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Etiqueta: crímenes

Información desclasificada sobre la DINA: «una fuerza policial tipo Gestapo» en Chile

El 18 de junio de 1974, el registro oficial de la dictadura militar chilena publicó el Decreto 521 sobre la creación de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta responsable de algunos de los crímenes de derechos humanos más emblemáticos del régimen. Para conmemorar el 50º aniversario de la creación oficial de la DINA se publica una colección curada de documentos desclasificados de la CIA, la DEA, el FBI y el Departamento de Estado, junto con registros chilenos clave, que reflejan la historia de las horribles atrocidades contra los derechos humanos y los crímenes terroristas de la DINA.

El decreto firmado por el general Augusto Pinochet y otros miembros de la junta militar estableció oficialmente la DINA con el «propósito de producir requerimientos de recolección de inteligencia para la formulación de políticas, planes y adopción de medidas requeridas para la seguridad y el desarrollo del país», pero la medida también incluía tres artículos secretos que facultaban a la DINA a operar como una fuerza de policía secreta para vigilar, arrestar, encarcelar y eliminar a cualquier persona considerada opositora al régimen. El nuevo decreto dio «bendición legal/oficial a una organización que ya está plenamente activa», informó el agregado de Defensa de Estados Unidos a Washington. Otros miembros del ejército chileno consideraron la orden de la junta como «los cimientos sobre los que se construirá una fuerza policial tipo Gestapo».

La DINA fue creada como una organización militar fuera de la cadena de mando militar, reportando directamente a Pinochet como jefe de la junta. Como decían los artículos secretos del decreto, la nueva Dirección de Inteligencia Nacional era la «continuación de la Comisión DINA» creada en noviembre de 1973, sólo ocho semanas después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Para cuando se inauguró oficialmente, la DINA ya era la fuerza de seguridad más temida de Chile, si no de toda América Latina. «Hay tres fuentes de poder en Chile», le informó un oficial de inteligencia chileno a un agregado militar estadounidense a principios de 1974: «Pinochet, Dios y la DINA».

Como principal organismo del aparato represivo del régimen, la DINA se hizo tristemente célebre por sus centros secretos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de cientos de civiles y actos de terrorismo internacional. La siniestra fuerza de la policía secreta, según un informe especial del Senado basado en documentos aún clasificados de la CIA, llegó a tener 3.800 oficiales, operativos y personal administrativo —la cifra está mal escrita en el informe como 38.000— con un presupuesto anual de 27 millones de dólares. Según ese estudio, la DINA «se estableció como un brazo de la presidencia, bajo el control directo del presidente Pinochet». El director de la DINA, coronel Manuel Contreras, según la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, «ha reportado y recibido órdenes únicamente del presidente Pinochet».

A medida que expandía sus operaciones, DINA también recibió apoyo organizativo de la CIA. En febrero de 1974, Pinochet pidió personalmente al subdirector de la CIA, Vernon Walters, que ayudara a la DINA en su «período formativo». Walters organizó un almuerzo para Contreras en la sede de la CIA en Langley, Virginia, a principios de marzo de 1974. A mediados de 1975, la CIA incluyó brevemente al director de la DINA en su nómina como un activo pagado.

Obtenido de una página de la Universidad George Washington.

Compartido con SURCOS por Gerardo Hernández Naranjo.

EEUU, criminal compulsivo

Lic. José A. Amesty Rivera

Julio 2022

Deseamos iniciar esta reflexión, con la máxima de Simón Bolívar, que reza: “Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias, en nombre de la libertad”. Simón Bolívar, 05 de agosto de 1829. Carta al coronel Patricio Campbell redactada en Guayaquil, Ecuador.

De ella enfatizamos la expresión “plagar” (infestar) y “miserias” (desgracias). La primera, sin duda, dos siglos después, las acciones de EEUU se han convertido en la principal causa de muerte de los pueblos que desean ser libres. La segunda expresión denota, amenazas, desgracias, desventuras.

Estas desgracias y amenazas, se han traducido en la historia de América Latina y el mundo, en muertes. El Center for Research on Globalization, ha publicado un estudio de James A. Lucas, donde se muestran la cantidad de muertes por guerras, golpes de Estado y otras operaciones subversivas de EEUU, por ejemplo:

El profesor Michel Chossudovsky, director del “Center for Research on Globalization”, nos recuerda ‎que, siendo aliados de EEUU en la Segunda Guerra Mundial, Rusia y China, pagaron el más alto precio en vidas humanas por la ‎victoria sobre el Eje nazi fascista: 26 millones de soviéticos y 20 millones de chinos murieron en la ‎Segunda Guerra Mundial, mientras que EEUU perdía solo algo más de 400 000 vidas. ‎

Se agrega, según el estudio de Lucas, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial (en 1945) hasta hoy, se estima que esa cifra se sitúa entre 20 y 30 millones de muertos, esto es, cerca del doble de muertos en la Primera Guerra ‎Mundial.

“Pero además de los muertos, hay que contabilizar los heridos, que a menudo quedaron mutilados ‎y físicamente impedidos por el resto de sus vidas. Algunos expertos calculan que por ‎cada persona muerta en guerra, hay otras 4/5 personas heridas. Eso significa que el número de personas ‎heridas en las guerras estadounidenses pasan de los cien millones”.

El estudio agrega, a esos estimados, una cantidad indeterminada de muertes, probablemente millones, provocadas desde 1945 hasta nuestros días, por los efectos indirectos de ‎las guerras (hambrunas, epidemias, migraciones forzosas, esclavismo y explotación), daños al ‎medioambiente, sustracción de recursos a las necesidades vitales de las poblaciones para ‎dedicarlos a cubrir los gastos militares. ‎

En otro orden de ideas, “el estudio documenta las guerras y golpes de Estado que EEUU ha realizado en más de ‎‎30 países de Asia, África, Europa y Latinoamérica y revela que las fuerzas armadas de ‎EEUU son directamente responsables de la muerte de 10 a 15 millones de personas, ‎muertes provocadas por las guerras más grandes, las de Corea y Vietnam y las dos guerras ‎contra Irak. Entre otros 10 y 14 millones de personas han muerto en las guerras que ‎EEUU ha estimulado y librado a través de fuerzas aliadas, entrenadas y dirigidas por los ‎estadounidenses, en Afganistán, Siria, Angola, el Congo, Sudán, Guatemala y tantos otros países”.

“La agresión de EEUU contra Vietnam, guerra que se extendió a Cambodia y Laos, dejó una ‎cantidad de muertes que se estima en 7,8 millones, además de una enorme cantidad de heridos y ‎daños genéticos a varias generaciones debido a la dioxina que EEUU regaba con aviones ‎en esos países”. ‎

“En los años 1980, la CIA organizó la guerra por intermediarios en Afganistán, donde esa agencia de inteligencia estadounidense entrenó y ‎armó, con la cooperación de Osama Bin Laden y de Pakistán, más de 100 000 muyahidines para ‎luchar contra las tropas soviéticas (que apoyaban al gobierno afgano legítimo y progresista)”.

“El más sangriento de los golpes de Estado fue el que la CIA organizó, en 1956, en Indonesia. ‎La CIA entregó a los escuadrones de la muerte indonesios los nombres de los primeros ‎‎5 000 comunistas que debían eliminar físicamente. Se estima que el número de personas ‎asesinadas está entre medio millón y 3 millones de personas”.

Para seguir recalcando lo anterior, el sitio web El Destape, revela una investigación del Cline Center de la Universidad de Illinois, quien señala que “desde 1982 hasta 2019, Estados Unidos participó en 350 intentos de golpe de Estado, de los cuales 150 fueron exitosos”.

El estudio analiza, a su vez, “el período en el que John Bolton ejerció el cargo de asesor en Seguridad Nacional y cruzó esa línea temporal con los golpes de Estado, en los que Washington tuvo participación. La primera conclusión, a la que llegó el analista Philip Bump, es que de los 350 golpes que intentó Estados Unidos, 191 ocurrieron mientras Bolton ocupaba algún cargo en el Gobierno”.

Finalmente, “el periodista de The Washington Post armó entonces una lista que va desde la invasión de Afganistán a los intentos de hacer un golpe en Venezuela bajo la administración de Trump. En octubre de 1989, hubo un intento de derrocar al dictador panameño Manuel Antonio Noriega. Fue destituido del poder luego de una invasión estadounidense en diciembre. En 1992, un golpe de estado en Afganistán condujo de manera similar a la destitución del líder del país, un aliado de mucho tiempo de la Unión Soviética. También hubo intentos de golpe en varios otros países mientras Bolton sirvió bajo el presidente George W Bush, incluidos Filipinas, Azerbaiyán, Bangladesh y Rumania, donde el secretario general Nicolae Ceausescu fue derrocado”.

“Además de la invasión de Afganistán, el golpe más significativo, según el estudio de Cline Center fue la destitución en marzo de 2004 de Jean-Bertrand Aristide como presidente de Haití, bajo el gobierno de Bush. “En 2018, Bolton se convirtió en el tercer asesor de seguridad nacional de Trump. Fue durante este período que intentaron más de una vez sacar del poder al líder venezolano Nicolás Maduro, sin éxito”.

Para finalizar esta ola de crímenes, asesinatos y homicidios, deseamos ver la opinión del abogado Rolando Prudencio Briancon, en su escrito, “El imperialismo yanqui en su fase terminal prepara una escalada de Guerras de Poder”, quien enfatiza que, “según documentos exclusivos y entrevistas con más de una docena de funcionarios gubernamentales actuales y anteriores, desde 2018 a 2020, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo actividades de contraterrorismo en 85 países; tal como revela investigaciones realizadas por la Universidad de Brown. Estas operaciones incluyen ataques aéreos y con drones, combates en tierra y los llamados programas de la “Sección 127e”, en los que las fuerzas de operaciones especiales de EE. UU. planifican y controlan las misiones de los ejércitos aliados”.

“Una declaración de Joseph Votel, un general retirado del Ejército de EE. UU., quien dirigió tanto el Comando de Operaciones Especiales como el Comando Central de EE.UU., confirmó la existencia de estas operaciones no reveladas anteriormente en: Egipto, El Líbano, Siria, y Yemen, describiéndolas como esfuerzos de “contraterrorismo” de EE.UU. Además, fue implementado en Túnez otro programa de la serie 127e, cuyo nombre en código es Obsidian Tower que nunca ha sido reconocido por el Pentágono”.

Agregando, además, estas “operaciones consideradas Guerras de Poder es la que precisamente EE.UU., ha está ejecutando a través del reclutamiento de miembros de Daesh en Siria, para enviarlos a luchar en Ucrania contra Rusia”.

“Estas Guerras de Poder, previamente las preparan, como en el caso de Rusia, considerada una “amenaza” y China un “desafío” rodeándolas por bases norteamericanas. Según el viceministro de defensa ruso, Anatoli Antonóv afirmó que alrededor de unas 400 bases militares estadounidenses. Una similar estrategia ha empleado contra la China, que bajo el concepto de la OTAN de: “desafío sistémico”, la ha rodeado también, usando a Taiwán como punta de lanza”.

 

Enviado a SURCOS por el autor.

Imagen ilustrativa.

Los crímenes cuyo nombre nadie se atreve a pronunciar

Luis Paulino Vargas Solís. Economista CICDE-UNED

“El amor que no se atreve a decir su nombre”
Oscar Wilde

Un hombre joven, de 35 años de edad. Se le describe como humilde, bueno y trabajador. Migrante nicaragüense, pero según repiten diversas versiones de personas que le conocen, es también un muchacho gay. Fue torturado de la manera más atroz, no solo apaleado y arrastrado por el suelo, sino rociado de gasolina y quemado. Pero, según aseguran, también sexualmente ultrajado, o sea, violado. La cuestión alcanza niveles de crueldad que sobrepasa todo lo imaginable ¿Es un crimen xenofóbico o un crimen homofóbico? Posiblemente ambos, aunque los versiones que circulan enfatizan claramente lo segundo, y si se confirma la violación ello sería indicio de que en efecto así es.

Esto me hace recordar la historia de otro hombre joven, empleado en el Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas. Aconteció hace algo más de 2 años. Fue asesinado brutalmente a puñaladas en un motelillo de no muy buen aspecto en Barranca de Puntarenas, y los dos sujetos que lo hicieron se dieron el lujo de filmarlo con su celular y luego difundirlo en las redes ¿Podría haber una manera más obscena de manifestar desprecio por la vida de un ser humano que hacer tal cosa?

O la de aquel otro, que, vapuleado en su propia casa, fue amordazado y amarrado de pies y manos (las propias cámaras de seguridad instaladas en su vivienda así lo registran), llevado encerrado en la cajuela de su propio auto y forzado a dar las claves de sus cuentas bancarias, las cuales fueron saqueadas. Finalmente fue asesinado. Su cuerpo, inerte, fue lanzado por sus asesinos a un río, y solo apareció después de diez días, en una represa hidroeléctrica.

Este último caso, corresponde a un patrón bastante usual: el hombre que “vive solo”, y del que se sabe que es gay. Aprovechándose de esas circunstancias, algún tipo busca ganarse su confianza y, por esa vía, tener acceso a su vivienda. Y luego ocurre lo que ocurre, a veces, no siempre, con la implicación de algún o algunos cómplices.

Una historia reciente que escuche en un noticiero televisivo, reitera ese mismo procedimiento: dos “hombres solos” asesinados de forma similar: un tipo, ojalá bien parecido, “se gana su confianza”, logra que lo admita en su casa, luego le administra una droga para anestesiarlos y robarle. Solo que, en esos dos casos, se les fue la mano (quizá deliberadamente), hasta provocarles la muerte.

Este tipo de historias son muy, muy viejas. Las he visto repetirse incontables veces. No me sería difícil hacer un largo recuento de conocidos, incluso amigos, que, a lo largo de los años, fueron asesinados en circunstancias más o menos similares a las descritas, y, a menudo, con rasgos de crueldad y ensañamiento muy parecidos. Pero también son numerosos los casos de aquellos que pasaron por lo que, sin afanes retóricos, podrían ser consideradas “experiencias cercanas a la muerte”. Por ejemplo: verse rodeado, en situación de total indefensión, por una jauría de sujetos deseosos no simplemente de robarle lo que tuviera a mano, pero, sobre todo, de humillarlo y maltratarlo atrozmente, de una forma tal que, bastaría un gramo más de exaltación y adrenalina, para culminar el asesinato.

Este tipo de crímenes, inspirados por motivos de odio, son mucho más frecuentes de lo que se quiere creer. Invariablemente quedan cubiertos por manto de invisibilidad y negación. Ni las leyes, ni la policía, ni los medios los reconocer. Nuestra cultura los niega, maquillándolos de eufemismos. En general, nadie se muestra dispuesto a reconocer la verdadera naturaleza de la fuerza que los motiva.

Son los crímenes cuyo nombre nadie se atreve a pronunciar.

Compartido con SURCOS por el autor, publicado en su blog https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2022/01/crimenes-cuyonombre-nadie-se-atreve.html?m=1

Violencia en contra de líderes sociales en América Latina: una perspectiva desde las juventudes trabajadoras

Por: Benjamín Sevilla García,

Secretario de Juventud ANEP

Se está desarrollando en América Latina un fenómeno altamente preocupante, la violencia en contra de líderes sociales y la muerte de dirigentes con capacidad de incidencia es cada vez mayor. Costa Rica recientemente es testigo de uno de los crímenes más escandalosos de los últimos tiempos. La muerte violenta del dirigente indígena Sergio Rojas Ortiz, líder del pueblo Bribri y defensor de los derechos humanos de esta población.

La defensa del territorio indígena de Salitre y su enfática actividad en favor de sus derechos, parece ser la razón principal por la que se silenció la voz de un respetable activista en Costa Rica. La tierra de gente pacífica y del “pura vida” está siendo opacada por acciones repudiables, porque sus autoridades no son capaces de tomar medidas de prevención adecuadas; porque están más interesados en criminalizar la protesta social que en resolver el desarrollo de la criminalidad con políticas de prevención adecuadas. Se interesan más en aprobar proyectos de ley que cercenen derechos de las personas trabajadoras que en promocionar una buena política de seguridad.

Pero también, los elevados niveles de violencia en contra de líderes sociales en América Latina son una alarma objetiva que nos vienen advirtiendo, desde hace algunos años, el grado de descomposición social y el poco o nulo interés de los gobiernos por atender con acciones efectivas el problema.

La corrupción y la impunidad en sus distintos matices, a veces descaradamente expresa en otras, con extrema diplomacia, son una clara señal de que algo no anda bien. El silencio cómplice de los gobiernos nos lleva a sospechar si se trata de una problemática incluida en sus políticas de seguridad o si, por el contrario, la indiferencia responde a los intereses de ciertos grupos de poder.

La defensa de los derechos humanos de algunas poblaciones históricamente excluidas se ha vuelto una alternativa estratégica para que los gobiernos ganen popularidad, para que reciban ensordecedores aplausos en el escenario de las Naciones Unidas. Sin embargo, el salir a defender los derechos de ciertas poblaciones les debería obligar, por autenticidad o por decencia, velar también por los derechos de otros grupos que siguen siendo víctimas de injusticia.

Las personas jóvenes, aquellas que creemos que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos como lo indica la Declaración Universal de Derechos Humanos, nos cuestionamos los motivos por los que las políticas de los gobiernos se enfocan en los derechos de unas personas e ignoran los derechos de otras, olvidando en la práctica la universalidad de los derechos humanos. La indiferencia, por ejemplo, con la que tratan la violencia en contra de lideresas o líderes sindicales es vergonzosa e injustificada.

El temor que tenemos las personas jóvenes, por hechos concretos que se han dado en la región, es que se llegue al extremo de averiguar si una persona agredida, una persona procesada judicialmente, o a cualquiera que defienda un derecho, es sindicalista o no. Pues de su respuesta dependerá si merece que se le haga justicia o si, por el contrario, la mora, la denegación y la impunidad serán la receta.

Resulta extraño que los gobiernos levanten la voz para condenar a otros gobiernos amparados en una supuesta defensa de derechos humanos, cuando las verdaderas razones son discrepancias ideológicas. Lo cual no niega que puedan existir violaciones de derechos elementales, pero la censura obedece a cualquier otro interés, menos al de velar por el bienestar de las personas.

Todos coincidimos en la necesidad de promocionar y defender los derechos humanos, la pregunta es: ¿Cuáles derechos humanos y para quiénes? Nos alegramos cuando a un grupo de personas a quienes históricamente se les ha negado el disfrute de ciertos derechos logran su reivindicación. Pero, nos preocupa el desarrollo de un pseudo-progresismo, que únicamente reconoce unos derechos y ataca a mansalva el derecho de otras personas.

El asesinato de 113 sindicalistas, líderes sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia durante el 2018 y 29 nuevos casos en lo que va del año; la muerte de Berta Cáceres en Honduras; el asesinato de más de 20 personas en Guatemala durante el 2018, entre ellas el secretario de conflictos del Sindicato de Embutidos Bremen, Tomás Francisco Ochoa y el Secretario General del Sindicato de la Municipalidad de Villa Canales, Domingo Nach; el encarcelamiento de la periodista Lucía Pineda Ubau en Nicaragua y así, una serie de represalias y procesos judiciales en contra de personas que participaron de la reciente huelga en Costa Rica, es preocupante.

Todos estos casos y aquellos que, por una u otra razón no se logran citar, pero que también tienen el mismo valor y por los que se demanda igual justicia, constituyen un motivo suficiente para que los Organismos Internacionales de Derechos Humanos se pronuncien y llamen a cuentas a los gobiernos.

Las personas jóvenes que tenemos un particular compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos, con la búsqueda permanente del bien común y con el fortalecimiento de los principios democráticos, exigimos justicia y el fin de la impunidad.

Fuente: https://anep.cr

 

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Armas químicas en Siria: Consejo de Seguridad y Estados Unidos

Nicolás Boeglin (*)

 

En razón de sustancias químicas en Siria que, el pasado 4 de abril han dejado un saldo mortífero de 87 personas, entre las cuales 20 niños, y más de 400 heridos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebró una reunión este 5 de abril para escuchar a varios altos funcionarios de Naciones Unidas encargados de monitorear el uso de estas armas y a algunos de sus integrantes.

Las dudas y las tesis existentes

Las autoridades de Siria niegan haber hecho uso de estas armas (véase nota de prensa de Naciones Unidas). A la fecha no existe ninguna investigación realizada in situ por parte de alguna entidad independiente que permita conocer las causas de este trágico hecho. Esta inspección permitiría saber quiénes estaban en posesión de estas sustancias y su origen exacto.

Mucho más precavidos que otros, algunos medios de prensa como la BBC usan «chemical attack» en sus titulares entre comillas, ante algunas incógnitas aún no dilucidadas sobre lo que originó esta mortal explosión con sustancias químicas (vease nota de la BBC). De igual manera, El Pais (España) tituló su nota incluyendo el adjetivo «supuesto»: «Un supuesto ataque químico causa una matanza en la zona rebelde siria» (véase nota). Algunos medios de prensa internacionales tienen claridad sobre la posible manipulación informativa que pueda ocasionar este hecho no investigado ocurrido en Siria, otros al parecer no tanto. De igual forma, la ONG Human Rights Watch (HRW) refiere en sus análisis a la expresión «alleged chemical attack», dada la persistente falta de certeza (véase nota de HRW del 6 de abril del 2017).

Recordemos que en el 2013 unos (pocos) medios de prensa se interesaron por correos filtrados en los que se mencionaba un plan de la administración del Presidente Obama para endosar a las autoridades de Siria el uso de armas químicas: véase al respecto artículo titulado «U.S. ‘backed plan to launch chemical weapon attack on Syria and blame it on Assad’s regime», retirado luego del medio que lo publicó inicialmente (MailonLine) y «capturado» por blogueros y algunos sitios como Web.archive.org al que lo referimos.

En noviembre del 2016, un informe divulgado hizo ver que ISIS (o Daesh) es una entidad que posee también armas químicas y que las usa tanto en Siria como en Irak (véase nota del New York Times).

Rusia por su parte, ha sostenido que el 4 de abril, el Ejército sirio bombardeó desde el aire posiciones de los rebeldes que al parecer incluían un depósito de sustancias químicas (véase nota de prensa).

En cambio, para Estados Unidos, Francia y Reino Unido, no hay duda alguna sobre la responsabilidad directa de las autoridades de Siria en ordenar el uso de estas armas contra grupos rebeldes. Francia sobre el particular se muestra particularmente vehemente (véase nota de Le Monde). Al respecto, un proyecto de resolución presentado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido circuló, con las reservas de Rusia y de China al no existir, según ellos, pruebas suficientes para imputar la intención de usar estas armas a mandos del Ejército regular sirio (véase nota de prensa). Estas posiciones antagónicas obligaron a Estados Unidos, Francia y Reino Unido a revisar su texto y enmendarlo para someterlo nuevamente a consideración. Este fue presentado el 12 de abril en una nueva sesión del Consejo de Seguridad en la que fue objeto de un veto por parte de Rusia y de una abstención por parte de China (véase breve nota nuestra sobre el desglose del voto de diez a favor, dos en contra y tres abstenciones).

Este nuevo drama humano se da en el marco del conflicto armado entre las fuerzas regulares sirias y los grupos rebeldes, en el que cualquier acción armada que cause la muerte de civiles es objeto de acusaciones recíprocas de ambos bandos.

Las resoluciones anteriores del Consejo de Seguridad sobre Siria

El 28 de febrero del 2017, un proyecto de resolución sobre el tema de las armas químicas en Siria presentado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido fue vetado por China y por Rusia, alegando la segunda que una resolución de un ente como el Consejo de Seguridad debe basarse en hechos probados y no en suposiciones (véase nota de prensa de Naciones Unidas).

La última resolución del Consejo de Seguridad sobre Siria se adoptó el 31 de diciembre del 2016, en la que el Consejo de Seguridad manifestaba su beneplácito ante las iniciativas de Rusia y de Turquía en aras de relanzar una salida política al conflicto en Siria (véase texto de la Resolución 2336).

La última resolución sobre la violencia en Siria como tal del Consejo de Seguridad es la Resolución 2328 adoptada el 19 de diciembre del 2016, relativa a la evacuación de la población civil en Alepo ante el avance de las tropas sirias apoyadas por la aviación de Rusia (véase nuestra modesta nota al respecto). Diez días antes, Francia había intentado frenar el avance hacia Alepo, presentando un proyecto de resolución exigiendo un cese al fuego: el texto fue objeto de un veto por parte de Rusia. El 9 de diciembre, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución sobre la situación en Alepo (véase modesta nota nuestra).

Es oportuno recordar que en setiembre del 2013, el Consejo de Seguridad había adoptado la resolución 2118 (véase texto), exigiendo mediante un mecanismo de verificación y monitoreo a Siria destruir los arsenales de armas químicas. En el punto 18 se leyó que el Consejo de Seguridad instaba a los demás Estados a no proveer sustancias que permitan ser utilizadas en armas nucleares, químicas o biológicas en Siria. Lo hizo en los siguiente términos, en los que el Consejo…

«18. Reafirma que todos los Estados Miembros deben abstenerse de suministrar cualquier tipo de apoyo a los agentes no estatales que traten de desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o emplear armas nucleares, químicas o biológicas o sus sistemas vectores, y exhorta a todos los Estados Miembros, en particular a los Estados Miembros vecinos de la República Árabe Siria, a informar inmediatamente al Consejo de Seguridad de cualquier violación de lo dispuesto en este párrafo» (Nota 1).

Los crímenes cometidos en el conflicto en Siria

Cabe recordar que el 21 de diciembre del 2016, la Asamblea General de Naciones Unidas también creó un mecanismo de investigación sui generis para todos los crímenes cometidos en Siria desde el 2011: la resolución A/RES/71/248 se titula: «Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente para Ayudar en la Investigación y el Enjuiciamiento de los Responsables de los Delitos de Derecho Internacional Más Graves Cometidos en la República Árabe Siria desde Marzo de 2011» (véase texto oficial en español). No se trata de crear un nuevo tribunal penal ad hoc, ni una misión de fact finding en materia de derechos humanos, sino de un ente encargado de apoyar el enjuiciamiento penal de posibles responsables, una iniciativa que al parecer no cuenta con precedente alguno en Naciones Unidas. Es de recordar que ya existe, en el caso de Siria, un mecanismo independiente de investigación creado por el Consejo de Derechos Humanos en agosto del 2011 (véase sitio oficial e informes elaborados).

Según se desprende de las discusiones previas a su adopción formal, Costa Rica fue el único Estado en América Latina en coauspiciar el proyecto de resolución adoptado el 21 de diciembre por la Asamblea General (véase breve nota nuestra al respecto).

En octubre del 2016, la ONG Amnistía Internacional (AI) publicó un informe sobre lo que se denomina oficialmente «efectos colaterales» a operaciones militares en Siria, en el que se lee que:

“It’s high time the US authorities came clean about the full extent of the civilian damage caused by Coalition attacks in Syria. Independent and impartial investigations must be carried out into any potential violations of international humanitarian law and the findings should be made public“ (véase informe de AI).

En un reciente reporte del mes de marzo del 2017 de la ONG Airwars.org, titulado «As claims escalate under Trump, Airwars tracks 1,000th alleged Coalition civilian casualty event» se lee que las cifras de civiles afectados por estas operaciones militares en Siria (y en Irak) van en aumento:

«Recent evidence indicates that in both countries, civilian casualties rose during the last months of the Obama administration and are now accelerating further under the presidency of Donald Trump – suggesting possible key changes in US rules of engagement which are placing civilians at greater risk».

Los denominados «efectos colaterales» en Irak tampoco debieran de ser ignorados o pasados por alto: el pasado 24 de marzo, una operación aérea de la coalición liderada por Estados Unidos causó la muerte de más de 200 civiles en Mosul (véase nota del New York Times).

Bombardeos aéreos en Siria y nacionalidades de las aeronaves

En buena lógica, un mecanismo como el establecido por la Asamblea General el 21 de diciembre del 2016 deberá de interesarse por las exacciones cometidas tanto por las autoridades sirias como por los grupos rebeldes (y quiénes los adiestran y asesoran), así como por otros Estados que se han involucrado en operaciones militares aéreas en Siria. Sobre este último punto, hay que precisar que el involucramiento militar en territorio sirio difiere sensiblemente: mientras que Rusia cuenta con el consentimiento oficial de Siria para bombardear posiciones de ISIS (o Daesh), las operaciones realizadas desde el aire por Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido, Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, Turquía (y unos más Estados que forman parte de la denominada «Coalición contra ISIS») adolecen del consentimiento oficial de Siria para bombardear posiciones de ISIS, y la base jurídica invocada para justificarlas (legítima defensa) es altamente cuestionable y cuestionada (Nota 2).

Después de Canadá (febrero del 2016), Dinamarca optó en diciembre del 2016 por suspender toda participación en operaciones aéreas en Siria, luego de una operación en la que sus aviones bombardearan «por error» posiciones del ejército de Siria. Más allá del «error humano», algunos analistas se inclinan a pensar que el «error» fue inducido por los dos otros participantes a esta operación aérea, Estados Unidos y Reino Unido. Se trata del primer Estado europeo en retirar formalmente a sus aeronaves de la denominada «Coalición contra ISIS» (Nota 3).

El pasado 24 de febrero, por vez primera, Irak procedió a bombardeos en territorio sirio (véase nota de prensa), lo cual augura tensiones mayores a las ya existentes entre Siria e Irak.

De manera a tener mayor claridad sobre el funcionamiento de la denominada «coalición», puede resultar de cierto interés conocer la proporción existente entre bombardeos de Estados Unidos y de sus aliados en Siria: la ONG Airwars.org (véase quinto gráfico en este enlace de Airwars.org) reporta que al 2 de abril del 2017, en Siria se efectuaron un total de 7896 bombardeos aéreos, de los cuales 7524 fueron efectuados por Estados Unidos, y 372 por sus aliados.

El régimen de inspección sobre arsenal de armas químicas

Nótese que desde 1997 entró en vigor la Convención sobre las Armas Químicas, otorgando a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPCW en inglés, OPAQ en español: véase sitio oficial) la misión de erradicar el uso de las armas químicas y de verificar su destrucción. Siria es parte a dicha convención desde el 2013 y todos los informes y resultados de misiones de investigación de la OPCW disponibles en este enlace oficial.

Dicha convención cuenta con 192 Estados Partes: al revisar el detalle de quién es parte a dicho convenio y quién aún no entre los 193 Estados Miembros de Naciones Unidas, Israel se mantiene como el único Estado en no ser parte (véase listado oficial).

En el caso específico de Siria, y en consonancia con lo dispuesto en la resolución 2118 del Consejo de Seguridad precitada del 2013, el equipo de Naciones Unidas a cargo de monitorear la destrucción de armas químicas en suelo sirio (denominado OPCW-UN – veáse sitio oficial), presentó sus respectivos informes a finales del 2014 al cumplirse su mandato en Siria.

A solicitud de Siria, un equipo de Naciones Unidas realizó una nueva investigación en territorio sirio, con relación a varios incidentes en agosto del 2016 en lo que se sospechaba de muertes causadas por sustancias químicas. Los resultados de esta investigación fueron entregados al Consejo de Seguridad en enero del 2017 (véanse carta e informe disponibles en este enlace de Naciones Unidas). En las conclusiones se lee que: «6.3 A partir de las pruebas presentadas por la Autoridad Nacional de la República Árabe Siria, las historias clínicas examinadas, los resultados de los análisis de las muestras y la narración predominante en todas las entrevistas, el grupo de la Misión no puede concluir con certeza si se empleó o no una sustancia química concreta como arma en el incidente investigado. Por el resultado de los análisis de las muestras, el grupo de la Misión considera que probablemente ninguna de las sustancias químicas identificadas sea la causa de la muerte de las víctimas del incidente notificado» (p. 16).

El ataque de Estados Unidos perpetrado contra Siria a modo de represalia

De forma unilateral y sorpresiva, Estados Unidos lanzó un ataque con misiles dos días después contra posiciones del Ejército de Siria, a modo de represalia armada. Esta acción obligó al mismo Secretario General de Naciones Unidas a llamar a evitar una escalada de acciones militares horas después (véase nota oficial de Naciones Unidas).

Como bien se sabe, el uso de la fuerza es terminantemente prohibido por la Carta de las Naciones Unidas, y la única excepción a esta regla está previsa en el Artículo 51 de la misma (caso de legítima defensa). Las represalias que impliquen el uso de la fuerza contra otro Estado son prohibidas, y las únicas acciones militares jurídicamente válidas son las expresamente autorizadas por el Consejo de Seguridad. Por lo tanto, esta acción militar de Estados Unidos se dió en clara violación a la legalidad internacional, y sin que medie autorización previa del Consejo de Seguridad: remitimos al respecto al análisis del Profesor Marko Milanovic (Universidad de Nottingham) titulado «The Clearly Illegal US Missile Strike in Syria» publicado en el EJIL-Talk.

In this photo obtained from the US Navy, the guided missile destroyer USS Porter  on March 22, 2003, launches a Tomahawk missile toward Iraq during the initial stages of shock and awe.  The US has launched 'dozens of Tomahawk cruise missiles' at Syrian air bases, according to US officials on April 6, 2017. The United States on Thursday threatened Syria with military action as President Donald Trump warned "something should happen" following a suspected chemical attack that left at least 86 dead and provoked global outrage. / AFP PHOTO / CHINFO, Navy Visual News Service / HO / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / US NAVY / Lt. Christopher Senenko" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS HO/AFP/Getty Images
Foto extraída de artículo de prensa sobre el tipo de misil Tomahawk usado por Estados Unidos contra Siria con 59 artefactos lanzados el 6 de abril del 2017 en la provincia de Olms.

En una entrevista al profesor Stefan Talmon de la DW, el universitario precisa el alcance de algunas afirmaciones erróneas circuladas en medios de prensa (véase entrevista). Un reciente artículo publicado el 9 de abril del 2017 en La Nación (Argentina) sobre este sorpresivo ataque de Estados Unidos concluye que: «Todavía no se sabe a ciencia cierta si el gobierno sirio usó armas químicas el 4 de abril. Por ahora, lo concreto es que 59 misiles estadounidenses fueron lanzados contra una instalación oficial de Siria y eso ocasionó un temblor diplomático global y una avalancha de dudas».

Pretextos para justificar guerras: el precendente de Irak (2003)

Con relación a la agresión militar a Irak acaecida en el 2003, se supo en el año 2015 que durante más de un año antes de dicha agresión, las máximas autoridades de Estados Unidos y del Reino Unido intercambiaron opiniones sobre cuál sería el pretexto más convincente para justificar ante la opinión pública internacional una declaración de guerra a Irak (véase interesante reportaje del 2015 al respecto, titulado «Smoking gun emails reveal Blair’s ‘deal in blood’ with George Bush over Iraq war was forged a YEAR before the invasion had even started», que incluye cables confidenciales hechos públicos y los diversos «smoking guns» sugeridos). Como se recordará, Estados Unidos lideró una coalición de Estados en su aventura militar en Irak, los cuales a la fecha no parecieran haberse manifestado ante el ardid encontrado en aquella ocasión por los estrategas de la Casa Blanca para justificar esta acción militar colectiva (la cual no contó nunca con la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas).

A modo de conclusión: el mundo ante la peculiar manera de tomar decisiones de la actual administración norteamericana

A diferencia del tiempo tomado por la administración del Presidente Georges W. Bush para consultar y definir la mejor estrategia en Irak, la administración del Presidente Donald Trump pareciera esta vez haber reaccionado sin mayor cautela ni consulta y de manera unilateral. No se tiene claro si se han previsto las consecuencias de este ataque militar en Siria y el riesgo de escalada que conlleva.

Con esta acción, se confirma esta muy peculiar manera de tomar decisiones en materia de política exterior del nuevo ocupante de la Casa Blanca. Durante la reunión celebrada el 7 de abril sobre este ataque norteamericano a Siria, se dejó entrever que Estados Unidos cuenta con el respaldo político de varios otros integrantes del Consejo, pero que no hay argumentos jurídicos que sostengan su posición (véase acta o «Proces Verbal» de la sesión). Esta primera sesión posiblemente será objeto de una nueva reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la que los demás integrantes del máximo órgano de Naciones Unidas deberán tomar posición con respecto a esta decisión unilateral que constituye una violación flagrante a las disposiciones contenidas en la Carta de Naciones Unidas de 1945.

 

–Notas–

Nota 1: Sobre las negociaciones previas a la resolución 2118, véase CARDOZA ZÚÑIGA R., «El uso de armas químicas en Siria, un desafío para el derecho internacional», ACDI / Anuario Colombiano de Derecho Internacional, Vol.8 (2015), pp.17-40. Texto disponible aquí.

Nota 2: En un llamado inequívoco de los especialistas en derecho internacional publicado en agosto del 2016 en Bélgica, y suscrito por diversos especialistas en derecho internacional y sus mentores (texto disponible aquí en francés, en inglés, en portugués, en español y en árabe) se señala, entre otros puntos que:

«De esta manera, ha sido justificado, en nombre de la legítima defensa, un número importante de intervenciones militares, como aquella contra Al-Qaida, el Levante (EIIL, también conocido como Daesh), o contra grupos afines. Si bien algunos Estados han minimizado dichos precedentes por su carácter excepcional, existe un gran riesgo que el derecho de legítima defensa se transforme rápidamente en una llave que permita justificar de manera sistemática el origen de acciones militares en todas las direcciones y en forma unilateral. Ahora bien, sin oponernos por principio al uso de la fuerza contra los grupos terroristas – particularmente en el actual contexto de la lucha contra Daesh – nosotros, profesores e investigadores en derecho internacional, estimamos que dicha invocación creciente del derecho de legítima defensa es objetable. El derecho internacional prevé en efecto una serie de medidas para luchar contra el terrorismo que deberían ser utilizadas previo a la invocación de la legítima defensa».

Nota 3: Véase con respecto a la decisión de Dinamarca nuestra breve nota: BOEGLIN N., «The decision of Denmark to withdraw from airstrikes on Syria and Iraq», Debate Global, 9 de diciembre del 2016, texto disponible aquí.

 

(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

 

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Desde Honduras. Panorama internacional

Marlin Ávila

Marlin Ávila
Marlin Ávila.

 

Mientras los estudiantes de segundo nivel hondureños reactivan sus agendas reivindicativas contra la mala calidad educativa; exigiendo además el esclarecimiento del asesinato de cuatro de sus compañeros la semana antes de la Semana Santa; y, mientras los asesores del Presidente responsabilizan a la oposición política por estas protestas, con acusaciones temerarias de involucramiento de los carteles de droga en estos hechos, sin mostrar evidencia alguna, como tampoco han logrado probar que las bandas de los barrios pobres o maras son las responsables de los asesinatos.

Mientras el Pentágono se aprovecha de la desgracia catracha de tener gobiernos que desmantelan su sistema de salud con corrupción y privatización, instalando un buque Hospital en su costa atlántica para atender a la población enferma, “gracias a la gestión” del Jefe del Comando Sur, John Kelly, quien dijo sentirse hondureño después de tantas visitas a este país. ¡Vaya suerte!

Mientras Honduras sigue pareciéndose cada vez más a México, con la represión y crímenes a estudiantes, a indígenas, mujeres indefensas, periodistas, defensores de derechos humanos, campesinos y a miembros de las mismas élites políticos económicos como el del Padre e hijo Gauggel, asesinados el viernes anterior.

Mientras el gobierno busca sacarle más dinero al pueblo, esta vez enfocándose en las MIPYMES, después de que éstas deben pagar el mal llamado impuesto de guerra y el que les extraen algunos policías inescrupulosos por “protegerlos” de las maras.

Mientras la Municipalidad del Distrito Central sigue con el afán de endeudar más al vecindario capitalino con el vergonzoso proyecto Trans 450, en una gestión que tiene poco o nada de democrática y menos de transparente; mientras eso se daba en Honduras, en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, se desarrolló la VII Cumbre de las Américas, calificada por muchos como un hecho histórico extraordinario. Desde el miércoles se iniciaron los foros paralelos a la Cumbre por Sociedad Civil, Juventud y Empresa Privada, patrocinados por organismo multilaterales (BM-BID) y la misma OEA. Estos foros fueron empañados con la presencia de la ultra derecha internacional, venezolana y cubana.

La contra internacional reaccionaria financió la misión mercenaria de delincuentes encabezada por criminales como Luis Posada Carriles, Félix Rodríguez Mendigutia, Jorge Luis García Pérez (Antunez). A Posada Carriles se le busca y se le requiere por los tribunales de muchos países por sus crímenes de lesa humanidad como la explosión en pleno vuelo del avión de cubana de Aviación y a sus 73 ocupantes, en 1976. Félix Rodríguez Mendigutia, involucrado en el asesinato del Che Guevara, distinguido mercenario internacional, invasor en Playa Girón, terrorista bien conocido. Estos “angelitos” fueron en calidad de representantes de la Sociedad Civil, categoría social tan imprecisa en su definición como para permitir que criminales como éstos se filtren en ella. Solamente faltó que incluyeran a Efraín Ríos Montt (ex dictador y genocida), a Roberto Micheletti, a Hugo Sierra o “Loco Hugo” (violador hondureño), a Mario Zelaya (ex director del IHSS) y a Álvaro Uribe entre los “representantes” de sociedad civil.

Treinta y cuatro de los treinta y cinco mandatarios del continente americano se hicieron presentes. La Presidenta de Chile, Michele Bachelet, se excusó debido a la situación catastrófica en que se encuentra el norte de ese país. Las expresiones de solidaridad con Chile no se dejaron de escuchar en cada uno de los discursos que ayer pronunciaron todos y cada uno de los asistentes.

El tema de la Cumbre fue “Prosperidad con Equidad”, lo que centraba la temática sobre los que se debería debatir. Pese a ello, las expectativas mayores fueron el encuentro entre el Presidente Raúl Castro de Cuba y Barack Obama de Estados Unidos, además de los fuertes reclamos de Venezuela a Estados Unidos por el Decreto Ejecutivo de amenaza a la paz. Pero las expectativas del primer encuentro entre los máximos líderes de esos dos países se rompieron al escuchar al Presidente Cubano decirle a Obama que él no era responsable de lo que diez expresidentes habían hecho contra el pueblo y gobierno cubano. Estos dos líderes se encontraron durante esta Cumbre, primeramente de manera informal y muy cordialmente se estrecharon las manos, y luego, se encontraron en privado y público para discutir sobre sus agendas para el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas. El Presidente Maduro y el Presidente Obama también tuvieron un encuentro informal de diez minutos, donde iniciaron un diálogo cortés y franco, que esperaríamos continúe.

Los discursos de los presidentes y mandatarios de Estado al Sur de los Estados Unidos de Norte América, en su gran mayoría se refirieron a los actos nocivos del imperio norteamericano en toda la historia moderna, responsabilizándole en gran medida por los atrasos, sacrificios y pobreza en que se desenvolvió la región por muchas décadas. Los que pintamos canas soñamos con un momento como estos, en que nuestros líderes políticos llegaran a decirle a los gobernantes gringos de lo que estaban hechos. Así que la juventud actual debe sentirse satisfecha por esas expresiones respetuosas, francas y objetivas que los gobernantes allí presentes, con las excepciones del caso, como lo fueron el de Honduras, Guatemala y México, le dirigieron al máximo representante del imperio estadounidense.

Los medios como CNN continuaron con su negocio de hacer propaganda contra Venezuela, Argentina y Brasil, mientras que buscaban interlocutores que pudieran hacer eco de sus mentiras.

Terminamos esta semanas satisfechos de saber que América ha cambiado y sigue cambiando para bien de sus pueblos. Sabemos que debemos mantenernos alertas ante las amenazas de guerra y golpes de estado que penden como una espada de Damocles. Los pueblos deben seguir adelante en sus luchas por mantener sus buenos gobiernos y, en otros países, colocar a gobernantes idóneos para reducir las brechas sociales, económicas y de injusticia existentes, gracias al neoliberalismo y a las grandes corporaciones que manejan el mundo del mercado y las guerras, para su beneficio.

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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