Se está desarrollando en América Latina un fenómeno altamente preocupante, la violencia en contra de líderes sociales y la muerte de dirigentes con capacidad de incidencia es cada vez mayor. Costa Rica recientemente es testigo de uno de los crímenes más escandalosos de los últimos tiempos. La muerte violenta del dirigente indígena Sergio Rojas Ortiz, líder del pueblo Bribri y defensor de los derechos humanos de esta población.
La defensa del territorio indígena de Salitre y su enfática actividad en favor de sus derechos, parece ser la razón principal por la que se silenció la voz de un respetable activista en Costa Rica. La tierra de gente pacífica y del “pura vida” está siendo opacada por acciones repudiables, porque sus autoridades no son capaces de tomar medidas de prevención adecuadas; porque están más interesados en criminalizar la protesta social que en resolver el desarrollo de la criminalidad con políticas de prevención adecuadas. Se interesan más en aprobar proyectos de ley que cercenen derechos de las personas trabajadoras que en promocionar una buena política de seguridad.
Pero también, los elevados niveles de violencia en contra de líderes sociales en América Latina son una alarma objetiva que nos vienen advirtiendo, desde hace algunos años, el grado de descomposición social y el poco o nulo interés de los gobiernos por atender con acciones efectivas el problema.
La corrupción y la impunidad en sus distintos matices, a veces descaradamente expresa en otras, con extrema diplomacia, son una clara señal de que algo no anda bien. El silencio cómplice de los gobiernos nos lleva a sospechar si se trata de una problemática incluida en sus políticas de seguridad o si, por el contrario, la indiferencia responde a los intereses de ciertos grupos de poder.
La defensa de los derechos humanos de algunas poblaciones históricamente excluidas se ha vuelto una alternativa estratégica para que los gobiernos ganen popularidad, para que reciban ensordecedores aplausos en el escenario de las Naciones Unidas. Sin embargo, el salir a defender los derechos de ciertas poblaciones les debería obligar, por autenticidad o por decencia, velar también por los derechos de otros grupos que siguen siendo víctimas de injusticia.
Las personas jóvenes, aquellas que creemos que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos como lo indica la Declaración Universal de Derechos Humanos, nos cuestionamos los motivos por los que las políticas de los gobiernos se enfocan en los derechos de unas personas e ignoran los derechos de otras, olvidando en la práctica la universalidad de los derechos humanos. La indiferencia, por ejemplo, con la que tratan la violencia en contra de lideresas o líderes sindicales es vergonzosa e injustificada.
El temor que tenemos las personas jóvenes, por hechos concretos que se han dado en la región, es que se llegue al extremo de averiguar si una persona agredida, una persona procesada judicialmente, o a cualquiera que defienda un derecho, es sindicalista o no. Pues de su respuesta dependerá si merece que se le haga justicia o si, por el contrario, la mora, la denegación y la impunidad serán la receta.
Resulta extraño que los gobiernos levanten la voz para condenar a otros gobiernos amparados en una supuesta defensa de derechos humanos, cuando las verdaderas razones son discrepancias ideológicas. Lo cual no niega que puedan existir violaciones de derechos elementales, pero la censura obedece a cualquier otro interés, menos al de velar por el bienestar de las personas.
Todos coincidimos en la necesidad de promocionar y defender los derechos humanos, la pregunta es: ¿Cuáles derechos humanos y para quiénes? Nos alegramos cuando a un grupo de personas a quienes históricamente se les ha negado el disfrute de ciertos derechos logran su reivindicación. Pero, nos preocupa el desarrollo de un pseudo-progresismo, que únicamente reconoce unos derechos y ataca a mansalva el derecho de otras personas.
El asesinato de 113 sindicalistas, líderes sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia durante el 2018 y 29 nuevos casos en lo que va del año; la muerte de Berta Cáceres en Honduras; el asesinato de más de 20 personas en Guatemala durante el 2018, entre ellas el secretario de conflictos del Sindicato de Embutidos Bremen, Tomás Francisco Ochoa y el Secretario General del Sindicato de la Municipalidad de Villa Canales, Domingo Nach; el encarcelamiento de la periodista Lucía Pineda Ubau en Nicaragua y así, una serie de represalias y procesos judiciales en contra de personas que participaron de la reciente huelga en Costa Rica, es preocupante.
Todos estos casos y aquellos que, por una u otra razón no se logran citar, pero que también tienen el mismo valor y por los que se demanda igual justicia, constituyen un motivo suficiente para que los Organismos Internacionales de Derechos Humanos se pronuncien y llamen a cuentas a los gobiernos.
Las personas jóvenes que tenemos un particular compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos, con la búsqueda permanente del bien común y con el fortalecimiento de los principios democráticos, exigimos justicia y el fin de la impunidad.
Fuente: https://anep.cr
Sea parte de SURCOS:
Fabiola Pomareda García / pomaredafabiola@gmail.com
El poder judicial está obligando a un grupo de campesinos de Finca Chánguina, en Palmar Sur, a ir a juicio mañana en Ciudad Cortés, a pesar de que la Sala IV ya les dio la razón y, más bien, condenó la actuación policial contra las personas manifestantes en el puente sobre el río Grande de Térraba, ese día de 2016.
Pero además, el Poder Judicial está citando a Daniel Villalobos -quien es testigo del caso que se verá mañana en Ciudad Cortés-, a presentarse el mismo día, a juicio en San José, para enfrentar la demanda por calumnia que le hizo el empresario Óscar Echeverría Heigold.
Las autoridades notificaron a 6 personas, que deben presentarse a juicio los días 5, 6, 7 y 8 de febrero, en los Tribunales del Cantón de Osa, en Ciudad Cortés. Los seis fueron arrestados durante las protestas de 2016 y fueron acusados por los policías de resistencia agravada y obstrucción de la vía pública.
El martes 16 de febrero de 2016 y durante el Gobierno de Luis Guillermo Solís, decenas de familias campesinas de Finca Chánguina y Finca Térraba realizaron una manifestación en el puente sobre el río Grande de Térraba, en contra del desalojo de las fincas, ordenado por el empresario Óscar Echeverría Heigold.
Ese día fueron golpeados y detenidos seis campesinos y los videos y fotografías de ese día y la cobertura de medios de comunicación demuestran que hubo un exceso de fuerza y abuso de autoridad por parte de la Fuerza Pública al momento de llevar a cabo esas detenciones. Así lo ha argumentado COOTRAOSA R.L. y el Grupo Campesino Chánguina, organizaciones que agrupan a estas familias.
Quienes fueron golpeados y detenidos fueron Luis Chinchilla Montero, Alexander Azofeifa Castro, Mauro Meza Arias, Erick Morales Saballo, Laureano Díaz Fernández y Emanuel Avila Amador, todos los cuales fueron acusados por los policías y deberán enfrentar juicio mañana.
Según afirman COOTRAOSA R.L. y el Grupo Campesino Chánguina: “Ese día no se va a procesar a seis compañeros, sino a más de 160 familias a las cuales ellos representan”.
Ese martes 16 de febrero y después de la actuación de los policías y antimotines, el grupo -apoyado por organizaciones sociales- presentó un recurso de hábeas corpus a favor de los detenidos, y éstos fueron liberados 30 horas después. El 10 de marzo los campesinos detenidos, además del dirigente Daniel Villalobos, comparecieron ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea legislativa, que investigó el actuar de la Fuerza Pública. Posteriormente los campesinos demandaron al Estado.
Como destacó COOTRAOSA R.L. y el Grupo Campesino Chánguina: “Por estos abusos de autoridad la Sala Constitucional nos da la razón y por ello mismo hemos demandado al Estado ante el Tribunal Contencioso Administrativo en el Segundo Circuito Judicial de Goicoechea en San José por el actuar violento e irrespetuoso de nuestro derecho a la protesta, privación de libertad y agresiones físicas con lesiones a quienes demandábamos justicia y solución del conflicto por la tenencia de la tierra”.
De acuerdo con el Poder Judicial, consta en el expediente No. 16-2193-0007-CO y en la sentencia de la Sala Constitucional No. 2016-6789 que: “la Sala condenó al Ministerio de Seguridad Pública al pago de daños y perjuicios por detener de manera arbitraria a un grupo de personas durante una manifestación pacífica en el puente sobre el Río Térraba. Los afectados presentaron un hábeas corpus porque los policías aparentemente los aprehendieron sin un motivo válido. El recurso fue a favor de seis campesinos de Finca Chánguena que protestaban contra la orden de desalojo”.
“Se declara con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo”, se lee en el documento.
El dirigente Daniel Villalobos, uno de los detenidos en el puente y testigo en el caso que se sigue contra sus compañeros en Ciudad Cortés, deberá presentarse el 6 de febrero a una audiencia oral y pública en el Tribunal Penal del 1 Circuito Judicial de San José, por el delito de calumnia, ya que fue demandado por el empresario Echeverría Heigold.
Erick Morales, de COOTRAOSA R.L., conversó con Voces Nuestras en una reciente visita que hicimos a Finca Chánguina y explicó:
“Aquí estamos desde el 23 de mayo de 2014, alrededor de 80 familias necesitadas de tierra pues vivimos en una zona donde el empleo es muy escaso y las posibilidades económicas también son muy limitadas. En aquel momento decidimos entrar a esta finca, Finca Chánguina, también conocida como Bananera Chánguina, porque en algún tiempo este terreno fue parte de la compañía bananera”.
“El arrendatario es el que tiene deudas con el banco. En 1991 COOPALCA del Sur decide arrendarle la propiedad a Óscar Echeverría Heigold por 20 años para que él hiciera lo que quisiera en la finca. El arrendamiento se interrumpió por incumplimientos laborales con los peones agrícolas que tenía en aquel momento Echeverría. De ahí nació por algunas personas tomar la tierra como medida de presión para que Echeverría se hiciera cargo de las deudas y ellos poder recuperar el dinero que se les adeudaba”.
“Hemos sido sujetos de varios desalojos administrativos; el último se dio en el 2015. A partir de ahí iniciamos negociaciones con el Gobierno, logrando en el 2017 que se declarara de interés público la finca. Posteriormente el Gobierno decide expropiar a la cooperativa dueña del inmueble COOPALCA y en este momento estamos en un proceso de expropiación que es el que está llevando el Contencioso Administrativo en este momento. Estamos esperando que el Contencioso se pronuncie y ordene al INDER la expropiación y después el parcelamiento de la finca. El INDER maneja la cifra de que son 3.5 hectáreas para cada familiar”.
Foto: Cortesía COOTRAOSA
Tomado de http://www.vocesnuestras.org
Sea parte de SURCOS:
El 02 de febrero, Chalecos Amarillos volvió a recuperar las principales ciudades de Francia, protestando contra la represión brutal que las fuerzas de seguridad han desplegado en los últimos 3 meses, contra las actividades de gilets jaunes
Además, salieron a protestar contra la ley que se aprobó la semana pasada, que penaliza las manifestaciones dentro del marco de la ley antiterrorista.
No somos “casseur” gritaban los manifestantes, que una vez más fueron reprimidos con armas convencionales de guerra, que ya son 11 personas fallecidas desde que empezó la protesta.
El sábado 02 de febrero, la represión salvaje, no fue la excepción, pero la fuerza de los amarillos es incontenible.
El pasado martes 05 de febrero se llevó a cabo la huelga general en Francia, apoyada por los sindicatos; que por fin se desmarcaron del gobierno y que, en definitiva, las circunstancias los obligaron a comprender que no le podían seguir dando la espalda al pueblo, que está luchando y jugándose el pellejo en las calles por una nueva República.
Imagen tomada de www.marxist.com
Enviado por Manuel Hernández Venegas.
Sea parte de SURCOS:
Diferentes organizaciones campesinas están convocando a un gran Encuentro Social Multisectorial para este martes 15 de enero a las 9:00 a. m. en el Auditorio de la Conferencia Episcopal, Calle 20. El objetivo de la actividad es llevar ponencias concretas con soluciones a los problemas nacionales, con el fin de conformar una concertación nacional que haga frente al proceso de neoliberalización y desmantelamiento del Estado Social de Derecho, bajo el poder de grupos financieros y empresariales internacionales muy poderosos.
Dentro del marco de la Campaña contra la Criminalización de la Protesta Social, este espacio también lleva como componente en su convocatoria la solidaridad con Carlos Andrés Pérez Sánchez, trabajador de RECOPE criminalizado por el gobierno después de la gran huelga del pasado año 2018.
Esta convocatoria es un esfuerzo de pequeñas organizaciones campesinas tales como cooperativas, juntas de ferias y centros agrícolas cantonales.
Bruno de Jesús Coto Barboza
Secretario de Asuntos Campesinos y Agropecuarios
Confederación Unitaria de Trabajadores (C. U. T.)
*Imagen ilustrativa tomada de la nota: Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) en defensa de sus insumos
Enviado por Isabel Ducca.
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Asociación Costarricense de Derechos Humanos – ACODEHU
Costa Rica: 25 días de Huelga Nacional Indefinida
Incremento de la represión, criminalización y judicialización de la protesta social
Como organización de Derechos Humanos, la ACODEHU considera una obligación denunciar ante la opinión pública nacional e internacional, la violación por parte del Estado costarricense de una serie de derechos humanos fundamentales que se han dado en el marco de la huelga nacional que hoy alcanza el día 25 y tres semanas de duración.
Cien horas para concretar un diálogo que no fue posible, por falta de voluntad política de la administración del señor Carlos Alvarado Quesada.
En este contexto, 20 días después de haberse declarado la huelga nacional, el gobierno impone el “Documento de consulta a las bases sindicales y sociales” documento que no recoge las inquietudes ni atiende las demandas de los sectores en huelga y adolece de satisfacer derechos humanos fundamentales de una gran cantidad de actores y sujetos sociales.
Por las mismas inconsistencias estructurales de un documento preliminar y por su naturaleza de ser elevado a consulta de las base, el rechazo fue total y contundente, por lo que el gobierno endurece su posición de intransigencia y agudiza la represión de la fuerza pública, bajo las órdenes del Ministerio de Gobernación y Seguridad.
De igual forma, durante las dos últimas semanas el proceso de criminalización, agresiones y judicialización de la protesta social se incrementó contra los sectores que se mantienen en huelga.
La intimidación del gobierno se ha caracterizado por amenazar con la declaratoria de ilegalidad de la huelga; el despido masivo y selectivo del sector magisterial y de otras instituciones estatales. Se suma a esto, la campaña mediática del miedo dirigida al pueblo, distorsionando la verdadera esencia y contenido del Plan fiscal que se discute y pretende imponer desde las Asamblea Legislativa, contra las grandes mayorías que lo objetan.
El tema de fondo es que el pueblo rechaza el Proyecto de Ley 20.580 por su carácter neoliberal y regresivo que atenta contra las conquistas sociales de la clase trabajadora y los sectores más vulnerables del país.
Este obedece a los dictados del FMI y plantea la exoneración de impuestos a las empresas trasnacionales como las zonas francas y otras que operan con grandes tasas de ganancia en este país.
En el contexto de rechazo de este proyecto, y porque no ha dado la oportunidad de otro proyecto de verdadera justicia social, es decir una reforma fiscal progresiva, justa y solidaria, el pueblo se mantiene en las calles en marchas pacíficas manifestando el derecho a disentir, directamente ligado a un conjunto de derechos que resguardan la protección constitucional; así tenemos el derecho de asociación (Art.25), el derecho de reunión y manifestación(Art.26), derecho a la libertad de petición (Art.27), derecho a la libertad de expresión y opinión (Art.28 y 29), además del Artículo 13 de la Convención Interamericana de DDHH y el derecho a huelga (Art.61 y Convenio 87 de la OIT).
Al día de hoy los episodios de violencia por parte de los diferentes cuerpos represivos, se han caracterizado por actuar de forma brutal en diferentes lugares del país, haciendo uso de gases lacrimógenos, golpeando en forma indiscriminada a la ciudadanía partícipe en las diversas manifestaciones, amén de las diferentes organizaciones sociales, sindicales y organizaciones de Derechos Humanos.
– Principales comunidades reprimidas y/o intimidadas por provincias
Guanacaste: Santa Cruz, Carrillo, Cañas, Bagaces y Liberia.
Puntarenas: Parrita, Quepos, Jacó, Miramar, Barranca, Caldera, Paso Canoas.
Alajuela: Upala, Muelle, San Ramón, La Garita.
Limón: Home Creek, Moín, Siquirres, Valle la Estrella y territorios indígenas.
Cartago: Alto de Ochomogo.
San José: San Pedro Montes de Oca (violación a la autonomía universitaria y represión, criminalización y judicialización a una estudiante y tres estudiantes universitarios. El profesional de Ciencias de la Comunicación que cubría los hechos de ese día, 12 de setiembre, fue brutalmente agredido.
– Detenciones arbitrarias
Moín: 25 personas detenidas y un menor de edad asesinado.
Barranca: 5 personas detenidas
Caldera: 8 personas detenidas-judicializadas
La Garita: 3 personas detenidas
– Procesos de judicialización
San Pedro de Montes de Oca (San José): cuatro estudiantes detenidos y judicializados (una estudiante y tres estudiantes). Caldera, Puntarenas: ocho detenidos y judicializados.
– Agudización de agresiones físicas y psicológicas
En la represión militar y policial no se ha respetado la niñez, mujeres, personas adultas mayores ni habitantes de pueblos originarios.
– Mecanismos de intimidación y coacción
El Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y otras entidades del estado han procedido con amenazas abiertas en la línea de despidos y rebajos salariales a trabajadoras y trabajadores que están en huelga, o bajo la amenaza directa de plantear en los tribunales de trabajo la “ilegalidad de la huelga”.
– Campaña mediática y difamación del movimiento de huelga
El discurso sostenido del gobierno contra los derechos laborales conquistados a partir de 1940 se ha hecho presente a través de acusaciones infundadas contra las trabajadoras y trabajadores públicos, acusándoles de supuestos actos de violencia y terrorismo.
La Asociación Costarricense de Derechos Humanos – ACODEHU hace un llamado a la opinión nacional e internacional para que se solidaricen con el pueblo de Costa Rica y se le exija al Gobierno y a la Asamblea Legislativa la suspensión de la represión, la criminalización y penalización de la ciudadanía que ejercen el derecho de la protesta social como el primer Derecho Humano Fundamental, a fin de garantizar la participación democrática en este país.
Solicitamos el envío de mensajes de solidaridad al Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, a los ministros y las ministras, diputadas y diputados y demás autoridades del Estado, para que se deponga el clima de tensión ante el repudio del pueblo a la crisis fiscal y al Proyecto de Ley 20.580 que nos quieren imponer.
Un proyecto de Ley que es rechazado por más del 79% de la población costarricense, no puede ser aprobado, pues atenta contra el principio más esencial de la democracia económica y social.
Ana Cecilia Jiménez Arce
Presidenta
Asociación Costarricense de Derechos Humanos-ACODEHU
E.mail: carana1945@gmail.com
Tel. 00 (506) 8706 71 00
San José, Costa Rica, jueves 4 de octubre de 2018
ACODEHU denuncia internacional
*Imagen ilustrativa tomada de la nota: Caminada Guanacaste a San José Combo fiscal
Enviado por Alberto Gutiérrez Arguedas.
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Miércoles 26 de setiembre a las 5 pm. – Auditorio de la Biblioteca de Salud – UCR
*Imagen de portada con fines ilustrativos tomada de la página de Facebook de Colectivo Derecho a la Protesta Social
Enviado por Marcela Zamora Cruz.
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Condenamos y denunciamos la criminalización de la protesta social por parte del régimen Ortega/Murillo así como la violencia y represión que ejercen
Exigimos respeto a la integridad física e identidad de género de Victoria y demandamos su inmediata liberación
Nos solidarizamos con el movimiento LGBTIQ de Nicaragua y con todos y todas quienes luchan por la democracia y los derechos humanos en el hermano país
Victoria Obando, conocida popularmente como Pibecito Blue es originaria de Bluefield, Región Autónoma del Caribe Sur, mujer transgénero, gastrónoma, estudiante de Comunicación de la UNAN Managua, activista de los derechos de las mujeres trans y de la Comunidad LGBTI.
Desde muy Joven ha luchado por los derechos de las mujeres transgénero, siendo su principal bandera de lucha el reconocimiento social y legal de la población trans, por medio de una Ley de Identidad de Género. Con ese fin funda DEIGEORSEX, Asociación por los Derechos a la Identidad de Género y Orientación Sexual y es parte del Comité de Trabajo de la Ley de Identidad de Género de la Mesa Nacional LGBTI de la cual su organización es participante activa.
Desde inicio de la jornada de protesta contra el régimen Ortega/Murillo, ella ha sido parte del movimiento autoconvocado, apoyando desde su condición de joven universitaria. Ha sido parte de la Coalición Universitaria por la Democracia y la Justicia, CUDJ, como tal participó en el CRES 2018, y fue la voz de los y las estudiantes que estaban siendo asesinados y reprimidos por la policía y los paramilitares del régimen Ortega/Murillo.
El pasado 25 de Agosto junto a otros jóvenes de la CUDJ, fue detenida ilegalmente en la ciudad de León, violentando sus derechos humanos. Demandamos respeto a su integridad física y que se respete su identidad de género. Exigimos su libertad inmediata.
Exigimos la libertad inmediata de Victoria
Luis Paulino Vargas Solís, Presidente Movimiento Diversidad
Información enviada a SURCOS por Luis Paulino Vargas Solís
La Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica le invita al Conversatorio: Trabajando en contextos mediados por el narcotráfico, la criminalización de la pobreza y los efectos de las prisionalización, el cual estará a cargo de Ana Cajiao, este jueves 12 de julio a las 8:30 a.m. en la sala de audiovisuales de la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós, Facultad de Ciencias Sociales, UCR.
Imagen con fines ilustrativos tomada de la nota publicada en SURCOS titulada: Director del Observatorio para la prevención de la tortura habló sobre hacinamiento y monitoreo carcelario.
Enviado por Luis Alberto Soto.
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El Colectivo de Solidaridad con Honduras en Costa Rica emitió un comunicado en el que denuncia que «el 15 de marzo se confirmó la detención del estudiante hondureño Eduardo Enrique Urbina Ayala, quien se encuentra en el Centro de Aprehensión Temporal para Extranjeros en Condición Irregular (CATECI) en San José, Costa Rica«. El joven es solicitante de refugio.
Este universitario ingresó a Costa Rica el 1 1 de diciembre del 2017, debido a la criminalización y campaña de persecución política del Gobierno de Honduras. Ha tenido el acompañamiento del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
El comunicado señala que el joven Urbina Ayala se mantiene a la espera de que el Gobierno de Costa Rica, le otorgue el estatus de refugio y de esa manera se le brinde la protección internacional que se requiere, por tratarse de un perseguido político amenazado en Honduras.
El martes 20 de marzo a las 10 de la mañana se ofrecerá una conferencia de prensa para dar más detalles. La actividad será en el Centro de Amigos para la Paz en San José.
Enviado por Marcela Zamora.
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