Ha sido constante la lucha por parte de los sindicatos para que se les realice el pago de la deuda salarial y que el gobierno en las últimas semanas ha intentado boicotear. En tal sentido, se les hizo llegar una respuesta al oficio presentado por las organizaciones, mediante el cual, se solicitaba el criterio de la Contraloría General de la República sobre aspectos relacionados con las leyes sobre política salarial, normativa fiscal y el grado de autonomía de que goza la CCSS.
En la respuesta del órgano contralor se explica que esa institución se encuentra imposibilitada de realizar un análisis del caso concreto, puesto que se pretende brindar al consultante las observaciones y el análisis técnico-jurídico general que le permita definir su situación particular, no así, sustituir a la administración o entrar a valorar una decisión ya tomada por ella.
Del mismo modo, se indica que según la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Pública, cuando se tratan de seguros con aportes tripartitos, como el de enfermedad y maternidad (cuestionado por los consultantes), todos los recursos de dicho fondo se encuentran cubiertos por la protección constitucional, imposibilitando su afectación por medio de las medidas fiscales propuestas. Todo esto constituye una excepción, en defensa de la autonomía de gobierno de la CCSS.
Se agrega que a partir de tal dimensionamiento, que fue realizado por la Sala Constitucional, el actual jerarca del Ministerio de Hacienda, estableció puntualmente, mediante el oficio n.° DM 2409-2022, que “toda la estructura programática que conforma el presupuesto de la CCSS está integrada por tres componentes, a saber: Salud; Invalidez, Vejez y Muerte; y Régimen no Contributivo, los que coinciden con las excepciones establecidas para la CCSS señaladas anteriormente, motivo por el cual no fue posible determinar la existencia de recursos que estén fuera de los contemplados en las excepciones indicadas”.
Por otra parte, en relación con la aplicación del principio de equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera contemplado en la Constitución Política, el artículo 9 del proyecto consultado establece que la regla fiscal consiste en fijar un límite al crecimiento del gasto corriente, sujeto a una proporción del promedio del crecimiento del PIB nominal y a la relación de deuda del Gobierno Central a PIB, lo que significa una regla de política económica que comprende al PANI. Sin embargo, por sí solo, esto no afecta a la Constitución Política en el tema de las autonomías.
Respecto a todo este tema, la Contraloría General de la República concluyó diciendo:
“Al vincularse la consulta con decisiones adoptadas por la CCSS, que a su vez involucran temas para los cuales se cuenta con criterios emitidos por diferentes instancias e incluso por la asesoría legal interna; no corresponde a este Órgano Contralor pronunciarse -vía consultiva- cuya naturaleza es previa y además reservada a temas generales, sobre las interrogantes planteadas”.
Se le invita a sintonizar el programa Alternativas, este próximo viernes 18 de noviembre a partir de las 6:00 p.m; donde se abordará el tema “La violencia contra las mujeres desde las miradas diversas”.
En esta edición se tendrá como panel invitado a:
Yaritza Susana Herrera Torres, mujer migrante.
Marcela Arroyave Sandino, MsC. abogada especialista en violencia contra las mujeres.
Marissa Chapman Watson, joven artista y productora audiovisual con experiencia internacional.
Nidia García Zamora, licenciada en Educación Especial e integrante de ALAMUD.
Recuerden que podrán sintonizar el programa vía Facebook Live, YouTube o escucharlo mediante la transmisión por Radio 16 Oficial (1590 AM).
Cualquier consulta pueden realizarla en la sección de comentarios en las redes sociales del programa, las cuales se abarcaran en la transmisión en vivo.
Anuncio del gobierno en Egipto es una gran mentira que los deja en evidencia
Exportaciones agroindustriales libres de deforestación son falsas soluciones al cambio climático
(Bloque Verde, 16/11/2022) La delegación de Costa Rica encabezada por el ministro de ambiente Franz Tattenbach busca engañar al planeta en medio de la COP27 sobre el clima en la ciudad de Sharm en Egipto. No existe evidencia de que en el país existan exportaciones agropecuarias “libres de deforestación” (1). En realidad todo lo contrario. Evidencia de más de dos décadas dan cuenta de que Costa Rica ha perdido 6.800 hectáreas de cobertura forestal en manos del agro-negocio de la piña.
Solamente entre el año 2015 y el 2019 se reportan la desaparición 1.234 hectáreas de bosques en manos de las empresas piñeras. Esto arroja el último estudio publicado por el sistema de Monitoreo del Cambio de Uso y Cobertura de la Tierra en Paisajes Productivos (MOCUPP) es una herramienta que registra con precisión satelital los cambios en el uso y cobertura de la tierra, y reporta los procesos de deforestación asociados a la dinámica agrícola en Costa Rica.
Esta misma herramienta satelital había reportado que entre el año 2000 y el 2015 estas compañías piñeras deforestaron de forma ilegal 5.566 hectáreas de áreas de protección en márgenes de ríos y humedales (2). Para el año 2016 el MOCUPP también alertó sobre la existencia de 1.112 hectáreas dentro de Áreas Silvestres Protegidas. Precisamente para ese momento en el Refugio Vida Silvestre Barra del Colorado se invadieron 614,26hectáreas; en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque se invadieron 193,06 hectáreas; y en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo se invadieron 304,6 hectáreas (3).
Por lo tanto si sumamos toda esta área deforesta durante casi veinte años, el monocultivo de la piña adeuda al menos 6.800 hectáreas deforestadas dentro de áreas protegidas. Por esta razón el anuncio del gobierno de Costa Rica en la COP27 no tiene ningún sentido y falta a la veracidad. Pretende crear mecanismos de financiamiento climático para el agro-negocio basado en mentiras, y se agrupan en una categoría más grande llamadas falsas soluciones al cambio climático.
Pretender usar el espacio de Costa Rica dentro de la COP27 para buscar beneficios a una industria contaminante como las empresas piñeras es muy poco ético por parte del gobierno. Se supone que la delegación gubernamental debe de velar por una aportar soluciones reales a la crisis climática. En cambio van a lavarle el negocio contaminante y deforestador de las empresas fruteras.
La agricultura industrial es la segunda actividad humana responsable de los Gases de Efecto Invernadero, que causan la crisis climática. Pero contradictoriamente el gobierno de Costa Rica impulsa el agronegocio y de paso maquillar la industriara que viola los derechos humanos y contamina el ambiente.
Esto se suma a la salida de Costa Rica de la Alianza para poner final a la exploración y explotación de combustibles fósiles (Beyond Oil and Gas Alliance) conocida como BOGA. Dejar los hidrocarburos bajo tierra si es una solución contra el cambio climático, deteniendo la exploración y explotación de petróleo y gas.
Estas dos medidas dejan muy clara la posición climática del Gobierno Chaves Robles. Una administración que apuesta por las falsas soluciones a manos de las grandes corporaciones y de espalda a las comunidades y ecosistemas que sufren el cambio climático.
Wendy Navarro Abarca, Hellen Bonilla Rivera, Carlos Zúñiga Álvarez
El Estado costarricense, cómo organización política, fuera de desempeñar un papel protector a lo largo y ancho del territorio nacional, desvirtúa su función cara a las periferias, mismas que a través del recuento histórico han permanecido invisibilizadas; ya que las diferentes manifestaciones de gobierno reflejan el enfoque hacia el centro del país.
Es así, como ciertas transnacionales han entrado al país aprovechando los vacíos de poder estatal, con el objetivo de malversar recursos naturales, aprovechando estos para la producción piñera, misma que genera deterioro ambiental. También, da a cambio a las personas menos de lo que les corresponde. Con ello han logrado implantarse dentro del territorio nacional para fines capitalizados de agricultura extensiva, al mismo tiempo que sacan beneficios de la mano de obra barata (explotación) en las periferias. De manera que, el abandono del Estado ha minimizado la protección de los ciudadanos y sus necesidades, representando así una región que se adhiere a los precarios beneficios de la hegemonía piñera.
Este último ente, que se adjudica con una vehemente participación en el desarrollo socio-económico, para la estructura de carácter relacional llamado territorio nacional. Ha desamparado principalmente a sectores encarecidos atinentes a zonas rurales, donde la industria piñera se posiciona como “benefactora” de la población rural, debido a la contribución que realiza como parte de la “Responsabilidad Social Corporativa”. El abandono ha desencadenado un proceso donde los actores locales están siendo desplazados y poseen poca capacidad de ejercer en su territorio, debido a procesos de dominación de empresas capitalistas “desterritorialización”.
Ejemplificando cómo esta desterritorialización inherente a la práctica capitalista, es parte del debilitamiento del Estado y la ausencia de fuerza dentro de las fronteras. Se refleja la inoperancia estatal, como pacto de intransigencia Estado- multinacional, que fundamenta el daño colateral del impacto socioambiental de la actividad piñera, cediendo a la entidad multinacional el rol que por deber le corresponde al gobierno.
Claramente, el Estado como organización protectora/paternal será el principal señalado por invisibilizar estas regiones periféricas (rurales en su mayoría). Pero ¿realmente se puede adjudicar al Estado la responsabilidad completa de este “abandono”? o ¿la población -generalizando- de estas regiones también deciden, de cierto modo, darle la espalda al Estado en presencia de estas industrias extranjeras? En este caso, en la actualidad muchas de estas zonas le dan la espalda al Estado debido a que están cansados de buscar ayuda, buscar oportunidades donde no se las han dado.
Por ello, se han presentado casos en comunidades piñeras y de palma, donde la población reafirma su apoyo a las industrias transnacionales, pues ven en ella una fuente de ingreso segura, una contribución al desarrollo como comunidad. El Estado se había mantenido completamente ausente de brindarles una oportunidad. Se resalta que, estas ayudas representan migajas para la totalidad de ganancias que estas trasnacionales perciben.
Por un lado, tenemos la inacción del Estado en términos de la libertad que brinda a estas compañías, por otra parte, el apoyo/respaldo que estas compañías encuentran en las comunidades abandonadas. Se da lugar a un proceso de reterritorialización, por medio de procesos de reconfiguración socio-económica, político-cultural y simbólico-cultural.
Ahora bien, conociendo los factores económicos como el motor de casi todos los sistemas y organismos presentes, podemos ver la relación Estado-transnacional como un mutualismo entre ambas organizaciones; es decir, hay un beneficio para las diferentes partes en cuestión. Esto no implica que la relación sea la correcta o adecuada, pero es una que ha funcionado tanto al Estado como a muchas comunidades que se sostienen con la presencia de estas compañías de gran envergadura e importancia.
Siendo así cómo este fenómeno social destituyó al Estado de su función, para poder conciliar los derechos naturales de todo ser, implicando una crisis ambiental, como daño colateral. Donde el ente protector además de abandonar su ejercicio en zonas altamente susceptibles, redirige las funciones a trasnacionales. Los cuales no tienen responsabilidad social propia con el país, pero terminan siendo apoyadas por las masas periféricas y el Estado, descuidando la política verde y la marca país bajo una repercusión de peligro ambiental.
Generando una frontera socio-política de la industria piñera vs el Estado, para las poblaciones periféricas excluidas del ojo estatal que se resguardan en una trasnacional que les ofrece más garantías y mayor compromiso comunal. Estos procesos están repercutiendo en la desterritorialización capitalista del Estado al ceder poder y responsabilidad, abriendo las puertas a la reterritorialización multinacional como método de escape a problemáticas socio-económicas y ambientales.
De esta manera, este ente por descuido provoca más problemas de los que está resolviendo. Y aunque quisiera arreglar la situación, en cierta forma no puede, en este punto hacer algo con conciencia social, que mejore las condiciones, es poco creíble y probable. Estas poblaciones seguirán venerando a aquellos que sí les brindan “apoyo”, esto sin importar que sean migajas y tenga como consecuencia una crisis ecológica inminente. Al final el principal culpable es el gobierno por desasistir a su población.
El lunes 07 de noviembre, se llevó a cabo un conversatorio sobre el tema «Hacia una Costa Rica en Paz Social. Aportando en el contexto internacional en pro de la eliminación de las guerras y de todo tipo de violencias», en la sala de conferencias -3, de la Asamblea Legislativa.
El 07 de noviembre es una fecha memorable, debido a que fue ese mismo día pero de 1889, que se dio el primer alzamiento popular presente en Costa Rica, donde se exigió que se respetarán los resultados electorales, puesto que habían dos partidos políticos, uno de ellos el Liberal Progresista (del Gobierno) y el Constitucional Democrático. En ese momento el presidente era Bernardo Soto, el cual apoyaba a Ascención Esquivel Ibarra, candidato del partido del gobierno, y por ende, quería favorecerlo, y desconocer el resultado de las elecciones, debido a que fue el señor Jose Joaquín Rodríguez quién ganó, lo anterior fue el detonante del alzamiento. Por eso, actualmente este día se conoce como «Día de la democracia costarricense», porque conmemora la lucha de los ciudadanos por respetar sus derechos.
Ahora bien, en el conversatorio también se mencionó la importancia de reconocer los derechos de las comunidades, el tener una identidad propia, lo cual es fundamental para construir la paz, al igual que los derechos laborales, los cuales se dan por sentado, porque se está enajenado, pero que es importante conocerlos.
«Realmente es en las brechas sociales, es en la desigualdad, es en ese odio, en esa ignorancia, es en esa incapacidad de reconocernos los unos a los otros que se gesta las guerras» (Rocío Alfaro), asimismo, menciona que hasta que entendamos que el otro soy yo, va a haber paz.
Se adjunta video del conversatorio para más detalles:
GINEBRA (10 de noviembre de 2022) – El Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, Tomoya Obokata, realizará una visita a Costa Rica del 16 al 25 de noviembre de 2022.
Durante la visita, el experto examinará casos de explotación laboral que pueden equivaler a trabajo forzoso o en condiciones de servidumbre en diversos sectores de la economía como la agricultura/agroindustria, el turismo, la industria manufacturera y el trabajo doméstico. Obokata también evaluará en qué medida prevalecen las peores formas de trabajo infantil en el país y qué medidas han tomado el Gobierno y las empresas para eliminar estas prácticas.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible exigen a los Estados de «adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a la esclavitud moderna y a la trata de seres humanos y garantizar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y para 2025 poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.»
«Al convertirse en un país «Pathfinder» en el marco de la Alianza 8.7, Costa Rica se comprometió a acelerar la acción en este sentido y deseo evaluar qué progresos se han realizado para poner fin a la esclavitud en el país, cuáles son los desafíos restantes y qué más se necesita para poner fin a las prácticas similares a la esclavitud, incluso en el sector privado», dijo Obokata.
El Relator Especial pasará un tiempo en San José y Los Chiles, y se reunirá con funcionarios del gobierno, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, representantes de la ONU y del sistema interamericano de derechos humanos, organizaciones internacionales y miembros de la comunidad diplomática.
Obokata compartirá sus observaciones preliminares en una conferencia de prensa híbrida el 25 de noviembre en la Casa de la ONU, Oficentro La Virgen No. 2, Zona Industrial, Pavas, San José, a las 10 A.M hora local. El acceso estará estrictamente limitado a los periodistas.
El Relator Especial presentará un informe completo al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2023.
FIN
El Sr. Tomoya Obokata fue nombrado Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud en marzo de 2020. El Sr. Obokata es un estudioso japonés del derecho internacional y los derechos humanos, especializado en la delincuencia organizada transnacional, la trata de personas y la esclavitud moderna. Actualmente es profesor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de York, y anteriormente enseñó en la Universidad de Keele, en la Universidad de Queen’s Belfast y en la Universidad de Dundee (todas ellas en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte).
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
Autoría: Esteban Umaña Picado (Periodista Unidad de Comunicación Vicerrectoría de Acción Social)
En el planeta se produce la suficiente cantidad de toneladas de platos básicos para solventar las necesidades nutricionales de la humanidad. Sin embargo, la alimentación es un tema aún más complejo que va más allá de los aspectos biológicos de nuestra especie, distribución y acceso, cultura, economía, calidad, producción y sostenibilidad son aspectos fundamentales en el cumplimiento del derecho humano a la alimentación, así lo afirma Patricia Sedó Masís, de la Escuela de Nutrición (ENu) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y coordinadora del proyecto de acción social Tradiciones alimentarias y cocina patrimonial de Costa Rica: acciones para contribuir a su salvaguardia (EC-436).
El proyecto se ubica dentro de la ENu como un programa que lidera el accionar de todo lo relacionado con la cocina costarricense, se enmarca en los objetivos de la agenda 2030 en donde se espera reducir el hambre y en donde los alimentos sean suficientes, nutritivos y culturalmente aceptables, es decir en donde se rescate la comida tradicional costarricense y sea nutricionalmente balanceada.
Dentro de sus objetivos se encuentran: generar material técnico para profesionales en nutrición, desarrollar material y actividades educativas para las comunidades y posicionar la comida tradicional costarricense en la agenda de las instituciones nacionales. Por otro lado se explora el contexto, cómo se producen los alimentos, cuándo y cómo se consumen, el carácter cotidiano y festivo además de su valor nutricional.
Como parte del proyecto se realizan actividades educativas y de difusión sobre tradiciones alimentarias nacionales, se desarrolló el taller de capacitación «Somos Maiceros», y hubo participación en la Cátedra Patrimonio y Diversidad Cultural coordinada por la Escuela de Antropología.
Asimismo, se han elaborado publicaciones como: Recetario sobre preparaciones propias de la cocina tradicional de Costa Rica de bajo costo y alto valor nutricional. Como respuesta a los problemas de acceso a alimentos durante la pandemia por COVID-19, el proyecto realiza publicaciones periódicas en redes sociales, maneja la página «Costa Rica, Alimentos y Cultura», y edita e imprime el fascículo sobre la cultura maicera en Costa Rica.
Gallo pinto
Caso del Gallo Pinto
La investigación es una de las actividades sustanciales del proyecto y uno de los resultados concretos que arroja, es el caso del gallo pinto, un plato tradicional que se conoce en todo el terreno nacional, permanece en el tiempo, se aprovecha en diferentes tiempos de comida durante el día y cuya combinación de un cereal como el arroz, con una leguminosa como los frijoles lo convierte en un plato nutricionalmente completo, declaró Sedó.
Parte de la población con la que se vincula el proyecto son las personas adultas mayores del Programa Integral del Adulto Mayor (PIAM) que asistieron al curso: “ Alimentación Saludable”.
Emilia Villalobos, estudiante del PIAM afirma que en el curso le están enseñando criterios para tener una alimentación balanceada en la tercera edad. “Nos han abierto un panorama nuevo donde uno antes creía que estaba comiendo sanamente y saber que hay cosas que podemos mejorar en nuestra alimentación, como la hidratación que es tan importante en la edad de nosotros”, añadió.
Por su parte Carlos Ruiz, también del PIAM destaca que ha cambiado su visión de la alimentación con el curso. “Aunque en mi casa siempre intentamos comer sano, como por ejemplo tratamos de incluir ensaladas, este curso profundiza más sobre cómo hay que repartir las proteínas, los minerales y qué productos tienen esas características, entonces le permite a uno ir seleccionando y armando un menú que sea más saludable”,detalló Ruiz.
Un nuevo terreno está en manos del pueblo cabécar de China Kichá. Se trata de Ká Kibiná terreno ocupado ilegalmente por Gerardo Porras, no indígena
Viernes 10 de noviembre del 2022. Alrededor de las 10:30 a.m. del día de hoy, la familia Villanueva Cabrera que pertenece al Pueblo Cabécar, recupera el terreno que estaba siendo ocupado ilegalmente por Gerardo Porras. A partir de hoy el terreno será conocido como Ka Kibiná; que en español significa «Renacer de la tierra».
Esta es la séptima recuperación de tierra-territorio en el Territorio Cabécar de China Kichá desde el sábado 5 de noviembre, todas lideradas por el Pueblo Cabécar que regresa a sus tierras ancestrales.
Esta es la séptima recuperación de tierra-territorio en el Territorio Cabécar de China Kichá desde el sábado 5 de noviembre. Todas lideradas por el Pueblo Cabécar, que regresa a sus tierras ancestrales.
El terreno es de alrededor de 15 hectáreas y se encuentra 600 metros al sur de la Escuela del Territorio Cabécar de China Kichá. Sus límites son: al norte y oeste con la calle pública, al sur y este con la recuperación de mujeres cabécares Sa Ka Duwé Senaglö.
Esta recuperación de tierra-territorio es legítima y de acuerdo a la cultura e historia del Pueblo Cabécar. También, están amparadas en el Bloque de Constitucionalidad, por lo tanto son legítimos y conforme a derecho, según la normativa internacional como el Convenio 169 de la OIT y la Ley Indígena de 1977. A ello se suma el fallo No 20222024725, del miércoles 19 de octubre del 2022, en el que la Corte Constitucional reafirma la nulidad de todas las compra-ventas de terrenos dentro de los Territorios Indígenas.
El historial que se conoce del terreno es que en 1975 Gerrardo Porras viajó hasta Talamanca para finalizar los papeles y la escritura. Anteriormente, el terreno perteneció a la familia Cabécar que la habitó. Hasta el día de hoy el terreno era ocupado ilegalmente por Gerardo Porras y también por su hija, Yornely Porras Jiménez, que ocupaba ilegalmente 1 hectárea de la misma.
Llamamos a la solidaridad a todas las organizaciones, colectivos y personas solidarias con nuestra lucha y la de otros Pueblos Originarios en el país, a estar atentos y atentas a lo que vayamos comunicando como recuperadores y recuperadoras.
Exigimos la presencia de la Fuerza Pública en el lugar de los hechos y hacemos responsable al Estado costarricense de cualquier agresión en nuestra contra.
– Recuperadores y recuperadoras cabécares de Ká Kibina.
Ya partió la selección de fútbol hacia el mundial de Qatar. La despedida por parte de la afición ha sido apoteósica, al menos eso les debe quedar a quienes nos representarán, como una muestra del cariño y la fe que tienen sobre el papel que desempeñarán en aquellas tierras.
Las experiencias de Costa Rica en mundiales anteriores han sido al menos, decorosas, incluso hemos sido el equipo sorpresa de uno de esos mundiales.
Nadie se esperaba tanto de nuestra selección y por eso lo sorprendente al llegar a cuartos de final. 5 partidos jugados, 2 ganados 3 empatados 0 perdidos. Avanzando en tandas de penales y quedando eliminados en tandas de penales.
Viene una nueva historia, se viene la sexta participación en un mundial. Quisiéramos que fuese tan buena como la de Brasil. No me atrevo a pronosticar nada. Volveremos a enfrentar a campeones mundiales. Un nuevo grupo de la muerte. Hace 8 años no nos daban ni media esperanza, y fuimos primeros del grupo.
Quizá las circunstancias y las experiencias de los jugadores son muy diferentes a aquellas que se tenían en el 2014, sin embargo, soñar no cuesta nada y precisamente, con esa despedida, todo un pueblo se ha llenado de fe y aunque no lo
Manifestemos abiertamente, guardamos una pequeña luz de esperanza de que harán un gran papel y volveremos a sorprender. Quizá, muy en el fondo, deseamos darles todo el apoyo y que ellos lo sientan y decirles muy fuertemente: confiamos en ustedes. Hagan lo mejor posible y sepan que estamos con ustedes. Empujaremos en los ataques y haremos barreras defensivas en el marco.
Ustedes saben lo que pueden dar en la cancha. Háganlo, denlo todo, lo demás vendrá.
Que Dios les ilumine a todos, cuerpo técnico, jugadores y asistentes en todos los campos. Aquí quedamos más de cincomillones de gargantas, de aplausos y de oraciones para lograr el propósito. Ustedes lo pueden hacer y Costa Rica se los agradecerá.
Esteban Ibarra y Claudio Vargas
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
Por Esteban Ibarra y Claudio Vargas
Las escuelas unidocentes costarricenses representan un bien cultural y educativo que debe preservarse y fortalecerse debido a su riqueza pedagógica y porque expresan el compromiso de una sociedad que ha apostado por la educación como un derecho humano que, a su vez, es habilitador de otros derechos que deben estar al alcance de todas las personas sin discriminación alguna.
Cada una de estas instituciones se considera como la primera puerta de acceso a la educación con que cuenta la población que habita en comunidades rurales. De allí la relevancia de que el Estado continúe garantizando su funcionamiento y acceso, que el currículo nacional se contextualice a la diversidad de ruralidades del país y que el personal docente que las atiende se encuentre capacitado para asumir su quehacer según las particularidades que les caracterizan.
Actualmente, en el país existen cerca de 1 200 escuelas unidocentes (MEP, 2021), conformadas, generalmente, por un grupo multigrado de 30 o menos personas estudiantes, las cuales se atienden de manera simultánea por una persona docente (Cartín, 2018). Esta última, a su vez, asume la gestión institucional; ello representa, por lo tanto, una significativa complejidad pedagógica y administrativa.
Pese a la presencia de factores negativos que afectan hoy la calidad de la educación que se brinda en las escuelas unidocentes: la geografía donde se ubican que hace complejo el acceso y el transporte, la pobreza de las comunidades, la carencia de recursos didácticos contextualizados, una oferta curricular incompleta, el aislamiento de las personas docentes y una sobrecarga laboral, entre muchos otros, en estas escuelas, los porcentajes de repitencia, rendimiento (aprobación, aplazamiento y reprobación) y exclusión intra-anual, han estado por debajo de la media nacional. (MEP, 2016, citado por Cartín, 2018).
En suma, estas escuelas resultan ser centros estratégicos para el desarrollo comunal, pues son espacios físicos que se prestan para múltiples propósitos en los que se involucran otras instituciones estatales y organizaciones locales. Por estas razones, debe reconocerse el esfuerzo que el Estado, las comunidades y el personal de las escuelas unidocentes realizan para garantizar la calidad del servicio que se brinda.
Desde esta perspectiva, es fundamental profundizar en una serie de aspectos que caracterizan a estas instituciones y que se relacionan con su valor social y pedagógico. Por una parte, tal como se ha mencionado, estos centros educativos se sitúan, mayoritariamente, en zonas rurales con una baja densidad poblacional, lo cual las faculta para atender al estudiantado perteneciente a zonas geográficas y culturales distintas.
En algunas de estas escuelas, además, se brindan servicios que buscan suplir necesidades fundamentales del estudiantado y sus comunidades, como, por ejemplo: preescolar heterogéneo, educación especial y otras asignaturas con docentes itinerantes (segunda lengua, música, artes plásticas, lengua y cultura en escuelas indígenas), proyectos de informática, alimentación (comedor escolar) y transporte estudiantil. Este esfuerzo del Estado, vinculado con la calidad de estas instituciones, debe profundizarse y ampliarse para que sea una realidad en todas las escuelas unidocentes del país.
A lo antedicho se suma, como parte de su valor pedagógico, la relación cercana entre el profesorado y el estudiantado. Por un lado, el hecho de que la población escolar sea pequeña y que la convivencia de la persona docente sea más permanente en la comunidad, favorece la adquisición de un conocimiento más profundo y amplio de cada estudiante y de su familia, lo cual es vital para brindar una educación más personalizada. Por otro lado, el que la persona docente deba atender en forma simultánea estudiantes de varios niveles, conlleva la necesaria aplicación de metodologías activas, centradas en el estudiantado y no en el profesorado.
Esa descentralización del rol de la persona docente implica una organización del proceso de aprendizaje que incluye actividades y materiales que le permiten al estudiantado trabajar con autonomía, es decir que, al llegar a la escuela, encuentra dispuesto el material de aprendizaje con el que debe trabajar durante el día y puede hacer uso de este gestionando sus propios aprendizajes. La dinámica de trabajo de la persona docente en el aula, se trata de rotar entre los grupos para explicar y orientar, en general, el proceso de aprendizaje. Esta dinámica favorece el desarrollo de valores y destrezas tales como la interdependencia, la cooperación, el liderazgo, la creatividad y la autoestima.
En el aula multigrado también se aplican actividades en las cuales el estudiantado de diferentes niveles trabaja de manera cooperativa, lo que favorece el trabajo interdisciplinario, la ayuda entre estudiantes de diferentes edades, capacidades y niveles, aspectos que constituyen al aula multigrado en una comunidad de aprendizaje en la que el trabajo en equipo suscita aprendizajes mutuos o “por contagio”.
Un currículo contextualizado, es decir, adaptado a la cultura local, tiene como efectos una relación más cercana entre la escuela y la comunidad, lo que favorece en el estudiantado un aprecio por la cultura local y su entorno, además de afianzar su identidad como persona y miembro de una determinada colectividad.
La importancia de las escuelas unidocentes radica en que:
a) Garantizan el derecho humano a la educación a poblaciones que son clave para el desarrollo rural-nacional, las cuales, empero, han sido tradicionalmente excluidas.
b) Representan una oportunidad de mejorar los niveles de alfabetización y escolarización, entendidos como medios para que las personas puedan acceder a niveles superiores dentro del sistema educativo costarricense.
c) Contribuyen a la movilidad social de las personas que habitan en la comunidad, ya que se constituyen como centros estratégicos para el desarrollo comunal (económico, social, cultural, ambiental, entre otros).
d) Coadyuban en la preservación de la cultura, favorecen el arraigo y evitan el despoblamiento en las zonas rurales, al favorecer la estancia de las personas garantizando el acceso al servicio educativo en la propia comunidad.
Desde la Escuela de Formación Docente de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica hemos realizado esfuerzos por atender necesidades de formación inicial y permanente del profesorado de las escuelas unidocentes. Actualmente, dentro de la malla curricular de la Carrera de Bachillerato y Licenciatura en Educación Primaria, se ofrecen los cursos de Educación Rural y Escuela Unidocente, Educación Intercultural y Principios de la Gestión Administrativa, los cuales aportan al estudiantado en formación conocimientos y habilidades necesarias para su posible desempeño en esta tipología escolar.
Desde el 2011 y hasta el 2020, se desarrollaron tres proyectos desde el Consejo Nacional de Rectores, CONARE, en los cuales participaron la UCR, la UNA y la UNED. Tales proyectos han desarrollado acciones de investigación y capacitación del personal unidocente, además, organización, divulgación y ejecución de eventos (congresos, simposios y capacitaciones), así como material didáctico: planeación correlacionada, guías de trabajo cooperativo y material informativo sobre la tipología y el quehacer docente en las escuelas unidocentes. Sumado a ello, se ha apoyado al MEP para capacitar personal docente en servicio sobre la metodología para estas instituciones.
Es evidente que las escuelas unidocentes nacieron para quedarse, pues no existe otra alternativa para atender las zonas rurales del país. Su presencia, a lo largo y ancho del territorio continental e insular, sigue representando hoy la primera puerta para que las poblaciones rurales y sus territorios cuenten con oportunidades educativas y de desarrollo. Su importancia no debe medirse, por consiguiente, según los costos económicos que representa para el Estado, ya sea por cada una de las personas estudiantes o por cuántos centros educativos hay por kilómetro cuadrado, sino que, deben valorarse, precisamente, porque Costa Rica ha visto en la educación un derecho humano transcendental que, junto a otros derechos comprime la iniquidad y la desigualdad social.
En suma, valorar el aporte de las escuelas unidocentes es defender años de progreso educativo, forjado gracias a una sociedad que ve en el Estado costarricense, un medio para construir una sociedad más justa, solidaria e inclusiva. Derivado de la trascendencia de estas instituciones, entonces, el MEP, así como las universidades, principales centros de formación inicial docente, y todas aquellas personas u organizaciones vinculadas con los procesos educativos del país, tienen la responsabilidad compartida de atenderlas y apoyar sus funciones, de manera que continúen brindando una atención de calidad para cada una de las personas y las comunidades donde se sitúan, reduciendo, a su vez, las barreras tradicionales que existen entre lo urbano y lo rural.
