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Etiqueta: crisis política

Costa Rica no necesita salvadores

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa (*)

Reinventar el país: la tarea política de todos que no podemos seguir posponiendo

Los graves problemas de la Costa Rica del siglo XXI, acumulados por casi cuatro décadas, no se resolverán ni en estas elecciones ni en los próximos cuatro años. El raquitismo político es evidente. En el cuatrienio reciente, lejos de enfrentarse estos desafíos, se ampliaron y agravaron, provocando un retroceso social y el estrangulamiento de posibles caminos hacia el desarrollo. A pocos actores políticos parece importarles realmente esto, pero la necesidad de actuar es urgente.

Hace cinco años publiqué un artículo sobre las fracturas sociales y los claroscuros ideológicos que atravesaban a Costa Rica en el segundo gobierno del PAC. Aquella publicación pasó casi desapercibida, como otros diagnósticos que quizás no encontraron su momento. No busco ahora reconocimiento, sino entender mejor nuestras penas colectivas. Los problemas no comenzaron entonces, pero sus manifestaciones ya eran inocultables.

Luego vinieron nuevas crisis: la pandemia del COVID-19 y su impacto sanitario, las tensiones fiscales, protestas sociales, el sacudón electoral de 2022 y un profundo desalineamiento político que resquebraja la hegemonía de los actores tradicionales. A esto se sumó el giro conservador del segundo gobierno del PAC y la represión de protestas sociales. Muchas de las fracturas previas persisten, pero han cambiado de forma e intensidad. Algunas se han profundizado; otras se expresan de modo distinto; y en ciertos ámbitos es necesario afinar el lente analítico.

Lo que presento ahora es una actualización crítica de aquel diagnóstico, basada en evidencia reciente de las universidades públicas, organismos internacionales y los procesos políticos que han marcado al país desde 2018.

Una economía que crece, pero para pocos

Costa Rica sigue moviéndose al ritmo de la inversión extranjera, las exportaciones y los servicios. No obstante, la desigualdad se mantiene entre las más altas de la región, incluso después de las reformas fiscales dirigidas a contener el déficit. Esta contradicción —crecimiento sin reparto— es hoy una característica estructural. La concentración de la riqueza se naturaliza, especialmente en manos de capitales transnacionales.

El mercado laboral confirma esta tendencia regresiva. Aumentan la informalidad, el subempleo y la dificultad para que las personas jóvenes —incluso con estudios universitarios— encuentren trabajo estable. La pandemia aceleró procesos previos: automatización, teletrabajo, reconfiguración del comercio y debilitamiento del empleo formal. El resultado es un país donde tener trabajo ya no garantiza bienestar ni movilidad social. La Costa Rica de la paz social y la equidad reformista se diluye rápidamente.

De la política sin brújula al embrujo del desencanto

En 2018 señalé el vacío ideológico y el avance del conservadurismo. Esos procesos continúan, pero la escena política se ha vuelto aún más volátil. Las elecciones de 2022 lo evidenciaron: el PAC se desfondó, Liberación Nacional profundizó su desgaste, la izquierda no logró consolidarse y surgieron candidaturas “antisistema” con apoyo considerable.

El país vive una mezcla de antipolítica, personalización del poder y discursos cargados de enojo. La radicalización derechista es solo una pieza del rompecabezas: también influyen la frustración por el deterioro de la calidad de vida, la pérdida de servicios públicos robustos y la sensación creciente de que “nadie nos representa”. La crisis de confianza afecta por igual a instituciones, partidos y liderazgos. En este contexto, resulta más fácil fabricar encantamientos mesiánicos que construir soluciones estructurales. La fragmentación ideológica se ha convertido en un rasgo permanente de nuestra convivencia.

Clases medias: del pilar histórico al mosaico fragmentado

Uno de mis planteamientos centrales era la erosión del papel estabilizador de las clases medias. Esto sigue siendo cierto, pero la evidencia reciente muestra un panorama más complejo. Las clases medias no son un bloque homogéneo; hoy constituyen un conjunto de segmentos desconectados y, muchas veces, en competencia entre sí.

Conviven al menos cinco grupos: funcionarios públicos con empleos relativamente estables, pero bajo presión fiscal y estigmatización; profesionales jóvenes endeudados, con trabajos temporales o mal remunerados; pequeños comerciantes y emprendedores golpeados por la competencia global y la disminución de ingresos; hogares de ingresos medio-bajos, altamente bancarizados y vulnerables a caer en la pobreza; agricultores y productores rurales afectados por la apertura comercial y el abandono estatal.

Cada grupo experimenta el malestar de manera distinta. Algunos se distancian de la política; otros se inclinan por opciones conservadoras; otros buscan salidas tecnocráticas, antiélite o directamente mesiánicas. El bloque de clase media que ayudó a sostener la estabilidad política del siglo XX es hoy un territorio fragmentado, sin proyecto común ni expectativas claras. Su “embotellamiento” físico y social se ha vuelto más literal: viven endeudadas, frustradas y escépticas respecto a cualquier promesa de futuro.

Una sociedad civil debilitada, pero en movimiento

En mi diagnóstico original subrayé el debilitamiento de la sociedad civil. Esa tendencia se mantiene, aunque con matices. Desde 2018 ha habido momentos de movilización: protestas contra la reforma fiscal, contra medidas regresivas, huelgas sectoriales, luchas ambientales, territoriales y feministas.

Sin embargo, estas expresiones no han logrado articularse en un proyecto político alternativo. Funcionan como válvulas de escape de la frustración social, pero no como plataformas de cohesión. La fragmentación general del país también se reproduce en la protesta. Existe activismo, pero escasa capacidad para convertirlo en transformación institucional.

Un país que necesita repensar su pacto social

La evidencia muestra que Costa Rica ha entrado en una fase en la que ya no basta con diagnosticar fracturas. Los pilares históricos del pacto social están en crisis: la desigualdad no es una falla, sino parte del sistema; el empleo dejó de garantizar bienestar; las clases medias se desfondan; la confianza en las instituciones se erosiona; el sistema de partidos se pulveriza; las narrativas ideológicas tradicionales ya no movilizan ni sostienen un sentido de comunidad.

El desafío central no es “restituir” lo perdido, sino imaginar un proyecto de país capaz de garantizar movilidad social, estabilidad democrática y sentido colectivo en un contexto global adverso, marcado por la precariedad, el individualismo y la polarización.

Costa Rica vive un momento decisivo. Las desigualdades crecientes, la precarización del empleo, la crisis educativa y el desgaste político han debilitado los fundamentos que sostuvieron al país durante décadas. Administrar la crisis no alcanza: necesitamos reconstruir el pacto social desde sus bases.

Esa reconstrucción exige nuevos consensos, capaces de reconocer nuestras realidades sin nostalgias ni simplificaciones. Implica que sectores tradicionalmente distanciados —clases medias vulnerables, sectores productivos, territorios rurales, personas jóvenes, funcionariado público y movimientos sociales— se reconozcan como parte de un mismo proyecto nacional.

Para que esos consensos emerjan es indispensable renovar el ejercicio del poder. Requiere abandonar el personalismo, la confrontación y la opacidad. La política debe recuperar su sentido de servicio, su capacidad de diálogo y su vocación de acuerdos duraderos. Costa Rica no necesita salvadores, sino instituciones fuertes y liderazgos responsables.

En ese proceso, rescatar la educación pública es una prioridad absoluta. Sin un sistema educativo robusto —financiado, inclusivo y conectado con el mundo del trabajo— cualquier pacto social será frágil y cualquier promesa de movilidad quedará vacía. La educación es el principal mecanismo para evitar que las desigualdades actuales se vuelvan permanentes.

El país aún posee capacidades para reinventarse, pero la ventana de oportunidad se estrecha. Podemos seguir administrando el deterioro o asumir la responsabilidad histórica de reconstruir un horizonte común. El futuro no está escrito: se construye con acuerdos, con instituciones sólidas y con una ciudadanía consciente de su poder transformador.

Tal vez se requiera algo más que unas elecciones y el acartonado ritual de los comicios. Tal vez lo que necesitamos, con urgencia, es recuperar la convicción de que un país se sostiene —o se derrumba— en la calidad de sus consensos y en la fuerza de sus instituciones.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

Autoritarismo o Democracia, el dilema electoral

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

El proceso electoral que estamos viviendo hacia las elecciones de febrero o abril del próximo año, camina en una coyuntura compleja, de indefiniciones, de ausencia de liderazgos políticos, de liderazgos partidarios y de partidos políticos, de gran desconfianza pública y especialmente de una ceguera o falta de visión hacia el porvenir inmediato.

Lo que por ahora estamos viendo es una etapa de pereza mental de análisis política que produce una abulia política, un desinterés, una falta de toma de decisiones, marcada principalmente por los resultados de indecisos electorales en las encuestas.

La ausencia de liderazgos políticos considerados como la falta de líderes o dirigentes nacionales, caudillos, de grandes personalidades políticas o personales, que no los hay hoy en el país, que guíen a sus partidos políticos, a sus partidarios o seguidores; que encanten o enamoren a los electores, que produzcan confianza personal en su personalidad, sus planteamientos políticos o mensajes políticos y, sobre todo, que produzcan confianza en ellos mismos y en quienes los rodean, como equipos políticos para asumir el gobierno de la República, y la conducción del país por los próximos cuatro años.

El actual gobierno de Rodrigo Chaves se ha encargado de desmantelar esa aureola que gozaban los partidos políticos, sus dirigentes históricos y partidarios. Ha logrado pintarlos como tiranos, dictadores, que solo han gobernado para pequeños grupos de privilegiados y contra el pueblo, que dice él representar.

La ausencia de liderazgos partidarios porque se impone la carencia de partidos políticos que como tal atraigan a los futuros votantes. No hay imágenes poderosas, de fuerte organización partidaria, con militantes disciplinados y comprometidos con las banderas programáticas, de esos partidos, porque los partidos políticos como organizaciones sociales y políticas han dejado de existir en la práctica política del país hace muchos años.

Con la campaña que beligerantemente ha sostenido el presidente contra toda la institucionalidad partidaria, y contra las manifestaciones democráticas de esa institucionalidad, ese desgano político se ha nutrido, y se ha alimentado con la imagen de que todo ha sido resultado de la corrupción inmanente a quienes han gobernado.

Existen algunos partidos en el imaginario colectivo, especialmente los que han sido partidos gobernantes, que eligieron presidentes, sin que esa misma imagen sea fuerte con los partidos que han elegido o tienen actualmente diputados. Si resaltan estos diputados es porque están en la gradería parlamentaria destacando algunos hacia la prensa o los periodistas, o destacando por los pleitos o camorras coloquiales que realizan, más que debates de profundidad política y argumentativa frente a los proyectos de ley que trabajan, o se les presenta para su conocimiento, debate y aprobación.

Ya ni debates hay. Basta observar cómo evaden la discusión con las decisiones de no discutir las mociones, o de eliminarlas en bloque, como se ha hecho con el procedimiento de la vía rápida para discutir proyectos como el de la Ley esclavista de las 12 horas. Lo más gracioso de eso es que sin discutir las mociones se votan diciendo, y así queda en actas, “agotado el debate”, y no hubo “debate”, “contienda” o “lucha” teórica alrededor de esas mociones.

Una buena parte de los partidos que no han elegido, ni presidentes ni diputados, entran en la categoría peyorativa que se les endilga de “partidos taxi”, por el alquiler que se hace de ellos para que algunas personas puedan aspirar a los puestos de elección popular, sin ninguna propuesta programática, teórica política o ideológica, y muchos de estos sin una visión clara, ni conocimiento de la estructura institucional de Estado y la sociedad costarricense.

La ausencia de partidos políticos se muestra también en la ausencia de locales, de establecimientos partidarios, en la capital del país, en las capitales de provincia y en las cabeceras de cantones. Esto hace que los “partidos taxi” ni siquiera tengan un “garaje taxi”, son “partidos de la calle” y “partidos en la calle” … Los “de la calle” porque están allí en el espacio público permanentemente, como habitantes permanentes o transitorios. Los que están “en la calle” porque están en condición casi de indigentes políticos, sin domicilio fijo…

Estas características hacen del proceso político un proceso político desabrido, incoloro, insaboro, inodoro…

A los partidos que están inscritos en la papeleta electoral no se les puede clasificar por tradiciones políticas de carácter teórico político o ideológico. Ninguno de los partidos se define y se presenta ante el electorado como el partido de la izquierda o de la derecha, del progresismo o del conservadurismo, ni siquiera los que han tenido el vestido de la socialdemocracia o el socialcristianismo así se presentan. No hay uno solo que se presente como el partido anticapitalista o el prosocialista, proponiendo cambiar de sistema capitalista por el socialista.

Solo el ignorante político, del animal que habita Zapote, el Jaguar, acusa constantemente a un partido de la papeleta como “comunista”, desconociendo que el Partido Comunista de Costa Rica, que existe desde 1931, se llama Vanguardia Popular y no participa en elecciones prácticamente desde el 2006, desconociendo también que los partidos comunistas en la mayoría de los países capitalistas, donde existían antes de 1991, hoy no son fuerzas políticas determinantes, como lo fueron en algunos de ellos. Pero, usa esa campaña “anticomunista”, para endilgar, para endosar la imagen y el peso que ese concepto tenía antes de 1991, en el período de la Guerra Fría.

Hoy el comunismo no es un “coco” con el que se pueda asustar a mucha gente, solo a ignorantes, a retrasados mentales políticamente o a analfabetos políticos por desuso. Pero, en una sociedad de amplia pobreza, el rugido panfletario del Jaguar puede “pegar” en algunos sectores atrasados de la sociedad costarricense, empobrecidos, marginados de los apoyos históricos estatales, de regiones del país que igualmente sufrieron ese abandono institucional, social y económico, donde este tipo de discurso todavía puede asustar a algunos, y que en su “susto” emocionalmente los preparan para “asaltar” el Estado y su institucionalidad, para hacerlos aliados, por su ignorancia, de la destrucción del Estado Social y Benefactor, que hemos construido desde 1943, para llevarlos a mayores niveles de empobrecimiento y embrutecimiento político, a ampliarles su embrutecimiento cultural general, a fortalecerles su ignorancia histórica y cívica básica para facilitar su mayor y mejor explotación social y económica, y para orientarlos a defender un Estado de Fuerza Bruta, un Estado Autoritario, de características Dictatoriales Despóticas y Tiránicas, como las que se impulsan desde Zapote, y como las que se pretenden continuar con el partido Pueblo Soberano, para de esa manera atraerlos a las aguas del autoritarismo político, de la autocracia política que se quiere imponer, como pasos previos de formas dictatoriales o tiránicas que las tienen en marcha. El presidente Chaves constantemente asusta con eso, especialmente cuando anuncia que le quieren dar un golpe de estado, que no le permitirán terminar su gobierno, cuando insinúa que se quiere alterar el proceso electoral, cuando afirma constantemente que se requiere un gobernante de mano dura, que se “compre todas las broncas” para poner orden y para gobernar por el pueblo que ha sido burlado por todos los anteriores gobiernos

El tema central que se está debatiendo en el proceso electoral en el país, sin que se tenga plena conciencia de ello, es si avanzamos hacia el Autoritarismo o fortalecemos la Democracia. Este es el dilema electoral principal.

El Chavismo, el jaguarismo, los seguidores del Presidente, y quienes lo representan en las elecciones, anunciando su continuidad en la Guarida Presidencial del Zapote, como el principal Ministro de Estado y quizá como su principal vocero político, en caso de ganar las elecciones, eso es lo que están proponiendo: el total desmantelamiento institucional del Estado, la venta de las instituciones estatales que aún quedan, acabar con el sistema de educación público, imponer las jornadas de trabajo esclavistas de 12 horas diarias, cerrar totalmente los colegios nocturnos, aniquilar el INA en su función pública, agudizar el empobrecimiento de la gente y los trabajadores, aniquilar las instituciones públicas de salud, especialmente la CCSS y sus EBAIS, reducir el salario mínimo del país en dos terceras partes para igualarlo a las condiciones de los salarios mínimos más bajos de toda Latinoamérica, como lo ha dicho la vocera parlamentaria de los jaguares, la Chismeros; para continuar eliminando los subsidios sociales a los sectores más pobres y necesitados de ayudas sociales, eliminando lo que queda de ayudas estudiantiles, reduciendo los recursos económicos a las universidades públicas, lo que ya empezaron en el presupuesto nacional del próximo año; para cobrar por vivir en la ciudad, como ya lo están haciendo en todas partes, fijando espacios por doquier, como son los parqueos de calle, por los que hay que pagar casi las 24 horas, para encarecer más la vida de los ciudadanos y los trabajadores, para mantener congelados los salarios, las pensiones y los ingresos laborales de los trabajadores y las personas, para entregar todas las riquezas naturales del país a sectores principalmente transnacionales, a la tala indiscriminada de bosques por sus maderas o por las riqueza que hay debajo de ellas, al fortalecimiento de marinas para los negocios del narcotráfico incrustado gravemente en la alta institucionalidad nacional y sus principales dirigentes…Estos son los cantos de sirenas que sin descifrarlos correctamente engatusan a una buena parte del electorado.

Esto es lo que está en juego, más democracia o menos democracia, Democracia o Tiranía, Democracia o Dictadura, Democracia o Autoritarismo, Democracia o Autocracia, Democracia o Despotismo.

Quedan dos meses y medio para escoger el camino del futuro inmediato.

No hay peor ciego político que el que no quiere ver cómo se está desarrollando el panorama político nacional.

Compartido con SURCOS por el autor.

En la encrucijada electoral de estos días

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Mientras no haya elección no hay ganador. Este es el hecho. La encuesta que vale, que es la definitiva, es la de la votación del primer domingo de febrero.

A los efectos de la elección de diputados es contundente. Lo que allí se decida así se queda, así se integrará la Asamblea Legislativa con sus 57 diputados, que serán de varios partidos. No se puede predecir en este momento, con ninguna encuesta de la guerra que entre las que se publican, cuál podrá ser la probable integración de los diputados y cuáles serán los partidos que los elijan.

No hay condiciones objetivas ni subjetivas para determinar cuál será el partido que elija más diputados. La historia electoral del país indica que nadie ha pasado de los 33 diputados. La historia parlamentaria señala que la Asamblea es multipartidista, y que debido a las divisiones o salidas que tienen algunos partidos que eligen diputados, la Asamblea Legislativa llega a tener de hecho hasta 12 grupos parlamentarios.

Para las elecciones del 2026 visualizo que la Asamblea Legislativa no tendrá muchos partidos, pero sí será de un número muy parecido de legisladores entre ellos, sin que parezca que ninguno pase de los 20 diputados. De los partidos existentes tienen posibilidad de elegir nuevos diputados Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, el Frente Amplio. De estos el que puede aumentar es el Frente Amplio por el buen desempeño y trabajo que han realizado sus seis diputados, y por el atractivo que puede significarle el llevar a José María Villalta de nuevo a la Asamblea Legislativa. Los otros dos partidos los veo, en este momento, disminuyendo sus diputados. En caso extremo estos tres partidos podrían repartirse entre 30 y 40 diputados.

Actualmente seis partidos se distribuyen los 57 diputados, cuando participaron en las elecciones pasadas, del 2022, veinticinco partidos presidenciales y hasta 28 provinciales. Para las próximas elecciones hay cinco partidos menos, lo que permitirá concentrar mejor las decisiones para las diputaciones, pero en el tablero electoral se establecen dificultades y facilidades en las provincias que reducen sus diputados y en las que las aumentan, porque eso obliga tener más votos para elegir en una y un poco menos en otras, lo que dependerá del conocimiento que se tenga de los candidatos y de la propaganda positiva que se pueda hacer alrededor de ellos. Por ahora los tiros disparan solo a las cabezas de los candidatos presidenciales.

No hay absolutamente nada, en este momento, ni en este gobierno, que indique que el partido oficialista, el que impulsa el presidente Chaves, pueda siquiera superar el número de diputados que Liberación Nacional ha electo en los últimos tres gobiernos. La campaña política del partido de continuismo político del actual gobierno gira únicamente alrededor de su improvisada candidata presidencial.

Los diputados se eligen de forma separada y por provincias. No se tiene claro cuáles son sus candidatos. Algunos de ellos por sinvergüenzas, tienen la publicidad de ser abogados de narcotraficantes y de deber millones de colones a la Seguridad Social. Esa es su mejor carta de presentación.

El partido que llevó a Rodrigo Chaves que eligió 10 diputados, se quedó con una sola diputada, la presidenta de ese partido, que también es candidata presidencial para febrero. Su labor parlamentaria no se ha sentido. La de sus compañeros diputados, como buenas veletas, gravitaron fuera de ese partido, se adhirieron al gobierno como diputados oficiales, rodriguistas y chavistas, y ahora fernandistas, después de pasar por otras posibilidades electorales. Como conjunto estos diputados no aportan nada legislativo al partido que los eligió ni al partido que están apoyando.

La campaña para elegir diputados gira principalmente por el apoyo que al interior de las provincias puedan tener esos candidatos, apoyo que deriva de su arraigo en esas provincias, de sus vínculos con grupos de esas comunidades, con la organización partidaria que puedan tener en las distintas localidades de los diversos cantones y distritos.

El partido oficialista pareciera no tener nada. Ni siquiera inscribió, según se dice, miembros de mesa en las seis mil mesas que tendrán electores. Es claro que al no inscribir miembros de mesa no tendrán supervisores en el conteo de votos y eso les dará aliento, como ya lo está haciendo el presidente Chaves, para decir que les hicieron un fraude electoral, hacer un escándalo e invocar un llamado internacional en su favor, todo en el marco del autogolpe de estado que prepara el presidente Chaves.

Por ahora no estoy viendo nada de buen resultado para el partido oficialista en el sueño de opio que ellos tienen de llegar a sacar 38, 40 y hasta 45 diputados como lo sueñan. Tampoco en el buen resultado que sus encuestas pagadas le auguran a su candidata.

Además, en cuanto al oficialismo es claro que la gente ya está desilusionada del animal de Zapote, que solo para Circo sirve. Los públicos que voluntariamente asisten en actos políticos y celebraciones públicas, sin que les paguen sin que los lleven en autobuses y sin que les den almuerzos, lo hacen sin temor, y retan con sus oposiciones verbales al maullido más que rugido del jaguar, le gritan con todo derecho político, constitucional y ciudadano, que no sirve para gobernar, que ya están hartos de sus mentiras, sus insultos, sus faltas de respeto, sus amenazas, a las que le han perdido el miedo.

A los efectos de la elección presidencial desde que se llegó a la segunda ronda electoral en las elecciones del 2002, 2014, 2018 y 2022, la posibilidad de una segunda ronda siempre existe. En este momento la están alimentando. En general todos los sectores y analistas apuntan y apuestan a ella. Eso puede ser cierto.

El escenario de la segunda ronda lo hacen girar alrededor de la candidata del presidente como una finalista, no como la ganadora de la primera ronda de febrero. Quienes así lo plantean discuten con quien podrá ser la segunda ronda, si con Claudia o con Claudio, si con Ariel o Juan Carlos, si con Ramos o con Zamora…eso es lo de menos.

Lo esencial para el animal de Zapote es que apuesta a su candidata, que ya le ha ofrecido continuar cogobernando, y gobernando más, desde el Ministerio de la Presidencia, que en febrero cumplirá un año sin Ministro, y con un presidente que si no ha sabido llevar la riendas del Poder Ejecutivo, desde el solio presidencial, menos lo podrá llevar desde del Ministerio de la Presidencia, que tiene que lidiar con todos los actores de los sectores políticos, económicos y sociales del país con los cuales no ha podido dialogar, porque dinamitó los puentes del diálogo nacional, lo que evidenciará su tendencia autoritarista, dictatorial, tiránica, militarista, represiva, que es realmente lo que quiere establecer con su marioneta presidencial. Todo esto en el supuesto que esa candidata llegue como aspirante presidencial a la segunda ronda.

El resto del país, en este hipotético caso, tendría que hacer un gran esfuerzo político, de voluntad política, sin prejuicio alguno, de todos los partidos distantes del continuismo y del mal gobierno, para votar por quien esté en esa posición de disputa.

Si esto sucediera, en ambos partidos políticos finalistas, se establecería, a mi manera de ver, la obligación política de anunciar sus posibles ministros, su posible gabinete de gobierno. En el caso alterno frente al oficialismo por la simple razón de que se pueda apreciar la calidad de coalición fáctica que se haría hacia un Gobierno de Unidad Nacional para salir del atascadero al que Rodrigo Chaves ha llevado al país.

Para el presidente Chaves es necesario que su candidata termine de finalista en febrero, porque eso le permite continuar en la presidencia hasta el primer domingo de abril, para no tener que salir “huyendo” del país, por las acusaciones y procesos penales que le investigan, y que sin inmunidad del cargo, le pueden detener, procesar y hasta encarcelar.

En el supuesto caso de que en la segunda ronda, su candidata pierda la presidencia, me atrevo a afirmar que el presidente ya tiene todo planeado para “ausentarse del país”, con algún pretexto oficial, para no entregar él la Banda Presidencial, que en su nombre lo haga la vicepresidenta a cargo, y así poder esfumarse del país a Letonia, Portugal o algún otro país donde ya esté físicamente arraigado…o algún país donde no haya extradición firmada con Costa Rica.

Compartido con SURCOS por el autor.

Los fiscales de las mesas electorales de Pueblo Soberano

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

El proceso electoral de Costa Rica tiene la fortaleza política, cívica, ciudadana, de que descansa en toda su organización en la potestad del Tribunal Supremo de Elecciones, que despolitiza la administración del proceso en general, en tanto el Tribunal Supremo de Elecciones, con su rango y estatus de Poder Público, es independiente de los otros poderes, especialmente del control del Poder Ejecutivo, tiene establecido por la Constitución Política y la legislación electoral la exclusividad, independencia, indelegabilidad de sus funciones y la imposibilidad de que sus funciones puedan ser subrogada por los otros poderes públicos.

Además, la organización final de las elecciones, desde que se entregan las tulas, los bolsos con toda la papelería electoral, a los miembros civiles de cada mesa de votación, hasta que terminado el conteo de los votos, y recogida de nuevo la tula con los resultados, todo en manos de los miembros de esas mesas, que han sido propuestos por los partidos políticos participantes, que inscribieron fiscales miembros de mesa, con las respectivas actas del resultado, con copia a cada uno de los miembros presentes en la mesa de recepción de votos, no solo se valida el proceso de votación, sino que se consolida en su resultado general que es aceptado técnicamente de inmediato. Aún así, se puede cuestionar el resultado de la revisión de papeletas, por si alguna se interpretó mal en la emisión del voto que representa, especialmente aquellas que son anuladas o votadas en blanco, con tal de revisarlas y si es del caso de rescatar esos votos. Puede suceder, igualmente que al revisar la votación se anulen votos de los emitidos, porque se encuentra una situación que permita anularlo.

Ejemplo de esto fue la elección del 2006, cuando en la Provincia de Limón, el Partido Acción Ciudadana, que no había presentado miembros de mesa, argumentó que podía haberse producido “algún fraude” en esas mesas, en virtud de que el resultado de las elecciones había sido, con una escasa votación, de 11.000 a favor de Oscar Arias. Pidieron revisión de las votaciones en toda la Provincia de Limón. Ante esa petición, Liberación Nacional se sumó para la revisión de los resultados, pidiendo que se contara todas las papeletas. Revisadas todas las provincias, Liberación Nacional pasó a 18.000 votos de diferencia.

Como se puede apreciar la presencia de los miembros de mesa puede ser muy importante para definir la cuenta final y definitiva de los resultados electorales, sobre todo que para los efectos de resultado se toma provisionalmente el resultado que informan los miembros de mesa. Si no hay cuestionamientos de revisión, se dan por válidos los resultados. No es fácil para los partidos políticos presentar fiscales y miembros de mesa en todas las mesas electorales del país. Los que tienen cierta ventaja, por su experiencia en elecciones, son los partidos que han participado en elecciones anteriores y tienen sus bases electorales, y su pueblo electoral fiel.

Para el proceso electoral próximo de febrero, se ha dicho que el Partido Pueblo Soberano no presentó miembros o fiscales de mesa, lo que resulta extraño, ya que en las elecciones municipales pasadas, los partidos que representaban al Gobierno, por su identificación con el presidente Chaves, al tercer partido en importancia, después de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, en número de miembros de mesa. Más de 3000 presentaron, lo que les daba un alto nivel de control del resultado electoral.

¿Por qué su importancia? Supongamos, que en una mesa electoral solo hay dos representantes de dos partidos. Podrían ponerse de acuerdo en “anular” votos, o, en caso extremo, más delicado y peligroso penalmente, introducir votos, “haciendo votar” a los electores que no se presentaron a emitir sus votos. Ese es el quid.

Los partidos que del todo no presentan miembros de mesa, antes del 2006, quedaba expuestos a estas situaciones. A partir de entonces, el Tribunal de Supremo de Elecciones, empezó a contratar personas, para que actuaran como Fiscales Auxiliares de las mesas de votación para colaborar con la cuenta de los resultados y garantizar de esa manera el resultado nítido de la voluntad popular expresado en urnas.

Para las próximas elecciones, cuando el Partido Pueblo Soberano, como se ha dicho, “informalmente”, no ha presentado fiscales ni miembros de mesa, ¿qué interpretación podemos hacer? Simple y sencilla: están apostando a una derrota contundente, que impugnarían en sus resultados finales, argumentando fraude electoral, como ha venido sosteniendo el Presidente Chaves que el Tribunal Supremo Electoral pretende hacer en su contra, lo que ha llamado un “golpe de estado” en su contra, y en contra de los partidos que se representan con la necesidad de continuar su gobierno, para lo cual convoca constantemente a los ciudadanos en su favor, en su apoyo y en contra del “golpe de estado que le pretenden dar”. Esta es la clave de esta situación cuando en las elecciones municipales pudieron presentar una enorme cantidad de miembros de mesa.

En otro escenario, fatal para Pueblo Soberano, es que no tienen ninguna organización partidaria en capacidad de presentar miembros de mesa en todas las Juntas Electorales y sus mesas de votación, lo cual sería la razón fundamental de su posible derrota, desde el punto de vista organizativo y partidario, porque no se pueden pagar a razón de ¢10.000 (diez mil colones), con sus respectivas comidas en el día de votaciones para casi 6000 miembros de mesa, para cubrirlas todas, lo que equivaldría a 60 millones de colones, solo ese día, como les pagan a las personas que movilizan como acompañantes del presidente Chaves e sus gira cantonales, regionales o en las movilizaciones que intentan en San José, cuando así los convocan.

Toda esta fanfarria política se acompaña con la propaganda internacional que el presidente Chaves está montando, alrededor suyo, del “posible golpe de estado”, como quisieron hacer con el diputado Díaz Balart, del partido Republicano de Estados Unidos que públicamente hizo circular una “convocatoria” de la Embajadora de Costa Rica en Washington, para que le rindiera cuentas de las “amenazas” que había en Costa Rica contra el proceso electoral y contra el Presidente Chaves, cuando por iniciativa del Tribunal Supremo de Elecciones, por denuncias de ciudadanos acusándolo de “beligerancia”, era convocado a la Asamblea legislativa, para conocer de esa situación y si correspondía constitucional y legalmente quitarle su fuero para someterlo, en instancias judiciales, la electoral es una de ellas, a su investigación.

El único interesado en un “golpe de estado” es el mismo presidente, impulsando un “autogolpe de estado”, impulsando una situación de inseguridad nacional, como lo está haciendo, inseguridad “institucional”, con todas las críticas y ataques que hace constantemente a los supremos poderes del Estado, a diferentes instituciones públicas, a los diputados y sus partidos, para que los ciudadano pierdan “su confianza” en toda la institucionalidad y así provocar, de ser posible, antes de las elecciones un estado de incertidumbre, de inseguridad agravándolo con la violencia e inseguridad ciudadana que se vive y que se estimula desde el gobierno, para tratar de provocar un “estado de excepción”, que le permitiera suspender garantías constitucionales, que le permitiera “suspender” hasta el mismo procesa electoral, manteniéndose de esa forma en el gobierno, por la fuerza, procurando crear un clima que le permitiera convocar a un nuevo proceso electoral varios meses después, sin “estorbos” políticos, por la represión que desataría o por los mecanismos que establecería para garantizar su “posible continuación gubernativa”. Los grupos armados que tiene en las regiones norteñas del país serían sus “brigadas” defensoras de la “institucionalidad y del presidente Chaves”, como los principales líderes de esos movimientos armados, constantemente expresan.

Este es el peligroso camino que están construyendo, desde la ausencia de los miembros de mesas y fiscales de votación en Pueblo Soberano y en la cúpula superior del Gobierno de Rodrigo Chaves Robles.

Si es cierto que no presentaron miembros de mesas para todas las juntas electorales y sus mesas de votación, es porque no tienen organización partidaria capaz de existir en todo el territorio nacional, mostrando se evidente debilidad político-organizativa, que las encuestas no muestran por ahora, porque se enfocan solo en las candidaturas de las personas. Pero, esas personas, en esas encuestas amañadas por la propaganda y por la pre-escogencia de visibilidad que les dan a algunos candidatos, se toparán con la encuesta real, válida, que es la del primer domingo en urnas.

La crisis de la socialdemocracia: entre la irrelevancia y el olvido

Escrito en . Publicado en Análisis.

Mauricio Ramírez

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

La socialdemocracia, alguna vez presentada como síntesis entre el marxismo y la democracia liberal, como esa “tercera vía” que prometía un camino intermedio, ha quedado atrapada en un laberinto sin salida desde la proclamación del supuesto “fin de la historia” de 1991. En aquel momento, fue absorbida por el totalitarismo liberal ganador de la Guerra Fría que, disfrazado de pluralismo y falsa horizontalidad, la despojó de su núcleo original: la defensa de las grandes mayorías trabajadoras, campesinas, cooperativistas y de los sectores populares.

De aquel proyecto que aspiraba a constituirse en alternativa real frente al capitalismo salvaje, apenas subsiste una sombra. La socialdemocracia se desplazó hacia un progresismo cultural que, en lugar de reforzar la base social y económica de los pueblos, se volcó a la defensa de agendas propias del liberalismo individualista: la fragmentación de derechos en torno a minorías culturales, la mercantilización del consumo como identidad y una política reducida a gestos y banderas simbólicas. En lo económico, mutó en una versión moderada del neoliberalismo, legitimando la apertura indiscriminada de mercados, la subordinación al capital transnacional y la lógica devastadora de la globalización occidental.

La fórmula tantas veces repetida “abiertos en lo económico y progresistas en lo social”, no es más que un disfraz del neoliberalismo más acérrimo. Se ofrece con un rostro amable, igualitario y moderno, pero en la práctica reproduce la misma concentración de poder en las élites económicas y políticas de siempre, mientras concede migajas de justicia cultural que maquillan la desigualdad estructural.

Sin un retorno a las raíces, a la tradición y a un mestizaje ideológico con lo propio, con la memoria histórica, las formas comunitarias, las identidades populares y los valores autóctonos, como existió en Costa Rica en su momento, la socialdemocracia está condenada a la muerte política. Su alejamiento de los pueblos y la adopción de agendas ajenas a su realidad en nombre del falso progreso, la arrastra a un vacío existencial donde solo prospera el nihilismo: un discurso hueco de inclusión sin sustancia, una socialdemocracia zombi, un progresismo incapaz de transformar, y una economía que perpetúa las cadenas del capital.

Una ideología que no logra arraigarse en la historia concreta de los pueblos, que no dialoga con la tradición ni se mezcla con lo propio, termina por perder vitalidad y horizonte. La socialdemocracia, en su versión actual, ha dejado de ser alternativa para convertirse en mera administradora del mismo sistema que afirmaba combatir. Si no ocurre un retorno a las raíces y una reconciliación con las verdaderas demandas de las mayorías, su destino será la irrelevancia y el olvido.

El capital, mientras tanto, ha sabido estudiar a fondo a sus adversarios históricos y extraer de ellos lecciones para neutralizarlos, incorporando parte de sus banderas como medidas preventivas y desarmando así cualquier posibilidad de cambio real.

Hoy, esta corriente que en su momento fue rebelde debe ir más allá y dejar de creer que con publicar algo en redes sociales o participar en un acto performativo es “hacer resistencia”, mientras la vida material del pueblo se deteriora en todos los aspectos.

La verdadera resistencia no se construye en la virtualidad ni en gestos simbólicos de una curul, sino en la organización concreta, en la recuperación de la soberanía política y económica, y en la reconstrucción de un proyecto arraigado en la memoria del pueblo. Sin ese salto cualitativo, la socialdemocracia seguirá siendo un actor ornamental del sistema que dice cuestionar, destinada a diluirse entre la irrelevancia y el olvido.

Costa Rica y la crisis de sus partidos políticos: entre taxis, vicios y personalismos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

JoséSo (José Solano-Saborío)

La democracia costarricense atraviesa una crisis silenciosa pero profunda: la del sistema de partidos. Lo que durante décadas fue el pilar de nuestra institucionalidad —estructuras partidarias sólidas, con ideología, cuadros formados y programas claros— hoy se ve sustituido por dos fenómenos preocupantes:

Primero, la proliferación de “partidos taxi”: vehículos creados para llevar a una persona al poder y luego desaparecer.

Segundo, la degradación de los partidos tradicionales, que han perdido su vocación programática y se han convertido en maquinarias electorales sin renovación real.

Viejos políticos, nuevos taxis

En los últimos tres procesos electorales, Costa Rica ha visto cómo candidatos sin el respaldo de las estructuras históricas han llegado a la presidencia: Luis Guillermo Solís (2014), Carlos Alvarado (2018) y Rodrigo Chaves (2022). Ninguno era favorito en las encuestas iniciales, y todos capitalizaron el desgaste del PLN, PUSC y PAC.

Este fenómeno ha abierto la puerta a figuras que, en lugar de fortalecer partidos, los usan como plataformas desechables. El Partido Progreso Social Democrático, que llevó a Chaves al poder, es un ejemplo citado por analistas como un “partido taxi”.

Los vicios que no mueren

El PLN, el más longevo de los tradicionales, arrastra décadas de cuestionamientos éticos y escándalos internos. El PPSO, el más novel y señalado como vehículo del oficialismo afín al chavismo, ya acumula denuncias por prácticas poco transparentes, vínculos con operadores digitales pagados desde Casa Presidencial y designaciones cuestionadas.

Paradójicamente, ambos extremos —el histórico y el emergente— comparten males similares: imposiciones internas que sus críticos califican de antidemocráticas, y el respaldo a proyectos de ley que han generado rechazo social, como las Jornadas 4×3, percibidas por sindicatos como un retroceso en derechos laborales. A esto se suma la inacción o el bloqueo de reformas clave en seguridad pública, como los allanamientos 24/7 o la incautación expedita de capitales ilícitos. Y, como cereza del pastel, en los últimos días, diputados del gobierno y del PLN entierran proyecto de ley para regular ‘lobby’ y ‘puertas giratorias’ a pesar de que la OCDE llamó la atención a Costa Rica por la falta de regulación del ‘lobby’; grupo de eventos y similitudes entre dos partidos, se supone, antagónicos que levantan suspicacias hasta del más inocente ciudadano.

El espejismo del liderazgo individual

La política costarricense se ha deslizado hacia el personalismo. La narrativa gira en torno a la figura del líder, no a la solidez de su equipo o la coherencia de su plan de gobierno. Esto ha tenido consecuencias visibles:

– Administraciones que llegan con un círculo reducido de confianza, sin cuadros técnicos suficientes para ejecutar políticas públicas.

– Falencias en áreas críticas como seguridad, infraestructura y educación, que se repiten gobierno tras gobierno.

– La “paradoja de la popularidad”: presidentes con altos índices de aprobación, pero con resultados pobres en los problemas estructurales del país.

Recuperar la política como proyecto colectivo

El artículo 98 de la Constitución Política establece que los partidos son instrumentos esenciales para la participación ciudadana. Sin embargo, si estos se reducen a cascarones vacíos o a taxis electorales, la democracia pierde su capacidad de articular intereses y garantizar gobernabilidad.

Costa Rica necesita partidos que vuelvan a formar cuadros, que construyan programas a largo plazo y que prioricen el trabajo en equipo sobre el culto a la personalidad. La historia reciente demuestra que, sin equipos sólidos, incluso los líderes más carismáticos terminan atrapados en la inercia de un Estado que no cambia.

Recuperar un rumbo perdido

Escrito en . Publicado en Análisis.

Gilberto Lopes
San José, 25 de julio del 2025

Busquemos un punto de partida, un inicio de camino: desde mi punto de vista, más que la abolición del ejército, de consecuencias mucho más radicales para el país fue la nacionalización de los depósitos bancarios. Por algo fue también por ahí donde empezó el ataque al sector público.

Esa pelea formidable, ese debate político en el que se construía una forma de nación, se perdió. Derrota nunca más evidente que cuando el director de La Nación se transformó en ministro y embajador de quien, desde adentro, minaba las bases del mundo que construyó Figueres. Un día dijo Figueres que le quedaba pendiente la tarea de quemar La Nación. Era, naturalmente, una alegoría. Era una forma de reconocer lo mucho que el periódico representaba contra las ideas por las que él había luchado.

Hoy hablan de los peligros que corre la democracia en Costa Rica. Es una visión corta, en mi opinión. Los peligros son antiguos. Ninguno contribuyó más a eso que el líder más lúcido de ese proyecto desquiciador. En beneficio propio, manoseó la constitución, el Poder Legislativo, el Judicial. ¿Para qué? Para aprobar un proyecto desarticulador del sector productivo nacional, para avanzar en la privatización de las telecomunicaciones y echar a andar, de manera lesiva para los intereses nacionales, la privatización de las obras públicas. El ejemplo de lo que ocurre con la ruta 27 a Caldera nos recuerda, todos los días, los perversos mecanismos encargados de desmontar una capacidad pública eficiente, para transformarla en un negocio privado, a costa de los costarricenses.

¿Cómo sorprendernos del desencanto con la democracia?

¿Ningún daño ha hecho a nuestra institucionalidad el manoseo de los tres poderes para satisfacer ambiciones personales desmedidas? Ese tipo de acciones son como echar un químico corrosivo en los engranajes que mueven la historia. Los va trabando, corroyendo. Lo modosito de las propuestas, los BMW y los Mercedes ofrecidos, son solo humo de paja, hipocresía que la brutalidad del “memorando del miedo” desnuda.

Hay quienes piensan que todo eso es cosa vieja. Del pasado. Y no se explican cómo hemos podido llegar tan lejos y tan hondo, ni a esa lógica que, después de un Alvarado, entrega el país a un Chaves. Aparece uno, vivo, que toca los puntos sensibles, los más vulnerables. El primero, esa cúpula ambiciosa, de visión corta, insaciable. Luego los otros poderes, la prensa… Lo llaman –no sin algo de razón, en mi opinión– la “Red de Cuido”. La manera chabacana como lo dicen –además– encanta a muchos.

Asaltan el Estado gentes sin antecedentes políticos alguno. Sin historial, ni capacidades. Sin propuestas ancladas en lo mejor de la historia nacional. Pero con estilo. Para un sector importante del electorado, es suficiente el dedo apuntado a los responsables de la demolición hecha en los últimos 50 años. De la que ellos mismos son acabados representantes.

Nos toca recuperar un rumbo perdido

Nos toca recuperar un rumbo perdido. No es volver atrás. Es avanzar sobre las bases que hicieron de Costa Rica una excepción, las mismas que, desde hace casi 50 años, han venido demoliendo sistemáticamente. Bases tan sólidas que, pese a todo, no han podido ser demolidas del todo. Algo queda, inclusive en la memoria de los costarricenses.

No se trata de gritos sobre una democracia en peligro. Ese peligro, como hemos visto, viene de larga data. Hace falta la defensa de lo público. En vez de terminar de deshacer el ICE, de vender el BCR, de avanzar en la privatización de la salud, de la educación, en la destrucción de la CCSS, sería prudente reconstruir los fundamentos que hicieron posible que el país creciera con imaginación, sobre la base de recursos propios, sin perder de vista los derechos de las mayorías. Sin renunciar a un lugar en el escenario internacional. Pero no un lugar subalterno, mediocre (como una “zona franca”, sugieren algunos). Participar con lo nuestro. Llevar nuestra banca a los mercados internacionales. El ICE a Centroamérica y más allá; ¿por qué no? en vez de destruirlo. Me parece que es lo que tiene sentido.

Un programa para el 2026 que llene de aire nuevo, de lucidez, una pelea en la que se juega una forma de construcción del país.

Asientos cada vez más incómodos

No hemos ido por ese camino. Permítanme ilustrar la idea con un ejemplo. Leí hace unos días un artículo con el curioso título “No son imaginaciones tuyas, el asiento de los aviones es cada vez más incómodo”, publicado en Xataka, por su editor, Miguel Jorge. Habla de la reducción del tamaño de los asientos en los aviones. De la historia de ese proceso, de su origen, de su lógica.

Antes de 1978, dice, “las aerolíneas en Estados Unidos funcionaban como servicios públicos regulados. Las tarifas, rutas y estándares básicos (incluidos el espacio entre asientos y el trato al cliente) eran supervisados por el gobierno federal. Los billetes eran más caros que hoy, pero incluían servicios como equipaje facturado, comida y asientos con dimensiones acordes al cuerpo humano medio”.

Pero el escenario cambió de forma drástica con la Airline Deregulation Act. “Una legislación que abrió el sector a la competencia en nombre del libre mercado”.

La promesa –agrega Jorge– “era que las tarifas caerían y el servicio mejoraría. En la práctica, tras una breve explosión de nuevas compañías, el mercado se consolidó rápidamente hasta el oligopolio actual: cuatro aerolíneas (American, Delta, United y Southwest) controlan el 80% del mercado estadounidense”.

En ese nuevo entorno de “libre competencia” la eficiencia operativa era la prioridad absoluta. La reducción del espacio disponible para cada pasajero era la herramienta clave para aumentar los márgenes de ganancia sin subir los precios.

“Esta reducción ha llegado a un punto crítico: estudios señalan que más de la mitad de los pasajeros ya no caben cómodamente en los asientos estándar”. El espacio entre asientos, que los años 80 del siglo pasado era de 90 cm en media, se redujo a 80 en aerolíneas regulares y a 70 en las low cost, mientras el ancho de los asientos se reducía 5cm.

En Europa la pérdida progresiva de espacio, servicios y comodidad a bordo, comenzó un poco más tarde, en la década de 1990, dice Jorge. Su detonante regulatorio fue la liberalización aérea europea, que se desarrolló entre 1987 y 1997. “El punto de inflexión más claro fue el llamado Tercer Paquete de Liberalización (1992-1997), que culminó en la creación del cielo único europeo, permitiendo que cualquier aerolínea de la UE operara libremente dentro del espacio comunitario sin restricciones de rutas ni tarifas”.

La reducción del tamaño de los asientos, concluye Jorge, no es una anomalía puntual, sino una manifestación tangible del modelo económico implantado desde 1978, “un sistema que ha priorizado la eficiencia económica sobre la salud y la dignidad del pasajero”.

Ese proceso de reducción del espacio de los asientos es el mismo iniciado aquí con la privatización de los servicios, de los bancarios, de obra pública, de educación, de salud, de telecomunicaciones, siempre con la promesas de mayor competencia, de mejores servicios, de precios más bajos, el mismo engaño que hace que hoy una cantidad importante de personas ya no quepa cómodamente en el asiento del avión.

El proyecto 4×3

Nos prometen grandes beneficios con el proyecto 4×3: 12 horas de trabajo, cuatro días por tres de descanso. Aseguran que, beneficiadas las empresas, crecerán las inversiones y los trabajos mejor pagados. ¡Cómo iba a ocurrir al eliminar las regulaciones en el transporte de pasajeros en aviones!

Andrea Castro Tanzi, una mujer vinculada al mundo de los negocios, hace un notable análisis de las consecuencias de ese proyecto, en un artículo publicado en Delfino, el pasado 28 de junio. Explica como ni el carácter “voluntario” de la medida, ni los beneficios para la vida de los trabajadores funcionarán en la práctica. Entre esos “beneficios” se incluyen un mejor balance vida-trabajo, la reducción de estrés, una mayor satisfacción laboral y mejor salud mental y física. “¡Lindísimo!”, afirma Andrea Castro.

“Tengo que reconocer que este proyecto aporta altos beneficios económicos”, agrega. “Las empresas que la implementen obtienen reducción en costos laborales del 23% al 28%, promedio 25%”.

Pero –señala– esa evidencia se basa en días laborales de ocho horas. No de doce, como plantea este proyecto. “Una jornada de doce horas significa mínimo catorce fuera de casa, en un país donde el transporte público no es continuo ni eficiente, menos en zonas alejadas”.

Con estos horarios, muchas mujeres tendrían que trabajar hasta quince horas al día, por cuatro días seguidos, sin sumarle las horas de traslado. ¿Cuándo descansarían?, se pregunta.

No es difícil estimar que los resultados de este proyecto serán los mismos que los logrados con la desregulación de los servicios aéreos. En teoría, dice Castro, las empresas “podrían usar estas reducciones para bajar tarifas y ser más competitivas”. Pero “la evidencia sugiere que entre el 80% y el 90% de las reducciones de costos laborales lo que producen son mayores márgenes de ganancias”.

Además, estudios de la Cepal muestran que, en América Latina, reducciones agresivas de costos laborales generan empleos precarios y temporales, no necesariamente estables o dignos.

La conclusión es que “los grandes beneficios de esta Ley no parecen ser para quienes se sacrifican. Los empleados ganarían 23-28% menos en ingresos netos por eliminación de horas extras”.

“La CCSS también pierde: menos contribuciones y mayores costos de atención por deterioro físico y mental de jornadas extendidas. Si cada trabajador bajo este esquema aporta 25% menos, pero requiere más atención médica por los riesgos asociados a jornadas de 12 horas, la matemática no cuadra”.

“No puedo evitar preguntarme por qué quienes gobiernan y legislan están empeñados en aprobar una ley que afectará al 6% de la población, imponiendo jornadas prolongadas y reducciones salariales con repercusiones sobre miles de familias”, concluye.

Deportar a los nacionales

Me parece que pocas decisiones recientes revelan mejor la desorientación política que impera en el país. La Asamblea Legislativa aprobó en mayo pasado –de manera unánime– una reforma al artículo 32 de la Constitución que autoriza la deportación de ciudadanos nacionales en casos de narcotráfico y terrorismo.

Cerca de un mes después, el 24 de junio, aprobó –de nuevo por unanimidad– dispensar de trámite, evitar su discusión en comisión, el expediente 25.036, de “Reforma a la Ley de Extradición”. Se trataba de poner al día la ley, de acuerdo con la reforma constitucional aprobada un mes antes, luego aprobada también por unanimidad.

En realidad, se trata de una reforma con destinatario único: darle a Estados Unidos el derecho de intervenir en el funcionamiento de nuestro estado de derecho. A partir de entonces quedan los ciudadanos costarricenses a disposición de los tribunales y de los diversos órganos policiales de los Estados Unidos. Ellos decidirán de quienes les interesa solicitar la extradición, cuándo hacerlo, mientras aquí este gobierno (y otros, que vendrán) se sentirán encantados con esta nueva arma política ahora disponible.

¿Es la justicia norteamericana particularmente eficiente en la represión del crimen en su país? ¿Muestran algún avance en la represión a la delincuencia organizada? ¿Contribuye eso a fortalecer el sistema judicial costarricense? ¿Implica eso mayor justicia en el país? ¿Son Colombia, o México, países más seguros gracias a la posibilidad de extraditar a sus ciudadanos a Estados Unidos?

Me parece fácil responder con un “no” a todas esas preguntas. Pero aquí ni un solo diputado –¡ni uno solo! – se opuso a una ley que no resuelve ningún un problema. Y que, como veremos, provoca muchos otros.

No se trata de extradiciones solo por delitos comunes, sino también los políticos, pues no otra cosa es la calificación de “terrorista”, como nos recordaba Caitlin Johnstone, una periodista, ensayista, pintora, poeta, basada en Melbourne, Australia. “Terrorismo es solo una etiqueta que significa cualquier cosa que los países de Occidente necesiten”, afirma. Me parece que tiene bastante razón. Y aunque algunos digan que los tribunales costarricenses tendrán la última palabra en esa calificación, no me parece difícil suponer que la decisión, además de jurídica, será también política.

Un país no debe entregar a sus ciudadanos (aun los más miserables) a la justicia de otros países. Es su responsabilidad juzgarlos. Estados Unidos, desde luego, no lo hace. Y me parece una vergüenza que ni un solo dirigente político haya rechazado esa medida. ¡Nada refleja mejor la crisis política que vivimos!

Avanzar sobre las bases que hicieron de Costa Rica una excepción

El pasado 11 de julio el diario español El País publicó una entrevista con el político, diplomático y escritor francés Dominique de Villepin. Es un hombre de derecha, que se refería a los desafíos que enfrentan los países europeos. “Hemos visto crecer a los partidos extremistas”, afirmó, una polarización que provocó tensiones, “haciendo olvidar la realidad de unas políticas que no han sido ambiciosas ni fieles al espíritu republicano”.

¿Cuáles?, se preguntó el periodista. “Una clave es la degradación de los servicios públicos. La escuela, los hospitales y todo lo que formaba el sentimiento de protección”, afirmó.

Me parece que da en el clavo: ¡la degradación de los servicios públicos! Es la esencia del neoliberalismo: las privatizaciones.

Faltan pocos meses para las elecciones del año que viene y no aparecen alternativas. ¿No será posible conformar un grupo capaz de diputados cuyo objetivo sea revertir la degradación de los servicios públicos? ¿No tendríamos ahí una razón para votar con esperanza?

Naturalmente, no todo se podrá hacer a corto plazo, pero hay que reivindicar la idea, sembrar la esperanza.

¡No es demasiado tarde para intentarlo! Creo que vale la pena.

FIN

Llamamiento a la convergencia de las fuerzas democráticas y progresistas

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Roberto Salom E.

Comparto esta propuesta para consensuar y procurar un gran apoyo en la sociedad civil.

Una reflexión inicial sobre la crisis política

Costa Rica se caracterizó por una gran estabilidad política, después de la guerra civil de 1948, sobre todo con la constitución del bipartidismo.

Después de la guerra civil del 48 y hasta la consolidación del bipartidismo, se impulsaron y recrearon muchas reformas institucionales que complementaron las conquistas sociales de los años 40, cuyo régimen se plasmó en la Constituyente que dio paso a la Segunda República.

Sin embargo, como se dice, “en la virtud estuvo el pecado”, desde que se consolidó el sistema bipartidista empezó un declive en las políticas públicas que habían garantizado el progreso en la educación, la salud, la redistribución de la riqueza y la estabilidad democrática.

A partir de allí se inició un proceso, más o menos acelerado de ensanchamiento de la brecha social, al punto de que nuestro país llegó a ser, si no el más, uno de los más desiguales del subcontinente más desigual del mundo, cual es América Latina.

Por su parte, la prevalencia del bipartidismo se blindó con el sistema de financiación de los partidos políticos, hasta que, en el año 98 del pasado siglo XX se inició el declive de los dos partidos llamados tradicionales, cuando en las elecciones de ese año, aún cuando fueron ganadas por uno de esos partidos, disminuyeron sintomáticamente la suma de los votos que obtuvieron ambas agrupaciones políticas. Aunado a ello aumentó dramáticamente el abstencionismo, al pasar del 18% promedio a más del 30%, sin haber bajado nunca más desde entonces.

La sociedad civil mostraba cierto hartazgo con las élites dominantes, evidenciado en el inicio de una progresiva proliferación de nuevas agrupaciones políticas, a la derecha y a la izquierda de los partidos tradicionales, que fueron capaces de disputar con más o menos éxito, el acceso al Poder Ejecutivo, forzando en varias ocasiones la segunda vuelta en algunos procesos electorales, en un sistema en el que alcanzar el 40% de la votación para obtener el triunfo electoral, en las condiciones prevalecientes hasta entonces, era una tarea menos difícil que en otros países, en los que el triunfo electoral se obtiene con el 50% de los votos.

Esta tendencia a la proliferación de partidos políticos, producto del descontento con las élites en el poder, se agudizó después de dos gobiernos sucesivos de un partido alternativo, al que el elector le volvió la espalda en las elecciones del 2022.

En ese último año las elecciones las ganó, de nuevo en segunda vuelta, un partido que adoptó como candidato a la presidencia a un exfuncionario de un organismo financiero internacional, que tenía treinta años de estar fuera del país y que había sido cooptado por el gobierno de Carlos Alvarado para administrar la hacienda pública, el cual finalmente fue cesado tras algunos meses de desempeño y de desencuentros con el Presidente.

Este exfuncionario internacional convertido ya en presidente de la República, la emprende contra todo el andamiaje institucional, esgrimiendo para ello una confrontación con quienes llama la “clase política tradicional corrupta”, procurando recrear su ascendiente sobre quienes llama “la gente de a pie”, haciendo gala de un lenguaje chabacano, soez y confrontativo en sus frecuentes intervenciones públicas, pese a la infertilidad de su gestión, producto de su desconocimiento de la institucionalidad, así como de la ausencia de una “carta de navegación” que oriente el rumbo del gobierno.

Pese a ello, su prestigio ha ido decayendo, pero no se ha desvanecido en caída libre en las encuestas de opinión más confiables, como resultado de que sus seguidores se atienen más al discurso que a los alcances de la obra de gobierno, y al hecho de que la oposición al gobierno se encuentra dispersa, sin liderazgo y sin voz a un año y cinco meses de las elecciones del primer domingo de febrero del 2026.

En consecuencia, con lo anterior, la situación actual, desde el punto de vista político, se puede caracterizar al menos por tres tendencias: 1) una crisis del sistema de partidos, evidenciada en su inestabilidad; 2) una situación anómica desde el punto de vista político; y 3) una orfandad política de las masas

Por su parte, el actual gobierno se ha erigido en una amenaza contra la institucionalidad democrática, atentando contra el sistema de frenos y contrapesos, en particular buscando controlar a la Asamblea Legislativa, arremetiendo contra la independencia del Poder Judicial y buscando afectar las potestades de control de la Contraloría General de la República; es decir, haciendo gala de un comportamiento autoritario, confrontativo y desestabilizador de la sociedad costarricense en su conjunto.

Hacia una convergencia democrática

Por lo anterior, es necesario, desde la efervescente sociedad civil, hacer un llamado a las fuerzas vivas, sociales y políticas, para emprender decididamente una convergencia de todas las fuerzas democráticas y progresistas.

Debe ser un agrupamiento plural en lo ideológico, con la condición que prevalezcan la tolerancia, el respeto y la amplitud de miras que las circunstancias exigen, para la construcción de un muro de defensa de la institucionalidad democrática, que a su vez sea la base para continuar la ruta por la senda de la paz y la justicia social, en procura de más solidaridad, mejor distribución de la riqueza, ética en la función pública, más democracia, en garantía de un avance hacia una sociedad de derechos.

Lo anterior pasa necesariamente, por garantizar el respeto y fortalecimiento, si es del caso, del sistema de frenos y contrapesos que la división de poderes exige en una democracia.

Ello constituye un requisito indispensable para ampliar la democracia y dar un combate decidido a la pobreza y la inequidad social, territorial, de género, y propiciar el avance en derechos ciudadanos, de manera que se garantice la inclusividad que a su vez permita continuar construyendo una sociedad en la que quepan todas las personas habitantes del territorio.

Hay que darle la importancia debida a la rendición de cuentas en todos los poderes públicos para combatir la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico, que favorece a muy pocos y perjudica a la mayoría, y que tiene un efecto profundamente desestabilizador de la sociedad y del sistema político.

También las agrupaciones políticas deben rendir cuentas de sus actuaciones, de manera que se garantice un régimen de partidos políticos accesible, democrático y respetuoso de la Constitución y las leyes de la República.

Debe revisarse el régimen de financiamiento de las agrupaciones políticas, para garantizar condiciones de equidad en la participación electoral, y evitar la intromisión en los partidos políticos de recursos financieros mal-habidos.

Es necesario fortalecer una legislación que regule el régimen de partidos políticos para garantizar la existencia de agrupaciones políticas estables, permanentes y participativas, verdaderamente comprometidas con sus planteamientos y propuestas, así como con el respeto a la Constitución y las leyes de la República.

Por otra parte, el Estado costarricense debe ser garante de condiciones mínimas de vida, más abajo de las cuales no viva nadie, así como de un régimen distributivo y tributario de naturaleza progresiva que procure la equidad en las condiciones de vida de toda la población.

Hoy día es necesario renovar las garantías de respeto absoluto al régimen de libertades públicas: libertad irrestricta de elección de las autoridades públicas, de expresión y de prensa, de movimiento dentro y hacia fuera del territorio, de asociación y el derecho a huelga y a la protesta.

Igualmente, debe enfatizarse de nuevo en el respeto a los valores patrios que articulan la nacionalidad y la identidad costarricense.

Frente al rezago educativo y otros problemas de la educación, deben darse verdaderas garantías de acceso al sistema y que la misma educación garantice a todas las personas estudiantes, una formación integral, humanista, de alto contenido científico y de respeto absoluto a los valores de la nacionalidad costarricense. De igual manera es imprescindible luchar también por respetar la Constitución de la República en forma estricta en lo conducente a las universidades públicas, para garantizar el régimen de autonomía especial por el que se rigen y consecuentemente, su seguridad financiera. Es imperativo que se respete la asignación del 8% del PIB, establecido por la Constitución Política para todo el sistema de educación pública.

De igual forma debe asegurarse el derecho a la salud a todas las personas que habitan el territorio nacional, y realizar un esfuerzo especial por saldar la deuda pública con la Caja Costarricense del Seguro Social, y vigilar permanentemente por la adecuada financiación de esta imprescindible institución.

Es necesario también garantizar el derecho de la ciudadanía y de todas las personas que habitan el territorio nacional a disfrutar de un ambiente sano, combatiendo las causas de la depredación del medio ambiente y comprometiéndose con el desarrollo sostenible y sustentable con la naturaleza y con la vida, que fortalezca la tradición de Costa Rica como un país verde, que abra el camino progresivamente a la sustitución del combustible fósil por energías limpias, buscando hacia el 2050 la carbono neutralidad.

En las actuales circunstancias y frente a las amenazas que se ciernen sobre la institucionalidad pública debe respetarse el régimen de autonomía de estas instituciones en todos sus alcances, de manera que se impida cualquier pretensión de imponerles desde afuera y arbitrariamente, políticas ajenas a sus fines y a su constitución.

Es necesario velar sobre la salud de las finanzas públicas, redoblando los esfuerzos por la adecuada recaudación de los impuestos, sobre la base de un régimen progresivo, de manera que la atención de la deuda pública no sofoque la financiación adecuada de las instituciones públicas.

Para garantizar la defensa del Estado Social de Derecho, así como las reivindicaciones sociales y políticas que respaldan esa iniciativa, debe consolidarse y estimularse la democracia participativa en comunidades e instituciones, procurando el avance de la ciudadanía en la conciencia sobre las responsabilidades y derechos que ello implica y para contribuir a vigilar la no intromisión del narcotráfico y el crimen organizado en la vida social y política de nuestro país.

Perú: El rostro de una dictadura fascista – reseña del Programa Alternativas

Escrito en . Publicado en Derechos.

Reseña del Programa Alternativas del 1 de marzo de 2024, sobre Perú: El rostro de una dictadura fascista. Se contó con un panel invitado con Gustavo Espinoza Montesinos, escritor, periodista y ex parlamentario. jefe de la edición peruana de Resumen Latinoamericano; Aída García Naranjo, educadora, artista, política y ex ministra de la Mujer; y Eduardo Cáceres Valdivia, Filósofo, escritor e investigador social.

El programa aborda la situación que se vive en Perú, donde no se vive en una democracia formal, por el contrario, se vive ante un régimen débil que puede transicional a uno autoritario, una dictadura. Según los panelistas, quienes abordan múltiples áreas temáticas principalmente la situación de crisis sistémica de gobernanza, la situación de las élites económicas además de otros temas que surgen en la discusión.

Una introducción a la realidad del Perú, quien vive en la actual coyuntura una situación de crisis desde hace 10 años, con un agotamiento de la dominación política del neoliberalismo, que se plasmaron como el régimen dominante desde la dictadura de Fujimori que dio paso a una democracia débil, que no busco solucionar los problemas heredados del régimen de Fujimori, especialmente las demandas sociales, más allá de ser juzgados los crímenes contra los derechos humanos, que favorecieron el deterioro social, con una crisis del régimen político, falta de legitimidad del poder político.

El fallido gobierno del expresidente Castillo del Perú, que no logró avanzar cambios sociales profundos, que culmina el 7 de diciembre del 2022, cuando se da un auto golpe institucional, para una nueva constituyente que genera la culminación de un golpe institucional desde el congreso en respuesta, creando una vacancia de poder ilegítima. Provocó una reacción popular fuerte en el centro y sur andino del Perú, una confluencia de diversos sectores para la toma pacífica de Lima, que fueron violentamente reprimidas, por el gobierno peruano que cuenta con pocos apoyos populares, pero si el apoyo de una coalición de poder entre empresarios, medios de comunicación y militares.

La situación actual de una crisis de régimen, donde la actual presidenta Dina Boluarte gobierna sin legitimidad con el apoyo de quienes perdieron las elecciones presidenciales, hay una posibilidad de pasar de un régimen de débil democracia a uno autoritarios, ante la crisis social, económica, sanitaria, política, climática entre más, una crisis de dominación en su conjunto, se profundizaron los cuestionamientos a cada sector del Estado. Donde la herencia del Perú desde la colonia es una herencia conflictiva donde hay una débil consolidación de su identidad. Si bien no es un gobierno fascista el que gobierna el Perú es un gobierno con tintes e inclinaciones fascistas, principalmente en su área económica extendiendo un dominio sobre todos los sectores del país.

Entre los temas tratados se aborda la situación empresarial donde las empresas mineras son parte interesada en el apoyo al gobierno para conseguir el respaldo en proyectos mineros extractivistas, perjudiciales para el medio ambiente y las comunidades indígenas. La utilización de la policía como brazo de represión estatal, para lograr mantener el régimen con la represión social, brindándoles un respaldo total y protección a las fuerzas policiales; Finalmente el uso y apoyo de los medios de comunicación para brindar al gobierno, por una parte, manteniendo el enfoque mediático en el fallido golpe de Pedro Castillo, luego evitando la crítica al gobierno para lograr afianzarlo en el poder, este apoyo viene principalmente de medios medianos y los grandes medios de comunicación. En todas estas áreas se presenta una fuerte impunidad ante la ley y los derechos humanos, con amplios casos de corrupción.

Finalmente es importante destacar la proyección que se realiza del actual gobierno del Perú, que posee una afinidad con el neoliberalismo que mermó los sectores sociales históricos, que funge en contra del sector social y destruyó las empresas públicas, favoreciendo la desregularización de la vida pública, social y económicas, esto ha favorecido la expansión del narcotráfico en los andes peruanos, así como el problema de la minería ilegal afectando la cordillera andina, afectando seriamente el medio ambiente, que son nuevos poderes económicos emergentes, que han entrado en política. Por lo cual los panelistas invitan a organizar los movimientos sociales y políticos de izquierda para brindar una verdadera oposición que de esperanza al pueblo peruano.

Una referencia la situación de Perú en el escenario internacional, se muestra desde la lejanía, existen pocas noticias sobre lo que sucede en el país, visto desde el exterior, la situación del 7 de diciembre, ha marcado distanciamientos con gobiernos progresistas en la región latinoamericana, a pesar de Pedro Castillo no esté en el gobierno, lo cual debe en principio permitir restablecer lazos con gobiernos de la región.

Para ver el programa completo, puede visitar el siguiente enlace: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=293644296837051&id=100039176114597&sfnsn=wa&mibextid=RUbZ1f

Las autoridades de Guatemala deben respetar el derecho de manifestación

Escrito en . Publicado en Derechos.

Las Américas, 11 de octubre de 2023. Las organizaciones internacionales que acompañamos la situación de derechos humanos de Guatemala, expresamos nuestra profunda preocupación por la grave crisis política y social que enfrenta el país debido a las actuaciones arbitrarias del Ministerio Público que ponen en riesgo el proceso electoral y la estabilidad democrática.

Por más de una semana, la población se ha manifestado pacíficamente en diferentes regiones del país en contra de las actuaciones del Ministerio Público para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana, a quienes responsabilizan de la crisis.

Es importante que las autoridades guatemaltecas respeten el derecho de manifestación y garanticen la integridad de las personas que manifiestan. Las autoridades deben propiciar el diálogo y no actuar violentamente contra las personas que manifiestan; tampoco deben criminalizar ni amenazar a los líderes de las manifestaciones. En tal sentido, las autoridades deben cumplir los amparos provisionales que otorgó la Corte de Constitucionalidad a las autoridades indígenas de Palín y la organización Acción Ciudadana, así como a los 48 cantones, para que se garantice el derecho de manifestación de la ciudadanía.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que “las autoridades deben facilitar el ejercicio del derecho a la manifestación y a la protesta como la regla general, y no deben considerarlas como una amenaza al orden público o la seguridad interna”. Por ello exhortamos a las autoridades guatemaltecas que se abstengan de involucrar al ejército para resolver la situación.

Hacemos un llamado a la Misión de Diálogo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que escuche a todos los sectores sociales involucrados en las manifestaciones y que se garantice su integridad para que puedan hablar con libertad.

Finalmente, consideramos necesario que el Tribunal Supremo Electoral extienda el plazo del proceso electoral hasta el 15 de enero 2024 para garantizar que las autoridades electas puedan tomar posesión conforme lo establece la Constitución Política.

Suscriben

Impunity Watch, CEJIL, Fundación para la Justicia FJEDD, LAWG, Be Just, WOLA, RFK, Article 19 Oficina para México y Centroamérica, DPLF, GHRC.