El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Artículo 50 de la Constitución de la República de Costa Rica.
Álvaro Vega Sánchez, sociólogo
Se habla hasta la saciedad de recortar salarios, pensiones y en general el gasto público. El peso de la balanza recae sobre este sector, mientras lo privado se mantiene casi intocable, como si fuese el “lugar santísimo” del templo de la patria. Este país, en materia de política pública y privada, es tan laico (de laos: pueblo) como cualquier Estado de Derecho.
Efectivamente, nuestra Constitución establece que se pueden imponer limitaciones a la propiedad privada en razón del “interés social” (Artículo 45), es decir, del bien común. Hasta ahora, y en medio de un Estado de Emergencia Nacional, no se han impuesto limitaciones de ningún tipo sustantivo a lo privado, y por el contrario se le sigue facilitando su gestión, para que despida, postergue contrataciones y negocie condiciones con los trabajadores, que solo favorecen al gran empresario y su capital.
O sea, el gobierno no está cumpliendo a cabalidad con el mandato constitucional de procurar “el mayor bienestar de todos los habitantes” propiciando un “adecuado reparto de la riqueza”, hoy concentrada escandalosamente. Riqueza que ha crecido exponencialmente, porque ha sido eximida, vía concesiones tributarias y amnistías, de cumplir con la responsabilidad social que le compete en un Estado Social de Derecho, que todavía existe porque tenemos una Constitución que lo respalda.
El Banco Mundial, para nada sospechoso de ser enemigo del sector privado, llama la atención al peligro de festinar con los recursos públicos para enfrentar la crisis producida por el COVID-19. Plantea algunas consideraciones a tener en cuenta. Por ejemplo, proteger los trabajos, tanto públicos como privados, es una prioridad; los funcionarios públicos prestan gran parte de los servicios esenciales para responder a la crisis en primera línea; los Gobiernos deben permitir el teletrabajo y reorganizar las tareas y responsabilidades en vez de imponer recortes y despidos; la crisis ha subrayado la importancia de tener instituciones públicas eficaces para proteger las vidas y los medios de subsistencia de las personas.
Una propuesta razonable y proporcional, y que toma en consideración los aspectos mencionados, entre otros, es la formulada por el economista don Francisco Esquivel, que en sus nueve puntos condensa medidas que son una garantía para el cumplimiento del precepto constitucional contenido en el Artículo 50, columna vertebral de nuestro Estados Social de Derecho. No privilegia a ningún sector, sea público o privado, que cuente con la capacidad y responsabilidad de aportar solidariamente, y sin apelar a subterfugios como los que han venido abaratando el concepto de solidaridad, de gran contenido ético-humanista. Una propuesta juiciosa y patriótica.
También se han hecho aportes valiosos por parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), de la Federación Ecologista de Costa Rica (FECON), de la Maestría en Planificación de la Universidad Nacional, entre otras. El movimiento social y la academia han sido proactivos y solidarios en esta lucha de todos y todas.
Solo falta voluntad política, humildad y amplitud de miras para salir adelante, como bien señala Harari, ante los desafíos de este Siglo XXI: “Aunque los retos no tienen precedentes y aunque los desacuerdos son enormes, la humanidad puede dar la talla si mantenemos nuestros temores bajo control y somos un poco más humildes respecto a nuestras opiniones” (21leccionespara el siglo XXI, p.179).
El gobierno tiene que contribuir a conjuntar las mejores ideas y propuestas, en esta hora decisiva, para ser garante del precepto constitucional que le asigna al Estado, como tarea fundamental, impulsar “el más adecuado reparto de la riqueza”.
Tenemos que superar, de una vez por todas, los enfoques que han venido propiciando el antagonismo entre trabajadores del sector público y privado, para afirmar el compromiso que ambos tienen en contribuir al bien común, especialmente en situaciones de emergencia como la que estamos padeciendo. Solo a las élites económicas, políticas y mediáticas privilegiadas les interesa poner a pelear a los trabajadores de ambos sectores. No hay que prestarse a ese juego sucio y mal intencionado.
El ministro de Salud, Daniel Salas llama a que no se den manifestaciones de odio a propósito de la pandemia por COVID-19. Puede escucharlo en el siguiente video de un minuto:
San José, Costa Rica — El Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica cumplió 176 años de existencia el jueves 9 de abril, en una fecha que demostró que la política exterior costarricense, enfrentada a la pandemia del Covid—19 como la más difícil y dramática crisis humanitaria del siglo XXI y una de las más severas desde 1844, quedó rebasada como plataforma de iniciativas internacionales de mediano y largo plazo, más allá de sus gestiones obligadas de “carpintería” de corto alcance.
Luego de que el 6 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de coronavirus en Costa Rica y comenzó su transmisión a decenas y centenares de personas, en un proceso paralelo a la complicación mundial de la enfermedad, la Casa Amarilla—sede de la cancillería costarricense—empezó a exhibir la ausencia de una política visionaria al menos de carácter regional e interamericano.
En la precipitación global de los problemas provocados por un padecimiento del que China alertó en diciembre de 2019 (pero brotó en noviembre de ese año), la Casa Presidencial de Costa Rica tampoco hizo nada para que Relaciones Exteriores, como su base de proyección internacional, adoptara los correctivos necesarios y generara una o varias propuestas, serias y profundas, para posicionar a San José en un puesto de liderazgo exterior frente a una demoledora situación sanitaria.
¿Qué hicieron los jerarcas de Barrio Otoya (cancillería) sin que el de Zapote (Presidencia) instruyera y ordenara ejecutar un golpe de timón en la política exterior, como líder de un control de mando con verdadera visión de estadista y más allá de mensajes sin fondo, actos ceremoniales intrascendentes y “campañitas” mediáticas de propaganda?
Con el avance de la crisis, la cancillería se limitó a convertirse en una especie de agencia de viajes para coordinar con gobiernos del resto del mundo el traslado a Costa Rica de los costarricenses que, por una u otra razón, quedaron atrapados o retenidos en esas naciones por el impacto de la pandemia en la conectividad aérea mundial. Nadie puede oponerse a esa labor de rescate de los costarricenses y el aplauso y la felicitación son merecidos.
¿Y qué más hizo cancillería, para trascender y demostrar que su concepción política global va más allá de una recepción calurosa en la pista del aeropuerto internacional Juan Santamaría o en los corrillos migratorios y aduanales de esa que es la principal terminal aérea de este país?
La Casa Amarilla se quedó ahí y no hizo nada más. La rampa del Santamaría fue su horizonte.
Por un lado, es claro que la tarea de rescate, encomiable sin la menor duda, pudo haber sido desplegada por los “carpinteros” de la cancillería. Por el otro, la jefatura de esos valiosísimos peones debió concentrarse en los asuntos duros, fuertes, desafiantes y sensibles de la pandemia desde una perspectiva de política internacional.
¿Cuáles? Los siguientes:
Nicaragua:
Frente a la irresponsabilidad, por omisión y por comisión, del régimen gobernante en Nicaragua de negarse a adoptar los protocolos urgentes para tratar de contener la propagación del contagio, Costa Rica reaccionó—para decirlo en términos futboleros—con una delegación de jugadores novatos. El sábado 21 de marzo de 2020, los jerarcas de Relaciones Exteriores, Seguridad Pública y Salud de los dos países se reunieron en el puesto fronterizo bilateral de Peñas Blancas, para “analizar acciones contra el Covid–19”, según un recuento de la cita difundido por la Casa Amarilla.
Pero el habilidoso aparato de poder en Managua despachó a pesos pesados—los legionarios—con abundante experiencia política, encabezados por un militar: Denis Moncada, canciller, consentido de Rosario Murillo—vicepresidenta, esposa del presidente Daniel Ortega y mandamás todapoderosa—ex embajador en la Organización de Estados Americanos (OEA) y amigo íntimo de la dinastía dictatorial.
La comitiva costarricense, sin experiencia en negociaciones duras y menos en zarandeadas de este tipo con Nicaragua, llegó a la cita con la meta de acordar con Managua un cierre total—o sea, todo, no a medias—a ambos lados de la frontera.
El objetivo era imponer un cerco sanitario para bloquear, de sur a norte y de norte a sur, el paso de personas con la única excepción de costarricenses viajando de Nicaragua a Costa Rica y nicaragüenses transitado de Costa Rica a Nicaragua. (Si el gobierno de Costa Rica sale ahora a decir que nunca pidió a Nicaragua el cierre de la frontera, entonces la respuesta es clara: ¡Apague y vámonos!)
A nombre de su gobierno, el general Moncada rechazó esas y otras opciones extremas. Si la representación nicaragüense aceptaba la propuesta (cajita blanca) de Costa Rica, para Nicaragua habría sido aceptar que la situación por la pandemia es grave y admitir que, para contenerla, urgía cerrar fronteras.
“El general y su gente se comieron a los emisarios de Costa Rica, con muy pocas horas de vuelo frente a los de Nicaragua”, me dijo un experimentado diplomático costarricense que en distintos foros internacionales se batió con argumentos sólidos con Moncada para derrotar sus arremetidas en contra de los intereses nacionales.
El resultado real de la reunión del 21 de marzo en Peñas Blancas es evidente.
Nicaragua todavía no cierra ni las playas o lagos y continúa en su carnaval de aglomeraciones y demás actos masivos en sitios públicos, convencida de que la sangre de los nicaragüenses derrotará al implacable virus. Nicaragua le dijo no a la lógica—y única—propuesta costarricense de blindar el sector limítrofe común.
Los novatos nacionales, algunos con desempeño notable en el torneo nacional y pobre fuera de las cuatro fronteras de Costa Rica, retornaron a San José sin conseguir el propósito político y sanitario. La consecuencia es que, a hoy, la frontera está abierta en Nicaragua y sus más de 300 kilómetros de longitud con trillos ciegos son un pasadizo problemático para Costa Rica.
¿Qué debieron hacer Zapote y Otoya frente a la negativa de los enviados del dúo gobernante atrincherado en un búnker fortificado del Barrio El Carmen, de Managua, de cerrar frontera, con lo que exponen la salud de los más de cinco millones de costarricenses a un riesgo mayor por el ataque del Covid—19 ante una migración irregular e incesante de nicaragüenses?
Luego del encuentro de Peñas Blancas, y en defensa férrea y valiente de la salubridad de los habitantes de y en Costa Rica, Presidencia y Relaciones Exteriores debieron denunciar internacionalmente la actitud de irresponsabilidad absoluta que Ortega y Murillo ratificaron el 21 de marzo. En estos momentos, y con la sanidad de los costarricenses de por medio, tampoco interesa que a Ortega y a Murillo les guste o disguste lo que haga Costa Rica: urge actuar.
Aquel devaluado con Costa Rica “no se juega” de otro inquilino de Zapote sigue todavía más depreciado si se evalúa la reacción de las autoridades costarricenses tras las afrentas del tenebroso y demencial matrimonio Ortega—Murillo, ya despojado de sensibilidad y decidido a jamás ceder.
En forma paralela, Zapote y Otoya debieron seguir por las siguientes vías:
Convocar a una Cumbre de las Américas Virtual, al cobijo de la OEA y sin necesidad de que ningún jefe de Estado y de Gobierno del continente tenga que viajar al exterior, en el complemento de una ofensiva diplomática desde San José sustentada en dos finalidades muy claras:
1—Volver a denunciar en un foro de esa dimensión interamericana que Nicaragua pone en peligro la salud del pueblo de Costa Rica, por negarse a dictar las medidas preventivas y reactivas internas por la incursión incesante del coronavirus y por impedir que, en un país con una fragilidad sanitaria tras casi dos años de hondo conflicto político, institucional y socioeconómico, los nicaragüenses sigan migrando a suelo costarricense como potenciales portadores del virus.
2—Como país sin ejército desde 1948, con abundante autoridad moral de nación que hace más de 71 años le declaró la paz al mundo y decidió gastar sus recursos en educación y salud, exigir a los restantes 34 gobiernos de América que, en lo inmediato y frente a los efectos sanitarios y socioeconómicos de la pandemia, recorten sus presupuestos militares y refuercen con urgencia los gastos en seguridad social.
¿Cuál es el consuelo de los argentinos al saber que su ejército, con la responsabilidad de defender la soberanía y la integridad territorial de Argentina, perdió un submarino que, además del saldo mortal del incidente, le significó un costo millonario en su presupuesto?
Viendo a Europa, ¿de qué le sirvió a Italia, en la catástrofe que se hundió por el azote del fenómeno, tener aviones supersónicos que apenas sirvieron en este escenario de tragedia humana para hacer dibujitos con los colores de la bandera italiana con sus chorros en el aire?
Sí, de nada. E igual sucede, por ejemplo, con los tanques rusos en Nicaragua o con los aviones rusos en Venezuela y con la avalancha de cuantiosa ayudar militar por décadas de Estados Unidos a América Latina y El Caribe.
En este contexto, los dos siguientes datos son contundentes:
Un recuento del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, principal centro global de monitoreo de presupuestos de defensa, reveló que América Latina y El Caribe (excepto Costa Rica) gastaron mil 485 mil 600 millones de millones de dólares de 1988 a 2018.
En contraste, la intergubernamental Conferencia Latinoamericana de Saneamiento mostró otro drama latinoamericano y caribeño: 14,3 millones de personas defecan al aire libre, 17,5 millones usan letrinas simples y solo 51,8% de sus 660 millones de habitantes tiene servicios seguros de saneamiento para eliminar excrementos.
Sin duda que el resultado de este tipo de gestiones internacionales es incierto y en especial en el contexto de la OEA. También lo es la iniciativa—valiosa y oportuna—que el Ministerio de Salud de Costa Rica lanzó en marzo pasado ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) para facilitar las condiciones de acceso a tecnologías en el combate al coronavirus.
Si los países americanos se niegan a recortar los gastos militares, pues que los organismos internacionales que hoy están recibiendo sus solicitudes de préstamos para luchar contra el Covid—19 entiendan que esas naciones están mandando un mensaje claro: los militares, sus armas y sus tropas son intocables, aunque la insalubridad y la vida de millones de personas esté bajo una amenaza con desenlace sin certidumbre.
De carambola, Costa Rica se instalará en un sitial de liderazgo y, a tres bandas, podrá tener puertas abiertas para acudir a recursos frescos y en condiciones favorables para la guerra verdadera: defender la salud de las personas que habitan en sus 51 mil kilómetros cuadrados.
Por eso, el 176 cumpleaños del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica que se celebró el 9 de abril demostró una reiterada triple ausencia de política internacional, de visión de estadista y de compresión geopolítica en Otoya y en Zapote.
Jerarcas del gobierno de Costa Rica se movilizan en lancha para una inspección en la zona fronteriza con Nicaragua este 10 de abril. Foto: Presidencia de Costa Rica.
(*) José Meléndez es un periodista costarricense que es corresponsal del periódico El Universal, de México, para América Latina y El Caribe, y que escribe para medios de comunicación de España, Colombia y Estados Unidos.
“La preocupación por el hombre y su seguridad debe ser el interés principal de todos los esfuerzos” (Einstein)
Manuel Hernández
Rescatar del olvido las comisiones de salud ocupacional
1.- La lucha global de los y las trabajadoras en la autodefensa de su salud
En varios países del mundo, el personal sanitario se manifiesta y protesta contra las condiciones precarias en que están prestando los servicios para acometer la pandemia, agravadas por la falta de equipos de protección personal.
El justificado reclamo se ha extendido a todos los rincones del planeta.
En Italia, el personal de algunos hospitales declaró una huelga, en media pandemia, exigiendo al Gobierno de Giuseppe Conte los implementos de protección personal, para prevenir contagios a pacientes, compañeros de trabajo y salvaguardar su propia vida y familia.
Lamentablemente en Italia ya han fallecido 80 médicos a consecuencia de la pandemia.
En New York, en el corazón de un imperio cuya fragilidad y profunda injusticia social quedó al descubierto, la lucha de las enfermeras ha sido un ejemplo mundial, quienes realizaron una manifestación para denunciar que las estaban mandando a la guerra sin armadura.
A principio de la pandemia, los y las trabajadoras del Museo del Louvre, cerraron dos días este establecimiento, ejerciendo su derecho de autotutela y resistencia, exigiendo condiciones de seguridad adecuadas y suministro de equipos de protección personal.
El día de hoy, médicos, enfermeras y personal sanitario de los hospitales de Bogotá y otros departamentos de Colombia, realizaron una manifestación demandando el mejoramiento de las condiciones de los servicios, EPP y el pago de los salarios que les tienen retrasados.
En estos países, y otros como Chile y Argentina, frente al avance irreversible de la pandemia y la vulnerabilidad de las condiciones en las que están laborando, los trabajadores están reivindicando la autotutela, el derecho de resistencia, la auto organización y la constitución de comités de seguridad e higiene, con la finalidad de defender su salud frente a los voraces intereses patronales.
2.- Las comisiones de salud ocupacional en la legislación costarricense
En nuestro país, el artículo 288 del Código de Trabajo, tristemente olvidado y recluido en esta pandemia, prácticamente en régimen de prisión domiciliara, establece que en cada centro de trabajo, donde laboren más de 10 personas, deben crearse y funcionar las comisiones de salud ocupacional, integradas de manera paritaria, por representantes del patrono y los trabajadores.
La finalidad de las comisiones es investigar las causas de riesgos del trabajo, determinar las medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan las disposiciones de salud ocupacional.
Por su parte, el Reglamento de las comisiones y oficinas de salud ocupacional dispone que las comisiones “tendrán como objetivo garantizar y ofrecer formas participativas de permanente diálogo y concertación en la construcción de soluciones en materia de salud ocupacional.” (artículo 4)[1]
Se trata, sin lugar a duda, de una norma de la mayor relevancia, de un alto contenido democrático, que promueve y garantiza la negociación permanente y la definición pactada de las decisiones en esta materia.
Este Reglamento establece que los empleadores están obligados a constituir las comisiones de salud ocupacional y facilitar todos los recursos que requieran para su funcionamiento, incluyendo los permisos remunerados de sus integrantes.
El decreto desarrolla las atribuciones que les competen a las comisiones, entre las cuales destacan, además de las contempladas en la ley, las siguientes:
Investigar las causas de los riesgos de trabajo.
Vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas.
Solicitar información de las estadísticas de los accidentes y los informes de riesgos que ocurran en el centro de trabajo (artículo 19).
Las comisiones constituyen una valiosa herramienta de organización y lucha de la clase trabajadora, en orden a la participación y negociación de las condiciones de salud ocupacional.
3.- La cuarentena en que están las comisiones de salud ocupacional
En el escenario de la emergencia sanitaria que estamos pasando, se vuelve imperativo que las comisiones de salud ocupacional asuman su protagonismo, la responsabilidad y el rol que les manda, ex lege, el ordenamiento jurídico.
No obstante su trascendencia, en el diseño político-institucional de la gestión de la emergencia sanitaria, las comisiones de salud ocupacional fueron completamente borradas del mapa.
Esta interdicción ilegítima de las comisiones de salud ocupacional refleja una política de gobierno e institucional unilateralista, que enerva el derecho de autodefensa de los trabajadores, un derecho irrenunciable, que no es negociable.
Es necesario rescatar del confinamiento las comisiones de salud ocupacional y potenciar su participación en todos los centros de trabajo del país, en fábricas, establecimientos comerciales y en las instituciones públicas, indistintamente que presten o no un servicio esencial.
Con mayor razón y manifiesta urgencia, es absolutamente impostergable poner en funcionamiento eficaz y permanente las comisiones de salud ocupacional de aquellas instituciones donde las y los trabajadores están en las trincheras de batalla contra la pandemia, particularmente la CCSS, cuerpos policiales, servicio de bomberos, AYA, recolectores de basura y otros colectivos laborales que configuran los servicios esenciales.
El gobierno y la gestión de la seguridad y salud de los trabajadores, no puede quedar a merced exclusivamente de las autoridades institucionales, patronos y empresarios.
Los trabajadores y trabajadoras tienen que redimir el derecho propio de participar activamente en la definición de las políticas y toma de decisiones en este terreno.
Los trabajadores y sindicatos deben exigir la activación de las comisiones de salud ocupacional, de manera inmediata, con la finalidad que cumplan el cometido de ley y contribuyan a la mayor protección de la salud de la población.
El coronavirus también seduce tentaciones autoritarias y pone en peligro los pocos mecanismos institucionales de participación democrática de la clase trabajadora costarricense.
La crisis que globalmente ha provocado el COVID-19 nos presenta una encrucijada a los pueblos de Abya Yala – América Latina. Las organizaciones populares somos la primera línea de resistencia frente a las peores expresiones del sistema en descomposición:
Estamos atravesando una crisis integral que amenaza la vida en todas sus formas. El COVID-19 se transformó en pandemia en un momento de agudización de la crisis capitalista y de reiterados intentos desde el poder económico de que la clase trabajadora cargue a sus espaldas con la recomposición de la tasa decreciente de ganancia empresarial; que confluye con el debilitamiento de los sistemas de salud, el deterioro de las condiciones de vida y el despojo de lo público como resultado del giro neoliberal. La asfixia a la que nos someten la deuda externa, los organismos internacionales y el agobio permanente del imperialismo contra nuestra soberanía le dan forma a un escenario que anticipa las graves consecuencias.
En una América donde nos negamos a aceptar los ajustes estructurales y el desembarco de nuevas políticas imperialistas, y donde nuestros pueblos han encarnado importantes levantamientos populares en los últimos meses, la pandemia se ha convertido en una excusa para legitimar la presencia de las fuerzas armadas en nuestros territorios e implementar medidas de ajuste y el deterioro de las condiciones de existencia de la clase trabajadora. Asimismo, esta crisis puso de manifiesto nuevamente la brutalidad de la violencia patriarcal sobre las mujeres y disidencias sexuales, así como la exclusión histórica de los pueblos indígenas y afrodescendientes expuestos a enfrentar la pandemia en condiciones de vulnerabilidad extremas.
Como es la mejor tradición de nuestra gente, somos las organizaciones del pueblo, obreras, campesinas, de pueblos originarios, feministas, afrodescendientes, piqueteras, de pobladoras/es, de los barrios, las que estamos poniendo el cuerpo, la cabeza y el corazón en desarrollar respuestas inmediatas, pero también para proyectar una salida a esta crisis que no sea una vuelta atrás a la salvaje normalidad capitalista, sino un camino hacia una sociedad distinta. Ello será posible si tomamos lo mejor de nosotros como pueblos, los lazos comunitarios y de unidad popular, territorial y regional, que alimentemos durante esta batalla, serán parte del tejido que construya los horizontes de transformación en Abya Yala.
Ante la falta de vivienda ocupamos territorios y construimos casas; ante la falta de trabajo organizamos cooperativas, recuperamos fábricas y enfrentamos cierres, despidos y suspensiones; ante el ataque patronal peleamos por mejores condiciones de trabajo a través de huelgas; ante la falta de educación generamos escuelas; ante la opresión hacia las mujeres y disidencias construimos feminismos populares; ante la explotación construimos organización sindical de base y luchamos contra la precarización y por salarios dignos hasta las últimas consecuencias; contra el hambre construimos comedores y merenderos populares; ante la crisis climática desarrollamos la agroecología; frente el monocultivo y el monopolio de los alimentos, construimos territorios campesinos agroalimentarios para garantizar la soberanía y autonomía alimentaria; ante la militarización, el paramilitarismo y el narcotráfico hacemos sustitución de cultivos y luchamos contra la violencia estatal. Nuestra alternativa es de vida contra los que nos proponen muerte.
Frente a la política de fronteras cerradas y de fragmentación, y frente a la xenofobia y el neofascismo que proponen desde arriba, retomamos el horizonte de la solidaridad continental y la unidad de los pueblos.
Frente a las políticas de los y las capitalistas, para usar la crisis como revestimiento del ajuste, profundicemos y replanteemos nuestras luchas históricas por la defensa de los territorios, la vida y la socialización de las riquezas, construyamos poder popular y comunitario.
Por eso, exigimos a los gobiernos y llamamos a los pueblos:
1. Priorizar la vida sobre la deuda. No al pago de la deuda externa, investigación exhaustiva y condonación de la misma. Es criminal que se escatimen fondos a la salud y los derechos, por pagar las obligaciones con el FMI y otros acreedores. Los sistemas de salud y de protección social para enfrentar la pandemia son la prioridad. Necesitamos recuperar nuestra riqueza estratégica y el manejo de bancos y comercio exterior, fuente permanente de la sangría económica de los países latinoamericanos. Solo una política de soberanía económica, desde el avance del poder popular, puede aliviar la crisis económica y la mundial que estamos empezando a vivir.
2. Combatir las desigualdades. Impuesto extraordinario a los ricos, a la ganancia de los bancos y las grandes empresas, a los que fugaron capitales. Que los gobiernos asuman el papel de eliminar las desigualdades promovidas por el mercado, que las inversiones necesarias en políticas de emergencia se financien enfrentando la concentración de la riqueza, no con rebajas salariales a los trabajadores. Reorientar las líneas de producción de las grandes empresas para la generación de insumos destinados a combatir el coronavirus, así como las enfermedades que soportamos sin atención del Estado como la desnutrición, el dengue, el chagas y la tuberculosis.
3. Fortalecimiento urgente de los sistemas de salud pública. Inversión urgente y prioritaria en el sistema público de salud, estatización de la salud privada y fortalecimiento de las medidas de contención pandémica por parte de los estados. La pandemia reafirma la necesidad de que todos y todas reciban asistencia de salud universal, fortaleciendo la promoción pública de estos servicios. Que los Estados tomen control de la producción y administración de todos los insumos necesarios para enfrentar la crisis con participación y control de los y las trabajadoras. Eliminación del sistema de patentes sobre los medicamentos para desarrollar con plenitud la investigación y aplicación científica para resolver los problemas humanos, y reconocimiento a la medicina originaria y ancestral.
4. Por trabajo con todos los derechos. Ingreso universal garantizado para todas y todos, prohibición de despidos y suspensiones. Es esencial reconocer los derechos de las y los trabajadores para vivir una cuarentena digna. Que esta emergencia no sea la excusa para seguir avanzando en la precarización del trabajo. No al cierre de empresas, apoyo estatal a su ocupación y recuperación por parte de los y las trabajadoras.
5. La vivienda y el hábitat digno como derecho social. La cuarentena solo puede realizarse bajo un techo, con servicios básicos garantizados y en un barrio saludable. Es necesario suspender desalojos, pagos de alquiler y de servicios; las políticas de hábitat deben direccionarse hacia una reforma urbana integral que garantice el acceso a la vivienda en barrios dignos para todas las familias trabajadoras. Acceso universal al agua, luz y gas y urbanización de los barrios populares: no hay lucha contra la pandemia sin que todas las personas puedan tener agua potable, gas y acceso a la electricidad en el hogar, barrio o comunidad. Ni casas sin personas, ni personas sin casas. Requisición de propiedades vacías para la población en situación de calle y albergues populares.
6. Enfrentar el hambre y garantizar la alimentación universal. Priorizar el financiamiento y el rol de la agricultura familiar cooperativa, comunitaria y agroecológica en el abastecimiento de alimentos para el pueblo, comedores, merenderos y cocinas comunitarias: es necesario avanzar en la promoción del acceso a los alimentos, como una forma de impulsar la economía y no causar una crisis de suministro. Garantizar una canasta básica con precios regulados y exentas de impuestos. Exigir sanciones a la especulación con los precios el acaparamiento de supermercados e intermediarios. Condonación de las deudas de los campesinos y campesinas, la redistribución de la tierra productiva e implementación de sistemas de protección y colonias agroecológicas con financiamiento del Estado.
7. Contra la mercantilización de la naturaleza. Necesitamos recuperar la soberanía sobre nuestros bienes comunes como el agua, el gas, el petróleo, la tierra, riqueza estratégica que es usurpada por pulpos económicos con la complicidad de gobiernos y la burguesía local. Pleno respeto a los territorios de los pueblos y replanteo del modelo económico y extractivo. La explotación de recursos naturales debe respetar a la madre tierra como así a los pueblos que la habitan.
8. Fortalecimiento del cerco sanitario y asistencia humanitaria con garantía de soberanía de los territorios a pueblos originarios, nacionalidades indígenas y afros. Especialmente a todo aquellos cuyo hábitat se encuentra en ecosistemas vitales como la Amazonía, para quienes la amenaza epidemiológica puede significar un etnocidio. Fortalecimiento del gobierno propio y sus sistemas para la pervivencia territorial y cultural de la vida de los pueblos indígenas y afros. Prohibición de desalojos y acciones que violen la soberanía de los pueblos indígenas.
9. Políticas reales para enfrentar la violencia machista. Con las medidas de aislamiento social, existe la posibilidad de aumentar la violencia doméstica y otras formas de violencia contra las mujeres. Que para las mujeres, cis y trans, la expansión de las plataformas tecnológicas para garantizar su uso cuando la violencia contra las mujeres es un hecho no es suficiente para prevenirla y erradicarla. Presupuesto para prevenir femicidios y transfemicidas. Refugios para personas en situación de violencia, entrega de subsidio económico especial a sobrevivientes. Planes de empleo y educación orientados hacia mujeres y disidencias.
10. Más prevención, no a la represión. Muchos gobiernos han utilizado el contexto del coronavirus para intensificar la lógica represiva y de vigilancia, y para aumentar el encarcelamiento de los más pobres, de líderes comunitarios, defensores y defensoras de derechos humanos. Es hora de reducir la población carcelaria como un problema de salud pública. También es necesario revalorizar las autoridades propias y las guardias comunitarias, indígenas y populares que cuidan los territorios ancestrales y están siendo un efectivo organismo comunitario para cuidar la vida en el campo y en la ciudad.
11. No a la intervención política, económica y militar imperialista. Rechazamos de manera categórica el uso de la crisis como excusa para una intromisión militar en Venezuela por parte del imperialismo yankee y sus socios, el asesinato permanente de líderes indígenas, afrodescendientes y populares en Colombia, la feroz represión de los regímenes golpistas en Bolivia y Honduras, del gobierno antipopular de Piñera en Chile, así como la expansión de proyectos extractivos en territorios indígenas, afrodescendientes y campesinos. Exigimos que se levanten los bloqueos hacia Cuba y Venezuela.
12. Ayuda Humanitaria Internacionalista. Exigimos a los gobiernos que soliciten ayuda humanitaria a Cuba y a otros países que han desarrollado experiencia técnica para enfrentar la pandemia y que pueden ayudar a contener el brote de Covid-19 en las ciudades donde la pandemia se ha expandido con más crudeza, cómo Guayaquil y San Pablo.
Contra la riqueza de pocos, por la lucha de los pueblos ¡Por la vida, no el FMI! Como luchan los pueblos latinoamericanos: Diciendo-haciendo, diciendo-haciendo, diciendo-haciendo, ¡carajo! ¡Solidaridad internacionalista, YA!
Adhesiones:
fru@resistencia-urbana.org comunicacion@conaie.org CONAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-Ecuador Congreso de los Pueblos-Colombia MTST Movimiento de Trabajadores Sin Techo-Brasil CONFENIAE Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana Ecuador FPDS Frente Popular Darío Santillán-Argentina ONIC Organización Nacional Indígena de Colombia-Colombia FOL Frente de Organizaciones en Lucha- Argentina Ukamau-Chile CRBZ Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora-Venezuela CNTE-SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación-México AUTE Sindicato Electricista-Uruguay Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’Kej- Guatemala CNA Coordinador Nacional Agrario-Colombia Movimiento de los Pueblos/por un socialismo feminista desde abajo.(Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional-Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social – Izquierda Latinoamericana Socialista-Movimiento 8 de Abril)-Argentina CLOC (ANAMURI, Ranquil, Conaproch, Red Apícola Nacional, ANMI)-Chile FENASIBANCOL Federación Nacional de Sindicatos Bancarios Colombianos-Colombia MPA Movimiento de Pequeños Agricultores -Brasil CRIC Consejo Regional Indígena del Cauca-Colombia UTT Unión de Trabajadores de la Tierra-Argentina PCN Proceso de Comunidades Negras-Colombia CONAMURI Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas – Paraguay União Nacional de Trabaladoras(es) Camelôs, Feirantes e Ambulantes do Brasil-Brasil MICC Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi – Ecuador PAPDA Plate-forme haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif-Haiti Comisión Intereclesial de Justicia y Paz-Colombia Feminismo Comunitario Antipatriarcal – Bolivia Movimiento Insurgente – Bolivia. MNCI Movimiento Nacional Campesino Indígena “Somos Tierra”- Argentina CENPAZ Coordinación Nacional de Paz-Colombia MBL Movimiento de Barrios en Lucha-Ecuador Brigadas Populares-Brasil Zona humanitaria de San pedro del Ingara Chocó Territorio de paz-Colombia UNORCAC – Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi – Ecuador MTD Aníbal Verón-Argentina FOB Autónoma-Argentina FOB La Libertaria-Argentina MTR por la democracia directa-Argentina FAR Frente Arde Rojo/COPA-Argentina Frente Popular – Ecuador Coordinadora Simón Bolívar-Venezuela Radio al Son del 23-Venezuela Plataforma de Lucha Campesina- Venezuela Colectivo Caminos Verdes-Venezuela FNL Frente Nacional de Lutas -Brasil Movimiento de Mujeres por la Vida de Cajibio y Popayán-Colombia Comité por la Abolición de las deuda ilegítimas CADTM Abya Yala Nuestra América (Colombia, Haití, Uruguay, Argentina, Venezuela, Brasil y Puerto Rico) Red Emancipa de Educación Popular-Brasil Feministas del Abya Yala MPLT Movimiento Pueblo Lucha y Trabajo-Argentina Pañuelos en Rebeldía-Argentina Red de la Diversidad-Bolivia Escuela Popular Permanente-Chile Juntos! – Juventud en Lucha-Brasil FECAOL Movimiento Nacional Campesino – Ecuador Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Transporte (ASOTRASET) – Ecuador Corriente Sindical Carlos Chile-Argentina Colectivo Whipala-Bolivia Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda de Colombia OLP Resistir y Luchar-Argentina Colectivo Alexis Vive-Venezuela Colectivo Editorial Marcha Venceremos Partido de Trabajadores-Argentina Corriente Social y Política Marabunta-Argentina Convergencia 2 de Abril-Chile Democracia Socialista-Argentina ASL Acción Socialista Libertaria-Argentina La Junta-Perú. Venceremos Abriendo Caminos-Argentina ORG Organización Revolucionaria Guevaristas-Argentina Organización Política Presentes por el Socialismo «PPS» – Colombia CPI Corriente Política de Izquierda -Argentina Secretaria Migrantes y Refugiados UTEP-Argentina Asamblea Pachamama-Uruguay Comunidad Mapuche Los Toldos-Argentina Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador-Ecuador Movimiento Mujeres Por la Vida-Venezuela Unión Comunera-Venezuela Voces Urgentes-Venezuela Espacio Pedagógico Cultural Fénix-Argentina Movimiento de Jóvenes por la Patria (JPP-PPT)-Venezuela Amigos da Terra-Brasil Centro de Derechos Económicos y Sociales CDES-Ecuador Red Feminista Ecosocialista de Ecuador-Ecuador Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura (CPOOEM)-México Red de Medios Digitales de comunicación comunitaria y alternativa del Ecuador Infórmate Pueblo-Ecuador FURIA TRAVA colectiva de travestis feministas abolicionistas-Argentina Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)-México Nueva Central de Trabajadores (NCT)-México ANUEE (Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica)-México Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores-México Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)-México Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT)-México Frente Socialista-México Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador CUCOMITAE-Ecuador Fórum da Amazônia Oriental FAOR-Brasil ICA Iglesia Cristiana Ágape-Honduras Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza-Argentina Asamblea Vecinal ( vecinos en lucha)-Argentina Fuera la subestación Rigolleau ( contra la contaminación de los campos CEM)-Argentina Red de barrios irradiados de la R. A.-Argentina FUNDACIÓN AUDIOVISUAL INDÍGENA WAYAAKUA-Venezuela MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE INDÍGENA DE VENEZUELA MICIV-Venezuela FUNDACIÓN PUEBLO INDIO DEL ECUADOR-Ecuador Amigos da Terra America Latina e Caribe-ATALC Conselho indigenista Milionário-CIMI-Brasil UNIDAD POPULAR DE ECUADOR-Ecuador Grupo Carta de Belém-Brasil Jubileo Sur/Américas Jubileu Sul Brasil Asociación Colombiana de Educación al Consumidor-Colombia Tatagua Colectiva Feminista Conurbano sur Bs.As- Argentina Comité Oscar Romero de Cádiz-España Espacio cultural, político y social La Casita en Marabunta-Argentina Comité Oscar Romero-SICSAL-Chile. Fundación Helmut Frenz de Educación en Derechos Humanos-Chile. Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas-Chile. Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador-Ecuador TALLER DE «J»ORMACIÓN ESTUDIANTIL RAÍCES – TJER-Colombia Coordinadora indígena Popular Autónoma (CINPA) Oaxaca -México Colectivo de mujeres en Resistencia «Sinchi Warmi» – Ecuador SOA Watch – Observatorio de la Escuela de las Américas Propuesta TATU VÓRTICE ESTUDIANTIL ALTERNATIVO Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social Solidaria para Latinoamérica (RIPESS LAC) Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC)-Republica Dominicana La Red Nacional de Organizaciones de Economía Solidaria (REDESOL)-Republica Dominicana. Movimiento Rebelión o Extinción-Argentina Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador OMASNE-Ecuador Fuerza de Bases-Chile MPL (Movimiento Popular Liberación)-Argentina CCRS (Corriente Clasista René Salamanca)-Argentina
Enviado a SURCOS por Carlos Alberto Hernández Porras.
A LAS AUTORIDADES, COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
El Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) acompañado por el Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena, comunica su preocupación, al entrar a partir de hoy jueves 09 de abril 2020, Jueves Santo, en los días más “inseguros” para las Comunidades Indígenas, cuales son Jueves – Viernes – Sábado y Domingo Santos, días en los que en los últimos 10 años, en varias oportunidades, grupos de personas usurpadoras No Indígenas y sus secuaces, han aprovechado para realizar actos de agresión y vandalismo en contra de familias, viviendas y agricultura de nuestras Comunidades, en especial contra las Fincas Recuperadas del Proceso de Afirmación Territorial Autónoma (PATA).
NO es la primera vez que estas personas violentas, realizan actos delictivos, en días feriados, como es la Semana Santa, la Navidad y Año Nuevo, e incluso feriados de “fin de semana largos”; por ello, comunicamos esta ALERTA TEMPRANA, ante las Autoridades Nacionales y ante Instituciones y Organismos Internacionales, a fin de que se mantenga y refuerce la vigilancia, en nuestras Comunidades, que garanticen nuestra integridad física y la vida, así como nuestras pertenencias y cultivos.
Está aún muy reciente, (el pasado 24 de febrero), el asesinato de Jery Rivera Rivera, compañero activista recuperante Brôrán, de Térraba, a pesar de la Alerta Temprana emitida por el FRENAPI una semana antes; todo en medio del llamado a la violencia y de una movilización de No indígenas, pública y notoria, encabezadas por mismas autoridades municipales, eclesiales (de varias religiones), empresarios locales y otras instancias Estatales, como algunas Asociaciones de Desarrollo Indígenas (ADIs), quiénes desde Buenos Aires, organizaron e incentivaron actos que mantuvieron por 22 días la zozobra y el vandalismo antisocial contra varias de nuestras Comunidades, en especial los Territorios Indígenas de: Térraba (Brörán), Cabagra (Bribri) , China Kichá (Cabécar) y Salitre (Bribri), este último Territorio, es uno de los más agredidos, tanto así que 15 días antes del asesinato de Jery Rivera, el 9 de febrero, fue atacado y herido a balazos el compañero activista y recuperante Bribri, Minor Ortiz Delgado, de la Comunidad de Río Azul. Es el Territorio Salitre, que 11 meses antes, sufrió el asesinato de uno de sus dirigentes, el compañero Sergio Rojas Ortiz, miembro del Consejo de Autoridades Propias Cuidadores de la Madre Tierra (Ditsö Iriria AjKönuk Wapka de Salitre), fundador y miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), Defensor de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
Durante los días siguientes al asesinato tanto de Sergio (2019) como de Jery (2020), la persecución, el racismo, las amenazas de muerte y agresiones directas aumentaron, siendo que hemos publicado y denunciado, los sitios virtuales en los que aparecen esas amenazas, así como los nombres de compañeras/os indígenas amenazadas/os y agredidas/os, muchas/os de ellos y ellas integrantes del Frente (FRENAPI); todas/os líderes/lideresas y activistas del Movimiento Autonomista de los Pueblos Indígenas en Costa Rica.
A la Comunidad Nacional e Internacional, a los Movimientos Sociales, hacemos un llamado a estar atentas/os, a velar junto a nosotras/os. Esperando que no suceda nada grave, en nuestros Territorios, por eso este Comunicado de Alerta Temprana.
Sabemos de las múltiples tareas en que se encuentra el Gobierno y la Fuerza Pública, a causa de la pandemia por el COVID-19, lo que agradecemos como costarricenses. Sin embargo, reiteramos nuestra solicitud de NO descuidar la vigilancia, en nuestros Territorios, pues la experiencia nos dice que estas personas inescrupulosas y violentas no pierden oportunidad para agredirnos y provocar daños; en el entendido que vamos a seguir en la lucha, defendiendo nuestros Derechos a la Tierra/ Territorio sin dar un paso atrás.
¡Nuestros Pueblos merecen vivir en Paz! ¡JUSTICIA YA! ¡NO MAS IMPUNIDAD! SERGIO Y JERY VIVEN ¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE! #SergioRojasVIVE #JeryRiveraVIVE FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI) Acompaña: Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena 9 DE ABRIL, 2020
Las personas participantes del Técnico en Gestión Local del Pacífico Central (UNED) obtendrán conocimientos teóricos y prácticos para la elaboración de diagnósticos participativos; mapeos sociales, culturales y ambientales; propuestas; proyectos; planes o estrategias para mejorar el quehacer de las organizaciones en las cuales participan y el entorno en el que se desenvuelve. Además, conocerán herramientas para la investigación comunitaria, la planificación y la evaluación de procesos e incidencia política.
El Técnico en Gestión Local es una oferta académica de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), la cual se ha implementado desde el año 2001 en distintas regiones del país. Su objetivo es fortalecer las capacidades de líderes y lideresas que trabajan por el desarrollo de las comunidades y el bienestar social.
Este programa académico tiene una duración de un año y medio, período que se divide en dos etapas:
La primera etapa, consiste en un proceso de capacitación de 6 cursos, cuyas sesiones presenciales se programan los sábados cada 15 días en la mañana y la tarde. No obstante, es necesario que la persona del técnico disponga de 8 horas adicionales de la semana para realizar trabajos, consultas, investigaciones o lecturas. Durante esta etapa, las personas estudiantes formulan una iniciativa de desarrollo comunal de forma participativa. La iniciativa de desarrollo comunal no necesariamente es un proyecto complejo, puede ser un ejercicio puntual en donde la persona participante en vinculación con las fuerzas vivas comunales contribuya a resolver problemas locales. Con esta iniciativa, se espera que las personas estudiantes pongan en práctica las herramientas adquiridas durante las clases y promuevan la gestión local del desarrollo.
Algunos ejemplos de las iniciativas que desarrollan van en las siguientes temáticas:
Procesos educativos que permitan generar cambios en la sociedad (ambientales, sociales, culturales, productivos, derechos humanos, discapacidad, entre otros).
Procesos que promuevan la organización comunal para la atención de problemas de seguridad.
Organización de espacios culturales y recreativos.
Construcción de políticas (en temas ambientales, culturales, sociales, económicos)
Organización de conversatorios, foros o actividades que buscan la unión comunitaria.
Una segunda etapa, período en el cual las personas estudiantes ponen en práctica sus iniciativas de desarrollo comunal y la UNED brinda seguimiento, esto con el propósito de ofrecer asesoría técnica y capacitación para la resolución de problemas encontrados durante la ejecución.
Para esta promoción del Técnico en Gestión Local, estamos concluyendo con la formación de 25 personas en gestión local para toda la Región del Pacífico Central.
La emergencia nacional por el COVID-19 nos obligó a generar un Plan de Contingencia Educativo y atender a las personas estudiantes con una metodología de educación a distancia para concluir su proceso de formación.
Estas personas han tenido que superar obstáculos dada su condición de población vulnerable, por la condición económica actual por la crisis, por el tema de la movilidad y el acceso a internet de calidad. Pero, nada de esto ha sido un impedimento para estas personas luchadoras sociales del Pacífico Central. Su empeño y convicción permiten el logro de su sueño de terminar su proceso de formación y obtener su título que los acredita como Técnicos en Gestión Local.
Puede ver esta galería de fotos:
Grupo TGL Pacífico Central
En este video realizado por Isaura Umaña Ramos se puede ver parte de la vivencia del grupo:
Información de Rafael López Alfaro, docente del Programa de Gestión Local de la UNED.
Durante los últimos treinta años una cúpula empresarial-política-académica ha orientado a la agricultura bajo la tiranía de la agroexportación, modelo que obliga a importar entre el 70 y el 80% de la comida de un país como Costa Rica. Hoy el agronegocio comienza a estar en crisis, debido al cierre de las fronteras dónde la mayoría de los productos vinculados al comercio exterior no puedan ser llevados a su destino final, al mismo tiempo, que los países del norte están reteniendo sus cosechas de los granos básicos previendo desabastos.
El fracaso del modelo de la agroexportación en un contexto de crisis sanitaria se resume en las declaraciones de la Cámara de Exportadores, la cual asegura que: “No podemos dejar que el pequeño agricultor no produzca, en tres meses la comida escaseará, vamos a tener escasez de alimento en todo el mundo”.
Hoy son estos mismos empresarios quienes dicen que debemos sembrar alimentos para el autoconsumo para disponer en el corto plazo. Son justamente los dueños del agronegocio los que siempre se ha beneficiado del dinero público para impulsar sus negocios privados, por encima del pequeño agricultor. Son los piñeros, bananeros y en general agroexportadores los que han acaparado el agua, arrinconado a las comunidades campesinas, esclavizado a los peones, contaminado el campo con agrotóxicos y sobretodo han mamado del dinero público. Por eso, ahora es ridículo que estén repartiendo por las calles piñas y melones rancios desechados de la agroexportación y haciéndose fotos para que la prensa les haga reportajes.
Recordemos que el sector agroexportador está muy concentrado en pocas manos. De casi cuatro mil empresas autorizadas para exportar, 76 acaparan el 66,5% de las ganancias. Para el sector agrícola es más dramático porque solo 10 empresas concentran más del 51% de los ingresos por la venta de productos frescos fuera de Costa Rica, y la mayoría son corporaciones trasnacionales.
El modelo del agronegocio ha fracasado y ha puesto en peligro la soberanía alimentaria (el derecho a tener alimentos en cantidades y calidades necesarias). Hoy son los mismos exponentes del agronegocio los que admiten su fracaso.
Pese a esto, el Gobierno de Carlos Alvarado parece seguir ciegamente sus indicaciones y aceptando sus abusos. La propuesta de UCCAEP es ridículamente suicida. Certificar y patentar semillas e importar más agroquímicos es más de lo mismo que nos ha traído hasta acá, a la inseguridad alimentaria. A tal punto de estar a tres meses de no conseguir alimento y no podamos estar fuertes en medio de una emergencia sanitaria, cuando es más urgente gozar de buena alimentación.
Es urgente y determinante que el país genere las condiciones para una revolución agroecológica. La calve para el futuro es justamente no repetir los errores del pasado. La producción agrícola descentralizada, pero articulada y comercialización a nivel local, fuera de los circuitos de distribución de las grandes cadenas de supermercados especuladores.
Es clave potenciar la agricultura urbana, sustituir los agrotóxicos por prácticas agroecológicas. Es necesario dotar de tierras a campesinos, sobre todo a personas jóvenes sin tierra. Es importante que el Estado deje de engordar los privilegios de la agroexportación de mercancías y apoye la producción de alimentos. La agricultura a pequeña escala puede alimentar al mundo, se reporta que campesinos y campesinas de todo el planeta producen el 70% de la comida con tan solo el 25% de la tierra cultivable (ETC, 2017). Por lo tanto, es un hecho comprobado que la justicia en el campo nos llevaría a ser un pueblo más resistente a eventos extremos como pandemias y la crisis climática.
Desde el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), se nos comunica que tienen disponible hospedaje a precios solidarios para personas que hayan tenido problemas en este momento de cuarentena: «Porque creemos que solamente con el apoyo mutuo es posible sortear estos momentos difíciles».
El Contexto Latinoamericano y Caribeño desde antes de la crisis producida por la pandemia del COVID 19, estaba atravesado por una ofensiva neoliberal en distintas dimensiones (política, económica, socioambiental, cultural) que se había extendido por toda nuestra región con una fuerza inusitada en los últimos dos años: el golpe de Estado de Bolivia, el viraje del gobierno en Ecuador, la agresividad del gobierno Brasileño, el creciente bloqueo a Cuba y Venezuela y el resultado de las recientes elecciones en Uruguay reflejan las dinámicas de polarización que se gestan en este marco junto con las crisis abiertas y movilizaciones populares en Haití, Ecuador, Chile y Colombia, la caravana de migrantes centroamericanos, o la derrota del partido Cambiemos en Argentina. Estos y otros factores como el creciente número de dirigentes sociales y ambientales asesinados especialmente en Colombia, aunque también en otros países como Costa Rica, visibilizan la magnitud de esta ofensiva y la polarización que ella produce con respecto a propuestas y movimientos progresistas.
En estas circunstancias, llega la crisis producida por la pandemia del Corona-virus, actualmente en proceso de crecimiento con consecuencias imprevisibles para nuestra región y para nuestro planeta. El análisis de su impacto en las relaciones económicas, políticas, sociales, ambientales y culturales de nuestras sociedades deberá ser un eje central de nuestra acción en los meses venideros.
Por eso, en este contexto se ha hecho aún más necesario disputar desde la Educación Popular el modelo de sociedad al que aspiramos desde una ética del cuidado de la vida y en políticas en beneficio de las mayorías. Retomar, resignificar y recrear la dimensión profunda del sentido de nuestras prácticas y procesos organizativos en función de otro modelo civilizatorio que reemplace al actual modelo cuya crisis se agudiza con esta pandemia. Ante este contexto y las circunstancias que vivimos actualmente en el inicio del año 2020, podemos identificar algunos desafíos presentes para nuestros procesos:
Comprender el impacto que tiene y tendrá la pandemia Covid-19 en todo el marco de relaciones de nuestras sociedades, identificando cómo las políticas de privatización (en especial de los servicios de salud) afectan las capacidades de respuesta a una emergencia sanitaria de esta magnitud, así como la necesidad de repensar y redefinir otras relaciones económicas, sociales, ambientales y culturales basadas en otra ética, en otro sentido de la vida (pensar en nuestras sociedades post coronavirus y actuar para conseguirlas).
Comprender críticamente al neoliberalismo, desnudado por la pandemia, en su dimensión simbólica y cultural como productor de subjetividades y en su capacidad colonizadora de sentidos a partir de una racionalidad individualista, competitiva y consumista, para construir otra visión del mundo, otra ética y otras subjetividades desde propuestas políticas y acciones solidarias y colectivas centradas en el bien común.
Analizar críticamente los modelos de intervención ante la pandemia, utilizados por los distintos regímenes latinoamericanos y sus resultados. Identificar el papel de las políticas públicas ante estas situaciones de vulnerabilidad, así como los impactos diferenciados que esta situación provoca y las estrategias que pueden evitar una profundización de la desigualdad que ya afecta de manera más grave a sectores como las mujeres, personas trans, pueblos indígenas y comunidades campesinas, personas migrantes, iniciativas productivas desde la economía informal, etc.
Identificar, promover, sistematizar y visibilizar prácticas alternativas de solidaridad, intercambio desinteresado, ayuda mutua y participación social generadas durante esta crisis, para poder proyectarlas como prácticas democráticas y democratizadoras que se llevan a cabo desde otros paradigmas que el actualmente hegemónico basado en el mercado, las salidas individuales y el lucro.
Caracterizar las distintas formas de ejercicio de poder que se enfrentan a las lógicas del neoliberalismo y del autoritarismo que utiliza formalidades democráticas, reflexionando sobre las nuevas formas de construcción de procesos organizativos, de resistencia y de re-existencia con la participación de nuevos actores sociales y políticos.
Impulsar acciones y propuestas de descolonización y despatriarcalización de las formas de concebir y organizar las relaciones sociales y económicas, generando otros espacios y criterios de acción basados en la lógica del Buen Vivir, la Economía Social y Solidaria, y el cuidado mutuo y de la naturaleza de la que formamos parte.
Estamos viviendo un cambio de época que puede constituir una oportunidad para que –desde los procesos de educación y participación popular- impulsemos con mayor fuerza el desmonte de las lógicas y patrones culturales capitalistas, patriarcales, extractivistas, individualistas, racistas y coloniales y que desde las prácticas solidarias podamos construir espacios, propuestas, proyectos, programas que protagonizados por los sectores populares se constituyan en los nuevos referentes de otra manera de vivir. El CEAAL asume este desafío de ser movimiento transformador con decisión y compromiso, pero también con humildad, sabiendo que sólo será posible si ampliamos nuestro campo de alianzas, articulaciones y vínculos con otros movimientos, organizaciones y sectores sociales, siendo parte activa de un movimiento mucho más amplio y convergente de transformación.
