Etiqueta: criminalización de la protesta social

Saludan sobreseimiento de Célimo Guido y denuncian procesos antipopulares

Escrito en 12/04/2022. Publicado en Derechos, Trabajo.

SURCOS recibió de Frederick Patterson, dirigente de SINTRAJAP, la siguiente información:

“El principal líder del Movimiento Rescate Nacional, don Célimo Guido Cruz y sus compañeras y compañeros han recibido sobreseimiento definitivo en relación con la acusación penal que le interpuso el gobierno por las luchas sociales en la calle.

Fueron sobreseídos. Ahora que tenemos un presidente electo, don Rodrigo Chaves Robles, proveniente de los círculos cercanos al FMI y el Banco Mundial, esperamos que se cumpla su frase electoral usada para la victoria en los lugares más pobres del campo y la ciudad: me como la bronca, porque si le vamos ayudar en esa lucha o desenmascarar, como ya quieren hacer con el nuevo reglamento (SINIRUBE) del Banhvi; además destruir las organizaciones populares en lucha por la vivienda digna.

Pronto estaremos informando en qué consiste. Estaban esperando el resultado de las elecciones para impulsarlo, al igual que más de 30 desalojos de precarios».

En los límites de nuestro Estado Social de Derecho

Escrito en 25/03/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (23).
Tercera época.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.

¿QUÉ O QUIENES FUERON LOS GRANDES AUSENTES EN EL DEBATE ELECTORAL DE ESTE MIÉRCOLES 23 DE MARZO DE 2022 ORGANIZADO POR EL DIARIO EXTRA?

Aunque a muchos les parezca increíble, e incluso desproporcionado, este juicio que voy a emitir: yo pienso que esos ausentes no fueron personas físicas, sino más bien otros factores que representan la exteriorización del final, ya manifiesto e inevitable, de nuestro estado social de derecho y de la Segunda República, dentro de la que su institucionalidad se materializó, aún en medio de la ofensiva neoliberal iniciada en la segunda mitad de los años ochenta. Dado lo anterior, resulta innegable que, en medio de este debate, faltaron esos componentes esenciales del pacto social de hace setenta años, del que tanto abominaron la oligarquía costarricense y sus principales medios de comunicación por haberle dado continuidad a la reforma social de los años cuarenta, a los que ahora el mundo de la vieja política en el peor sentido del término, representado tanto por Figuerillos, como por los restos del PLN, los “progres” del PAC, los “reaccionarios” del PUSC y algunos pseudocristianos, se encargó de sepultar con una batería de leyes antipopulares, llegando incluso a criminalizar la protesta social y a blindar a los evasores fiscales y tenedores de títulos de la deuda interna.

El otro candidato presidencial, ese que vino de afuera como un auténtico outsider, no es un socialdemócrata ni tampoco se atreve a defender ese legado histórico, del que al parecer no se siente parte, de ahí la arena movediza en la que parece desplazarse, a pesar de algunos señalamientos acertados que formuló al inicio del debate, cuando aún las recriminaciones y amenazas recíprocas no habían comenzado a ponerse de manifiesto, a propósito de temas como el financiamiento de las campañas electorales, dentro unas mal llamadas “elecciones libres” que nunca lo han sido, pero que han resultado ser un excelente negocio para dos o tres banqueros que se han convertido en los árbitros de la política, de ahí que quien no tiene plata no puede entrar en esa absurda competencia, a no ser que disponga de otros medios como en el caso de Rodrigo Chaves, suscitando la ira de sus adversarios. Por lo demás, pienso que ya es hora de abandonar tanta credulidad y estupidez manifiestas, miremos de frente lo que sucede en nuestro país, precisando así los límites entre lo real y lo irreal.

En efecto, lo que sucede es que ambos candidatos presidenciales no logran identificar, de manera pública y bien precisa, los elementos de la mentada crisis por la que estaríamos atravesando, en esencia ambos se equivocan al definirla como coyuntural, y sí piensan –tal y como lo dijeron- que podrán enmendar rumbos que ya fueron definidos en otros tiempos, en otros escenarios y por parte de otros actores sociales. La inmensa deuda pública y sus intereses de mora los harán actuar como marionetas del Fondo Monetario Internacional y de los usureros, toda una capa social de consumados evasores fiscales.

Son esos elementos coyunturales, exteriorizados en el transcurso de una mediocre e insípida campaña electoral, los que nos impiden captar una panorámica del escenario histórico como la que estamos viviendo, muy a pesar nuestro, aunque tendamos a darle la espalda a la realidad: Estamos en los inicios de una prolongada época de retroceso social y político, una que marcará en esencia todos los componentes de nuestro mundo social y político, a lo largo de la tercera década del siglo XXI, como un proceso propio de la larga duración histórica. Esto apenas está empezando.

Carlos Andrés Pérez Sánchez: víctima de la administración Alvarado

Escrito en 03/03/2022. Publicado en Derechos, Trabajo.

Isabel Ducca D.

¿Ustedes se imaginan a un saboteador de una refinería de petróleo descalzo?

La sentencia del Tribunal de Apelaciones del Juzgado de Goicoechea, reproduce la acusación que se le planteó a Carlos Andrés Pérez S. como causante de un sabotaje a Recope en Moín y llama la atención que, cuando lo detienen, se encontraba descalzo.

Este operario fue detenido la noche del 11 de septiembre del 2018 en Moín; se le responsabilizó de entrar a las instalaciones con la intención de crear un peligro para la seguridad común. Mediante el uso de un objeto idóneo, cortó el cable de señal de nivel de las esferas 7710 y 7711, retiró dos fusibles que suministran la electricidad a los instrumentos de control y dañó el sistema de la válvula hidráulica, desconectando las líneas de fluido hidráulico, tanto en la parte inferior como la parte superior de tal forma que la esfera 711 quedó con las válvulas cerradas, creando un peligro (sic) la seguridad común pues con su actuar interrumpió el bombeo de gas desde el buque Strident Force a las esferas de almacenamiento, para lo cual cerró la válvula de entrada a la esfera, lo que puedo (sic)producir que las tuberías que trasladan el gas sufrieran una ruptura, produciendo una explosión que hubiera liberando (sic) gas licuado de petróleo a la atmósfera, a una razón de 1500 barriles por hora, catástrofe que se logró evitar gracias a la rápida acción del personal de RECOPE.^{^[1]}^{^[i]}

Este fue el sabotaje al que se refirieron tanto Alejandro Muñoz, presidente ejecutivo de Recope, como Michael Soto, ministro de Seguridad, el 17 de septiembre 2018, con orgullo de salvadores de los costarricenses por habernos liberado de terroristas con mano criminal.

El trabajador fue condenado por los medios de comunicación, las altas autoridades del gobierno antes de ser también culpado por un juez de Limón el día 27 de noviembre del 2018 a dos años de cárcel y diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. ¡Justicia pronta y cumplida!, cuando así les conviene.

O más bien, ¡injusticia pronta y cumplida!, ya que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, Segundo Circuito de San José, Goicoechea, el 26 de febrero del 2019, declaró con lugar la apelación interpuesta tanto por el Ministerio Público como por su defensor. Son múltiples las irregularidades que dicho tribunal encontró en el proceso. Nos interesa rescatar una conclusión fundamental de esa argumentación jurídica:

Pocas veces este Tribunal se ha enfrentado a un proceso y a una sentencia cargada de tantos y tan graves errores en la aplicación del derecho vigente como la presente. Por ello, porque se estima, conforme a lo indicado, que no se trata de simples discrepancias de criterios jurídicos o de errores menores, sino de un burdo desconocimiento del Derecho Penal y Procesal Penal, se considera procedente testimoniar piezas ante el Tribunal de la Inspección Judicial a fin de que se determine si al juez de mérito le asiste alguna responsabilidad disciplinaria al tenor de lo estipulado en el artículo 199 párrafo final de la Ley Orgánica del Poder Judicial.^{^[ii]}

El criterio de juristas destacados fue expuesto en la Revista de Canal 13 del Sistema de Radio y Televisión dirigida por Laura Martínez.^[iii] Dicha sentencia fue calificada por José Miguel Villalobos como un mamarracho jurídico que deja ver, como la punta de un iceberg, la crisis del sistema judicial porque una sentencia así amerita que ese juez sea investigado e incluso destituido por la flagrante ignorancia que demuestra; incluso puede ser acusado por prevaricato por la cantidad de vicios procesales y de fondo que contiene la sentencia de ese juez de Limón, pues sus argumentos son contrarios a la ley.

La pregunta fundamental planteada por este jurista es si se trata una magna ignorancia de parte del juez o de un acomodo a la presión para exhibir una condena que correspondiera con la coacción ejercida por sectores empresariales y círculos editoriales para declarar el suministro de combustible como servicio esencial, con el objetivo de garantizar la anulación de la posibilidad de huelga en servicios públicos como el de Recope.

La sentencia del juez de Limón fue presentada por algunos medios como el non plus ultra de la defensa de la institucionalidad porque la intención siempre es confundir al ciudadano, de manera que ligara suministro de combustible con servicio esencial y prohibición de la huelga. Había un sector muy importante que deseaba cerrar el derecho a huelga en los servicios públicos.

Otro asunto muy cuestionable es que los medios de comunicación le hicieron creer a la ciudadanía que existía alguna prueba del sabotaje; sin embargo, el Ministerio Público afirmó que no había ninguna prueba directa, nadie lo observó manipulando algo. A pesar de todo eso, el juez lo convirtió en un indicio preciso y concordante de que esa persona estaba intentando sabotear; ese fue el único indicio para acusarlo. ¡No existe prueba directa! ¡No existen varios indicios!

Nuestra solidaridad para con Carlos Andrés Pérez Sánchez quien entró esa noche a las instalaciones de RECOPE por su lealtad para con el país y la institución, pues tenían varias horas él y otros compañeros que se encontraban fuera en el estacionamiento, de oler como si hubiera una fuga de combustible. Para prevenir una tragedia entraron a revisar. Cuando estaban dentro del plantel, una patrulla entró a detenerlos… Sin palabras, imaginen el resto.

Este viernes tendrá lugar en Limón el juico. Las organizaciones sociales están solicitando Sobreseimiento definitivo para Carlos Andrés.

Si todavía existe justicia en Costa Rica, así será.

[1] Tanto los graves problemas de redacción como el subrayado son del original.

[i]Chinchilla, R., García, A. y Rojas, G. (2019). Resolución: 2019-0319 Expediente: 18-000244-1130-PE (7)TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL, Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, p.6.

[ii] Idém, p.42.

[iii] S.a. Costa Rica Noticias. Revista: Entrevista: Cuestionamientos a sentencia de trabajador de Recope. Recuperado de: http://www.costaricanoticias.cr/revista/page:2

Patria mía, ¿adónde vas?

Escrito en 12/02/2022. Publicado en Análisis, Coyuntura.

Manuel Delgado

1.-

Los resultados electorales de este domingo muestran la profunda crisis política por la que atraviesa el país. En esta elección hemos cosechado el mayor porcentaje de abstencionismo de la historia reciente. En ese resultado influyó, indudablemente, la epidemia de la Covid y sus secuelas. Pero ese no fue el factor principal. El abstencionismo es el rechazo a la oferta electoral. Demuestra que nuestro pueblo no fue convencido por ninguno de los partidos y candidatos.

Esos partidos y esos candidatos, a su vez, son rechazados por muchos motivos, entre los que destacan la corrupción y la ineficiencia de los últimos gobiernos. Pero sobre todo, son repudiados por la política económica aplicada por ellos y apoyada por sus diputados, y que ha llevado hambre, desocupación, sobreexplotación y desesperanza a los hogares. Es, en resumen, un rechazo a la política neoliberal. Esta ha estado conformada por una estrategia de congelamiento de salarios del sector público y una reducción constante de los salarios del sector público; por una reducción de los derechos laborales a largo plazo, desmejorando la cesantía y las condiciones de las jubilaciones; por una persecución a las organizaciones sociales y la criminalización de la protesta social; el aumento sistemático de los impuestos a los bienes y servicios que consumen los sectores populares; a una práctica de reducción en empeoramiento de los servicios públicos; a la práctica de la represión en las huelgas, manifestaciones, luchas de los indígenas y, en general, a toda manifestación de descontento. Y, además, mucha corrupción.

2.-

La principal muestra del rechazo ha sido la vapuleada obtenida por el partido de gobierno, aun cuando este partido pretendió levantar un programa de corte asistencialista, igual al que siempre en teoría ha defendido.

El Partido Acción Ciudadana no solo no elige ningún diputado, cosa que no había ocurrido nunca con el partido de gobierno, sino que recibe una cantidad marginal de votos: apenas el 0,66%. Es muy posible que como resultado de estas elecciones, desaparezca como fuerza activa.

El PAC es, por su extracción social, un partido de la “clase media” (la denominación no me gusta mucho), lo cual incluye a sectores de servidores universitarios, profesionales, empleados públicos, educadores, estudiantes, artistas y otros. Empujado por la oligarquía, en sus dos administraciones, pero sobre todo en la última, este partido se ha dedicado a perseguir y estrujar a esos sectores. Le impuso un plan fiscal que elevó sustancialmente sus impuestos, les redujo la pensión amparados en la consigna de la derecha de acabar con las “pensiones de lujo”, alargó las edades de pensión y les bajó sus montos, rebajó sus prestaciones de retiro, les aplicó impuestos a la transacción de sus inmuebles, les quitó potestades y derechos a sus organizaciones sindicales, redujo las condiciones de trabajo de las universidades. Pero además, los sometió a una constante campaña de persecución y desprestigio, dirigida en especial contra los empleados públicos. Con estos dos gobiernos, los sectores medios han vivido acosados y atemorizados. Todo esto ha estado acompañado de una política de congelamiento de salarios y la amenaza del descenso de los sueldos de los servidores públicos, especialmente a través de la llamada ley de empleo público. Es lógico pensar, entonces, que estos sectores le hayan vuelto la espalda en estas elecciones.

3.-

Otra muestra contundente del rechazo popular al neoliberalismo lo muestran los resultados obtenidos por las agrupaciones abiertamente liberales. Los partidos Libertario, Unión Liberal y Unidos Podemos obtienen el 1,2% de los votos emitidos (el 0,65% del padrón). Por su parte, el Liberal Progresista de Eliécer Feinzaig solo obtiene el 12,3% de los votos válidos (el 6,3% del padrón).

En su conjunto, ellos cosechan el 13,5% de los votos, muy por debajo de lo obtenido por el Partido Libertario en el 2010 (20,9%) y apenas similares a los del 2014. En relación con el número de votantes inscritos, es decir, el padrón electoral, la diferencia es más clara: esta vez esos cuatro partidos obtuvieron el apoyo del 6,9% de los costarricenses, en contraste con los porcentajes reunidos por el Libertario, que fueron del 11,9% del 2010 o el 11,3% del 2014.

4.-

Similar derrota han obtenido los dos partido fundamentalistas religiosos, que en la mayoría de las ocasiones han acuerpado los proyectos neoliberales del gobierno. Restauración Nacional solo ha cosechado el 0,55% de los votos. Mientras tanto, el partido Nueva República de Fabricio Alvarado ha obtenido el 14,8%, muy por debajo del 24,9% obtenido en primera ronda de la elección del 2018.

La desaparición de esos partidos como fuerza determinante es un hecho muy positivo para la lucha popular y para la democracia costarricense. Llama, sí, la atención de que este último partido siga siendo una fuerte alternativa para los sectores más pobres de la población y que haya obtenido altas votaciones en los litorales, es especial en Limón y Puntarenas. Ese apoyo se explica por el rezago social de esas provincias, por el abandono a que han sido sometidas por todos los gobiernos, y por el debilitamiento de los partidos de los trabajadores y señala una gran tarea y una gran responsabilidad para las organizaciones populares.

5.-

Los resultados de los partidos Liberación Nacional, Unidad Socialcristiana y Progreso Social Democrático son también muestra del deterioro del discurso y la práctica neoliberales.

Tanto Liberación Nacional y como la Unidad Socialcristiana (que incluso formaron parte del gobierno) han acuerpado ese programa antipopular del que hablamos, pero sus acciones no las han podido sostener ante la opinión pública a la hora de pedir el voto porque saben que ese programa es de rechazo popular.

Por el contrario, sabían que debían de cambiar el discurso y recurrieron a la vieja triquiñuela de ofrecer el oro y el moro: casas y becas, ayuda asistencial y empleos, todo en el intento de cazar incautos.

Curiosamente la Unidad Socialcristiana no logra convertir ese apoyo parlamentario en votos para su candidata presidencial, que cae al cuarto lugar de las preferencias electorales, con un 12,3% del padrón, muy por debajo del 15,9% cosechado hace cuatro años. Aunque el padrón, como es lógico, ha crecido, el número absoluto de votos recibidos por el PUSC se redujo en 118.625 votos, es decir, costarricenses concretos que decidieron darle su apoyo a otra candidatura.

Una cosa similar es el caso del PLN. Este partido obtiene la mayoría relativa con un 27,2% de los votos, un aumento en relación con las dos elecciones anteriores (nos referimos a los votos en primera ronda), pero su apoyo representa un sector más pequeño de la población. Apenas un 14% de las personas inscritas le dio su voto.

Los dos brazos del bipartidismo, juntos, apenas reúnen en 40% de los votos emitidos y el 20% de los inscritos en el padrón electoral.

6.-

Contrario a todos los pronósticos, Rodrigo Chaves se medirá con el PLN en la segunda vuelta. Esta enigmática figura ha tenido un paso rapidísimo por nuestro país y nuestra política. Proveniente del Banco Mundial en el que laboró largos años, ha mantenido un discurso comedido en lo económico. Aunque es de presumir que profese las mismas ideas que impulsó desde su posición de funcionario de ese organismo financiero internacional, ha tenido el cuidado de distanciarse de un liberalismo expreso, muy posiblemente solo de palabra. Al revés, se presenta como un impulsor del cambio, como una alternativa novedosa, que no se compromete con ninguna de las políticas del gobierno aunque formó parte de él por un breve plazo.

Chaves es otra muestra del rechazo que siente la población por la política y los políticos tradicionales. En cierta medida, los votantes lo han apoyado como muestra de protesta frente a una política tradicional corrupta e ineficiente. Su imagen de un tecnócrata sin compromisos con la política, aunque también sin compromisos con un programa clase, atrae a muchos sectores

Hay que llamar al pueblo a no dejarse engañar por esos nuevos espejismos. Tanto él, nuevo en nuestra política, como Figueres, viejo dirigente, serán en última instancia instrumentos de la misma política: esa que impulsa el FMI, brazo gemelo del Banco Mundial, y que tiene como norte acabar con nuestro maltrecho estado de bienestar y terminar de liberalizar nuestra economía.

7.-

Con especial cuidado debemos hablar del Frente Amplio. Este partido ha obtenido una nutrida cantidad de votos: 158.991 personas han votado por él, lo que corresponde a un 8,9% de los votos válidos emitidos. Supera así el amargo bache de la elección pasada cuando solo acumuló el 0.78%, pero queda muy lejos del 17,25% obtenido en las elecciones de 2014.

Después de 2014 y durante las dos administraciones consecutivas, el Frente Amplio se mantuvo como aliado y a veces defensor expreso del partido de gobierno y de sus dos presidentes. Esa política colaboracionista lo llevó incluso, como se sabe, a convertirse en parte del gabinete de Carlos Alvarado. Ese apoyo abierto o soterrado fue muy negativo para el movimiento popular y para el electorado costarricense, pues ayudó a consolidar el apoyo de amplios sectores progresistas al gobierno y fortaleció la imagen de “izquierdista” con el que muchos sectores, incluso desde la derecha, pretendieron clasificar al PAC y su gobierno. Esa colaboración le pasó una alta factura al Frente Amplio, que, sobre todo en la elección del 2018, apechugó con buena parte del desprestigio del PAC, lo que lo llevó a obtener una votación de pesadilla.

El buen resultado de este 2022 se debe a dos factores: primero, que logró atraer a una porción importante de los seguidores del Partido Acción Ciudadana, especialmente el sector más de izquierda de este partido, los cuales, hastiados del giro a la derecha del gobierno, pretenden encontrar en el Frente Amplio el tipo de agrupación política que ellos ayudaron a forjar a comienzos del siglo, aquel joven partido que era percibido como de centro-izquierda, inspirado en las luchas populares, en especial la lucha contra el TLC, desligado de los partidos del bloque oligárquico, alzado en la consigna de defender y ampliar el estado de bienestar y el sistema de seguridad social y que decía luchar contra la corrupción y por la protección de los trabajadores asalariados y los pequeños y medianos empresarios.

Todas ellas son consignas que se amoldan como anillo al dedo al discurso actual del Frente Amplio. Pareciera que el Frente Amplio ha logrado la meta que se proponía: colocarse en el sitio que dejó libre el PAC. De hecho, su líder, presionado por la prensa, se definió a sí mismo como político “de centro”. Un exceso, me parece, para un partido que a lo sumo llega a “centro-izquierda”.

“Panta rei”, decían los griegos: “Todo discurre, todo se mueve”. Y el Frente Amplio no es la excepción. Para crecer hasta convertirse en opción de poder, este partido debe moverse, y tiene dos y solo dos cauces posibles. O vuelve los ojos a la calle y al movimiento popular y se pone al frente de su lucha contra la arremetida neoliberal, es decir, o asume un papel de izquierda, o se posiciona ahora sí en el centro, haciendo nuevas concesiones a los de arriba. Yo espero que discurra por el primero, aunque temo que él más bien va a optar por el segundo.

8.-

Y a nosotros, ¿qué nos queda? Una segunda vuelta entre un malo y otro no peor, sino igual. Porque lo peor es votar por el “menos malo”, lo peor es que uno de los dos logre posicionarse en el imaginario del electorado como “el progre” o “el agente del cambio”. Ya Figueres anda buscando lo primero, el apoyo del electorado progresista, para obligarnos a repetir la pesadilla de hace cuatro años, la pesadilla de votar por una de las dos cabezas de la hidra, decisión que nos trajo tan malos resultados.

Manuel Delgado analiza proceso que judicializa la protesta

Escrito en 08/12/2021. Publicado en Análisis, Derechos.

El periodista Manuel Delgado Cascante analiza en minuto y medio el proceso que judicializa la protesta social en la persona de Albino Vargas. Le invitamos a escucharlo.

La instrumentalización política de la justicia

Escrito en 08/12/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Óscar Madrigal

En las últimas décadas, especialmente en América Latina, algunos regímenes conservadores o no, incorporaron como una de las armas contra el movimiento popular y los movimientos políticos, el uso de la justicia. Se alejaron un tanto de los escandalosos golpes de estado propiciados por los militares contra los regímenes que no les eran obsecuentes u obedientes; por el uso de la justicia, procesos judiciales amañados, procuraron alejar del poder a presidentes o cerrar el camino a potenciales candidatos que les disputaran el gobierno. La justicia se prestó para juicios políticos, se puso al servicio de los gobernantes de turno para impedir cambios de poder o silenciar a los líderes populares.

Costa Rica no ha sido la excepción. La conducta del Estado representado por el Ministerio Público y la Procuraduría General, no se diferencia mucho de lo hecho en otras latitudes. El juicio penal que se sigue en los Tribunales contra el dirigentes sindical Albino Vargas así lo comprueba. Albino está acusado por incitar a bloquear calles y llamar a la movilización social. Estas conductas fueron convertidas en delitos con el fin de impedir la protesta, pero sobre todo con el propósito de acallar a los dirigentes sociales; ahora llamar a bloquear una calle por un problema de agua en una comunidad o de un camino en un pueblo campesino o rural, podría llevar a la cárcel, sea a penar varios años de prisión a los líderes comunales o de grupos que participen en acciones de protesta como esas.

Es claro que el sistema político actual pretende acallar la protesta social, pretende acallar a un dirigente popular como Albino Vargas. Ya él, siendo muy joven, junto con Gloria Valerín y muchos otros, fueron enjuiciados penalmente por la Huelga de Adaptación Social de 1982; en ese tiempo existía el artículo 333 y 334 del Código Penal que tipificaba como delito el participar en una huelga, o sea que las huelgas eran delito. Esos artículos fueron derogados en los primeros años de 1990 porque se consideraba que atentaban contra las libertades democráticas. Hoy las huelgas están casi en la misma situación de antes del 90, o sea de ser un delito.

Albino Vargas es un dirigente controversial que puede no gustar a muchas personas, aunque nadie pueda decir que es un dirigente corrupto. Hoy se enfrenta a una nueva normativa anti-trabajadora, a un poder claramente al servicio de un sector muy reducido de la población, a una normativa jurídica más antidemocrática y autoritaria.

Esperemos que hoy como en 1982 Albino salga absuelto y libre, lo deseamos no solo por él sino por la democracia y las libertades públicas del país.

Es el modelo económico, dice el director del OIJ

Escrito en 08/08/2021. Publicado en Análisis, Derechos.

Óscar Madrigal

El día de ayer participé en un programa de radio llamado “Alternativas” sobre el tema de la criminalidad en el país. Resumo algunas ideas que expuse.

Hace unos tres días el director del OIJ, Walter Espinoza, decía en una entrevista en La Nación:

“Recientemente el Informe del Estado de la Región reveló que Centroamérica bajó sus índices de homicidios durante la última década con excepción de Costa Rica, que se mantiene con niveles similares al 2010.

De acuerdo con Espinoza, el enfrentamiento entre bandas narco locales, sumado a problemas de índole social como pobreza, desempleo, desigualdad, falta de oportunidades y poca distribución de la riqueza, hacen que la tasa nacional de homicidios no disminuya”.

El director del OIJ es consciente que el actual modelo de desarrollo económico que genera desigualdad, pobreza, desempleo, injusta distribución de la riqueza es también la causante de que los delitos, por ejemplo, de homicidios, no disminuyan.

Los estudios sobre la criminalidad también han demostrado que la delincuencia no es un problema de los pobres. Otras naciones mucho más pobres que la nuestra, muestras índices menores de delitos, como por ejemplo los homicidios.

Sin embargo, los partidos políticos que han gobernado en las dos últimas décadas han enfrentado el problema de la criminalidad solo desde la perspectiva de un derecho penal autoritario, aumentado las penas y los delitos desde mediados de los años 90, sin que esta política haya producido ningún beneficio. Solo ha aumentado el autoritarismo sin beneficio para la sociedad.

Las clases dominantes creen que las leyes penales resolverán problemas sociales, cuando es evidente que las leyes por sí solas no resuelven los problemas de la sociedad, lo que solo se logra con políticas públicas dirigidas a enfrentar las causas de la criminalidad. Sin embargo, las actuales políticas de austeridad, de recorte a los programas de atención social que impulsa el actual Gobierno, solo agudizará la criminalidad del país. Además, las leyes anti-huelgas, la criminalización de la protesta social, junto a las políticas autoritarias del proyecto de Empleo Público, se orientan a crear un sistema político cada vez más autoritario y, por tanto, menos democrático.

Costa Rica ha pasado a ocupar el top de los países más desiguales del mundo, según el Banco Mundial, y ahora también a estar entre los primeros 5 lugares del continente con la mayor cantidad de privados de libertad por habitantes y con el mayor índice de mujeres privadas de libertad de Centroamérica.

Se sabe también que las cárceles no resocializan a esas personas, las cuales por lo general se encuentran hacinadas y violándose en muchos casos sus derechos humanos.

A lo anterior debe agregarse que la aplicación de las leyes, lo que llamamos la justicia, no parece operar de la misma manera para todas las clases sociales. Los escándalos de corrupción no terminan en juicios o sentencias, sobre todo cuando se trata de personas adineradas o pertenecientes a las clases poderosas económicamente.

Las estadísticas así lo indican: de todos los casos denunciados por corrupción solo el 20% van a juicio después de 3 o 7 años; de los que van a juicio solo el 7% terminan con sentencia y solo la mitad de ellas en sentencias condenatorias. Pero lo más llamativo es que se trata de casos “menores” como el tráfico que pide una “mordida” o el funcionario municipal una “comisión”. Los grandes actos de corrupción que involucran a los miembros de los clanes poderosos económicamente no aparecen nunca juzgados.

La llamada clase política, por otra parte, está carcomida por la corrupción. Casi todos los partidos políticos han sido condenados por estafa o están siendo acusados por estos delitos: el PLN, el PAC, el partido evangélico de Justo Orozco, el PASE de Oscar López, el Libertario de Otto Guevara, el partido del doctor Hernández, el PUSC y muchos otros. De igual manera, prácticamente todos los expresidentes han enfrentado acusaciones por corrupción por casos como Alcatel, Caja, la Trocha, Cementazo, Cochinilla y otros.

La corrupción de los políticos produce una degeneración en la sociedad porque hay muy pocos referentes y porque la ética en la función pública parece no importar o importar bien poco, como el caso por ejemplo de Figueres. Ese es el mensaje equivocado que se dirige a la ciudadanía sobre los valores y la virtudes de los políticos.

Los componentes de orden social hacen que la criminalidad no descienda en Costa Rica, como lo afirma el director del OIJ. Es necesario, consecuentemente, cambiar el modelo de desarrollo económico, el modelo de acumulación de capital como dirían otros, que está generando o produciendo esos problemas.

En términos generales, solo una democratización de nuestra vida social, económica y cultural podrá disminuir y enfrentar acertadamente la creciente delincuencia nacional.

Sobreseimiento definitivo para estudiantes que se movilizaron en defensa de educación superior pública

Escrito en 22/07/2021. Publicado en Derechos, Educación.

A finales del año 2019, estudiantes de universidades públicas se movilizaron en defensa de la educación pública y contra las políticas neoliberales.

Las protestas fueron reprimidas por la Fuerza Pública. De aquellas manifestaciones, varias personas resultaron detenidas y procesadas en vía judicial.

SURCOS recibió la noticia de que el grupo de estudiantes recibieron el sobreseimiento.

El POR TANTO dice:

“De conformidad con lo expuesto y artículos 311 y 312 del Código Procesal Penal, se ordena el sobreseimiento definitivo de NATALIA TAPIA ALVAREZ, MARIA SILENY VÁSQUEZ OROZCO, ABRAHAM CISNEROS QUESADA, ANTONIO MORA CASTRO, JAVIER CARVAJAL MONTERREY, IXMUCANE HERNÁNDEZ MORALES y ANDRÉS SOLÍS APONTE, por INCENDIO Y OTRO, en perjuicio de LA SEGURIDAD COMÚN Y OTRO. Se ordena el levantamiento de cualquier medida cautelar que se le hubiere impuesto a los imputados, a las sociedades o sus bienes materiales, de existir alguna y si otra causa no lo impide. Se resuelve sin especial condenatoria en costas. Se ordena al Ministerio Público disponer de la evidencia secuestrada, de haberla. En caso de que deba ser destruida y/o devuelta, se le previene a la Fiscalía proceder con su ejecución e informar a este despacho una vez hecho lo que corresponda legalmente con ella. NOTIFÍQUESE.- José Pablo León. Juez Penal”

Análisis del estallido político

Escrito en 12/07/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

I.-Tras dos meses de manifiesta actividad popular en el desarrollo del Paro Nacional, corresponde ubicar los derroteros tomados por el movimiento de protesta, resaltando los virajes del mismo, en los objetivos de un fin propuesto.

Cual doloroso trámite de un parto para la sociedad colombiana, el resultado de las situaciones y efectos producidos son múltiples. Comenzando que por la injerencia de una magistrada de pretender condicionar la realización de manifestaciones y protestas, propios de un Paro Nacional a “permisos” por conceder; la decisión de la Alcaldía de Bogotá de revocar la autorización a los organizadores o Comité Nacional de Paro (CNP), de instalación de tarimas de oradores en la plaza de Bolívar; la actitud de dilación en el reconocimiento y trato de representatividad del Comité de Paro Nacional (CPN); designaron, desde el primer día, el propósito de darle a la protesta social, un tratamiento contra insurgente.

Blandieron el uso y aplicación constitucional, de dientes para afuera, como lo asimila la jerga popular, de protección y defensa de los derechos humanos y del derecho a la protesta y el condicionamiento de las armas oficiales, al uso de la fuerza a manera de distinción, proporcionalidad y el no uso de armas letales.

En total impunidad y mentira, han galopado sobre un estado de cosas inconstitucional (eci) y aplicado, con toda clase de calificaciones, estigmas, a cada una de las novedosas formas y contenido de las protestas que las jornadas callejeras han suscitado.

Se aplicó la más feroz arbitrariedad de las fuerzas armadas y el uso desmedido de la fuerza policial, sin distinción y con aplicación de salvaje insidia contra la juventud, en primera línea, en valeroso ejemplo de contención a los instrumentos de una dictadura en ejercicio.

Demasiados hechos políticos se han sucedido, que resumen toda la actividad del Paro Nacional. La constante manifiesta de la contra parte gubernamental ha sido: la de no conversar, de no dialogar, con los organizadores del Paro; como tampoco con los actores de concentraciones, manifestaciones y bloqueos.

Sin voluntad política para escuchar y reconocer las reclamaciones populares, primó la respuesta oficial y el uso de los efectos mediáticos. En respuesta, sobrevinieron las acciones de bloqueo, como expresión de la protesta popular. Estos bloqueos se generalizaron hacia las vías de acceso a las ciudades y carreteras de transito nacional, como resultado de la vinculación al Paro del sector de transportistas. En sucesión inusitada, las movilizaciones programadas resultaron superadas por las acciones de emprender de hecho, en las vías públicas; demostrándose la falta de capacidad y carencia de dirección del CNP ante la fuerza de los acontecimientos masivos que deparaba el accionar de las masas en el Paro Nacional.

La cadena de sucesos en el desenvolvimiento del Paro Nacional superó las figuras de estereotipos que sobre la protesta se tenía en Colombia. Pronto afloró que no se centraba en el contenido de pliegos de peticiones, reivindicaciones no cumplidas, o propuestas de carácter gremial o sindical y por ello la iniciativa del movimiento sindical colombiano, en ruta a niveles de escaños alcanzados, quedó superada por la exigencia de los sectores populares, palmariamente difundidas, lo cual conllevó a la connotación de carácter político del Paro; con el ítem, que su no reconocimiento político e intervención, en el caudal de la lucha popular, por parte de los movimientos políticos de oposición y del no rechazo de estas colectividades a las políticas de hegemonía oligárquica contra insurgentes aplicadas, ha derivado en un divorcio de lo programático partidario con lo coyuntural expuesto.

Las organizaciones políticas y partidos de oposición, por lo coyuntural de lo inmediato del debate y aspiraciones electorales, relegaron los vínculos que tienen con la lucha política por opción o vocación de poder, apartando o dejando a un lado la respuesta a los conflictos que agobian al movimiento popular colombiano, en lo económico, político, social, ecológico, con agenda propia y contradicciones subsistentes, hacia alcances de transformación estructurales.

Hablar de divorcio de las colectividades políticas de oposición, centra la discusión en la supremacía de la suerte de la vía electoral, cuando ello en modo alguno estaba en juego. Esto redunda en la resonancia al espíritu político de la dirigencia sindical, gremial, de organizaciones sociales; lo cual trajo como resultado la capitulación al leguleyismo santandereano, por parte de la Dirección del Comité de Paro. Se reemplazó así, la dinámica de la lucha y resistencia popular contra las medidas fascistas y dictatoriales, por la presentación de proyectos de ley, ante el corruptivo Congreso de la república y en momentos en que este asomó, como el principal enemigo de las luchas populares en Colombia y generador de tantos males.

El carácter comúnmente conocido o tradicional de Paro Cívico Nacional Indefinido, derivó en la huelga política, en el Paro Político Nacional (PPN). Ello explica la cortedad de manejo de la dirección del CNP, al aceptar la no capacidad representativa nacional de la mayoría de los sectores afectados, protestantes y manifestantes. Pero los cuadros sindicales no tuvieron la capacidad de dar el salto cualitativo a la caracterización política de la protesta y no quedarse en el mero calificativo de “estallido social”. Por ello la Dirección del Paro, se plegó a las estrategias de dilación y desconocimiento de la contra parte gubernamental. La contradicción suscitada en el seno de las organizaciones, movimientos, partidos y sectores sociales de la Asamblea de Delegados, no fue suficiente para otorgar una línea de trabajo a aplicar a la Dirección Nacional de Paro (DNP), con miras a superar las limitables de participación y asistencia, ante los efectos del rebrote político efervescente popular; manifestado en multiplicables sectores, de fuerzas regionales y de la sociedad civil, ante los cuales no tenía ni cubría alcance direccional.

II.- En cuanto a los movimientos y/o partidos de oposición, no cualificaron con su soporte y participación de dirección y asistencia política al movimiento sindical en Paro Nacional; centrando todo su esfuerzo en lo participativo electoral. Ni siquiera asumieron el ejercicio “De la participación democrática de los partidos políticos”; desde el punto de vista de tema o asunto de recurrir a el cabildo abierto en los municipios; para en la práctica, superar las talanqueras o reparos impuestas a las expresiones de democracia directa participativa o “democracia de las calles”.

Se conoce que la reglamentación de lo constitucional, por parte de los hacedores de leyes narco para estatales, han relegado y desechado la naturaleza y eficacia practica de esos mecanismos de participación directa. Obvio que pesa la existencia de un congreso mayoritario narco oligárquico paramilitar, en el manejo estatal y gubernamental y en el recorte de inspiraciones del constituyente primario. No obstante, ello no es óbice para que sea la conducción política la que asume la superación de esos entuertos, de desconocer la cumplimentación y uso de participación de todos esos mecanismos constitucionales de democracia directa y no representativa. Comenzando por el voto mismo, en franca y total degradación, con un sistema electoral corrupto y de casino que aún a costa del desarme y desmovilización de una fuerza insurgente, lo mantienen sin asomo de implementación de los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colón. Todo por el culto al electorerismo, también conocido como “cretinismo parlamentario”; cuando la esencia de la participación electoral en Colombia incluye el elemento material de superar la corrupción, clientelismo, compra venta de votos; el terror y el engaño, ínsito, propio y connatural del sistema electoral corrupto, que atornilla a todo lo espurio y falso de la llamada “democracia” colombiana.

III.- La desigualdad social es más violenta que cualquier protesta. El número de reivindicaciones y cambios estructurales que fueron surgiendo durante el trazado y desarrollo del Paro Nacional, demostró la dinámica del mismo y la ausencia confusionista de objetivos.

Con militarización y violencia el gobierno nacional obstaculizó la negociación.

El gobierno desvirtuó el carácter pacífico de la protesta. Demostró que al sistema nada le importa eso. Arremetió en forma salvaje y desmedida. La acometida con el uso indiscriminado de disparos a los manifestantes, apoyados de civiles armados, resaltó en lo desigual del conflicto en escena; evidenciando la aplicación y el uso del paramilitarismo en lo urbano. Por ello se plantea que el tratamiento dado a la protesta fue contra insurgente.

A lo gubernamental afectó la irrupción de descontento, cual expresión política, sin depender de movimiento político orientador. Tanto el origen del conflicto actual como su no solución, implica que el único responsable de los efectos, en todos los planos, por resultado del Paro Nacional, es el actual gobierno del sub presidente Duque. La protesta generalizada y radicalizada surgió, por incompetencia e ineficacia gubernamental, en lo conocido como desgobierno, cual estallido de resistencia al régimen imperante y al modelo económico neoliberal. Allí radica la esencia de la protesta y el meollo del asunto a resolverse.

A la fecha se puede afirmar que el asunto, como materia y motivo a resolverse es de resultado y esencia originaria de motivación política, como protesta interminable y en escala, que suscitó el Paro Nacional desde el 28A, en forma creciente, ascendentes, de espiral imparable. No se registra antecedente que la represión policial-militar pueda dar al traste con esta clase de protesta política.

Por el contrario, se ha demostrado que aún sin un organismo de dirección activo, los enfrentamientos continúan en muchas ciudades capitales de departamento y la lluvia de reclamaciones y exigencias regionales, aumentan.

El gobierno le apuntó al desgaste de las dirigencias y de los manifestantes. Al enfrentamiento de estos con los sectores sociales en receso y población afectada por las acciones y movimientos de protesta. Descargó toda su culpa e ineficacia en la conducción gubernamental de solución al asunto, bajo la premisa de la dilación, la negación a la violación de los derechos humanos, la no condena a la violencia policial, lo cual redundaba en el camino explicito para el desmonte del Escuadrón de la Muerte Policial-Esmad, la reforma y cambio estructural de la actual policía militarizada y la apertura a un Nuevo Pacto social en Colombia.

IV.- Los fines esenciales constitucionales del Estado han sido colocados en entredicho. El ejercicio de la soberanía popular en forma directa, vilipendiada. Violado el derecho a la vida y aplicado de facto el recurso de la muerte, con el asesinato, el desaparecimiento físico y tortura a los jóvenes. El trato y protección a ciudadanos, sin discriminación a marginados, minorías, pueblos autóctonos, fue desconocido. Los derechos sociales, económicos y culturales, mancillados; así como no reconocer, el carácter inalienable de los bienes y servicios públicos, a ojos vista privatizados y objeto de la furia inclemente de la indignación generadora de repulsa colectiva, en una acción que podría considerarse- en el imaginario popular- de descalificación y no empoderamiento de protección, como propio, hacia la cosa pública.

Así la situación, transcurridos dos meses de protestas no reconocidas e imparables; todo en Colombia está por darse. La Resistencia, continúa. No se requiere de una inteligencia preventiva para que el establecimiento acepte que días de mayor radicalización se darán y en vísperas del festejo de la primera independencia nacional y la lucha por la segunda independencia definitiva se está abriendo con mayor intensidad. Transitamos por la segunda oportunidad y bajo la premisa que “no hay mal que dure cien años, ni país que lo resista”.

Etiqueta: criminalización de la protesta social

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (23).Tercera época.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.

Por Carlos Meneses Reyes

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (23).
Tercera época.