Wendy Navarro Abarca, Hellen Bonilla Rivera, Carlos Zúñiga Álvarez

El Estado costarricense, cómo organización política, fuera de desempeñar un papel protector a lo largo y ancho del territorio nacional, desvirtúa su función cara a las periferias, mismas que a través del recuento histórico han permanecido invisibilizadas; ya que las diferentes manifestaciones de gobierno reflejan el enfoque hacia el centro del país.

Es así, como ciertas transnacionales han entrado al país aprovechando los vacíos de poder estatal, con el objetivo de malversar recursos naturales, aprovechando estos para la producción piñera, misma que genera deterioro ambiental. También, da a cambio a las personas menos de lo que les corresponde. Con ello han logrado implantarse dentro del territorio nacional para fines capitalizados de agricultura extensiva, al mismo tiempo que sacan beneficios de la mano de obra barata (explotación) en las periferias. De manera que, el abandono del Estado ha minimizado la protección de los ciudadanos y sus necesidades, representando así una región que se adhiere a los precarios beneficios de la hegemonía piñera.

Este último ente, que se adjudica con una vehemente participación en el desarrollo socio-económico, para la estructura de carácter relacional llamado territorio nacional. Ha desamparado principalmente a sectores encarecidos atinentes a zonas rurales, donde la industria piñera se posiciona como “benefactora” de la población rural, debido a la contribución que realiza como parte de la “Responsabilidad Social Corporativa”. El abandono ha desencadenado un proceso donde los actores locales están siendo desplazados y poseen poca capacidad de ejercer en su territorio, debido a procesos de dominación de empresas capitalistas “desterritorialización”.

Ejemplificando cómo esta desterritorialización inherente a la práctica capitalista, es parte del debilitamiento del Estado y la ausencia de fuerza dentro de las fronteras. Se refleja la inoperancia estatal, como pacto de intransigencia Estado- multinacional, que fundamenta el daño colateral del impacto socioambiental de la actividad piñera, cediendo a la entidad multinacional el rol que por deber le corresponde al gobierno.

Claramente, el Estado como organización protectora/paternal será el principal señalado por invisibilizar estas regiones periféricas (rurales en su mayoría). Pero ¿realmente se puede adjudicar al Estado la responsabilidad completa de este “abandono”? o ¿la población -generalizando- de estas regiones también deciden, de cierto modo, darle la espalda al Estado en presencia de estas industrias extranjeras? En este caso, en la actualidad muchas de estas zonas le dan la espalda al Estado debido a que están cansados de buscar ayuda, buscar oportunidades donde no se las han dado.

Por ello, se han presentado casos en comunidades piñeras y de palma, donde la población reafirma su apoyo a las industrias transnacionales, pues ven en ella una fuente de ingreso segura, una contribución al desarrollo como comunidad. El Estado se había mantenido completamente ausente de brindarles una oportunidad. Se resalta que, estas ayudas representan migajas para la totalidad de ganancias que estas trasnacionales perciben.

Por un lado, tenemos la inacción del Estado en términos de la libertad que brinda a estas compañías, por otra parte, el apoyo/respaldo que estas compañías encuentran en las comunidades abandonadas. Se da lugar a un proceso de reterritorialización, por medio de procesos de reconfiguración socio-económica, político-cultural y simbólico-cultural.

Ahora bien, conociendo los factores económicos como el motor de casi todos los sistemas y organismos presentes, podemos ver la relación Estado-transnacional como un mutualismo entre ambas organizaciones; es decir, hay un beneficio para las diferentes partes en cuestión.  Esto no implica que la relación sea la correcta o adecuada, pero es una que ha funcionado tanto al Estado como a muchas comunidades que se sostienen con la presencia de estas compañías de gran envergadura e importancia.

Siendo así cómo este fenómeno social destituyó al Estado de su función, para poder conciliar los derechos naturales de todo ser, implicando una crisis ambiental, como daño colateral. Donde el ente protector además de abandonar su ejercicio en zonas altamente susceptibles, redirige las funciones a trasnacionales. Los cuales no tienen responsabilidad social propia con el país, pero terminan siendo apoyadas por las masas periféricas y el Estado, descuidando la política verde y la marca país bajo una repercusión de peligro ambiental.

Generando una frontera socio-política de la industria piñera vs el Estado, para las poblaciones periféricas excluidas del ojo estatal que se resguardan en una trasnacional que les ofrece más garantías y mayor compromiso comunal. Estos procesos están repercutiendo en la desterritorialización capitalista del Estado al ceder poder y responsabilidad, abriendo las puertas a la reterritorialización multinacional como método de escape a problemáticas socio-económicas y ambientales.

De esta manera, este ente por descuido provoca más problemas de los que está resolviendo. Y aunque quisiera arreglar la situación, en cierta forma no puede, en este punto hacer algo con conciencia social, que mejore las condiciones, es poco creíble y probable. Estas poblaciones seguirán venerando a aquellos que sí les brindan “apoyo”, esto sin importar que sean migajas y tenga como consecuencia una crisis ecológica inminente.  Al final el principal culpable es el gobierno por desasistir a su población.

Imagen ilustrativa.