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Etiqueta: crisis hegemónica

Del vergel al páramo: fragilidad territorial y recomposición hegemónica en las elecciones de 2026

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa (*)

Los resultados de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica son la manifestación territorial de una crisis del orden sociopolítico que durante décadas sostuvo la estabilidad democrática del país. Lo que alguna vez se presentó como el “vergel” del excepcionalismo centroamericano muestra hoy densas manchas donde la integración económica, la presencia estatal y el consenso político se han deteriorado de forma visible.

Uno de los rasgos más reveladores de ese resultado fue la concentración del apoyo al Partido Pueblo Soberano (PPS) en cantones caracterizados por mayores niveles de pobreza, informalidad laboral, desigualdad y problemas de seguridad. Al cruzar los resultados electorales con el Índice de Desarrollo Humano cantonal, se observa que varios de los cantones donde el PPS obtuvo sus mejores desempeños se ubican en los quintiles inferiores del desarrollo humano. Del mismo modo, los cantones con menor inserción en sectores económicos dinamizadores del empleo y el ingreso muestran mayor inclinación hacia opciones políticas de ruptura.

Este patrón no es un dato anecdótico. Sugiere que el voto responde a trayectorias desiguales de desarrollo. Allí donde la promesa histórica de movilidad social y protección estatal se ha erosionado, emergen con mayor fuerza opciones que cuestionan el orden político establecido.

Para comprender este fenómeno resulta útil la noción de fragilidad territorial. No se trata simplemente de pobreza o rezago económico, sino de una condición estructural donde convergen precariedad productiva, debilitamiento institucional y erosión de los vínculos simbólicos con el proyecto nacional. Son territorios donde la reproducción social depende crecientemente de economías informales, empleos precarios o transferencias públicas; donde la presencia estatal es intermitente; y donde la confianza en las mediaciones políticas tradicionales se debilita.

En varios casos, este patrón también coincide con cantones con tasas elevadas de homicidio en los últimos años. Más que establecer una relación mecánica entre violencia y voto, esta superposición sugiere la existencia de territorios donde la capacidad regulatoria del Estado se percibe limitada y donde la demanda por orden, protección y autoridad adquiere centralidad política. La violencia no explica por sí sola el comportamiento electoral, pero forma parte de una ecología territorial de fragilidad acumulada.

La hipótesis que aquí se plantea es que la geografía electoral de 2026 revela la territorialización de una crisis hegemónica. Durante la segunda mitad del siglo XX, Costa Rica consolidó un bloque histórico relativamente estable que, entre otras bases, se sustentó en la expansión del Estado social, la movilidad ascendente a través de la educación pública y el crecimiento de amplias clases medias. Más allá de la alternancia partidaria, existía una narrativa compartida de progreso, institucionalidad confiable y excepcionalidad regional. La hegemonía no se reducía al control del gobierno; implicaba dirección moral e intelectual sobre el conjunto de la sociedad.

Ese bloque tuvo una base territorial concreta. La expansión de infraestructura, servicios públicos, crédito agrícola y empleo estatal permitió integrar progresivamente regiones rurales y urbanas al proyecto nacional. La promesa de movilidad social tuvo fundamentos materiales reales. Sin embargo, esta articulación comenzó a erosionarse con la reestructuración económica asociada a la apertura comercial, la globalización y la transformación del régimen de acumulación.

El nuevo patrón productivo se orientó hacia sectores altamente integrados a mercados globales —zonas francas, servicios empresariales, exportaciones especializadas— reduciendo la centralidad del mercado interno y debilitando la articulación tradicional entre capital nacional y Estado social. El resultado fue una diferenciación creciente entre territorios dinámicamente conectados a cadenas globales y territorios rezagados o subordinados. La integración dejó de ser progresiva y se volvió selectiva. Cada vez más, el mercado —y no el Estado— pasó a ser el principal gestor de esa transformación.

En este contexto, la desigualdad adquirió un rostro territorial marcado. Existen enclaves altamente productivos y conectados, junto a periferias rurales y urbanas donde predominan la informalidad y el empleo precario. La fractura ya no puede explicarse únicamente como urbano versus rural o centro versus periferia, sino como integración versus desconexión respecto al régimen de acumulación dominante. Allí donde el crecimiento se concentró, también se fortalecieron las oportunidades y la densidad institucional. Donde no ocurrió, se acumuló fragilidad.

Políticamente, esta transformación se hizo más visible a partir de 2014. La derrota del Partido Liberación Nacional marcó el debilitamiento del eje histórico del bloque dominante. El ascenso del Partido Acción Ciudadana fue interpretado como una renovación ética e institucional, pero la crisis fiscal, la conflictiva reforma tributaria de 2018 y el creciente malestar social evidenciaron las dificultades para reconstruir bases materiales de consenso en un contexto de desigualdad persistente.

En diversos territorios periféricos se consolidaron patrones de distanciamiento respecto a las fuerzas tradicionales. El proceso electoral de 2022, con la irrupción de liderazgos disruptivos, y el posterior ascenso del PPS en 2026 pueden leerse como momentos sucesivos de una crisis orgánica más amplia. Allí donde la integración socioeconómica era más débil, el consenso se fracturó antes y con mayor intensidad.

Este fenómeno también está vinculado a la transformación de las clases medias. Durante décadas cumplieron una función estabilizadora: moderaron polarizaciones, sostuvieron el pacto redistributivo y ofrecieron una base electoral relativamente predecible. Sin embargo, procesos de precarización, endeudamiento y diferenciación ocupacional han fragmentado este estrato. Hoy las clases medias se distribuyen en posiciones divergentes frente al mercado laboral y al Estado, generando orientaciones políticas más volátiles y menos previsibles.

La fragmentación de las clases medias debilita uno de los pilares del bloque histórico desarrollista. Al disminuir su seguridad material, también se reduce su capacidad de sostener el consenso redistributivo que legitimaba a las élites tradicionales. En ese escenario emergen nuevas alianzas entre sectores empresariales más transnacionalizados y liderazgos políticos que apelan directamente a territorios excluidos, configurando una recomposición hegemónica aún incompleta.

La dimensión territorial de este proceso es central. La desigualdad no solo implica brechas de ingreso, sino también diferencias en densidad institucional, acceso efectivo a derechos y capacidad de regulación pública. Cuando la presencia estatal es desigual, también lo es la experiencia de ciudadanía. La crisis hegemónica se expresa, por tanto, en la fragmentación territorial de los derechos y del consenso.

El resultado de las elecciones parece cristalizar estas tensiones acumuladas. En esos territorios socialmente deprimidos este no puede interpretarse únicamente como un giro ideológico hacia posiciones conservadoras o autoritarias. Más bien refleja una búsqueda de protección, orden o reconocimiento en contextos donde la promesa histórica del Estado social perdió credibilidad. Se trata de un voto situado territorialmente, arraigado en experiencias concretas de precariedad y desconexión.

Lo que emerge no es todavía un nuevo bloque histórico plenamente consolidado y tampoco democrático. El orden anterior muestra signos de agotamiento, pero la alternativa en gestación aún no logra articular un consenso amplio y duradero. El escenario resultante es de mayor volatilidad electoral, fragmentación partidaria y disputa por la definición misma de “pueblo”, “orden” y “Estado”.

La cuestión de fondo es si Costa Rica transita de un modelo de integración territorial progresiva hacia uno de integración selectiva y segmentada. Si el viejo “vergel” se transforma en un paisaje de archipiélagos de prosperidad rodeados de territorios frágiles, la cohesión democrática podría verse comprometida. La estabilidad histórica del país descansó en la capacidad de articular crecimiento económico, redistribución moderada e institucionalidad sólida sobre bases territoriales relativamente integradas. Cuando esa articulación se fragmenta, también se debilita la hegemonía que la sostenía.

Comprender el momento actual exige ir más allá de la coyuntura electoral y situar los resultados de 2026 en una trayectoria iniciada al menos desde 2014, con raíces estructurales que se remontan décadas atrás. No se trata simplemente de alternancia partidaria, sino de la transformación de las bases sociales y territoriales del poder. La fragilidad territorial no es un fenómeno marginal; puede estar convirtiéndose en el escenario privilegiado de la recomposición hegemónica.

En última instancia, el desafío para la democracia costarricense consiste en reconstruir mecanismos de integración territorial capaces de restituir bases materiales de consenso. Sin esa reconstrucción, la fragmentación espacial de la desigualdad continuará traduciéndose en fragmentación política. Las elecciones de 2026 podrían entonces recordarse no como un episodio aislado, sino como el momento en que se hizo visible la transición entre un orden que se agota y otro que aún no termina de definirse.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

El autor reconoce el uso de herramientas de IA para la revisión de aspectos formales del artículo, pero las ideas son enteramente suyas.

Trump, crisis hegemónica y multipolaridad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Mauricio Ramírez

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

La política internacional está atravesando una transformación sin precedentes: la transición hacia un mundo multipolar. Durante varias décadas, el sistema internacional ha girado en torno a una hegemonía occidental que imponía su versión del multilateralismo, un orden basado en reglas, pero en realidad diseñado para perpetuar su supremacía en todos los campos.

Sin embargo, ese modelo muestra signos irreversibles de desgaste, erosionado por el renacer de varias potencias, la reconfiguración de alianzas estratégicas y la creciente resistencia de diversos actores a la imposición de un orden unilateral global. En esta transición llena de turbulencias, Europa reacciona como bloque frente a EE. UU. y su guerra arancelaria, Asia responde de manera coordinada, África desempeña un papel distinto al de décadas pasadas y los BRICS emergen como el verdadero motor de un multilateralismo real, no subordinado a un solo poder. Es así como se está configurando una estructura más realista donde las posibilidades de romper la vieja hegemonía son más tangibles que nunca.

Bajo las administraciones demócratas globalistas y liberales, EE. UU. proyectaba su influencia bajo la fachada del consenso, la defensa de la democracia y la promoción de los derechos humanos, asegurando que las instituciones internacionales sirvieran a sus intereses sin aparentar imposición directa. Este fue el soft power que muchos hoy añoran, demostrando una alarmante falta de imaginación y profundidad analítica, como si la única alternativa a la prepotencia de Trump fuera el retorno a una hegemonía disfrazada de benevolencia.

Sin embargo, con Donald Trump en la Casa Blanca, las reglas del juego cambiaron, evidenciando la crisis a la que ese modelo ha llevado a su propio país. Consciente de esta realidad, la política de «América Primero» no solo profundizó el aislamiento de EE. UU., sino que también desaceleró el dinamismo económico global, al priorizar una agenda proteccionista con una política arancelaria nunca vista en la historia reciente, y enfocarse en resolver los problemas internos, antes que en sostener el clásico liderazgo internacional de Washington.

El historiador francés Emmanuel Todd describe a EE. UU. en su último libro titulado La Derrota de Occidente, como un “Estado posimperial”, es decir, una potencia que aún se aferra a su antigua gloria, pero que ya no puede ni va a poder sostener por mucho tiempo más su dominio. La crisis que enfrenta EE. UU. no es solo externa, sino también interna, afirma Todd. Mientras intenta proyectar poder a nivel global imponiendo aranceles a todos, el país se desgarra desde adentro con una fractura política y social irreconciliable. Los valores de los dos bandos políticos son diametralmente opuestos, hasta el punto de que ya no hay un espacio de consenso nacional y el mismo Trump coquetea con la idea de un tercer mandato.

La paradoja de Trump es que, a pesar de su retórica nacionalista, su política ha contribuido involuntariamente a abrir espacios para que otros países y regiones, incluida América Latina, busquen nuevas alianzas fuera de la órbita de Washington. Aunque Trump promovió una agenda de «América Primero» con la intención de reforzar la hegemonía estadounidense y reducir la dependencia de otros países, sus políticas proteccionistas, su distanciamiento de aliados tradicionales y su enfoque transaccional en la diplomacia están debilitando la influencia de ese país y fomentando un mundo más multipolar. En lugar de consolidar su liderazgo como antes, su postura impulsa a muchas naciones a diversificar sus relaciones internacionales, fortaleciendo bloques como los BRICS y acercándose a potencias emergentes como China, India y Rusia.

Ante esta transformación, el liberalismo globalista occidental se ha quedado atrapado en su propio laberinto conceptual. En lugar de ver la multipolaridad como una oportunidad para corregir las fallas del viejo orden, la interpretan como una amenaza o incluso como el preludio de una nueva forma de autoritarismo. Nada más alejado de la realidad. Su ceguera epistemológica les impide ver más allá de sus propios dogmas, llevándolos a aferrarse a un EE. UU. en decadencia, que, incluso bajo administraciones demócratas, libraba guerras y derrocaba gobiernos legítimos en nombre de la libertad. Prefieren la ilusión de un orden hegemónico disfrazado de benevolencia, aun cuando ello signifique perpetuar su propia subordinación, en lugar de adaptarse a una nueva realidad donde el poder ya no tiene un solo centro.

Esta actitud no solo es un error estratégico, sino también una manifestación explícita de lo que en psicoanálisis se conoce como un complejo de Edipo no resuelto o una identificación con el agresor. Durante décadas, el mundo ha sido condicionado a depender de EE. UU. y Europa occidental como las únicas fuentes de legitimidad y orden. Ahora, ante su declive, muchos reaccionan con miedo, rechazando alternativas y aferrándose a un sistema que los ha mantenido subordinados.

¿De verdad creen que hemos llegado al “fin de la historia” y que cualquier otro orden mundial sería peor que este? ¿No se supone que somos optimistas y que creemos en la posibilidad de un futuro mejor? La ironía es evidente: quienes se autoproclaman defensores del progreso y la innovación son los mismos que hoy temen el cambio y se resisten a imaginar un mundo donde no solo uno mande.

El mundo multipolar no será un proceso ordenado ni libre de turbulencias. La transición conlleva costos, especialmente para aquellos países más dependientes de la esfera occidental. Sin embargo, esta reconfiguración es inevitable y necesaria. El monopolio del poder global por parte de EE.UU. no solo ha sido injusto, sino que también ha limitado el desarrollo de otras naciones. En este nuevo escenario, los países que se adapten y busquen diversificar sus relaciones internacionales tendrán mejores oportunidades de crecimiento. América Latina, por ejemplo, puede fortalecer sus lazos con Asia, África y los BRICS.

Si lo analizamos a fondo, Trump no está haciendo nada que EE. UU. no haya hecho siempre; la diferencia es que, al no poder imponer su voluntad mediante el soft power porque ya hay otros países que defienden sus intereses de manera soberana, ahora recurre a la vía dura: proteccionismo, sanciones y confrontación directa. Su objetivo sigue siendo el mismo de siempre: mantener su dominio y dictar las reglas del juego. Lo que Washington se niega a aceptar es que ya no es el imperio que alguna vez fue y que el mundo ha cambiado de manera irreversible.

Paradójicamente, la postura de Trump nos ofrece una oportunidad. Al despojar a EE. UU. de su máscara de hegemonía benevolente, nos obliga a reconocer la realidad y a pensar con mayor astucia en una nueva arquitectura de las relaciones internacionales. En lugar de lamentar el colapso del viejo orden, es momento de diseñar uno nuevo, basado en el equilibrio de poder y la cooperación sin imposiciones.

La multipolaridad no es una amenaza, sino una realidad que ofrece nuevas posibilidades. El problema es que aquellos que han sido moldeados por la hegemonía estadounidense aún no logran imaginar un mundo donde EE. UU. no sea el centro. Pero ese mundo ya está aquí, y lo único que queda por decidir es quién sabrá aprovecharlo y quién seguirá atrapado en una nostalgia imperial anacrónica.

Frente a esta realidad, la comunidad internacional debe abandonar la reacción superficial y apostar por una comprensión estratégica de estos cambios. En lugar de lamentar el fin de una globalización idealizada, es necesario replantear los términos de la integración económica, fortalecer mecanismos de cooperación autónomos y diversificar las relaciones comerciales. Solo así los Estados podrán navegar en este nuevo escenario con mayor independencia, sin quedar atrapados en las tensiones de una potencia que lucha por redefinir su rol en el mundo.