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Etiqueta: crisis política

No hay problema con dobles candidaturas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Que haya muchos candidatos a la Presidencia de la República, para mí, no es un grave problema. Es tan solo una expresión de la diversidad actual de la sociedad costarricense que se manifiesta en la necesidad organizativa de ciudadanos preocupados por la forma de cómo se maneja, dirige y gobierna el país.

Puede ser también una respuesta para tratar de despejar el escenario de nubarrones que afecta el cielo patrio en torno a los principales problemas que se perciben por los ciudadanos, y ante los graves problemas que se mencionan en la cotidianidad de la vida política y gubernativa nacional, como en la necesidad de formularles respuestas y soluciones, alternativas a las que se impulsan por el Gobierno, por el Partido Acción Ciudadana y sus aliados parlamentarios.

En un escenario más tétrico podría ser una respuesta desesperada de ciudadanos ante la percepción de una gran crisis económica social y política, y una gran ingobernabilidad, donde cada grupo organizado, en estos partidos, trata de resolver su situación procurando llegar a la Presidencia de la República, puesto que niegan que los partidos existentes y el gobierno puedan seguir gobernando y resolviendo los problemas del país y de los ciudadanos.

Esta respuesta organizativa de ciudadanos en tantos partidos solo puede ser eficazmente válida si estos partidos, y sus candidatos, hacen de su participación electoral, verdaderas propuestas de solución a los distintos problemas que cada uno de ellos, y sus partidos, ven como los principales del país, y los esenciales de los ciudadanos.

Esto adquiere mayor dimensión en estas elecciones porque, por la reforma constitucional de iniciar el gobierno, en mayo próximo, con las sesiones extraordinarias del Poder Legislativo, le da músculo político a los candidatos, en este caso a todos, para que en esa perspectiva digan a los ciudadanos, a los electores, cuáles serán sus principales proyectos de ley y cuáles serán sus primeros decretos ejecutivos, a partir del 8 de mayo, en atención a los temas que han agitado, o agitarán, en la campaña electoral, o que ofrezcan en sus discursos e intervenciones públicas, así como lo que señalen en sus respectivos Programas de Gobierno, que deben poner en copia ante el Tribunal Supremo de Elecciones, aunque sea solo para el archivo histórico de esa Institución.

Esto también corresponde al inicio de la Costa Rica del Bicentenario, a partir de ahora, a esperar que los partidos y sus candidatos nos digan cómo quieren dirigir y cuales proyectos de ley y políticas públicas trazarán para la Costa Rica de los próximos 10 o 20 años por lo menos.

En la historia electoral del país siempre ha habido variedad de partidos con candidatos presidenciales. Solo en una ocasión hubo dos candidatos. Antes de 1948 era frecuente la elección entre dos o tres candidatos.

Desde 1998 ha habido más de ocho partidos presidenciales en cada proceso electoral. En las elecciones del Siglo XXI, desde 1998 hasta el 2018 ha habido bastantes partidos con candidatos presidenciales, llegando a tener en una papeleta hasta 15 candidatos. En esta ocasión se produce un salto porque hay en posibilidad de que en el 2022 participen hasta 27 partidos políticos con candidatos presidenciales.

En los resultados que se produzcan tampoco habrá gran problema, porque los votos presidenciales se dividen entre los partidos y candidatos que participan, quedando ganador el que obtenga más del 40% de los votos válidamente emitidos, o pasando a una segunda ronda electoral los dos que tengan mayor cantidad de votos o mayor porcentaje electoral, inferior al 40%, definiéndose el ganador de la segunda vuelta con el mayor número de votos, sin porcentaje básico. Tampoco tiene importancia porque el Gabinete, el Consejo de ministros, el Consejo de Gobierno, no se integra proporcionalmente entre los partidos que participan luchando por ganar la presidencia. Estos quedan por fuera. El Presidente electo y su partido nombran a mano llena a todos los ministros, sin obligación alguna de considerar a personas de otros partidos. El que gana la presidencia hace, como se dice popularmente, mesa gallega, arrea con todo, saca el provecho total sin que sea abusivamente porque así está establecido el sistema electoral y así ha operado siempre. No evita que un Presidente pueda integrar miembros de otros partidos o de otros gobiernos en su Gabinete.

Desde 1998 existe la reforma electoral que permite que los candidatos presidenciales puedan ser, a la vez, candidatos a diputados. En las elecciones desde 1998 hasta el 2018 poco se ha usado este mecanismo. En las actuales elecciones muchos candidatos presidenciales van a la doble postulación. Esto es lo novedoso y “escandaloso”, como se ha tratado de pintar. Pero, eso no quiere decir que los dobles candidatos tengan asegurada su curul legislativa. Eso no es tan fácil y puede resultar muy difícil para la mayoría de estos postulantes. En ese nivel legislativo juegan otras reglas electorales que afectan a los partidos pequeños, a los nuevos partidos, a los partidos que se organizan ad hoc, para cada elección, para los partidos que en la práctica no son permanentes.

En el nivel legislativo operan normas electorales que favorecen exclusivamente a los partidos mayoritarios y tradicionales, que sacan tantos votos que logran elegir cocientes, los votos suficientes para elegir un diputado y subcocientes, la mitad más uno de esos votos para elegir otro diputado. Es frecuente que esa cifra de subcociente a veces sea menor que la que tiene otro partido que no alcanzó cociente ni tampoco logró el subcociente, pero el diputado se lo asignan al partido que ya tuvo cociente. Sobre esto opera también el llamado residuo mayor de igual forma, lo que en la práctica parlamentaria elimina varios diputados que podrían ser representativos de núcleos poblaciones o electorales.

Si el Parlamento, la Asamblea Legislativa, es una instancia de representación popular, no debería tener un sistema de escogencia de diputados que elimina representantes populares de partidos pequeños, favoreciendo la concentración en los partidos grandes. Debería darse la oportunidad a la mayor cantidad de representantes legislativos, por poca población que representen, porque eso son esos diputados, los representantes de esa poca población. De eso se trata.

Curiosamente ningún partido pequeño, de los que han electo diputados, se han preocupado por impulsar esta reforma legislativa que favorecería a los partidos pequeños, y al mayor número de ciudadanos que tendrían sus representantes.

Se podrá pensar que el sistema existente es para evitar la proliferación de diputaciones unipersonales y facilitar con ello la gobernabilidad. La práctica parlamentaria demuestra que cuando se separan diputados de sus partidos y se declaran “independientes” esa realidad se produce, lo que obliga a mayor capacidad de negociación política parlamentaria, que es lo que debe haber en la Asamblea Legislativa. Obligaría también a que los partidos políticos se desarrollen como grandes organizaciones permanentes, con líderes políticos más reconocidos nacionalmente.

Cuando son los candidatos presidenciales los que se postulan a la doble candidatura, como en esta ocasión, puede hacer que lleguen a la Asamblea líderes políticos de mayor peso, que a la vez faciliten la toma de decisiones y los acuerdos políticos.

Si se quiere evitar esto hay que avanzar hacia un sistema parlamentario, o al menos a uno semi parlamentario, pero se requiere, de igual manera, un gran acuerdo político nacional, que ojalá, en el próximo período legislativo, y de gobierno, se pueda tratar esto con una gran discusión nacional, que ya es necesaria.

El único problema que presenta tantas candidaturas es la presentación pública de los candidatos para debates. A nivel privado no hay problema porque ya está definido por disposiciones legales y jurisprudencia electoral que los sectores privados pueden hacer debates e invitaciones a aquellos candidatos que quieran oír. No están obligados a oír a todos ni a provocar debates con todos. A nivel público, de cualquier institución pública o medios de comunicación públicos, si hay obligación de invitar y de tomar en cuenta a todos los candidatos, en igualdad de condiciones, de tiempo y horarios de preferencia de radioaudición o televisión.

Las Cámaras empresariales ya hicieron una primera escogencia. Unos días después igualmente lo hizo el periódico La Nación. Estos grupos empresariales y económicos probablemente se moverán con un grupo de unos ocho candidatos que irán zarandeando hasta inicios de diciembre, cuando terminen con un pelotón de cabecera electoral de unos seis para llegar a inicios de enero con cuatro máximo, con lo cual refuerzan las encuestas de opinión pública, que miden opiniones de ciudadanos, que se informan con estos medios, orientando, de esa manera, la voluntad final de los votantes hacia unos candidatos sobre los otros. Para estos grupos el número de candidatos no importa. Lo que les importa son los candidatos que escojan como principales para finalmente optar dentro de ellos. Algo parecido, con mayor dificultad, harán los grupos sociales y alternativos a los partidos tradicionales. La fragmentación y división político-ideológica que hay, en toda la oferta electoral, perjudica mucho en estas decisiones, donde hay que “partir” votos en la práctica.

El 22 de octubre se cierra el plazo para que los partidos cumplan con todos los requisitos ante el Tribunal Supremo de Elecciones, para asegurar su participación. Esperemos estos diez días que quedan, para ver cuáles partidos quedan debidamente inscritos.

 

(Artículo publicado en la Columna Pizarrón, del periódico La República, en su edición digital, larepublica.net, el miércoles 13 de octubre del 2021).

La gravedad de la crisis y el deplorable espectáculo en la Asamblea Legislativa

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

La comparecencia del Presidente Carlos Alvarado Quesada ante la comisión de la Asamblea Legislativa que investiga el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), no debe ser del agrado de la inmensa mayoría de las y los costarricenses.

No porque se valore negativamente que el Presidente fuera llamado a dar explicaciones, sino por cómo se desarrolló la comparecencia y el espectáculo que muchos legisladores, vienen montando desde que emergió el caso. Es importante que el Parlamento en un sano ejercicio de control político, valore en profundidad si desde la Casa Presidencial, se actuó incorrectamente al crear a la UPAD como una unidad de análisis de datos que fue creada con el propósito “de ayudar a tomar decisiones al Presidente Alvarado”, tal y como se ha indicado oficialmente.

Sin embargo, cómo han venido actuando la mayoría de partidos y diputados, se pone en evidencia la graveded de la crisis política que enfrenta el país en el año de su bicentenario. Lo que debía ser un proceso y un acto de la mayor seriedad (la comparecencia en el recinto legislativo del Presidente de la República), lo convirtieron en espectáculo deplorable que les deja muy mal parados.

En primer lugar, es necesario dimensionar con objetividad el alcance la privacidad de datos en un presente donde las gigantescas empresas tecnológicas, han alcanzado una penetración tan amplia y profunda en los datos de los usuarios, que deja a las y los ciudadanos en estado de indefensión al utilizar las redes sociales.

La anulación de cuentas de usuarios de las redes, a partir de justificadas razones también puede dar paso a abusos y discriminación que anule cuentas por ideas que no sean aceptadas por quienes dirigen esas redes sociales, que aunque sus dueños son empresas privadas su repercusión en el mundo de hoy, alcanzó un amplísimo impacto público. De esta manera, estas redes no sólo pueden acceder –como lo hacen a información privada y datos íntimos de las personas—sino que pueden convertirse en censores que violen el derecho de la libertad de expresión y pensamiento.

De ahí que ya en distintos países, diversas voces estén planteando la necesidad y urgencia de regular a esas mega empresas tecnológicas, para evitar que se pongan por encima de los Estados en acciones que violen los derechos de los ciudadanos.

Empero en ningún momento, los diputados protagonistas de la comparecencia presidencial dedicaron alguna crítica al rol censor que pueden ejercer –y que ya están ejerciendo—esas redes sociales, cuya omnipresencia y amplísimo peso, forman parte de la realidad actual de las sociedades y los países.

Hay sin embargo, otra situación más grave aún en el contexto de esta comparecencia: El país enfrenta –como nunca antes– los efectos de una devastadora pandemia que ha generado una crisis múltiple, en los ámbitos: sanitario, económico, social, cultural y político. Se trata de una crisis que preocupa a millones de costarricenses por el empobrecimiento que ha generado y genera, y porque no ha encontrado ni por parte del Gobierno del Presidente Alvarado, ni casi la totalidad de las diputadas y diputados, respuestas adecuadas y eficaces para enfrentarla.

Cuando el país ha requerido y requiere en forma urgente, visión y políticas de Estado; lo que ha venido ganando la partida son pequeñas políticas, que responden a intereses de grupos económicos y políticos minoritarios. Tristemente –es bueno decirlo con franqueza– muchas de ellas obedecen a ocurrencias e improvisaciones de legisladores, cuya mayor preocupación es alcanzar notoriedad aunque sea efímera y superficial. Cuando el país necesita políticas patrióticas de luz larga, las que están emergiendo no alcanzan ni para la luz de “parking”.

La multi-crisis pandémica demanda madurez, sabiduría y unidad nacional, pero al ser este 2021, un año electoral, lo que emerge con mayor fuerza, es la proliferación de intereses grupales politiqueros y la desunión para encarar las impostergables respuestas de solución, que nos lleven a una reactivación económica, inclusiva y solidaria.

También cabe subrayar que el deplorable espectáculo legislativo montado, tiene un costo económico que se carga al debilitado erario público del país. Pero sobre ese “detalle” tampoco hay consciencia en el recinto legislativo.

La indignación ciudadana ante este deterioro de lo que dicen y hacen los actores políticos que están marcando la distorsionada agenda política del presente, debe ser canalizada no sólo mediante el rechazo comunicacional sino a través de una participación política activa, que contribuya a cambiar el rumbo del país hacia la inclusión social y la solidaridad. El bicentenario nos lo demanda como nación.

(13 de febrero, 2021)

El Estado y los millonarios, ¿a quienes engañan?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Huaylupo Alcázar[1]

La crisis política en la actual coyuntura costarricense es el resultado de décadas de prácticas liberales del poder político y económico. No es una crisis originada por la pandemia, pues la creciente pobreza, el desempleo, el déficit fiscal, la confiscación de salarios y pensiones, el incremento de tarifas de los servicios públicos, endeudamiento, devaluación, evasión y elusión tributaria de empresarios globales, los incentivos a la inversión extranjera, la venta de activos del Estado, el salario único, etc., ya eran tendencias prevalecientes en la política y el quehacer estatal, la pandemia las agudizó, no las creó, pero puso en evidencia la profunda inequidad en la estructura social existente, a la vez que muestra la complicidad y simbiosis estatal con los empresarios globales.

Esta coyuntura es particularmente importante, la crisis política o la ilegitimidad social del Gobierno y el Estado ha sido creada por la conciencia, cuestionamientos, debates y propuestas ciudadanas. La colectividad organizada se ha despertado ante las infames propuestas privadas y estatales que pretenden imponer el peso de la debacle fiscal y el creciente endeudamiento nacional, a los trabajadores y los pobres que sostienen la economía de la explotación de propietarios y los ingresos fiscales, mientras siguen impunes los evasores, los corruptos y las falsificaciones tributarias, así como los empresarios gozan de la autorización expedita para disminuir y suspender trabajos, aumentar los precios de medicamentos y el costo de vida, a la vez que, se mantienen las exoneraciones, incentivos, concesiones y privilegios para los ricos y los empresarios globales.

Ante los reclamos y protestas por posibles nuevos impuestos al pueblo, el Presidente de la República, nos dice que somos “irresponsables”, agregando cínicamente “que es doloroso, pero es la realidad”. Desde esa arbitraria perspectiva, es transparente la intencionalidad gubernamental: los trabajadores deberán pagar por los actos y las consecuencias de los explotadores millonarios, los usurpadores del bienestar social.

La agresividad de los que viven del trabajo ajeno, no ceja de sus intenciones contra los trabajadores, la ciudadanía y la nación. No buscan amparar sus intereses e inversiones en la actual coyuntura, sino enriquecerse más. Ellos están liquidando los resquicios del Estado social, desmantelando la seguridad social y la institucionalidad pública, no sólo restringiendo sus presupuestos y gastos, también impidiendo la restitución de funcionarios que se pensionan y de los que son obligados a dejar sus empleos, no para reducir el gasto, sino para destruir funciones e institucionalidad pública, para luego desaparecerlas por inoperantes, por hacer labores duplicadas o por considerarlas inútiles. Los poderes de estos parásitos han convertido al Estado en un activo protagonista del empobrecimiento de la población trabajadora del sector público, como ellos lo han efectuado con los trabajadores que contratan. Estado y empresarios, acallan a las autoridades de la salud pública y propician la agudización de la infección pandémica, como un destino trágico que mina la resistencia y elimina a los más vulnerables. Esos asesinos, inmunes e impunes, también proponen condenar a los jubilados a la indigencia, por modificaciones en los modos de calcular las pensiones, como también aspiran a imponer impuestos al “salario escolar”, que no es un salario, pues son la acumulación de las retenciones mensuales de las patronales, los cuales son usados gratuitamente por un año que, depreciados se devuelven a sus dueños. Además, que esa devolución es el salario, al cual se le han deducido impuestos, que son usados privada y gratuitamente por un año, así, se busca duplicar la carga impositiva. Estas intenciones no pueden ni buscan paliar la crisis fiscal, su intención es empobrecer cada vez más a los trabajadores.

Pero, la acción regresiva de los empresarios, que se apropian de las riquezas y el trabajo ajeno, con la cínica complicidad estatal, no se queda ahí, no solo son culpables de la creciente brecha y desigualdad social, también buscan empeñar el futuro nacional endeudándonos e intentando privatizar todos los activos del Estado, ante sus fracasos pasados.

La Costa Rica que aún afirma tener un Estado Social de Derecho con una institucionalidad pública democrática e igualitaria, desde hace décadas ha cambiado, hoy es un Estado liberal más, entre otros, que ha privatizado el bienestar y ejerce un poder que favorece a los privilegiados. Este Estado es contradictorio e inhumano, que niega su constitución social originaria, para garantizar la inmensa posesión de riquezas de pocos, en un universo de pobres, como también ocurría en la Grecia antigua, donde se pregonaba democracia e igualdad en un universo de esclavos.

Este gobierno y los otros poderes estatales son ilegítimos, por la toma de conciencia, la voluntad y las protestas ciudadanas que abandonan la indiferencia, pasividad y la desintegración orgánica. La explosión ciudadana es diversa, dispersa y pacífica, pero motivada por el denominador común, del descontento y la acción colectiva. El gobierno al convocar el diálogo multisectorial, busca crear una imagen democrática que no posee, para diluir, diferir y encubrir las decisiones liberales que ya se implementan en la Asamblea Legislativa y en el poder Ejecutivo, sin que los derechos adquiridos puedan ser amparados por el poder Judicial. Esto es, hay una colusión estatal contra la democracia en nombre de la democracia.

¿Por qué se convoca al diálogo multisectorial? ¿por qué el gobierno se presenta como neutral, sin serlo, y afirma que será obediente de los acuerdos? ¿ignora las necesidades y anhelos ciudadanos, entonces para quién gobierna? ¿acaso desconoce que la agresividad y poder de los millonarios impide acuerdos consensuales con los trabajadores y los pobres? ¿qué hará el gobierno sin acuerdos trascendentes, tratarlos privadamente con quienes privilegia? ¿el dominio institucional del poder político y del económico de los millonarios estarán dispuestos en atender las necesidades sociales de las mayorías y promover el desarrollo nacional, sin sacrificar a los trabajadores?

Es aparente la neutralidad y el pretendido democratismo gubernamental, que sirve para enmascarar las anunciadas medidas contra la libertad, el bienestar y el desarrollo que defraudan, una vez más, la fe pública y la ilusión democrática.

Estamos frente a otra traición anunciada. No obstante, la relación entre organizaciones sociales está creando inéditamente propósitos y propuestas unitarias comunes, que anuncian nuevas luchas en la imposición totalitaria.

[1] Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

Ilustración tomada de La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD).

El Estado y los millonarios, ¿a quienes engañan?

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Juan Huaylupo Alcázar[1]

La crisis política en la actual coyuntura costarricense es el resultado de décadas de prácticas liberales del poder político y económico. No es una crisis originada por la pandemia, pues la creciente pobreza, el desempleo, el déficit fiscal, la confiscación de salarios y pensiones, el incremento de tarifas de los servicios públicos, endeudamiento, devaluación, evasión y elusión tributaria de empresarios globales, los incentivos a la inversión extranjera, la venta de activos del Estado, el salario único, etc., ya eran tendencias prevalecientes en la política y el quehacer estatal, la pandemia las agudizó, no las creó, pero puso en evidencia la profunda inequidad en la estructura social existente, a la vez que muestra la complicidad y simbiosis estatal con los empresarios globales.

Esta coyuntura es particularmente importante, la crisis política o la ilegitimidad social del Gobierno y el Estado ha sido creada por la conciencia, cuestionamientos, debates y propuestas ciudadanas. La colectividad organizada se ha despertado ante las infames propuestas privadas y estatales que pretenden imponer el peso de la debacle fiscal y el creciente endeudamiento nacional, a los trabajadores y los pobres que sostienen la economía de la explotación de propietarios y los ingresos fiscales, mientras siguen impunes los evasores, los corruptos y las falsificaciones tributarias, así como los empresarios gozan de la autorización expedita para disminuir y suspender trabajos, aumentar los precios de medicamentos y el costo de vida, a la vez que, se mantienen las exoneraciones, incentivos, concesiones y privilegios para los ricos y los empresarios globales.

Ante los reclamos y protestas por posibles nuevos impuestos al pueblo, el Presidente de la República, nos dice que somos “irresponsables”, agregando cínicamente “que es doloroso, pero es la realidad”. Desde esa arbitraria perspectiva, es transparente la intencionalidad gubernamental: los trabajadores deberán pagar por los actos y las consecuencias de los explotadores millonarios, los usurpadores del bienestar social.

La agresividad de los que viven del trabajo ajeno, no ceja de sus intenciones contra los trabajadores, la ciudadanía y la nación. No buscan amparar sus intereses e inversiones en la actual coyuntura, sino enriquecerse más. Ellos están liquidando los resquicios del Estado social, desmantelando la seguridad social y la institucionalidad pública, no sólo restringiendo sus presupuestos y gastos, también impidiendo la restitución de funcionarios que se pensionan y de los que son obligados a dejar sus empleos, no para reducir el gasto, sino para destruir funciones e institucionalidad pública, para luego desaparecerlas por inoperantes, por hacer labores duplicadas o por considerarlas inútiles. Los poderes de estos parásitos han convertido al Estado en un activo protagonista del empobrecimiento de la población trabajadora del sector público, como ellos lo han efectuado con los trabajadores que contratan. Estado y empresarios, acallan a las autoridades de la salud pública y propician la agudización de la infección pandémica, como un destino trágico que mina la resistencia y elimina a los más vulnerables. Esos asesinos, inmunes e impunes, también proponen condenar a los jubilados a la indigencia, por modificaciones en los modos de calcular las pensiones, como también aspiran a imponer impuestos al “salario escolar”, que no es un salario, pues son la acumulación de las retenciones mensuales de las patronales, los cuales son usados gratuitamente por un año que, depreciados se devuelven a sus dueños. Además, que esa devolución es el salario, al cual se le han deducido impuestos, que son usados privada y gratuitamente por un año, así, se busca duplicar la carga impositiva. Estas intenciones no pueden ni buscan paliar la crisis fiscal, su intención es empobrecer cada vez más a los trabajadores.

Pero, la acción regresiva de los empresarios, que se apropian de las riquezas y el trabajo ajeno, con la cínica complicidad estatal, no se queda ahí, no solo son culpables de la creciente brecha y desigualdad social, también buscan empeñar el futuro nacional endeudándonos e intentando privatizar todos los activos del Estado, ante sus fracasos pasados.

La Costa Rica que aún afirma tener un Estado Social de Derecho con una institucionalidad pública democrática e igualitaria, desde hace décadas ha cambiado, hoy es un Estado liberal más, entre otros, que ha privatizado el bienestar y ejerce un poder que favorece a los privilegiados. Este Estado es contradictorio e inhumano, que niega su constitución social originaria, para garantizar la inmensa posesión de riquezas de pocos, en un universo de pobres, como también ocurría en la Grecia antigua, donde se pregonaba democracia e igualdad en un universo de esclavos.

Este gobierno y los otros poderes estatales son ilegítimos, por la toma de conciencia, la voluntad y las protestas ciudadanas que abandonan la indiferencia, pasividad y la desintegración orgánica. La explosión ciudadana es diversa, dispersa y pacífica, pero motivada por el denominador común, del descontento y la acción colectiva. El gobierno al convocar el diálogo multisectorial, busca crear una imagen democrática que no posee, para diluir, diferir y encubrir las decisiones liberales que ya se implementan en la Asamblea Legislativa y en el poder Ejecutivo, sin que los derechos adquiridos puedan ser amparados por el poder Judicial. Esto es, hay una colusión estatal contra la democracia en nombre de la democracia.

¿Por qué se convoca al diálogo multisectorial? ¿por qué el gobierno se presenta como neutral, sin serlo, y afirma que será obediente de los acuerdos? ¿ignora las necesidades y anhelos ciudadanos, entonces para quién gobierna? ¿acaso desconoce que la agresividad y poder de los millonarios impide acuerdos consensuales con los trabajadores y los pobres? ¿qué hará el gobierno sin acuerdos trascendentes, tratarlos privadamente con quienes privilegia? ¿el dominio institucional del poder político y del económico de los millonarios estarán dispuestos en atender las necesidades sociales de las mayorías y promover el desarrollo nacional, sin sacrificar a los trabajadores?

Es aparente la neutralidad y el pretendido democratismo gubernamental, que sirve para enmascarar las anunciadas medidas contra la libertad, el bienestar y el desarrollo que defraudan, una vez más, la fe pública y la ilusión democrática.

Estamos frente a otra traición anunciada. No obstante, la relación entre organizaciones sociales está creando ineditamente propósitos y propuestas unitarias comunes, que anuncian nuevas luchas en la imposición totalitaria.

[1] Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

Ilustración tomada de La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD)

CTRN: Oposición al Dictaminen Proyecto Ley Marco de Empleo Público

Escrito en . Publicado en Trabajo.

CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES RERUM NOVARUM
Martes 03 de noviembre 2020
CTRN- N°300-2020

ASAMBLEA LEGISLATIVA
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
SD.

DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACIÓN

OPOSICIÓN AL DICTAMINEN PROYECTO LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO

HONORABLES SEÑORAS (ES) DIPUTADAS (OS):

Con nuestros más respetuosos saludos, nos permitimos por este medio mencionar, que siendo conocedores de que se tramita en esta honorable Comisión Legislativa el Proyecto denominado Ley Marco de Empleo Público, bajo número de expediente legislativo Nº 21336, para su estimable consideración exponemos los siguientes argumentos:

Que dicho proyecto de Ley, a juicio de muchas organizaciones sociales y productivas, hemos indicado que el texto contenido en el proyecto no es un documento idóneo para los momentos y las necesidades que vive nuestro país, por lo que debe tener la oportunidad de perfeccionarse o modificarse, para beneficio de todas las partes.

Desde la Confederación Rerum Novarum, somos conscientes de la dura situación económica, social, de salud y política que atraviesa nuestro país, por lo que apelamos a la grandeza de espíritu de los miembros de esta honorable Comisión y les hacemos un llamado respetuoso a la reflexión.

Desde nuestra posición consideramos que el actual Proyecto de Ley Marco de Empleo Público, a punto de ser dictaminado, ha perdido todo el sentido que alguna vez pudo tener, pues entre muchas cosas, algunos artículos son objeto de análisis jurídicos más profundos, para efectos de no contravenir lo indicado en la Constitución Política en cuanto a régimen de empleo, que son creados por el constituyente como lo son; el Poder Judicial, la Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social y las Municipalidades.

En ese mismo orden de ideas, en materia de un orden constitucional y el marco legal vigente a la luz de los derechos humanos, se establecen una serie de competencias para el Ministerio de Planificación MIDEPLAN, que son exclusivas del Ministerio de Trabajo y del Servicio Civil y por otra parte, el proyecto pretende de manera tácita, desconocer el ámbito de aplicación de la negociación colectiva en sector público.

La Constitución Política establece con total claridad la competencia del Servicio Civil en materia que trata este proyecto de Ley a punto de ser dictaminado. Este proyecto, debe ser a nuestro criterio, objeto de un exhaustivo análisis, examinado mediante un estudio profundo del espíritu del Constituyente, que estableció y creó con rango constitucional al Servicio Civil, mismo que posee un principio de reserva de ley, sobre la materia de empleo público y de una competencia que no puede ser trasladada o compartida, que en contra posición tal como lo presenta el proyecto en mención, se hace con un procedimiento más complejo a través de MIDEPLAN y además no se atiende el tema de la constitucionalidad, que entre otras cosas, en una eventualidad al momento de su aprobación en el plenario legislativo, debería exigir una votación de dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa.

En momentos en que se debate nuestro país en búsqueda de un diálogo efectivo para encontrar soluciones, es que siendo integrantes del Foro Multisectorial de Diálogo Nacional de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, nos atrevemos a solicitar a esta Comisión Legislativa que no dictaminen el proyecto Ley Marco de Empleo Público y que nos permitan presentarles propuestas elaboradoras de los sectores que representamos, y que en su lugar se conozcan otros textos, que ya han venido siendo consensuados por diferentes actores sociales, mucho más realistas y apegados al espíritu de la Constitución.

Sin otro particular, agradeciendo la atención brindada a la presente, le saludamos con las más altas muestras de consideración y estima,

Lic. Lenín Hernández Navas
Presidente CTRN

Escenarios, significados y tiempos históricos de una crisis muy profunda – Primera parte

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.

Hemos llegado a una encrucijada histórica en extremo compleja, en la que incluso el lenguaje que hemos venido usando para denominar a la política, a las ideologías, y a los actores políticos en un país y una sociedad como la nuestra han perdido su validez. Esos vocablos como “socialismo”, “democracia”, “comunismo” o “liberalismo” tan caros a los intelectuales urbanos de los valles centrales de Costa Rica y a ciertas élites políticas no tan ilustradas como pretenden serlo a veces, carecen de hoy de una significación o sentido unívoco, al menos para muchos de los habitantes que conforman un gran segmento de los sectores populares, incluidos algunos pequeños y medianos empresarios y toda una constelación de actores sociales, cada vez más marginados del poder y de la riqueza, especialmente en las zonas rurales más apartadas del país, donde se ha producido un levantamiento popular con una fuerte base entre los agricultores, como algo inédito en la historia reciente del país, contra las políticas económicas y sociales de corte neoliberal, inspiradas por los grupos de pensamiento de la derecha más radical, entre ellos la Academia de Centro América y el Instituto Cato de Washington, en su sucursal costarricense, las que son percibidas y calificadas como “comunistas” o “chavistas” por las víctimas de esas políticas. A la dictadura en democracia del pensamiento único neoliberal se la percibe como una “dictadura comunista”, o una antesala que nos llevaría por los caminos de Venezuela, Nicaragua o Cuba que son unos países que resultan ser la encarnación del mal.

La presencia en el gobierno de una serie de intelectuales y cuadros “progres”, por lo general encaminados hacia una agenda más propia del llamado “marxismo cultural”, que a la del llamado “comunismo” a secas de que hablan algunos de los sectores más empobrecidos del país, ha terminado por provocar una confusión entre estos últimos, quienes perciben las violentas políticas económicas de las élites del poder en su contra y el abandono en se encuentran sus comunidades, como la materialización de algo que sienten y perciben como todo aquello que no debe ser. Ergo, entonces el gobierno y las élites  del poder son “comunistas”, las que ponen en peligro la democracia y las formas de vida propias de los costarricenses, nos dice un empresario agrícola mediano del norte del país que, en medio de su descontento y su frustración por las políticas inhumanas del régimen, dentro de lo que constituye un descontento a veces orientado o alimentado desde las visiones del neopentecostalismo o evangelismo integrista, o aún desde una perspectiva secular sin mayores connotaciones religiosas. Ese empobrecido y abandonado país: esa patria chica de los sancarleños, guanacastecos, limonenses, puntarenenses, generaleños y habitantes del sur costarricense fronterizo con Panamá se siente abandonado y golpeado, en lo más profundo, por las rígidas políticas de ajuste económico y social que ha venido ejecutando, de una manera rígida e implacable, la coalición gobernante del PAC, PLN, PUSC e incluso de partidos “religiosos” neopentecostales (toda una paradoja), los que para efectos prácticos actuaron como si fueran uno solo, dándole la espalda a los sectores sociales más golpeados por la crisis.

El gobernante PAC y la coalición de partidos que incluyen a todo el espectro político que ahora choca de frente con ese otro país del que hemos hablando, había aplastado una gran huelga de los trabajadores del sector público, hace apenas un par de años, motivada por la oposición de ese sector laboral a la aplicación de un paquete o ajuste tributario de naturaleza muy regresiva, el que ha tenido efectos brutales hacia el conjunto de la economía y la sociedad, sobre todo por su naturaleza recesiva, por lo que innumerables negocios además de pequeñas y medianas empresas quebraron, a lo largo del año 2019, mucho antes de que apareciera la pandemia del Covid 19, la que vino a ser el golpe de gracia para muchos sectores de la población que ya se encontraban al borde la ruina.

Las nuevas medidas fiscales, planteadas por el gobierno de Carlos Alvarado, con vistas a un acuerdo para la obtención de un préstamo de 1750 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que castigan todavía más duro al grueso de la población, nos está llevando a la forja en los hechos de una gran coalición del movimiento social adverso al régimen de la dictadura neoliberal en democracia, a pesar de las diferencias ideológicas explicitas entre los actores sociales que se han venido involucrando en la protesta. Esta ha sido la emergencia del Movimiento Rescate Nacional con José Miguel Corrales, Célimo Guido y un importante grupo de dirigentes regionales, un movimiento que ha continuado fortaleciéndose a pesar de la retirada del primero de ellos, en medio de unas circunstancias muy confusas aún.

Los llamados progres del PAC se han lanzado contra el movimiento social descalificándolo en los peores términos, al llamar “vándalos” a los que desde el otro país protestan contra el dictador “comunista” y émulo de Nicolás Maduro, quien no es otro que Carlos Alvarado, no conformes con esto los progres piden una represión sanguinaria contra la población alzada contra el régimen, como si ya nos estuviéramos enrumbando hacia el totalitarismo fascista en la Costa Rica del “pura vida”, la que ha demostrado no serlo tanto y tampoco para todos, como dijo una comentarista de la televisión internacional. No se llamen a engaño tránsfugas del PAC, aunque un sector del movimiento califique en esos términos al actual gobierno, lo que en realidad sucede es que en el fondo repudian las políticas neoliberales que los están asfixiando, la brutal represión de los cuerpos policiales y el violento ajuste estructural que los sectores más poderosos pretenden imponernos, por la vía de un convenio con el FMI, a todos los costarricenses sin importarles, en modo alguno, la destrucción del tejido social y hasta de nuestra precaria institucionalidad democrática.

Manifiesto de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum ante la grave crisis económica, política y social que vive el país

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

  1. Tomando en consideración que la Rerum Novarum es la Confederación más grande del país, que aglutina a más de 50 sindicatos, con una membresía superior a los 50 mil trabajadores, tanto del sector privado, como del público, en su mayoría en la primera línea de lucha contra la pandemia, y otros sectores, los más afectados por la crisis económica, política y social que vive nuestro país.
  2. Que a raíz del anuncio del Gobierno en torno al plan para iniciar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a efecto de acceder a un préstamo para pagar la deuda interna, han surgido muchos movimientos sociales de oposición que podrían desencadenar un movimiento social, sin precedentes en la historia nacional por el grado de descontento popular existente.
  3. El anuncio del Gobierno de la República representa una serie de ocurrencias muy bien decididas a proteger a los que más tienen y desfavorecer a los que menos tienen, con una serie de impuestos cuyo efecto inmediato empobrece a la clase asalariada tanto el sector público como privado.
  4. Para la Rerum Novarum es urgente, que si se van a promover más impuestos los mismos tienen que aportarlos los que más tienen, es decir los impuestos tiene que pagarlos el gran capital financiero que ha tenido múltiples ganancias en este periodo de la pandemia y antes de la pandemia, pero ha sido condonado por el estado durante mucho tiempo.

La Rerum Novarum no va a repetir la consigna “no más impuestos” de la cual se está valiendo el sector empresarial para aprovecharse de un falso populismo direccionado a que tampoco les cobren impuestos a ellos, quienes acto seguido piden de inmediato reducir el aparato estatal lo que implica el riesgo de cierre de programas sociales, y de instituciones de bien social, como lo es Fondo Asignaciones Familiares (Fodesaf) y por tanto restar la posibilidad de protección a los más necesitados en un país donde crece la pobreza a ritmos acelerados y donde la informalidad pasa hacer un porcentaje sumamente alto de los trabajadores que tiene el país.

Visto lo anterior los empresarios harán desaparecer el bono de vivienda, los comedores escolares, las becas estudiantiles, las ayudas para mujeres agredidas y todos los programas sociales.

  1. Por responsabilidad con el país, con sus sindicatos, y federaciones afiliadas, la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum se reunió el pasado lunes 21 de setiembre con los secretarios generales y presidentes que conforman dichas organizaciones sindicales y después de un debate prolongado se llegó a la conclusión de que Costa Rica requiere una GRAN ALIANZA entre todos aquellos sectores que organizadamente, se plantean en su agenda la defensa de la institucionalidad del país, la defensa del medio ambiente, la defensa de los derechos humanos, la defensa de la protección social.
  2. Luego de este análisis se acordó aprobar la siguiente política de alianzas coyunturales, estratégicas para la defensa de la institucionalidad del país, los derechos sociales, laborales y ambientales y contra políticas anti laborales.
  3. Para la Rerum Novarum es más que necesario que desde el propio seno de la sociedad civil se llegue a acuerdos bajo una misma agenda que nos permita lanzar las bases sólidas de una CONCERTACIÓN NACIONAL con arraigo, popular y nacional.
  4. Ante esto, el Consejo Ejecutivo Nacional acordó una política de alianzas con todos aquellos sectores cuya intención es mantener el Estado Social de derecho, hacer uso de los mecanismos que nos da el derecho a la protesta para poder reivindicar a la sociedad costarricense.
  5. Creemos desde la Rerum Novarum que debemos protestar pero también proponer. Iremos a exigirle al Gobierno, que los impuestos que promueva para cubrir las necesidades del país, tienen que ser dirigidos al gran capital financiero, ese que por años se ha visto protegido y por lo tanto no ha contribuido en lo mínimo con los tributos al estado y por tanto no genera desarrollo, no genera empleo, tampoco beneficio social ni económico al país.
  6. Creemos necesario entonces la urgencia de tener una agenda nacional unificada para resolver los grandes problemas de la salud, del desfinanciamiento del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), así como la falta de atención a la salud que podría darse muy cercanamente. Necesitamos fortalecer la educación, así como que el país dé respuesta a esos niños que se han excluido del sistema escolar por cuanto sus padres y los ingresos familiares no les da ni para tener internet, ni mucho menos una computadora, ni mucho menos un teléfono inteligente donde reciban sus clases. Se considera en más de medio millón de niños, niñas y jóvenes que están quedando excluidos del sistema escolar y quienes no deben quedar rezagados porque estarían condenados a la miseria y la pobreza.
  7. Por ello, la Rerum Novarum deja claro ante la ciudadanía, que el movimiento sindical que representa va a estar a la par de todos aquellos grupos organizados, cuya agenda sea la defensa del país, pero a su vez deja también claro, que no participará con grupos cuyo interés solapado esté con un carácter partidario, porque consideramos que Costa Rica no merece ser engañada nuevamente.
  8. Habrá muchos políticos tradicionales que se rasgan las vestiduras ante esta crisis, pero fueron responsables de esta crisis.

LLAMAMIENTO PÚBLICO

La Rerum Novarum llama a la gran lucha nacional. La Rerum Novarum llama a la ALIANZA COYUNTURAL con todo aquel movimiento auténtico por la defensa de Costa Rica y no participará con ningún grupo cuyo objetivo tenga un carácter partidario, este es un movimiento de la familia costarricense, es un movimiento patriótico, es un movimiento por la salvación del país.

La Rerum Novarum llama a toda la población, a todo el sector organizado de las municipalidades, de las asociaciones de desarrollo, cooperativas, asociaciones solidaristas, para que nos unamos en esta gran causa.

Costa Rica nos necesita, vamos a defenderla y… ¡¡¡a lucha porque sin luchas no hay victorias!!!

Mujeres por Costa Rica hace propuesta para eje reactivación económica

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS recibió el siguiente documento del Colectivo Mujeres por Costa Rica:

Como parte del proceso Costa Ria Escucha, Propone y Dialoga el Colectivo Mujeres por Costa Rica propone:

I. INTRODUCCIÓN

La pandemia ha expuesto con magnitud microscópica los límites de un estilo de desarrollo que favoreció por más de tres décadas la producción articulada al mercado externo sin que lograra encadenar otros sectores de la economía orientados al mercado nacional. Un estilo de desarrollo que acentuó desigualdades estructurales que ante la actual crisis sanitaria, económica y política requiere de transformaciones profundas.

La protección y creación de nuevos empleos demanda acoplar ambos motores de la economía desde el paradigma del desarrollo humano sostenible para eliminar las condiciones estructurales que generan desigualdad, exclusión y pobreza. Ello exige transformaciones importantes en la estructura tributaria, la inversión pública, en el modelo educativo, en el sistema financiero y en la participación del Estado para garantizar más emprendimientos innovadores y empleos dignos. De particular importancia es la incorporación de las mujeres y la perspectiva de la igualdad de género en la elaboración y en la gestión de las propuestas, pues es sobre nosotras las mujeres –y muy particularmente las más pobres- sobre quienes recae el mayor peso de las desigualdades estructurales del estilo de desarrollo impulsado en las últimas décadas.

La reactivación deberá tomar en cuenta tanto las desigualdades estructurales internas, como las capacidades generadas por nuestro país para enfrentar los desafíos que nos impone la recuperación global. Esto demanda participación y sincronía de muchos actores e instituciones públicas y privadas para afrontar en el corto, medio y largo plazo cambios globales en los patrones de inversión, financiamiento, producción y consumo de bienes y servicios. Sin duda Costa Rica acumula gran experiencia en el sector turismo, en la agricultura para la exportación, comercio, servicios profesionales y tecnológicos, lo que nos permitirá ser una nación líder en desarrollo humano sostenible.

Nuestro país debe poner sus esfuerzos en actividades económicas que garanticen responsabilidad laboral y ambiental y para ello deberá hacer un esfuerzo importante en innovar procesos de producción, comercialización y consumo.

II. PRINCIPIOS Y PRIORIDADES

El conjunto de políticas, estrategias y medidas concretas que se asuman para impulsar la reactivación económica en materia de inversión, financiamiento, recomposición del diverso tejido empresarial y del empleo, deberán estar diseñadas a partir de las siguientes prioridades:

  1. Alimentación suficiente y de calidad para toda la población.
  2. Infraestructura y programas para garantizar la salud integral y la atención universal.
  3. Educación innovadora acorde a las necesidades del desarrollo inclusivo y ambientalmente sostenible.
  4. Instituciones de cuido para que las mujeres puedan integrarse al mercado laboral.
  5. Investigación y apoyo para la creación de nuevos emprendimientos orientados al desarrollo tecnológico.
  6. Infraestructura que permita la movilidad, producción y comercialización de los bienes y servicios de la nueva era del consumo global en el marco del desarrollo sostenible.
  7. Recreación y producción cultural.
  8. Desarrollo de diversos segmentos de turismo acordes con el desarrollo humano sostenible.
  9. Uso de energías alternativas favorables a la descarbonización.

III. PROPUESTAS

  1. Reactivación de las actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras para garantizar la soberanía agroalimentaria y nutricional. Para esto se deben impulsar las técnicas de producción en armonía con el ambiente con menor dependencia de las semillas genéticamente modificadas y menor uso de agroquímicos; así como el impulso de los mercados justos, generación de cadenas de valor y creación de empleo rural de calidad, especialmente para las mujeres, cuyos empleos suelen ser ocasionales, informales y mal remunerados.
  2. Ampliación de las posibilidades de financiamiento para las diversas actividades productivas, a tasas preferenciales, períodos de gracia y plazos más amplios para los nuevos emprendimientos. La Banca para el Desarrollo debe dar el acompañamiento técnico necesario para que los proyectos resulten exitosos. En general, todo el sistema bancario nacional debe recuperar su papel de impulsor del desarrollo nacional.
  3. Estímulo a la demanda interna de bienes y servicios producidos en el país, impulsando la capacitación para el comercio de estos en plataformas digitales.
  4. Construcción de toda la obra pública que los recursos estatales o bien las alianzas público-privadas permitan para generar empleo, dinamizar la economía, y al mismo tiempo reducir el rezago de años que tiene el país en este campo. El tren eléctrico metropolitano debería construirse para mejorar la movilidad urbana en la GAM. Si se decide hacerlo mediante una alianza público-privada se debe contemplar el riesgo que toda inversión implica, de manera que no sea asumido solamente por el Estado.
  5. Fomento de alternativas limpias de uso energético, producción y consumo, así como formalización de pequeñas empresas dedicadas al reciclaje y la reutilización de materiales.
  6. Impulso a la economía del cuido poniendo al servicio de las personas que se dedican a esta actividad, casi siempre mujeres, una remuneración justa, contando con los recursos de las diversas instituciones nacionales que puedan aportarlos para este fin: IMAS, INA, CCSS, INAMU.
  7. Estímulo a diversas modalidades de turismo que encadenen emprendimientos locales y la industria nacional en sintonía con la protección del patrimonio cultural y natural.
  8. Fortalecimiento de los gobiernos locales para que asuman un rol determinante en la identificación, creación y promoción de emprendimientos locales por medio de alianzas público-públicas y público-privadas.
  9. Ampliación y fortalecimiento de la infraestructura de conectividad digital, democratización de su acceso, capacitación para avanzar en la digitalización de las instituciones, empresas y comercio digital.

Carta para Carlos Alvarado de Mujeres en Acción

Escrito en . Publicado en Derechos.

Compartimos la carta enviada por el colectivo Mujeres en Acción con respecto a la iniciativa del Gobierno llamada: «Costa Rica escucha, propone y dialoga»:

San José, 18 de agosto del 2020

Señor
Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República
Su Despacho

Estimado señor presidente:

El colectivo feminista Mujeres en Acción, conscientes y extremadamente preocupadas por la crisis social, política y económica que vive nuestro país a consecuencia de las decisiones históricas y, las que se han adoptado para enfrentar la pandemia, ante la sugerencia del gobierno llamada: «Costa Rica escucha, propone y dialoga», consideramos importante manifestar lo siguiente:

  1. Es vital un diálogo nacional que abra la posibilidad de comprender y actuar sobre las realidades territoriales, sectoriales y poblacionales creadas y profundizadas a partir de las medidas adoptadas en el marco de la crisis sanitaria.
  2. Es clave reconocer que desde que inició la pandemia, grupos sociales y económicos hemos planteado acciones inmediatas, de corto y mediano plazo, que no han sido respondidas por parte de su gobierno.

En el contexto actual, y ante esta nueva propuesta, nos preguntamos:

  1. ¿Por qué se parte de una agenda ya definida unilateralmente por parte del gobierno y no se abre a una construcción conjunta entre la diversidad de sectores y actores sociales y políticos, como base para un auténtico diálogo que pueda llevar a negociaciones y acuerdos?
  2. ¿Por qué luego de cuatro meses de falta de escucha a los movimientos sociales se dan plazos tan cortos para dialogar y proponer las urgentes reformas coyunturales y estructurales que necesita nuestro país?
  3. ¿Por qué no se evidencian de forma transparente los mecanismos para analizar y sistematizar las propuestas?
  4. ¿Por qué no se aclara desde ya cuál será el mecanismo de diálogo que garantice las condiciones democráticas, justas, reales y que conduzcan a una eficaz negociación y definición de agenda nacional?
  5. ¿Existe un compromiso real con una visión y proyecto de país inclusivo y democrático, que garantice la actuación del Estado en aras del bienestar colectivo?

En relación con su llamado a la remisión de propuestas queremos recordar que este colectivo remitió a su despacho dos cartas con propuestas concretas, mismas que no han sido respondidas.

El 11 de junio enviamos al despacho que usted representa una propuesta fiscal con seis soluciones concretas para superar la pandemia sin un aumento de la desigualdad y protegiendo las instituciones del Estado de bienestar. Aquí le adjuntamos, para su estudio y respuesta, el siguiente enlace donde encuentra dicho documento:

https://drive.google.com/file/d/1SFihEzmsVmnuIbphQKhx_HwdjmIhzBuI/view?usp=sharing

En una segunda carta abierta, también dirigida a su persona y enviada el 14 de Julio a su despacho (https://drive.google.com/file/d/1lDdDuBz-jpNRmuZVovJ7OHxdW8QWeV4v/view?usp=sharing), en respuesta a su discurso en cadena nacional de televisión del 12 de julio, le preguntamos, entre otras cosas:

  1. ¿Por qué considera indispensable negociar con el Fondo Monetario Internacional, sin abordar públicamente la opción de recurrir a las reservas del Banco Central?
  2. ¿Cómo propone el gobierno refinanciar a las instituciones públicas y a los programas sociales, durante y después de la pandemia?
  3. ¿Está el gobierno valorando la venta de activos en el corto o mediano plazo? ¿Por qué?

También le expresamos nuestro asombro y preocupación con el hecho de que su equipo de gobierno no se hubiera referido aún a las propuestas para enfrentar la crisis que hemos hecho distintos sectores; incluidas dos propuestas legislativas de recurrir a contribuciones fiscales del gran capital para así evitar que Costa Rica salga de la crisis aún más desigual de lo que ya es hoy. Tampoco en esa oportunidad recibimos respuesta.

Nos llama la atención y nos genera dudas la legitimidad de este llamado al diálogo que, se convoca con la decisión ya tomada de negociar un convenio stand by con el FMI en septiembre. Lo anterior a pesar de que se ha cuestionado su conveniencia como única vía para financiar al Estado y, tomando en cuenta que hasta la fecha, ha existido la negativa de transparentar los términos de esta negociación.

El gobierno ha tenido muchos meses para escuchar y actuar sobre las diversas propuestas de los movimientos sociales. Sin embargo, no hay existido un mínimo respeto y consideración para contestarlas.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos respuestas transparentes, claras, concretas y por escrito de ambas misivas al correo de mujeresenaccion.costarica@gmail.com y respetuosamente sugerimos, con miras a participar en un eventual diálogo, lo siguiente:

  1. Un primer diálogo con una participación plural para fijar una agenda entre todos los movimientos sociales, sectores económicos y sociales organizados y el gobierno, con metas de corto, mediano y largo plazo.
  2. El carácter vinculante de los acuerdos tomados con miras al establecimiento de una hoja de ruta que verdaderamente los incorpore y garantice su cumplimiento.
  3. Un marco ético de actuación con mínimos comunes para el diálogo y los disensos acordados entre todos los sectores y movimientos.
  4. La suspensión o retiro de los proyectos enviados a la Asamblea Legislativa que afectan el empleo y las finanzas públicas, especialmente el proyecto N. 21181, denominado proyecto de flexibilización laboral, que no sólo es inconstitucional, sino que atenta contra el derecho al trabajo y las conquistas laborales de los últimos 100 años, así como todos los estándares y principios del derecho internacional.
  5. Un informe sobre el avance de las negociaciones con el FMI y los términos concretos que se están negociando.
  6. La discusión colectiva de si las negociaciones con el FMI son realmente indispensables o si es posible contar con alternativas de financiamiento a partir de un impuesto temporal a los grandes patrimonios y las riquezas nacionales propuestas por muchos sectores, uso de fondos del Banco Central e impuestos a las transacciones financieras.
  7. La presencia de personeros gubernamentales de rango ministerial y con poder de decisión durante todas las negociaciones, incluyendo al Equipo Económico del Gobierno.
  8. La incorporación y operacionalización del principio de la ética del cuidado de la vida humana y del planeta en el centro de las políticas económicas y sociales.
  9. La existencia de observadores garantes del diálogo, acordados de común acuerdo, incluyendo personalidades reconocidas, neutrales e idóneas, como representantes de las universidades públicas, más no de denominaciones religiosas.

Finalmente, adjuntamos un documento que recoge una serie de nuestras propuestas claves a contemplarse en este diálogo y que ya presentamos públicamente el día 24 de julio (https://www.facebook.com/mujeresenaccioncostarica/videos/770243210209319).Reiteramos que nos anima el amor que tenemos por nuestro país, la defensa de los derechos humanos de todas las personas que lo habitamos, y el deseo de fortalecer la democracia política, social y económica y en consecuencia, el Estado Social de Bienestar.

M.Sc. Ana Elena Obando M.
Mujeres en Acción

Voces y Política: Mujeres atravesando la pandemia

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

No todas las personas experimentan de la misma forma la pandemia. Debido a que vivimos en una sociedad basada en la desigualdad social y el patriarcado, las mujeres nos encontramos en una situación de mayor vulnerabilidad frente a los efectos de cualquier crisis económica, política y social. Además, las mujeres rurales, campesinas e indígenas experimentan doble exclusión y desigualdad que agudiza el impacto de la crisis sanitaria.

Mañana estaremos profundizando sobre este tema, así como sobre las estrategias y alternativas que construyen las mujeres para resistir a este contexto.

Nos acompañaran Francisca Inés Wilson de Valle Bonito de Upala, parte de la Red de Mujeres Rurales, Cinthya Hernández de Chánguena en Palmar Sur, parte de Chánguena por Siempre. Doris Ríos, del territorio cabecar de China Kichá en la Zona Sur, parte de los procesos de recuperación de tierras indígenas y Kattia Cruz de la Carpio en San José, parte de COOVIFUDAM.

A las 5:00 p.m. por la 96,7 fm o en el Facebook de Radio Universidad de Costa Rica.