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Etiqueta: COVID-19

Hacinamiento dispararía contagio de COVID-19 en funcionarios de Limón

No los aíslan pese a tener contacto con colegas positivos

-SINAE AFINES exige urgente intervención a Dirección Médica

El personal de Enfermería específicamente de Salas de Operaciones del Hospital Tony Facio en Limón, están preocupados por el hacinamiento en el que deben realizar sus labores, situación que los expone a posibles contagios de COVID-19.

La tensión entre el personal aumenta más al saber que recientemente tres funcionarios de ese servicio en el turno de la noche, dieron positivos como portadores del virus, sin embargo, 7 de los trabajadores que tuvieron contacto no fueron enviados a aislamiento.

Según comentó uno de los trabajadores al Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE AFINES), el área de descanso y de alimentación es totalmente reducido y ahí deben estar todos de manera aglomerada.

Esta situación de hacinamiento nos preocupa porque debemos estar muy pegados, en el turno de la noche 10 trabajadores tuvieron contacto con los compañeros que resultaron positivos y no los aislaron, a pesar de que en algún momento cuando comieron no tenían el cubrebocas y estuvieron expuestos al contagio”, relató el trabajador quien solicitó resguardar su identidad.

Aunado a ello, manifestó que han hecho lo posible para contar con una mejor infraestructura y poder cumplir con la distancia establecida en los lineamientos, pero no han tenido resultados positivos.

Aseveró que, el espacio que tienen disponible los funcionarios para cambiarse a la hora de ingresar a una cirugía, es el servicio sanitario, sitio que no es apto por ser un área contaminada.

Lenin Hernández Navas, Secretario General del SINAE AFINES ha sido vehemente en el llamado a las altas autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social para que dote de equipo de protección personal adecuado y que se haga el testeo masivo del personal para evitar contagios, pero, por el contrario, más bien se les niegan la atención oportuna.

Un ejemplo de ello se dio con una trabajadora quien se presentó a laborar con síntomas el martes, motivo por el cual, fue al médico del servicio de Emergencias, teniendo como respuesta la negativa a aplicarle la prueba y solamente la incapacitaron por un día y le recetaron acetaminofén.

Urge intervención

Tras la situación, Hernández Navas solicitó una urgente intervención a la Dirección Médica del Hospital Tony Facio para que apliquen adecuadamente y de manera obligatoria los lineamientos sanitarios en las Salas de Operaciones, además, de dar solución al hacinamiento que enfrentan los trabajadores.

“La guía para el abordaje de Brotes de COVID-19, en personas Trabajadoras de la Salud establece que, si uno de los trabajadores se contagia y ha tenido contacto directo con otros funcionarios en condición de alto riesgo, lo procedente es aislar a los que hayan estado en contacto con éste”, señaló el dirigente del SINAE AFINES.

Es necesario y urgente que todos los trabajadores de la salud reciben un testeo masivo y cuenten con los equipos de protección personal. Datos brindaros por la CCSS señalan que al 25 de agosto había un total de 1.483 funcionarios contagiados de COVID-19 y 12.015 incapacitados al 1 de setiembre.

Prensa
SINAE/AFINES
28-2020

Lenin Hernández Navas se refiere al hacinamiento en que labora el personal de enfermería de sala de operaciones del Hospital Tony Facio de Limón.

Bicentenario en Costa Rica: encrucijadas para las políticas públicas y la democracia

Luis Muñoz Varela[1]

La celebración del bicentenario de la independencia acontece en Costa Rica en el marco de una situación crítica de carácter multidimensional. La pandemia del Covid-19, que despuntó en el país en marzo de 2020, aún estará presente para el año 2021. Las repercusiones de la situación provocada por la crisis sanitaria y el tiempo que tardará en ser superada son todavía inciertas. La única certeza posible que de momento se puede tener es la de que la sociedad costarricense habrá sido afectada por una coyuntura de crisis cuyos alcances no se reducen a la cantidad de muertes provocada por el virus ni a los costos económicos que la batalla por el control de la pandemia haya representado para el sistema de salud y para el país en general.

Las afectaciones de la pandemia Covid-19 son múltiples en diversos sentidos: económicos, sociales, políticos, culturales y, desde luego, educativos. En lo económico, tras medio año de crisis sanitaria que se cumple al mes de septiembre de 2020, la tasa de desempleo en el país prácticamente se duplicó con respecto a la que se tenía a inicios de año: de 12,5% que registraba al primer trimestre de 2020, dicha tasa pasó a 24,4% para el segundo trimestre. Este incremento del desempleo afecta en mayor medida a las mujeres, las cuales, en el período de referencia, registran una tasa de 30,4%, lo que significa una diferencia negativa de 10,4% con respecto al desempleo de los hombres, que es de 20%. (INEC, 2020).

El subempleo, por su parte, alcanzó un incremento de 10,3% entre el segundo trimestre de 2019 y el mismo trimestre de 2020. Las proporciones de distribución entre mujeres y hombres son de 20,5% para ellas y de 20,6% para ellos. La pandemia ha significado pérdida del empleo sin posibilidad de reintegro, reducciones de la jornada laboral y de los ingresos para un sector de quienes aún conservan el empleo, así como cancelación parcial o total de operaciones para sectores que se dedican al trabajo independiente o por cuenta propia y para pequeños negocios de servicios. Estos últimos registran con una afectación del 68,5%. (INEC, 2020).

Si se tiene en cuenta que, para el año 2019, se tenía en Costa Rica una tasa de pobreza del orden del 25,70%, los datos anteriores colocan al país en una deriva hacia la pobreza y la pobreza extrema que abarcará a muchos otros hogares más, los cuales quedarán sin perspectivas de poder salir de dicha condición ni siquiera en el mediano plazo. La situación se agrava aún más, al tener en consideración que, entre los hogares en condición de pobreza, el 48,4% de ellos tiene una jefatura femenina y son familias con más integrantes de lo que son los hogares no pobres. (INEC, 2019). Esta es una situación que erosiona las bases de la democracia y que coloca a la sociedad costarricense a las puertas de una desintegración social de alcances muy peligrosos para la estabilidad del bienestar común y para la convivencia social.

En lo que a la educación corresponde, el impacto de la pandemia también deriva en la configuración de una situación compleja y crítica para un amplio sector de la población estudiantil del país. Una vez iniciada la crisis sanitaria, las autoridades del sistema educativo dispusieron establecer la modalidad de educación virtual, en un contexto de realidad nacional en el que las desigualdades sociales y los niveles de pobreza confabulan en perjuicio de una proporción significativa de la población estudiantil. A finales de mayo de este año, por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública (MEP) informaba acerca de la existencia de una cuarta parte del estudiantado nacional que no contaba con acceso al servicio de internet para atender la educación virtual. (Ruiz, 2020).

En este aspecto, es bien probable que, al finalizar el curso lectivo de 2020, la proporción de estudiantes que, tanto por la afectación económica que ha habido en sus hogares y a título personal, la pérdida de capacidad adquisitiva para pagar servicios telefónicos y de internet, lo mismo que por la inexistencia de cobertura de la conectividad, hayan debido abandonar los estudios y, con ello, quedar en una complicada situación de rezago. Pérdida de oportunidades para estas personas y pérdida de capacidades para el país y para la sociedad en su conjunto.

Sin embargo, más allá de la coyuntura de crisis que ha traído la pandemia, todas estas situaciones de inequidad, exclusión, desigualdad social, pobreza y pobreza extrema, son resultado del modelo socioeconómico establecido en el país desde hace cuatro décadas. La crisis de la pandemia solo ha venido a ponerlas a plena luz del día y a ampliarlas y profundizarlas. Se trata de una situación, no ya de crisis coyuntural, sino estructural y sistémica. Crisis que colocan al país y a la sociedad en una encrucijada de toma de decisiones urgentes e impostergables, a nivel de las políticas públicas y en las dimensiones económica, social, política, institucional, cultural, educativa.

¿Qué tipo de país tendrá que seguir siendo Costa Rica de aquí en adelante? ¿Se podrá dejar atrás cuatro décadas de un modelo socioeconómico que ha profundizado la inequidad, la exclusión, la desigualdad y la injusticia social? ¿Podrá servir la celebración del bicentenario de la independencia para hacer un esfuerzo nacional por regresar a los principios y a la salvaguarda de la institucionalidad de la democracia, tal como quedó establecido en la Constitución Política de 1949?

En vísperas de la celebración del bicentenario de la independencia, bajo el agobio que representa la crisis múltiple de la pandemia (crisis económica, social, institucional, cultural), la sociedad costarricense hoy se enfrenta al imperativo y a la necesidad de proceder a realizar una refundación del país. Una refundación en la que se tenga como eje central generar condiciones de vida digna y de bienestar social para todas las personas y para los distintos sectores sociales que conforman la sociedad.

Referencias bibliográficas

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019). Encuesta nacional de hogares julio 2019: resultados generales. San José: INEC. Recuperado de: https://www.inec.go.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reenaho2019.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2020). Encuesta continua de empleo al segundo trimestre de 2020. Resultados generales. San José: INEC. Recuperado de: https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reeceiit2020.pdf

Ruiz, Paula. (2020). MEP detecta 250 mil estudiantes sin acceso a internet para recibir educación virtual. El Observador, 27 de mayo de 2020. Recuperado de: https://observador.cr/noticia/mep-detecta-250-mil-estudiantes-sin-acceso-internet-

[1] Instituto de Investigación en Educación (INIE), Universidad de Costa Rica, 14 de septiembre de 2020.

Hacia la justicia fiscal en un mundo pospandémico

Justicia fiscal, una parte integral de la lucha contra la agenda neoliberal

La pandemia de COVID-19 expuso las desigualdades generadas por un sistema neoliberal fundado en las ganancias y la codicia. Ningún lugar ha sido tan impactado como el Sur Global, donde las crisis múltiples y crónicas han profundizado la pobreza, aumentado la dependencia de los países de la deuda y erosionado sus recursos y capacidad para construir sociedades y economías humanas y sostenibles. La pandemia actual afecta a una gama aún más amplia de miseria humana en todo el mundo, con impactos que golpean de manera desproporcionada a los más pobres y vulnerables.

Considerada peor que la crisis económica mundial de 2008, se prevé que la recesión inducida por la COVID-19 dejará a millones de personas desempleadas y subempleadas. Las Naciones Unidas estima que 71 millones de personas volverán a caer en la pobreza extrema en 2020, el primer aumento de la pobreza mundial desde 1998. En América Latina y África, se estima que los ingresos de los trabajadores del sector informal se redujeron en alrededor del 80% en el primer mes de la crisis. Por lo tanto, la supervivencia económica será una batalla cuesta arriba especialmente para los trabajadores pobres del Sur Global, que ya se concentraban predominantemente en la economía informal y vivían al día en barrios marginales abarrotados, incluso antes de la COVID-19.

Las mujeres son afectadas de manera desproporcionada por la pandemia, ya que están sobrerrepresentadas en el sector informal desprotegido y precario, así como en los sectores más afectados, como los servicios de salud y la economía del cuidado. Con la imposición del encierro y del aislamiento en el hogar, las mujeres enfrentan a una mayor exposición a la violencia de género y la intensificación de la carga del trabajo de cuidados no remunerado, lo que refuerza las normas patriarcales en muchas sociedades. En Bogotá, capital de Colombia, por ejemplo, el número de llamadas a la línea directa de la policía para denunciar violencia contra las mujeres aumentó en un 225% durante la primera semana del encierro. En el trabajo de cuidado remunerado, las mujeres también constituyen la mayor parte del mercado laboral en la salud pública, que sufre con recortes presupuestarios y bajos salarios debido a que durante los últimos años los Estados han retirado inversiones en servicios sociales en favor del sector privado.

El sistema económico neoliberal que se aprovecha de los vulnerables y privilegia a los ricos y las ganancias creó un terreno fértil para la crisis actual. Junto con las condiciones crediticias de los Programas de Ajuste Estructural, las políticas macroeconómicas que defienden medidas de austeridad y la privatización desmantelaron la capacidad de los países, especialmente del Sur Global, para hacer frente a una crisis de esta magnitud.

Esto resultó en sistemas de salud pública precarios y con pocos recursos, sistemas de protección social inadecuados, además de bienes y servicios esenciales costosos e inaccesibles. De hecho, en 2017, solo entre un tercio y la mitad de la población mundial estaba cubierta por servicios de salud esenciales, y los países pobres muy endeudados gastaron solo USD 53,23 per cápita en salud en el mismo año. El sur de Asia, como subregión, tuvo el gasto per cápita en salud más bajo en 2017 con USD 64,47. Por lo tanto, no es sorprendente que en el sur de Asia, los suministros médicos sean deplorablemente insuficientes, como tener menos de 2.8 camas de hospital para cuidados críticos por cada 100 mil personas. Además, muchos países del Sur Global también carecen de un suministro adecuado de ventiladores, cruciales en el tratamiento de COVID-19. Para evitar contraer el coronavirus, se ha recomendado a todos que se laven las manos con frecuencia. Sin embargo, es importante señalar que en 2015, el 85% de la población del África Subsahariana no tenía acceso a instalaciones básicas para lavarse las manos con agua y jabón.

Con la pandemia, la cadena de suministro global que está diseñada para satisfacer las necesidades del mercado global (incluidos los equipos de protección personal, las instalaciones médicas y los kits para detección de la enfermedad) a través de los centros de producción en el Sur Global fue gravemente interrumpida. Así muchos países en desarrollo no solo tuvieron una reducción en sus ingresos e inversiones, sino también se quedaron sin condiciones de asegurar las necesidades básicas vitales para combatir una pandemia y para brindar asistencia humanitaria a los más gravemente afectados. Con la cadena de suministro global rota, la sociedad civil y las comunidades intentan llenar las brechas: organizaciones comunitarias e individuos se están movilizando para producir mascarillas, donar equipo de protección personal a los hospitales y satisfacer las necesidades humanitarias de aquellos que se quedaron desempleados y con hambre tras los encierros.

Muchos gobiernos han priorizado los intereses del sector privado sobre el bienestar de las personas durante décadas, lo que los ha vuelto ineptos para solucionar la crisis actual. El modelo de desarrollo orientado a la exportación y liderado por el sector privado en muchos países en desarrollo del Sur Global se basa en la explotación de mano de obra barata y el extractivismo de los recursos naturales por grandes corporaciones con sede en el Norte Global. Por si fuera poco, se introdujeron políticas fiscales que otorgan generosos incentivos y exenciones fiscales para atraer más inversiones extranjeras directas. Las graves consecuencias de estas políticas macroeconómicas se ven agravadas por una arquitectura financiera internacional injusta que permite los flujos financieros ilícitos, la evasión fiscal y la elusión fiscal por parte de las élites ricas y las multinacionales, lo que socava gravemente la capacidad de los estados para movilizar los recursos necesarios para invertir en sectores sociales y en el desarrollo sostenible. Impulsadas por la codicia y las ganancias privadas, muchas corporaciones aún pueden beneficiarse de la miseria bajo el sistema económico y político actual, incluso en medio de la pandemia.

Miles de millones de ingresos perdidos por incentivos y abusos fiscales por parte de las corporaciones y élites podrían haberse utilizado para fortalecer la prestación de servicios públicos esenciales para garantizar nuestros derechos a la salud, el acceso al agua y el saneamiento, una vivienda digna y el transporte público. Dichos recursos podrían haberse utilizado para mitigar los impactos de la pandemia. No obstante, sin estos recursos, los países del Sur Global dependen en gran medida de la ayuda y los préstamos cargados de condiciones. Cabe subrayar que incluso antes de la pandemia de COVID-19, los países en desarrollo han estado enterrados en una deuda insostenible, parte de la cual es ilegítima.

La pandemia desmistificó la doctrina neoliberal de que el papel de los estados en la economía nacional y en la provisión de bienes y servicios públicos para el bienestar de su pueblo debe reducirse al mínimo. La gente está clamando para que los estados intervengan de manera proactiva y efectiva no solo en respuesta a la emergencia de salud pública, sino también a los impactos inmediatos de la recesión económica provocada por los cierres y el cese de actividades económicas. El descontento de la población con la respuesta ineficaz de los gobiernos al COVID-19 provocó el estallido de protestas en diferentes partes del mundo. Hay protestas contra Jair Bolsonaro en Internet y en las calles de Brasil, uno de los países más afectados por la COVID-19, para condenar el mal manejo de la crisis por parte del presidente. En Kenia, los ciudadanos marcharon para denunciar la brutalidad policial al hacer cumplir las regulaciones de cierre. La situación es similar en Filipinas, donde varios manifestantes, violadores de la cuarentena e incluso ciudadanos comunes fueron presos, atacados violentamente o asesinados por las fuerzas estatales. Además del derrumbe de las economías, el colapso de los sistemas de salud y la profundización de la pobreza, también se enfrenta a la reducción del espacio democrático y cívico y al aumento de la represión política, lo que hace que impulsar reformas sea más desafiante que nunca.

Sin embargo, en los últimos meses, hemos visto que los principios de la ideología neoliberal y de la gobernanza antidemocrática están siendo desacreditados y cuestionados a medida que enfrentamos a una grave crisis económica. La pandemia nos presenta una oportunidad para impulsar cambios sistémicos y crear alternativas al actual modelo de desarrollo neoliberal, que antepongan las personas y el planeta al lucro y la codicia. Es una oportunidad para reinventar la economía global y la arquitectura financiera internacional hacia la justicia social y la igualdad, lo que no es posible sin la justicia fiscal.

En este contexto, instamos a los gobiernos:

Sobre el freno de la erosión de los recursos financieros públicos

  • Eliminar incentivos fiscales que benefician a las élites y corporaciones ricas.
  • Impedir que las empresas multinacionales trasladen sus beneficios a países con impuestos bajos o nulos, gravándolas como una entidad única, bajo un principio de empresa unitaria.
  • Instar a las instituciones financieras internacionales y a los prestamistas bilaterales y privados a cancelar inmediatamente los pagos de la deuda, iniciar un proceso de reestructuración que incluya la cancelación de la deuda cuando sea necesario y avanzar hacia un marco multilateral permanente bajo los auspicios de las Naciones Unidas para apoyar la reestructuración sistemática, oportuna y justa de la deuda soberana en un proceso que cubre a todos los acreedores. El objetivo debe ser dar a los gobiernos el espacio fiscal necesario para responder a la crisis actual, de conformidad con los estándares de derechos humanos, los ODS, los objetivos climáticos y los compromisos de derechos humanos e igualdad de género.

Sobre el aumento de los ingresos públicos

  • Gravar los beneficios en exceso a las empresas multinacionales, especialmente a las que se benefician masivamente de la crisis actual.
  • Implementar reformas progresivas que graven fuertemente los ingresos, los activos y la riqueza.
  • Cancelar los tratados fiscales bilaterales desventajosos para los países en desarrollo.
  • Introducir un impuesto a los servicios digitales sin depender del proyecto BEPS de la OCDE.
  • Introducir una tasa impositiva corporativa efectiva y mínima globalmente que sea suficiente para financiar servicios públicos de calidad y protección social universal, pero sin que ningún país sea presionado a reducir su tasa impositiva corporativa existente.

Sobre la reforma de la arquitectura y las normas fiscales globales

  • Establecer una comisión fiscal intergubernamental bajo los auspicios de las Naciones Unidas que pueda liderar el desarrollo de nuevos estándares fiscales globales progresivos a través de negociaciones transparentes en las que todos los países participen igualmente.
  • Apoyar una estrategia de reconstrucción global que será necesaria para evitar depresiones que tengan un impacto adverso en los trabajadores y comunidades más marginados.
  • Promover medidas de transparencia fiscal nacionales y regionales para identificar y frenar los flujos financieros ilícitos, mediante la promoción de informes públicos país por país para las empresas multinacionales y de registros públicos de beneficiarios finales de entidades y acuerdos legales.
  • Promover el intercambio automático de información para garantizar que todas las administraciones tributarias puedan acceder a la información que necesitan para frenar la evasión y elusión fiscal internacional.
  • Reforzar la lucha contra las prácticas fiscales nocivas que facilitan la fijación de precios incorrectos en las transferencias, la elusión fiscal y los flujos financieros ilícitos, incluidos los incentivos fiscales, los servicios financieros extraterritoriales y los tratados fiscales perjudiciales.
  • Ampliar las obligaciones de debida diligencia contra el lavado de dinero y la corrupción a todos los guardianes del sistema financiero, incluidos abogados, contadores, fondos de cobertura, fondos de capital privado, agentes inmobiliarios, comerciantes de artes y antigüedades y agentes de formación corporativa.

Para aliviar la carga económica de los pobres y los vulnerables, también exigimos urgentemente que los gobiernos:

  • Pongan fin a los impuestos regresivos al consumo, como los impuestos al valor agregado y los impuestos sobre bienes y servicios, que aumentan la carga sobre los pobres y marginados.
  • Otorguen créditos fiscales a hogares monoparentales, microempresas, pequeñas y medianas empresas, personas de bajos ingresos, dependientes, etc.
  • Otorguen créditos fiscales a mujeres por trabajo de cuidados no remunerado.

No hay justicia fiscal sin justicia tributaria y económica. Pedimos a los estados para que cumplan con su deber central de proteger a sus ciudadanos y dar prioridad a los derechos humanos (no a los bancos, corporaciones y los ricos) y:

  • Embarcar en un camino fiscal que proporcione estímulos y apoyo a la economía real (no a actividades financieras especulativas) hacia estructuras, políticas y programas económicos equitativos y justos.
  • Implementar políticas de gasto fiscal que inviertan en servicios públicos de calidad para todos y sistemas de protección social universal.
  • Realizar las inversiones y ayudas públicas necesarias para asegurar:
    • Seguridad y soberanía alimentaria durante y después de la crisis.
    • Servicios públicos que cumplan los derechos y necesidades de las mujeres.
    • Servicios públicos que reconozcan, reduzcan, redistribuyan y socialicen el trabajo de cuidado no remunerado y la reproducción social
  • Implementar medidas de protección del empleo formal y de ingresos básicos de emergencia para apoyar a los trabajadores desempleados, informales y autónomos que viven en la pobreza.
  • Alejarse de las políticas económicas desacreditadas del neoliberalismo.

En la situación actual, los movimientos sociales enfrentan restricciones y represión para movilizarse contra políticas injustas. Sin embargo, esto no debe disuadirnos de luchar por un futuro justo y sostenible. Como una alianza global con miembros en cinco continentes, vemos esta crisis como una oportunidad para una movilización más amplia de la sociedad civil y la reconstrucción de un movimiento global contra las políticas económicas neoliberales. ¡Ahora, más que nunca, es el momento más crucial para unirnos e impulsar nuestra lucha por la justicia fiscal y una economía centrada en las personas!

 

Fuente: https://www.globaltaxjustice.org/

Compartido con SURCOS por Henry Mora Jiménez.

El día después

Arnoldo Mora Rodríguez

El título de este artículo evoca uno similar de una película, que trata de imaginar lo que sería el mundo unos días después de que la humanidad sufriera una hecatombe nuclear. Para evitar ese desolador panorama, he pergeñado algunas reflexiones que, partiendo de la premisa de que, si bien se reconoce que nada después de esta pandemia será lo mismo, tampoco tiene porqué ser peor, sino todo lo contrario; pero, para ello se requiere que tomemos conciencia lúcida del papel que ahora nos corresponde asumir.

La pandemia que hoy (pre)ocupa a la humanidad entera, haciendo que ponga todos sus recursos científico-tecnológicos más avanzados y sofisticados, invierta ingentes recursos económicos, readecúe a las exigencias del momento sus prácticas políticas y cuestione el “orden“ jurídico con que ha regido las relaciones de poder en el ámbito público, por no hablar de los cambios radicales y vertiginosos en los valores que determinan la vida privada y el universo cultural y axiológico, tiene su origen en el ámbito biológico con repercusiones graves e irreversibles en la salud de la población; pero afecta, en no menor medida, las estructuras económico-sociales y el ejercicio del poder político. Estamos, en consecuencia, ante una profunda ”revolución” en todas las dimensiones de la vida humana; un nuevo hombre está a punto de surgir de la actual crisis con la rapidez propia del actuar humano, mayor que la que caracteriza a los procesos evolutivos de la Naturaleza; el ser humano posee un tiempo que rige los acontecimientos de la historia de la humanidad, que es significativamente más veloz que aquel que ha creado la Naturaleza para llevar a cabo los saltos cualitativos que jalonan las etapas de la evolución.

Pero lo grave de estas diferencias entre uno y otro proceso, es que nuestra mente está hecha para reaccionar según los ritmos de la Naturaleza, dado que nuestro cerebro es el creador de la cultura, pero es producto de la evolución; hay aquí una especie de esquizofrenia, que actualmente constituye una enfermedad tan perniciosa como la que causa en la salud orgánica la covid-19. De ahí que lo más urgente hoy en día es, no sólo lograr lo más pronto posible una vacuna eficaz y fácilmente accesible a todos los pueblos del mundo, sino también tomar lúcida conciencia de que estamos ante uno de los más radicales y vertiginosos cambios de la historia en todos los ámbitos del quehacer humano, provocados por el propio homo sapiens gracias al poder que le confiere la revolución científico-tecnológica de los últimos cinco siglos.

A fin de convertir esta crisis en un trampolín que nos posibilite dar un salto cualitativo, debemos usar el poder político que hoy emplea un tanto irresponsablemente el ser humano. Para ello, pienso que lo primero que debemos hacer es tomar conciencia de que el retorno al status quo, es decir, a la situación como la que vivía la humanidad antes del inicio de esta pandemia y que dio origen a la misma, no es dable. La dialéctica que rige los procesos históricos, se inspira en la conciencia del tiempo concebido como instante, entendiendo por tal la condición única e irrepetible del devenir en su dimensión cuántica; el reloj que marca el trascurrir del tiempo no tiene marcha atrás, es un modelo de vehículo que no tiene reversa; en consecuencia, sólo nos cabe planificar nuestro futuro asumiendo nuestra libertad tal como la concebían San Agustín y Leibniz, esto es, como la opción inspirada en criterios axiológicos, cuyo único fin es la procura de la convivencia humana, concebida ésta como algo más y mejor que el instinto gregario con que se rigen los primates; lo cual significa pasar de la sobrevivencia a la convivencia, hacer que la vida social propicie una experiencia comunitaria; no olvidemos que “comunidad” tiene su raíz etimológica en el término “común”, lo cual significa que los bienes producto de la acción humana tienen un fin común, están llamados al disfrute de todos; en consecuencia, la única razón de ser del ejercicio del poder político es contribuir eficazmente a crear las condiciones objetivas (instituciones) y subjetivas (educación) de una sociedad justa, equitativa y solidaria para todos y cada uno de los miembros de la sociedad. Tradicionalmente la filosofía reduce estos valores supremos a tres: la verdad, el bien y la belleza; lo cual equivale a decir que el saber, sobre todo el derivado de la aplicación del método científico, tiene como finalidad la procura del bien y el disfrute del placer estético.

Cómo lograr hacer realidad esta utopía en respuesta a la crisis que nos agobia, es tarea que a todos nos incumbe. Para ello, debemos poner desde ya los cimientos de un nuevo orden mundial. Pero no debemos pretender hacer tan descomunal tarea si no comenzamos por poner orden en nuestro entorno más cercano; si queremos cambiar el mundo, debemos comenzar por cambiar nuestro propio país. Concretamente, en el caso de Costa Rica el mayor logro de nuestra historia ha sido la creación del Estado Nacional en el siglo XIX y la alfabetización de la mayor parte de la población, gracias a las reformas liberales en las décadas que van de ese siglo al siguiente. A partir de entonces, vendría la creación del Estado de Derecho llevada a cabo por la generación del Olimpo y luego la forja del Estado Social, propuesta por el Partido Reformista del General-sacerdote Jorge Volio y realizada por la alianza entre el Presidente Calderón Guardia, el Arzobispo Víctor Manuel Sanabria y el líder del Partido Comunista Manuel Mora Valverde. Todo lo cual culminó en la creación de la II República, liderada por José Figueres Ferrer e inspirada en el ideario del Centro de Estudios para la Realidad Nacional, creado bajo la guía de Rodrigo Facio. Gracias a este largo e inspirador proceso, en el cual intervinieron los más ilustrados e influyentes sectores políticos, se emprendió la modernización de la sociedad costarricense; proceso liderado por un fuerte y creciente Estado Nacional, que propició el ascenso de una clase media formada profesionalmente por la Universidad de Costa Rica, reformada por el Rector Rodrigo Facio.

Lo anterior se hizo posible gracias al surgimiento de una poderosa clase media, que hasta 1985 mantuvo una fuerte alianza con los sectores oligárquicos tradicionales. Concretamente, fue en la primera Administración de Oscar Arias que la oligarquía criolla se propuso asumir en solitario el monopolio del poder; desde entonces, la clase media ha venido sistemáticamente siendo despojada de todos sus logros, se ha visto sometida a un proceso implacable de empobrecimiento y precarización. Debido al ascenso de sectores urbanos de ideología socialdemócrata, que desplazaron a la alianza socialcristiana-socialista de la década de los 40s., los más importantes de esos logros se mantuvieron. Hoy, para mantener esas conquistas y no precipitarnos en el caos y la violencia desenfrenada que han sufrido países vecinos, se impone forjar otro contrato social por parte de un nuevo sujeto histórico, que sea configurado por la alianza estratégica entre las capas medias, los propietarios pequeños y medianos, el sector agrario, profesionales independientes, funcionarios y empleados públicos y las clases populares. La mencionada alianza sólo se logrará si los sectores sociales, sobre cuyos hombros la oligarquía pretende cargar la crisis global que hoy sufre nuestro país, asumen un papel protagónico.

La pandemia no ha hecho sino poner en evidencia la crisis de hegemonía, que tradicionalmente ha asumido la alianza de la oligarquía con el capital trasnacional, en el que recientemente la despótica oligarquía centroamericana afincada en nuestro país, tiene un papel significativo. Hoy se impone, como un imperativo histórico de nuestra democracia, poner los cimientos para crear la III República basada en la alianza de los sectores medios y populares. Se encaminan en ese sentido pasos como los dados con la firma de un documento dirigido a los diputados y que es encabezado por el Arzobispo de San José; aunque todavía no estamos cerca de lograr la meta de construir una mejor y más sólida democracia, debemos ver en esos gestos los primeros pasos de ese anchuroso y esperanzador camino también. Las reformas deben comenzar por incidir en una mayor justicia distributiva y tributaria. Las oligarquías criollas, como en 1948, deben pagar el costo de la reconstrucción de la economía y no los sectores populares y medios. Si la minoría plutocrática no quiere entender que deben asumir el peso mayor de la reconstrucción del país, deben saber que, con ello, están atizando un estallido social como nunca lo ha vivido el país; con lo cual todos perderíamos, pero ellos mucho más; porque sería encender una chispa cerca de un barril de pólvora; está en sus manos ceder en aras de la justicia social, porque las dinámicas de las reformas sociales no permiten retrasos. No podemos retroceder a la Costa Rica anterior a 1940.

Para lograr sus objetivos, los sectores populares deben forjar un frente patriótico en vistas a realizar un programa mínimo, que suscite el consenso mayoritario de todos los sectores objetivamente afectados por esta crisis global y planetaria que hoy golpea, con no menor dureza, a nuestro propio país; todo teniendo como meta, no sólo soluciones de momento, sino igualmente reformas que consoliden y profundicen nuestro mayor logro histórico: el Estado Social de Derecho. Para ello debemos comenzar por defender a ultranza las instituciones que han demostrado ser los pilares de nuestra democracia, como son la Caja Costarricense del Seguro Social, los bancos estatales, la educación pública, especialmente las universidades a quienes debemos, no sólo la formación de profesionales competentes y honestos, sino la investigación científica en su totalidad, cuya importancia ha quedado de manifiesto hoy más que nunca y todo el sector público hoy tan injustamente denigrado. A los partidos políticos que se opongan a este plan de reformas, el pueblo soberano debe pasarles la factura en las próximas elecciones. Por su parte, las organizaciones populares deben dar prioridad a la formación de cuadros y dirigentes locales, en vistas a la formación de la conciencia cívica de los más amplios sectores y de la conquista de la conciencia ciudadana. Las proclamas de Juanito Mora y las enseñanzas de D. Joaquín García Monge, nos convocan a esta cita con la historia. Porque el mañana ha comenzado ya.

“Hace falta una mirada más PYME en la toma de decisiones”

Comunicado

El Movimiento Ciudadano Nacional que agrupa a las pymes de Costa Rica estima que hace falta una mirada más PYME en la toma decisiones.

Somos el sector más eficiente de la economía: según el INEC hoy podemos decir que somos 400 mil empresas que generamos 680 mil puestos de trabajo, 371 mil personas en trabajo independiente.

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) aportamos a Costa Rica un 47% del empleo total y el 30% del PIB (producto interno bruto.)

Las PYMES representamos el 95% del parque total en el país. Es por esto que el Movimiento Ciudadano Nacional, que agrupa a las pymes de Costa Rica, tiene como objetivo visibilizar el peso que tiene nuestro sector y trabajar de la mano con los tres poderes de la república a la hora de implementar políticas públicas.

La crisis que provocó el Covid-19 evidenció que no hay una mirada PYMES, que se requiere impulsar este sector económico y productivo y analizar cómo el Gobierno ha distribuido los recursos a este sector.

Las PYMES debemos tomar conciencia de lo que somos, del lugar que ocupamos y de la necesidad de unir esfuerzos para desplegar todo el potencial de Costa Rica.

Invitamos a las PYMES a sumarse al Movimiento Ciudadano PYMES Costa Rica. Pueden unirse a este grupo de WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/LMrIYxXZHEC9AuF8ER2FTi

¡Llego la hora de las PYMES!

Ciclo de debates Pandemia y Trabajo Social: reflexiones y comprensiones

La Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social invita a participar de esta sesión del ciclo de debates Pandemia y Trabajo Social: reflexiones y comprensiones.

En esta oportunidad se analiza el tema Vulnerabilidades y resistencias sociales asociadas con la pandemia.

Participantes:

Lewis León, Universidad de Cartagena, Colombia
Hannia Franceschi, Universidad de Costa Rica, Costa Rica
Marisa Mesina, Instituto Vasco de Quiroga. México
Jorge García, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú
Olga García, comentarista, AMIETS, México

Viernes 11 de setiembre a las 5 de la tarde

https://www.facebook.com/bivits/

Biblioteca Virtual de Trabajo Social

Cartografías de las violencias: voces, cuerpos, relieves. Región Brunca en tiempos de COVID 19

Siguiendo el trabajo realizado en las Sede Pacífico de la UCR y Liberia de regionalización, el Programa Interinstitucional Violencia y Sociedad (PIIVS) estará trabajando en esta ocasión, en la SEDE SUR, Golfito, las violencias contra las mujeres, femicidios y las diversas manifestaciones que toma la segregación con el conversatorio: “Cartografías de las violencias: voces, cuerpos, relieves. Región Brunca en tiempos de COVID 19”.

Serán dos encuentros bajo la modalidad virtual, que pretenden potenciar la reflexión, voces, resistencias, posicionamientos y denuncias ante las situaciones de violencia que afectan el tejido social.

Participarán académicas/os, investigadoras/es, líderes y lideresas, encargados de proyectos comunitarios de la Región Brunca.

Se transmitirá por el FACE BOOK LIVE de la ODI.

8 de octubre y 12 de noviembre 4 p.m.

UNA Mirada estrena temporada 2020 este setiembre

Ante la covid-19 se realizaron cambios en el formato, pero se mantiene la esencia de analizar, desde un enfoque UNA, los principales problemas y retos que enfrenta el país.

El programa televisivo de opinión UNA Mirada de la Universidad Nacional (UNA), es un espacio televisivo de opinión que toca semanalmente los más importantes y actuales temas de la realidad costarricense mediante una discusión entre especialistas. Ante la pandemia que enfrenta el país, y debido a que las grabaciones del programa se realizaban en las instalaciones del Sistema Nacional de Radio y Televisión S.A. (SINART), Canal 13, se suspendieron las transmisiones de programas nuevos desde marzo del presente año.

La actual coyuntura obligó a tomar una serie de medidas remediales para poder iniciar la temporada 2020 en las instalaciones de la UNA, pues por razones de seguridad, regresar a canal 13 no era viable. Es por esta razón que se trasladó el set principal del programa a las instalaciones del auditorio del Complejo San Pablo, y se iniciaron las grabaciones a finales del mes de agosto.

Con el objetivo de proteger a los panelistas invitados, se realizaron cambios en el formato, pero se mantiene la esencia de analizar, desde un enfoque UNA, los principales problemas y retos que enfrenta el país. En esta temporada UNA Mirada consta de dos bloques de 25 minutos aproximadamente. En cada bloque, un especialista de la UNA abordará el tema en cuestión a profundidad, y se complementará su opinión con una entrevista pregrabada de forma virtual a un especialista externo.

La nueva temporada dará inicio el próximo miércoles 16 de setiembre, a las 10 de la noche por Canal 13- Costa Rica Televisión. El primer programa estará dedicado al balance de los primeros 6 meses de pandemia en Costa Rica y participarán los académicos Juan José Romero, epidemiólogo de la Escuela de Medicina Veterinaria, y Carlos Arguedas de la Escuela de Economía.

Más información al 8832-2614 de la Oficina de Comunicación de la UNA.

Los resultados del desarrollo regional y la importancia del enfoque territorial

German Masís

La Administración Alvarado ha presentado los resultados del desarrollo en las regiones Chorotega y Huetar Atlántica, los primeros el 25 de julio como parte de la celebración del 196 aniversario de la Anexión de Guanacaste y los segundos el 31 de agosto durante la celebración del día de la Cultura Afrocostarricense.

En ambas actividades los coordinadores de los programas regionales, la primera Dama Claudia Dobles del programa para la región Chorotega y en la segunda el Primer Vicepresidente Marvin Rodríguez del programa Mesa Caribe, presentaron un recuento de los resultados obtenidos en las diferentes áreas de la acción gubernamental.

Entre los resultados en la región Chorotega, se mencionaron los siguientes:

– la inversión de 26.693 millones de colones en el mejoramiento del acceso al agua potable en Guanacaste para 90 mil personas, gracias al impulso de 8 proyectos en los cantones de Liberia, Bagaces, Nicoya, Cañas, Abangares, Santa Cruz y La Cruz.  Estos proyectos son parte del Plan de Infraestructura y Gestión Integrada del agua de la región Pacífico Norte 20-30, que contempla la inversión de $ 1.130 millones en 71 proyectos, entre los que se encuentre el PAACUME sobre el embalse del río Piedras.

– se realizó el asfaltado de las rutas Garza-Nosara, Hojancha-Nandayure y Quebrada Honda-Carrillo, se mantienen trabajos en diversas rutas de Nicoya, Tilarán, Cañas y Abangares y se ha recuperado el avance en la obra Cañas-Limonal.

– el INDER invirtió mil millones de colones en proyectos de riego y continúan en ejecución por 250millones de colones del proyecto Agrolajas II en Abangares.

– INDER y SENARA construyen el proyecto de riego de Sardinal de Carrillo con una inversión de 360millones de colones para beneficiar a 24 familias que podrán ampliar y diversificar su producción agrícola.

-el INDER también destinó 7.400 millones en obras de infraestructura, producción y seguridad alimentaria

– el INDER entregó una donación de 241 millones de collones para comprar equipos de secado del café producido por 380 familias ligadas a la Cooperativa CoopelDos, en los cantones de Tilarán, Abangares y Monteverde.

– un grupo de 310 pescadores de la Cámara de Pescadores de Guanacaste ubicados en Nicoya, Paquera, Santa Cruz y San Juanillo, reciben equipo de enfriamiento, pesaje y acopio, con una inversión del INDER por 19.2 millones de colones.

-proyectos como Santa Luisa, Las Palmas, Villas Marcel, La Joya, Malinche y la Esmeralda, dan cuenta de la fuerte inversión en vivienda en Guanacaste en cantones como Hojancha, Liberia y Abangares.

– obras como la escuela Recaredo Briceño y san Francisco en Nicoya, Dionisio Leal en Santa Cruz, los Colegios técnico-profesionales en barrio Irving La Cruz y el de Corralillo de Nicoya, apuntan a que miles de estudiantes encuentren mejores condiciones cuando regresen a las aulas.

– puestos de salud como el puesto de visitación periódica y el EBAIS de Santa Elena en La Cruz ya están disponibles para los habitantes de esas comunidades.  Están en ejecución proyectos como el área de salud de Santa Cruz y la unidad de terapia renal de Liberia.  La inversión total de la Caja del Seguro Social en Guanacaste supera los 22.500 millones de collones

– para enfrentar las consecuencias de la emergencia sanitaria se entregaron cerca de 30 mil diarios en toda la provincia y cerca de 94 mil personas se beneficiaron con el bono Proteger y el IMAS y el área regional de desarrollo social Chorotega dieron protección social a más de 18 mil familias en pobreza y en pobreza extrema (ElPaís.com, 25-7-2020)

Por su parte, en la presentación de los resultados de la Mesa Caribe, se mencionaron los siguientes:

– en infraestructura vial, el CONAVI ha invertido cerca de ₡5.900 millones en el mantenimiento y rehabilitación de carreteras en los 6 cantones de la provincia de Limón, además de la construcción del Puente Binacional sobre el río Sixaola entre Costa Rica y Panamá que presenta un avance de un 90%.

– en infraestructura educativa, de setiembre de 2019 a la fecha, la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) ha entregado siete proyectos educativos, once se encuentran en ejecución y cuatro en proceso de contratación, ubicados en los seis cantones de la provincia.  En total, la inversión de agosto de 2019 a la fecha asciende a ₡19.060 millones y beneficia a 9.310 estudiantes.

– el Senara ha ejecutado proyectos con una inversión total de ₡14.000 millones en beneficio de 23.600 familias de la Región Huetar Caribe.

– la inversión de Acueductos y Alcantarillados a lo largo de la provincia de Limón es de ₡37.4 mil millones en 11 proyectos de agua potable y saneamiento de los cuales 3 se han concluido este 2020 y 5 más se encuentran en ejecución, Entre ellos, destaca la construcción del alcantarillado sanitario en Puerto Viejo.

– en las áreas de Salud de Cariari, Guápiles, Guácimo, Valle de la Estrella y Talamanca, la Caja Costarricense del Seguro Social ha destinado una inversión total ₡1.100 millones para llevar bienestar a cerca de 86.000 habitantes.

– el Ministerio de Trabajo por medio del Programa Nacional de Empleo, ha logrado desarrollar las competencias necesarias para el empleo en 18.400 personas, lo que ha representado una inversión social superior a los ₡3.896 millones.

– el INA ha destinado más de ₡3.327 millones invertidos para la formación y capacitación para el empleo de 7.785 personas.   A esto se suma la construcción de 48 mil metros cuadrados del Centro Polivalente del INA, con una inversión que supera los ₡6.479 millones, que permitirá la capacitación de hasta 3.500 estudiantes al año.

el Inder ha realizado una inversión social de más de ₡7.538 millones en los 6 cantones del país, entre los que destacan la ruta turística Guácimo y el mejoramiento de los caminos de La Lidia, Maravilla, San Jorge, el Millón, Aguas Frías, la Fortuna y Maná.

– Dinadeco ha logrado plasmar siete proyectos y se ejecuta otros cinco que benefician a 5 mil personas. Inversión para el desarrollo comunal de Limón supera de más de ₡194 millones.

– el proyecto de ventanilla única municipal de la Región Caribe se encuentra a un 35% de avance por parte del IFAM, representando un aporte de $230.000 no reembolsable de la institución, impactará en municipalidades más eficientes y efectivas.

– el Ministerio de Vivienda y el BANVHI han invertido alrededor de ₡14.200 en el desarrollo del Bono Comunal Limón 2000 -impactará en la calidad de vida de 3.000 habitantes de la comunidad- y otros proyectos de Vivienda en los cantones de Pococí, Guácimo, Matina, Talamanca y Limón Centro, donde se han otorgado 681 bonos de vivienda.

– mediante sus diferentes programas, el IMAS ha atendido a más de 79.800 personas, con una inversión social superior a los ₡28.000 millones para la Región, mientras el Conapam, y Pani han invertido más de ₡1.900 millones aproximadamente para el beneficio de más de 3.000 personas de la población adulta mayor, niñez y adolescencia.

– el MEP mediante sus diferentes programas ha dirigido alrededor de ₡23.100 millones, apoyando a más de 133.000 estudiantes; mientras que la Junta de Protección Social ha invertido ₡1.400 millones para beneficio de 600 personas beneficiarias.

– en la atención de la emergencia Covid-19, la Comisión Nacional de Emergencias y los Comités Municipales se han entregado de 22.542 paquetes de alimentos para 111.000 personas; el MEP, ha realizado la entrega a estudiantes de 553.800 paquetes de alimentación con una inversión de ₡8.380 millones y a través del Ministerio de Trabajo y el IMAS se han destinado ₡23 mil millones en Bonos Proteger logrando llevar alivio a 61.400 personas. (ElPaís.com,31-8-2020).

Los resultados de la acción institucional en las regiones muestran un esfuerzo de coordinación institucional, una fuerte inversión de recursos en algunas áreas del desarrollo regional y un impacto en grupos específicos de la población.

No obstante, en las presentaciones de los resultados, se evidencia la ausencia de un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo éstas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué, J. et al, Rimisp,2015).

En ellas se puede observar también la falta de análisis y de vinculación de las acciones regionales, con los factores que determinan la estructura social, económica y política de los territorios, tales como las tendencias del entorno, las estructuras sociales y valores arraigados en la práctica de los actores sociales. la dotación, el acceso y el uso de los recursos naturales, el desarrollo de la actividad económica y el surgimiento nuevas alternativas productivas, la importancia de la inversión pública en las dinámicas territoriales y la relación de los pueblos y comunidades con las ciudades intermedias.

Los resultados de la acción institucional en las regiones son una sumatoria de acciones centradas fundamentalmente en el factor de la inversión pública en infraestructura vial y social especialmente efectuada con recursos del INDER y en las transferencias estatales de las instituciones de asistencia social, y con poca referencia a la intervención en áreas estratégicas del desarrollo territorial, como el Plan de gestión integrada del agua 2020-30 de la región Chorotega.

No es posible propiciar transformaciones importantes en los territorios, si no se logra comprender las tendencias económicas, políticas, culturales y ambientales generales, intensificadas por la globalización, pues el cambio progresivo nunca proviene sólo desde dentro del territorio y los procesos del entorno nacional y externo inciden fuertemente y reducen la autonomía de los territorios.

La historia de los territorios tiene un peso fundamental en la formación del desarrollo regional, la cual se manifiesta en una cierta cultura y en prácticas sociales que determinan las sociedades territoriales y la distribución del poder y los recursos en cada región.

La dotación, el acceso y el uso de los recursos naturales, es clave en el potencial de las dinámicas territoriales, en su utilización productiva, en la generación de riqueza, en las posibilidades de crecimiento económico y la sustentabilidad ambiental de los territorios.

El desarrollo de las actividades económicas y el impulso de estrategias productivas regionales de conexión con mercados dinámicos, el acceso a inversión pública y privada y los enlaces y encadenamientos productivos, deben estar dirigidos a crear estructuras económicas más diversificadas y equitativas y a generar oportunidades de crecimiento económico más inclusivas y más sustentables.

El papel de la inversión pública es clave en catalizar cambios significativos en las dinámicas territoriales mediante la creación de bienes y activos públicos o privados, aunque por ser mediados por instituciones formales e informales, deben incorporar la participación de los actores en la toma de decisiones, así como en su implementación, para garantizar una dirección distributiva hacia los más pobres y la solución de las necesidades de la población.

La relación de los pueblos y comunidades con las ciudades intermedias en los territorios es esencial, ya que éstos ya no se conforman principalmente de pueblos dispersos y aislados, con poco acceso a servicios y dependiente de la agricultura.   El centro urbano y el interior rural ahora constituyen un territorio funcional en el que cada sector depende del otro y los vínculos que los unen son diversos.

Los territorios en las regiones son rurales-urbanos, y esta condición les brinda un conjunto de ventajas que facilitan el crecimiento económico y un crecimiento más socialmente inclusivo o, más propicio para una más rápida reducción de la pobreza, a través de un mejor acceso al mercado para los productores rurales, acceso a servicios especializados y una mayor demanda de empleos no agrícolas (Berdegué, J. et al,2015).

Los programas de desarrollo en las regiones Chorotega y Huetar Atlántica, debieran incluir objetivos estratégicos y metas de desarrollo territorial, que permitan analizar impactos en el acceso y uso equitativo de los recursos naturales, en un desarrollo productivo más diversificado, inclusivo y sustentable, en una inversión pública y privada bien direccionada con participación de los actores, en la generación de capacidades y capital social en la población local y en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios.

 

*Imagen ilustrativa, CONARE, desarrollo regional.

La educación post pandemia

Yamileth González García, Colectivo Mujeres por Costa Rica

En el contexto actual, frente al desarrollo de una pandemia que ha trastocado el sistema educativo mundial y, desde luego, el nacional, los desafìos que enfrenta la educación son profundos, nada volverá a ser como lo era antes del COVID-19.

El año 2020 fue declarado, por el Consejo Superior de Educación, MEP, como el año de la Transformación Educativa, precisamente, buscando continuar el camino emprendido “Hacia una Nueva Educación”; con la idea de que, además de enfrentar los típicos problemas de acceso y de cobertura, se asumiera, también, la importancia de una educación para la vida y la convivencia, una educación con enfoque en derechos humanos y basada, sobre todo, en el desarrollo de destrezas y habilidades.

La pandemia ha mostrado, algunas de las vulnerabilidades del sistema educativo nacional: la desigualdad imperante y la poca preparación existente para pasar masivamente a la educación digital y a distancia. También nos ha permitido ver algunos rasgos positivos de nuestra sociedad y del colectivo de los y las educadoras, que han trabajado con mucha solidaridad y dando una respuesta clara a los desafíos.

Es justo reconocer que educadoras y educadores han tenido un papel esencial, adaptándose a una nueva forma de enseñar y de aprender, al ir desarrollando todo un sistema de educación a distancia, que, en buena medida, es lo que les ha permitido mantener su labor educativa. Lo han hecho con una dedicación y entrega admirable, con sus propios recursos, pagando el Internet, la electricidad, el teléfono celular y …, convirtiendo sus casas en aulas, demandando a sus familias silencio mientras desarrollan las clases, etc. Siempre hemos creído en la necesidad de una dignificación de la profesión docente y la pandemia da base sólida para emprender esa tarea.

Han tenido que capacitarse en la marcha y por su propia iniciativa, enfrentándose a circunstancias inéditas, implementando metodologías novedosas y han mostrado que la educación del futuro, en todos sus niveles, no podrá prescindir de las herramientas de la educación a distancia; que quizás no sea el único camino a seguir, pero sí, uno y muy importante. El uso de plataformas como Zoom, Teams, la Radio, el WhatsApp, la televisión, los correos electrónicos llegaron a la educación para quedarse. Se derrumba el mito de que la educación y los educadores no cambian.

El uso de las tecnologías, en estos meses de la pandemia, ha sido clave, por varias razones: para mantener el vínculo entre educadores y estudiantes; lo ha sido para que los estudiantes se acerquen más y con mayor confianza al grupo y se expresen más libremente; para fortalecer la comunicación con los hogares (educadores, madres y padres han tenido que realizar un trabajo más en colaboración para cumplir con la tarea educativa); así alumnos, educadores y familias y sociedad estrechan la relación.

Es de esperar, entonces, que la educación, posterior a la pandemia, use, con más intensidad, las tecnologías de la educación a distancia, como una herramienta de apoyo fundamental. La Radio, por ejemplo, ha mostrado, una vez más, su efectividad y es de esperar que las radioemisoras rurales tengan un papel de mayor protagonismo en la enseñanza.

Ya desde antes de la pandemia, se conocía el significativo papel que las tecnologías y el Internet tienen para el desarrollo educativo, no obstante, hoy en día, más que en cualquier otro momento de la historia, se ha puesto en evidencia su importancia. Lo anterior no quiere decir que no se encuentren desafíos significativos en su quehacer, sobre todo en lo que tiene que ver con la equidad y la inclusión de la población más vulnerable y marginada.

Como lo refiere Andreas Schleicher, director de Educación en la OCDE[1], “Los estudiantes privilegiados consiguieron sortear rápidamente las puertas cerradas de los centros y encontrar vías hacia oportunidades de aprendizaje alternativas apoyados por sus padres y deseosos de aprender; los de familias desfavorecidas se quedaron fuera cuando las escuelas cerraron”. (Simón Granja Matías, en ¿Cómo será la educación después de la pandemia?, El Tiempo, 2020).

La Unesco, por su parte, ha evidenciado esa realidad, al señalar que la mitad del total de los alumnos en el mundo –unos 826 millones de estudiantes– que no pueden asistir a la escuela debido a la pandemia, no tienen acceso a una computadora en el hogar y el 43 % (706 millones) no tienen Internet. Una situación que afecta a hijos e hijas de vendedores ambulantes, de trabajadores rurales, de empleadas domésticas, etc.

Es importante dejar claro, también, que los tiempos del COVID-19 han reafirmado la importancia de la educación presencial. Un ámbito y una metodología que muestra su valor, como espacio de socialización, de encuentro y de aprendizaje. Esa aula presencial, donde todos comparten un mismo lugar, ese encuentro, esa reunión que da la posibilidad de estar juntos, sin importar el origen, la etnia, el género, se ha mostrado, también, imprescindible. La pandemia enseña la importancia de la socialización para aprender.

El aula tradicional, se vuelve, entonces, muy necesaria, como un espacio en el que si bien, como han señalado algunos estudiosos, no se logran borrar las diferencias sociales, las condiciones son mejores para los que menos tienen. Además, se ha visto en forma reiterada, que el encerramiento tiene facetas muy perjudiciales para la niñez y la juventud. La mayoría añora el regreso al aula y expresan su angustia, temor y estrés frente a los encerramientos.

Por otra parte, las condiciones en que vive la población estudiantil, muestran diferencias muy marcadas según su situación socioeconómica; algunos tienen todo lo que se requiere para realizar el estudio (casa, una habitación propia, buen acceso a Internet, computadora personal …) pero, muchos otros carecen del mínimo necesario, como es el acceso a Internet, una computadora…; a menudo tiene que compartir, equipos con hermanos o con padres que hacen teletrabajo; viven con muchas otras personas y con padres y madres sin las condiciones adecuadas para apoyarles.

También ha quedado en evidencia, que tanto los estudiantes, como los maestros encuentran muy agotador estar en las pantallas todo el día, es decir, la virtualidad no es la respuesta total, ni es la panacea. Los desafíos a los que se enfrenta la educación a distancia tienen que encontrar una salida, si se quiere avanzar hacia una nueva educación.

El director de campus y educación secundaria de La Grande Boissière, Escuela Internacional de Ginebra, Conrad Hughes, en un artículo para el Foro Mundial Económico, plantea una disyuntiva: “¿Volveremos al aprendizaje pasivo tradicional frente a un tablero, o nos moveremos a un nuevo camino centrado en el bienestar de los estudiantes y en la reducción de las profundas desigualdades del aprendizaje global? ¿qué camino tomarán los educadores y las escuelas, los padres y los estudiantes, los gobiernos, la humanidad?”.

En una investigación de la OCDE recién publicada sobre la educación después de la Covid-19, se dan algunos lineamientos de cómo debe ser ese cambio, se resalta que “…el éxito en la educación tiene que ver con la identidad, la capacidad de intervención y las metas. …En el pasado, el saber se recibía; en el futuro tiene que generarlo quien vaya a utilizarlo. Antes, la educación era básicamente temática; en el futuro deberá basarse más en proyectos, en construir experiencias que ayuden a los estudiantes a pensar más allá de los límites de las disciplinas temáticas” … “El pasado era jerárquico; el futuro será colaborativo y reconocerá que tanto los enseñantes como los estudiantes son recursos y cocreadores”. Las nuevas políticas que orientan hoy en día la educación en Costa Rica están enmarcadas en esa visión de futuro que indica la OCDE. La Transformación Educativa declarada este año, se desarrolla en ese marco de cambio y avance.

Se conocen los problemas del sistema educativo nacional y las alternativas para transformarlo; se sabe que antes del COVID-19 existían condiciones estructurales complejas, como el financiamiento, la cobertura, el abandono escolar, la desigualdad… que la pandemia, sin duda, las va a acrecentar y a mostrar la urgencia de avanzar hacia un nuevo camino. Un reto en el que los principios de la Agenda de Educación 2030 son más relevantes que nunca y en el que el financiamiento estatal no puede disminuir si queremos avanzar hacia una Costa Rica que supere la problemática actual.

Como lo dice la UNESCO, hay tres compromisos fundamentales que hay que tener presente siempre, como son, la educación pública, los bienes comunes y la solidaridad. No es el momento de dar un paso atrás y debilitar estos principios, sino de reafirmarlos y reforzarlos. Se tiene la oportunidad de proteger y promover, aún más, la educación pública, fortalecer los bienes comunes mundiales y fomentar la cooperación internacional a medida que se despierta nuevamente la solidaridad. “Sería conveniente aprovechar la ocasión, ya que la historia nos ha enseñado que los cambios transformadores pueden ocurrir repentinamente y, a menudo, en el período inmediatamente posterior a una crisis”. Unesco, 2020.

En la Costa Rica del bicentenario se debe garantizar el papel clave de la educación para avanzar hacia el desarrollo, para poner fin a la pobreza y para eliminar la desigualdad y la injusticia.

[1] OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Organismo intergubernamental de carácter mundial al que costa Rica ingresó recientemente.