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Etiqueta: crisis económica

La situación de las familias, sus organizaciones, producción y territorios, impactados por el COVID y las políticas económicas

SURCOS comparte:

La pequeña producción en general y la agrícola es altamente vulnerable a los efectos de crisis económicas, de la pandemia, situaciones de impacto ambiental, pobreza.

No obstante, los diferentes esfuerzos que realizaron en los últimos años, las organizaciones gremiales y de la sociedad civil, los pequeños productores no son prioridad en las políticas públicas, ni el accionar de las instituciones.

La agricultura campesina, a pesar de arrastrar una situación crítica desde antes de la pandemia y la situación de temor general de la llegada del virus a las comunidades, se ha continuado con la producción de alimentos que consumen las familias en zonas rurales y en lo urbana acudiendo a pequeñas huertas, confirmando el papel vital que desempeña en la seguridad alimentaria en las comunidades.

La pandemia está generando serias dificultades para la producción, mercados afectados por las restricciones sanitarias, cierre temporal de espacios comercialización o desaparición de algunos, caída en el consumo, niveles de pobreza y desempleo en aumento, por ende, la comercialización de los productos de la agricultura, viéndose afectados de forma particular los circuitos cortos de comercio. 

Para responder a esta situación y defender los sistemas alimentarios, la productividad local, las organizaciones de la agricultura familiar, campesina y comunitaria están tratando de generar alternativas; estas iniciativas incluyen la elaboración de protocolos de sanitarios propios en los espacios de mercado, priorización del abastecimiento alimentario e incidencia en sus territorios para lograr que se mantengan las formas de producción y comercialización alternativas para llegar a los mercados territoriales y locales.

A toda esta situación se suma las políticas económicas que la actual administración ha tomado para superar las crisis económicas vivimos, ejemplo políticas fiscales que meten en mismo saco a grandes empresas y pequeñas donde estas últimas difícilmente pueden adaptarse dado los costos de implementar los requerimientos, normativas y no contar con políticas diferenciadas de atención, más bien los pocos programas que se tenían han sido suspendidos por las restricciones a raíz de la pandemia.

Concluimos en la urgente reflexión y reafirmación de lo que vivimos y entendemos como Economía Solidaria, de reforzar nuestras economías territoriales, obligados a defendernos, nos sentimos moral y políticamente responsables del futuro de nuestras familias.

Reflexión compartida con SURCOS por Carlos Hernández Porras.

Imagen: Semanario Universidad.

CONARE aboga por equilibrio ante la situación sanitaria y económica del país

17 de mayo del 2021. El creciente aumento de casos de COVID-19 y la saturación de los servicios de salud que atraviesa el país, provoca un dilema entre la salud y la economía, y una población desgastada ante las medidas sanitarias del último año y ante una percepción de falta de claridad de las decisiones del gobierno. Esta disyuntiva motivó al Consejo Nacional de Rectores (Conare), a elaborar un criterio ético sobre la distribución de recursos y procesos de vacunación durante la pandemia del Sars-Cov-2 en Costa Rica en el 2021.

El análisis fue realizado por profesionales de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional, máster Sara Mora Ugalde y el doctor Allan González Estrada. Mediante este criterio ético pretende ser una guía que permita un respiro al sistema de salud y a la recuperación económica.

Según los especialistas un primer criterio ético es el mayor beneficio para el mayor número de personas, en el sentido de proveer las condiciones para satisfacer las necesidades del mayor número de personas posibles, con la premisa de que debe hacerse en el menor tiempo posible. Una justicia distributiva adecuada debería permitir el uso de vacunas de más casas farmacéuticas -aprobadas por los entes reguladores competentes a nivel nacional e internacional. Considerando el hecho de que, de acuerdo a Pfizer, es posible que se requiera una tercera dosis de la vacuna. De igual manera, una justicia de distribución adecuada debería facilitar centros como farmacias y otros lugares a gran escala la posibilidad de ofrecer la vacuna, para acelerar el proceso.

La división por grupos puede ser una opción, pero para efectos de un principio de beneficencia y justicia debería pensarse en el grupo de los profesionales de la salud, un grupo de personas de 58+, y un tercer grupo que sea la población identificada con una mayor vulnerabilidad en este momento, son las personas que constituyen la fuerza laboral que no puede elegir trabajar virtualmente, y que por su condición, puede transmitir el virus más fácilmente; este grupo ahora debería ser considerado como prioritario.

Equilibrio entre las necesidades económicas y la salud

Previendo el peligro que supone a la vida de las personas, se sugiere evitar el contagio como medida primaria ante el brote de Covid-19 por medio de medidas restrictivas de movilidad y actividad económica, sin embargo, una alternativa que sea más beneficiosa y más justa es apelar a una justicia distributiva interpretando los datos que contamos en este momento en la pandemia, pero esos datos deben interpretarse a partir de criterios de dignidad humana, beneficio y justicia, ya que sin salud y sin economía el ciudadano ve comprometidas sus herramientas de subsistencia, de ahí la responsabilidad del Estado de asegurar por medio de políticas claras un nivel de tranquilidad tanto en la población como en los sectores económicos que son motores importantes del desarrollo social y económico del país.

Esto requiere un compromiso de las partes formadoras de un contrato social, lo que implica actuar por deber, y hay un deber de responsabilidad de parte de las personas de informarse adecuadamente y de actuar para minimizar el daño hacia los otros, pero también de que esta información se transmita de manera adecuada, solo con esta colaboración, se puede lograr un éxito para minimizar los impactos de la Covid-19 a corto plazo, pero a largo plazo las medidas se tendrán que tomar bajo una adecuada justicia distributiva, en otras palabras, en una sociedad injusta, sin instituciones redistributivas adecuadas, los costos individuales del encierro serán mucho más altos para los más desfavorecidos, por eso es necesario una justa distribución de las cargas y protección a los más vulnerables ya que están más limitados a protegerse de los riesgos.

Se requiere mayor transparencia en el uso de recursos, porque existe desconocimiento en cuanto a los acuerdos para las compras de las vacunas, cantidades por entregar, lo que imposibilita un cálculo acertado del momento en el que la población costarricense podría alcanzar la inmunidad de rebaño o un porcentaje que comience a minimizar la cantidad de contagios y por consiguiente la presión al sistema de salud. Esta incertidumbre tiene un impacto sobre el planeamiento de las actividades institucionales, pero también personales, teniendo como resultado una afectación sobre la salud mental, por lo que es imperativo un llamado a las instituciones relevantes a aumentar la velocidad de vacunación, a corto plazo, y velar por la transparencia en el proceso.

Riesgo del sistema sanitario

Una de las recomendaciones más importantes para hacer frente a la pandemia, era no poner en riesgo el sistema sanitario. Por lo que la protección y el cuidado de la salud mental y física del personal, así como la toma de decisiones anticipada para evitar la saturación, era necesaria desde las primeras fases. Sin embargo, el agotamiento del personal de salud y la sobrecarga en el sistema, reflejan que las decisiones de los últimos meses, no han tenido el efecto deseado, se recomienda realizar un estudio de los cambios que se han producido a partir de la aparición del COVID-19 en el país, con el fin de generar políticas públicas que fortalezcan el sistema de salud público, así como las herramientas legales necesarias para hacer frente a este tipo de emergencias, incluyendo desde protocolos de migración y consulares, hasta modificaciones normativas para situaciones extraordinarias, en concordancia con los principios de beneficencia y justicia.

Se propone la necesidad imperativa de hacer una revisión transparente de la capacidad del sistema sanitario, no en términos de espacios totales existentes, sino en capacidad real, generar proyecciones reales de la cantidad de personal y las posibilidades de atender a la población en diferentes horarios sin llegar al desgaste de los colaboradores, quienes son claves para la respuesta de la emergencia. Se recomienda, el análisis de medidas alternativa, tendientes a fortalecer la capacidad, por ejemplo: alquiler de estructuras existentes y acondicionarlas para cumplir con la función hospitalaria (como hoteles que actualmente presentan baja o nula ocupación), identificar las industrias nacionales que podrían proveer de insumos nacionales para la salud, incluir personal sanitario que no haya sido previamente considerado, como por ejemplo estudiantes de último año.

Documento completo: https://www.conare.ac.cr/noticias/276-criterio-etico-de-distribucion-de-recursos-y-procesos-de-vacunacion-durante-la-pandemia-del-sars-cov-2-en-costa-rica-en-el-2021

***Mayor Información con: Maribelle Quirós J, directora de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, (8720-4908).

 

UNAComunica
Oficina Comunicación UNA

*Imagen ilustrativa, UCR.

Colombia en llamas: el fin del neoliberalismo será violento

Boaventura de Sousa Santos

Colombia está en llamas. Actualmente es uno de los países con más número de muertos por covid-19, ocupando el cuarto lugar en la región después de Estados Unidos, Brasil y México, teniendo hasta la fecha tan solo el 3.5% de la población totalmente vacunada y siendo parte de los países que se niegan a apoyar la solicitud de liberación de las patentes de las vacunas. Es también el país que en 2020 contó con el 42,5% de su población en condición de pobreza monetaria y con el 15,1% de la misma en condición de pobreza monetaria extrema. A estos datos mínimos pero dicientes le podemos sumar que, tras la firma del acuerdo de paz de 2016, se han asesinado entre 700 y 1.100 personas defensores y defensoras de derechos humanos (las cifras varían entre las ONG y las instituciones gubernamentales). Las zonas que antiguamente fueron de dominio de las FARCEP hoy están en disputa por parte de distintos grupos armados ilegales, los cuales no solo buscan intereses económicos (narcotráfico, minería ilegal) sino que también traen consigo un horrible y sangriento interés por el control sobre la población civil, afectando gravemente el tejido social, dando como resultado que esto es sólo la punta del iceberg del nuevo panorama que atraviesa el país.

Es en este contexto, y tras casi 3 años bajo el gobierno de una derecha opositora al acuerdo de paz que, en medio de una pandemia que ha matado a miles de personas, el pueblo trabajador ha salido a las calles a levantar su voz en contra de una anunciada reforma tributaria que buscó, bajo la lógica del gobierno, recaudar 23 billones de pesos (algo cercano a 6.300 millones de dólares) para mejorar las finanzas públicas y financiar los programas de asistencia social. Si bien es cierto que el país necesita mejorar su sistema tributario, esta reforma planteaba aumentar el número de personas declarando y pagando impuestos sobre la renta con el aval, la visión y el marco conceptual del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Plantear la idea de que más personas sean las encargadas de tributar y financiar los gastos del Estado, en teoría, no suena descabellado, es más, llevaría a pensar que serían las personas de altos ingresos quienes más pagarían impuestos teniendo en cuenta los principios de progresividad, equidad y eficiencia tributaria consagrados en la Constitución Política de Colombia. Pero, según los datos del Banco Mundial, Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina (el índice GINI es de 51,3), reflejando una política fiscal inadecuada y regresiva que posibilita una alta concentración del ingreso y la riqueza, ocasionado por ello un menor desarrollo, teniendo en cuenta que los ingresos y la riqueza se quedan en manos de un porcentaje muy pequeño de la población. La reforma planteada, se uniría al largo y complejo sistema tributario del país que no refleja una verdadera política progresiva y que está lleno de beneficios tributarios dirigidos a las personas con mayores ingresos.

Podríamos afirmar que a partir de 2016 el pueblo trabajador ha inundado las calles y plazas de Colombia exigiendo la defensa de la paz y el cumplimiento de los acuerdos, la protección de los líderes sociales y la solidaridad con quienes han sido asesinados, así como el rechazo a propuestas de modificación de los regímenes pensionales, laborales y tributarios. Así, en los últimos 5 años Colombia ha visto sus calles recorridas por jóvenes, mujeres, indígenas, afros, docentes, pensionados y estudiantes que han generado hechos insólitos como presenciar una de las mayores manifestaciones en el país desde la década de 1970 como lo fue la llevada a cabo el 21 de noviembre de 2019 (21N). Gracias a este empoderamiento popular, y a pesar de la pandemia del covid-19, Colombia volvió a marchar del 09 al 21 de septiembre de 2020 para protestar en contra del abuso policial, del mal manejo del Gobierno ante la crisis económica y social provocada por la pandemia y para sentar una voz que dijera basta ya a las masacres en el país, las cuales no tuvieron tregua a pesar de las medidas de confinamiento. En especial hay que subrayar la Minga del Suroccidente Colombiano ocurrida en octubre de 2020 liderada por las organizaciones indígenas que emocionó por sus consignas y valentía y que logró movilizar a una gran parte de la sociedad en torno a sus exigencias tras su recorrido por el país, logrando la opinión favorable de millones de personas que los recibieron calurosamente en cada ciudad durante su viaje hasta la capital.

Bajo este panorama el pueblo decidió a partir del 28 de abril (28A) de 2021 marchar en contra de la reforma tributaria y del gobierno indolente. La represión de las fuerzas policiales es brutal. El malestar ciudadano ha sido objeto de estigmatización y represión por parte de la fuerza pública, lo que ha llevado a que distintas organizaciones de derechos humanos registren entre el 28 de abril y el 05 de mayo un total de 1708 casos de violencia policial, 381 víctimas de violencia física por parte de la policía, 31 muertes (en proceso de verificación), 1180 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 239 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 31 víctimas de agresión en sus ojos, 110 casos de disparos de armas de fuego por parte de la policía y 10 víctimas de violencia sexual por parte de fuerza pública. . De igual manera, la Defensoría del Pueblo (la figura del ombudsman en Colombia) señaló que se registraron 87 quejas por presuntas desapariciones durante las protestas del Paro Nacional del 28A.

Lo que empezó como una fuerte oposición a una reforma impopular y a un ministro de hacienda que desconocía el valor de una docena de huevos (y en general de toda la canasta familiar), ha escalado al punto de no solo lograr que se retire dicha reforma en el congreso y que dicho ministro renuncie, sino que el presidente de la república Iván Duque Márquez ha propuesto un espacio de dialogo con distintos sectores de la sociedad civil, dialogo que hasta el momento parece ser solo entre las élites del país, desde arriba, y nunca desde abajo. Las organizaciones sociales saben por experiencia que de este gobierno nada bueno hay que esperar, pero como siempre lo han hecho no se rehúsan al dialogo. La primera victoria del movimiento ciudadano en las calles sobre el retiro de la reforma no llegó pacífica o gratuitamente. Además de las cifras antes mencionadas y recolectadas por las ONG del país, el Presidente Duque anunció la militarización del país antes de ceder al clamor social. A partir del 01 de mayo, las redes sociales y las calles colombianas han visto el horror de un despliegue militar típico de un estado de excepción dictatorial con la policía disparando en contra de manifestantes pacíficos y desarmados. Esta ha sido quizás la respuesta más violentamente represiva en tiempos de pandemia a nivel mundial.

Particularmente en Cali las protestas tuvieron una intensidad muy especial debido a la movilización de las organizaciones indígenas después del cruel asesinato de Sandra Liliana Peña, gobernadora indígena de apenas 35 años quien proponía la recuperación de los conocimientos tradicionales y rechazaba la presencia de todos los actores armados en su territorio. Esta ciudad es el segundo centro urbano más negro de América del Sur, llena de contradicciones y luchas, y que ha visto como reprimen a su pueblo de la forma más aberrante posible. La situación es tal que, en medio de una reunión pacífica y transmitida en directo por las redes sociales, se puede observar al escuadrón antidisturbios haciendo presencia para dispersar la manifestación, causando la muerte de un joven frente a más de 1.000 espectadores que observaban a través de internet. Desde Siloé, una comuna (favela) en Cali, se denunció también que durante la noche del 04 de mayo no se pudo acceder al servicio de internet en la zona.

La débil respuesta a la violencia policial por parte de las instituciones colombianas (tanto administrativas como judiciales) ha dado lugar para que civiles armados amenacen (y en ocasiones disparen) a los manifestantes bajo la idea de que son “vándalos” y “terroristas”. En Cali, los estudiantes hicieron circular el siguiente “diálogo”: “Tenemos 25.000 armas”, gritaba un hombre vestido de blanco desde su costosa camioneta parqueada frente a la Universidad del Valle (Univalle). “Nosotros tenemos una de las mejores bibliotecas del país”, le contestó un estudiante. En Pereira, el alcalde promovía un “frente común” que incluyera a miembros de la seguridad privada, al ejército y a la policía para “recuperar el orden y la seguridad ciudadana”, dando lugar a que un joven resultara herido con ocho balas y esté agonizando en un hospital de dicha ciudad.

¿Para dónde va Colombia?

Esta pregunta es importante para Colombia, pero más allá de Colombia me parece ver en los recientes acontecimientos en Colombia el embrión de mucho de lo que pasará en el continente y en el mundo en las próximas décadas. Claro que cada país tiene una especificidad propia, pero lo que pasa en Colombia parece anunciar el peor de los escenarios que identifiqué en mi reciente libro sobre el periodo postpandemia (El Futuro Comienza ahora: de la pandemia a la utopía. Madrid: Akal. 2021). Este escenario consiste en la negación de la gravedad de la pandemia, la política de sobreponer la economía a la protección de la vida, y la obsesión ideológico-política de volver a la normalidad aun cuando la normalidad es el infierno para la gran mayoría de la población. Las consecuencias de la pandemia no pueden ser mágicamente frenadas por la ideología de los gobiernos conservadores, la crisis social y económica pospandemica será gravísima sobre todo porque se acumula con las crisis que preexistían a la pandemia. Será por eso mucho más grave. Las políticas de ayuda de emergencia por deficientes que sean combinadas con el ablandamiento económico causado por la pandemia van a causar un enorme endeudamiento del Estado y el agravamiento de la deuda será una causa adicional para más y más austeridad. Los gobiernos conservadores no conocen otro medio de lidiar con las protestas pacíficas del pueblo trabajador en contra de la injusticia social que no sea la violencia represiva. Así van a responder y el mensaje va a incluir la militarización creciente de la vida cotidiana. Lo que implica el uso de fuerza letal que fue diseñada para enemigos externos. La degradación de la democracia ya bastante evidente se profundizará todavía más. ¿Hasta qué punto el mínimo democrático que todavía existe colapsará dando lugar a nuevos regímenes dictatoriales?

Este escenario no es especulación irrealista. Un reciente informe del FMI hace la misma previsión. Dicen los autores Philip Barrett y Sophia Chen1 que las pandemias pueden tener dos tipos de efectos sobre la agitación social: un efecto atenuante, suprimiendo la posibilidad de causar disturbios al interferir en las actividades sociales, así como un efecto contrario que aumente la probabilidad de malestar social y por consiguiente se generen disturbios o protestas en la medida en que la pandemia se desvanezca. Lo que no dicen es que las protestas serán motivadas por las mismas políticas que el FMI y las agencias financieras promueven en todo el mundo. Es tanta la hipocresía del mundo en el que vivimos que el FMI ignora u oculta las consecuencias de sus lineamientos. El pueblo colombiano merece y necesita de toda la solidaridad internacional. No estoy seguro si la tendrán abiertamente de las agencias internacionales que dicen promover los derechos humanos a pesar de que estos estén siendo violado tan gravemente en Colombia. Imaginemos por un momento que lo que está pasando en Colombia estuviese ocurriendo en Caracas, Rusia o cualquier otra parte del mundo declarado como no amigo de los EUA. Seguramente la OEA, el alto comisariado de la ONU, y el gobierno norte americano ya estarían en campo para denunciar los abusos y proponiendo sanciones a los gobiernos infractores. ¿Por qué la suavidad en los comunicados emitidos hasta la fecha? No se le puede escapar a nadie que Colombia es el mejor aliado de los EUA en América Latina, siendo el país que se ofreció para instalar siete bases militares de los EUA en su territorio (situación que afortunadamente no ocurrió por intervención de la Corte Constitucional). Las relaciones internacionales en el presente viven el momento más escandaloso de hipocresía y parcialidad: solamente los enemigos de los intereses norteamericanos cometen violaciones de los derechos humanos. No es nuevo, pero ahora es más chocante. Las agencias multilaterales se rinden a esta hipocresía y parcialidad sin ningún tipo de vergüenza. Los colombianos, eso sí, pueden esperar la solidaridad de todos los demócratas del mundo. En su valentía y en nuestra solidaridad reside la esperanza. El neoliberalismo no muere sin matar, pero cuanto más mata más muere. Lo que está pasando en Colombia no es un problema colombiano, es un problema nuestro, de las y los demócratas del mundo.

Por el momento, las manifestaciones en Colombia no se ven próximas a finalizar y pese a que solo ha pasado una semana desde el inicio de las mismas debemos insistir en superar el miedo que ronda las calles del país e insistir en la esperanza de un futuro prometedor, más justo y en paz, para un país que ha querido terminar un conflicto de más de 50 años a través de un Acuerdo que agoniza bajo las garras del capitalismo abisal.

 

Imagen tomada de Semanario Universidad.

Respuestas a Preguntas que no se Creen sobre Venezuela, ¿Por qué? (II)

Lic. José A. Amesty R.

17-4-2021

Nosotros/as nos fastidiamos hasta el cansancio tratando que la gente crea y tome conciencia sobre la verdad de Venezuela, y los medios opositores no, además que dicen una mentira y la creen, que increíble.

Sin embargo, no debemos ni cansarnos ni fastidiarnos, hay que seguir con la batalla de las ideas y no desistir, sino como sabemos hacerlo seguir resistiendo. Veamos las preguntas y re – respondamos nuevamente hasta el cansancio:

¿Hay Democracia en Venezuela? ¿Las Elecciones son Arregladas? ¿Hay Dictadura en Venezuela? ¿Nicolás Maduro es un Dictador? ¿Hay Crisis Económica en Venezuela? ¿Hay Migración y Exiliados Políticos? ¿Hay Denuncias de otros Países contra Venezuela? ¿Hay Populismo, Fascismo, Mesianismo en Venezuela? ¿Hay Estado de Derecho en Venezuela? ¿Hay Libertad de Prensa en Venezuela? ¿Hay Respeto a los Derechos Humanos? ¿Se han Cercenado las Libertades e Irrespetado las Instituciones del Estado venezolano? ¿Por qué Rusia y China intervienen a favor de Venezuela? Y tantas otras… Veamos…

*¿Hay Crisis Económica en Venezuela?

Sí, pero hay que diferenciar las crisis generadas por los propios gobiernos (como el del presidente argentino Mauricio Macri y su política neoliberal que solo beneficia al sistema financiero), de las crisis inducidas, por sectores financieros nacionales e internacionales dirigidos por el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela a través de: congelamiento de cuentas, sabotaje a la tasa de cambio, extracción del papel moneda, acaparamiento, desabastecimiento y guerra mediática.

A pesar de los efectos de cinco años guerra económica, el gobierno bolivariano implementa acciones para garantizar la estabilidad y la paz del país: aumento del salario mínimo integral cada dos meses, incremento permanente de la inversión social, tres millones de viviendas construidas y entregadas a familias de los sectores más vulnerables. Entrega directa de alimentos a más de 6.000.000 millones de familias a través del programa Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Lanzamiento del sistema de criptomonedas Petro con respaldo en activos reales de las reservas petroleras.

Si hay crisis económica, pero no es cierto que la situación en Venezuela sea catastrófica y mucho menos de tragedia humanitaria. Si es cierto que tenemos problemas económicos y políticos, pero que no rayan en el caos ni en la tragedia, aclarando que estos problemas son causados por los empresarios venezolanos que boicotean la economía escondiendo sus productos y bajando la producción de alimentos, además como ya mencionamos, de estar acompañados por la política injerencista, guerrerista, colonialista de Estados Unidos. Ante esta política de la oposición política, el gobierno bolivariano ha incrementado políticas contrarrevolucionarias, que han surtido el efecto necesario, tales como: incremento de salarios, proveyendo cajas con alimentos subsidiados a las comunidades del país, entre otras, como igualmente ya indicamos arriba.

*¿Hay Migración en Venezuela?

Producto de las condiciones a las que la guerra económica somete al pueblo venezolano, muchos y muchas han decidido probar suerte buscando trabajo temporal fuera de su país, tal como ha sucedido con millones de compatriotas centroamericanos, de la región andina y de sur américa, que durante décadas han migrado de sus países.

Pero se ha construido un discurso desde los sectores antichavistas de que la de Venezuela es una catástrofe porque gobierna “el populismo” y “el comunismo”.

Ahora bien: ¿Qué podemos decir de México, con sus 41 millones de mexicanos/as que viven en los Estados Unidos? ¿Qué podemos decir de Colombia? Se calcula que casi cinco millones de colombianos/as viven en Venezuela, un millón en los Estados Unidos y 135 mil en España. Se calcula que en Argentina viven unos 38 mil venezolanos/as mientras que existen 87.574 peticiones de residencia de ciudadanos/as colombianos/as entre temporal y permanente.

El éxodo de venezolanos al exterior, ¿por qué salen?

Se ha hablado mucho y demasiado sobre el fenómeno migratorio de venezolanos al exterior. La oposición al gobierno de Nicolás Maduro ha utilizado, las redes sociales y otros medios, para desinformar e involucrar hechos políticos y económicos, para de una manera justificar el éxodo de venezolanos al exterior, pero el fenómeno migratorio va mucho más allá al supuesto rechazo del gobierno de Nicolás Maduro, si lo midiéramos por allí, Nicolás Maduro saldría fortalecido, ya que son más los venezolanos que se quedan, que los que se van, no todos los que parten son opositores.

Entonces el análisis no puede ser únicamente político. Existen muchos factores para que una persona busque nuevos y lejanos derroteros.

Veamos algunos datos: Según las ONU existen alrededor de 250 millones de personas en el mundo, que no viven en su lugar de origen. Solo empezando por allí, nuestra diáspora es insignificante ante el total mundial.

La diáspora venezolana no es tan numerosa como nos quieren hacer ver la oposición y medios de comunicación, internacionales y nacionales. A lo sumo existen 1,5 millones de compatriotas viviendo en el exterior (no más de 400 mil en USA, 250 mil en España, países que albergan más venezolanos) los demás diseminados en el mundo.

Aunque sea cierto que en estos últimos tiempos, se ha incrementado la migración sobre todo, de jóvenes venezolanos, hacia otros países, también es cierto, que la justificación de este incremento es el mismo de otros ciudadanos del mundo (250 millones) que deciden emigrar: 1) Factores económicos, 2) Posibilidades de conseguir empleo y aumentar los ingresos familiares 3) Inseguridad. 4) Obtener una mejor calidad de vida. 5) Continuar estudios y especializaciones entre otras. Estas son variables comunes en casi todo el mundo que busca emigrar, algunos lo consiguen otros no, irremediablemente deben volver a sus lugares de origen.

Un elemento a señalar es que el estándar de vida del venezolano, era más elevado que el de Estados Unidos. Y nos acostumbramos al consumo en exceso. Al surgir, la Guerra Económica, la cual desean desconocer e invisibilizar, causada por los empresarios venezolanos y extranjeros, el venezolano no es capaz de soportarla y el camino más expedito es huir hacia afuera, alimentado por los medios y su maquinaria opositora.

Continuemos escarbando sobre la problemática venezolana. Y ojalá, estos mitos y mentiras, no nos lleven a una salida bélica a la situación. Confiemos que no, en realidad el pueblo venezolano, no sabe lo que es una guerra.

*¿Hay Denuncias de otros Países contra Venezuela?

Si, veamos algunos países y sus gobiernos latinoamericanos, en su momento, cuyas políticas internacionales se basaron en denunciar exclusivamente a Venezuela:

México

Con 1.035 periodistas asesinados en los últimos 15 años, más de 50 solo en 2017, es el país con mayor cantidad de muertes intencionadas para acallar investigaciones.

La llamada “Guerra contra las drogas” no ha surtido efecto ya que La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito alertó que México lidera el mercado de exportación de metanfetaminas y opio en América; además el cultivo de amapola creció un 60 por ciento en los últimos seis años en el país. En vidas humanas, tenemos unas 23 mil muertes al año por causas asociadas solo a esta “guerra” y que contabiliza más de 200 mil desde que se inició hace 12 años con el gobierno de Felipe Calderón.

Colombia

Además de los exiliados al exterior hay que contar los desplazamientos internos causados por el terror paramilitar y la represión del ejército colombiano, se calcula unos siete millones de desplazados por esta causa. El gobierno colombiano tan preocupado por Venezuela no logra evitar que en su territorio asesinen a, por ejemplo, más de 80 activistas sociales y sindicalistas en lo que va de 2018 y que los acuerdos de paz firmados en 2016 solo hayan sido cumplidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia mientras el Estado ha incumplido el 85 por ciento.

Brasil

El gobierno de Michel Temer surge a partir del golpe de estado a la presidenta Dilma Rousseff que fue disfrazado de juicio político sobre una causa sin evidencias. La supuesta corrupción que sirvió para sacar a Rousseff no parece ser tan grave como para que continúen Temer y sus aliados con cero votos para ser presidente pero con cientos de procesos judiciales por corrupción (hasta un video recibiendo coima).

Es el Brasil que puso de moda la reforma laboral, que destruye todo derecho laboral como en el sistema esclavista; donde asesinan a concejales de la oposición como Marielle Franco y detienen ilegalmente al candidato con mayor intención de votos de cara (Luiz Inacio “Lula” da Silva) a las próximas elecciones presidenciales.

Argentina

El gobierno de Macri asumió la bandera del antimadurismo desde su campaña electoral de 2015. Justo el gobierno de los tarifazos, del no aumento de sueldo, de los despidos, del ajuste sobre el ajuste, de la entrega de la soberanía política al Fondo Monetario Internacional. El mismo gobierno que no escuche a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la gravedad de tener presos y presas políticos/as sin un debido proceso, el mismo que reprime toda protesta contra el ajuste y que cuenta con la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

Un gobierno que justifica el asesinato por la espalda de niños de 11 años (como Camila Borda) se jacta de decirle a otro como debe “respetarse” la ley internacional que él mismo no respeta.

*¿Hay Estado de Derecho en Venezuela?

El Estado de Derecho, definición corta: “Estado cuyo poder y cuya actividad están regulados y garantizados por ley”.

Cuáles son sus características:

División de Poderes: en el Estado de Derecho, el ejercicio del poder se divide entre los diversos organismos de poder público.

Control y Fiscalización de los Poderes Públicos: en el Estado de Derecho, los ciudadanos están facultados para vigilar y supervisar la labor de las entidades públicas.

¿Qué es vivir en un Estado de Derecho?: “Significa vivir en un estado donde hay leyes que se cumplen y protegen a los ciudadanos de un país”. (La mejor respuesta) “Significa que se vive en un país que rige su vida diaria y sus interrelaciones mediante el uso de la Constitución Política, Leyes, Reglamentos, Normas y Códigos.

Durante el periodo de gobierno del Presidente Hugo Chávez (1999-2012), y del Presidente Nicolás Maduro, es el tiempo donde se han elaborado y puesto en ejecútese, las más diversas y cuantiosas Leyes de la Republica, para el beneficio del pueblo en general, y esto ha significado la mayor transferencia de poder político al pueblo que se haya conocido jamás en Venezuela, la construcción de un Estado Social de Derecho y de Justicia, el rescate de la dignidad de las venezolanas y venezolanos garantizando sus derechos a través de las misiones sociales, favoreciendo el acceso a la salud, seguridad social, alimentación, vivienda, educación y trabajo entre otras.

En la Revolución Bolivariana, se está haciendo énfasis en la promoción de la participación directa de las comunidades en las decisiones sobre las políticas de Estado, en el ejercicio de la Contraloría Social y la obligatoria corresponsabilidad del pueblo en el diseño, elaboración y aprobación de Leyes (el Pueblo Legislador) en la vigilancia de su aplicación y oportuna transformación.

Pasar de la democracia representativa, la cual limitaba la participación del pueblo al sufragio (Derechos civiles y políticos con restricciones), dando paso “a la refundación de la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones”. (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999).

Al inicio de la Revolución Bolivariana, se crearon las llamadas Misiones Sociales, que con el tiempo se materializaron en Leyes para el pueblo, estas Misiones nacen como instrumento efectivo dirigidas a solventar la deuda social; deuda que recoge el deterioro acumulado durante los últimos 30 años en que se vinieron dejando de lado los objetivos de desarrollo en Venezuela. Una brecha que habla de inmensos contingentes de personas sometida a una atroz exclusión social, política y económica a lo largo de muchas décadas.

Es así, como las misiones entonces, constituyen un conjunto de estrategias para la universalización de los derechos contenidos y expresados en la Constitución de 1999, produciendo acciones que al mismo tiempo garanticen los derechos sociales, permitan la inclusión, en la producción y en el trabajo, y también la inclusión política, garantizando organización, participación y protagonismo en los asuntos públicos del Estado.

Una de estas Misiones, posteriormente Ley de la República, es la Gran Misión Vivienda Venezuela nació producto de la imperiosa necesidad del Estado venezolano por dar respuesta más efectiva al problema de la vivienda. Esta misión, coadyuvó igualmente, a revalorizar el sistema socio-productivo nacional. El Gobierno del Comandante Chávez se fijó como meta la construcción de dos millones de viviendas en seis años, lo cual desde el punto de vista humano, necesitó una mano de obra importante, en su primer año 2011, se construyeron 147.000 viviendas. A enero de este año 2020, la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) llegó a un total de 3.079.033 hogares entregados en todo el país. Mencionando además, la rehabilitación de 1.432.699 viviendas-hogares en los 250 corredores activados en el territorio nacional.

*¿Hay Libertad de Prensa en Venezuela?

En el Gobierno Bolivariano se ha democratizado el espectro radioeléctrico en señal abierta. Es decir, en el año 1998 existían 40 televisoras, en la actualidad, por lo menos, Venezuela tiene 111 concesiones en televisión abierta, de las cuales 61 son privadas, 13 del Estado y 37 comunitarias. En cuanto a radio, en 1998 había 342 concesiones, ahora hay 466 privadas, 82 operadas por el Estado y 243 comunitarias.

En televisión, es diferente, el 80 % del espectro era privado, sin embargo, observamos un proceso en que predomina un nuevo factor, el de los medios comunitarios y alternativos, que hoy ocupa 33 % del espectro en televisión versus 13 % de los medios públicos; pero aun así hay una hegemonía, sobre casi 60 % de las concesiones en televisión que siguen en manos privadas.

*¿Hay Respeto a los Derechos Humanos en Venezuela?

Con la Constitución venezolana de 1999, se transformó el Estado venezolano permitiendo garantizar los Derechos Humanos de los sectores vulnerables en el país. Los Derechos Humanos son el resultado de luchas históricas y sociales por parte de aquellos grupos vulnerables por las grandes élites dominantes que controlan el poder económico y político en Venezuela. Con el triunfo y la llegada al poder de Hugo Chávez se inició un proceso Constituyente para adecuar el Marco Constitucional e Institucional y transformar el Estado y dar origen a una Constitución que consagró la preeminencia de los Derechos Humanos.

La Constitución de 1999 marcó el inicio -de forma legal- de la Revolución Bolivariana, y a través de ella se impulsó el Socialismo del siglo XXI, que renovó la manera de gobernar en América Latina y dignificó a los sectores menos favorecidos, históricamente ignorados y oprimidos por la extrema derecha.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, contempla en su título III, los Derechos Humanos y Garantías, y de los Deberes, que de acuerdo a expertos, responde al más grande avance progresivo y moderno de los Derechos Humanos.

El texto Constitucional concibe una Estructura de cinco Poderes Públicos, entre ellos el Poder Ciudadano integrado por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República.

El actual Presidente Nicolás Maduro, sigue abogando por una Plena Garantía de Derechos y por el Dialogo en Venezuela.

*¿Se Han Cercenado las Libertades e Irrespetado las Instituciones del Estado Venezolano?

No es cierto que se hayan cercenado las libertades y violentado o irrespetado las instituciones del Estado. El caso de la Asamblea Nacional opositora, es un caso donde ella misma entro en desacato al no cumplir una orden del Tribunal Supremo de Justicia; quien debía desincorporar tres diputados que no fueron electos legalmente.

La oposición decidió por su propia cuenta no participar en la Asamblea Nacional Constituyente, y por ende, no postulo candidatos y candidatas a la misma.

La mayoría de las personas muertas en las revueltas patrocinadas por la oposición, fueron causadas por ella misma, y si es cierto, en algunos casos, por la acción de los cuerpos de seguridad del Estado, quienes fueron puestos a la orden de la justicia.

Es cierto que, la Constituyente es una vía para superar tantos problemas creados e inducidos por la oposición venezolana, una vía para buscar la paz, una vía para afianzar los Derechos que hasta ahora, se han logrado en Revolución, así como para reforzar la Constitución vigente y lograr más beneficios para el pueblo.

El llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro, a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, es totalmente constitucional basado en los artículos 347, 348, 349 de la Carta Magna venezolana. Al respecto, hay muchas interpretaciones sesgadas y mal intencionadas, pero lo cierto es que la Constituyente es lo más democrático que hay.

Lo cierto es que, votaron la Constituyente 8 millones de personas, dejando de votar 2 millones, por obstáculos, amenazas u otra suerte de impedimentos contra los que deseaban votar, coartando así el derecho al voto, que en nuestro caso es un derecho humano.

Un dato interesante es que, la mayoría de las iglesias evangélicas apoyan el gobierno revolucionario, al constatar que es un gobierno humanista, que apoya los sectores más desposeídos, que permite una libertad de culto total, que tiene una política de atención a la familia, a los jóvenes, a las mujeres, a los ancianos, a las personas con discapacidad, entre otros. Así mismo, hubo varios candidatos religiosos que aportaran a la redacción de la nueva Carta Magna.

*¿Por qué Rusia y China Intervienen a Favor de Venezuela?

Las relaciones con otros países, sea Venezuela u otro país, son parte de la cotidianidad. En el caso venezolano se manejan como Alianzas Estratégicas y no solo es con Rusia y China, sino con otras potencias como Turquía, Irán, India, entre otras, con la finalidad de diversificar la economía y brindar oportunidades laborales, especialmente a la juventud, así como en las áreas de tecnología, minería, alimentos, medicinas, en temas petroleros, económicos, defensa militar, energía, turismo, comercio, fiscal, marítima y política, a favor de los venezolanos. En ningún momento, es una relación de subordinación a ningún Imperio.

Así mismo, estos países también han sufrido los embates de las élites capitalistas occidentales en su casi enfermizo afán de mantenerse como clase dominante a nivel planetario. Estos países al igual que la Venezuela Bolivariana han venido sufriendo del mismo asedio económico y militar.

La imposición de “sanciones” para entorpecer el libre comercio internacional al que cualquier país tiene derecho, es al parecer, “el caballito de batalla”, que usa la economía occidental, para doblegar cualquier intento de superación que desborde los límites que ellos mismos han impuesto, para desmontar cualquier intento de superación que ponga en peligro una hegemonía que pierden cada minuto que pasa.

Por otro lado, desde la llegada del Presidente Chávez al poder, la visión geopolítica de las relaciones exteriores fueron basadas en la ruptura de la hegemonía estadounidense y la apertura de nuestras políticas y mercados a las llamadas economías emergentes, como Rusia y China, con los cuales se ha abierto el camino a la consolidación del mundo multicéntrico y multipolar.

Hasta aquí, algunas preguntas y respuestas, ojala sirvan para esclarecer la matriz mediática que quiere imponer a Venezuela de no dejar que sea libre y tome sus propias decisiones. La pregunta del título y su respuesta la dejo a criterio de los lectores. Las respuestas son claras y sin mentiras, no es práctica revolucionaria mentir, más bien hacer que la gente tome conciencia a través de la lectura, el estudio y el debate de ideas.

Respuestas a Preguntas que no se Creen sobre Venezuela, ¿Por qué? (I)

Lic. José A. Amesty R.

17-4-2021

Nosotros/as nos fastidiamos hasta el cansancio, tratando que la gente crea y tome conciencia sobre la verdad de Venezuela, y los medios opositores no, además que dicen una mentira y la creen, que increíble.

Sin embargo, no debemos ni cansarnos ni fastidiarnos, hay que seguir con la batalla de las ideas y no desistir, sino como sabemos hacerlo seguir resistiendo. Veamos las preguntas y re – respondamos nuevamente hasta el cansancio:

¿Hay Democracia en Venezuela? ¿Las Elecciones son Arregladas? ¿Hay Dictadura en Venezuela? ¿Nicolás Maduro es un Dictador? ¿Hay Crisis Económica en Venezuela? ¿Hay Migración y Exiliados Políticos? ¿Hay Denuncias de otros Países contra Venezuela? ¿Hay Populismo, Fascismo, Mesianismo en Venezuela? ¿Hay Estado de Derecho en Venezuela? ¿Hay Libertad de Prensa en Venezuela? ¿Hay Respeto a los Derechos Humanos? ¿Se han Cercenado las Libertades e Irrespetado las Instituciones del Estado venezolano? ¿Por qué Rusia y China intervienen a favor de Venezuela? Y tantas otras… Veamos…

*¿Hay Democracia en Venezuela?

Para los que la democracia es sinónimo de Elecciones, les informamos que en Venezuela, se han realizado, al menos, 23 elecciones desde 1998, año en que Hugo Chávez fue electo Presidente e inició un proceso de democratización de los poderes del Estado con altos niveles de participación del pueblo en las decisiones que hacen a su vida política, económica, cultural y organizativa. A esto se le llama Democracia Participativa y Protagónica.

Además en Venezuela el voto no es obligatorio, y aun así el porcentaje de participación de las últimas dos décadas está por arriba del 70 por ciento, mayor que lo que sucede en los Estados Unidos, España, Colombia, Perú o Chile. Desde hace, al menos 11 años, Venezuela emplea el voto electrónico o automatizado, que permite agilizar el proceso de sufragio y blindar los resultados.

Además, adelantamos desde ya, que el Presidente Nicolás Maduro, ha sido reiterado como tal, por medio de los votos del pueblo, en elecciones libres, soberanas y democráticas, y avalado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Aprovechamos para resaltar algunos aspectos positivos de la Revolución Bolivariana con su Democracia Participativa y Protagónica de todo el pueblo, y no con populismo ni fascismo, ha tenido logros extraordinarios para esa misma población: erradicación del analfabetismo, inclusión en todas las etapas del sistema educativo, estamos en el 5° lugar del mundo en matrícula universitaria, sistema de salud universal y gratuito, reducción de la pobreza en más del 50%, reducción de la mortalidad infantil y de la desnutrición infantil, entre muchos otros.

Hay que precisar en torno a los aspectos básicos de alimentación, medicinas, ataque a la moneda nacional, transporte-gasolina, y muchos otros, que se han visto disminuidos, por el bloqueo feroz de USA y sus aliados internos y externos. Esto ha servido como propaganda de la oposición, para vender la idea que el Gobierno Revolucionario no atiende estos aspectos de la vida diaria de los venezolanos. Es ya conocido, que la Revolución Bolivariana, tiene en cuenta a la población y de alguna manera, una de las medidas son: las cajas CLAP, (cajas con alimentos básicos) los bonos en dinero en efectivo, y el apoyo a la salud y educación al ser totalmente gratuitas.

Hemos logrado buena parte de las metas del Milenio, como la cobertura de agua potable y saneamiento, la reducción de la pobreza, el acceso a una alimentación balanceada, la inclusión en la educación y en el trabajo sin discriminación por género, entre otras.

En conclusión, el triunfo de la Revolución Bolivariana, con su Democracia Participativa y Protagónica, es el triunfo de las mayorías, de los excluidos y las excluidas, de los invisibilizados y las invisibilizadas, de los obreros, de las obreras, los campesinos y las campesinas, sobre la alianza de los partidos de la burguesía y las oligarquías existentes sumisas, durante décadas, al imperialismo. Y contra esto, no hay Populismo ni Fascismo que valga!

*¿Las Elecciones en Venezuela son Arregladas?

El Poder Público Nacional venezolano, se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral, es decir que, a diferencia de Argentina (solo hay tres poderes) en donde los procesos electorales son organizados por el Ministerio del Interior (poder que depende del Presidente), en Venezuela existe un poder diferenciado del ejecutivo que asume los procesos electivos. El sistema electoral venezolano ha sido reconocido por observadores internacionales, como la Unión de Naciones Suramericanas y el Centro Carter (del ex presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter), en distintos procesos comiciales como uno de los más confiables y modernos del mundo.

Deseamos recordar y poner como ejemplo, las supuestas “irregularidades” de las elecciones del 20 de mayo 2018, aduciendo que solo dos partidos participaron y toda una suerte de señalamientos de fraude.

Deseamos señalar que estas elecciones tienen una historia larga, con muchos acontecimientos y circunstancias coyunturales. Invito a buscar en Internet, todo lo referente a estas elecciones, donde hay abundante información. No obstante, tratare de ser lo más preciso posible.

¿Quiénes participaron en estas elecciones?

El grupo de los partidos políticos que participaron formalmente en las elecciones del 20MAY2018, fueron: Avanzada Progresista (AP), Copei, Movimiento al Socialismo (MAS) que apoyaron al candidato Henri Falcón.

A su vez, los partidos políticos, Esperanza por el Cambio de Javier Bertucci, y UPP89 de Reinaldo Quijada. Y por supuesto el partido político PSUV cuyo candidato fue Nicolás Maduro Moros.

¿Quiénes no participaron en estas elecciones?

El grupo de la llamada MUD, Mesa de la Unidad Democrática, cuyo bastión importante lo agrupan organizaciones como Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular Activistas (VPA), Un Nuevo Tiempo (UNT), Alianza Bravo Pueblo (ABP), Vente Venezuela (VV), Proyecto Venezuela (PRVZLA), Convergencia, Causa R, Bandera Roja (BR), entre otras.

Quienes, como en otra ocasión, apostaron a la no participación electoral, a fin de generar las condiciones para reactivar una agenda violenta, como desenlace a la actual coyuntura política en el país.

Dicha agenda violenta pudiera constituirse en una desobediencia civil, un Golpe Militar tradicional, Guerra Civil, una intervención militar internacional o la combinación de todos los escenarios anteriores.

*¿Hay Dictadura en Venezuela? ¿Nicolás Maduro es un Dictador?

No es cierto que el gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro, sea una dictadura. Precisemos que un dictador no respeta o irrespeta su propia Constitución, este no es el caso de Nicolás Maduro, quien en todos sus actos, siempre actúa velando por la constitucionalidad de sus políticas. En 18 y más años, de gobierno revolucionario, nunca SE HA ROTO EL HILO CONSTITUCIONAL. Las protestas de la oposición, han sido contenidas, utilizando solo agua y gases, nunca reprimidas, como se hace en otros países.

Hay toda una campaña mediática de la oposición venezolana, hacia el exterior e interior de Venezuela, enfatizando que en el país hay un dictador, una dictadura ejercida por el Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros, Y MAS AUN, A PARTIR QUE EL MANDATARIO VENEZOLANO HAYA ACTIVADO EL PODER ORIGINARIO DEL PUEBLO, AL PROPONER UNA Asamblea Nacional Constituyente, deseamos precisar algunas ideas en torno a las Dictaduras, sin hacer juicios de valor, solo precisarlas, para que se vean sus postulados principales.

La dictadura es un sistema de gobierno o régimen gubernamental donde todos los poderes del Estado se concentran en un individuo, un grupo o un partido. El dictador no permite la oposición a sus acciones y a sus ideas, tiene poder y autoridad absolutos. Se trata de un régimen no democrático, antidemocrático y autocrático, donde no existe la participación del pueblo.

Existen varios tipos de Dictaduras, a saber:

Dictadura Fascista: El concepto de régimen fascista puede aplicarse a algunos regímenes políticos dictatoriales, ya fueran totalitarios o autoritarios de la Europa de entreguerras y a prácticamente todos los que se impusieron por las potencias, durante su ocupación del continente durante la Segunda Guerra Mundial.

De un modo destacado, y en primer lugar, a la Italia de Benito Mussolini (1922) que inaugura el modelo y acuña el término; seguida por la Alemania de Adolf Hitler (1933) que lo lleva a sus últimas consecuencias; y la España de Francisco Franco que se prolonga mucho más tiempo y evoluciona fuera del periodo (desde 1939 hasta 1975). Las diferencias de planteamientos ideológicos y trayectorias históricas entre cada uno de estos regímenes son notables.

Dictaduras Autoritarias: El término autoritarismo, no tiene una ideología tan elaborada, el ensalzamiento del líder se hace de forma meramente propagandística. No busca el apoyo de las masas, sólo someterlas. Su meta última no es realizar grandes cambios en la sociedad sino únicamente imponer su poder sobre la misma. El autoritarismo busca acallar a los disidentes y evitar sus expresiones en público.

En Las Dictaduras Totalitarias, la concentración de poder está en una sola persona o grupo muy reducido, usualmente un partido político o movimiento, que puede incluso conducir al culto a la personalidad del líder. Se justifica la actuación política mediante una doctrina global que se manifiesta en todas las esferas de la actuación humana: economía, cultura, familia, religión. Se emplea sistemáticamente el terror, por medio de policías y ejércitos para eliminar a la disidencia u oposición. Se utilizan los campos de concentración para aislar a la oposición y enemigos del régimen. Busca no solo acallar sino también extirpar las formas de pensamiento opuestas, mediante el adoctrinamiento y la remodelación de las mentalidades.

Se han desarrollado también una especie de Dictaduras llamadas Modernas, en las cuales, los dictadores también pueden llegar al poder siendo elegidos en votaciones populares, designados por un partido único o jerarquía dominante de cualquier signo, o heredar el poder tras el fallecimiento del pariente que lo ostentaba. Guarda conexión con los totalitarismos a través de la implantación de un sistema de legitimación del poder público mediante un sistema político de fuerza y jerarquía; y mediante la ideología del movimiento o partido.

A su vez, La Dictadura Constitucional es la forma de gobierno en la que, aunque aparentemente se respeta la Constitución, en realidad el poder se concentra de manera absoluta en las manos de un dictador (y en ocasiones, en las manos de sus cómplices), controlando éste, directa o indirectamente, los Poderes. El mecanismo mediante el cual se mantiene el aparente respeto a la Constitución se denomina fraude constitucional: un ejemplo es el fraude electoral.

Todos estos tipos de dictaduras tienen un componente militar que las caracteriza. Que en algunos casos se implementan a través de los llamados Golpe de Estado, y que es una forma de gobierno donde el poder está completamente controlado por los militares.

Veamos algunas características de las Dictaduras:

Poder sin límites. En las dictaduras no existen control ni límites a las determinaciones que tome el dictador. De este modo a lo largo de la historia estos dictadores autoritarios han cruzado barreras morales y jurídicas sin presentar siquiera argumentos lógicos que sustenten sus acciones. De este modo se han cometido asesinatos masivos, privación de la libertad, encarcelamientos injustificados, otras.

No hay Leyes Constitucionales. Dado que no existe la división de poderes en las dictaduras, las leyes que se sancionan son directamente propuestas por la figura monárquica de quien está al mando. Los ciudadanos no poseen leyes que los amparen ya que, en el mejor de los casos, la constitución es adaptada a las necesidades del dictador y del grupo al que pertenece y representa.

Intromisión en la vida privada de las personas. Generalmente, en las dictaduras, las fuerzas armadas tienen la capacidad de privar de su libertad a cualquier ciudadano si así lo consideran necesario. También pueden solicitar datos, objetos personales e incluso irrumpir en propiedades privadas.

Desvanecimiento de la figura del Presidente. Dado que este término describe a la figura máxima dentro de un gobierno democrático (opuesto a los gobiernos de facto) existe un desvanecimiento de la figura del Presidente como tal. Aunque también en ciertas dictaduras el dictador al mando se ha dado en llamar Presidente, sólo conserva su nombre dada la ausencia del aparato democrático que lo sustenta detrás.

Control de los medios de comunicación masivos. Todas las dictaduras supervisan el contenido de los medios de comunicación así como también a sus periodistas y trabajadores. De esta forma tienen bajo su control y dominio los medios y persuaden a la población. Generalmente se utilizan estos medios interviniéndolos e inculcándole a la población características positivas del líder dictador al mando. Esto, a menudo, coloca al dictador en una figura de padre protector y benefactor del pueblo.

Violación de los Derechos Humanos. Durante los gobiernos de facto, existe una ausencia total de los derechos del pueblo y los derechos humanos no son una excepción. Durante este tipo de gobiernos se pueden llegar a hacer uso de guerras o batallas (internas o externas) para justificar actos de violación de los derechos humanos ya sea hacia su pueblo o hacia otros países.

Control a través del miedo. Todas las dictaduras han dominado y controlado a sus ciudadanos a través del miedo. Ellos generan y fomentan en el pueblo el terror a ser perseguidos, torturados y asesinados sino se acatan las órdenes estrictas de la dictadura.

La Iglesia como medio de dominación. Comúnmente las dictaduras necesitaron tener el aval espiritual. De esta forma se les otorgó un poder desmedido a la iglesia (mayoritariamente este poder se le dio al a iglesia católica) quienes eran los encargados de «encauzar» las almas de aquellos que se habían desviado del camino espiritual. De este modo, las dictaduras podían justificar moralmente su repudio hacia los homosexuales, negros o personas que no compartían esta religión.

Errores comunes de las dictaduras. Dado que infunden miedo no solo en el pueblo si no en todos los que rodean al dictador, los ayudantes de éste evitan expresar críticas u opiniones diferentes a las que propone dicho dictador. Por esta razón se genera un ambiente donde los errores son frecuentes y, en ciertos casos, pueden llegar a terminar con el régimen.

Diferencia entre Democracia y Dictadura: Son de hecho dos extremos opuestos, y también de las formas de gobierno más comunes hoy en día. La democracia es, según traducción literal de su voluntad, el gobierno del pueblo por el pueblo. Es decir, que son los ciudadanos quienes deciden las leyes, quiénes son los representantes para gobernar.

Estas decisiones en democracia pueden realizarse de forma directa mediante elecciones de diverso tipo (nacionales, autonómicas, u otras) o bien de forma indirecta, cediendo el poder a representantes con el fin de agilizar la aprobación de leyes, por ejemplo.

La democracia es el sistema de gobierno más extendido, sobre todo en la sociedad occidental, a pesar de que ha sido duramente criticada por ciertas debilidades, así como en ocasiones por esconder en la práctica una dictadura no reconocida.

Democracia: El gobierno es de todos. Existen elecciones, libres y periódicas. El mandato de los líderes es por consenso de los gobernados. Los líderes políticos son responsables de las acciones del pueblo. El poder se halla concentrado en la Constitución. La parte oponente, la oposición, tiene acceso a los medios de comunicación. Se permite la crítica. Se protege las libertades civiles. Se respeta el derecho de las minorías. Se considera como oponentes a quien están en contra del grupo político que se encuentra en el poder.

Dictadura: El gobierno es de uno solo. No existe la libre elección. El dictador manda sin el consenso de los gobernados. Los líderes responsabilizan al pueblo por sus acciones. No hay constitución vigente. Los medios de comunicación son controlados. Se prohíbe la crítica. Se prohíbe las libertades civiles. Se ignora por completo el derecho de las minorías. Se considera como enemigos a quienes están en contra del que se encuentra en el poder.

Continuará…

La indignación social debe servir para construir un mejor país

Luis Fernando Astorga Gatjens

Tengo la certeza de que hay muchas causas y motivos para estar indignados. La indignación ha venido en aumento, conforme la situación económica de las personas y las familias empeora y no se encuentran respuestas certeras y concretas, ni en el Gobierno, ni en la Asamblea Legislativa.

La pandemia ha exacerbado y desnudado una crisis económica y social, cuyas causas más relevantes hay que asociar al impulso de un modelo económico, el neoliberalismo, que ha venido debilitando y erosionando el Estado Social de Derecho, desde hace más de 30 años.

Cada vez más costarricenses se convierten en víctimas de la desigualdad social, derivada de ese modelo que han aplicado sucesivamente, unos más-otros menos, gobiernos del PLN, PUSC y PAC. Empero esa desigualdad social creciente no ha crecido sola: Se ha incrementado a la par de una concentración cada vez más notoria de la riqueza en menos manos. Hace algunas décadas, cuando Costa Rica gozaba de una mejor distribución de la riqueza, se hablaba de que en El Salvador tal riqueza (y el poder político) estaba concentrado en 14 familias. Hoy, nuestro país, ha transitado un escabroso camino que se parece cada vez más al modelo salvadoreño.

Más y más costarricenses están irritados por el creciente empobrecimiento y por la incertidumbre que emerge al mirar el futuro. Dentro de este dominante escenario de indignación social, también causa molestia y hastío el festín de precandidaturas presidenciales, llenas de desmedidas ambiciones personales y vacías de propuestas de políticas inclusivas, que ofrezcan soluciones reales a la gente.

Lo malo es que muchas personas reaccionan contra la política y no, como debía de ser, contra las y los políticos que usufructúan de ella, sin compromiso social medible en hechos y cuyas promesas siempre se las lleva el viento.

En el mejor de los casos, esta indignación social de hoy puede empujar a muchas personas a la apoliticidad y al abstencionismo, y con ello a una pasividad nada alentadora y constructiva. Cuando, hoy más que nunca, se requiere enarbolar el artículo 9 de nuestra Constitución Política, en lo atinente al carácter participativo que debe tener la democracia costarricense, es contraproducente que cada vez más personas –justamente irritadas por asociar la “política” con el aprovechamiento patrimonial de que hacen gala muchos políticos–, se desmovilicen y no ejerzan plenamente sus derechos ciudadanos.

Valga recordar que la apoliticidad es una posición política que hace que la persona que la reivindica se haga a un lado para que otras personas decidan por ella, en asuntos que son de su primordial interés. La democracia sólo se fortalece con más democracia, pero para ello se requiere la más activa y consciente participación social y política de la ciudadanía. La auto marginación de las mayorías hace que las élites plutocráticas, afiancen su dominio económico y político a sus anchas en desmedro de la democracia y el Estado Social de Derecho.

Sin embargo, la indignación creciente puede convertirse en una bomba de relojería, que se manifieste a través de estallidos sociales. No hay mal que dure cien años ni cuerpo –social—que lo resista. Ya varios organismos internacionales (con números en la mano), están pronosticando para América Latina en este 2021 pandémico y de incremento de la desigualdad y exclusión social, la aparición de estallidos motivados por la ira social.

Y el país está sumando números en esa rifa, ante la falta de propuestas concretas y viables de reactivación realmente inclusiva y justa, que ofrezca respuestas inmediatas y en perspectiva para amplios sectores sumergidos en la pobreza y la marginación social. Y esa falta de respuesta es gasolina y fósforos, que aportan tanto los que dominan el escenario político actual, como los que aspiran a dominarlo en las próximas elecciones y que piensan que el pueblo está condenado al olvido y a la inconsciencia política perpetua.

Es por ello que es imprescindible que cada vez más personas y grupos, se movilicen social y políticamente, hacia el norte de las propuestas progresistas, decentes y defensores de un Estado Social y Ecológico de Derecho. Sólo transitando por ese camino de certezas y esperanzas, la Democracia no ha de enfrentar los designios de un Estado fallido, en el cumpleaños 200 del país realmente progresista y democrático, que debemos ser.

(8 de marzo, 2021)

UNA: MEP debe ser vigilante para evitar exclusión de estudiantes en vulnerabilidad social

Identificar a la población preescolar, escolar y colegial que no regrese a las aulas en el primer mes del curso lectivo 2021 y ejecutar acciones claras para lograr su retorno es fundamental para evitar la exclusión de niñas, niños y adolescentes en condición de mayor vulnerabilidad socioeconómica, afirma Roxana Rodríguez, directora del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Nacional (Ineina-UNA).

Para ello, la especialista considera que el Ministerio de Educación Pública (MEP) debe mantener una constante vigilancia, con el apoyo de otras instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y las municipalidades, de manera que se trabaje coordinadamente para promover la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

“Particularmente es preocupante la exclusión de las niñas y las adolescentes en pobreza, quienes son más vulnerables a la sobrecarga de tareas domésticas y a la explotación sexual”, advierte la especialista.

En su criterio, el regreso a las clases presenciales es clave, tomando en cuenta que la modalidad virtual adoptada debido a la pandemia, ha evidenciado de una forma muy clara las brechas sociales y educativas que ya existían en el país, donde miles de personas menores viven en pobreza o en pobreza extrema.

“Si hay exclusión de cualquier tipo, hay un incumplimiento del Estado de velar por el disfrute de los derechos contenidos en la Convención de los Derechos del Niño”, ya que la exclusión produce por sí misma el no disfrute de muchos derechos, advirtió la especialista de la UNA.

Presencialidad necesaria

La enseñanza a distancia ha visualizado la inequidad de acceso a los bienes sociales, entre ellos la tecnología. Tomando en cuenta las grandes diferencias que hay en el país en materia de tecnología, Rodríguez afirma que la presencialidad en las aulas de escuelas y colegios favorece una reducción en la exclusión educativa, especialmente de estos sectores más vulnerables socialmente.

La especialista llama la atención, además, sobre el hecho de que la familia no siempre cuenta con las herramientas para apoyar el proceso de aprendizaje; los docentes, como profesionales, son más efectivos en esta tarea.

En el caso de las familias de sectores en vulnerabilidad social, la escasez de herramientas es notoria. Una encuesta del programa Estado de la Nación -citada por la académica del Ineina- muestra que la probabilidad de que la familia afirme estar muy preparada para apoyar a los menores en sus tareas escolares es 2,4 veces más alta cuando tienen educación secundaria completa y universitaria, que cuando tiene secundaria incompleta o menos.

Pero hay más argumentos a favor de la presencialidad, sobre todo, porque –subraya Rodríguez- el aprendizaje es un proceso integral, que no incluye solo el contenido curricular sino las interacciones que el estudiantado tiene con sus pares y sus docentes.

En ese sentido, entre las principales ventajas de la asistencia presencial a la escuela destacan las siguientes: la escuela es un ambiente rico y amplio de interacciones con pares que permite a las personas menores formar su identidad personal y social; la inmersión presencial estimula el desarrollo de funciones ejecutivas, es decir, control de comportamientos, atención, memoria, elaboración de metas, planeación, entre otras; los centros educativos son factores de protección contra la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes.

¿Qué significa volver a la escuela?

Desde el punto de vista del desarrollo, la directora del Ineina recalca que la escuela es un espacio vital y socializador. ¿Quién no recuerda alguna anécdota de la escuela, sus mejores amigos, los partidos de futbol, jugar en el recreo, las risas, las historias de docentes que marcaron diferencia? “La escuela marca la vida emocional de los niños, de ahí la importancia de interacciones positivas que les permita aprender no solo contenidos curriculares, sino sobre sí mismos y sobre valores sociales, tales como la tolerancia, el respeto y la colaboración, entre muchos otros”.

¿Y qué dicen los niños y las niñas? El Ineina -adscrito al Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cide) de la UNA- elabora una consulta a las personas menores de edad sobre qué significa para ellas volver a la escuela. “Creo que tendremos una mejor respuesta escuchando sus opiniones sobre lo que significa volver a clases”, dice la académica de la UNA.

La evidencia, por su parte, indica que el acceso a una educación de calidad promueve grandes beneficios en la población menor de edad, tanto en el aprendizaje como en su desarrollo emocional y social. A estos beneficios tienen derechos todas las personas menores; la exclusión implica incumplimiento de derechos fundamentales garantizados por normativa nacional e internacional.

Es por eso que la directora del Ineina llama a la reflexión. “Como sociedad no podemos permitir que las personas que viven en las condiciones más vulnerables, especialmente los niños, las niñas y adolescentes, sean más golpeados por la crisis financiera y de salud que enfrentamos. Esta situación nos llama a cuestionarnos y decidir qué clase de sociedad somos: una que sacrifica y olvida a las personas que menos tienen, o una sociedad solidaria que protege a quienes más lo necesitan”.

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La gravedad de la crisis y el deplorable espectáculo en la Asamblea Legislativa

Luis Fernando Astorga Gatjens

La comparecencia del Presidente Carlos Alvarado Quesada ante la comisión de la Asamblea Legislativa que investiga el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), no debe ser del agrado de la inmensa mayoría de las y los costarricenses.

No porque se valore negativamente que el Presidente fuera llamado a dar explicaciones, sino por cómo se desarrolló la comparecencia y el espectáculo que muchos legisladores, vienen montando desde que emergió el caso. Es importante que el Parlamento en un sano ejercicio de control político, valore en profundidad si desde la Casa Presidencial, se actuó incorrectamente al crear a la UPAD como una unidad de análisis de datos que fue creada con el propósito “de ayudar a tomar decisiones al Presidente Alvarado”, tal y como se ha indicado oficialmente.

Sin embargo, cómo han venido actuando la mayoría de partidos y diputados, se pone en evidencia la graveded de la crisis política que enfrenta el país en el año de su bicentenario. Lo que debía ser un proceso y un acto de la mayor seriedad (la comparecencia en el recinto legislativo del Presidente de la República), lo convirtieron en espectáculo deplorable que les deja muy mal parados.

En primer lugar, es necesario dimensionar con objetividad el alcance la privacidad de datos en un presente donde las gigantescas empresas tecnológicas, han alcanzado una penetración tan amplia y profunda en los datos de los usuarios, que deja a las y los ciudadanos en estado de indefensión al utilizar las redes sociales.

La anulación de cuentas de usuarios de las redes, a partir de justificadas razones también puede dar paso a abusos y discriminación que anule cuentas por ideas que no sean aceptadas por quienes dirigen esas redes sociales, que aunque sus dueños son empresas privadas su repercusión en el mundo de hoy, alcanzó un amplísimo impacto público. De esta manera, estas redes no sólo pueden acceder –como lo hacen a información privada y datos íntimos de las personas—sino que pueden convertirse en censores que violen el derecho de la libertad de expresión y pensamiento.

De ahí que ya en distintos países, diversas voces estén planteando la necesidad y urgencia de regular a esas mega empresas tecnológicas, para evitar que se pongan por encima de los Estados en acciones que violen los derechos de los ciudadanos.

Empero en ningún momento, los diputados protagonistas de la comparecencia presidencial dedicaron alguna crítica al rol censor que pueden ejercer –y que ya están ejerciendo—esas redes sociales, cuya omnipresencia y amplísimo peso, forman parte de la realidad actual de las sociedades y los países.

Hay sin embargo, otra situación más grave aún en el contexto de esta comparecencia: El país enfrenta –como nunca antes– los efectos de una devastadora pandemia que ha generado una crisis múltiple, en los ámbitos: sanitario, económico, social, cultural y político. Se trata de una crisis que preocupa a millones de costarricenses por el empobrecimiento que ha generado y genera, y porque no ha encontrado ni por parte del Gobierno del Presidente Alvarado, ni casi la totalidad de las diputadas y diputados, respuestas adecuadas y eficaces para enfrentarla.

Cuando el país ha requerido y requiere en forma urgente, visión y políticas de Estado; lo que ha venido ganando la partida son pequeñas políticas, que responden a intereses de grupos económicos y políticos minoritarios. Tristemente –es bueno decirlo con franqueza– muchas de ellas obedecen a ocurrencias e improvisaciones de legisladores, cuya mayor preocupación es alcanzar notoriedad aunque sea efímera y superficial. Cuando el país necesita políticas patrióticas de luz larga, las que están emergiendo no alcanzan ni para la luz de “parking”.

La multi-crisis pandémica demanda madurez, sabiduría y unidad nacional, pero al ser este 2021, un año electoral, lo que emerge con mayor fuerza, es la proliferación de intereses grupales politiqueros y la desunión para encarar las impostergables respuestas de solución, que nos lleven a una reactivación económica, inclusiva y solidaria.

También cabe subrayar que el deplorable espectáculo legislativo montado, tiene un costo económico que se carga al debilitado erario público del país. Pero sobre ese “detalle” tampoco hay consciencia en el recinto legislativo.

La indignación ciudadana ante este deterioro de lo que dicen y hacen los actores políticos que están marcando la distorsionada agenda política del presente, debe ser canalizada no sólo mediante el rechazo comunicacional sino a través de una participación política activa, que contribuya a cambiar el rumbo del país hacia la inclusión social y la solidaridad. El bicentenario nos lo demanda como nación.

(13 de febrero, 2021)

Nuevo acuerdo con Irán y las celadas de Macron

Por: Mikail Álvarez Ruiz

Publicaba el sábado 13 de febrero la web del periódico mejicano Excelsior, un artículo firmado por Esther Shabot Askenazi, una de sus columnistas, bajo el título “¿Nuevo acuerdo con Irán? Las propuestas de Macron”.

En dicho artículo la autora hace un repaso más bien sesgado tanto de la actual situación de la República Islámica de Irán, devastada según ella por la crisis económica resultado de las sanciones y embargos estadounidenses y agravada por las consecuencias del COVID, como de la historia del popularmente denominado Acuerdo Nuclear, de nombre oficial Plan de Acción Integral Conjunto o JCPOA por sus siglas en inglés, para concluir con lo que sería el tema principal de su artículo que no es otro sino el ofrecimiento “mediador” del presidente francés Emmanuel Macron y su propuesta de incluir nuevos actores en las hipotéticas futuras conversaciones, como lo serían Arabia Saudí y el ente sionista de Israel.

Ciertamente el pasado 4 de febrero el presidente francés, recordemos que Francia es uno de los tres países europeos firmantes de dicho acuerdo junto con el Reino Unido y Alemania, dijo estar dispuesto a servir de mediador «honesto y comprometido» en un diálogo entre Estados Unidos y la República Islámica, para afirmar seguidamente que el diálogo con Irán sobre el acuerdo nuclear debería contar con los aliados occidentales en la región como Arabia Saudita y el ente sionista.

La autora del artículo considera en su conclusión la propuesta de Macron como muy interesante, y que valdría la pena que la nueva administración estadounidense explorara la idea lanzada por el presidente francés y tuviera muy en cuenta la opinión de saudíes e israelíes en cualquier futura negociación para garantizar que los intereses de esos regímenes quedaran salvaguardados.

La pregunta es ¿para quién es interesante la propuesta de Emmanuel Macron? Obvio que únicamente lo sería para el eje americano-sionista del que la troika europea son meros subalternos; en absoluto para la República islámica de Irán, ni tan siquiera para los que dentro de ella han apostado, y siguen apostando todo, en favor de ese acuerdo.

Si bien durante la campaña electoral el actual presidente de los EE.UU. hizo varias alusiones a su intención de devolver a los EE.UU. al seno del acuerdo del Plan de Acción Integral Conjunto abandonado por su predecesor en 2018, lo cierto es que desde su toma del poder no ha hecho más que ratificar las sanciones impuestas por Trump tras su abandono del acuerdo, pretendiendo además imponer condiciones a Irán para ese supuesto retorno de los EE.UU., que en sí representaría no regresar a lo ya firmado en 2015 después de años de conversaciones, sino que el teóricamente vigente acuerdo nuclear sea simplemente el punto de partida para otras “negociaciones” con las que recortar y maniatar aún más las capacidades de la República Islámica.

Si el acuerdo nuclear en su momento para muchos iraníes fue un trago amargo obligado a tomar en pro de una esperanza de alivio de la situación económica que sufría del país como consecuencia de las sanciones unilaterales impuestas especialmente desde la presidencia del “demócrata” Bill Clinton, lo cierto es que pronto se pudo comprobar, antes incluso del abandono estadounidense, que todo lo relacionado con los compromisos de los países occidentales hacia Irán dentro de ese acuerdo era puro papel mojado, por no haber cumplido estos jamás ninguna de sus obligaciones.

Nada hizo la Francia de Macron, ni los otros países europeos firmantes del acuerdo ratificado por la Resolución 2.231 del Consejo de Seguridad de la ONU, para salvar el pacto tras el abandono estadounidense, como hubieran podido hacer con la puesta en marcha del mecanismo Entidad con Cometido Especial (SPV, por sus siglas en inglés) y el mecanismo llamado Instrumento de Apoyo a Intercambios Comerciales (Instex, por sus siglas en inglés), con los cuales podría haberse avanzado en el desarrollo del JCPOA. Nada, salvo enredar e intentar ganar tiempo frente a la República Islámica con interminables conversaciones, al igual que hicieron durante la negociación del propio acuerdo y durante el corto periodo en el que este estuvo en teórico vigor, mientras al tiempo exigían que Irán cumpliera escrupulosamente con sus obligaciones, como así hizo y ha hecho hasta principios de este año 2021 cuando frente al continuo incumplimiento de los países occidentales desde que el acuerdo entró en vigor en enero de 2016, Irán comenzó a reducir de forma gradual y casi simbólica, a pesar del bombo dado en Occidente, sus compromisos con el acuerdo nuclear.

La postulación de Macron como negociador «honesto y comprometido» raya en lo cómico, habida cuenta la histórica animadversión de la República Francesa hacia la República Islámica de Irán, y los compromisos e intereses del régimen francés con sus homólogos árabes del Golfo Pérsico y por supuesto con el ente sionista, amén de lo ya mencionado respecto al comportamiento y la responsabilidad de Macron y su gobierno en la no implementación de los acuerdos plasmados en el Plan de Acción Integral Conjunto.

Más cómica aún es la pretensión de los EE.UU. y sus adláteres europeos de plantear una renegociación de lo ya pactado en el JCPOA para incluir en el hipotético nuevo acuerdo temas fundamentales para la seguridad de la República Islámica como son su capacidad de influencia regional y sobre todo el control de su industria militar, especialmente el programa misilístico de la misma.

Si el acuerdo nuclear fue un trago amargo a cambio de una esperanza que pronto se demostró falsa, y que no solo no fue capaz de eliminar las sanciones estadounidenses vigentes en 2015 sino que a 6 años vista desde la firma del acuerdo las mismas han sido considerablemente incrementadas con las lógicas consecuencias para la economía iraní y la vida de los iraníes, lo que ahora proponen los países occidentales firmantes del acuerdo, con el aliento del ente sionista y los regímenes monárquicos del Golfo, representaría un simple acta de rendición para la República Islámica que nadie en Irán, ni siquiera aquellos sectores más occidentalizados y que tanto siguen intentando vender las supuestas virtudes del JCPOA, podrá aceptar ni tan siquiera negociar.

De cierto que los EE.UU. y sus aliados europeos saben esto, luego esa vacía pretensión de renegociación del “acuerdo nuclear” solo puede perseguir dos cosas. Por una parte, prolongar la actual situación de presión máxima frente a Irán a la espera de que un colapso económico lleve a una inestabilidad social que ayude a su postergada intención desde hace 42 años de hacer claudicar a la República Islámica, culpando al tiempo a “la intransigencia iraní” de la situación creada ante la acomodada y acéfala opinión pública de sus países. Por otra parte, y en paralelo con lo anterior, intentar que la brecha entre los sectores prooccidental y revolucionario en el seno de la política iraní se ensanche al punto de un enfrentamiento tal que igualmente contribuya a la destrucción de la República Islámica de Irán tal como hoy la conocemos.

Sin embargo, la República Islámica, para desesperación de sus enemigos, viene demostrando en los últimos 42 años una capacidad de resiliencia como pocos países han hecho en la historia moderna. El mundo unipolar referenciado a los EE.UU., a su poder militar y a su economía está cambiando poco a poco, abriéndose nuevos horizontes en el oriente más colaborativos y menos impositivos, a los cuales seguramente la República Islámica sabrá mirar salvaguardando como hasta ahora su independencia.

Seguramente veremos pasar a Macron y a sus ambiciones neocoloniales, o mejor dicho, las ambiciones neocoloniales de la República Francesa (tan entrometida por ejemplo en la situación libia, siria o libanesa); veremos pasar a Biden al igual que vimos pasar a Trump y a todos sus antecesores desde hace 42 años, y seguramente veremos que la República Islámica de Irán seguirá en su lugar. Por tanto, mejor harían los EE.UU., Reino Unido, Francia y Alemania en aceptar que la realidad histórica no siempre es la que ellos trazan, en aceptar que las relaciones entre países deben alejarse de las imposiciones unilaterales y la rapiña. Y sobre todo, mejor harían los países que componen la Unión Europea en dejar de ser perros falderos de la política e intereses de otros países que falsamente los llaman aliados, y que solo los utilizan como peones carne de cañón de su propia política, lo que muchas veces, como en el caso que nos ocupa, representa una importante pérdida de capacidad de negocio para estos países a cambio de nada, ya que esto “del negocio” es lo único que en el fondo parece pretender unir a esta “comunidad económica”.

Personas con discapacidad: más pobres, desiguales y aisladas que nunca antes

Luis Fernando Astorga Gatjens
luferag@gmail.com

Cuando la vida es difícil para cualquier persona, es más difícil aún para las personas con discapacidad. Ésta es una premisa que se cumple con rigor en esta dura época marcada por la irrupción devastadora del coronavirus.

Se preguntaba mediante un amplio reportaje contextualizado en la realidad española, la periodista María José Carmona: ¿Por qué todo es más caro para las personas con discapacidad? A lo largo de su trabajo muestra cómo casi todo (bienes y servicios), tienden a ser más costosos para las personas con discapacidad y sus familias.

Sean personas ciegas o sordas, personas con discapacidad intelectual o con discapacidad física, deben adquirir productos que otras personas sin discapacidad no requieren o tienen que adquirir productos a un precio mayor, que cuentan con algún dispositivo que mejora o asegura la accesibilidad.

La reportera pone como ejemplo ilustrativo el hecho de que las personas ciegas, se vean obligadas a adquirir un iphone, en virtud de que cuenta con una tecnología denominada Voiceover, que lee en voz alta todo lo que pasa en la pantalla del celular. Pero –como bien destaca–: Es un iphone y cuesta mucho dinero. Y esto es aplicable a los diferentes tipos de discapacidades, a partir de necesidades específicas.

Esta situación la caracterizó muy bien el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen que mostró cómo en Inglaterra, las personas con discapacidad para tener un nivel de vida similar a las personas sin discapacidad, debían incurrir en una serie de gastos adicionales. En un estudio que realizó a finales de la década de los noventa del siglo anterior, el economista indo-británico, mostró cómo esta situación generaba mayores condiciones de pobreza en las familias con miembros con discapacidad.

A conclusiones similares llegó el sueco, Bengt Lindqwist, ExRelator de Naciones Unidas sobre Discapacidad, al destacar el círculo vicioso entre pobreza y discapacidad: “La pobreza genera discapacidad y la discapacidad produce pobreza”.

Las malas condiciones de limitada higiene y hacinamiento que genera la pobreza y extrema pobreza, y la falta de acceso oportuno a servicios de salud, son condiciones idóneas para que los niños adquieran enfermedades discapacitantes. Igualmente, las actividades laborales riesgosas son una causa de accidentes que dejan secuelas discapacitantes. Con ello se ejemplifica la parte de la ecuación que fija que las condiciones de pobreza pueden ser generadoras de discapacidad.

Las personas con discapacidad tienen menores posibilidades de acceder a un empleo, aun cuando cuenten con alguna formación académica o técnica. Los prejuicios existentes y otras barreras generan esta injusta situación discriminatoria. Asimismo, cuando un integrante de la familia tiene una discapacidad, en muchas ocasiones otro miembro de la familia debe convertirse en su cuidador o cuidadora; con lo cual dos miembros pueden quedar excluidos de la actividad laboral remunerada. El resultado concreto es una menor disponibilidad de recursos económicos y con ello, se cumple la parte de la ecuación que expresa que la discapacidad produce pobreza.

Así las cosas, cuando se unen menores ingresos y mayores gastos, ambos generados por la discapacidad, se incrementa en forma notoria, las condiciones para que las personas con discapacidad enfrenten mayores condiciones de pobreza y desigualdad social. Eso quedó patentado en los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS 2018), al comparar mediante cifras cómo la pobreza afecta en mayor medida a las personas con discapacidad.

Ahora bien, este fenómeno se hace más grave aún en tiempos de crisis económica y social, como la que enfrenta la sociedad costarricense a raíz de la pandemia de la covid-19.

En mayo del año anterior, la ONU emitió un informe que caracteriza la situación de las personas con discapacidad ante la pandemia. “La crisis mundial de la covid-19 está profundizando las desigualdades preexistentes, revelando el alcance de la exclusión y poniendo de manifiesto que es imprescindible trabajar en la inclusión de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad —1.000 millones de personas— son uno de los grupos más excluidos de nuestra sociedad y se encuentran entre las más afectadas por esta crisis en cuanto a muertes. Incluso en circunstancias normales, las personas con discapacidad tienen menos probabilidades de acceder a la atención sanitaria, la educación y el empleo y de participar en la comunidad. Tienen más probabilidades de vivir en la pobreza, están expuestas a tasas de violencia, abandono y abuso más elevadas y se encuentran entre los grupos más marginados de cualquier comunidad afectada por una crisis. La covid-19 ha agravado aún más esta situación, al afectar de manera desproporcionada a las personas con discapacidad, tanto directa como indirectamente”.

Al concluir el año 2020, tal es la apreciación diagnóstica de una realidad todavía no investigada ni revelada en toda su preocupante dimensión.

El principio de soluciones ante tan vasto problema social de exclusión, que afecta a la mayoría de las personas con discapacidad y sus familias, está claramente definido en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (ONU, 2006), que el Estado costarricense ratificó mediante la ley 8661. No por casualidad esta norma internacional tiene como uno de sus tres ejes el de desarrollo social inclusivo y accesible.

Sin embargo, al examinar la aplicación de las disposiciones de este tratado vigente desde septiembre del 2008, en nuestro país, el panorama es desolador. Después de 12 años de su entrada en vigor, ya se tendrían que mostrar resultados tangibles y concretos, en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Pero la distancia entre lo que dicta este instrumento jurídico y las políticas públicas que posibiliten la inclusión social de este sector poblacional de más de 600 mil personas, sigue siendo enorme.

Lo más grave es que con el Gobierno de Carlos Alvarado no sólo

 no se han dado avances, sino todo lo contrario: El retroceso es el horizonte más seguro para la mayoría de las personas con discapacidad. Las graves reducciones presupuestarias que se aplicarán en este 2021, afectarán severamente políticas públicas que debían beneficiar a este sector poblacional. Y antes que se señale al coronavirus como principal culpable de esta situación, es oportuno y necesario aclarar que esta situación se empezó a manifestar mucho antes de que la covid-19 arribará a nuestro país. Lo que hizo la pandemia fue agravar y desnudar el estado de cosas preexistentes.

Para que esta injusticia social y la creciente exclusión, no se extiendan como una ancha sombra, a las personas con discapacidad y sus familias, en alianza con otros sectores, no les quedará otro camino que movilizarse y luchar. ¡Sin acción organizada, no hay derecho!, tal es la consigna imprescindible en este año del Bicentenario de Nuestra Patria.

(4 de enero, 2021)