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Etiqueta: crisis democrática

Los desafíos de una democracia en crisis

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Coyuntura.

Marielos Aguilar Hernández
Historiadora, profesora catedrática jubilada
Universidad de Costa Rica

Costa Rica frente a la amenaza populista neoconservadora – algunas reflexiones

Costa Rica, una de las democracias liberales más longevas del continente, no logró escapar a la marejada populista neoliberal y hoy ve amenazadas las conquistas sociales que aún sobreviven, con la llegada al gobierno de Rodrigo Chaves Robles, un advenedizo de la política, que regresó al país después de 30 años de ausencia. ¿Cómo llegó el país a este punto?

La brecha social abierta por los ajustes estructurales y la austeridad fiscal dejó a miles de jóvenes al margen de la educación y del empleo formal. Esa misma generación resultó ser la más afectada por la pandemia, que, por así decirlo, le dio el tiro de gracia a esos jóvenes que hoy forman parte de los grupos sociales a los les dejó de importar la suerte de una democracia que no les atiende sus necesidades educativas ni les resuelve sus problemas de empleo.

La crisis socioeconómica que padece Costa Rica se ha visto agravada recientemente por las vinculaciones de figuras de la administración Chaves Robles con narcotraficantes cuya extradición reclama la DEA.

Las elecciones del año 2022. Fin de una época.

La convocatoria electoral de febrero del 2022 fue recibida en medio de una gran apatía ciudadana. Las frustraciones heredadas de la anterior administración del Partido Acción Ciudadana (PAC) fueron la gota que derramó el vaso de agua. El presidente saliente, Carlos Alvarado Quesada, con su estilo elitista y excluyente y, más aún, habiendo dejado sin resolver problemas esenciales como el aumento de las desigualdades sociales y la creciente inseguridad ciudadana, terminó debilitando aún más al sistema democrático costarricense. No obstante, la peor herencia de esa administración podemos resumirla en la aprobación de tres leyes francamente nefastas:

a) La llamada Regla Fiscal, una ley aprobada en el 2018 que contrajo drásticamente las inversiones del Estado, con las consiguientes repercusiones en la baja calidad de los servicios públicos y, especialmente, en las condiciones laborales de los empleados del Estado. La aprobación de esa ley provocó una larga huelga de los empleados públicos que desgastó notablemente tanto al gobierno de Alvarado como a los sindicatos del sector estatal.

b) En respuesta a aquella importante huelga, la administración de Alvarado promovió otra ley que denominó Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, popularmente conocida como la ley anti- huelgas. Esa ley contenía una reforma al Código de Trabajo para limitar el derecho a la huelga del personal del Estado.

c) En el año 2022 se aprobó una tercera ley, también en contra de los empleados del Estado, denominada Ley Marco de Empleo Público, con el objetivo de crear lo que se denominó el salario global. Con esta ley se eliminó para los nuevos empleados públicos, todas las conquistas obtenidas previamente, a través de la negociación de convenciones colectivas en las diferentes dependencias del Estado.

Esas leyes contaron con el apoyo legislativo de la fracción oficialista del PAC, con la del PLN y con la del PUSC. Así, el amargo sabor de la derrota vino a profundizar el escepticismo y el resentimiento ciudadano. El bipartidismo terminaba así de cavar su propia tumba.

En febrero de 2022, en un ambiente tan tenebroso y desalentador, la ciudadanía costarricense llegó a las urnas con una larga lista de candidatos presidenciales, veinticinco en total (PEN, 2022). Sin embargo, los resultados no fueron suficientes para elegir al siguiente mandatario, dado el alto abstencionismo y la dispersión de la voluntad de los votantes que asistieron a las urnas. Los partidos finalistas fueron el PLN con un 27,36% y el PSSD con un 16,67% (TSE, 2022).

En la segunda ronda, el ganador fue el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) un partido de reciente fundación, prácticamente desconocido. Su candidato fue Rodrigo Chaves Robles, quien resultó ganador con un 52,84% de la votación, frente al desprestigiado candidato liberacionista, José María Figueres Olsen, que pretendía reelegirse pues ya había ocupado la silla presidencial entre 1994 y 1998.

Chaves Robles había regresado a nuestro país en el año 2019 para desempeñarse como ministro de Hacienda del gobierno saliente. Por entonces, tenía más de treinta años de vivir fuera de Costa Rica, se había ido a estudiar a una universidad estadounidense y luego se desempeñó internacionalmente como un funcionario del Banco Mundial, lo cual le había impedido darle un seguimiento cercano al desarrollo de nuestro país durante más de tres décadas. Al parecer, aún no había podido calibrar con detalle los profundos cambios políticos y culturales que el neoliberalismo había provocado en nuestra sociedad. Su dominio de las cifras macroeconómicas no le resultó suficiente para tener un panorama claro de la nueva coyuntura política costarricense.

Existe otro elemento de carácter coyuntural que ha tenido grandes repercusiones en el estilo del gobierno actual. A su regreso a Costa Rica, Chaves se asoció con una persona muy conocida y polifacética a nivel nacional, la periodista Pilar Cisneros Gallo, de origen peruano pero naturalizada costarricense. Desde muy joven, ella ha hecho su vida en nuestro país, estudió Ciencias de la Comunicación en la UCR y se radicó aquí, definitivamente, lo cual le ha permitido tener un gran conocimiento del ser costarricense. Su rostro ha sido uno de los más conocidos de la pantalla chica, pues fue presentadora por largos años del noticiero del Canal 7, el más antiguo del país. De esta manera, su rostro quedó grabado en las pupilas de toda la nación.

Diversos desencuentros acumulados durante su paso por los medios costarricenses, al parecer, habían dejado en Cisneros algunos resentimientos no resueltos y, desde entonces, la han convertido en una clara adversaria de la mayoría de los medios de la prensa nacional. Curiosamente, ese ha sido el aporte más singular que ella le ha dado al desempeño y, sobre todo, al discurso oficial del presidente. Con un estilo verbal muy similar al de Cisneros, muy pronto Chaves Robles también le declaró una guerra sin tregua a los grandes medios del país, guerra que se plasma cada día con su descalificación verbal, al llamarla reiteradamente prensa canalla. Sin obviar los intereses más o menos oscuros que representan esas empresas, lo cierto es que el discurso tan agresivo del presidente ha generado otras fuentes de polarización social, cuyos motivos no siempre están claros para la ciudadanía.

El triunfo electoral de Chaves en el año 2022 no lo pudo acompañar de una fracción legislativa robusta que le facilitara sus aspiraciones autócratas. Al contrario, sus resultados fueron muy pobres, pues conquistó solamente 10 de las 57 curules que componen la Asamblea Legislativa. Precisamente, ha sido Pilar Cisneros la diputada que ha manejado esa fracción y, a menudo, es ella quien también le ha creado un ambiente de gran agitación e irrespeto a las sesiones legislativas, secundando a su presidente.

Aún más, ese discurso irrespetuoso y polarizante, tanto de parte del presidente Rodrigo Chaves como de su asesora número uno, Pilar Cisneros, lo han hecho extensivo contra los partidos políticos que los adversan, en especial contra el Frente Amplio, el único representante de la izquierda costarricense en la Asamblea Legislativa. Algo parecido hace con los diputados de los otros partidos tradicionales, a quienes acusa de ser representantes de las viejas élites compuestas por quienes él denomina ticos con corona. Con ese lenguaje populista, el objetivo permanente de la presidencia es polarizar a la ciudadanía frente a los partidos tradicionales y otras organizaciones sociales, especialmente contra los sindicatos del sector público.

A todo lo anterior se suman las redes sociales controladas por el presidente y manejadas con la asesoría de la diputada Pilar Cisneros, lo cual ha convertido el ambiente nacional en un entorno muy tóxico y poco estimulante, lo cual mantiene a ciertos sectores en alerta constante o, peor aún, con un desinterés crónico respecto a los grandes retos que amenazan a la sociedad costarricense.

Las actitudes obsesivas del presidente Chaves, al pretender concentrar todo el poder en sus manos, ha sido el aspecto más desestabilizador del equilibrio de poderes en el seno del Estado. Ya son tres años de reiterados desencuentros con el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Además, mantiene confrontaciones sistemáticas con el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes, instituciones indispensables para que el sistema de pesos y contrapesos garantice la estabilidad política.

Todo lo anterior permite asumir que, en Costa Rica como en otros países latinoamericanos, asistimos al asentamiento de un régimen populista de derecha, cuyo objetivo principal es tratar de marginar a la histórica burguesía empresarial -las viejas élites las denomina Rodrigo Chaves- para constituir su propia élite, rodeado de algunos hombres y mujeres con gran poder, no siempre acumulado con el trabajo honrado, como veremos más adelante.

La grave amenaza del narcotráfico y sus repercusiones sociales y políticas

Hoy día, a menos de un año de terminar la administración de Rodrigo Chaves, el problema más alarmante es el incremento del tráfico de drogas. Aunque este no es un fenómeno nuevo, pues desde los años ochenta ya Costa Rica era un sitio de paso de la cocaína y otros estupefacientes rumbo a Estados Unidos, en la actualidad el problema se ha agravado porque nuestro país se ha convertido en un sitio de almacenaje de diversas drogas, cuyo destino final no solamente es América del Norte sino también Europa.

En torno a la administración actual, giran ciertas dudas sobre la efectividad de su intervención para detener este enorme flagelo. Algunas cifras despiertan grandes interrogantes. Por ejemplo, según los datos reportados por el Instituto Costarricense de Drogas (ICD), a mayo de este año los decomisos de cocaína han caído un 28%, cifra que representa el segundo nivel más bajo de decomisos en los últimos diez años (Semanario Universidad, 02/07/2025, p.4).

Este fenómeno coincide con una serie de cambios y reacomodos en los cuerpos de seguridad del Estado, entre ellos en el Sistema Nacional de Guardacostas y en la Policía de Control de Drogas, (Semanario Universidad, 02/07/2025, p.5), cambios que, en criterio de algunos diputados de la Asamblea Legislativa, especialmente del izquierdista Frente Amplio, han facilitado el incremento tan marcado en el tráfico de estupefacientes.

A esto se suma la aparente vinculación de algunos miembros del gabinete presidencial con personas como el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, ex ministro de Seguridad y exfiscal en otras administraciones, el señor Celso Gamboa Sánchez, hoy acusado por la DEA de Estados Unidos de ser un vínculo importante en Centroamérica con el Cartel del Golfo de México. Actualmente, el señor Gamboa guarda prisión en Costa Rica, en espera de su extradición para ser juzgado por narcotráfico en un Tribunal de Texas en Estados Unidos (La Nación, 27/7/2025, p.4).

Al mismo tiempo, se está produciendo un notable incremento de la pobreza y la marginalidad en el país. A menos de un año de que termine el gobierno de Chaves Robles, el balance que puede hacerse de esta administración es claramente desfavorable. La desigualdad social se ha profundizado seriamente, sobre todo en los ámbitos de la salud y la educación públicas. Por ejemplo, datos recientes señalan que el 40% de la población costarricense carece de atención médica por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Paralelamente, la privatización de los servicios de la salud experimenta una expansión evidente.

Otro aspecto que ilustra nuestros señalamientos es el hecho de que en este momento el 20% de los jóvenes entre 15 y 25 años no logra estudiar ni trabajar (La Nación, 05/06/2025, p.p.4 y 5). Este dato es más contundente si tomamos en cuenta que en el año 2010, esa cifra alcanzaba al 10,6% de la juventud, la mitad de estos jóvenes costarricenses que hoy están expuestos a tantos riesgos (PEN,2023 P.74).

El rostro más tenebroso de todo esto se palpa a través de las crecientes cifras de ajusticiamientos y sicariato. En el año 2023, por ejemplo, se contabilizaron 340 organizaciones criminales y 200 personas plenamente identificadas dedicadas al sicariato. Según datos de la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, entre los años 2012 y 2022, en Costa Rica se incrementó la tasa de homicidios en un 66% (Diario El Observador, 15/11/23). Por otra parte, el año 2023, se convirtió en el más sangriento de los últimos tiempos, con 907 homicidios, en una población de alrededor de cinco millones de habitantes (El País, 26/2/24). Tómese en cuenta que la gran mayoría de esos homicidios han ocurrido dentro de la población más joven del país, aquellos que se ubican entre los 15 y los 25 años, lo cual deja claro que el sicariato es el oficio en el que se desempeña ese 20% de la población juvenil que no tiene oportunidad ni de estudiar ni de desempeñarse en un trabajo digno.

Como vemos, no son buenos tiempos para Costa Rica. El riesgo de convertirse en un narco estado es una amenaza latente y con una fragmentación tan acentuada entre los tres poderes de la República, el panorama resulta aún más complejo. Se suman a ello, como señalamos, las pésimas relaciones del presidente Chaves Robles con los principales medios de comunicación, lo cual ha provocado serias amenazas a la libertad de prensa, de lo cual ya ha tomado nota la organización de Reporteros sin Fronteras (DW.com. José Ospina, Valencia, 31/07/2023). Algo parecido ocurre con respecto a las universidades públicas, las cuales han venido sufriendo violaciones de diversa índole por parte del Poder Ejecutivo, en ámbitos como su financiamiento y su autonomía institucional.

Por si no fuera suficiente, la crisis del gobierno de Chaves Robles se ha profundizado de una manera preocupante en las últimas semanas. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia, con el voto de 15 de sus 22 magistrados, acordó solicitarle a la Asamblea Legislativa que decida si suspende, o no, la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves para que enfrente una acusación penal por el presunto delito de concusión en el manejo de un préstamo bancario con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) (Confidencial.digital, 6/7/225)

Esta situación implica una grave amenaza a la estabilidad nacional, nunca vivida en Costa Rica a lo largo del último siglo. Tómese en cuenta, además, las malas relaciones del presidente con la Asamblea Legislativa y que su fracción parlamentaria se ha reducido a solo ocho diputados, del total de los cincuenta y siete que la componen. ¡Una seria crisis parlamentaria parece estar muy cercana! Agréguese a ello el hecho de que el presidente Chaves aún conserva, según diversas encuestas, el apoyo de más de la mitad de la población.

Será a mediados del próximo mes de setiembre cuando la Asamblea Legislativa decida al respecto. Si llegara a aprobarse la petición de la Corte Suprema de Justicia, el panorama político y electoral que se avecina será muy incierto, sobre todo porque el delito de concusión debe pagarse con cárcel.

Quizá, el único aspecto positivo de esta crisis tan grave es que, ella misma, pueda convertirse en una prueba certera que obligue a la sociedad costarricense a repensar, seriamente, los cambios más urgentes que el modelo político costarricense requiere. Porque necesitamos superar esta dolorosa experiencia populista, este gobierno autocrático, neoconservador, irrespetuoso de los pesos y contrapesos que se necesitan para vivir en un país más justo. Asimismo, ha sido una experiencia que debería arrancarle la venda de los ojos a los sectores dominantes, esos que han manejado a los partidos políticos tradicionales al compás de los dictados de los organismos financieros internacionales. En fin, no solo estamos en una época de cambios profundos. También asistimos a un cambio de época en la vida de nuestro país.

Julio, 2025

Poder Judicial: luces y sombras frente al abismo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rosaura Chinchilla Calderón
Abogada y docente en ejercicio de sus derechos convencionales

En 2021 se dictó una conferencia en el aniversario de la muerte de Ernesto Sábato que recoge parte del título de este artículo. Tanto los subtemas sobre los que discurrió la actividad (el mal, la libertad, la verdad y la crisis de la Modernidad) como las obras examinadas (El túnel, Sobre héroes y tumbas y Abaddón el exterminador) nos remiten a los síntomas y efectos de la crisis de las democracias republicanas modernas: la incomunicación generada por polarización y la erosión del debate público ante la desinformación y los algoritmos; la identidad histórica fracturada generada por la desigualdad social, la exclusión y la corrupción; y el apocalipsis o implosión de modelos ante las guerras culturas, el populismo y los autoritarismos. En Costa Rica vivimos esa crisis y parte de ella toca al Poder Judicial y a quienes eligen a las magistraturas, es decir al Poder legislativo.

De la interrelación de tres trabajos recientemente presentados al público es posible desprender cómo, si bien el Poder Judicial costarricense es teóricamente una de las instituciones idóneas para contener el autoritarismo, las autocracias, los populismos y la corrupción, no se encuentra exenta de vicios estructurales que, como lastres, arrastra desde sus orígenes y se manifiestan en la politización histórica del gobierno judicial originada en compromisos partidarios y la captura de sectores que condicionaron su autonomía real y han erosionado la confianza ciudadana en una gestión independiente; la desconexión con las necesidades sociales manifestada en la mora y burocratización judicial y la falla sistemática en la tutela efectiva de los derechos de la población, en especial, de la más vulnerabilizada (migrantes, mujeres, niñez, población LGBTIQ+, personas con alguna condición de discapacidad, pueblos originarios, etc.). Me refiero al V Informe del Estado de la Justicia del Programa Estado de la Nación y los libros del sociólogo Manuel Solís Avendaño ¿Sin propósito de enmienda?: El vaciado de la legitimidad democrática y la investigación La formación del Poder Judicial en Costa Rica (1821-1892): autoritarismo, fragmentación y compromisos políticos y del historiador Carlos Humberto Cascante Segura, Premio Nacional de Investigación Cultural 2024.

Poco, realmente poco (“luces”), se ha hecho desde las fuerzas políticas democráticas nacionales para fortalecer desde fuera la estructura del Poder Judicial. Menos aún se ha efectuado a lo interno del Poder Judicial quien, ocho años después de su más visible y aguda crisis —que implicó la destitución de una de sus magistraturas y la sanción de otras—, ni siquiera ha podido gestionar el envío, a corriente legislativa, de alguna iniciativa de las entonces catalogadas como “urgentes” y menos ponerse de acuerdo para recibir en una sesión a una Relatoría para la Independencia Judicial de la ONU. Y, sin embargo, desde dentro y fuera, como la avestruz, se sigue haciendo lo de siempre, pese a que “Abaddón el exterminador” (la crisis de la civilidad) ya está entre nosotros y la democracia republicana está a punto de estallar en mil pedazos con la complicidad de quienes, desde el ejercicio del poder, pretenden mantener el status quo que les ha beneficiado creyendo que el estado de cosas actual es coyuntural (“sombras”).

Dentro de las luces, tal vez lo más significativa, haya sido el acuerdo legislativo N° 6933-22-23 con el que modificó su Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa para transparentar las sesiones y votaciones, incluyendo las relacionadas con la designación y el régimen disciplinario de las magistraturas. También la aprobación de cambios legales para implementar la transparencia en el seno del Poder Judicial prevista por los artículos 11 y 27 de la Constitución Política y desarrollada en los votos 2003-2120 y 11750-2020 de la Sala Constitucional. Se trata de verdaderos faros que impiden pactos y componendas o, al menos, las exhiben y permiten sentar responsabilidades.

Sin embargo, la intensidad del halo de luz es insuficiente y persisten sombras en las esquinas, por ejemplo, en la permanente manipulación de los criterios de elección para designar a las magistraturas como anillo al dedo o traje para el emperador. Cada legislatura modifica las reglas a su antojo, cada Comisión de Nombramientos establece sus criterios y eso deja entrever el perfil de la candidatura que se aspira a promover: que si la entrevista vale 0, 20, 50 o 100; que si solo doctores de la ley; que si solo hombres o unas cuantas mujeres para adornar; que si recién salido de la universidad o con 20 años de experiencia o más, etc. Las reglas son caprichosas y, cuando la ciudadanía se descuida, las puertas giratorias de otrora (cuando se buscaba pasar de la diputación o de la asesoría parlamentaria o de políticos a la magistratura) inician su movimiento. No hay perfiles previos para cada puesto ni criterios invariables pese a que la Constitución Política alude a idoneidad comprobada (artículo 192) y a que el Estado ha suscrito tratados vinculantes de derechos humanos que obligan a adoptar políticas públicas para eliminar discriminaciones estructurales (por género, etnia, condición de discapacidad, etc.).

Se necesita una reforma al Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa para establecer esos criterios con mayores niveles de rigurosidad y rigidez y que soporten los vientos interesados de turno, pero también son precisos cambios constitucionales, con reserva de ley incluida, para elevar los requisitos de aspiración, pues no basta hoy la misma edad y la mínima referencia a la experiencia y ocupación de hace dos siglos, cuando la esperanza de vida y el acceso a la educación han variado significativamente. También debe, el Legislativo, modificar la Carta Magna y la Ley Orgánica del Poder Judicial para suprimir de la competencia de la Corte Suprema de Justicia la casi totalidad de funciones ajenas a la jurisdiccional, con el fin de reforzar esta pues para la elección solo se toma en cuenta el perfil jurisdiccional que es el que, ¡vaya ironía!, menos aplican en su praxis muchas magistraturas, dada la cantidad de comisiones a las que deben dedicar su tiempo.

Dentro del Poder Judicial destellean muchas luces en la inmensa noche que vive el país, como el reciente voto de la Sala Constitucional relativo a la protección de los derechos de las personas migrantes expulsadas de Estados Unidos o el trabajo tesonero de cientos de funcionarios y funcionarias para atender los conflictos que se les someten a su conocimiento con la mayor prontitud y esmero. Empero, también se transita entre tinieblas en ciertos espacios o momentos. La luz del Derecho parece funcionar intermitentemente en ocasiones. Votos contradictorios sobre un mismo tema en una misma sala o entre salas de diversa materia; creación jurisprudencial, sin base legal, de criterios de admisibilidad en algunas de las salas; cambios de criterio en votos vía adiciones y aclaraciones (que teóricamente no permiten hacer tal cambio); oposiciones a proyectos de ley aludiendo a normas inexistentes o a criterios emitidos en otros momentos históricos; promoción de proyectos de ley que han requerido múltiples ajustes legales posteriores ante los errores internos y la falta de diálogo; decisiones que inobservan prueba; procesos disciplinarios ante la crítica fundamentada efectuada hacia ciertos liderazgos, son solo algunos de los ejemplos documentados.

Sin embargo, la resistencia al cambio es quizá, el síntoma más persistente y se manifiesta haciendo “como siempre” lo que, por haberse aprobado nuevas normas, obliga a hacer las cosas de otro modo. Veamos un ejemplo. Como se dijo, el Poder Legislativo aprobó, durante el presente cuatrienio, con mayoría calificada por afectar al Poder Judicial y con un amplio consenso de las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso, cambios a diferentes normativas para hacer realidad los principios constitucionales de rendición de cuentas y transparencia previamente reconocidos como tales por reiterada jurisprudencia constitucional y que, por ende, podían ser aplicados directamente si se hubiera querido, lo que no siempre se quiso. Fue así como emitieron dos reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ):

i) ley de “Publicidad e idoneidad en el proceso de elección del Fiscal o Fiscala General de la República”, N° 10401 del 14-11-2023, vigente desde el 30 de ese mes y año, con el que se reforman los artículos 15 y 23 de la LOPJ. Valga indicar que, sin esa ley, en una oportunidad se hizo la elección de ese cargo mediante votación pública a lo interno de la Corte Plena pero, luego, se puso como excusa “cumplir la ley” (y no la Constitución ni la jurisprudencia constitucional de mayor jerarquía) y fue ese cambio de criterio de las magistraturas lo que hizo necesaria la reforma legal.

ii) la “Ley para garantizar transparencia en las votaciones del Poder Judicial” No. 10325 de 09-11-2022, vigente desde el 11 de ese mes y año. Su emisión se dio luego de que, para que 12 magistraturas costarricenses (de un total de 22) eligieran a la actual Presidencia de la CSJ, en setiembre de 2022, se requirieran 19 rondas de votaciones a lo largo de dos meses. Si se tiene en cuenta que Robert Francis Prevost fue designado como papa León XIV con solo cuatro rondas en que intervinieron 133 cardenales electores de 70 países ubicados en los cinco continentes —ergo, con diferentes culturas e idiomas que, pese a ello llegaron rápidamente a una decisión— se evidencia la magnitud del entrabamiento burocrático de nuestro máximo tribunal. Esta ley reforma los artículos 5, 58 y 59 de la LOPJ. El numeral 58, en sus párrafos 7 a 9 indica, refiriéndose a la Corte Suprema de Justicia:

«Las sesiones y votaciones serán públicas a menos que por moción debidamente fundamentada y razonada, aprobada con el voto de al menos dos terceras partes del total de integrantes de la Corte Plena, se disponga que serán privadas.

Esta disposición procederá solo cuando exista una excepción calificada a los principios de transparencia y publicidad y, por ende, de aplicación e interpretación restrictiva, por lo que procederá únicamente para casos en los que la información que allí se discuta tenga naturaleza de secreto de Estado o de información de confidencialidad de terceros conforme a la ley.

De la sesión privada se levantará un acta de conocimiento público, de la cual solo se omitirán aquellas intervenciones o datos que no se pueden divulgar porque el ordenamiento jurídico así lo prohíba, según lo establecido en la moción aprobada al efecto.» (El destacado es agregado).

Del examen del texto legal aprobado y vigente se desprende lo siguiente:

1)- La norma no distingue si Corte Plena actúa como órgano administrativo, de gobierno, órgano administrativo decisor o tribunal jurisdiccional. Se refiere a toda vez que tenga que sesionar. No puede distinguirse donde la ley no lo hace y menos cuando la misma ley establece, expresamente, que deben interpretarse restrictivamente las excepciones que ella regula.

2)- La regla, entonces, es la publicidad tanto de la sesión como de la votación. Sesión y votación no son sinónimos, sino actos separados. Uno no implica el otro. Si se decide sesionar en privado se puede votar en público; si se decide sesionar en público se puede votar en privado; también se puede sesionar y votar en público o sesionar y votar en privado.

3)- La excepción a la regla de la publicidad, es decir la privacidad, debe acordarse de previo a sesionar o votar de forma privada. Debe especificarse si la moción es para la votación, para la votación o para ambas y debe cumplirse con varios requisitos:

3.1 ha de existir una moción previa (que se sesiona y vota en público por ser la regla), que alguna magistratura debe presentar y suscribir, en la cual debe especificar si se refiere a la sesión, a la votación o a ambas;

3.2 la votación de esa moción (para sesionar o votar en privado) debe ser aprobada con mayoría calificada de la totalidad de la magistratura, es decir con 12 de 22 votos;

3.3 la decisión que apruebe la moción de sesión o de votación privada debe estar motivada o fundamentada;

3.4 la decisión de privacidad de la sesión, de la votación, o de ambas, solo puede basarse en:

3.4.1 declaratoria de secreto de Estado (regulado, entre otros, en el artículo 30 párrafo segundo de la Constitución Política y los numerales 16 de la Ley General de Policía No. 7410 del 26 de mayo de 1994, 273 inciso 1 de la Ley General de Administración Pública; 293 del Código Penal y 303 de la Ley General de Aviación Civil) y,

3.4.2 confidencialidad de terceros (tal el caso de los actos en perjuicio de personas menores de edad según la Convención de los Derechos de los Niños y la Ley de Justicia Penal Juvenil; de actos sexuales en perjuicio de mujeres según el CPP, etc.).

En ambos casos (secreto de Estado y confidencialidad de terceros), debe existir reserva de ley que regule tales supuestos (en el mismo sentido el artículo 19 inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública).

3.5 esa regla de privacidad debe interpretarse restrictivamente.

Pese a lo antes indicado, el 30 de junio y el 01 de julio, ambos de 2025 la Corte Suprema de Justicia acordó por mayoría (en el primer caso de 17 votos a favor y 5 en contra y, en el segundo, de 15 a 7) solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero de improcedibilidad penal (conocido como inmunidad) a varias autoridades del Poder Ejecutivo: en el primer supuesto al ministro de justicia y gracia y, en el segundo, al Presidente de la República y al ministro de cultura, juventud y deportes. En ambos supuestos ya había una acusación presentada por el Ministerio Público contra ellos.

Ninguna de las sesiones fue transmitida por streaming ni la prensa o el público tuvo acceso. Luego de ello se emitieron comunicados oficiales de prensa dando cuenta de la votación, aunque sin indicación de los nombres y el sentido en que cada magistratura votó. Tampoco se tuvo acceso, hasta donde tengo conocimiento, a la sesión y votación en que se presentó y votó la supuesta moción previa de privacidad y sus fundamentos.

Valga indicar que no conozco alguna ley que decrete la privacidad de las sesiones o de la votación cuando la Corte Suprema de Justicia, actuando como órgano jurisdiccional, resuelve un levantamiento de fuero de improcedibilidad penal, que es el argumento que la prensa manejó. La ley No. 10325 no distingue el tipo de actuación que genere la intervención de la “Corte Suprema de Justicia”. En el Código Procesal Penal (en adelante CPP, vigente desde 1998), se establece la privacidad solo para:

1.- La etapa de investigación o preparatoria (arts. 289, 295 y 296 CPP) que, según el espíritu legislativo, tiene como fin proteger la investigación en curso. Esta etapa de investigación finaliza con la presentación de una acusación como acto conclusivo (arts. 299, 303 y 310 del CPP). En los casos supra referidos, al ya haber acusación presentada, había fenecido la fase preparatoria y no aplicaba esa norma.

2.- La realización de la audiencia preliminar (art. 316 del CPP) fase a la que aún no se llega en tales asuntos.

3.- En la fase de juicio si se afecta la vida privada o integridad física de intervinientes; la seguridad del Estado; si peligra un secreto oficial, comercial o industrial; si se recibe a una persona menor de edad o testimonios de víctimas o testigos protegidos u otros casos dispuestos en la ley (art. 330 CPP) fase a la que aún no se llega.

4.- La deliberación una vez cerrado el debate (artículo 360 del CPP). Nótese que no se trata de otras deliberaciones sino solo la que sigue al juicio oral y público. Si alguna duda cabe, la regla de la ley No. 10325 es la interpretación restrictiva: donde dice “debate” solo puede entenderse eso. Ergo, no cabe la privacidad de la deliberación para otros actos procesales previos al juicio, como el levantamiento de la “inmunidad” en la que cada magistratura, al tenor de lo estipulado en el numeral 395 del CPP, solo puede votar por:

  1. rechazar la solicitud, si la persona acusada no tiene derecho de antejuicio;
  2. desestimar la acusación, si los hechos acusados no constituyen delito. Aunque este artículo, del CPP aprobado en 1996 alude a la Corte Plena, el numeral 56 inciso 2 de la LOPJ (reformado por ley No. 7728 de 15 de diciembre de 1997, es decir, ley posterior), estableció que esta competencia la ejerce solo la Sala Tercera y,
  3. trasladar la solicitud a la Asamblea Legislativa, sin emitir criterio de fondo porque, de hacerlo, adelantaría criterio y afectaría la imparcialidad de sus integrantes ya sea de Sala III (que juzgarán) o del pleno (que conocerían apelación o casación).

Según comunicados de prensa oficiales que replicaron varios medios, algunas magistraturas habrían votado “…por devolver el expediente al Ministerio Público consideraron que con la prueba que consta en el proceso, no es posible realizar el juicio de probabilidad sobre la comisión del delito que, a su criterio, exige la ley” (Cfr. Delfino) y ante ello saltan muchas preguntas que quedan, por ahora, sin respuesta:

  • ¿por qué hubo sesión y votación privada en la CSJ? ¿quién mocionó y cómo se votó tal cosa? ¿en qué norma se basó y si se interpretó restrictivamente? O, en su defecto ¿por qué no se aplicó la ley No. 10325?

  • ¿con fundamentó en qué norma las magistraturas que salvaron el voto analizaron el fondo de cada asunto? ¿adelantaron criterio? ¿se inhibirán de conocer el juzgamiento?

Reforzar la aplicación y explicación de criterios jurídicos y no discrecionales es parte de la tarea pendiente del Poder Judicial porque sus máximos órganos tienen, también, una misión de pedagogía jurídica y de orientación jurídica. Si no se tiene conciencia de esa responsabilidad y si no se actúa en consecuencia la furia ciudadana terminará, como ya lo han experimentado otros países, con reformas que se basen en juicios populares, aunque en el ínterin estos (como en el proceso del Jesús histórico o en la II Guerra Mundial) violen derechos humanos.

La labor por terminar de la actual Asamblea Legislativa es regular, de mejor manera, más objetiva y estandarizada conforme a pautas internacionales, el nombramiento de las magistraturas para crear ya no pequeñas lámparas sino reflectores plenos que alumbren y fortalezcan las competencias constitucionales del Poder Judicial.

Se trata, en definitiva, de seguir en la lucha contra las inmunidades del poder de que hablaba el autor español García de Enterría y no de apagar la luz de la democracia, la República y la independencia judicial la cual solo tiene razón de ser con su contracara de la responsabilidad en el ejercicio del cargo y no cuando se separa del Derecho.

Costa Rica: Construyendo juntos un futuro solidario y democrático

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Hernández / Cokomal / Redess

Costa Rica enfrenta un momento crucial de su historia, donde la crisis democrática, económica y la violencia generada por el narcotráfico exigen respuestas profundas y estructuradas. Las aspiraciones de los movimientos sociales de equidad, justicia y participación han sido golpeadas por cuatro décadas de predominio neoliberal y creciente desigualdad.

Desde la economía solidaria, no solo es posible replantear el modelo económico actual, sino también generar una articulación social que construya un pacto inclusivo capaz de integrar la diversidad de sectores ciudadanos.

La urgencia de un pacto social en Costa Rica

La economía solidaria, por su propia esencia, reconoce que el desarrollo económico debe estar ligado a la cooperación entre distintos actores sociales. Sin embargo, para que esta visión se traduzca en políticas efectivas y en una transformación real, es fundamental la construcción de un pacto social.

Este pacto no puede ser impuesto desde las élites ni responder únicamente a una agenda política económica. Debe ser el resultado de la convergencia de diversas voces: comunidades organizadas, sindicatos, asociaciones de trabajadores, academia y movimientos sociales que, en conjunto, defienden una patria digna y solidaria.

Un pacto social fortalecería las bases de una democracia real, alejándose de la plutocracia y la corrupción que han desfinanciado los programas públicos esenciales. La educación, la salud, la vivienda y el medio ambiente han sido sacrificados bajo una lógica de acumulación desmedida, mientras que la riqueza se concentra en sectores con capacidad de influencia sobre las decisiones políticas.

Un pacto social permitiría recuperar la soberanía de lo público, garantizando que la economía esté al servicio de la sociedad y no de unos pocos.

Expresión de la diversidad social: hacia una construcción participativa

Uno de los principios fundamentales de la economía solidaria es la diversidad. Un pacto social debe reconocer y dar voz a las distintas realidades que conviven en el país: los pequeños productores rurales, los trabajadores informales, la asociatividad en los territorios rurales y urbanos, los emprendimientos sociales y el movimiento ambientalista.

La articulación de estos actores es clave para generar respuestas desde abajo, desde quienes viven y resisten los efectos de la crisis en su cotidianidad.

La construcción de este pacto debe partir de procesos de participación activa, donde los sectores marginados por el modelo neoliberal recuperen poder de decisión y capacidad de incidencia. No es suficiente diagnosticar los problemas del país: es urgente que las comunidades diseñen alternativas y ejerzan su derecho a transformar la realidad.

Hacia una Democracia Solidaria y Activa

Costa Rica debe decidir si continúa caminando al borde del abismo o si encuentra un camino hacia la construcción de una vía de justicia social, inclusión y soberanía. La economía solidaria no es simplemente una alternativa económica, sino una opción de vida, donde los valores de equidad, justicia y colaboración sean la base de un nuevo modelo social.

El pacto social es la clave para restaurar la confianza ciudadana y recuperar la soberanía popular. No podemos permitir que la plutocracia continúe definiendo el destino del país. La oportunidad de cambiar el rumbo sigue vigente, pero solo será posible si la diversidad social converge en un proyecto común de transformación.

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Centroamérica: la crisis de la democracia en el contexto de la pandemia del COVID-19

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Conferencia internacional

SURCOS recibe el siguiente recuento de la Conferencia Internacional “Centroamérica: la crisis de la democracia en el contexto de la pandemia del COVID-19” del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED):

El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo está celebrando su décimo aniversario y entre las actividades que ha organizado en ese marco se encuentra el III Seminario CICDE “Retos de la democracia en tiempos de COVID19”, que concluyó el pasado jueves 19 de noviembre con la conferencia internacional “Centroamérica: la crisis de la democracia en el contexto de la pandemia del COVID-19”. Al igual que las sesiones previas del Seminario, esta conferencia está en línea y les invitamos a observarla en Youtube o en Facebook.

La actividad contó con la participación de cuatro panelistas de muy alto nivel, que profundizaron en los orígenes y manifestaciones de la crisis democrática en la región centroamericana y especialmente en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, en el contexto de la pandemia y de los serios fenómenos climáticos que han afectado al istmo recientemente.

Inicialmente el Dr. Luis Paulino Vargas Solís, economista costarricense y director del CICDE, introdujo la importancia de entender la democracia como una aspiración y como una concreción siempre precaria, imperfecta y cambiante, que define un horizonte necesariamente perfectible y que se expresa tanto en la institucionalidad como en la vivencia subjetiva de las personas. Al igual que coincidieron después los demás panelistas, explicó que la pandemia de COVID-19 ha venido a poner en evidencia y a profundizar una crisis democrática que ya existía en la región, y que en el caso costarricense está estrechamente relacionada con elementos como la creciente desigualdad, pobreza, el deterioro en el empleo y en la capacidad adquisitiva de la población, que muy probablemente están en el trasfondo del malestar que expresan las protestas que ha vivido el país en los últimos meses. Para Vargas Solís, la búsqueda de una mejor democracia requiere sin duda reorientar el modelo económico propio del proyecto neoliberal, algo que las élites y sectores hegemónicos no parecieran estar en disposición de hacer.

A continuación intervino la máster Ana Lucia Álvarez Vijil, economista feminista e investigadora asociada del Centro de Investigación y Acción Educativa Social (Ciases) de Nicaragua. Ella caracterizó varios aspectos de lo que define como una crisis continuada y profunda de la democracia, a partir de la constitución de los Estados nacionales en el marco de un pacto patriarcal y colonial que les lleva a jerarquizar a las personas en función de condiciones como el sexo y la raza, lo que produce condiciones muy desiguales de ciudadanía y ejercicio de derechos. La académica y activista insistió en el reto de abordar las implicaciones de los diversos traumas y manifestaciones de violencia formal e informal que han enfrentado los pueblos centroamericanos, así como de poner la mirada en los procesos de producción y reproducción de la vida humana y no humana que resultan fundamentales en momentos de crisis como el actual.

De seguido, la participación del Dr. en Ciencia Política Álvaro Artiga González, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador, profundizó en el análisis del sistema de partidos y la evolución de las posiciones ideológicas que caracterizan el entorno político salvadoreño, en un entorno cada vez más determinado por la influencia de intereses económicos y que no está representando de manera efectiva la diversidad de realidades existentes en la sociedad. Enfatizó especialmente en la “tentación autoritaria” que lleva a optar por medidas represivas ante las diferencias de opinión, en vez de abordar las causas profundas que siguen reproduciendo la crisis democrática.

La última ponencia estuvo a cargo de Ricardo Sáenz de Tejada, Dr. en Ciencias Sociales quien se desempeña como profesor e investigador de la Escuela de Historia, Antropología y Arqueología en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sáenz de Tejada explicó que el proceso de democratización en Guatemala se llevó a cabo a partir de un pacto entre élites militares, empresariales y políticas, un contexto en el que los ajustes electorales e institucionales, así como la creciente influencia de redes de corrupción y cooptación de la institucionalidad han perpetuado la exclusión de sectores que ya de por sí se encontraban en condiciones de subordinación. En este escenario, llamó la atención acerca de la necesidad de rescatar el Estado y la política pública orientada al bien común como parte de la defensa de la democracia.

Después de la presentación de las ponencias se facilitó un interesante intercambio con el público que participó en la actividad, en la cual las preguntas y comentarios que se plantearon ayudaron a las personas expositoras a profundizar en su lectura del momento que vive la región centroamericana, los retos y las propuestas que compartimos desde todos los países que la integran.

En la convocatoria al III Seminario CICDE se indicaba que en el mismo se entendería la democracia “desde una concepción dinámica, evolutiva, compleja y dialéctica. Consideramos que, en primera instancia, la democracia define una aspiración y un horizonte de posibilidades, construidas alrededor de valores de justicia, equidad, derechos humanos y participación ciudadana y que, por tanto, sus concreciones prácticas son siempre imperfectas, limitadas y cambiantes. La democracia, desde esta perspectiva, no implica una teleología: no es que las sociedades humanas se mueven naturalmente hacia más y mejor democracia. Antes bien, la calidad de la democracia, e incluso la democracia misma, puede experimentar tanto avances como retrocesos, y en cada oportunidad particular ello será el fruto de complejas dinámicas sociales, es decir, de movimientos y procesos que necesariamente involucran conflictos, negociaciones y arreglos institucionales de distinta magnitud, y de diferente índole o naturaleza. La democracia es, por lo tanto, un territorio de lucha, una aspiración en disputa, una idea y una propuesta que está bajo permanente asedio, una concreción siempre incompleta y siempre cambiante, que intenta afirmarse mientras enfrenta e intenta resolver múltiples amenazas y desafíos”.

La relevancia de este acercamiento fue reiterada en la Conferencia de cierre del Seminario que aquí reseñamos. Eva Carazo Vargas, investigadora del CICDE y moderadora de la Conferencia, resaltó en su comentario de balance final la importancia de pensar Centroamérica y los retos que plantea la crisis democrática a partir de los hilos comunes que comparten los países de la región, un esfuerzo con el cual el CICDE y la UNED reiteran su compromiso.

Aquí puede ver la transmisión.

México y Centroamérica: garantizar la defensa de derechos humanos en la región es más urgente que nunca

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El brief “Defender derechos en tiempos de COVID», publicado el día de hoy, recoge las principales conclusiones sobre las condiciones para la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México y Centroamérica.

México y Centroamérica, 15 de octubre de 2020.- Además del fuerte impacto que ha tenido la crisis sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 en el acceso a derechos y servicios básico, esta ha resultado también en una profundización de la crisis democrática y de derechos humanos en la región mesoamericana. Como respuesta a la pandemia, algunos Estados de la región han implementado acciones de carácter punitivo, como toques de queda, estados de excepción o la militarización de la seguridad ciudadana, entre otras medidas contrarias a los derechos humanos de la población. En este contexto, la defensa de los derechos humanos enfrenta nuevos obstáculos y, a la vez, se vuelve más urgente que nunca.

Estas son algunas de las conclusiones del brief “Defender derechos en tiempos de COVID: Balance regional de las condiciones para la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México y Centroamérica”, publicado el día de hoy por el Espacio OSC para la protección de personas defensoras y periodistas (Espacio OSC), Front Line Defenders, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (UDEFEGUA), el North American Congress on Latin America (NACLA), y Trade Unions for Energy Democracy (TUED).

Este informe surge a raíz del evento homónimo: una serie de foros virtuales que, durante cinco semanas, convocó a 26 personas defensoras de la región con el fin de evaluar de qué manera la pandemia ha impactado su labor de defensa. El ciclo de conversaciones estuvo compuesto por cinco espacios: Mujeres defensoras y el derecho a defender derechos humanos; La libertad de expresión y el acceso a la información en tiempos de pandemia; La lucha por la memoria, la verdad y el acceso a la justicia; La defensa del ambiente y el territorio en Mesoamérica; y Derechos laborales y sindicalismo.

A raíz de estos diálogos, las organizaciones concluyeron que las condiciones para defender derechos y defender la libertad de expresión en México y Centroamérica han empeorado desde el inicio de la pandemia. Asimismo, denunciaron un incremento en las agresiones contra personas defensoras, en forma de desprestigio y estigmatización, represalias administrativas, amedrentamientos, detenciones arbitrarias e incluso criminalización. De acuerdo con registros de las organizaciones, al menos 25 personas defensoras fueron asesinadas en la subregión entre enero y agosto de 2020.

El informe reconoce como una primera barrera las restricciones a la movilidad impuestas como respuesta a la contingencia sanitaria, que han limitado significativamente la defensa de derechos humanos y el ejercicio periodístico. Así, sostiene que las personas defensoras y comunicadoras no cuentan con medidas para ejercer de manera segura tareas como el acompañamiento de grupos vulnerados, monitoreo u observación, o el desarrollo de trabajos de investigación periodística.

Por otra parte, familiares y víctimas de violaciones de derechos humanos enfrentan barreras tanto físicas como tecnológicas: complejizando aún más su camino para acceder a la justicia y la búsqueda de personas desaparecidas. Todo esto sin que las autoridades judiciales de la región brinden alternativas para el avance de sus procesos.

Para las mujeres defensoras los riesgos se profundizan. En la región, las defensoras han tenido que continuar sus labores bajo un contexto de creciente violencia contra las mujeres. Al menos en Guatemala, Costa Rica, El Salvador y México se ha registrado un aumento de casos de violencia contra las mujeres en el espacio privado a partir de la pandemia, al tiempo que defensoras denuncian un incremento en los ataques y violencia digital.

Según el informe, las agresiones a la prensa también se han agudizado notablemente a partir de la crisis sanitaria. La exclusión de la prensa independiente y bloqueos informativos se han denunciado en El Salvador, Nicaragua y Guatemala; mientras que en Panamá el acoso judicial se ha incrementado. En México y El Salvador, las y los periodistas han recibido amenazas y acoso digital como represalia de su cobertura. Por su parte, el gremio médico también ha enfrentado ataques a partir de la COVID-19. En Nicaragua, al menos una treintena de profesionales han sido despedidos y acosados como represalia de su crítica contra a la política sanitaria oficial.

Aunado a ello, América Latina continúa siendo la región más peligrosa para personas defensoras de la tierra, el territorio y el ambiente y personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, situación que no cede en pandemia. Por lo menos en Honduras, México, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala han continuado las invasiones territoriales, desalojos de comunidades, ataques armados y agresiones letales contra comunidades que defienden su territorio. Al tiempo que, aún con el alto riesgo de contagio en centros penitenciarios, en México, Guatemala y Honduras, personas defensoras del territorio continúan privadas de libertad ilegalmente.

En lo que corresponde a la defensa de derechos laborales, los Estados por lo general han sido incapaces de garantizar el trabajo dentro de entornos seguros, teniendo a las industrias ligadas a las cadenas de suministro global como aquellas más afectadas por brotes epidémicos. Encima, reconoce el retroceso en garantías laborales, la estigmatización pública, y la exclusión de personas trabajadoras del mercado laboral, formal e informal, como represalia a sus reivindicaciones sindicales y a la lucha por el acceso a derechos laborales.

Frente a este contexto, las organizaciones hacen un llamado a los Estados de la región, entre otros a:

  • Impulsar la construcción conjunta con organizaciones de la sociedad civil, y organismos regionales e internacionales de derechos humanos, el diseño e implementación de una ruta de trabajo colaborativa que contemple el fortalecimiento de los mecanismos de protección de personas defensoras previstos a nivel interno; y la construcción de políticas públicas integrales de protección con perspectiva de género y enfoque interseccional.
  • Abstenerse de cometer y condenar cualquier acto de estigmatización verbal, intimidación jurídica, criminalización o uso indebido del derecho penal contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
  • Realizar pronunciamientos y campañas comunicativas con impacto nacional, estatal y comunitario a favor de personas defensoras y periodistas, resaltando su importante labor en el contexto de COVID-19 en la protección de derechos humanos y el acceso a la información.
  • Realizar investigaciones completas, diligentes e imparciales sobre los delitos que atenten contra la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos.
  • Liberar a las personas defensoras detenidas por su labor de derechos humanos y a cualquier persona que permanezca privada de la libertad en forma ilegal.

Descargue el informe completo en español e inglés aquí.

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de www.taringa.net