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Etiqueta: crisis fiscal

Balance del “plan fiscal” de Alvarado tras la resolución de la Sala IV: La crisis va pa’largo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís

Director CICDE-UNED

Presidente Movimiento Diversidad

Una sentencia ideológicamente motivada

Es obvio que la resolución de la Sala no se limitó a considerar aspectos jurídicos. También quisieron entrar en razones económicas, pero desde una fundamentación frágil e ideológicamente motivada, según se desprende de lo dicho por Fernando Castillo, magistrado presidente de la Sala.

Aducen que no hay afectación ni a las universidades públicas ni a programas sociales del PANI, FODESAF e IMAS, “…porque se mantiene el presupuesto nominal vigente al momento de la aprobación de la ley”. Imposible saber si esto es fruto de la ignorancia o sencillamente muestra de irresponsabilidad, pero el caso es que la Sala pasa por alto que congelar esos presupuestos en los montos de 2018, garantiza, de forma inexorable, la pérdida de su poder adquisitivo real. Bajo el efecto corrosivo de la inflación serán simplemente humo en el viento. Baste suponer una inflación anual del 2,5% para que la reducción en términos reales sea del -12% al cabo de 5 años, y superior al -22% luego de un decenio.

Además, la Sala recurre a la falacia de autoridad, lo cual pone entre signos de pregunta la seriedad con que acometió su tarea. Dicen reconocer “…que este país sufre una crisis severa”, para lo cual apelan a lo dicho por la Contraloría, el Banco Central y el IICE-UCR. Aquí lo que menos interesa es si la crisis existe o no. Es obvio que existe. Pero lo que se nos está diciendo es que la solución planteada oficialmente con base en el proyecto 20.580 es la correcta, la que Costa Rica requiere, y que ello es así porque lo dicen los expertos a cuya “autoridad” la Sala apela.

Es por completo inaceptable que un tribunal de tan alto nivel razone de forma tan sesgada. Una tesis no es veraz por el hecho de que lo diga una institución o persona en particular, por grande que fuere su prestigio o elevada su investidura. Lo que importa es la solidez teórica y argumental, y el respaldo empírico. Y, sea dicho con el debido respeto, lo cierto es que lo planteado por las tres mencionadas “autoridades” resulta, como mínimo, muy discutible. Y, de hecho, los últimos meses vieron desplegarse un intenso debate nacional que, aunque ignorado por la prensa comercial, dejó en claro una cosa: la propuesta oficial materializada en el proyecto 20.580 enfrenta serios cuestionamientos, muchos de los cuales jamás recibieron ninguna respuesta satisfactoria.

O sea, y en resumen: la Sala escuchó las voces que quiso escuchar, e ignoró las que podían incomodarla ideológicamente. Puede que tengan la potestad legal de hacerlo, pero desde el punto de vista del ejercicio democrático, su proceder es viciado. Razonaron y decidieron desde una lógica extrajurídica, tendenciosa, antidemocrática e ideológicamente interesada.

El 20.580: una falsa solución

Se nos repite que, en su aspecto propiamente tributario, la reforma es progresiva, o sea, que reparte las cargas de los nuevos impuestos en forma equitativa, poniendo el mayor peso en los sectores de más alto ingreso. Eso resulta sumamente discutible (véase mi artículo: Plan fiscal: ni justo ni progresivo).

Pero, además, es una reforma harto insuficiente. Como construir una casa de cartón para guarecerse de un furibundo huracán.

En una nota, tipo cuento de hadas y cargada de almibaradas promesas, La Nación se ve forzada a tragar, como quien no quiere la cosa, la siguiente gota de amargo realismo: “Se prevé que la reforma fiscal genere en 2019 un 0,57% del producto interno bruto; para ese año se proyecta un déficit de 7,9%”. O sea, y en el mejor de los casos (sumando las medidas de recorte que impulsa la Ministra Aguilar), tendríamos un déficit del 7%, o superior, como proporción del valor de la producción nacional (el Producto Interno Bruto, PIB). O sea: de magnitud relativa comparable, tal vez superior, a la de este año.

Con un déficit tan considerable, la deuda inevitablemente seguirá creciendo. Este año 2018 terminará en los alrededores del 54 o 55% del PIB. Para el año entrante, con tales previsiones acerca del déficit y el mediocre crecimiento de la economía, podría exceder del 60%. Que sea un poco menor o mayor depende del nivel de las tasas de interés. Muchos indicios apuntan que hacia ahí se mueve el gobierno: espera que, con esta ley en la mano, se le facilitará el acceso a financiamiento externo: primero unos $1.000 millones provenientes posiblemente del BID, y una posible emisión de $6 mil millones para los siguientes años. La apuesta es doble: tasas de interés algo más favorables a nivel internacional, y debilitar el chantaje por parte de quienes, a lo interno, presionan por tasas más altas.

De cualquier forma, el alivio que se logre será limitado: $1000 millones al año tan solo cubrirían una cuarta parte del total del déficit fiscal. Además, las tasas de interés que se obtengan no serán tan favorables como podría creerse: primero, porque la imagen internacional del país ha desmejorado y –más importante– porque el contexto internacional está en proceso de cambio, con tasas de interés al alza. Lo que se pueda reducir en los pagos por intereses será entonces muy poco o nada significativo. De modo inevitable, la deuda continuará su ruta ascendente. Es simplemente otra forma de tirar la bola para adelante, pero con un agravante: hablamos de deuda en moneda extranjera, lo que agranda eso que en la jerga usual llaman “riesgo cambiario”, es decir, el riesgo asociado a una posible devaluación que incrementaría, de golpe, el peso de la deuda y de sus pagos, para el gobierno costarricense.

He dicho y lo reitero aquí: bajo supuestos muy optimistas, podríamos esperar que la aprobación del proyecto 20.580 traiga un breve período de calma, quizá durante varios meses. No más que eso porque en muy poco tiempo se evidenciará que el problema sigue plenamente vivo y actuante. En ese contexto, todas las maniobras para obtener financiamiento externo, serán al modo de atajos. Proporcionarán un alivio leve, al costo de agudizar los peligros futuros.

PLN y gobierno PAC: «diálogo» de convencidos.

¿Qué sigue?

Siempre fue claro que el 20.580 no resolvía nada. En medio de sus poses milenaristas y sus discursos mesiánicos (“20.580 o apocalipsis”), el gobierno no podía dejar de reconocerlo, escudado tímidamente en el dicho “es un primer paso”. Siempre fueron omisos en el deber inexcusable de explicarle a la ciudadanía cuáles “pasos” seguían. Recién en los últimos días, levantan un poco el velo: aparte los ambiciosos planes de endeudamiento externo, se nos habla de profundizar las reformas al empleo público. También, y de diversas formas insinúan (por ejemplo, en los pronunciamientos del Banco Central), una aplicación estricta de la “regla fiscal”.

Se profundizaría así un sendero que el 20.580 deja abierto: el de la precarización del empleo público, sin más criterio que la precarización misma, ya que no se plantea nada que pudiera significar un esfuerzo de mejoría sustantiva en aquello –que es mucho– que realmente lo requiere. Por su parte, la “regla” impondrá límites sobre programas sociales y recortes al gasto, con negativas consecuencias sociales y económicas, incluso un deterioro adicional de la economía y el empleo –ya bastante deteriorados, sobre todo el segundo– lo que, como el perro que se muerde la cola, repercutirá negativamente sobre las propias finanzas públicas.

Es una hoja de ruta que atiza el conflicto y la polarización social. Las élites políticas lo saben y ya intentan prevenirlo, mediante reformas draconianas a la legislación laboral, de un carácter tal que prácticamente anulan el derecho a huelga y limitan severamente el derecho a la protesta social. El tufito antidemocrático que despide el proyecto 20.580 (sobre todo, pero no exclusivamente, en el apartado de la regla fiscal), adquiere así contornos más nítidos.

Y, sin embargo, es posible que la alianza de las élites PAC-PUSC-PLN no quiera acometer reformas tan radicales como las que, por ejemplo, propone Eli Feinzaig, economista que ha asumido, con notable lucidez, el liderazgo del “libertarianismo” tico. Lo suyo es un programa de privatización, liberalización y desregulación en toda regla.

Si ya el programa neoliberal relativamente atenuado por el que optan Carlos Alvarado y sus aliados, comporta altos niveles de conflictividad, y por ello mismo requiere de un proceso de paulatino pero implacable empobrecimiento de la democracia, el de Feinzaig impondría exigencias mucho mayores en ese particular. No obstante lo cual, ambos comparten una misma estrategia política: avanzar a empujones y sin posibilidad de diálogo. Se “dialogará” entre “quienes opinen igual”, en cónclaves de convencidos, con profusión de palmaditas en la espalda y festivo intercambio de felicitaciones. Las voces disidentes jamás seremos escuchadas.

Pero una cosa es clarísima: la crisis va pa’largo, muuuy largo.

 

Enviado por el autor.

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El impacto ético de la discusión fiscal

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Es difícil hacer ver cuáles valores están en juego en el debate sobre el Proyecto de Reforma Fiscal. Es difícil, si no se asume una perspectiva ética y, examinando las discusiones de los últimos dos meses, pareciera que los actores protagónicos en el debate al asumir sus posiciones, no se han fundamentado en argumentaciones propia y directamente éticas. Al menos no de manera explícita. Se ha hablado, eso sí y mucho, de argumentos financieros y contables: por ejemplo, quienes están por la aprobación del proyecto de ley de reforma mencionan la necesidad de que el Gobierno cuente con fondos para compensar el déficit fiscal, cancelar los intereses de deuda pública, transferir las partidas a las universidades y otros compromisos similares, pagar los salarios de los empleados públicos… Quienes están en contra, alegan que el peso de los impuestos va a recaer sobre los sectores menos pudientes, que no se tocan los bolsillos de aquellos a quienes les va mejor —sectores de mayores ingresos, pensionados de lujo… De uno y otro lado pareciera que las posiciones son razonables, y podría afirmarse que detrás de cada una hay valores en juego. Quizás, pero mientras no se saquen a la superficie no hay forma de emitir un juicio ético. ¿Cómo saber, por ejemplo, si se afectan más cosas valiosas al aprobar o al rechazar el proyecto de reforma? ¿Qué es éticamente más importante aumentar el impuesto al valor agregado o no tener cómo pagar salarios a los empleados públicos o financiar programas de investigación e innovación?

Sobre legalidad y ética de la huelga

Algo parecido sucedió con la discusión en torno a la huelga. Casi siempre las diversas opiniones giraron en torno al derecho a la huelga y sobre la legalidad de la misma, es decir, si cumplía con requisitos legales su convocatoria y realización. Pero también aquí estuvo ausente la consideración de dimensiones éticas. Una cosa es defender el derecho a huelga y otra la decisión prudencial de ejercerlo en un momento y lugares dados. ¿Se tuvo en cuenta si el ejercicio del derecho de huelga chocaba con el ejercicio de otros derechos, por ejemplo, el de los niños y jóvenes a recibir la educación financiada por el Estado, el de los enfermos a recibir los servicios de salud financiados con la cotización de los asegurados?

¿Y el derecho de quienes no apoyaban la huelga, a la libre circulación, al transporte, al trabajo y a recibir servicios por los que directa o indirectamente ya han pagado?

Este tipo de consideraciones escapan al ámbito meramente legal, incapaz de cubrir todos estos interrogantes por completo, y caen bajo el juicio más alto de valores éticos tales como la justicia, la equidad y la solidaridad.

Comparación de costos y beneficios, compensación de costos, ¿quiénes deciden al respecto?

Pero, ¿a quiénes corresponde analizar y decidir este tipo de situaciones? ¿Quiénes son los sujetos de ese juicio ético? ¿Hay otros criterios éticos fundamentales que pueden guiar el análisis de situaciones socioeconómicas y políticas tan complejas como las que se generan en torno a una discusión como la provocada por la ley de reforma fiscal? En el campo de la ética de las políticas económicas hay, al menos, dos criterios fundamentales que nos aportan una respuesta. Primero, todos los directamente afectados por una medida económica tienen el derecho de contribuir a una decisión expresando objetivamente cómo y por qué perciben que sus intereses resultan afectados, de manera positiva o negativa, por la medida, política, ley, o directriz en cuestión. En una democracia representativa, el Gobierno, poderes Ejecutivo y Legislativo, tiene el derecho y la obligación de presentar las propuestas de ley previo análisis y consideración de los diversos efectos sobre cada uno de los sectores afectados. Pero esto no sustituye el contraste de su visión con el que exprese un proceso de diálogo democrático entre representantes de todos los sectores afectados directamente. Ni siquiera un “Consejo Económico social”, indispensable referente para el Gobierno en su quehacer cotidiano, puede sustituir el más amplio e integrador proceso de diálogo participativo en situaciones de medidas extraordinarias de más amplio alcance, como una reforma fiscal. Segundo, partiendo de los intereses expresados transparentemente en un proceso de diálogo verdaderamente democrático, en su realización e integración, —no en un pulso de fuerzas para sacar adelante la posición propia— por parte de los representantes de todos los sectores afectados, se debe generar una aproximación a la definición de un interés común, general. Ambos criterios fundamentales garantizarían el carácter ético en conjunto de la toma de decisión sobre el tema debatido. Valga aclarar algo que debería ser obvio: a lo largo de todo el proceso de toma de decisiones, todos los grupos afectados deberían contar con sus correspondientes asesorías técnica y ética para identificar las implicaciones puntuales de cada uno de los aspectos del tema discutido y del proceso de discusión, para encuadrarlos tanto desde la visión de los intereses propios como desde la visión del bien común. Esto permitirá que, a la hora de una mesa de verdadero diálogo entre representantes de todos los afectados, los aportes cada uno correspondan a una racionalidad técnica y a una racionalidad ética. Y, finalmente, aquí se presenta un proceso deseable, al que hay que ir acercándose en aproximaciones sucesivas.

 

Reflexión compartida con SURCOS por el Centro Dominico de Investigación:

http://www.cedi2017.cedi.cr/el-impacto-%C3%A9tico-de-la-discusi%C3%B3n-fiscal

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“Desaceleración” de la economía y crisis fiscal. La verdadera historia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís

Director CICDE-UNED

Presidente Movimiento Diversidad Abelardo Araya

En semanas recientes se habla reiteradamente de la “desaceleración de la economía”, atribuida, con obsesivo y grosero simplismo, a dos factores: el déficit fiscal y la huelga convocada contra el proyecto 20.580 presentado por la administración Alvarado. Propongo en lo que sigue, un examen de estas ideas.

1) ¿En qué se basa esta tesis?

La idea subyacente seguramente nace de ciertas elaboraciones que han dominado la teoría económica neoclásica (o sea: la economía ortodoxa dominante) durante los últimos 40 años, las cuales a su vez beben del trabajo de León Walras en los años setenta del siglo XIX. En su versión “moderna” ha recibido el nombre de “hipótesis de las expectativas racionales”, pomposa sobre todo por el artificioso aparato matemático que la acompaña, aunque de paupérrima significación económica.

Esta teoría nos habla de unos tales “agentes económicos”, especie de alienígenas híper-racionales, con la capacidad de una supercomputadora para manejar y procesar información. Dominan con gran propiedad todos los asuntos relativos al problema fiscal, y toman sus decisiones con base en cálculos precisos e instantáneos. Me refiero a decisiones en materia de compras de consumo por parte de las familias, y sobre inversión (plantas productivas, maquinaria, tractores, etc.) por parte de las empresas. Y como tienen clarísimo que la situación fiscal anda que “mírame y no me toqués”, deciden frenar sus gastos de consumo e inversión, lo cual provoca que la economía se “desacelere”.

Lo cierto es que todo lo antes dicho tendría un pringue de sentido –pero solo eso– en el contexto de la situación, muy peculiar y calificada, de los últimos dos meses, visto que la huelga sacó el debate fiscal de las paredes de la Asamblea Legislativa y lo acercó a un público más amplio, y en virtud de los mensajes catastrofistas y las amenazas muy gruesas que, en metralleta descontrolada, nos lanzan las más altas autoridades del gobierno, incluido el propio Carlos Alvarado. Claro que eso ha suscitado un ambiente de nerviosismo, que ha afectado incluso el comportamiento del dólar y podría agudizar la “desaceleración”. Pero la “desaceleración” no empezó con la huelga en septiembre, sino que viene de mucho más atrás. Y aunque se contestase entonces que el problema fiscal también viene “de mucho atrás”, conservaría plena validez la duda fundamental que suscitan los supuestos –delirantes y alucinados– de racionalidad y capacidad de manejo de información que se le atribuyen a los alienígenas “agentes económicos” de la teoría.

Incluso en el tiempo transcurrido después de la convocatoria a huelga (septiembre a la fecha), y en medio de un ambiente sociopolítico tan incandescente, para las amplias capas de clase trabajadora, el asunto sigue siendo una cuestión lejana y básicamente incomprensible. Y aunque entre los sectores medios hay más interés, no necesariamente hay mejor comprensión; posiblemente reaccionan al problema, pero sin mayor claridad acerca de sus implicaciones. Sencillamente es falso que la gente se comporte como esta desatinada teoría quiere hacernos creer. Sin duda, las causas de la «desaceleración» de la economía son otras, cuyo análisis omito en este artículo para no extenderlo en exceso.

Las dos autoridades económicas más poderosas.

2) El déficit fiscal y el “enclochamiento” de la economía

Una mirada panorámica a los últimos diez años –desde el impacto de la crisis económica mundial en 2009 y en los años sucesivos hasta este momento– muestra que el crecimiento de la economía tica ha estado jalado fundamentalmente por el consumo privado, o sea, las compras de consumo de la gente.

¿De qué se alimenta ese consumo? No de los salarios del sector privado, cuyo poder adquisitivo no ha tenido mejora alguna a lo largo de estos años. Resulta, pues, que el factor principal es el crédito, por lo tanto el endeudamiento de personas y familias. Baste remitirse a los datos sobre la evolución del crédito del sistema financiero para constatarlo, pero sin olvidar que las estadísticas disponibles no reflejan lo que podríamos llamar “crédito sumergido”, concedido por importadoras de electrodomésticos, “garroteras” u otras posibles fuentes de financiamiento informal.

Sin embargo, a ello debemos sumar un aporte significativo proveniente de los tan denostados y vilipendiados empleados y empleadas del sector público, cuyos salarios promedio son más altos que el sector privado, y sí han tenido una leve mejora de su poder adquisitivo durante este período. De tal modo, y teniendo presente que en el sector público se emplea alrededor del 13-14% de las personas trabajadoras, es posible que éstas sostengan al menos una quinta parte –posiblemente más– de los gastos totales de consumo en la economía.

Esto último –el consumo de las personas trabajadoras empleadas en el sector público– es una fuente importante por medio de la cual el tan satanizado gasto público y el igualmente demonizado déficit fiscal, contribuyen a sostener el consumo y, por lo tanto, el crecimiento de la economía. Súmese el llamado “consumo público” –compra de bienes y servicios por parte de instituciones públicas– más la lamentablemente pequeña cuantía de la inversión en obra pública. En total, el sector público de Costa Rica aportaría alrededor un 35% -posiblemente más– de la demanda total de la economía.

Más allá de las disparatadas elucubraciones de la teoría económica ortodoxa, lo que esto significa se entendería muy claramente en caso de que se cumpliesen las amenazas del gobierno de Carlos Alvarado de no pagar aguinaldos a empleados y empleadas públicas. Si así lo hicieran, de fijo veríamos al comercio bufando furiosamente, porque sus ventas caerían en picado.

3) ¿Que la actividad empresarial está afectada por expectativas?

Sí, es cierto. De hecho, como con tanta agudeza lo hacía ver Keynes en la Teoría General, esas expectativas tienden a reforzarse entre sí: unas personas intentan adivinar el estado de ánimo de la otra gente, dando lugar a una especie de “efecto imitación”: cuando todo el mundo está pesimista (u optimista), se vuelve prácticamente obligatorio compartir ese pesimismo (u optimismo). Y, por supuesto, no es descartable que el ambiente crispado generado en las últimas semanas alrededor del problema fiscal –sobre todo por el discurso catastrofista con que el gobierno nos asedia– haya afectado esas expectativas, por lo menos las de grupos de poder económico poderosos y bien informados. Pero ese es, como he hecho ver, un fenómeno reciente y muy acotado. Con anterioridad, lo fiscal si acaso atraía la atención de una élite muy reducida. Absurdo pretender que ello impactase significativamente las expectativas empresariales ni menos las de la gente de a pie.

En cambio, el efecto positivo sobre la demanda, proveniente del gasto público es un hecho objetivo, que se hace tangible en las ventas de las empresas, y, por lo tanto, sostiene sus expectativas en terreno más o menos positivo, cuando muchos otros factores (incluso la sobrevaloración del tipo de cambio o las altísimas tasas de interés sobre los créditos bancarios), impactan en sentido negativo.

En otras palabras: durante los últimos diez años, el gasto público y el déficit fiscal han puesto una especie de piso mínimo para sostener el crecimiento de la economía. De otra manera, es bien posible que se hubiese hundido a terrenos cercanos al cero.

Esa es la verdadera historia.

 

Enviado por Luis Paulino Vargas Solís.

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El genoma antidemocrático del plan fiscal de Carlos Alvarado

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís (*)

Frente a las penurias fiscales, el plan que nos ofrece el gobierno de Carlos Alvarado –el proyecto 20.580 más la “hoja de ruta” definida por la Ministra Aguilar– resulta, en el mejor de los casos, un paliativo extremadamente limitado. Es mucho menos que un verdadero “plan fiscal”, aunque, en lo ideológico sí es muy agresivo.

1) Embarrialar la cancha

Lo ideológico permea a profundidad la propuesta formulada, especialmente en los apartados de “empleo público” y “regla fiscal”. En el primer caso, se opta por la restricción aplicada en forma indiscriminada, dejando de lado que la institucionalidad pública es un todo complejo, con muchos componentes heterogéneos a su interior. Cierto que la dispersión actualmente vigente en esta materia, propicia incoherencias indeseables. Pero desde ahí se quiere dar un violento salto para imponer irrestricta uniformidad. Esto último solo es comprensible desde lo ideológico –atizado por el odio hacia la gente empleada en el sector público– pero de ninguna manera responde a un compromiso con la mejora, para lo cual es indispensable tener en cuenta apropiadamente la diversidad de funciones y responsabilidades que competen a las diversas instituciones públicas. Se opta entonces por la centralización de decisiones y la generalización de las normas, sin ningún matiz ni selectividad.

Estas propuestas sobre empleo público, así como las atinentes a la “regla fiscal” –cuestiones teñidas de ideología en tonos realmente chillones– resultan inevitablemente polémicas. Quienes las introdujeron en este proyecto 20.580 se dejaron llevar por sus prejuicios ideológicos: contra empleados y empleados del sector público más su indisimulado antiestatismo. Acaso imaginaron –en lo que ha sido un cálculo de perniciosas implicaciones– que las urgencias fiscales podrían servir de cubierta para disimular sus objetivos ideológicos. En cambio, sus propuestas orientadas a atacar en lo inmediato el problema fiscal –que debió ser lo prioritario– quedaron reducidas a un mínimo intrascendente y anodino.

De esta forma se introdujo un factor de disenso y conflicto que ha polarizado la sociedad costarricense, dificultando en consecuencia avanzar en aquello realmente urgente, con lo que, de paso, se bloquea la construcción de los espacios de diálogo y entendimiento que ahora, como nunca, resultan indispensables.

Desde luego, si así lo desean, es legítimo que se ponga en discusión esos dos temas –empleo público y regla fiscal– siendo lo apropiado que ambos se diriman en procesos de debate democrático, amplios y transparentes. En su lugar, se opta por meterlos por la ventana de la cocina, y utilizar la difícil situación fiscal como herramienta de chantaje para forzar su aprobación.

2) El orden institucional-democrático en tensión

Hablar de chantaje, como acabo de hacerlo, no es exagerar en absoluto. En lo que, en rigor, se ha venido haciendo, lo cual se resuelve en un mensaje catastrofista, que asimismo gira alrededor de un discurso único. Un renacer agresivo del TINA (“there is no alternative”) de Margaret Thatcher. “El caos o yo” nos dice Carlos Alvarado y lo repiten en coro Rocío Aguilar, Rodolfo Piza y un largo etcétera de ecos, incluso, y en forma unánime, los economistas de la ortodoxia y la prensa comercial más poderosa. Dicho de otra forma: “el caos o su 20.580”. El único “Plan B” que se nos ofrece es ese: todos los desastres en un solo paquete.

Eso ha propiciado un nerviosismo generalizado, en mucho mayor grado de lo que el solo problema fiscal –sin duda grave– podría haber provocado. La incontinencia verbal de las altas autoridades de gobierno, la torpeza e irresponsabilidad con que manejan sus estrategias de comunicación, generan precisamente lo que dicen querer evitar: el caos. En economía las palabras importan, sobre todo cuando vienen de personajes políticamente muy encumbrados. Una cosa es que la situación sea delicada, lo que daría lugar, justificadamente, a un sentimiento de duda y vacilación. Otra bien distinta es que tan importantes señores y señoras imprudentemente incentiven la histeria colectiva.

Esa “operación chantaje” se ha aplicado incluso al Poder Judicial. Sin ningún disimulo se le está exigiendo que dé luz verde al proyecto 20.580 independientemente de cualquier irregularidad que pudiera tener. Buena ilustración nos la aporta las reacciones suscitadas ante lo resuelto por la Corte Plena, cuando, con arreglo al artículo 167 de la Constitución, hizo ver (con toda razón) que sí hay una afectación a la organización del Poder Judicial. Efectivamente la hay, pero eso fue invisibilizado totalmente a favor de un ataque bastante vulgar centrado en los elevados sueldos de magistrados y magistradas. Esto último puede ser todo lo cuestionable que queramos. Pero la cuestión de fondo era otra, y eso fue totalmente acallado.

Hoy el mismo procedimiento de chantaje –“20.580 o caos”– le es aplicado a la Sala Constitucional, como también a los tribunales que deben decidir sobre la legalidad de las huelgas. La división de poderes y todo el juego de pesos y contrapesos –base fundamental de cualquier orden institucional que se precie de democrático– es entonces puesto en tensión. La cuestión adquiere entonces una tonalidad abiertamente antidemocrática, la cual queda vea bien sintetizada en las bravatas de “hombre fuerte” a las que el presidente Alvarado se ha hecho tan aficionado.

La jefa del equipo económico de C. Alvarado.

3) Poner a la democracia contra la democracia

La democracia, siendo el menos malo de los sistemas políticos que la humanidad ha logrado inventar, sin duda tiene limitaciones y puede incurrir en vicios. Los presupuestos públicos pueden dar testimonio de ello, cada vez que, ante la presión de algún grupo en particular o propiciados por objetivos electorales, se toman decisiones que de alguna manera implican ineficiencias, despilfarros e, incluso, corrupción.

El neoliberalismo es una ideología que desconfía mortalmente de la democracia, precisamente porque ésta propicia intervenciones y limitaciones sobre los mecanismos del mercado capitalista, y, sobre todo, porque conlleva el “peligro” de que quienes en esos mercados carecen de voz, puedan tenerla en el territorio de la deliberación política. Los automatismos mercantiles que pueblan el imaginario ideológico neoliberal, y que se alimentan de las teorizaciones –al cual más alucinada e incoherente– de la economía neoclásica, no admiten el juego político que la democracia promueve y, sobre todo, la injerencia que propicia por parte de las clases menos favorecidas. Es algo inserto en el genoma del liberalismo económico, que, agudizado, sobrevive en el neoliberalismo. De ahí que resulte tan esclarecedora la lectura de “La gran transformación” –magna obra de Karl Polanyi– no obstante haberse publicado en 1944.

La “regla fiscal” recoge esas incomodidades ideológicas e intenta implantar en la institucionalidad pública de Costa Rica todos los mortales equívocos derivados de la fallida teorización neoclásica.

Primero, restringe a priori la capacidad de la propia Asamblea Legislativa, para decidir en materia presupuestaria y de gasto.

Segundo, propicia un alto grado de centralización del poder de decisión en instancias burocráticas, señaladamente el Ministerio de Hacienda (en materia de personal, el 20.580 concede también enorme poder al Ministerio de Planificación). Seguramente se trata de cuadros técnicos muy calificados, y de seguro bienintencionados. Pero carecen de la legitimidad democrática que nace del voto popular, no obstante lo cual se les entrega un enorme poder de decisión sobre asuntos que podrían afectar amplia y significativamente, las políticas en materia social y económica.

Tercero, se limita severamente el ejercicio de las políticas económicas. Incluso las “cláusulas de escape”, que el 20.580 introduce en relación con situaciones de emergencia nacional o recesión económica, quedan definidas dentro de parámetros sumamente astringentes.

Los puntos primero y segundo anteriores claramente restringen los mecanismos de la democracia. O sea: frente a las fallas de la democracia, se opta por empobrecerla y limitarla. En cambio pudo optarse por buscar mejorarla: una democracia más participativa e informada; más transparente y deliberativa; en mayor grado asentada en la educación cívica, la responsabilidad ciudadana, la reflexión bien fundamentada. Pero, sin duda, esas son ideas demasiado perturbadoras para el talante neoliberal y el sentido común que éste impone.

El punto tres recoge el imaginario que la teoría económica ortodoxa o neoclásica ha creado alrededor de los mercados capitalistas, con el presunto virtuosismo de sus mecanismos automáticos de ajuste y equilibrio. Aunque la enorme mayoría de economistas de Costa Rica todavía no se enteran, esa es una teorización comprobadamente falaz, incoherente e insostenible.

Y, sin embargo, es sobre esas peligrosísimas bases teóricas e ideológicas que Carlos Alvarado nos propone refundar el sector público de Costa Rica.

 

(*)Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)

Presidente Movimiento Diversidad Abelardo Araya

Enviado por el autor.

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«Plan Fiscal»: Ni justo ni progresivo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís

Director CICDE-UNED

Un informe reciente del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE-UCR), afirma que, aunque el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es regresivo, el proyecto fiscal 20.580, impulsado por el gobierno de Carlos Alvarado y aprobado recientemente por la Asamblea Legislativa en primer debate, sí es progresivo en su conjunto.

Aclaremos, primero, algunos conceptos relevantes para esta discusión:

  • Regresivo: un impuesto (o el sistema tributario en su conjunto) es “regresivo” cuando afecta proporcionalmente más a quienes son pobres que a quienes son ricos.
  • Progresivo: se atribuye a un impuesto o sistema tributario ser “progresivo” si, en cambio, ponen las mayores cargas relativas sobre los sectores más ricos.
  • Decil: cuando el total de los hogares del país se divide en diez partes iguales, ordenándolas desde el 10% de los hogares más pobres, en escalones ascendentes hasta el 10% de los hogares de más altos ingresos. O sea, sobre un total de 1.561.637 hogares, cada decil corresponde a aproximadamente 156 mil hogares.
  • Quintil: cuando la división se hace en cinco partes, o sea, unas 312 mil hogares por cada una de estas, ordenándolas desde el 20% de hogares más pobres hasta el 20% de las de mayores ingresos.

(Número de hogares corresponde a datos de la Encuesta Nacional de Hogares, ENAHO, julio 2018, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC).

1.Aspectos metodológicos

El estudio del IICE a que hago referencia, se ha difundido mediante una presentación en PowerPoint que omite toda referencia a la metodología utilizada. Al buscar en la respectiva página web (IICE) me topo con la siguiente pestaña: PRESENTACIÓN DE LOS DATOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS SOBRE LA REFORMA FISCAL (DESCARGAR). Al dar click ahí usted tendrá acceso a la misma presentación en PowerPoint que he mencionado. Es decir, no obstante el carácter presuntamente “científico” de los datos, queda en reserva (al menos por ahora) el cómo se llegó a éstos. Es imposible evaluar la cientificidad de ninguna estudio, sin conocer esos aspectos metodológicos, y en este caso en particular, sobre todo quedan por aclarar dos detalles importantes:

  • Cómo se hizo para asignar a los hogares, los impuestos pagados por el sector “no hogares”, principalmente empresas y turistas.
  • También hay disonancias no explicadas entre los datos de ingresos totales por decil o quintil, tal cual aparecen en este estudio, respecto de la información correspondiente que deriva de la ENAHO, publicada en la página web del INEC. Teniendo en cuenta que al momento de publicarse el estudio del IICE, todavía no se hacían públicos los datos de la ENAHO 2018, me remito entonces a los datos de la ENAHO de julio de 2017. Al hacer el cálculo respectivo resulta que el IICE atribuye al quintil 1 (el de los hogares más pobres) un ingreso anual total superior en 18% al que se deduce de los datos del INEC. En cambio, le asigna un ingreso anual total, inferior en -19% al quintil 5 (el de los hogares de mayores ingresos)[i]. Es difícil imaginar cómo pudieron hacerse ajustes tan grandes, que puedan explicar diferencias tan notables. Con la consecuencia de que esto aminora el cálculo del impacto que los nuevos impuestos representan para los hogares más pobres, y lo agranda para los hogares de mayores ingresos, introduciendo una importante distorsión a la hora de atribuirle “progresividad” a la reforma.

2.¿Es progresiva la reforma?

El documento en PowerPoint del IICE concluye lo siguiente: “A pesar de la regresividad de los impuestos indirectos, en su conjunto la reforma fiscal propuesta es PROGRESIVA” (sic). Para respaldar esta aseveración indica que el primer decil (el 10% de los hogares más pobres) aportará en nuevos impuestos el equivalente a un 2,35% de sus ingresos promedio, mientras que el aporte del decil 10 (el 10% de los hogares de mayores ingresos) sería de un 3,98%. Planteado con base en los datos para quintiles, el primero de éstos (20% de los hogares más pobres) aportaría un 2,04% adicional como porcentaje de sus ingresos promedio, mientras el quintil 5 (20% de hogares más ricos) daría un 3,38% de sus ingresos promedio.

¿Basta esto para considerar que la reforma en su conjunto es progresiva?

Hay varias razones que debilitan seriamente esa conclusión y que muestran apresuramiento en su enunciación:

1)Para que la reforma fuese realmente progresiva, debería dar lugar a una curva que ascienda consistentemente de izquierda a derecha. La contribución mínima (como porcentaje de su ingreso promedio) la daría el decil más pobre. En los deciles sucesivos, y en orden ascendente, ese porcentaje debe crecer en forma consistente, hasta llegar a su máximo en el decil 10, el de más altos ingresos. No es, ni de lejos, lo que se observa. Según los datos del propio IICE (véase gráfico al final), la contribución adicional de los deciles 3 y 5 será superior –hasta por el doble en un caso– al de los quintiles 6, 7, 8 y 9. Y, lo que es mucho peor, la contribución del decil 1 (el de los hogares más pobres) es superior al de todos los otros deciles, excepto los deciles 5 y 10. Una reforma tributaria que da lugar a un reparto de cargas con estas características no puede ser considerada, de ninguna forma razonable, como progresiva.

2)Esta última observación se refuerza si observamos los datos del IICE por quintiles: el quintil inferior (el del 20% de las hogares de menores ingresos), aportaría un adicional equivalente al 2,04% de sus ingresos promedio. Esto es superior a lo que aportan los quintiles 2 y 4 (1,93% y 1,96%) y apenas leventemente inferior a lo que aporta el quintil 3 (un 2,17% de sus ingresos promedios). Cierto que el quintil superior aporta más (un 3,38%), pero el cuadro de conjunto es contradictorio y de ninguna manera cumple con los requisitos propios de una reforma realmente progresiva.

3)Es razonable también cuestionarse si ese 3,38% como proporción de su ingreso, que aportaría en nuevos impuestos el quintil 5, puesto en relación con el 2,04% que le toca cubrir al quintil 1, justifica hablar de progresividad. Dado esto último ¿bastan ese margen de 1,3 puntos porcentuales de diferencia en la contribución que cada uno de esos quintiles extremos da, para hablar de progresividad? Es algo que resulta muy debatible.

4)Para ilustrar adicionalmente el punto anterior, he querido calcular el aporte a los nuevos impuestos por persona, para lo cual combiné datos del IICE con otros del INEC (la ENHO 2017). Observamos lo siguiente:

  • Medida por el ingreso promedio por persona, la brecha entre el quintil 5 y el 1 se ubica en el orden de 18 a 1 (o sea: 18 veces superior el ingreso del primero respecto del segundo).
  • Por su parte, el monto por persona de nuevos impuestos (datos del IICE combinados con datos del INEC) que aporta el quintil 5 respecto del que aporta por persona del quintil 1, se ubica en una relación de 19 a 1.
  • En resumen, y visto de esta forma, no hay prácticamente ninguna progresividad.

5)Muy relacionado con lo anterior, es relevante plantearse preguntas como las siguientes: ¿Qué significa contribuir con un 2,04% de sus ingresos en el pago de impuestos nuevos para las hogares del 20% más pobre? ¿Qué significa el 3,38% adicional para los hogares del 20% de mayores ingresos? Intento, en seguida, una respuesta.

6)Según los datos más recientes del INEC (ENAHO 2018), en promedio, los hogares del 20% más pobre, está constituido por 3,50 miembros, con un ingreso promedio de 203.546 mil colones al mes, a lo cual hay que restarle 4.900 colones mensuales que, según deduzco de los datos del IICE, deberán pagar, en promedio, como impuestos adicionales. Ello da un remanente neto de 198.646 al mes, o sea, 56.756 colones por persona. Tal el monto para cubrir las necesidades de cada uno de sus miembros ¿Qué sentido humano y cuál criterio de equidad y justicia justificaría cargar de nuevos impuestos a personas cuya vida se desenvuelve en niveles tan extremos de carencia y privación? Pero sin olvidar que aquel ingreso de 203,5 miles mensuales, debe cubrir los impuestos que ya esos hogares están pagado en este momento, o sea, antes de esta reforma tributaria. El presidente Carlos Alvarado elude este tipo de preguntas. También lo hace el IICE. Y, sin embargo, omitir esto tan básico, vacía de contenido cualquier conclusión sobre la presunta progresividad de una reforma tributaria, sobre todo cuando el propio estudio en consideración admite que cerca de 20.000 personas más caerían por debajo de la línea oficial de pobreza, a raíz de la aplicación de esta reforma.

7)Indiqué que al quintil 1 le quedaría un ingreso promedio remanente de 56.756 colones mensuales, para cada uno de los miembros de la familia, una vez deducido el pago de nuevos impuestos. En el caso del quintil 5, según se desprende de los datos del IICE, le quedaría un remanente neto de aproximadamente 1.036.400 promedio mensual por persona, una vez deducido el pago de algo menos de 27 mil mensuales, en impuestos adicionales, por persona. Se trata de realidades socioeconómicas marcadamente contrastantes. Tener presente estos datos, y, en especial, tratar de dimensionar su significado para la vida de las personas, es importante si se trata de dilucidar las complejidades y matices de progresividad o regresividad que esta reforma conlleva.

8)Sobrevive todavía una justificación que discurre más o menos así: “no interesa tanto que los impuestos cobrados sean progresivos, sino que el gasto que esos impuestos financia sea progresivo, o sea, favorezca principalmente a los más pobres”. No me extenderé por ahora sobre esto, excepto para indicar dos cosas: ese planteamiento claramente sugiere un énfasis en la focalización no en la universalidad de las políticas sociales, lo que crea la posibilidad de que estas últimas se debiliten –con las consecuencias que ello tendría para las hogares de ingresos medios–, aparte que, siendo que esas políticas focalizadas son sin duda necesarias para combatir las manifestaciones más crudas de la pobreza, también funcionan como factor distractor y cubierta ideológica, para invisibilizar las causas más profundas de la pobreza y la inequidad. Y, segundo, es llamativa la omisión acerca de las severas consecuencias negativas que derivarán de la regla fiscal incluida en este proyecto 20.580, y, todavía más, de la muy restrictiva “hoja de ruta” en materia fiscal definida por la Ministra Aguilar y el Presidente Alvarado. De ahí vendrán muy negativas repercusiones para las políticas sociales.

9)Como ya expliqué, he cotejado los datos sobre ingreso total anual de cada decil, según los presenta el IICE en la página 28 de su presentación en PowerPoint, con los que se derivan de los datos por quintil de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del INEC de julio 2017. Se observa claramente una sobrevaloración del ingreso de los quintiles inferiores, y una subvaloración de los quintiles superiores. Puesto que el IICE omite explicar su metodología, no puedo saber a qué se debe esta diferencia. Si usamos los datos que derivan de la ENAHO, el peso de los nuevos impuestos para los sectores más pobres, sería mayor de lo que nos indica el IICE y el de los grupos de más altos ingresos, bastante más bajo: 2,41% para el quintil 1 y 2,73% para el quintil 5. La presunta progresividad de la reforma prácticamente desaparece.

En toda esta discusión, claramente se ha dado a entender que el 20% de hogares de más altos ingresos (quintil 5) agrupa a la “clase rica” de Costa Rica. Claro, ahí están los ricos-realmente-ricos, situados a alturas inaccesibles y generalmente desconocidas. Pero ahí también está gran parte de lo poquito que queda de la maltrecha y disminuida clase media tica. Pero ello lo dejo para un artículo posterior.

Los datos del IICE se presentan por decil. Los del INEC están publicados por quintil. Lo que he hecho es sumar deciles 1 y 2 en el estudio del primero, para obtener el dato correspondiente al quintil 1. Otro tanto hice para el quintil 5, sumando los deciles 9 y 10 tal cual aparecen en el estudio del IICE. Fuente: elaboración propia con base en datos del IICE-UCR.

 

Enviado por el autor.

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Ciudadanía desaprueba métodos de protesta

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

A pesar de que el apoyo a la huelga se mantiene cercano al 50%, si experimentó una baja desde el 52 para colocarse en el 46%. Según el estudio del CIEP-UCR.

Compartimos el informe brindado por la Unidad de Comunicación del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, de la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos y la Escuela de Ciencias Políticas, que se realizó con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y el Programa Estado Nación. Este informe estudia la opinión pública en el contexto actual de crisis fiscal, disponible en: https://www.ciep.ucr.ac.cr/index.php/noticias/96-apoyo-a-la-huelga-se-debilita

Ingrese en el siguiente enlace para descargar el informe:

Informe encuesta CIEP OCTUBRE 2018Descargar

*Imagen con fines ilustrativos tomada de la página oficial de la UCR.

Enviado por Comunicación y Divulgación CIEP.

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Gloria Gavioli “Poderosos económicamente podrían salvar su propio país”

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Es necesario que el Presidente demuestre su interés personal en la solución de este grave momento que vive el país. Él puede llamar a las personas con más recursos de Costa Rica a que realicen un préstamo espontáneo, y con eso, un llamado a toda la ciudadanía que tengan un sueldo mensual de dos o más para que puedan hace una contribución sin intereses para 6 meses. Con esto se podría crear un fondo y el dinero se regresaría al Banco Central que lo prestó en los días anteriores.

Nadie pierde porque es un préstamo, pero en estos 6 meses, se trabajará la ley necesaria para salir adelante, con la participación ciudadana y de las varias instituciones involucradas.

Esto yo lo llamo Economía del Bien Común, las modalidades pueden estudiarlas los economistas. Creo firmemente que un gesto así del Presidente le ganaría más respeto y demostraría su buena voluntad de salir de la crisis que nos afecta.

 

 

Imagen ilustrativa tomada de CEP-ALFORJA.

Enviado a SURCOS por Gloria Gavioli.

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Breve video explica conceptos de evasión. Parte dos.

Escrito en . Publicado en Derechos.

¿Ya conocieron a Margarita y a Juan? Esta es la segunda conversación que tienen sobre la situación fiscal del país. Margarita y Juan quieren estar bien informados porque saben que una reforma fiscal es necesaria pero quieren una reforma justa, solidaria y suficiente.

 

 

Enviado por Mauricio Álvarez.

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UCR: En tiempo de »crisis fiscal», ¿dónde se informan los costarricenses?

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • El CIEP-UCR señala que la tendencia indica que los costarricenses se informan sobre la crisis fiscal principalmente por medio de la televisión, pero lo hacen de una manera crítica

 

Las personas dicen informarse más sobre el plan fiscal y la huelga por medio de las noticias en televisión (62%), seguido por la prensa en las redes sociales (16%) y en menor frecuencia por la prensa escrita (6%), según indica el estudio de opinión pública del Centro de Investigación en Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), publicado el 20 de setiembre de 2018.

De acuerdo con Carlos Brenes, doctor en Comunicación Política e Investigador del CIEP-UCR, este patrón es muy común en democracias occidentales, donde el medio preferido es la tele, seguido de las informaciones en redes sociales. “Las personas de mayor edad son las que prefieren la televisión, la gente joven se informa más a través de las redes sociales. Con el cambio generacional esta tendencia se modificará; por eso, vemos que los medios de comunicación tradicionales usan también las redes sociales”.

Con este panorama, entrevistamos a Katia Moya, tiene 18 años y trabaja como vendedora en una tienda en el centro de San José. Ella ve poca televisión y busca en Facebook las publicaciones de los medios de comunicación: “no me gusta leer mucho; por eso, prefiero las redes sociales, el resto lo hablo con mis compañeros y amigas por el Whatsapp”.

Según el análisis de Carlos Brenes, los medios de comunicación siguen siendo un referente importante para la sociedad de Costa Rica, pues los utilizan para conocer sobre los temas oficiales. Pero, las ventajas de contar con múltiples formatos y formas de información en las redes sociales, como Facebook, Whatsapp, Instagram y Twitter, permite generar mayor crítica y libertad de opinión.

Por su parte, Juan Carlos Guevara, tiene 69 años, es jubilado y dice que ahora invierte más tiempo en informarse: “a diario leo todo el periódico y veo un par de noticieros televisivos, pero los medios nos quieren hacer creer que lo del plan fiscal es bueno, que es lo que necesita el país para seguir creciendo; sin embargo, es todo un chorizo que beneficia solo a los ricos y famosos de este país”.

Según el estudio del CIEP-UCR, la tendencia indica que los costarricenses se informan sobre la crisis fiscal principalmente por medio de la televisión, pero lo hacen de una manera crítica.

Al respecto, Rotsay Rosales Valladares, director del Observatorio de Política Nacional de la UCR, expone que hay una hipótesis que se corrobora con los datos de la encuesta: “a pesar que nos informamos por medios tradicionales –y que estos tienen una posición dominante y hegemónica, congruente con la oficialista del Gobierno y sus fracciones de la Asamblea Legislativa–, hay mayor escepticismo, mayor reflexividad y procesamiento de la información que consumimos como sociedad”.

“Hay una ciudadanía que es cada vez más juiciosa y crítica, sabe claramente que a pesar de que los medios dominantes no digan desde que posición están informando o enfocando las noticias, la gente sabe dónde ubicarlos, reconocen claramente a quién y cuánto apoya La Nación, Telenoticias, el Diario Extra y Repretel”, concluye Rosales.

El investigador del CIEP-UCR, Carlos Brenes, concuerda con la hipótesis planteada por Rosales y señala que “los resultados de la encuesta coinciden con otros estudios similares en sociedades de democracias modernas, donde la población busca los medios tradicionales para informarse oficialmente sobre los problemas que la afectan, pero eso no se traduce necesariamente en que confía totalmente en el enfoque del medio”.

Los resultados de la encuesta del CIEP-UCR confirman que el movimiento de protesta contra el plan fiscal posee apoyo popular. El 52% de la población encuestada legitima el movimiento de huelga y solo un 26% lo desaprueba. El respaldo es amplio, diverso y consistente con la sensación de malestar ciudadano con la política.

El apoyo al movimiento de huelga en oposición a las reformas fiscales es mayor entre las personas con nivel educativo de primaria o menor, entre los más jóvenes (18-34 años) y en las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón. El rechazo a la huelga es mayor en San José, Heredia y Cartago, lo cual expresa la división centro-periferia que se observó en las pasadas elecciones.

Sin embargo, frente a las vías concretas utilizadas en la protesta, ese apoyo se diluye. Las personas entrevistadas desaprueban los métodos empleados por los manifestantes, no respaldan los principales objetivos de la protesta y no dan buena calificación a los líderes visibles de ella ni al sindicalismo.

Mayoritariamente, la población desaprueba los bloqueos, el cierre temporal de servicios médicos, el cese de las clases y el bloqueo para distribuir el combustible. Por su parte, las marchas son evaluadas positivamente por el 76% de las personas.

 

Ileana Lacayo Ortíz

Colaboradora, ODI- UCR

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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¿Podría Costa Rica ir por el camino de Grecia?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís

Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)

 

Debemos reconocer que, llegados al punto donde nos encontramos, el riesgo de que nos veamos arrastrados en una situación de crisis económica es muy cierta. Efectivamente puede ocurrir y, según como se den las cosas, podría ocurrir pronto, aunque también podría posponerse por algunos meses.

Al decir lo anterior, me baso en datos que están a la vista y que se resumen en una agudizada dificultad para financiar el déficit fiscal del gobierno. Cada nuevo intento de colocación de bonos de deuda pública que realiza el Ministerio de Hacienda, se topa con la exigencia de tasas de interés más altas y períodos de vencimiento más cortos, como también es cada vez más difícil refinanciar las deudas que vencen. Nada de esto es inocente, desde luego. Por debajo de esa superficie visible se mueven intereses poderosos, tanto locales como internacionales. Pero con decirlo –incluso con denunciarlo con encendida indignación– nada se conseguirá. Si como país no somos capaces de tomar a tiempo las medidas mínimas requeridas, de seguro nos asfixiarán. Y lo harán porque no fuimos capaces de colocar a tiempo los valladares que les cerrasen el camino y le impidiese aplastarnos.

Es una experiencia que ya hemos visto en otros lugares. Los países de la periferia europea en 2012 brindan una ilustración para mejor entender lo que pasa. En su caso, la cuestión se sintetizaba en un dato, escueto pero implacable: a la hora de tratar de colocar deuda para financiar su déficit fiscal, el diferencial entre la tasa de interés que se les exigía y el que se pagaba sobre los bonos de Alemania (tenidos como los más seguros) tendía a ampliarse cada vez más. Ello ponía en máxima tensión la sostenibilidad de sus finanzas y los empujaba hacia la insolvencia y, por lo tanto, la bancarrota. Se salvaron, no propiamente de la crisis, pero sí del colapso del Estado, gracias a la intervención del Banco Central Europeo (BCE), que anunció, por boca de su presidente, Mario Draghi, la disposición a comprar deuda soberana (o pública) en la cuantía que fuese necesaria.

En Costa Rica, esa opción no existe, no tanto porque nuestra Banco Central está lejos de tener el “poder de fuego” que tiene el BCE, sino principalmente porque las leyes costarricenses se lo impiden. El caso es que el neoliberalismo tico es extremadamente purista, a niveles que seguramente causarían hilaridad en Europa. De ahí que el establishment local de los/las economistas se ruborice y reciba con muestras de escándalo la concesión de un financiamiento por 500 mil millones de colones que el Banco Central dio en días recientes –y bajo condiciones sumamente restrictivas– al Gobierno Central. Se dio por esta vez, y, dada las limitaciones legales y la tozudez ideológica, será difícil que se vuelva a dar pronto, aún si el gobierno está a un tris de la bancarrota.

Entretanto, la economía va cada vez más débil, lo cual se visibiliza en ingresos tributarios prácticamente estancados. En consecuencia el déficit, que ya es muy considerable, tiende a crecer, de manera que, a su vez, la deuda se va inflando. Y siendo que esto último por sí solo haría aumentar los pagos por intereses, el impacto que éstos acarrean se agranda al subir las tasas. La presión sobre las finanzas pública se incrementa y los márgenes de maniobra se estrechan. Es, sin exageración, un panorama sombrío. No es broma: la crisis podría darse.

¿Significa que iremos por el camino de Grecia? Las comparaciones de este tipo son siempre riesgosas, incluso desatinadas, porque los contextos son ciertamente distintos. Por ejemplo: la deuda pública nuestra, a diferencia de Grecia, sigue siendo interna principalmente y en colones en su mayor parte (aunque el componente en moneda extranjera ha crecido mucho y de forma peligrosa). Pero también puede haber elementos en común, sobre todo porque en nuestro caso, como en el de Grecia, si la situación fiscal se sale de control, podemos quedar a merced de poderes financieros, incluso de alcance global, en capacidad de asfixiarnos.

Sin embargo, me interesa llamar la atención sobre un elemento: una situación de grave desequilibrio fiscal podría enfrentarse básicamente de dos formas: mediante una política de austeridad o mediante una esfuerzo de reactivación económica. Hay un océano de diferencia entre una y otra perspectiva, sin que ello niegue que, con seguridad, habrá que hacer todo un esfuerzo por “ordenar la casa” y corregir aquellos factores que dieron lugar a la crisis fiscal.

La vía de la austeridad le fue impuesta a Grecia y a otros países de la periferia europea, incluyendo a España, cuyo desbalance fiscal nacía no de excesos en el sector público, sino más bien del traslado a éste último de los excesos del sector privado (similar a los casos de Estados Unidos o Irlanda). Porque el crédito desordenado al sector privado y el auge especulativo de la construcción, fueron los que tumbaron la economía española y obligaron al gobierno a intervenir masivamente para sostener el sistema financiero y atenuar el impacto de la recesión. Cuando la crisis de la deuda se manifestó en Grecia (hacia finales de 2009), rápidamente se contagió a otros países de la periferia europea donde también había crecido –aunque no por las mismas razones– el déficit presupuestario de los gobiernos y su deuda pública. Declarada la crisis, a todos se les aplicó una receta talla única: recorte del gasto público y de la planilla estatal; privatizaciones; recorte de pensiones; aumento de impuestos. O sea, y en resumen, austeridad en toda la plenitud de su cruel ejecutoria. La consecuencia: una depresión económica en toda la línea, que ha implicado costos humanos y sociales inconmensurables, con secuelas irrecuperables por décadas enteras. El caso griego es, con mucho, el peor. El portugués el más benigno porque fue el primero que logro atenuar –sin revertirlas totalmente– las políticas austeritarias. El irlandés es seguramente el más engañoso, dado el carácter ficticio de sus estadísticas, infladas artificialmente por su condición de privilegiado paraíso fiscal.

La crisis de la deuda de estos países europeos se pudo haber enfrentado de otra forma:

1.Debía reconocerse que las responsabilidades eran compartidas por acreedores y por deudores. Ya Keynes vio claro este aspecto de la cuestión y lo plasmó, aunque inútilmente, en sus revolucionarias propuestas para el sistema financiero mundial post-Segunda Guerra Mundial. Lanzar todas las cargas sobre la parte deudora, corresponde a un enfoque moralizante, seudo-religioso, que complace los prejuicios de alguna gente, pero que, desde el punto de vista económico, resulta un perfecto desatino.

2.En concordancia con lo anterior, tendría que haber procesos de reestructuración de la deuda –tanto los plazos como las tasas de interés– que distribuya costos y pérdidas en forma equitativa.

3.Para poder salir de una situación de elevado déficit y deuda al alza, un requisito indispensable es lograr que la economía crezca y genere empleo. Si, por el contrario, se opta por políticas de austeridad muy restrictivas, la consecuencia inevitable es una economía en recesión y graves problemas de empleo. Ello contrae los ingresos públicos y agranda relativamente la deuda, forzando a nuevas rondas de recortes y aumentos de impuestos. En consecuencia la crisis fiscal se prolonga y los costos de superarla se agrandan. El retroceso de la economía extiende sus devastaciones sobre la sociedad y deja secuelas muy dolorosas y perdurables.

4.Una vía es clave para promover la dinamización de la economía y la generación de empleos: la inversión pública, y, preferiblemente, una inversión pública “verde” que también sea planificada para maximizar su capacidad de creación de empleos. Si lo pensásemos para el caso de Costa Rica, algunas otras cosas podrían complementar –pero jamás sustituir– el esfuerzo de inversión pública (por ejemplo: la baja en las tasas de interés bancarias y la orientación del crédito prioritariamente hacia la producción y generación de empleos).

5.La reforma tributaria que se implemente debería repartir cargas en forma justa y equitativa, y ser diseñada de forma paulatina, de modo que sea coherente –y no se contraponga– a los esfuerzos de reanimación de la economía y el empleo.

6.Y, desde luego, hay que poner en orden lo que deba ponerse en orden: los excesos, despilfarros, ineficiencias y corruptelas deben ser combatidos. Pero esto debe hacerse sobre el telón de fondo de un compromiso claro y firme con la equidad.

7.No olvidemos: que el esfuerzo goce de legitimidad política y aceptación social es indispensable. Y ello solo se logra cuando las cosas se hacen de forma dialógica, transparente y honesta, y se preserva y se hace efectivo el compromiso con la equidad y la justicia.

¿Podríamos ir por el camino de Grecia? Creo que lo que he explicado ayuda a entender que la cuestión depende crucialmente de la forma como se responda a la crisis. Es un paso que debemos dar ya, con urgencia y enérgica decisión.

 

 

Tomado del Blog de Luis Paulino Solís: http://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com

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