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Etiqueta: criminalización

Organizaciones campesinas convocan a Encuentro Social Multisectorial

Diferentes organizaciones campesinas están convocando a un gran Encuentro Social Multisectorial para este martes 15 de enero a las 9:00 a. m. en el Auditorio de la Conferencia Episcopal, Calle 20. El objetivo de la actividad es llevar ponencias concretas con soluciones a los problemas nacionales, con el fin de conformar una concertación nacional que haga frente al proceso de neoliberalización y desmantelamiento del Estado Social de Derecho, bajo el poder de grupos financieros y empresariales internacionales muy poderosos.

Dentro del marco de la Campaña contra la Criminalización de la Protesta Social, este espacio también lleva como componente en su convocatoria la solidaridad con Carlos Andrés Pérez Sánchez, trabajador de RECOPE criminalizado por el gobierno después de la gran huelga del pasado año 2018.

Esta convocatoria es un esfuerzo de pequeñas organizaciones campesinas tales como cooperativas, juntas de ferias y centros agrícolas cantonales.

 

Bruno de Jesús Coto Barboza

Secretario de Asuntos Campesinos y Agropecuarios

Confederación Unitaria de Trabajadores (C. U. T.)

 

 

*Imagen ilustrativa tomada de la nota: Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) en defensa de sus insumos

Enviado por Isabel Ducca.

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Asociación Costarricense de Derechos Humanos hace denuncia

Asociación Costarricense de Derechos Humanos – ACODEHU

Costa Rica: 25 días de Huelga Nacional Indefinida

Incremento de la represión, criminalización y judicialización de la protesta social

Como organización de Derechos Humanos, la ACODEHU considera una obligación denunciar ante la opinión pública nacional e internacional, la violación por parte del Estado costarricense de una serie de derechos humanos fundamentales que se han dado en el marco de la huelga nacional que hoy alcanza el día 25 y tres semanas de duración.

Cien horas para concretar un diálogo que no fue posible, por falta de voluntad política de la administración del señor Carlos Alvarado Quesada.

En este contexto, 20 días después de haberse declarado la huelga nacional, el gobierno impone el “Documento de consulta a las bases sindicales y sociales” documento que no recoge las inquietudes ni atiende las demandas de los sectores en huelga y adolece de satisfacer derechos humanos fundamentales de una gran cantidad de actores y sujetos sociales.

Por las mismas inconsistencias estructurales de un documento preliminar y por su naturaleza de ser elevado a consulta de las base, el rechazo fue total y contundente, por lo que el gobierno endurece su posición de intransigencia y agudiza la represión de la fuerza pública, bajo las órdenes del Ministerio de Gobernación y Seguridad.

De igual forma, durante las dos últimas semanas el proceso de criminalización, agresiones y judicialización de la protesta social se incrementó contra los sectores que se mantienen en huelga.

La intimidación del gobierno se ha caracterizado por amenazar con la declaratoria de ilegalidad de la huelga; el despido masivo y selectivo del sector magisterial y de otras instituciones estatales. Se suma a esto, la campaña mediática del miedo dirigida al pueblo, distorsionando la verdadera esencia y contenido del Plan fiscal que se discute y pretende imponer desde las Asamblea Legislativa, contra las grandes mayorías que lo objetan.

El tema de fondo es que el pueblo rechaza el Proyecto de Ley 20.580 por su carácter neoliberal y regresivo que atenta contra las conquistas sociales de la clase trabajadora y los sectores más vulnerables del país.

Este obedece a los dictados del FMI y plantea la exoneración de impuestos a las empresas trasnacionales como las zonas francas y otras que operan con grandes tasas de ganancia en este país.

En el contexto de rechazo de este proyecto, y porque no ha dado la oportunidad de otro proyecto de verdadera justicia social, es decir una reforma fiscal progresiva, justa y solidaria, el pueblo se mantiene en las calles en marchas pacíficas manifestando el derecho a disentir, directamente ligado a un conjunto de derechos que resguardan la protección constitucional; así tenemos el derecho de asociación (Art.25), el derecho de reunión y manifestación(Art.26), derecho a la libertad de petición (Art.27), derecho a la libertad de expresión y opinión (Art.28 y 29), además del Artículo 13 de la Convención Interamericana de DDHH y el derecho a huelga (Art.61 y Convenio 87 de la OIT).

Al día de hoy los episodios de violencia por parte de los diferentes cuerpos represivos, se han caracterizado por actuar de forma brutal en diferentes lugares del país, haciendo uso de gases lacrimógenos, golpeando en forma indiscriminada a la ciudadanía partícipe en las diversas manifestaciones, amén de las diferentes organizaciones sociales, sindicales y organizaciones de Derechos Humanos.

– Principales comunidades reprimidas y/o intimidadas por provincias

Guanacaste: Santa Cruz, Carrillo, Cañas, Bagaces y Liberia.

Puntarenas: Parrita, Quepos, Jacó, Miramar, Barranca, Caldera, Paso Canoas.

Alajuela: Upala, Muelle, San Ramón, La Garita.

Limón: Home Creek, Moín, Siquirres, Valle la Estrella y territorios indígenas.

Cartago: Alto de Ochomogo.

San José: San Pedro Montes de Oca (violación a la autonomía universitaria y represión, criminalización y judicialización a una estudiante y tres estudiantes universitarios. El profesional de Ciencias de la Comunicación que cubría los hechos de ese día, 12 de setiembre, fue brutalmente agredido.

– Detenciones arbitrarias

Moín: 25 personas detenidas y un menor de edad asesinado.

Barranca: 5 personas detenidas

Caldera: 8 personas detenidas-judicializadas

La Garita: 3 personas detenidas

– Procesos de judicialización

San Pedro de Montes de Oca (San José): cuatro estudiantes detenidos y judicializados (una estudiante y tres estudiantes). Caldera, Puntarenas: ocho detenidos y judicializados.

– Agudización de agresiones físicas y psicológicas

En la represión militar y policial no se ha respetado la niñez, mujeres, personas adultas mayores ni habitantes de pueblos originarios.

– Mecanismos de intimidación y coacción

El Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y otras entidades del estado han procedido con amenazas abiertas en la línea de despidos y rebajos salariales a trabajadoras y trabajadores que están en huelga, o bajo la amenaza directa de plantear en los tribunales de trabajo la “ilegalidad de la huelga”.

– Campaña mediática y difamación del movimiento de huelga

El discurso sostenido del gobierno contra los derechos laborales conquistados a partir de 1940 se ha hecho presente a través de acusaciones infundadas contra las trabajadoras y trabajadores públicos, acusándoles de supuestos actos de violencia y terrorismo.

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos – ACODEHU hace un llamado a la opinión nacional e internacional para que se solidaricen con el pueblo de Costa Rica y se le exija al Gobierno y a la Asamblea Legislativa la suspensión de la represión, la criminalización y penalización de la ciudadanía que ejercen el derecho de la protesta social como el primer Derecho Humano Fundamental, a fin de garantizar la participación democrática en este país.

Solicitamos el envío de mensajes de solidaridad al Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, a los ministros y las ministras, diputadas y diputados y demás autoridades del Estado, para que se deponga el clima de tensión ante el repudio del pueblo a la crisis fiscal y al Proyecto de Ley 20.580 que nos quieren imponer.

Un proyecto de Ley que es rechazado por más del 79% de la población costarricense, no puede ser aprobado, pues atenta contra el principio más esencial de la democracia económica y social.

 

Ana Cecilia Jiménez Arce

Presidenta

Asociación Costarricense de Derechos Humanos-ACODEHU

E.mail: carana1945@gmail.com

Tel. 00 (506) 8706 71 00

San José, Costa Rica, jueves 4 de octubre de 2018

 

ACODEHU denuncia internacional

 

*Imagen ilustrativa tomada de la nota: Caminada Guanacaste a San José Combo fiscal

Enviado por Alberto Gutiérrez Arguedas.

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Movimiento Diversidad Abelardo Araya denuncia detención arbitraria de lideresa trans nicaragüense Victoria Obando

Condenamos y denunciamos la criminalización de la protesta social por parte del régimen Ortega/Murillo así como la violencia y represión que ejercen

Exigimos respeto a la integridad física e identidad de género de Victoria y demandamos su inmediata liberación

Nos solidarizamos con el movimiento LGBTIQ de Nicaragua y con todos y todas quienes luchan por la democracia y los derechos humanos en el hermano país

Victoria Obando, conocida popularmente como Pibecito Blue es originaria de Bluefield, Región Autónoma del Caribe Sur, mujer transgénero, gastrónoma, estudiante de Comunicación de la UNAN Managua, activista de los derechos de las mujeres trans y de la Comunidad LGBTI.

Desde muy Joven ha luchado por los derechos de las mujeres transgénero, siendo su principal bandera de lucha el reconocimiento social y legal de la población trans, por medio de una Ley de Identidad de Género. Con ese fin funda DEIGEORSEX, Asociación por los Derechos a la Identidad de Género y Orientación Sexual y es parte del Comité de Trabajo de la Ley de Identidad de Género de la Mesa Nacional LGBTI de la cual su organización es participante activa.

Desde inicio de la jornada de protesta contra el régimen Ortega/Murillo, ella ha sido parte del movimiento autoconvocado, apoyando desde su condición de joven universitaria. Ha sido parte de la Coalición Universitaria por la Democracia y la Justicia, CUDJ, como tal participó en el CRES 2018, y fue la voz de los y las estudiantes que estaban siendo asesinados y reprimidos por la policía y los paramilitares del régimen Ortega/Murillo.

El pasado 25 de Agosto junto a otros jóvenes de la CUDJ, fue detenida ilegalmente en la ciudad de León, violentando sus derechos humanos. Demandamos respeto a su integridad física y que se respete su identidad de género. Exigimos su libertad inmediata.

Exigimos la libertad inmediata de Victoria

Luis Paulino Vargas Solís, Presidente Movimiento Diversidad

Información enviada a SURCOS por Luis Paulino Vargas Solís

Conversatorio: Trabajando en contextos mediados por el narcotráfico, la criminalización de la pobreza y los efectos de las prisionalización

La Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica le invita al Conversatorio: Trabajando en contextos mediados por el narcotráfico, la criminalización de la pobreza y los efectos de las prisionalización, el cual estará a cargo de Ana Cajiao, este jueves 12 de julio a las 8:30 a.m. en la sala de audiovisuales de la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós, Facultad de Ciencias Sociales, UCR.

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de la nota publicada en SURCOS titulada: Director del Observatorio para la prevención de la tortura habló sobre hacinamiento y monitoreo carcelario.

Enviado por Luis Alberto Soto.

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Estudiante hondureño detenido en Costa Rica es víctima de criminalización por gobierno de Honduras

El Colectivo de Solidaridad con Honduras en Costa Rica emitió un comunicado en el que denuncia que «el 15 de marzo se confirmó la detención del estudiante hondureño Eduardo Enrique Urbina Ayala, quien se encuentra en el Centro de Aprehensión Temporal para Extranjeros en Condición Irregular (CATECI) en San José, Costa Rica«. El joven es solicitante de refugio.

Este universitario ingresó a Costa Rica el 1 1 de diciembre del 2017, debido a la criminalización y campaña de persecución política del Gobierno de Honduras. Ha tenido el acompañamiento del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).

El comunicado señala que el joven Urbina Ayala se mantiene a la espera de que el Gobierno de Costa Rica, le otorgue el estatus de refugio y de esa manera se le brinde la protección internacional que se requiere, por tratarse de un perseguido político amenazado en Honduras.

El martes 20 de marzo a las 10 de la mañana se ofrecerá una conferencia de prensa para dar más detalles. La actividad será en el Centro de Amigos para la Paz en San José.

 

Enviado por Marcela Zamora.

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Honduras: denuncian amenazas, hostigamiento policial y criminalización de defensores de derechos humanos

Señor Fernando Neda Castro

Oficina Pública del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras

OACNUDH

Su Despacho.

 

Atención señora Silvia Lavagnoli

Representante Adjunta.

 

Agradecer la socialización del comunicado de prensa del grupo de expertos de la ONU, relacionado con el atentado criminal que fuera objeto nuestro compatriota defensor de los DDHH, OSMIN DAVID VALLE CASTILLO, gerente del programa del Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTI – SOMOS CDC, el pasado 10 de julio de 2017 cuando regresaba a su casa de habitación en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el cual condenamos y exigimos de las autoridades competentes una investigación inmediata, oportuna y exhaustiva para dar con el paradero de los responsables materiales e intelectuales para la deducción de las responsabilidades penales y brindar protección inmediata y efectiva a la seguridad, libertades y vida del compañero defensor de los DDHH.

Lo anterior es un reflejo de la fragilidad y vulnerabilidad a la que estamos expuestos los defensores y defensoras de los derechos humanos en Honduras, especialmente desde que se produjera el GOLPE DE ESTADO MILITAR RELIGIOSO contra el gobierno legítimamente constituido en aquella fecha del 28 de junio del 2009, por parte de la oligarquía nacional, el Pentágono y la derecha internacional, condenado por la ONU, La CIDH, La FIDH, el PARLACEN, reconocido por la Comisión de la Verdad en su informe final, lo que ha justificado la instalación por parte de las Naciones Unidas a petición del Estado hondureño, de la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU, por los más de 60 mil muertes violentas ocurridas en estos años y su mandato de coadyuvar y fortalecer los procesos, programas y proyectos tanto del gobierno como de la sociedad civil para restablecer la institucionalidad democrática y el ESTADO DE DERECHO, que nos lleve a los hondureños y hondureñas como nación libre y democrática restablecer el sistema de las garantías y libertades constitucionales de la población y la ciudadanía preceptuadas en las leyes nacionales y los convenios y tratados internacionales como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José.

Somos decenas de compatriotas dedicados a esta noble causa y labor por la que hemos sido objeto de amenazas, persecución, agresiones y hasta pérdida de la vida como el caso de la compañera Berta Isabel Cáceres Flores que en algún momento en el desempeño de nuestro trabajo de defensa, protección, promoción, asesoría, acompañamiento y veeduría en materia de justicia en favor de millares de compatriotas víctimas de violaciones a los derechos humanos por actos constitutivos de abuso de autoridad y poder por parte del Estado y sus autoridades, grupos o personas con poder fáctico.

CASO O SITUACIÓN DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS DEL AMBIENTE DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. CONFLICTO SOCIAL

Actualmente están siendo criminalizados por el Estado de Honduras (10 líderes ambientalistas), miembros del Comité Ambientalista Popular Independiente por los Recursos Hídricos y Otros (CAPIRHO) y pobladores vecinos del Boulevard de la Villa de San Francisco, perseguidos, amenazados y hostigados constantemente por parte de la ENEE, Fiscalía de Delitos Comunes del Ministerio Público, Procuraduría General de la República y ahora en los ÚLTIMOS 12 DÍAS desde el 25 de julio por parte de la Policía Nacional al mando del Sub Comisionado de Policía JOAQUIN FLORES MARADIAGA de la Jefatura Departamental No. 8 de la ciudad de Talanga (TEL. 2775-8261 Y 2775-9275, quien supuestamente cumpliendo órdenes superiores desde el pasado martes 25 de julio 2017, desde altas horas de la madrugada (3:00 a.m. y 4:00 a.m.) ha movilizado entre 60 y 80 efectivos policiales y militares y comandos del Escuadrón COBRAS para amedrantar, amenazar e intimidar hasta con los fusiles de asalto CERROJEADOS como el pasado viernes 04 de agosto 2017 entre las 3:40 a.m. y 5:40 a.m. (Cuándo llego con 5 patrullas al municipio y luego llegaron 7 patrullas más y un Camión Comando de COBRAS, quien al ver la reacción de los pobladores unas 200 personas que en forma pacífica se les acercaron y le dijeron, está es su responsabilidad histórica, quítenos la vida si quiere, nadie anda armas, somos una comunidad pacífica, aquí no hay criminalidad, pero es su responsabilidad por lo que pase aquí, ordeno de inmediato la retirada de todos los militares y agentes policiales). Amenazar que son constantes a los dirigentes y líderes ambientalistas y más de 400 pobladores del Municipio de la Villa de San Francisco, departamento de Francisco Morazán, por oponerse a la instalación de LINEAS DE ALTA TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (LINEAS K Y B DE 69 MIL VOLTIOS) por el Casco Urbano de la ciudad del proyecto AMPLIACIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A TRAVÉS DE BIOMASA adjudicado mediante contrato de varios años a la EMPRESA AZUCARERA TRES VALLES, previo al otorgamiento de una licencia ambiental No. 070-2015 en el año 2015 y resolución No. 0435-2015 por parte de la SERNA o MI AMBIENTE que preside el señor Ministro Ingeniero JOSÉ LUIS GALDAMEZ de forma irregular al no haber sido debidamente, INFORMADA, CONSULTADA Y SOCIALIZADA la misma con la población como lo establece la Ley de Municipalidades, La Ley General del Ambiente y tratados internacionales en la materia, según el informe y dictamen técnico de la Dirección de Evaluación E impacto Ambiental DECA y el SINEIA, al falsear la información y por lo cual se ha presentado una PETICIÓN mediante escrito formal por parte de los habitantes ante la SERNA o MI AMIENTE, el pasado 07 de mayo de 2017, para la revisión, suspensión y cancelación de dicha licencia ambiental y el día de ayer lunes 07 de agosto 2017, se ha formalizado denuncia ante la Misión Internacional de Apoyo al combate a la Corrupción e Impunidad en Honduras MACCIH, por considerarse se cometieron supuestos actos de corrupción en la tramitación y otorgamiento de la licencia ambiental y los contratos de suministro de energía eléctrica con la SERNA y la ENEE No. 066-2014, sin que se haya aprobado la licencia respectiva, la cual fue recepcionada con la documentación respectiva.

Los pobladores y la misma Corporación Municipal como autoridad máxima del municipio, estiman que dicho proyecto es de interés nacional y de gran utilidad para el país, pero su oposición es al tránsito de las líneas o cables de alta transmisión por el casco urbano de la ciudad por temor de los daños que en materia de salud ambiental, especialmente la generación de LEUCEMIA INFANTIL y cáncer en las personas mayores y posibles accidentes por ser una zona altamente poblada de conformidad con estudios y estándares internacionales en la materia sobre los efectos del campo electromagnético o radiación electromagnética.

CRIMINALIZACIÓN DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y DEL AMBIENTE POR PARTE DE LA ENEE, FISCALÍA ESPECIAL DE DELITOS COMUNES DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA COMO INSTITUCIÓN REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTADO DE HONDURAS. EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 119-2017 DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA CIUDAD DE TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN, PRESENTADO EL 27 DE ABRIL DE 2017. JUEZ, ABOGADO OSIAS JUAREZ.

IMPUTADOS

1.-JOSÉ JORGE AGUILAR PONCE, IDENTIDAD 0827-1970-00058 cel.9726-6139

2.- JAIRO RAÚL PONCE TRUJILLO, IDENTIDAD 0827-1985-00072

3.-PEDRO CECILIO PONCE GARCIA, IDENTID 0826-1953-00083 C.3231-9345

4.- RODOLFO QUEZADA BENGTSON, IDENTIDAD 0827-1954-00081

5.- SAMIR RODIL DURON VELÁSQUEZ, IDENTIDAD 0827-1965-00009

6.- LUIS ALBERTO CHACON REYES, IDENTIDAD 0708-1977-00315

7.- CARLOS HUMBERTO MURILLO PONCE, IDENTIDAD 0827-1982-00229

8.- CONCHA MARIA ELVIR VELÁSQUEZ, IDENTIDAD 0827-1964-00002

9.- SONIA MARÍA QUEZADA ROSA, IDENTIDAD 0827-1981-00159

10.- SANTOS ESTER VELÁSQUEZ, IDENTIDAD 0827-1988-00205

Todos mayores de edad, casados unos y solteros otros, vecinos del municipio de la Villa de San Francisco.

DELITOS IMPUTADOS: USURPACIÓN EN PERJUICIO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), POR REQUERIMIENTO FISCAL, EL CUAL LUEGO DE UNA PRESENTACIÓN VOLUNTARIA DE LOS IMPUTADOS Y DECRETADAS MEDIDAS SUSTITUTIVAS A SU FAVOR, EN LA AUDIENCIA INICIAL CELEBRADA EL MIÉRCOLES 21 DE JUNIO DE 2017, DE LAS 11:00 A.M. A LAS 5:30 P.M. LES FUE DECRETADO SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, POR LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y MEDIOS DE PRUEBA DE PARTE DE LOS ORGANISMOS ACUSADORES, QUIENES SE HAN IDO EN APELACIÓN ANTE LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE TEGUCIGALPA, PARA EFECTO QUE LES REVOQUEN EL SOBRESEIMIENTO Y EL JUZGADO LES DECRETE AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO POR EL DELITO DE USURPACIÓN ARTÍCULOS 227 Y 231 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE.

 

Abogados de la ENEE

Abogada Zulema Duarte, cel. 3379-4919

Abogada Norma Núñez, cel. 8916-7515

 

APODERADAS LEGALES EMPRESA AZUCARERA TRES VALLES

Abogada Smirna Ivette García Medina, casada, colegiación No. 13,599, oficinas Col. Palmira, calle República de Venezuela No. 2156, Tel. 3284-8419, 2238-5242 Telefax 2238-1026. Email: smirmg@yahoo.es

Abogada Aixa Gabriela Zelaya Gómez, casada, colegiación No. 14869, teléfono 3389-2550. Email: aixagzg@gmail.com

Abogada Fany Martínez

 

ABOGADOS DEL MINISTERIO PÚBLICO

Abogado Milton Noel Paz Pineda, Coordinador Fiscalía de Talanga, cel. 9454-2920 Fijo: 2775-7486

Abogada Wendy Xiomara Murillo, colegiación No. 12480 del Colegio de Abogados.

Abogada Karen Motiño, de Fiscalía Delitos Comunes

 

DIRECCIÓN POLICIAL DE INVESTIGACIÓN (DPI)

Inspectora de Policía Fany Barahona, Jefa de la DPI de la ciudad de Talanga. Cel. 9461-0114, tel. 2775-9275.

 

JEFATURA DEPARTAMENTAL No. 8 CIUDAD DE TALANGA

Sub Comisionado de Policía Don JOAQUIN FLORES MARADIAGA. Tel. 2275-8261

 

DENUNCIAS PREVIAS CONTRA LOS DEFENSORES DE DDHH AMBIENTALISTAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO

1.- MP-104-2017, Fiscalía de Talanga.

2.- MP -1487880502-2017, Fiscalía de Delitos Comunes

3.- MP- 1489414418-2017, Fiscalía de Delitos Comunes

Todas incoadas por las apoderadas legales de la ENEE, abogadas Zulema Duarte y Norma Núñez por órdenes del señor Gerente General de la ENEE ingeniero Jesús Arturo Mejía Arita, resolviendo en Auto Motivado la ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES, por la sección de instrucción por medio de la Fiscal Jefa, Sección de Instrucción Fiscalía Especial de Delitos Comunes Abogada Wendy Xiomara Murillo.

El Ministerio Público no obstante que en reunión previa con el abogado Milton Noel Paz Pineda en su sede fiscal de la ciudad de Talanga, se les presento un escrito junto con la documentación respectiva, para coadyuvar en el proceso de investigación y que tuvieran una actuación objetiva e imparcial en representación de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD (es decir garantizar el derecho a la salud de la población de la Villa de San Francisco, así como el derecho a ser informados, consultados y tomados en cuanta para cualquier proyecto de desarrollo, económico, turístico o comercial que les pueda afectar en su ámbito o espacio territorial) como se los manda el artículo 1 de la Ley del Ministerio Público, hicieron caso omiso y consideramos que por las presiones e influencias posiblemente de la gerencia de la ENEE, su Gerente Jesús Arturo Mejía Arita, el propio gobierno de la República y la empresa Azucarera Tres Valles, optaron por criminalizar a los defensores ambientalistas con la finalidad de intimidarlos, dividirlos y amedrentarlos en su justa lucha por defender su ambiente y la salud de la población. Por lo que a nuestro criterio como Procurador de los Derechos Humanos, considero se ha producido una colusión entre entidades públicas del Estado para criminalizar y perseguir a los defensores y defensoras del ambiente.

DENUNCIA EN LA FISCALÍA DEL AMBIENTE POR PARTE DE CAPIRHO Y POBLADORES VILLA DE SAN FRANCISCO No. 1487195560-2017

Presentada por el Ingeniero José Jorge Aguilar Ponce, presidente Comité Ambientalista Independiente CAPIRHO y el señor Pedro Cecilio Ponce García coordinador de los vecinos del Boulevard la Villa de San Francisco, por los delitos de DAÑOS AL AMBIENTE por el corte ilegal de centenares de árboles maderables por parte de la empresa concesionaria del proyecto eléctrico AZUCARERA TRES VALLES, actualmente en proceso de investigación fiscal.

No. 1487195560- 2017 del 15 de febrero de 2017. Fiscal Titular abogada Lorena Fernández Meza. Teléfonos 2221-3099, 2221-5620 extensión 2217. Email: gmrodriguez64@gmail.com Secretaria Gloria Rodríguez.

 

ACTORES PRIVADOS INVOLUCRADOS

1.- EMPRESA AZUCARERA TRES VALLES

Ingeniero Walter Kenneth Reyes Alvarado, Gerente General. Emailwreyes@tresvalles.hn

Licenciado Leonardo Ulloa, Administrador

Gavin Alvarado, CATV. Email galvarado@tresvalles.hn

Ingeniero José Antonio Reyes Guillen, gerente de Industria. Emailjareyes@tresvalles.hn

Wilson Henríquez M. email whenriquez@tresvalles.hn

Teléfonos de contacto. 2766-3354, 2766-3381, fax 2766-3356.

 

2.- EMPRESA CONSTRUCTORA ENERCOM

Ingeniero Carlos Suazo, gerente general

Ingeniero Arnold Meza Gerente Tegucigalpa

Ingeniero H. Raúl Enamorado, supervisor de instalaciones eléctricas

Licenciado Carlos Hernández, Auditor

Ingeniero Francisco Casco, supervisor civil

Ingeniera Laura Flores, supervisora de ambiente

Ingeniero Emilio Alfaro, supervisor de proyectos

Ingeniera Eloísa Guillen, supervisora civil

Nelson Isaías Méndez Padilla, empleado, identidad 1501-1982-00504

Henry Francisco Sauceda, empleado, identidad 0801-1975-20790

Dirección: Col. Arenales- Satélite, salida hacia la Lima, local #2, San Pedro Sula. Tel. 2559-1277, 2559-1257, 2559-1289

Tegucigalpa, Centro Comercial Los Próceres. Tel. 2280-2929, fax 2280-2930.

 

3.- Notario

Abogado José Eliodoro Zamora Flores, colegiación No. 2627, execuátur No. 1624, oficnas colonia Loma Linda Norte, intersección avenida Vernon y avenida Huri-FAO, casa No. 2643.

 

4.- CORPORACIÓN MUNICIPAL

Alcalde Municipal de la Villa de San Francisco, ingeniero agrónomo JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA, testigo

 

5.- ENEE

Ingeniero Jesús Arturo Mejía Arita, gerente general

Señor Carlos Roberto Ballesteros Vallecillo, testigo

 

SERNA O MI AMBIENTE

Ingeniero José Antonio Galdámez Fuentes, Secretario de Estado en los Despachos de Energía, Recursos naturales, Ambiente y Minas.

 

Como es de su conocimiento señora Silvia Lavagnoli, Representante Adjunta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, el pasado martes 01 de agosto solicitamos a la Vice Ministra de Derechos Humanos Abogada Norma Cerrato, la mediación del gobierno central de la República para prevenir una represión policial militar contra los habitantes de este término municipal de la Villa de San Francisco, por estar siendo hostigados, amenazados y perseguidos durante 12 días consecutivos por la Policía Nacional de Honduras al mando del Sub Comisionado de Policía JOAQUIN FLORES MARADIAGA en cumplimiento de supuestas órdenes superiores, sin acreditar ninguna orden por escrito o una orden de carácter judicial, en virtud que otras autoridades competentes del Estado de Honduras ya están conociendo del asunto. En ese sentido la señora Vice Ministra de DDHH autorizo a la Licenciada Kenia Irías Directora General de la Dirección General de Análisis, Mediación y Resolución de Conflictos dependiente de dicha Secretaría de Estado, realizar una investigación, instruir las medidas de prevención del caso ante las autoridades y jefes policiales, funcionaria que el día de ayer lunes 07 de agosto constituyo una Comisión integrada por el Abogado Roberto López y la abogada Escalante para personarse ante la Delegación Departamental No. 8 de la ciudad de Talanga, la comunidad de la Villa de San Francisco y las demás autoridades municipales y estatales para iniciar un proceso de mediación y resolución de este conflicto social comunitario que amenaza con vulnerar los derechos y libertades fundamentales de los defensores y defensoras de derechos humanos del ambiente y los recursos naturales de este término municipal y a quienes ya el pasado mes de febrero de 2017 el CONADEH les decreto medidas de seguridad por parte de la misma policía nacional.

De conformidad con la misma Carta de las Naciones Unidas en sus artículos 55 y 56 El Estado de Honduras se ha obligado a respetar, garantizar y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos en el ámbito de su jurisdicción, ya sea por medio de medidas conjuntas o separadas en cooperación con la ONU, así como los deberes y obligaciones establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, La Convención Americana (CADH) en sus artículos 1 y 2 sobre las obligaciones generales de respetar y garantizar estos derechos fundamentales que están obligadas a observar todas las autoridades competentes.

Si el gobierno de la República es su voluntad política de promover y desarrollar una cultura y Estado de Derecho al interno del Estado y la sociedad hondureña, debería de iniciar una política integral de prevención de todo abuso de autoridad por parte de los entes competentes, garantizando de forma efectiva el trabajo de los y las defensoras de los derechos humanos, de conformidad con lo establecido en la constitución, las leyes y tratados internacionales.

En ese sentido solicito a la OACNUDH, demandar de forma urgente del gobierno de la República que preside el abogado Juan Orlando Hernández el cese de todo ACTO DE REPRESIÓN, HOSTIGAMIENTO E INTIMIDACIÓN por parte de las autoridades policiales y militares en contra de los pobladores habitantes de la Villa de San Francisco y los miembros directivos del Comité Ambientalista Popular Independiente por los Recursos Hídricos y Otros (CAPIRHO) en su legitima lucha de defensa del medio ambiente y la salud de la población infantil y adulta garantizados por el artículo 145 y 326 constitucional y otras leyes de carácter general como La Ley General del Medio ambiente y la Ley de Municipalidades vigentes en el marco de la implementación de este proyecto “Ampliación de Generación de Energía Eléctrica a través de Biomasa y la Red de Conexión al Sistema de Distribución, por considerar que les afectará en sus derechos y salud al pasar las líneas del cableado de alta tensión (69 mil voltios) por el casco urbano y centro poblado de la ciudad, del cual ya hay referencias locales que por estar instalado ilegalmente otro proyecto de esta misma compañía Azucarera Tres Valles sin la respectiva licencia ambiental de supuestos 34 mil voltios que pasan por el mismo boulevard para su uso privado, ya hay unas 12 personas afectadas con CANCER y sin posibilidad de tratamiento especializado alguno.

 

Tegucigalpa, MDC 08 de agosto de 2017.

 

LEONEL CASCO GUTIÉRREZ

Procurador de los Derechos Humanos

Director General APRODEH

Cel. 9892-6935/8764-7649

Email. Clai.ddhh.leonelcasco@gmail.com y aprodeh.hn@gmail.com

 

*Imagen con fines ilustrativos.

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Criminalización de la protesta social: el caso de Costa Rica

Nicolas Boeglin (*)

 

Desde varios años una marcada tendencia del aparato represivo del Estado en América Latina tiende a considerar como delincuentes y a acusar por delitos penales (desobediencia a la autoridad, bloqueo de calle, violencia callejera) a líderes comunitarios, indígenas, campesinos, ecologistas, sindicales y estudiantiles. En este informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina del 2012 elaborado por el CELS se lee por ejemplo que:

«El respeto por los derechos de las personas que demandan públicamente al Estado implica proteger su integridad física –responsabilidad más amplia, por otra parte, que la de “no reprimir”– y reconocer la legitimidad de estas acciones de modo que no prime el abordaje criminalizante del poder judicial, algo que en 2011 han padecido numerosos referentes sociales bajo figuras penales diversas. A la ya tradicional persecución penal por el corte de rutas se sumaron muchas otras. Incluso en algunos casos se los ha sometido a procesos en los que se pretende responsabilizarlos por las represiones que ellos mismos habían padecido. El ministro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni hizo un significativo pronunciamiento público al respecto al afirmar que, a su juicio, se trata de meras contravenciones y no de delitos, salvo los casos en que una protesta ponga en riesgo o peligro la vida o la integridad física» (p. 24).

Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (véase texto) del 2015 presentó la situación de los defensores de los derechos humanos en el continente, quiénes son objeto de diversas acciones tendientes a criminalizar su labor, de la misma forma que la de sindicalistas, campesinos, ecologistas, indígenas y demás entidades sociales.

En Costa Rica, con ocasión de un conversatorio realizado en el 2013 en la sede de la Universidad de Costa Rica (UCR), se hizo ver que la tendencia observada en Chile, en Guatemala y Perú también se podía apreciar en Costa Rica (véase nota del Semanario Universidad). En junio del 2015, el Consejo Universitario de la UCR reafirmó públicamente su profundo repudio a cualquier forma de criminalización de la protesta social (véase pronunciamiento).

El sector ambiental en Costa Rica: un sector expuesto

De los diversos sectores sociales, el sector ambiental en Costa Rica es el que ha denunciado y hecho público con mayor determinación las diversas formas de intimidación de la que son a menudo objeto sus integrantes (véase nota detallada elaborada por Kioscos Ambientales / UCR del 2012). A pocos días de acaecida la muerte de un joven biólogo apasionado por la tortugas marinas, Jairo Mora Sandoval, en la playa de Moín, un artículo del 2013 del profesor Álvaro Sagot titulado «¿Es peligroso ser ambientalista en Costa Rica?» mantiene una interrogante de una sorprendente actualidad. A tres años de la muerte de Jairo Mora, nos permitimos hacer ver algunos pendientes irresueltos que plantea este caso (véase artículo publicado en Informa-tico).

Todo ello se inscribe dentro de una cuestionable deriva en la región latinoamericana, la cual, mediante diversas reformas penales, busca acercar el derecho penal a la protesta social, con la finalidad de inhibir a los ciudadanos en la defensa colectiva de sus derechos. Un reciente caso, de una muy larga lista, lo constituye el juicio en Perú contra una quincena de líderes comunitarios opuestos al proyecto minero Conga (véase nota de Pressenza).

Criminalizacion de la protesta social el caso de Costa Rica
Foto extraída de artículo de prensa del Semanario Universidad del 2015, titulado «Juez ordena juicio contra un profesor y dos estudiantes de UCR arrestados en 2012 Cinco de los seis imputados tras protesta en defensa de la CCSS del 8 de noviembre del 2012 irán a juicio».

Una peligrosa deriva discursiva de las autoridades

En años recientes, declaraciones de las máximas autoridades costarricenses denotan una deriva discursiva sumamente preocupante. El bloqueo de un puente por parte de familias campesinas desalojadas en febrero del 2016 en el Sur de Costa Rica dio lugar a una violenta acción policial, plenamente justificada, según el Presidente de Costa Rica, quién brindó declaraciones (en nuestra opinión infortunadas) sobre lo que denominó «los que buscan camorra» (véase nota de La Nación).

En octubre del 2010, su antecesora al cargo había llamado a los integrantes de la Cámara de Ganaderos de San Carlos a «ayudarla a luchar» contra sectores ecologistas, causando estupor en gran parte de las organizaciones sociales costarricenses. Nótese que esta insólita arenga presidencial nunca fue objeto de aclaración o rectificación alguna. En los meses siguientes, la misma Presidenta arremetió contra los «malos costarricenses» opuestos a la construcción en condiciones sumamente cuestionables de la denominada «trocha fronteriza»: la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia en diciembre del 2015 evidenciaría cuán correcta fue la posición de las (pocas ) voces que se alzaron en contra de este ocurrente proyecto (véase declaraciones del jurista Álvaro Sagot en el programa radial Nuestra Voz de Amelia Rueda) (Nota 1).

En el caso del cuestionado proyecto minero Crucitas, apoyado por las autoridades costarricenses sin mayor reserva, muchas e interesantes coincidencias se dieron: por ejemplo, el segundo día de una memorable audiencia en la Sala Constitucional en noviembre del 2009 coincidió con la publicación de un artículo titulado «La mayor amenaza ambiental – El dragado del río San Juan afecta el río Colorado y los humedales» suscrito por dos asesores del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica en La Nación del 18.11.2009; la misma lluviosa tarde del 24 de noviembre del 2010 en la que el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) daba a conocer el portanto de su sentencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocaba a una reunión de organizaciones ecologistas sobre el dragado efectuado por Nicaragua en Isla Portillos.

Muertes de ecologistas e impunidad rampante

Con relación a los casos de asesinatos de ecologistas en Costa Rica, en los que el aparato represor estatal se destaca por su ineficacia, leemos en el informe elaborado a raíz de su visita a Costa Rica en el 2013, que el experto independiente de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos, John Knox, había recomendado a las autoridades que:

«El Gobierno considera que las iniciativas tales como las comisiones de la verdad son innecesarias en un Estado que tiene un fuerte poder judicial, como es el caso de Costa Rica. Sin embargo, incluso la mejor de las judicaturas solo puede conocer de los casos que se le presentan. Por lo general no está facultada para estudiar los cuadros de amenazas y actos de violencia durante un período prolongado y formular recomendaciones para hacerles frente, lo que sí hacen las comisiones de investigación independientes».

(Véase informe A/HRC/25/53/Add.1 del 8 de abril del 2014, pocamente divulgado por las autoridades de Costa Rica, y reproducido en este enlace de DerechoAlDia, punto 57).

Al conmemorarse un año de la muerte de la líder indígena hondureña Berta Cáceres, el clima prevaleciente de impunidad en este caso recuerda mucho el de ecologistas asesinados en Costa Rica (Nota 2).

La protesta social ante los tribunales penales: un ejemplo reciente

Recientemente concluyó (con la desestimación de la causa penal) un vergonzoso caso en Costa Rica en el que estaban acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) profesores y estudiantes de la UCR: ¿su «delito»? El haber participado activamente en una marcha en noviembre del 2012 en defensa de una entidad pública insigne en Costa Rica, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Parte de las supuestas «pruebas» presentadas por la FGR se basaron en testimonios de los mismos integrantes de las fuerzas de seguridad, exhibiendo una peligrosa deriva que han usado los aparatos represivos en Chile, Honduras, Perú y Guatemala (véase nota de Teletica del 22 de mayo del 2017). En esta otra nota publicada por NODAL (Argentina) en el 2015, se lee que: «El 08 de noviembre de 2012 finalizó con la detención ilegal de 35 personas, de las cuales 1 persona fue presentada esa misma noche en el Juzgado de Flagrancia y fue absuelta una semana después; al menos 10 personas fueron presentadas en el Juzgado Contravencional donde fueron juzgadas y declaradas libres de toda culpa, sin embargo 5 de estas personas agredidas y detenidas injustamente hoy enfrentan juicios políticos en su contra con cargos penales por sólo el hecho de estar en la manifestación por la defensa de la CCSS ese día».

Nótese que la FGR se muestra muy presta para acusar penalmente a manifestantes que exigen el respeto a sus derechos, pero se muestra mucho menos eficiente a la hora de acusar a funcionarios públicos responsables de graves irregularidades: en este artículo del 2012 sobre la insensatez del desarrollo inmobiliario en Guanacaste y el repudio de las comunidades a esta política, se lee que: «Gadi Amit, dirigente de la organización Confraternidad Guanacasteca, dijo que parece mentira, pero a pesar de todas las irregularidades comprobadas, ninguno de los funcionarios corruptos ha sido llevado a la justicia. Los únicos que fueron acusados penalmente son los compañeros de Sardinal que fueron detenidos por la policía en las manifestaciones contra el acueducto. Cuatro miembros del comité de defensa del agua de Sardinal fueron sobreseídos, pero otros cuatro, por inadecuada asesoría legal, se declararon culpables y fueron condenados a una multa, añadió».

La protesta social ante un debate público

En el marco del Primer Foro Inter-Institucional del 2017 de la UCR titulado Libertad de Expresión, Comunicación y Democracia (véase nota con programa completo y formulario de inscripción editada por Surcos Digital), una mesa redonda será dedicada al tema de la protesta social en Costa Rica, analizando la situación de quiénes, Constitución en mano muchas veces, claman por el respeto a sus legítimos derechos ante la sinrazón estatal y la voracidad de algunos sectores a los que poco interesa el bienestar de una comunidad y los recursos naturales que las rodean (y mucho menos los derechos que los asisten).

También se abordarán algunas figuras legales en materia penal que, de manera más sutil, buscan inhibir e intimidar a quiénes alzan la voz en Costa Rica. En esta nota de Radio Mundo Real (Uruguay) del 2010 sobre un juicio por presunta difamación contra el líder comunitario y sindical Carlos Arguedas por parte de una empresa piñera operando en Siquirres, se lee que:

«Como ser humano, como cristiano y como padre de familia que tengo mis retoños dándome muchos nietos, no estoy en condición de permitir que esta empresa quede impune ante tanto daño a la comunidad”, señala Arguedas en su misiva dirigida a las comunidades de El Cairo, Luisiana y La Francia».

En este enlace de FECON se detallan los daños causados a la comunidad por parte de la empresa piñera. En siete ocasiones, los abogados de la empresa piñera no se presentaron a las audiencias convocadas por el juez penal, y Carlos Arguedas falleció en el 2011 sin que el juicio reanudara.

La «técnica» consistiendo en ausentarse de audiencias por parte de empresas que demandan a personas se volvió a verificar cuando la empresa minera canadiense Infinito Gold acusó penalmente en el 2011 por presunta difamación a un lider comunitario, a dos profesores universitarios y a dos diputados. En un artículo de opinión suscrito por tres de los acusados titulado «Audiencias con el Infinito: ausencias…», se lee que:

«los suscritos quisiéramos hacer ver que estas ausencias repetidas nos impiden, en el marco de una audiencia, demostrar ante el sistema judicial costarricense que lo expresado por cada uno de nosotros tiene amplio asidero probatorio, motivo por el cual no encontramos razón alguna para retractarnos». De igual manera, nos impide hacer ver a los jueces que, lejos de “engañar al pueblo de Costa Rica en forma canallesca”, o de tener alguna animadversión particular que califique como “animus difamandi” para con la imagen de la empresa querellante (tal como lo indican estas demandas en nuestra contra) nuestra conducta siempre buscó desmenuzar, con base en el conocimiento técnico, científico y jurídico, aspectos del discurso de las autoridades de turno y de la empresa que buscaron minimizar muy convenientemente».

A continuación, remitimos el lector al programa del foro que tendrá lugar sobre la protesta social este próximo 14 de junio del 2017 en la sede central de la UCR Rodrigo Facio:

Cuarta Mesa Redonda, miércoles 14 de junio del 2017, 10:30 a.m. a 12:30. Auditorio CICAP, UCR

“Protesta social como manifestación de la libertad de expresión”

Primera exposición: Dr. Jorge Lobo Segura, Catedrático Escuela de Biología, UCR

Segunda exposición: Dr. Nicolás Boeglin Naumovic, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR

Comentarista: Licda. Eva Carazo Vargas, investigadora, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), UNED

Moderador: Dr. Jorge Blanco Roldán

El debate se da en momentos en que el juez constitucional costarricense exhibe una regresión total al no querer reconocer más el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental como un derecho humano fundamental (véase nota del Semanario Universidad de febrero del 2017 así como breve nota nuestra publicada en ese mismo sitio). Sobre este mismo retroceso de la justicia constitucional, un reciente artículo de opinión del Profesor Jorge Cabrera publicado en mayo del 2017 detalla la inconsistencia de esta línea jurisprudencial con los esfuerzos a los que Costa Rica participa en el plano regional e internacional.

Criminalizacion de la protesta social el caso de Costa Rica2
Foto de protesta frente al Ministerio de Salud por intento de legalizar valores de bromacil en el agua potable en Siquirres, 2008. Foto de nuestro archivo personal. Sobre esta insólita propuesta de las autoridades sanitarias, véase artículo de Gabriela Cuadrado, «Legalización de la contaminación de aguas para consumo humano (caso del diurón y el bromacil)», Ambientico (UNA), Número 177, 2008, pp.11-12.

— Notas —

Nota 1: En este análisis del fallo de la CIJ, se incluye el listado de las pocas organizaciones sociales que criticaron en su momento las condiciones en las que se efectuaron los trabajos de construcción de este proyecto. Por tratarse de entidades que desafiaron abiertamente a las autoridades de la época, en un clima hostil ante cualquier crítica a la denominada “trocha”, merecen ser mencionadas, recordadas y reconocidas: Arte por la Paz, Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia (Conceverde), Asociación Conservacionista Yiski, Comité Bandera Azul Ecológica de San Miguel de Santo Domingo, Comité Cívico de Cañas, Confraternidad Guanacasteca, Movimiento Patriótico Juanito Mora, Palabra Cero y la Unión Norte por la Vida (UNOVIDA) (véase texto de comunicado colectivo).

Nota 2: Véase nuestro breve artículo publicado en el medio digital Contexto.cr, titulado: «A un año del asesinato de Berta Cáceres: impunidad campante». Nótese que para la conmemoración del cuarto año de la muerte de Jairo Mora Sandoval (finales de mayo del 2017), no se oyó de alguna actividad que haya dejado rastro en la red.

(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

 

Enviado a SURCOS por Nicolas Boeglin.

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Concluyó juicio contra 5 luchadores sociales

  • Comunicado del Colectivo del Derecho a la Protesta Social en Costa Rica

 

El día de hoy viernes 19 de mayo al ser las 4:10 p.m., el juez José Rafael Bolandi Piedra dio sentencia en el caso de las 5 personas acusadas por el delito de resistencia agravada, en el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial, proceso que inició en el 2012, por los hechos acontecidos por la manifestación del 8 de noviembre de 2012.

En la sentencia quedaron absueltos de toda pena y responsabilidad, Luz Marita Arce Soto, Luis Diego Retana Solano, Adrián Jaén España, Denis Solís Cruz y Mario Alb. Villalobos Arias.

Esta sentencia es un triunfo para el movimiento social, a pesar de que la absolutoria se diera por el principio in dubio pro reo, dado que es la primera vez en muchos años que se reconoce que los oficiales de la Fuerza Pública deben velar porque se garantice el derecho a la manifestación y libertad de expresión.

Sin embargo, no hubo justicia plena porque se liberaron de los cargos a los compañeros por duda aunque no hay ninguna duda de la inocencia de los imputados, por lo que pedimos a la población costarricense mantenerse atenta al abuso del poder y a los próximos casos penales de compañeros y compañeras acusados injustamente que tendrán que enfrentar judicialización, penalización y criminalización de la protesta social.

San José, 19 de mayo de 2017.

Tomado de la página de Facebook Colectivo Derecho a la Protesta Social
Tomado de la página de Facebook Colectivo Derecho a la Protesta Social

NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL – NO A LA PENALIZACIÓN DE CIUDADANOS Y LUCHADORES SOCIALES.

 

Tomado de la página de Facebook de Colectivo Derecho a la Protesta Social

Salud Sin Paredes: pronunciamiento contra la criminalización de la protesta social y en solidaridad con la ciudadanía comprometida con la defensa de la salud pública y seguridad social

Como Marita Arce Soto y Diego Retana Solano, entonces estudiantes de Trabajo Social; como Dennis Solís, educador de secundaria; como Adrián Jaén España y Manuel Alberto Villalobos Arias, profesores universitarios, multitud de costarricenses marchamos el 8 de noviembre de 2012 en defensa de una de las instituciones públicas de mayor importancia de la historia reciente de Costa Rica: la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Una institución pública creada en los años cuarenta, financiada por la mayoría de la población, que funciona por el principio de la solidaridad social y por la universalidad del servicio, para brindar acceso masivo a la atención de la salud pública y a la seguridad social.

Pero resulta que solo esas cinco personas fueron procesadas judicialmente, de los miles que allí se presentaron a manifestarse, ejerciendo su derecho a la libre expresión y en defensa del derecho a la salud pública. Inicialmente fueron detenidas unas 35 personas y después el Ministerio Público les levantó un juicio penal a cinco de ellas; juicio que se realizará del 3 al 6 de abril de 2017.

¿Por qué enjuiciar a manifestantes? Los derechos a la manifestación y a la libertad de expresión de los ciudadanos están garantizados por los artículos 27 y 28 de la Constitución Política. Y hay una sentencia de la Sala Constitucional (2-03-020, del 14 de abril de 2000) que establece que ante un conflicto entre la libertad de expresión y la libertad de tránsito, prevalece el primero y que, en todo caso, la Policía no puede dispersar a los manifestantes “mediante maltrato físico y detenciones ilegítimas”.

Por eso manifestamos:

Los argumentos del Ministerio Publico no se sostienen en un régimen democrático. Sin duda las personas manifestantes estaban en situación de indefensión ante una policía con escudos antimotines, que los usaron para tratar de disolver la manifestación.

Nos preguntamos ¿qué buscaban con esa acción las autoridades policiales de la administración de la presidenta Laura Chinchilla? Sin duda buscaban dar una vez más una lección al pueblo costarricense: Que no protestemos, y que nos olvidemos de defender nuestros derechos, máxime si ponen en evidencia la corrupción o ineficiencia de quienes socaban las instituciones del pueblo, cuando gobiernan y administran bienes públicos y colocan por encima los intereses privados que se apropian de ellas.

¿Por qué defender la CCSS en 2012 y aún hoy en 2017?

En 2012, los y las manifestantes procedentes de diversos lugares del país como elOccidente del Valle Central, de Puntarenas y Guanacaste plantearon su protesta por el recorte al presupuesto de la institución, que se reflejaba en el deterioro de los servicios de salud en clínicas y hospitales, evidente en largas filas de espera para atenciones de servicios especializados, falta de especialistas en zonas fuera del Área Metropolitana, abandono de la función de promoción de salud y prevención de las enfermedades, entre otras deficiencias.

Es así como sistemáticamente se ha venido erosionando su eficiencia, la evasión en el pago de las cuotas patronales, incluida la del gobierno de la República, sin dejar de lado la entrega al sector privado de servicios muy rentables, en vez de adquirirlos con bienes propios.

Poco se ha resuelto de esas quejas del 2012, a pesar de un cambio de gobierno. Actualmente la situación se complejiza más y hoy nos preocupa a la ciudadanía la crisis del sistema de pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Como Movimiento Salud sin Paredes, de la zona de Occidente el Valle Central, confirmarnos el derecho de la ciudadanía de ser parte de sus instituciones públicas construidas a lo largo de la historia y nos manifestarnos en defensa de uno de los pilares de la democracia costarricense.

Por eso denunciamos la injusticia de un juicio penal contra ciudadanas y ciudadanos, cuyo único “delito” es ser parte de un pueblo que se movilizó en noviembre de 2012 para pedir que la CCSS no perdiera su eficacia en la calidad de la atención de salud.

 

¡La salud es un derecho del pueblo y su participación un deber!

 

Movimiento Salud Sin Paredes, Región Occidente

San Ramón de Alajuela, 29 de marzo de 2017.

 

Enviado a SURCOS por Movimiento Salud Sin Paredes.

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