Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
En su texto poético “Sermón del Migrante (a la sombra de una ceiba)” el escritor chiapaneco Balam Rodrigo relata el paso de riesgo y dolor de las personas migrantes centroamericanas por México.
Tan solo en un fragmento de ese texto inicial del galardonado “Libro Centroamericano de los muertos” (FCE, 2018) recoge toda la dimensión de la actitud hostil de una industria migratoria mexicana y de otros países de tránsito, conformada por múltiples actores, hacia las personas que se movilizan por su territorio buscando frontera con Estados Unidos:
“Y vi claro como sus costillas eran atravesadas por la lanza circular de los coyotes, por la culata de los policías, por la bayoneta de los militares, por la lengua en extorsión de los narcos, y era su sufrimiento tan grande como el de todos los migrantes juntos, es decir, el dolor de cualquiera” (Rodrigo, 2018).
Pensar en el atravesamiento de los cuerpos de las personas migrantes en tránsito, en su vulneración por un poder real que utiliza la violencia en todos sus extremos como forma de imposición, es aludir a una política del exterminio como organización y administración migratoria.
La noción de Necropolítica acuñada por el filósofo camerunés Achille Mbembé alude a la forma como el poder define cuáles vidas importan y cuáles no, en un juego de decisión en el que la principal acción no es matarles, sino dejarles morir.
El sábado 27 de marzo 4 agentes de seguridad (tres hombres y una mujer) del mexicano municipio de Tulum en Quintana Roo, redujeron por la fuerza y a la mínima expresión a la migrante salvadoreña Victoria Esperanza Salazar, madre de dos niños y poseedora de visa humanitaria en aquel país. Mientras ella imploraba por su vida, estos representantes de los órganos de seguridad mexicanos decidieron por la vida de Victoria: la dejaron morir mientras la castigaban según ellos con una acción ejemplarizante.
La autopsia practicada a Victoria determinó la fractura de la primera y segunda vértebras cervicales que le produjeron la muerte. En los videos que circulan sobre su asesinato, que confieso no he logrado ver aún y me resisto a ello, se aprecia un uso de la fuerza desmedido, un ensañamiento y una brutalidad comparada con el más odioso racismo y la más burda misoginia que puedan existir.
En manifestaciones lideradas por colectivas feministas en Tulum se leen frases directas y ciertas, escritas en pancartas levantadas con vigor por las manifestantes: “no se murió, la asesinaron”, “el sistema mató a Victoria”, “El paraíso huele a sangre”.
Y es que la movilidad ahora está proscrita. Es concebida como peligrosa. Por lo tanto hay que eliminarla. Como le pasó a Elvin Mazariegos, ciudadano guatemalteco abatido a tiros por el ejército mexicano al trasladarse a Chiapas a comprar mercancías. Un acto centenario hecho por generaciones de generaciones de guatemaltecos (y también de mexicanos que cruzan hacia Guatemala con el mismo objetivo) es ahora criminalizado y disuadido de esta manera, tan absolutamente violenta e inhumana.
Estos tiempos de excepcionalidad y pandemia han logrado instrumentalizar la violencia contra las personas migrantes en todas sus variantes. Y los riesgos permanecen. Justamente por estos días ya se anuncian nuevas salidas de colectivos de migrantes desde Honduras, país que recién empieza a conocer formalmente los estragos de una corrupción narco-política en la cual sus altos mandos han tenido participación directa.
La comunidad internacional calla y es timorata y el cuerpo diplomático acreditado en aquel país es cómplice al no alzar la voz para terminar con la impunidad de las clases dirigentes hondureñas. De este escenario complejo se anuncian nuevas salidas de personas buscando sobrevivir lejos, muy lejos de su patria.
La victoria de la esperanza tendrá que esperar por ahora. Lamentablemente es la victoria del poder y la violencia irrestricta y sistemática sobre los cuerpos migrantes la que campea. Esto tiene que cambiar. Absolutamente. Para siempre.
La violencia contra las personas que se movilizan es multidimensional. Y no por ello debe ser posible y legitimada. Un telenoticiario costarricense ha tematizado ya durante varios días sobre los ingresos irregulares de personas nicaragüenses al país. Los contenidos de sus notas orientan la conformación de opiniones públicas sesgadas contra esta población.
Solo esperemos que hechos como los ocurridos en México no tengan réplicas en nuestros contextos. Suficiente violencia simbólica experimentan quienes vienen a contribuir con el 12% de la economía costarricense para someterse a nuevas formas de vejación. Ya en 2018 tuvimos las primeras manifestaciones físicas de cierto odio exacerbado, violento y nacionalista en una marcha de la vergüenza en San José, la capital costarricense.
La victoria de la esperanza se alcanzará cuando una sola de las personas que se movilicen en el mundo dejen de ser criminalizadas y violentadas por el sistema económico, social e institucional imperante. Yo sigo aguardando por ese momento.
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