Luis Paulino Vargas Solís
Director CICDE-UNED
Presidente Movimiento Diversidad Abelardo Araya
En semanas recientes se habla reiteradamente de la “desaceleración de la economía”, atribuida, con obsesivo y grosero simplismo, a dos factores: el déficit fiscal y la huelga convocada contra el proyecto 20.580 presentado por la administración Alvarado. Propongo en lo que sigue, un examen de estas ideas.
1) ¿En qué se basa esta tesis?
La idea subyacente seguramente nace de ciertas elaboraciones que han dominado la teoría económica neoclásica (o sea: la economía ortodoxa dominante) durante los últimos 40 años, las cuales a su vez beben del trabajo de León Walras en los años setenta del siglo XIX. En su versión “moderna” ha recibido el nombre de “hipótesis de las expectativas racionales”, pomposa sobre todo por el artificioso aparato matemático que la acompaña, aunque de paupérrima significación económica.
Esta teoría nos habla de unos tales “agentes económicos”, especie de alienígenas híper-racionales, con la capacidad de una supercomputadora para manejar y procesar información. Dominan con gran propiedad todos los asuntos relativos al problema fiscal, y toman sus decisiones con base en cálculos precisos e instantáneos. Me refiero a decisiones en materia de compras de consumo por parte de las familias, y sobre inversión (plantas productivas, maquinaria, tractores, etc.) por parte de las empresas. Y como tienen clarísimo que la situación fiscal anda que “mírame y no me toqués”, deciden frenar sus gastos de consumo e inversión, lo cual provoca que la economía se “desacelere”.
Lo cierto es que todo lo antes dicho tendría un pringue de sentido –pero solo eso– en el contexto de la situación, muy peculiar y calificada, de los últimos dos meses, visto que la huelga sacó el debate fiscal de las paredes de la Asamblea Legislativa y lo acercó a un público más amplio, y en virtud de los mensajes catastrofistas y las amenazas muy gruesas que, en metralleta descontrolada, nos lanzan las más altas autoridades del gobierno, incluido el propio Carlos Alvarado. Claro que eso ha suscitado un ambiente de nerviosismo, que ha afectado incluso el comportamiento del dólar y podría agudizar la “desaceleración”. Pero la “desaceleración” no empezó con la huelga en septiembre, sino que viene de mucho más atrás. Y aunque se contestase entonces que el problema fiscal también viene “de mucho atrás”, conservaría plena validez la duda fundamental que suscitan los supuestos –delirantes y alucinados– de racionalidad y capacidad de manejo de información que se le atribuyen a los alienígenas “agentes económicos” de la teoría.
Incluso en el tiempo transcurrido después de la convocatoria a huelga (septiembre a la fecha), y en medio de un ambiente sociopolítico tan incandescente, para las amplias capas de clase trabajadora, el asunto sigue siendo una cuestión lejana y básicamente incomprensible. Y aunque entre los sectores medios hay más interés, no necesariamente hay mejor comprensión; posiblemente reaccionan al problema, pero sin mayor claridad acerca de sus implicaciones. Sencillamente es falso que la gente se comporte como esta desatinada teoría quiere hacernos creer. Sin duda, las causas de la «desaceleración» de la economía son otras, cuyo análisis omito en este artículo para no extenderlo en exceso.
2) El déficit fiscal y el “enclochamiento” de la economía
Una mirada panorámica a los últimos diez años –desde el impacto de la crisis económica mundial en 2009 y en los años sucesivos hasta este momento– muestra que el crecimiento de la economía tica ha estado jalado fundamentalmente por el consumo privado, o sea, las compras de consumo de la gente.
¿De qué se alimenta ese consumo? No de los salarios del sector privado, cuyo poder adquisitivo no ha tenido mejora alguna a lo largo de estos años. Resulta, pues, que el factor principal es el crédito, por lo tanto el endeudamiento de personas y familias. Baste remitirse a los datos sobre la evolución del crédito del sistema financiero para constatarlo, pero sin olvidar que las estadísticas disponibles no reflejan lo que podríamos llamar “crédito sumergido”, concedido por importadoras de electrodomésticos, “garroteras” u otras posibles fuentes de financiamiento informal.
Sin embargo, a ello debemos sumar un aporte significativo proveniente de los tan denostados y vilipendiados empleados y empleadas del sector público, cuyos salarios promedio son más altos que el sector privado, y sí han tenido una leve mejora de su poder adquisitivo durante este período. De tal modo, y teniendo presente que en el sector público se emplea alrededor del 13-14% de las personas trabajadoras, es posible que éstas sostengan al menos una quinta parte –posiblemente más– de los gastos totales de consumo en la economía.
Esto último –el consumo de las personas trabajadoras empleadas en el sector público– es una fuente importante por medio de la cual el tan satanizado gasto público y el igualmente demonizado déficit fiscal, contribuyen a sostener el consumo y, por lo tanto, el crecimiento de la economía. Súmese el llamado “consumo público” –compra de bienes y servicios por parte de instituciones públicas– más la lamentablemente pequeña cuantía de la inversión en obra pública. En total, el sector público de Costa Rica aportaría alrededor un 35% -posiblemente más– de la demanda total de la economía.
Más allá de las disparatadas elucubraciones de la teoría económica ortodoxa, lo que esto significa se entendería muy claramente en caso de que se cumpliesen las amenazas del gobierno de Carlos Alvarado de no pagar aguinaldos a empleados y empleadas públicas. Si así lo hicieran, de fijo veríamos al comercio bufando furiosamente, porque sus ventas caerían en picado.
3) ¿Que la actividad empresarial está afectada por expectativas?
Sí, es cierto. De hecho, como con tanta agudeza lo hacía ver Keynes en la Teoría General, esas expectativas tienden a reforzarse entre sí: unas personas intentan adivinar el estado de ánimo de la otra gente, dando lugar a una especie de “efecto imitación”: cuando todo el mundo está pesimista (u optimista), se vuelve prácticamente obligatorio compartir ese pesimismo (u optimismo). Y, por supuesto, no es descartable que el ambiente crispado generado en las últimas semanas alrededor del problema fiscal –sobre todo por el discurso catastrofista con que el gobierno nos asedia– haya afectado esas expectativas, por lo menos las de grupos de poder económico poderosos y bien informados. Pero ese es, como he hecho ver, un fenómeno reciente y muy acotado. Con anterioridad, lo fiscal si acaso atraía la atención de una élite muy reducida. Absurdo pretender que ello impactase significativamente las expectativas empresariales ni menos las de la gente de a pie.
En cambio, el efecto positivo sobre la demanda, proveniente del gasto público es un hecho objetivo, que se hace tangible en las ventas de las empresas, y, por lo tanto, sostiene sus expectativas en terreno más o menos positivo, cuando muchos otros factores (incluso la sobrevaloración del tipo de cambio o las altísimas tasas de interés sobre los créditos bancarios), impactan en sentido negativo.
En otras palabras: durante los últimos diez años, el gasto público y el déficit fiscal han puesto una especie de piso mínimo para sostener el crecimiento de la economía. De otra manera, es bien posible que se hubiese hundido a terrenos cercanos al cero.
Esa es la verdadera historia.
Enviado por Luis Paulino Vargas Solís.
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