Más cárceles y limitación de derechos humanos es la respuesta?

Escrito en 06/02/2024. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Martín Rodríguez Espinoza

No cabe duda de que el territorio costarricense ha pasado de ser «puente» a ser bodega y centro de distribución, y que esto ha provocado que el Costa Rica empiece a ser fraccionado entre diferentes grupos narcos.

Tampoco cabe duda de que este creciente ingreso de bandas o carteles de la droga tienen un ligamen directo con sectores corruptos de la política de muy alto nivel, desde el ingreso a territorio nacional del capo de la droga mexicano Caro Quintero en 1985 cuando el expresidente de la República, Daniel Oduber Quirós, viajó junto a Quintero en un avión privado, y esto facilitó el ingreso del narcotraficante. La denuncia del exdiputado de entonces, Jimmy Zúñiga, y el «alboroto» no impidió el establecimiento del narco mexicano en el país.

Mucho antes, para la campaña electoral en la cual fue electo presidente, 1974-1978, recibió dinero del narcotraficante estadounidense Lionel James Casey. Todo salió a la luz cuando fue investigado por la Comisión Legislativa sobre el Narcotráfico, conformada en el período 1986-1990. En el segundo informe de la Comisión, se recomendó de forma enfática su renuncia a todos los cargos públicos que ostentaba.

En 1992, el ejemplar N0 410 de la revista Rumbo se tituló “Cómo se reparten los bienes de Oduber”. En esta edición, se hizo un recuento del patrimonio que mantenía el expresidente al fallecer. Se narra que tenía más de ¢800 millones en cuentas bancarias. Poseía fincas cuya extensión sobrepasaba las dos mil hectáreas, en las que hubo alguna vez una centena de caballos árabes. El origen de tantas riquezas es confuso, teniendo en cuenta que fue burócrata casi toda su vida. (Semanario Universidad)

Luego se dieron muchos casos de carteles de la droga financiando campañas electorales de candidatos a la Presidencia de la República, a puestos en la Asamblea Legislativa, alcaldías, regidurías en municipalidades y se dieron casos de encarcelamiento de algunos (no todos) que ocuparon esos cargos y trabajaban para los narcos. Igual jueces, policías, agentes del OIJ y fuerzas policiales especiales.

Lo último, narcotraficantes investigados, se pasearon por los pasillos de la Asamblea Legislativa para hablar «de negocios» con diputados y diputadas.

Menciono todo esto para ilustrar que el tema del narcotráfico y la corrupción política viajan de la mano, trabajan juntos y mientras financien campañas electorales y el Tribunal de Elecciones sea cómplice por inacción, esto seguirá sucediendo.

Hoy, dicen que con «gran preocupación», los representantes de los diferentes poderes de la República, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se reúnen para desarrollar una «estrategia» de seguridad para enfrentar la creciente ola de asesinatos producto de la guerra por territorios de diferentes grupos narcotraficantes.

El problema de esto es que el VERDADERO problema, el de fondo no se atacará y se implementarán propuestas de más cárceles (privadas), represión, limitación de derechos humanos y ampliación de periodos carcelarios que significarán para el Estado costarricense una enorme carga económica que ellos sí están dispuestos a sacrificar.

¿Y cuál es el verdadero problema, el de fondo?, el desempleo, la pobreza, el hambre, la miseria, el congelamiento salarial, la falta de vivienda, la corrupción, el saqueo de las arcas del Estado mediante el fraude político empresarial, la evasión y elusión al Fisco, el contrabando, la exoneración de impuestos de forma privilegiada a los sectores empresariales más grandes, etc, etc.

En Costa Rica, hoy, en pleno inicio de 2024, más de 160 mil jóvenes no estudian ni trabajan porque se cierran las puertas para hacerlo. Hablamos de jóvenes de entre 15 y 24 años, de ellos el 50% tienen bachillerato y más de 8 mil son profesionales, esto según la más reciente Encuesta Continua de Empleo publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC. Este crecimiento, del 27%, se da en comparación entre octubre y diciembre del 2022 y el mismo periodo del 2023. Este terrible dato es solamente entre jóvenes, no adultos y adultos mayores, lo que en conjunto da resultados catastróficos para este país.

Y usted, que tiene la gentileza de leerme se preguntará, ¿Que tiene que ver una cosa con la otra?, pues todo.

¿A manos de quién van a parar esos miles de jóvenes desempleados, en qué van a trabajar, cómo van a sobrevivir y llevar alimentos a sus familias?

Si a esos datos le agregamos los miles de jóvenes que NO tienen acceso a las universidades, o lo que ni siquiera terminan la primaria y/o la secundaria, tendremos una bomba de tiempo entre manos.

¿Quiénes son los responsables?, los únicos responsables de esto son los políticos corruptos que han gobernado este país en los últimos 50 o 60 años, esos que recortan a la educación, a la vivienda, al desarrollo agroindustrial. Los que mediante corrupción saquean las arcas del Estado, los que estafan al Estado, los que mismos que hacen amigos de los negocios oscuros de los casinos, del lavado de dinero y tráfico de seres humanos y prostitución. Los mismos que para llegar a un cargo público compran votos y/o son financiados por grupos de narcos.

Una opción verdadera, honesta. Propuestas reales, concretas de desarrollo del país NO hay en estos momentos en el país, todas son falsas o superficiales.

El peligro es lo que salga de esa Asamblea Legislativa, todas las propuestas serán represivas y abusivas contra los derechos humanos, la privatización de cárceles como negocio de algún tagarote, más policías, y otras graves propuestas.

Imagen ilustrativa.