UCR recomienda aprobar proyecto de ley para proteger a personas defensoras del ambiente frente a embargos preventivos
La iniciativa busca prevenir el uso de medidas judiciales que pueden convertirse en mecanismos de presión económica e intimidación contra personas activistas, periodistas y comunidades que participan en el debate público ambiental.
La Universidad de Costa Rica (UCR) recomienda aprobar el proyecto de ley n.º 25.125, que propone reformar el artículo 86.1 del Código Procesal Civil para impedir que se decreten embargos preventivos cuando los reclamos judiciales se originen en el ejercicio de la libertad de expresión y la participación en la toma de decisiones que afectan al ambiente.
La recomendación forma parte de la propuesta de acuerdo CU-100-2026 aprobada en la sesión N° 7037 por el Consejo Universitario
El acuerdo se basa en los criterios de distintas instancias universitarias que advierten sobre los riesgos de utilizar procesos judiciales y medidas cautelares para ejercer presión económica contra quienes denuncian daños ambientales o cuestionan proyectos empresariales y actuaciones estatales.
El Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) señala que la iniciativa responde a una preocupación internacional por las llamadas demandas estratégicas contra la participación pública, conocidas como SLAPP por sus siglas en inglés. Estos litigios pueden utilizarse para intimidar, silenciar o desgastar a periodistas, personas activistas y defensoras de derechos humanos, mediante procesos prolongados, costos económicos elevados o medidas que afectan sus bienes.
Por su parte, el Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria advierte que los embargos preventivos pueden tener consecuencias importantes antes de que exista una sentencia firme. La congelación de cuentas, salarios o bienes inmuebles puede comprometer la estabilidad económica de las personas demandadas y generar un efecto disuasorio sobre otras personas y comunidades que participan en la defensa del ambiente.
El análisis de Kioscos Socioambientales también recupera antecedentes documentados en el estudio Una memoria que se transforma en lucha: 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica, que registra 18 demandas individuales y siete colectivas contra más de 36 personas activistas judicializadas por la defensa del ambiente y los derechos comunitarios.
Estos antecedentes evidencian la importancia de discutir las garantías legales necesarias para que las personas y comunidades puedan denunciar afectaciones ambientales y participar en decisiones de interés público sin enfrentar mecanismos de presión desproporcionados.
La problemática adquiere especial relevancia en territorios rurales e indígenas, donde las personas defensoras pueden enfrentar mayores dificultades económicas y de acceso a asesoría jurídica especializada. Los procesos judiciales también generan desgaste emocional y pueden debilitar los procesos de organización comunitaria (Ver más).
Aunque la propuesta universitaria recomienda aprobar el proyecto de ley, también plantea la necesidad de introducir ajustes técnicos para fortalecer su claridad y aplicación.
Entre las observaciones recogidas se encuentra la importancia de establecer criterios objetivos que permitan determinar cuándo corresponde aplicar la excepción al embargo preventivo. Esto contribuiría a brindar mayor seguridad jurídica y a mantener un equilibrio procesal, sin desproteger la libertad de expresión ni la participación pública en asuntos ambientales.
Asimismo, el análisis del PROLEDI advierte que la protección de la libertad de expresión debería abarcar también otras materias de relevancia pública, y no limitarse a los asuntos ambientales.
El criterio del Instituto de Investigaciones Jurídicas, incorporado en la propuesta, también respalda la procedencia de la reforma y sugiere ajustar la redacción para facilitar su comprensión.
La iniciativa legislativa plantea una discusión fundamental para la democracia: cómo evitar que los mecanismos judiciales se utilicen para silenciar las voces críticas y restringir la participación ciudadana en asuntos de interés público.
La recomendación de la Universidad de Costa Rica busca contribuir a una reforma que fortalezca las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa del ambiente, al tiempo que incorpore criterios claros para su aplicación.
El acuerdo plantea comunicar a la Asamblea Legislativa la recomendación de aprobar el expediente n.º 25.125, tomando en consideración las observaciones formuladas por las instancias universitarias.
Ver acuerdo https://www.youtube.com/watch?v=Jj-EKF5AVGQ y propuesta votada: https://drive.google.com/file/d/1CjNdMMn5jWC08QvYV3q-9pkqpO50OVmN/view?usp=sharing
Con el apoyo del proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.