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Etiqueta: Costa Rica

Defensoría: Vacíos legales no permiten erradicar la violencia obstétrica

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

A pesar de avances en los derechos de las mujeres en estado de embarazo, el país tiene vacíos en materia de regulación, fiscalización y sanción en cuanto a violencia obstétrica. Así lo hizo ver la Defensoría de los Habitantes ante una solicitud de información requerida por el despacho de la diputada Paula Nájera Abarca.

La Defensoría llamó la atención sobre la ausencia de conceptualización de la violencia obstétrica en la Ley No.10.081 “Derechos de la mujer durante la atención calificada, digna y respetuosa del embarazo, parto, posparto y atención del recién nacido” que entró a regir el 27 de enero del año 2022.  “Ni en su título, ni en su contenido, esta importante Ley desarrolla el concepto de violencia obstétrica, a pesar de que se enumeran los derechos de las usuarias en el marco de la atención prenatal, durante y después del parto”, indica la Defensoría.

La Defensoría hizo observaciones en cuanto al cumplimiento de los transitorios contenidos en la Ley. Destacó que si bien se han conocido acciones tendientes a generar normativa regulatoria -por ejemplo, el Protocolo Clínico de Atención Integral al embarazo, parto y posparto en la Red de Servicios de Salud – no se ha informado sobre un protocolo generado para el cumplimiento de la norma en los términos del transitorio I. Aunado a ello, la Ley No. 10.081 no dispuso las responsabilidades de verificación de esta obligación, ni el mecanismo para evaluar su implementación.

En relación con el Transitorio II, se promulgó el Decreto Ejecutivo N°44093-S: “Reglamento para la Defensa y Garantía de los Derechos de las Mujeres Embarazadas y de la Persona Recién Nacida en el contexto de la atención de su salud”, sin embargo, la Ley N°10.081 no desarrolló otras responsabilidades en el marco de las competencias de ese Ministerio de Salud, tales como la vigilancia de la salud: fiscalización sobre la prestación de los servicios, verificación sobre la incidencia de los incumplimientos en relación con la incidencia en las tasas de mortalidad materna e infantil, entre otros aspectos.

La Defensoría estima que, para que Costa Rica garantice la generación de indicadores sobre este tipo de violencia, debe incluirse su conceptualización tanto a nivel legal, como en los lineamientos, guías y protocolos que se aprueben e implementen en los servicios de salud. Actualmente, este tipo de violencia no está incluida dentro de los datos del Sistema Unificado de Medición Estadística de la Violencia de Género (SUMEVIG), ni hay información disponible en el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial. Hace unos días, la CCSS anunció una estrategia para el abordaje de la violencia obstétrica en los diversos servicios institucionales.

Declaraciones de Kathya Rodríguez, directora de Mujer de la Defensoría de los Habitantes:

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Narcotráfico, ¿Cómo nos sentimos?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

Introducción

El narcotráfico se nos ha metido hasta por los poros, el país está inundado de muy diversas drogas igual que el resto de la cadena del tráfico en América Latina, pero al parecer, Costa Rica compite con ventaja en el trasiego de la droga.

Los entendidos en la materia comentan que la posición geográfica de nuestro país es ventajosa para los carteles de la droga que la acarrean de sur a norte; ahora les favorece también el abismo social que se ha abierto entre los muy ricos y los pobres, especialmente los que viven en la pobreza extrema; a lo anterior se une el considerable retroceso en el sistema educativo, el cual expele cada vez más niños y jóvenes de barrios pobres en las zonas rurales y urbanas que, engrosan la pléyade de los que quedan a expensas de las bandas de narcotraficantes. Todo se ha confabulado para crear un ambiente que nos deja muy expuestos al reclutamiento de mano de obra joven y en ocasiones hasta infantil, más barata para el “narcomenudeo”.

La droga recuerdo que penetró con mucha fuerza en jóvenes de estratos sociales “pudientes” económicamente, en las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado, cuando algunos fantaseaban sintiéndose como los “Beatles”, al fumar marihuana, aunque, sin instrumentos musicales, ni tampoco hacían gala de expresar sus exitosas y gloriosas canciones de fama mundial. Era, simplemente, algo caché y muy contagiosa entre nosotros. Sin embargo, aunque existía preocupación en los círculos gobernantes, no había tanto apremio, ni temor frente a la droga. Salvo uno que otro incidente, algunos muy sonados, pero, en nada se parecían a la auténtica guerra fratricida entre bandas que se libra ahora, usando como “carne de cañón” a nuestros muchachos reclutados en los barrios “bajos” de nuestras ciudades. Hoy la guerra está declarada entre pandillas y contra la institucionalidad, es decir, es una guerra contra todo y contra todos y, es sin cuartel y a “mano armada”. El crimen y el sicariato se han puesto a la orden del día y, el país se ha vuelto uno de los más inseguros de toda la región. Como si lo anterior fuera poca cosa, resulta que los procesos de judicialización en Costa Rica son de los más lentos de la región, de modo que nuestros organismos represivos se han tornado muy ineficientes para hacer frente a tan enorme desafío.

Breve descripción de la situación actual, principalmente del cannabis.

a. El trasiego de la droga: El comercio del cannabis como la droga de más alto consumo, se da tanto en el ámbito nacional como internacional. El interno, naturalmente es de mucho menor cuantía, pero su volumen no es nada despreciable. La mayor parte en él, es lo que llaman “narco menudeo”. El comercio internacional tiene como destino final Los Estados Unidos, el mayor consumidor de la droga cannabis en términos absolutos, seguidos luego por Australia, los países europeos, Canadá y México, entre otros. En el país, ya existe una producción importante especialmente de la droga de mayor consumo nacional que es también la marihuana. Sin embargo, sorprende saber que en términos de consumo per cápita de mayor a menor, los diez países donde más se consume en la población entre los 15 y 64 años son: 1. Chile, 34,8%; 2. Canadá, 32,7%; 3. Papúa Nueva Guinea, 29,5%, 4. Israel, 27,0%, 5. Palaos, 24,2%, 6. Islas Marianas del Norte, 22,2%, 7. Ghana, 21.5%, 8. Guam, 18,4%, 9. Islandia, 18,3%, 10. Estados Unidos, 16,2%. (Cfr. Sumpter, Luke. “¿En qué países se fuma más Hierba?” Extraído del Informe Mundial Sobre Drogas, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Actualizado al 2024). En el plano internacional, según datos también de las Naciones Unidas, la droga que más se compra y vende en el mundo es asimismo el cannabis o la marihuana y el mayor consumidor en términos absolutos, son Los Estados Unidos. (Cfr. “El Mapa del consumo de cannabis en el mundo. elordenmundial.com. EOM, 2015-2021.) De ahí la importancia que ha cobrado Costa Rica, por poseer costas en ambos mares, en el Caribe y en el Pacífico, lo que, en teoría facilita su traslado hasta los Estados Unidos.

b. El proceso legislativo del cannabis: En vista de que el país tiene años de estar lidiando con esta droga, se han creado una cantidad de leyes, supuestamente para favorecer el proceso de denuncia e incautación de esta mercancía (y posteriormente con relación a las demás drogas, las que, han experimentado la misma suerte). La legislación ha alcanzado a varias instituciones de su incumbencia, tanto preventivas como represivas, como son: el ministerio de Seguridad Pública, el ministerio de Educación Pública, el OIJ y otros organismos policiales, el IAFA, la Caja Costarricense del Seguro Social, por su competencia en el ámbito de la salud y la prevención.

De modo que, para enfrentar hoy el poderío del narcotráfico en este frente, debe existir una estrecha coordinación entre todas estas instituciones y otras que no hemos mencionado. Así las cosas, se ha creado una maraña institucional de una complejidad “Kafkiana”, como es común en nuestro país, por ser super legalista. La lista se ha visto agrandada más recientemente para poder vérnosla, como país, con las demás drogas que han inundado nuestro mercado lícito e ilícito. Entre estos formidables vericuetos hemos quedado atrapados, y hemos tenido que andar, desde luego, moviéndonos con enorme dificultad. Los organismos internacionales y, muy especialmente los organismos de seguridad y represivos de Los Estados Unidos, con los que coordinan nuestras autoridades, atribuyen a ello la alta ineficacia de la institucionalidad para responder con la prontitud que es necesaria a las exigencias de la incautación de la droga, a la represión y detención de los pandilleros que, por su parte se juegan la vida trasegando ilegalmente los diferentes tipos de droga que ingresa en nuestro territorio principalmente desde el sur de América, los que más recientemente se producen en nuestro propio suelo y, la droga que se fabrica en laboratorios clandestinos.

Hay tres tipos de organizaciones ilícitas o clandestinas que se han inmiscuido en este lucrativo negocio: unas son de origen interno y operan ya por todo el territorio nacional donde se han formado mercados ilícitos; otras son las poderosas organizaciones internacionales de diversos orígenes con las que, las internas coordinan y establecen lazos muy sólidos en su relación, las terceras son empresas profesionales intermediarias, cuya labor estriba en disfrazar sus ganancias ilegítimas, para darles una apariencia de legalidad.

Pero también, esta madeja de organizaciones ilícitas ha provocado en todas partes enfrentamientos armados, con armas inclusive de grueso calibre. Costa Rica se ha convertido en un escenario privilegiado de los carteles de la droga. Las pandillas se mueven con cierta soltura, andan armados surcando diferentes barrios tanto en la capital, San José, como en otras ciudades. Las balaceras y las muertes de jóvenes están a la orden del día. El común de los mortales nos sentimos molestos, furiosos y preocupados por nuestros vástagos y por toda la niñez y juventud costarricense, en especial por aquella que no tiene que ver con la droga, pero que de pronto, jóvenes estudiantes o no, se ven alcanzados por el cruce de fuego entre pandillas, o son atemorizados por el sicariato.

Empresas profesionales intermediarias en el negocio del trasiego de la droga han aparecido.

Entre todo este “nuevo mundo” alborotado por las trifulcas de una guerra no declarada, nos insubordina enterarnos con harta frecuencia, de la aparición de “empresas profesionales”, intermediando en operaciones comerciales ilícitas multimillonarias de la droga en sus múltiples manifestaciones, por medio de lo cual logran disfrazar super ganancias ilegítimas también.

Costa Rica se ha convertido en un eslabón importante en la cadena de países productores y consumidores del cannabis y otras drogas aún más dañinas para el organismo humano; esta cadena se ha entrelazado de sur a norte del continente americano. Asimismo somos, como país, una “zona regional” de la logística de los carteles que, desde aquí, preparan y promueven los envíos hasta Europa.

Las debilidades que presenta nuestro país en la incautación de la droga y la represión de los carteles involucrados, en parte como resultado de los escasos recursos, ha hecho más complejo el trabajo entre autoridades nacionales represivas y las instancias de prevención y control.

No se trata ya de vernos como víctimas de la oferta y la demanda de la droga, ahora se trata además de ello, de migrar a un concepto más moderno, que requiere una concatenación entre esferas, éstas son: a. El tema de la salud pública frente a la acechanza de la droga en nuestro suelo b. La esfera de los derechos humanos que son violados por los carteles constantemente, al asaltar a mansalva a nuestros jóvenes y niños. c. La esfera de la droga y el delito. d. La esfera importantísima del desarrollo humano sostenible que, se encuentra articulado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030 de la ONU.

Me ha espantado encontrarme con los datos del IAFA del 2015, respecto de sustancias psicoactivas (entiendo que la pandemia provocó un atraso de datos más recientes). En las estadísticas encontramos, un aumento del consumo de marihuana, que es como una puerta de entrada para el consumo de otras drogas más dañinas, tanto entre las personas que solamente han consumido una vez en la vida, como en los demás segmentos: aumentó el consumo entre los que lo hicieron al menos una vez en el último año, y también creció el número de los que consumieron la droga por lo menos una vez en el último mes. Por otra parte, hubo un aumento sensible en el consumo de la heroína, los hongos alucinógenos y el éxtasis, aunque en proporciones mucho menores con relación al cannabis. Aumentó el consumo de la cocaína y el crack, entre la población mayor de 15 años y hasta los 64, por parte de quienes consumieron estas sustancias psicoactivas al menos una vez en la vida. Por último, se observó ya por seis informes que las drogas de mayor consumo son: el alcohol, el tabaco y la marihuana; seguidos de psicotrópicos como son los hongos, el éxtasis y la heroína a partir del 2015. Me ha resultado en particular, sumamente preocupante saber que -aunque en bajas cantidades- la droga considerada por la investigación científica como la más peligrosa, el fentanilo, ya se está consumiendo en Costa Rica (Cfr. ://Delfino.cr>2023/08. “El Fentanilo y sus repercusiones.”).

Conclusión.

Más recientemente, al leer la crónica en los diferentes periódicos nacionales, en su versión impresa o digital, me conturba y perturba a la vez el espíritu, observar las declaraciones del presidente de los costarricenses, Rodrigo Chaves, cuando afirma, lavándose las manos, frente al hecho de que, el 2023 fue el año más violento de la historia, que la sociedad costarricense en su conjunto (víctima por antonomasia de la droga, afirmo yo), está en pie de igualdad con el Gobierno, frente a esta circunstancia. Enseguida sostuvo que, carecemos de los suficientes mecanismos para enfrentar a los carteles de la Droga, por cuanto no tenemos ejército. Otro tanto se permitió externar la embajadora Telles de los EE. UU. Ella afirmó literalmente, que la facilidad con la que se trafica la droga a los Estados Unidos es debido entre otras cosas a que: “…Costa Rica no tiene Ejército, está indefenso, comparado tal vez con otros países…” (Cfr. Altamirano B., Yiren. “Costa Rica es el país número uno en el traspaso de drogas”. La Nación. Lunes 18 de marzo del 2024. Pp. 11).

Si fuera cierta semejante afirmación, Panamá, que ya no tiene ejército y que, a pesar de ello, está reputado como un país exitoso para enfrentar el trasiego de la droga hacia los Estados Unidos, tendría que haber corrido la misma suerte que Costa Rica. Incomoda demasiado y lesiona nuestro espíritu civilista, leer a la misma embajadora de los Estados Unidos, seguir resaltando como una indefensión, el hecho de que nuestro país carezca de ejército; irrita todavía más que detrás de ella, expresara lo mismo el presidente de la República. Parece como si ambos estuvieran acicateando la formación de un ejército que, para nada necesitamos. Ninguna de estas dos personas muestra sensibilidad, ni capacidad para dimensionar las enormes bondades y ventajas que ha derivado Costa Rica por no tener ejército, ya por más de 73 años. ¡Qué desazón!

Ana Teresa León: “A nadie le importa la niñez de Costa Rica”

Escrito en . Publicado en Derechos.

“Nuestro país enfrenta una realidad preocupante que demanda la atención inmediata de toda la sociedad. Los problemas que afectan a la niñez y a la juventud se agravan día a día, reflejando un deterioro social que no puede ser ignorado. La inversión social disminuye, la violencia aumenta y la desigualdad se profundiza, manifestando un panorama alarmante que requiere acción urgente”. La advertencia la hizo Ana Teresa León, académica jubilada de la UNA, durante el foro Exclusión social de niñas, niños y jóvenes, violencia e inseguridad en Costa Rica, que se desarrolló el pasado 19 de marzo en el auditorio Clodomiro Picado Twight.

En los últimos tiempos, agregó la experta, se ha hecho evidente la existencia de una serie de exclusiones que han impactado de manera directa a la población infantil y adolescente en Costa Rica. En su criterio, lo más preocupante es que cada uno de estos factores contribuye a disminuir las capacidades tanto de individuos como de comunidades enteras para alcanzar su pleno potencial. La falta de acceso a la educación, la limitada atención a la salud materno-infantil y la escasez de recursos destinados a programas de desarrollo integral, son solo algunas de las áreas que requieren una atención urgente.

Para León, lo más grave es que la niñez de nuestro país es ignorada por muchos, lo cual constituye hay una violación de derechos por parte del Estado costarricense. “Cuando se dice no pueden ir al a la escuela porque no se les dan las becas, ¿qué estamos haciendo? estamos reduciendo ese potencial que tiene la persona; en realidad es una violación de derechos en todo el sentido de la palabra. Si el estado no ayuda—y es su responsabilidad—está violando los derechos, en este caso, de las personas menores de edad”

Otro aspecto crítico sobre el que León considera que se demanda atención inmediata es el estado de la red de cuido, la cual ha sufrido un estancamiento en su expansión y calidad, pese a ser una inversión crucial en la primera infancia, en el desarrollo humano.

De igual forma, indicó que se requiere una acción decidida sobre la falta de atención y prevención de situaciones de negligencia, maltrato o abuso, pues estas experiencias traumáticas no solo afectan el bienestar emocional y físico de los niños y adolescentes, sino que también tienen consecuencias a largo plazo, cuando ocasiona desórdenes mentales, problemas de salud, desventajas económicas y una disminución de oportunidades en la vida adulta.

León manifestó que en Costa Rica no se invierte en la educación familiar. “Esto le consta a los que hacen esfuerzos a nivel de las ONGs y de grupos, pero el estado por sí mismo no asume esa responsabilidad y ¿quién educa a las familias?, nadie en realidad. Es una responsabilidad en teoría del Patronato Nacional de la Infancia en sus fines, pero la rebaja del presupuesto del Patronato también afecta a ese servicio”.

Laura Fernández, directora del área de niñez, adolescencia y juventud de la Defensoría de los Habitantes, confirmó esta situación con datos muy concluyentes: el 38% de los menores de edad viven en condiciones de pobreza, con un 13.5% en pobreza extrema. Estas estadísticas se elevan en áreas periféricas, fronterizas y costeras, lo que también evidencia la urgencia de abordar la situación.

Además, hay una reducción preocupante en el presupuesto destinado a la educación, dado que se ha reducido a un mínimo histórico del 5.2% del Producto Interno Bruto (PIB). Este recorte presupuestario ha impactado gravemente programas esenciales como Avancemos, que afecta a 113,000 personas desde diciembre del año pasado.

Por otro lado, la inseguridad y la violencia continúan cobrando un alto precio en las comunidades y en la población infantil. El año 2023 marcó un récord con 907 homicidios, que refleja la falta de oportunidades que empujan a las personas menores de edad hacia la delincuencia y el peligro. Las cifras de femicidios y suicidios, especialmente entre jóvenes de 15 a 19 años, son igualmente alarmantes, lo que también evidencia una profunda crisis social que exige una acción urgente y coordinada, concluyó Fernández.

Paniamor, por medio de su director ejecutivo, Óscar Valdez, destacó la importancia de un enfoque de vulnerabilidad, protección y riesgo, y llamó a la acción desde la política social para crear oportunidades y romper con la exclusión. La participación ciudadana y un enfoque en la equidad y la justicia son fundamentales para una política social efectiva, dijo.

Las voces expertas coincidieron en que es hora de replantear nuestras prioridades como sociedad y que la inversión en la infancia y adolescencia afianza el futuro de nuestro país, por lo que exigieron acciones concretas y efectivas para garantizar un entorno seguro y lleno de oportunidades para cada niño y niña en Costa Rica.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Defensoría realizó encuentro con agrupaciones del sector agrícola

Escrito en . Publicado en Derechos.

Preocupación por seguridad alimentaria del país

Con el propósito de realizar una presentación del reciente informe sobre “Seguridad Alimentaria en Costa Rica”, la Defensoría de los Habitantes convocó a varias agrupaciones del sector agrícola.

La intención no solo fue hacer una exposición amplia del proceso de investigación y sus resultados, sino también escuchar las vivencias de productores y agricultores, sus preocupaciones y además limitaciones que enfrentan en materia de acceso a crédito, percepciones en cuanto al apoyo o no por parte de las instituciones estatales relacionadas con la actividad agrícola, y las formas en que han venido afrontando las emergencias a causa de diferentes situaciones relacionadas con precios, sequías, cambio climático, entre otros otros factores.

A esta primera actividad organizada por la Defensoría de los Habitantes estuvieron presentes representantes de la Corporación Hortícola Nacional, Centro Agrícola de Coronado, Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses, UPA Nacional, sector arrocero y la mesa nacional de diálogo social y productivo.

Dentro de los puntos más importantes que señalaron algunos de los representantes del sector agrícola estuvieron la ausencia de un mecanismo de sana competencia de mercados, la enorme afectación de las importaciones de producción agrícola, así como los seguros pues, hoy en día, con el impacto del cambio climático, sembrar sin una cobertura de protección lo calificaron como de un riesgo muy alto. A ello se suma que, no existen sistemas de información sobre el valor de cada uno de los productos.

También indicaron la falta de apertura de espacios de diálogo con las autoridades gubernamentales para establecer canales de comunicación que permitan generar acuerdos importantes para el sector, el Estado y los consumidores. Expresaron la importancia que el Sistema de Banca de Desarrollo pueda llegar a los productores.

A su vez, destacaron la importancia que el país ofrezca mecanismos propios para darle valor agregado a la producción agrícola mediante la industrialización, así como reactivar el programa de abastecimiento institucional pues era una forma de vender los productos a un precio digno, como lo establece las ferias del agricultor, sin embargo, ahora existe la amenaza de sobrevivencia de ese tipo de mercados que para la comercialización directa con el habitante.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Músicos nacionales se unen para crear canción en apoyo a los corales de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Concierto gratuito de estreno este 3 de abril a las 7 p.m. en el Centro Cultural de España en Costa Rica

Una iniciativa conjunta y en apoyo al Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadoras del Mar del Caribe Sur y Bloque Verde surge para visibilizar y brindar esperanza a los arrecifes de coral de Costa Rica, reconocidos músicos nacionales se han unido en la creación de una canción colaborativa. Fabián Pacheco, Luz María Romero, Rialengo, Oscar Jiménez y Pedro Víquez son los artistas que han unido sus talentos para componer «Tu Vida de Colores».

Con el fin de presentar esta iniciativa y generar conciencia sobre la importancia de proteger los arrecifes de coral, se llevará a cabo un concierto el miércoles 3 de abril a las 7 p.m. en el Centro Cultural de España en Costa Rica. Durante este evento, además de la presentación de la canción «Tu Vida de Colores», el Centro Comunitario de Buceo Embajadores del Mar expondrá sobre su trabajo en la conservación marina desde la comunidad del Caribe Sur. Además, la actividad es apoyada por el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes del Programa Kioscos socioambientales de la Universidad de Costa Rica.

La canción surge como respuesta al preocupante fenómeno del blanqueamiento de corales que impactó las costas costarricenses en julio de 2023 en el Pacífico y en octubre de 2023 en el Caribe. Este fenómeno, que resulta de factores como el aumento de la temperatura del agua, ha afectado gravemente la salud de los corales.

El blanqueamiento de corales es un proceso en el cual las algas coloridas que residen en el tejido coralino son expulsadas, dejando al coral de un color blanco. Este fenómeno es una respuesta al estrés ambiental y pone a los corales en un estado vulnerable, haciéndolos propensos a enfermedades y afectando su supervivencia a largo plazo.

El Centro Comunitario de Buceo realizó un monitoreo comunitario en noviembre pasado que permitió confirmar el blanqueamiento de los corales en el Caribe Sur.

Según el Laboratorio Oceanográfico y Meteorológico del Atlántico de la NOAA, aunque los corales blanqueados pueden estar en peligro, algunas veces tienen la capacidad de recuperarse. Sin embargo, es crucial tomar medidas para proteger estos ecosistemas frágiles y fundamentales para la biodiversidad marina.

La canción «Tu Vida de Colores» busca sensibilizar a la población sobre la importancia de preservar los arrecifes de coral y promover acciones concretas para su conservación. A través del arte y la música, los músicos involucrados aspiran a generar conciencia y movilizar esfuerzos para proteger estos valiosos ecosistemas marinos que constituyen un pilar fundamental de la vida marina en Costa Rica.

La música, el arte y el compromiso comunitario se unen en este evento para sensibilizar a la población sobre la importancia de proteger nuestros océanos y preservar los ecosistemas marinos que son fundamentales para la biodiversidad y el bienestar de Costa Rica.

Puede escuchar la canción en estos enlaces:

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Kioscos Ambientales

           UCR

https://drive.google.com/file/d/1Sx_FJEh7_PblpzmdINZ63M7ZuefdbYij/view?usp=gmail

Entrevista con Jorge Polimeni sobre el legado de la AECO

Escrito en . Publicado en Derechos.

El Dr. Giovanni Beluche V., conversa con el biólogo ecologista Jorge Polimeni, acerca del legado de la Asociación Ecologista Costarricense (AECO), como homenaje al cumplirse 30 años del «misterioso» incendio en que murieron Oscar Fallas Baldí, María Del Mar Cordero y Jaime Bustamante en el contexto de la lucha de AECO y las comunidades del sur de Costa Rica contra la empresa Stone Forestal.
Compartimos la entrevista:

El SOS de la producción agroalimentaria interna y de la seguridad alimentaria ante la ausencia de políticas para el sector

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

Una investigación reciente de la Defensoría de los Habitantes sobre el acceso a la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población costarricense, por el impacto de ciertos factores externos en el sector agrícola como la guerra en Ucrania, el alza en el precio del petróleo y el cambio climático señala aspectos que tienen una injerencia directa sobre la formulación y dirección de políticas públicas nacionales y regionales frente los desafíos del sistema alimentario.

El informe afirma, que, si bien nuestro país aún no enfrenta problemas graves sobre la Seguridad Alimentaria Nutricional, es necesario darles atención prioritaria a tres áreas: el acceso económico y físico a los alimentos, a la calidad de estos y la capacidad de adaptación del sector agropecuario a los cambios en el clima.

Agrega que, si bien el país disminuyó su capacidad de autoabastecimiento de productos básicos para la alimentación por las condiciones climáticas, la disponibilidad de tierras y la apuesta nacional por la protección del medio ambiente, el principal factor es la falta de políticas públicas que apoyen a los sectores productivos.

La Defensoría de los Habitantes concluye que, si bien es posible identificar instrumentos de política pública sobre el tema, prevalece la desarticulación, los bajos niveles de coordinación y colaboración entre las instituciones responsables de su diseño y ejecución, siendo necesario la aplicación de un enfoque integrado de Gobierno que coadyuve con soluciones oportunas, eficientes y eficaces en esa materia.

La investigación permitió también, determinar que no existe una ley marco que regule el tema ni órganos clave y que se venció la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2021 sin que se haya planteado una alternativa

Entre los retos que persisten, indica que es necesario instaurar un sistema de alertas tempranas para mitigar o atender eventuales emergencias climatológicas, plagas y enfermedades, así como situaciones de restricción en el comercio internacional, esencial para reducir la vulnerabilidad a las crisis alimentarias en el comercio internacional.

Además, apunta, que se requiere contar con un adecuado proceso de registro de agroquímicos, generar nuevas vías de registro para insumos alternativos y moléculas, así como el servicio de certificación y utilización de semillas; habilitar los servicios de laboratorio que, además, revise la efectividad de éstos en el mercado; así como la generación de nuevas vías de registro para insumos alternativos no contaminantes.

En materia de cambio climático, establece que urge contar con servicios de información climatológica y de siembra accesibles, que le permita al productor consultar en qué fechas se puede sembrar y así tomar decisiones de producción más certeras.

La Defensoría de los Habitantes, además le solicitó al Ministerio de Agricultura y Ganadería, reactivar el Sistema Nacional de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINSAN) para disponer de informes de alerta para la atención oportuna de situaciones eventuales que puedan constituir una amenaza a la seguridad alimentaria y nutricional de la población del país y adoptar mecanismos de diálogo y participación con representantes de los productores, así como contar con la asesoría de la FAO, con el fin de que analicen los riesgos de una alta dependencia de las importaciones de algunos alimentos básicos en la dieta nacional, ante los escenarios de crisis climáticas o geopolíticas, que podrían dificultar, no sólo su disponibilidad, sino también el acceso ante la alta volatilidad por los cambios en los precios.(Defensoría de los Habitantes, comunicado, febrero 2024)

En concordancia con el análisis de la Defensoría, en el mes de enero de este año, representantes de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, demandaron al Gobierno una política clara que mejore la productividad y la competitividad del sector.

El presidente de la Cámara mencionó que preocupa el incremento de una canasta básica importada que no se traduce en mejores precios y que desplaza a los productores y a los miles de empleos que generan. 

Señala que muchas veces se trata de productos que compiten desigualmente contra los nuestros, sea por prácticas desleales o bien porque sus productores reciben apoyos, soportes y ayudas internas inexistentes aquí.

Para la CNAA, la preservación de las actividades agrícolas es del más evidente interés público, por el desarrollo, los empleos y los encadenamientos, sobre todo en zonas rurales y costeras.

También expresaron la preocupación por las intenciones del Gobierno de que Costa Rica se adhiera a la Alianza del Pacífico y por la caída del tipo de cambio del dólar con respecto al colón que provoca la pérdida de competitividad en el mercado local y en el de exportación. (CRHoy.com,27-1-2024).

Como si esos señalamientos no fueran suficientes, en el mes de febrero, se dio a conocer la información con base en datos de la encuesta de microempresas elaborada por el INEC, de que 74.787 agricultores fueron expulsados de su actividad económica en los últimos dos años, siendo el agro el que más perdió microempresarios, cuya actividad es más pequeña, siembran en sus propios terrenos y las producciones son bajas, es decir se trata de agricultores de escasos recursos que deben abandonar su actividad y que son parte de los pobres rurales de las regiones periféricas del país.(ElObservador.com,26-2-2024).

La mayoría de estas preocupaciones sobre el deterioro de las condiciones de producción de micro y pequeños productores, habían sido manifestadas el año anterior por las organizaciones agrícolas, Upanacional, UPIAV, UNAG y la Corporación Hortícola, durante la Marcha nacional en apoyo al Sector agropecuario del 29 de marzo en la que reclamaban una política de apoyo al sector agropecuario que asegure el desarrollo social y la soberanía alimentaria.

Igualmente fueron planteadas en la marcha del Sector agropecuario por la defensa de la soberanía alimentaria y la institucionalidad del sector, efectuada el 25 de octubre, en la que se demandó: No al bloque Alianza del Pacífico, Sí a la Comisión mixta en la Asamblea legislativa, Sí a la defensa de la institucionalidad del sector, Sí a la Soberanía alimentaria.

No obstante, los movimientos y demandas de las organizaciones, no han logrado detener las políticas que debilitan al sector y afectan a los productores nacionales en actividades específicas, como el caso de la política de la Ruta del Arroz, impulsada en julio del 2022 por el Gobierno actual mediante dos decretos que reducía considerablemente los impuestos a la importación y estimulaba la importación de arroz, con los consiguientes efectos sobre los productores locales y las áreas de producción de ese cultivo.

Así mismo, el Gobierno propuso a mediados del año anterior, un proyecto de ley para reformar la Ley orgánica del Ministerio de Agricultura, dirigido a concentrar las decisiones en el Ministro de la cartera y eliminar potestades a las entidades especializadas, como el Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento (Senara) y Servicio Fitosanitario del Estado, en una intencionalidad de imponer un modelo centralista y piramidal y convertirlas en meras entidades técnicas.

A finales del año anterior, también se propuso un proyecto de ley de reforma a la ley de Ferias del Agricultor, que pretende eliminar la Junta Nacional de Ferias y trasladar la coordinación de las ferias al Programa de Mercadeo Agropecuario (PIMA), que pretende institucionalizar el manejo de las ferias y atentar contra el manejo autónomo de las mismas por parte de los productores.

Estos proyectos de ley se encuentran en discusión en la comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa y han sido consultados a gran cantidad de instituciones y organizaciones del sector, que hacen prever dictámenes poco favorables a su aprobación.

Estos proyectos particulares, aunque no proponen transformaciones de fondo en la actividad agropecuaria, podrían continuar deteriorando la institucionalidad del sector agropecuario y las condiciones de producción y comercialización en que se encuentran los pequeños y medianos productores sobre todo vinculados al mercado interno.

Esta problemática ya había sido analizada en una propuesta de política agroalimentaria alternativa elaborada hace una década por el Foro de Políticas Agrícolas de Santa Bárbara.

En la situación de la producción agroalimentaria para el mercado interno, esa propuesta señalaba que:

La mayoría de los agricultores que producen para el consumo interno tienen escasa rentabilidad, provocada por bajos rendimientos y problemas de precios y de mercados.

Además, esa agricultura se ve amenazada por:

-las importaciones de alimentos básicos con precios subsidiados

-la inestabilidad de las cosechas por cambios climáticos

-el descenso en las áreas dedicadas a la producción por altos costos de producción.

En consecuencia, URGE definir una estrategia de nuevas políticas para mejorar esta actividad tan importante y estratégica para la economía nacional.

Frente a esa problemática, los elementos de la propuesta de políticas eran:

  1. Mejorar el sistema de comercialización de productos agrícolas para el mercado interno.
  2. Democratizar el acceso al crédito para la pequeña producción (Banca de Desarrollo)
  3. Promover la innovación y de desarrollo de tecnologías sostenibles
  4. Mejorar la gestión de los servicios de apoyo agropecuario que ofrece el Estado.
  5. Fomentar la Agroindustria y el valor agregado de las actividades agropecuarias

6.Formular un proyecto de ley marco en seguridad y soberanía alimentaria y nutricional. (Propuesta de política agroalimentaria para el mercado interno,Grupo de Políticas Agrícolas,octubre 2014)

Debido a que la situación actual de la producción agroalimentaria es similar a la de hace una década y podría tender a agudizarse, la propuesta mencionada sigue siendo válida y demandaría un nuevo esfuerzo conjunto e integrador de todos los sectores hacia la formulación de una política agroalimentaria sostenible, incluyente y soberana.

Debemos cambiar la dinámica agroproductiva de los últimos 40 años que hizo del país uno de los más dependientes de la producción externa y uno de los más desiguales, con una pobreza rural creciente.

El país y sus regiones eran soberanos y autosuficientes en muchos productos que ahora importamos y lo más grave, es que se trata de los alimentos básicos de la población, el arroz, los frijoles, el maíz, las hortalizas y hasta los huevos, el azúcar y el café.

No podemos seguir produciendo de la misma manera, utilizando una alta cantidad de insumos químicos externos, que provoca altos costos, pérdida de suelos, contaminación, sequía, mayor concentración de CO2 y menor soberanía alimentaria, se requiere una transición agroecológica de la actividad agrícola.

Una transición agroecológica que haga más sostenible ambientalmente la producción agroalimentaria, más justa y equitativa la participación de los productores y tener mayor soberanía alimentaria en los productos alimenticios básicos. 

La propuesta debe incluir un programa de precios de garantía y de acceso a mercados, un nuevo modelo de financiamiento justo y accesible a los pequeños y medianos productores (fondo agrícola de banca para el Desarrollo) y un sistema de extensión e innovación tecnológica ligado a los condiciones de la pequeña y mediana producción y a opciones de tecnologías apropiadas para el mejoramiento de la productividad y la conservación de la biodiversidad.

Un componente adicional, es el impulso de un programa de manejo postcosecha y agregación de valor, para el desarrollo de agroindustrias rurales de productos con identidad territorial y sellos de origen, junto a la creación de cadenas cortas de comercio y mercados locales y regionales alternativos y justos.

Debe considerar también, programas para que las mujeres y los jóvenes rurales sean titulares de derechos y concesiones de tierra y reciban capacitación para integrarse a la producción agrícola.

Es necesario también perfeccionar los mecanismos de transferencias de apoyos sociales, para que éstos vayan dirigidos a las familias rurales de escasos recursos, como un bono rural que les permitan mantenerse en la producción agroalimentaria y contribuir a reducir la pobreza rural.

Todo ese esfuerzo propositivo, debe coronarse con la formulación y puesta en ejecución de una ley nacional de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, que proteja la producción agroalimentaria de los cambios en las condiciones externas de precios y mercados y de los cambios en las políticas internas de desestímulo e importación y de los riesgos y vulnerabilidades generados por fenómenos climáticos.

Imagen ilustrativa, UCR.

Ciudadano limonense manifiesta la importancia de los derechos afro costarricenses a la Asamblea Legislativa

Escrito en . Publicado en Cultura, Derechos.

En una misiva dirigida a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, el ciudadano Marco Levy Virgo ha solicitado a la comisión que tome medidas para proteger los derechos de la población afrodescendiente en Costa Rica.

En su comunicado, Levy Virgo hace referencia a disposiciones legales y decretos ejecutivos, como el N° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP, que reconocen la existencia de una población afrodescendiente en el Caribe costarricense y la importancia de preservar su identidad cultural, tradiciones y territorios ancestrales. Sin embargo, señala que hasta la fecha no se ha promulgado una ley específica que garantice plenamente los derechos de esta población tribal.

El solicitante destaca que la Asamblea Legislativa, al aprobar la Ley Indígena en 1977, excluyó a la población afrodescendiente de sus disposiciones, des-aplicando así el Convenio Internacional de Derechos Humanos N°107 de 1957 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protegía los derechos de las poblaciones indígenas y tribales, incluyendo a los afrodescendientes.

En vista de esta situación, Levy Virgo solicita a la Comisión de Derechos Humanos que informe sobre las gestiones, acciones y proyectos de ley planificados a favor de la población afrodescendiente. En particular, se enfoca en dos aspectos clave:

Delimitación y demarcación del territorio ancestral afrodescendiente: Dado que el Estado reconoce la presencia histórica de la población afrodescendiente en la costa del Caribe costarricense, se solicita a la Comisión que intervenga para que el Estado proceda a establecer legalmente los límites, dimensiones, ubicación y extensión del territorio ancestral afrodescendiente, protegido por el Convenio 169 de la OIT.

Creación de una ley especial para proteger los derechos de la población tribal afrodescendiente: Aunque el Estado reconoce a la población afrodescendiente como población tribal y su protección bajo el Convenio N°169 de la OIT, no existe una ley específica que salvaguarde sus derechos de propiedad ancestral. En este sentido, se insta a la Comisión a tomar medidas para promover la creación de una ley que proteja plenamente los derechos de la población afrodescendiente, de manera similar a la ley existente para los pueblos indígenas.

La solicitud de Marco Levy Virgo pone de relieve la necesidad de garantizar la igualdad de derechos y protección para la población afrodescendiente en Costa Rica. Se espera que la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa tome acciones concretas y promueva la promulgación de leyes que salvaguarden los derechos de esta comunidad tribal, asegurando así la igualdad y la justicia para todos los ciudadanos costarricenses.

AEL-0056-2024Descarga

Imagen ilustrativa.

Ante la desidia del Gobierno frente al Comité de la CDPD-ONU

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Comunicado

El día de ayer, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas que aborda el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, recibía al Estado Costarricense para que brindará su informe sobre el cumplimiento y seguimiento de este Tratado Internacional suscrito por el país, sin embargo, la Administración Cháves Robles ha dejado una vez más plasmado su desinterés por las más de 670.000 personas en situación de discapacidad del país. 

No solo no enviaron a una delegación desde Costa Rica que tenga conocimiento y preparación sobre el tema -que de paso nos preguntamos una vez más, ¿dónde está el Comisionado Presidencial de Inclusión Social, el señor Ricardo Sossa y el CONAPDIS?-, sino que las personas que estuvieron presentes, como el señor Embajador de Costa Rica en Ginebra, MR. Christian Guillermet Fernández, no supo responder a ninguna de las interrogantes realizadas por el Comité, e incluso manifestó: “Esta es una experiencia les voy a ser totalmente franco y sincero, que espero que me llegue la pensión antes de que tenga que repetirla, porque ha sido muy difícil para mí sentarme aquí delante de ustedes y oír la molestia por parte de los miembros del Comité por la falta de respuestas de nuestra parte o según el entendido de que ellas, no han sido lo suficientemente claras”, terminando él y las otras personas que le acompañaron agachando la cabeza ante la vergonzosa participación que tuvieron. 

Fue tal la lamentable participación de Costa Rica, que el señor F. Morris, integrante experto de dicho Comité manifestó: “Estamos decepcionados en cuanto a las respuestas que nos han dado (en referencia a las respuestas enviadas por el Estado) y ustedes excelencias han secundado esta decepción”. 

Desde el Movimiento Nacional de Personas con Discapacidad no solo denunciamos nuestra decepción y enojo ante la falta de seriedad y compromiso por parte del Gobierno de Costa Rica hacia las personas en situación de discapacidad, sino que exigimos una explicación ante la lamentable y vergonzosa participación que tuvieron y por qué el rector en materia de discapacidad (CONAPDIS) y el Comisionado Presidencial de Inclusión Social, no estuvieron presentes. 

¡LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD MERECEMOS RESPETO Y UN ESTADO QUE GARANTICE NUESTROS DERECHOS!

Arrancan audiencias para reconocer el derecho al cuidado

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

  • República de Argentina planteó la solicitud de una opinión consultiva sobre el derecho al cuidado el año anterior; otros Estados, entre ellos Costa Rica, se han sumado.

  • Un conversatorio analiza los avances y los pasos a seguir dentro de este proceso que busca alcanzar un nivel de igualdad y equidad en favor de las mujeres, a quienes se les encarga tradicionalmente las tareas de cuido.

UNA Comunica. 13 de marzo de 2024. La labor de cuido ha recaído históricamente en las mujeres y ello ha conllevado a que se normalice una serie de actitudes discriminatorias que generan consecuencias económicas y sociales en su contra. Para atenuar esta situación, la República de Argentina planteó una solicitud, en enero de 2023, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que emita una opinión consultiva que reconozca el derecho al cuidado.

Justamente esta semana, del 12 al 14 de marzo, la Corte IDH, con sede en Costa Rica, recibió en audiencia a los Estados y organizaciones que apoyan esta tesis.

La Universidad Nacional (UNA), por medio del proyecto Trabajo y Crisis de la Escuela de Economía y el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) apoyan y colaboran en esta gestión de la que son parte, además de Costa Rica, Colombia, México, Chile, Paraguay y Uruguay, países que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos.

“Como Universidad, estamos plenamente identificados con aquellas acciones que garanticen la igualdad en las relaciones sociales que han propiciado una brecha importante en los roles entre los hombres y las mujeres. Tradicionalmente se ha encomendado a la mujer, en su papel de madre y de cuidadora del hogar, la responsabilidad de velar por la seguridad de hijos, adultos mayores y personas con discapacidad, cuando esta responsabilidad debería ser compartida y asumida con absoluto apego a la justicia y la equidad”, manifestó Irma Sandoval, investigadora del Idespo.

La Encuesta Nacional del Uso del Tiempo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de 2022 reveló que, en Costa Rica, las mujeres incrementaron en un 16,4%, entre el 2017 y el 2022, el tiempo dedicado al trabajo no remunerado. En términos nominales, las mujeres dedican 32:04 horas a la semana a estas labores, mientras que los hombres destinan 16:30 horas. Por ejemplo, el cuidado de personas totalmente dependientes está a cargo de las mujeres en un 77%.

La valoración de estos datos la hizo el Programa Estado de la Nación el pasado 8 de marzo, a propósito del Día Internacional de la Mujer, al señalar que “muchas de las brechas en el mercado laboral se asocian con factores culturales y sociales históricos, al valorar de manera diferenciada los roles de género en los distintos ámbitos de interacción. Un ejemplo es la injusta distribución del trabajo doméstico no remunerado”.

A escala mundial, el panorama no tiende a cambiar. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) revelan que las mujeres dedican 3,2 veces más horas que los varones a los trabajos no remunerados.

El proceso

Fue el 20 de enero del año anterior cuando la República de Argentina dirigió un oficio a Juan Enrique Pérez Manrique, juez de la Corte IDH, solicitando una opinión consultiva sobre el tema del cuidado.

En el escrito, se detalla que “las desigualdades en el ámbito del cuidado anteceden y explican las diferencias entre los géneros en el ejercicio y goce de los derechos humanos: el papel social y tradicional de las mujeres como proveedoras de los cuidados y encargadas del trabajo doméstico, ha limitado su capacidad para incursionar en el mercado laboral formal y coartado su autonomía económica”.

Luego de la presentación de la solicitud por parte de la República de Argentina, la Corte admitió la presentación del pedido y habilitó una instancia para que los distintos actores presentaran la documentación que argumenta la posición de que el cuidado debe considerarse un derecho desde el sistema interamericano.

“Estos documentos se les conoce como amicus curiae que son presentados por las partes solicitantes de una opinión consultiva de parte de la Corte, y donde se aporta información relevante que le va a permitir al Tribunal deliberar e interpretar. Este proceso ya concluyó y ahora empezamos esta semana con las audiencias orales, para que luego se proceda con la parte deliberativa de cara a una decisión final”, detalló Laura Pautassi, experta de referencia internacional de cuidados y académica de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina, quien está de visita en el país para participar las audiencias.

Conversatorio

En el marco del proceso de audiencias públicas, el próximo 14 de marzo se llevará a cabo el conversatorio El reconocimiento del derecho al cuidado en América Latina y el Caribe, a partir de las 5:30 p.m. en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.

Durante el conversatorio se hará un recuento de las acciones que han conllevado a la presentación de esta solicitud ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del estado de situación en los países y de los retos que se avecinan en la lucha para que se avance en el reconocimiento de este derecho.

“Desde la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha considerado que el derecho al cuidado se viene configurando de manera progresiva, que es un derecho cuyo reconocimiento y protección debe fortalecerse. Sobre esa perspectiva, los Estados deben avanzar para que la justicia social y económica garantice una mayor equidad en favor de las mujeres”, agregó Leonela Artavia, economista y coordinadora del proyecto Trabajo y Crisis de la UNA.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica