Luis Paulino Vargas Solís (*)
Frente a las penurias fiscales, el plan que nos ofrece el gobierno de Carlos Alvarado –el proyecto 20.580 más la “hoja de ruta” definida por la Ministra Aguilar– resulta, en el mejor de los casos, un paliativo extremadamente limitado. Es mucho menos que un verdadero “plan fiscal”, aunque, en lo ideológico sí es muy agresivo.
1) Embarrialar la cancha
Lo ideológico permea a profundidad la propuesta formulada, especialmente en los apartados de “empleo público” y “regla fiscal”. En el primer caso, se opta por la restricción aplicada en forma indiscriminada, dejando de lado que la institucionalidad pública es un todo complejo, con muchos componentes heterogéneos a su interior. Cierto que la dispersión actualmente vigente en esta materia, propicia incoherencias indeseables. Pero desde ahí se quiere dar un violento salto para imponer irrestricta uniformidad. Esto último solo es comprensible desde lo ideológico –atizado por el odio hacia la gente empleada en el sector público– pero de ninguna manera responde a un compromiso con la mejora, para lo cual es indispensable tener en cuenta apropiadamente la diversidad de funciones y responsabilidades que competen a las diversas instituciones públicas. Se opta entonces por la centralización de decisiones y la generalización de las normas, sin ningún matiz ni selectividad.
Estas propuestas sobre empleo público, así como las atinentes a la “regla fiscal” –cuestiones teñidas de ideología en tonos realmente chillones– resultan inevitablemente polémicas. Quienes las introdujeron en este proyecto 20.580 se dejaron llevar por sus prejuicios ideológicos: contra empleados y empleados del sector público más su indisimulado antiestatismo. Acaso imaginaron –en lo que ha sido un cálculo de perniciosas implicaciones– que las urgencias fiscales podrían servir de cubierta para disimular sus objetivos ideológicos. En cambio, sus propuestas orientadas a atacar en lo inmediato el problema fiscal –que debió ser lo prioritario– quedaron reducidas a un mínimo intrascendente y anodino.
De esta forma se introdujo un factor de disenso y conflicto que ha polarizado la sociedad costarricense, dificultando en consecuencia avanzar en aquello realmente urgente, con lo que, de paso, se bloquea la construcción de los espacios de diálogo y entendimiento que ahora, como nunca, resultan indispensables.
Desde luego, si así lo desean, es legítimo que se ponga en discusión esos dos temas –empleo público y regla fiscal– siendo lo apropiado que ambos se diriman en procesos de debate democrático, amplios y transparentes. En su lugar, se opta por meterlos por la ventana de la cocina, y utilizar la difícil situación fiscal como herramienta de chantaje para forzar su aprobación.
2) El orden institucional-democrático en tensión
Hablar de chantaje, como acabo de hacerlo, no es exagerar en absoluto. En lo que, en rigor, se ha venido haciendo, lo cual se resuelve en un mensaje catastrofista, que asimismo gira alrededor de un discurso único. Un renacer agresivo del TINA (“there is no alternative”) de Margaret Thatcher. “El caos o yo” nos dice Carlos Alvarado y lo repiten en coro Rocío Aguilar, Rodolfo Piza y un largo etcétera de ecos, incluso, y en forma unánime, los economistas de la ortodoxia y la prensa comercial más poderosa. Dicho de otra forma: “el caos o su 20.580”. El único “Plan B” que se nos ofrece es ese: todos los desastres en un solo paquete.
Eso ha propiciado un nerviosismo generalizado, en mucho mayor grado de lo que el solo problema fiscal –sin duda grave– podría haber provocado. La incontinencia verbal de las altas autoridades de gobierno, la torpeza e irresponsabilidad con que manejan sus estrategias de comunicación, generan precisamente lo que dicen querer evitar: el caos. En economía las palabras importan, sobre todo cuando vienen de personajes políticamente muy encumbrados. Una cosa es que la situación sea delicada, lo que daría lugar, justificadamente, a un sentimiento de duda y vacilación. Otra bien distinta es que tan importantes señores y señoras imprudentemente incentiven la histeria colectiva.
Esa “operación chantaje” se ha aplicado incluso al Poder Judicial. Sin ningún disimulo se le está exigiendo que dé luz verde al proyecto 20.580 independientemente de cualquier irregularidad que pudiera tener. Buena ilustración nos la aporta las reacciones suscitadas ante lo resuelto por la Corte Plena, cuando, con arreglo al artículo 167 de la Constitución, hizo ver (con toda razón) que sí hay una afectación a la organización del Poder Judicial. Efectivamente la hay, pero eso fue invisibilizado totalmente a favor de un ataque bastante vulgar centrado en los elevados sueldos de magistrados y magistradas. Esto último puede ser todo lo cuestionable que queramos. Pero la cuestión de fondo era otra, y eso fue totalmente acallado.
Hoy el mismo procedimiento de chantaje –“20.580 o caos”– le es aplicado a la Sala Constitucional, como también a los tribunales que deben decidir sobre la legalidad de las huelgas. La división de poderes y todo el juego de pesos y contrapesos –base fundamental de cualquier orden institucional que se precie de democrático– es entonces puesto en tensión. La cuestión adquiere entonces una tonalidad abiertamente antidemocrática, la cual queda vea bien sintetizada en las bravatas de “hombre fuerte” a las que el presidente Alvarado se ha hecho tan aficionado.
3) Poner a la democracia contra la democracia
La democracia, siendo el menos malo de los sistemas políticos que la humanidad ha logrado inventar, sin duda tiene limitaciones y puede incurrir en vicios. Los presupuestos públicos pueden dar testimonio de ello, cada vez que, ante la presión de algún grupo en particular o propiciados por objetivos electorales, se toman decisiones que de alguna manera implican ineficiencias, despilfarros e, incluso, corrupción.
El neoliberalismo es una ideología que desconfía mortalmente de la democracia, precisamente porque ésta propicia intervenciones y limitaciones sobre los mecanismos del mercado capitalista, y, sobre todo, porque conlleva el “peligro” de que quienes en esos mercados carecen de voz, puedan tenerla en el territorio de la deliberación política. Los automatismos mercantiles que pueblan el imaginario ideológico neoliberal, y que se alimentan de las teorizaciones –al cual más alucinada e incoherente– de la economía neoclásica, no admiten el juego político que la democracia promueve y, sobre todo, la injerencia que propicia por parte de las clases menos favorecidas. Es algo inserto en el genoma del liberalismo económico, que, agudizado, sobrevive en el neoliberalismo. De ahí que resulte tan esclarecedora la lectura de “La gran transformación” –magna obra de Karl Polanyi– no obstante haberse publicado en 1944.
La “regla fiscal” recoge esas incomodidades ideológicas e intenta implantar en la institucionalidad pública de Costa Rica todos los mortales equívocos derivados de la fallida teorización neoclásica.
Primero, restringe a priori la capacidad de la propia Asamblea Legislativa, para decidir en materia presupuestaria y de gasto.
Segundo, propicia un alto grado de centralización del poder de decisión en instancias burocráticas, señaladamente el Ministerio de Hacienda (en materia de personal, el 20.580 concede también enorme poder al Ministerio de Planificación). Seguramente se trata de cuadros técnicos muy calificados, y de seguro bienintencionados. Pero carecen de la legitimidad democrática que nace del voto popular, no obstante lo cual se les entrega un enorme poder de decisión sobre asuntos que podrían afectar amplia y significativamente, las políticas en materia social y económica.
Tercero, se limita severamente el ejercicio de las políticas económicas. Incluso las “cláusulas de escape”, que el 20.580 introduce en relación con situaciones de emergencia nacional o recesión económica, quedan definidas dentro de parámetros sumamente astringentes.
Los puntos primero y segundo anteriores claramente restringen los mecanismos de la democracia. O sea: frente a las fallas de la democracia, se opta por empobrecerla y limitarla. En cambio pudo optarse por buscar mejorarla: una democracia más participativa e informada; más transparente y deliberativa; en mayor grado asentada en la educación cívica, la responsabilidad ciudadana, la reflexión bien fundamentada. Pero, sin duda, esas son ideas demasiado perturbadoras para el talante neoliberal y el sentido común que éste impone.
El punto tres recoge el imaginario que la teoría económica ortodoxa o neoclásica ha creado alrededor de los mercados capitalistas, con el presunto virtuosismo de sus mecanismos automáticos de ajuste y equilibrio. Aunque la enorme mayoría de economistas de Costa Rica todavía no se enteran, esa es una teorización comprobadamente falaz, incoherente e insostenible.
Y, sin embargo, es sobre esas peligrosísimas bases teóricas e ideológicas que Carlos Alvarado nos propone refundar el sector público de Costa Rica.
(*)Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)
Presidente Movimiento Diversidad Abelardo Araya
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