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Juan Francisco Campos
Abril 24 del 2026

La histórica política de Estado costarricense pro derechos humanos y protección del ambiente sustentada en su avanzado marco constitucional y legal, donde sobresalen los artículos 50 de la Constitución y 17 de la Ley 7554; hace aproximadamente 12 años viró hacia un proceso de involución, encubierto por el discurso oficial de paz con la naturaleza y desarrollo sostenible. Gobernanza que, hasta entonces había constituido una bandera efectiva de distinción mundial. Pero a pesar de tratarse de un retroceso con evidencia anticonstitucional, la administración Chaves Robles lo intensificó en un contexto de violencia, donde la herramienta política más visible, ha sido el “discurso de odio” y el presidente de la República su principal protagonista con un lenguaje coloquial e inmoral. Así denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional.

En ese orden, los procedimientos técnicos (regulaciones ambientales) más significativos y vigentes durante décadas para administrar con eficiencia estatal el uso racional de los recursos naturales; fueron etiquetados como “cuellos de botella y obstáculos al desarrollo nacional” con el objetivo de justificar su eliminación. En igual dirección, la Costa Rica así gerenciada por este gobierno y los sectores empresariales afines al neoextractivismo, de principal promotor del Tratado de Derechos Humanos Regional conocido como “Acuerdo de Escazú” auspiciado por la ONU, cambió radicalmente su posicionamiento ecológico para distinguirse entre los detractores que han rechazado su ratificación. Mientras otros países sin protagonismos ni trayectoria socioambiental similar a la costarricense se consolidaron como Estados Parte.

Es decir, la trascendental esperanza en el derecho internacional público de brindar protección efectiva a Defensores de Derechos Humanos en Costa Rica, paradójicamente fue eliminada desde el Poder Ejecutivo y Legislativo; así como un relativo acompañamiento del Poder Judicial. Mientras tanto, la inseguridad estructural del país y la narrativa oficial, han sido cada vez más violentas, los delitos ambientales crecen y los asesinatos de líderes ambientales y comunales siguen impunes. De manera que, hasta la actualidad se han concretado una serie contrarreformas ambientales sin precedentes, cuyas consecuencias más inmediatas, las podemos inferir de los miles de denuncias ambientales que cada año registran las instituciones encargadas (CA-MINAE). Quizás el único o último recurso que, le queda a la ciudadanía para reclamar su derecho constitucional a la vida sana; no obstante, la débil o nula respuesta del Estado y otras acciones específicas del presidente del país como la difamación de funcionarios públicos, calificación de terroristas a los defensores del ambiente y hasta incitación a la “limpieza política hemisférica”. Acciones a las que también suma la selección de “persona non grata” o “desvisado” -llama el presidente-, a cargo del principal aliado extranjero quien parece operar en estrecha coordinación.

Por otra parte, la instrumentalización mayor de la situación descrita, no sólo está en marcha, sino que, también explícita en las políticas públicas que los gobiernos saliente y entrante declaran abiertamente que, son y serán prioritarias para la continuidad de sus obras en tránsito hacia lo que denominan la “tercera República”. La venta y cierre de instituciones públicas, nuevos proyectos de ley, reglamentos y hasta reformas constitucionales del mismo corte regresivo; son acciones que ya están en lista o en los trámites correspondientes. Y sumado a ello, aparece intensificado el discurso de odio, instrumento que, a pesar de la crítica de expertos y advertencias de organismos mundiales, la gravedad de su contenido se ha elevado al umbral de “nivel superior”; lo cual, como establece la ONU para estos casos: “requiere prohibición legal según el derecho internacional a través del derecho penal”.

El caso denominado “Crucitas”, es en estos momentos el mejor ejemplo para describir la grave crisis socioambiental del país y que, si bien la afectación mayor aparentemente se extiende en parte de la Región Norte (entre 3000 y 10000 ha según recientes publicaciones), sus dimensiones reales transcienden el plano regional y nacional. Una situación de crisis extrema, aparentemente, facilitada por los gobiernos de al menos los últimos 20 años; sobre la cual, dan cuenta sentencias judiciales no cumplidas. De acuerdo con las informaciones hasta ahora divulgadas, en el país, no existe antecedente similar de generación y acumulación de tantos daños ambientales (delitos) sobre los ecosistemas y comunidades humanas, incluyendo los trabajadores mineros calificados como artesanales (coligalleros).

Además, lo que parece enigmático de esta “minería ilegal”, es que, mantiene una altísima productividad, pero según informan, la misma es “saqueada y exportada” desde territorio nacional. Se indica que, quienes saquean el mineral son los coligalleros de mayoría migrantes y sin identidad; mientras los exportadores sí están identificados y algunos hasta se les conoce públicamente. Dos clases de trabajadores cumplen órdenes por esta explotación en la zona, los subterráneos sin identidad ni derechos y los superficiales empleados policiales; éstos últimos obviamente bien identificados y equipados, hasta para ejecutar implosiones mediante el uso de dinamita. Así nos dicen las jefaturas de policía que “mitigan los daños ambientales”, no se sabe si asesorados por el ministro de Ambiente y personal de la SETENA; pero más parece que adelantan la minería a cielo abierto.

Diferentes actores incluyendo políticos interesados en legalizar esa explotación, informan que la actividad tiene aproximadamente 10 años de operación y que ha alcanzado una producción aurífera de miles de millones de colones anuales, pero que en su mayor parte es transportada a Nicaragua sin generar ningún beneficio para Costa Rica. Repiten también que, la devastación ambiental y social alcanzó límites de alerta máxima. Podríamos decir que han activado todas las alarmas de una situación de desastre nacional que, indudablemente requiere acciones técnicas de emergencia y recuperación; por ejemplo, ameritaría una declaratoria de emergencia nacional. Sin embargo, para el gobierno y voceros empresariales, la única solución que existe y admiten, es su propuesta de ley en trámite legislativo, a través de la cual, se plantea la concesión privada. En entrevistas públicas, han declarado como posibles concesionarias a viejas empresas con largo historial en la actividad, de fuerte poder económico e interesadas en invertir en el neoextractivismo minero; citan así a empresas activas en República Dominicana.

En este mismo contexto de emergencia no oficial, entre las afectaciones directas de carácter social ejecutadas por el Estado, el pueblo Chorreras de Cutris, fue desalojado del territorio en uso y todas sus edificaciones (públicas y privadas) arrasadas con el empleo de fuerza mecánica y presencia policial, ante la mirada impotente de niños, jóvenes y adultos; algunos llorando su destrucción. No tenemos referencia de alguna demanda de justicia para ellos. Sin duda que, fue una escena más propia de los pueblos actualmente sojuzgados por el poder y la maldad imperial, mismo poder al que, el gobierno ha declarado que le solicitó apoyo para atender esta situación. No obstante, para los sectores empresariales y de gobierno interesados en legalizar y extender la explotación, los responsables del desastre actual son los trabajadores coligalleros; y así procuran por diferentes vías de comunicación, generar el convencimiento de la opinión pública nacional.

Con tales señalamientos de responsabilidad, a las víctimas de esa forma de trabajo de historial esclavizante en el mundo, se les acusa de ser los victimarios del ambiente. Por lo tanto, no sería la excepción que, en Crucitas, la minería ilegal/artesanal (reconocida oficialmente) pero de elevada productividad y rentabilidad que informan, mantenga operaciones de esa detestable práctica; y aunque no esté confirmada, se refieren hechos que dan cuenta sobre muertes tanto en número como causantes desconocidas. Algo característico en territorios así ocupados, donde es conocido que, los factores de riego se multiplican y por ejemplo la falta de seguridad, criminalidad y violencia sobresalen; dando como resultado no sólo muertes por accidente sino también por criminalidad. Nada extraño será a futuro, también la aparición de fosas comunes anónimas en la zona.

De lo expuesto, es claro el afán de continuar con las explotaciones neoextractivistas en el país, como la propuesta en el año 2006 con el proyecto Crucitas por parte de corporaciones extranjeras y el apoyo gubernamental. Pues actualmente el presidente Rodrigo Chaves y sus seguidores, incluyendo la presidenta electa Laura Fernández, se han lanzado con todo y contra toda oposición política y científica a impulsar el proyecto de ley en trámite legislativo No.24717. En forma absoluta y contraria al marco normativo, tratan de legalizar una actividad ya operante de minería metálica a cielo abierto, explotación mundialmente caracterizada por los múltiples y elevados impactos ambientales negativos y permanentes; además de científicamente valorada como no sostenible.

Con este caso, debe contemplarse que, como actividad en operación al menos durante una década y al margen de la legalidad ambiental vigente, nuestro marco legal y constitucional, entre otros principios contempla la precaución; lo cual, permite comprender que, previamente no se establecieron y mucho menos cumplieron las medidas ambientales oficiales que correspondían. Por lo tanto, las impactos generados y acumulados en las áreas de influencia directa e indirecta, constituyen automáticamente daños ambientales que, la legislación nacional establece como delitos imprescriptibles. Vale así preguntarse: ¿Quiénes son los responsables por acción u omisión de la devastación generada hasta hoy día? ¿Si las autoridades nacionales no cumplen su función debe la ciudadanía demandarlo?

Lejos de posibles beneficios y conveniencia nacional según se planteaba en sus inicios, lo que se impondrá mediante el proyecto No. 24717, es la “continuidad” y elevación de la carga ambiental destructiva, indefinida e irreparable del territorio; a cambio de regalías (5%) de las inmensas ganancias potenciales que se generarían. Lo cual, parafraseando a doña Laura Fernández, para la Nación costarricense eso será “perder perder”. Entiéndase así que, con dicho proyecto lo que se pretende en primer lugar y sin más ni menos, es otorgarle condición legal a la misma actividad que durante años ha operado ilegalmente junto al “saqueo” de la Nación. Sin duda alguna, estamos ante toda una farsa, mediante la narrativa de una emergencia socioambiental para la que no existe alternativa diferente al proyecto de ley oficial; dejando con ello evidente la incapacidad política del gobierno y las acciones retroactivas que atentan contra el derecho ambiental.

Conclusiones:

1. Si bien durante varios gobiernos se ha concretado un proceso de regresividad sobre el bloque de legislación ambiental, enfocado principalmente en materia de Evaluación y donde quizás lo más grave ha sido la derogación del Reglamento General de EIA (Evaluación de Impacto Ambiental); gracias a la Constitución y leyes aún no modificadas con igual objetivo, los principios del derecho ambiental como pro natural, precautorio, participación, irretroactividad; están plenamente vigentes y el pretendido proyecto de ley por parte del gobierno no los supera.
2. La Evaluación de Impacto Ambiental para proyectos, obras o actividades mineros, aún con las grandes debilidades establecidas en el actual Reglamento, sigue manteniendo su función preventiva obviamente para proyectos nuevos; lo cual obliga a que toda propuesta de desarrollo de esta naturaleza debe contemplar antes de su inicio desde la fase de instalación, la elaboración y aprobación por parte del Estado de un estudio completo de Evaluación Ambiental. Bajo esta premisa, cualquier obra o actividad, iniciada o ejecutada sin haber cumplido con ese requerimiento, obliga a rechazar el proyecto y denunciar al desarrollador según las leyes.
3. La Evaluación de todo proyecto, obra, actividad o plan; por parte del Estado según la reglamentación de Evaluación de Impacto Ambiental y la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) concordante con cada uno; es insoslayable. Para el caso de la EAE que involucra los Planes de Ordenamiento Territorial y por ende los criticados y quizás poco conocidos Planes Reguladores, al planificar las categorías de uso de suelo, y obviamente, tomar decisiones para áreas con usos cuya condición presente se determina que sobrepasaron los límites ambientalmente sostenibles; no admiten la continuidad del sobreuso. Pues el objetivo superior es el desarrollo sostenible, por lo tanto, lo que demanda es establecer medidas que tiendan a la recuperación. Obsérvese en este sentido que, si la devastación de Crucitas, además de que se originó en una actividad al margen de la legalidad ambiental para la que ya no es legítima la EIA, los daños que presenta, evidencian el sobreuso de suelo a que ha sido sometida la zona; otro indicador de que, tampoco es técnicamente admisible la continuidad de la explotación. Repito, técnica y legalmente, se impone de inmediato la elaboración y ejecución de un plan de cierre técnico, y para ello no existe alternativa.
4. Ha informado y reconocido el gobierno, la presencia en la zona de Crucitas de un oneroso destacamento de oficiales de policía ante la actividad diaria de cientos de trabajadores indocumentados; sin embargo, los resultados del trabajo oficial (vigilancia y control) no muestran congruencia con esa actividad diaria de cantidad de trabajadores mineros.
5. Para el escenario que se vislumbra con la minería en esta Región, se debe tener presente que, ante denuncias de la ciudadanía por Viabilidades Ambientales otorgadas a proyectos en los que ha determinado inconsistencias, el órgano encargado de la EIA y EAE (SETENA) es recurrente en justificar la licencia, bajo el argumento de que las obras o actividades se ejecutarán en “áreas ya impactadas ambientalmente”. Por ejemplo, en los proyectos del nuevo hospital y un atracadero en Limón. Es decir, para dichas autoridades el sobreuso del suelo es viable, y que áreas así impactadas carecen de interés para la protección y en consecuencia requieren menos estudios ambientales o hasta no requerirlos. Este, es un criterio que carece de sustento técnico y constituye prueba de posible prevaricación.
6. A partir del año 2023 con la entrada en vigencia del “Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental” (D.E. 43898) derogatorio del Reglamento General de la EIA, se culminó la eliminación del requisito de Evaluación de Impacto Ambiental para un 65% de los proyectos, obras o actividades que hasta entonces la requerían. Por su parte, como resultado de las derogaciones al 35% restante se le flexibilizó el proceso, la mayoría recibe la viabilidad ambiental sin contemplar la inspección de campo y el control y seguimiento es casi nulo; son parte de los hallazgos de muchas debilidades que presenta el proceso actual de la Evaluación a cargo de la SETENA, según “el informe de auditoría especial DFOE-SOS-IAD-00008-2025” publicado el 30 de octubre de 2025. Con esta benevolencia ambiental se propone el gobierno continuar la senda del desarrollo sostenible abriendo las puertas al neoextractivismo minero metálico a cielo abierto.
7. En las típicas alocuciones del señor presidente durante lo que ya son los últimos días de su administración, parece que se ufana de haber sido un ausente de las Asambleas Generales de la ONU. Ha expresado a la vez que, este Organismo se convirtió en un “refugio de ideologías”. Dice también que él habla tres cosas: “la verdad, de frente y claro”. Sin embargo, por ejemplo, no se conocen respuestas suyas acerca del “Informe sobre Discursos de Odio y Discriminación 2025” en Costa Rica, dado a conocer por la ONU. Pero sí exhibe en su acostumbrada narrativa, un tono más fuerte con el que arremete hasta contra gobiernos de otras naciones de nuestro hemisferio, mientras aparenta pretender el respaldo internacional para su candidata actual a la Secretaría General del máximo Organismo. Es decir, tanto en política exterior como en política ambiental y de derechos humanos, no se le ha observado ni escuchado la verdad de frente y menos claridad. Al final, la distopía que vino a descubrir y narrar el migrante don Rodrigo Chaves, es la que hereda a la espartana de “mano dura” doña Laura Fernández; quien ha prometido continuar al frente del gobierno con el mismo manual inspirado en el ideario de la extrema derecha internacional, aplicado en lo que fue la “Suiza centroamericana” en transición a un “Singapur occidental”.