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Etiqueta: Crucitas

El «conversatorio» en Turrúcares del 4 de noviembre: recuerdos de poses graves, amenazas vacías y demandas infundadas ante el CIADI

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho UCR

nboeglin@gmail.com

Introducción

El 30 de octubre del 2026, se anunció la integración de un tribunal arbitral en el marco del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista extranjero y Estado, más conocido por sus siglas en inglés – ICSID – y en francés – CIRDI) en el caso de la demanda interpuesta por la empresa EBI contra Costa Rica en julio del 2025: véase nota de IA reporter y enlace oficial del CIADI sobre el caso registrado bajo el numero ARB. 25/33. En este otro enlace oficial del CIADI se dan a conocer algunos aspectos del procedimiento iniciado en julio del 2025 por la empresa EBI contra Costa Rica.

Como por alguna extraña coincidencia (… ¿será?) en los días posteriores al viernes 30 de octubre del 2026, se escuchó hablar mucho de Turrúcares y del relleno sanitario que pretende la empresa EBI instalar en esta comunidad, tal y como lo veremos a continuación. Con un inusitado esfuerzo de convencimiento por parte del Estado costarricense en el marco de un repentino «conversatorio» organizado con la presencia de varios ministros en Turrúcares, pocos días después, el miércoles 4 de noviembre: cuatro ministros, con uno de ellos con además doble cartera, que suspenden en cuestiones de días su cargada agenda para coincidir personalmente en Turrúcares, ¿no resultará del todo algo inédito?

A todas luces se trató, de un interesante ejercicio de las actuales autoridades costarricenses, que pareciera iniciar una secuencia, razón por la cual se sugiere colocar un: «Acto I» luego de la palabra «conversatorio» del título de nuestras reflexiones.

El titular de esta nota de CRHoy del 6 de noviembre refiere a la palabra «chantaje«: de lo observado y escuchado el pasado 4 de noviembre, se trataría en efecto de un intercambio de proyectos sociales para el desarrollo de la comunidad de Turrúcares a cambio de un pequeño favor solicitado a esta misma comunidad. De lo inédito, pasamos a lo insólito.

Insólito también resulta el rechazo a una moción en la Asamblea Legislativa en la que pareciera que para 31 de sus actuales integrantes, no hay problema alguno en el antes aludido «chantaje» observado en Turrúcares (véase nota del 9 de noviembre de Delfino.cr).

De manera a tener una pequeña idea de la actual orientación política que se observa en Costa Rica con todo lo que le pida Estados Unidos así como los círculos corporativos y empresariales que gravitan alrededor de la embajada de Estados Unidos en San José, no está de más añadir el texto de una declaración adoptada el 5 de noviembre en el marco de una cumbre iberoamericana en Madrid, en la que Costa Rica, conjuntamente con Argentina, Colombia y Paraguay optaron por separarse del párrafo 4 (véanse notas al final de la misma declaración) que se lee de la siguiente manera:

«Rechazamos la coerción y la aplicación de medidas contrarias al Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas que obstaculicen la capacidad de los Estados para hacer frente a sus necesidades y prioridades en materia de desarrollo«.

Podemos añadir a ello una reciente votación en Naciones Unidas con respecto a las obligaciones en materia ambiental de Israel con respecto al Líbano (véase nota del 11 de noviembre del 2026 publicada en Delfino.cr) y a los recursos naturales en el territorio palestino ocupado (véase nota de Delfino.cr). Más allá de una cara verdaderamente desconocida y desconcertante que Costa Rica está externando ante los demás integrantes de la comunidad internacional con este tipo de posiciones, en las líneas que siguen, enfatizaremos nuestras reflexiones en torno a:

– algunas amenazas de demandas ante el CIADI fomentadas por las autoridades de Costa Rica en años no tan lejanos con respecto a megaproyectos;

– la paulatina desconfianza que ha generado el CIADI en América Latina;

– la demanda de la empresa EBI contra Costa Rica de julio del 2025, dedicando unas líneas al «conversatorio» (Acto I) con la comunidad de Turrúcares en el que el micrófono fue monopolio de las autoridades presentes a la reunión (lo cual explica las comillas usadas cuando nos referimos a la noción de conversatorio en este texto).

Amenazas de arbitraje internacional: algunos recuerdos que cabe mencionar no muy lejanos

La amenaza del arbitraje internacional en Turrúcares y el condicionamiento escuchado (véase nota de Diario Extra) que explicaremos más en detalle, recuerdan ambos unas desafortunadas declaraciones brindadas el 27 de julio del 2010 por parte de un Vice Presidente en Costa Rica, en tono grave: según él, de derogar un decreto de conveniencia nacional, Costa Rica debería desembolsar la coqueta suma de 1.700 millones a una empresa minera canadiense (véase nota de La Nación y nuestra opinión publicada el 2 de agosto del 2010 en La Nación, titulada «Minería, arbitraje y amenazas«). A la fecha de hoy (13 de noviembre del 2026), se mantiene como una verdadera incógnita en Costa Rica la identidad de las personas que integraron una «comisión de alto nivel» gubernamental que llevó al Vice Presidente de Costa Rica a referirse a semejante suma (verdaderamente fantasiosa) de 1.700 millones de US$: véanse nuevamente las declaraciones de Alfio Piva del 27 de julio del 2010 y este artículo de un geólogo extrañado por esta cifra – publicado en medios digitales – de agosto del 2010 – exigiendo explicaciones. Pese a gozar todos los integrantes del gabinete correspondiente al período (2010-2014) de una muy buena salud y posiblemente de una muy buena memoria, la nómina exacta de los integrantes de esta denominada «comisión de alto nivel» constituye posiblemente uno de los secretos mejores guardados en Costa Rica, que persiste con el pasar del tiempo.

La cifra mirobolante de aquel momento nos llevó a explicar cómo amenazas de arbitraje internacional han sido utilizadas a veces por decisores políticos: véase al respecto nuestro artículo publicado en el 2011 en la revista Ambientico (UNA), titulado «Minería y amenazas de arbitraje internacional: balance y perspectivas«.

Como se recordará, planteada finalmente la demanda contra Costa Rica en el 2014 por la misma empresa minera canadiense ante el CIADI, un laudo arbitral del 2021 no le ordenó pago alguno a ésta por parte del Estado costarricense, confirmándose el carácter totalmente fantasioso de la millonaria cifra avanzada de manera bastante imprudente por el entonces Vice Presidente de Costa Rica en julio del 2010 (con base en un «análisis» de sus asesores de «alto nivel» cuya identidad permanece hasta el día de hoy sin conocerse).

No está de más recordar lo que habían señalado en noviembre del 2010 tres valientes jueces del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) en su histórica sentencia (véase texto, párrafo XXX), ante los argumentos desplegados por los abogados de la empresa minera canadiense, invocando la falta de seguridad jurídica para inversionistas canadienses:

«No puede invocarse la seguridad jurídica o la inversión extranjera para pretender mantener vigente conductas administrativas completamente ilegales. Esto último se deriva, también, de las leyes 7870 y 8286, ya citadas. En la primera se prevé que entre Costa Rica y Canadá, las inversiones deben adecuarse a Derecho, cosa que no sucede con lo pretendido por Industrias Infinito. Además, en la Ley 8286 se establece que la normativa ambiental no puede ser atenuada con el fin de promover el comercio, con lo cual se evidencia la preponderancia que la tutela ambiental tiene para Costa Rica y Canadá. En ese sentido, lo que aquí se decide, en el tanto implica la nulidad de actuaciones ilegales y en la medida que se sujetan las conductas objeto del proceso a la normativa relacionada con la protección del ambiente, en nada menoscaba la seguridad jurídica ni afecta negativamente la inversión extranjera, particularmente la que proviene de Canadá«.

Con una buena dosis de humor, el recordado documental «El Oro de los Tontos» realizado en el 2011 desde la misma UCR (véase enlace en YouTube) permitió tener una idea más completa del nivel de ocurrencias gubernamentales y de profunda indignación que este proyecto minero causó en Costa Rica a partir de octubre del 2008, en particular para quiénes, desde afuera, asociaban (y siguen asociando) a Costa Rica con la imagen de un país ecológico y lo consideran como un líder indiscutible en materia ambiental. De alguna manera, Crucitas vino a delatar al mundo la faz oscura de la Costa Rica verde, al tiempo que sus jueces nacionales detectaron tales anomalías desde las más altas esferas del poder, que las calificaron como parte de una verdadera «orquestación de voluntades» (Nota 1). Es la primera vez en la historia judicial costarricense que jueces emplearon esta expresión para explicar la secuencia de ilegalidades observadas en el caso de la tramitación de aquel proyecto minero a partir de octubre del 2008.

En el 2011, fue esta vez con respecto al gas y al petróleo que algunos círculos políticos y corporativos agitaron la amenaza de un arbitraje internacional, al que también nos referimos en este artículo publicado en La Nación, titulado «Petróleo, gas y amenazas«. En el 2024, un artículo del Semanario Universidad reveló con respecto a círculos que persistían en el 2023 en fomentar la exploración y extracción de gas y de petróleo en Costa Rica, las andanzas de un ex jerarca de la cartera ambiental en Costa Rica.

No está de más traer a la memoria este artículo publicado en La Nación en el 2011, en el que se indica, a partir de los cables WikiLeaks, cómo el embajador de Estados Unidos en Costa Rica no logró inmutar en lo más mínimo al Presidente de Costa Rica de la época, Abel Pacheco (2002-2006), pese a la amenaza de una demanda de la empresa petrolera Harken por un monto (astronómico…!) de 57.000 millones de US$ que al final nunca presentó. En el 2014, un tribunal nacional rechazó la demanda de Harken que pasó de los fantasiosos 57.000 millones de US$ a 13 millones de US$ (véase nota del 17 de diciembre del 2014 del Programa Nuestra Voz).

El mismo efecto de lo que podríamos denominar «reducción sustancial significativa« se observó con la amenaza de demanda de la empresa minera canadiense Infinito Gold por un monto inicial anunciado en el 2013 de 1.092 millones de US$ (véase nota de La Nación de octubre del 2013) que se redujo drásticamente a menos de 94 millones (véase párrafo 110 de la demanda interpuesta ante el CIADI en febrero del 2014): estas diferencias más que notorias entre montos evidencia que no derivan de ningún tipo de estudio o de datos, sino del humor antojadizo de algunos y de círculos empresariales y corporativos que repiten cosas con una gran facilidad en Costa Rica.

Dicho sea de paso, este cable confidencial dado a conocer por WikiLeaks de agosto del 2005, detalla a los operadores a favor del TLC con Estados Unidos en Costa Rica identificados por la embajada de Estados Unidos en San José, y que han coincidido con agitar amenazas de arbitraje internacional. Este otro cable confidencial del 2006 detalla el «estado de pánico» de algunos decisores en Costa Rica a cargo del comercio exterior al anunciar Estados Unidos sanciones si Costa Rica no aprobaba un ABI (Acuerdo Bilateral de Inmunidad), que garantice impunidad a personas de nacionalidad norteamericana buscadas por la justicia penal internacional de La Haya.

En el 2013, una demanda contra Costa Rica por parte de un grupo de accionistas de Suiza de una empresa distribuidora de gas que un ministro adelantó ser «infundada» (véase nota de Teletica) terminó ordenando al inversionista … pagarle a Costa Rica más de un millón de US$ (véase texto de la demanda de febrero del 2013 y decisión de un tribunal del CIADI de marzo del 2017 en particular el párrafo operativo final 728). La mención a Suiza refiere a una cláusula favorable al inversionista extranjero en un TBI vigente entre Costa Rica y Suiza, creándose una sociedad anónima cuya única existencia se debió a esta demanda interpuesta ante el CIADI contra Costa Rica: una búsqueda en la red de «Cervin Investissements S.A. y Rhone Investissements S.A» al menos así lo evidencia.

En el 2017, con respecto a la desestimación de una demanda interpuesta el 9 de febrero del 2012 ante el CIADI contra Costa Rica por una subsidiaria de la empresa RITEVE denominada «Supervisión y Control S.A» – véase texto del laudo arbitral del CIADI del 2017 -, nos permitimos recordar en esta nota que:

«Con relación a la demanda interpuesta en febrero del 2012 por RITEVE contra Costa Rica, cabe recordar que en junio del 2012, durante una conferencia de prensa (véase nota de Diario Extra, del 16/06/2012) el viceministro del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) de Costa Rica, Rodrigo Rivera, “explicó que para el Estado era más barato permitirle a Riteve quedarse operando 10 años más y de esta manera asegurarse no tener que pagar los $280 millones si perdía el arbitraje”.»

En el 2022 otra decisión de un tribunal del CIADI resultó también favorable para Costa Rica (véase texto completo del decisión).

Estas cuantas referencias a algunos recuerdos no tan lejanos en la línea de tiempo, evidencian el uso que tradicionalmente se ha hecho del arbitraje internacional en Costa Rica para intentar malinformar y/o manipular a la opinión pública, o presionar a decisores políticos. Los resultados obtenidos por la defensa legal de Costa Rica ante las pretensiones de algunas empresas frente a los árbitros del CIADI demuestran la poca solidez jurídica de los argumentos avanzados por los asesores legales de estos inversionistas extranjeros.

EL CIADI y la profunda desconfianza que genera

Resulta oportuno precisar que el sistema establecido por el CIADI permite a un inversionista presentar una demanda contra un Estado, pese a tratarse muchas veces de demandas abusivas y/o infundadas. El sistema está pensado únicamente en un sentido: inversionista extranjero contra Estado. ¿Como así? Como se lee.

Algunas de estas demandas se basan en permisos y autorizaciones otorgados por entes públicos, sea a nivel local, sea a nivel nacional, de manera sospechosa en «modo express«. En el caso de Costa Rica, los activistas en materia ambiental con cierta experiencia saben que las aprobaciones de la SETENA (Secretaría Técnica Ambiental) a partir de la segunda quincena de diciembre usualmente corresponden a proyectos sumamente cuestionables que terminan siendo declarados ilegales en los tribunales de justicia costarricenses (Nota 2): se trata de una fecha a partir de la cual, cada año, Costa Rica pareciera entrar en una suerte de «sopor» festivo navideño.

Al tratarse de demandas acompañadas de cientos de millones de US$ exigidos a título de indemnización y/o compensación a un Estado, estas demandas suelen ser usadas como mecanismo de presión sobre los decisores políticos.

Cuando la mala fe de un inversionista extranjero es notoria, el CIADI puede condenar al inversionista a pagarle al Estado un monto determinado. Es lo que obtuvo Costa Rica en una decisión del 2018 (véase texto en el caso David Aven et alii vs Costa Rica: párrafo final 769). Los especialistas en materia ambiental podrán verificar que en este caso, los árbitros del CIADI consideraron que no había cómo eximir a los inversionistas extranjeros de la obligación de cumplir con todos los requisitos que establece la legislación ambiental vigente en Costa Rica. En el párrafo 116 se refieren a un «documento falsificado» que, salvo error de nuestra parte, no ha dado lugar a sanciones penales en Costa Rica contra sus autores. Por cierto, la precitada «orquestación de voluntades» detectada en el 2010 por la justicia costarricense… tampoco ha dado lugar a sentencias penales.

El hecho que, hasta ahora, Costa Rica haya salido bastante bien librada en el CIADI luego de varios años de procedimiento frente a las millonarias pretensiones de una empresa minera canadiense en el 2021, así como en otros casos como el de un megaproyecto en Playa Esterillos en el 2018 (caso David Aven et alii vs Costa Rica: véase nuestra nota al respecto) y los demás casos indicados, no debe ocultar la peligrosa deriva del CIADI que ha generado paulatinamente cierta desconfianza en otras partes de América Latina y del mundo.

Y es que cualquier descuido en la defensa legal de un Estado y en particular en la batalla procesal que supone una demanda contra un Estado entre una terna arbitral, puede resultar riesgosa. Tratándose además de tres árbitros, y de sumas millonarias en juego, son muchos los Estados que han preferido no seguir arriesgándose de esta manera.

Como se ha analizado en textos anteriores nuestros (véanse esta nota editada por Bretton Wood Project del 2013, así como esta nota de CIARGlobal del 2017 entre otras más), el sistema de arbitraje de inversión del CIADI ha provocado una creciente desconfianza en América Latina y en el resto del mundo, a tal punto que son muchos los Estados que ya sea:

– han denunciado la Convención del Washington de 1965 que lo establece (Bolivia, Ecuador, Venezuela, Honduras), o ya sea;

– han dado por finalizados o bien renegociado las cláusulas sobre solución de diferencias incluidas en tratados bilaterales de protección y promoción de inversiones (denominados TBI en español o BIT en inglés: se trata de tratados bilaterales que habilitan a un inversionista a interponer demandas internacionales ante el CIADI). Este ha sido el caso de Bolivia, de Ecuador (véase artículo), de Indonesia (véase artículo), o de Sudáfrica (cuyo último TBI con España fue suspendido en el 2024 – véase nota). La terminación de un TBI requiere algo de valentía en el plano político, y jurídicamente se materializa mediante una simple notificación, como fue el caso del TBI con Estados Unidos denunciado por Bolivia en el 2011 (véase enlace); o bien:

– han mantenido una distancia prudente con este mecanismo como por ejemplo Brasil: se trata, paradójicamente, del principal Estado receptor de inversión extranjera en América Latina que tan siquiera ha firmado este tratado de 1965 (véase artículo al respecto); así como Cuba, Nicaragua o el mismo México que ratificó la Convención de Washington de 1965 tan solo en el 2018, así como Canadá (tan solo en el 2013). Con respecto a la denuncia de esta convención de 1965 por parte de Honduras, remitimos a nuestra nota de marzo del 2024, titulada:

«CIADI: a propósito de la reciente denuncia por parte de Honduras de la Convención de Washington de 1965«.

Es de notar que Brasil ha firmado varios TBIs sin nunca ratificarlos, lo cual denota el cuido extremo de sus autoridades de manera a no exponer a Brasil a demandas por parte de inversionistas extranjeros en el CIADI. Brasil comparte con la India una posición similar, pese a escritos esporádicos, como este artículo, que invitan a la India a cambiar de parecer.

En el caso de la Unión Europea (UE), sus Estados miembros acordaron un tratado regional en el 2020 para suspender todos los TBI existentes entre ellos, de manera a no permitir más demandas abusivas de inversionistas extranjeros europeos en contra de Estados miembros de la UE (véase enlace al tratado y estado de firmas y ratificaciones). Se trata de una interesante protección legal que han establecido estos Estados, y que debiera de poder interpelar a muchos otros Estados en otras latitudes, en particular en las que persisten algunos decisores políticos que siguen negociando de manera muy entusiasta TBIs que contienen cláusulas muy favorables para el inversionista extranjero.

También es de señalar que en el 2023, fue desde el Congreso de Estados Unidos que 33 integrantes exigieron a sus autoridades extraer a Honduras, víctima de demandas abusivas por parte de empresas norteamericanas, del sistema arbitraje de inversión del CIADI (véase cable de Reuters). Luego de la denuncia del CIADI en marzo del 2024, las nuevas autoridades electas de Honduras decidieron en julio del 2026 reintegrar el CIADI, provocando una ola de repudio (véase documento titulado:» Statement in Defense of Sovereignty and Collective Rights in Honduras – Returning to ICSID is a sign of Nasry Asfura’s Subservience to Transnational Capital«.

Desde la perspectiva ambiental y de los derechos humanos, un informe poco difundido de Naciones Unidas del 2023 en América Latina (véase enlace) y cuya lectura completa se recomienda, elaborado por el «Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible», se titula:

«Pagar a los contaminadores: las catastróficas consecuencias de la solución de controversias entre inversionistas y Estados para la acción climática y ambiental y los derechos humanos«.

En el 2021, tuvimos la ocasión de explicar en una nota publicada en CIARGlobal, a raíz de la decisión de un tribunal arbitral del CIADI relacionada a una demanda interpuesta por una empresa minera canadiense contra Costa Rica que:

«(…) no tiene mayor sentido el permitir a un inversionista extranjero de mala fe recurrir ante el CIADI contra decisiones de la justicia nacional que declaran ilegal su proyecto y mucho menos el tener que esperar siete largos años de costosos procedimientos ante el CIADI para escuchar a tres árbitros confortar las decisiones judiciales antes mencionadas. Ello sin hablar del riesgo, inherente a este tipo de demandas millonarias, de ver a dos (de los tres árbitros) acoger, por alguna razón, algunas de las pretensiones económicas del inversionista«.

Presión de una demanda sobre decisores políticos: el «affaire» Crucitas en Costa Rica a inicio de los años 2000

Como ha ocurrido en el pasado, esta demandas ante el CIADI ejercen una presión muy fuerte sobre decisores políticos y algunos círculos corporativos y políticos, dispuestos a invocar la «flexibilización» de algunas reglas con tal de que la demanda sea retirada por parte del inversionista. El «affaire» Crucitas y los secretos persistentes que la rodean, así lo evidencian, en la medida en que:

– en el 2003 para el mismo proyecto minero de Crucitas, la empresa canadiense demandó a Costa Rica ante el CIADI por rechazarle sus autoridades ambientales el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La demanda era por 276 millones de US$ (véase nota de La Nación de setiembre del 2005).

– repentinamente, en una carta del 4 octubre del 2005 (véase texto), la Secretaría del CIADI indicó a las autoridades de Costa Rica que se retiraba la demanda interpuesta por la empresa Vanessa Ventures. En el anexo con fecha del 3 de octubre del 2005 (véase documento), la firma de abogados Tory´s explica que la empresa y el Estado costarricense estaban en negociación y que la empresa se sentía «reasonnably optimistic» sobre el resultado de esta.

– el 12 de diciembre del 2005, la SETENA (Secretaría Técnica Nacional) aprobaba el EIA que había rechazado en el 2003.

A la fecha de hoy (13 de noviembre del 2026), tampoco se tiene identidad de quiénes, en nombre del Estado costarricense, negociaron semejante «arreglo» con la empresa minera canadiense en el 2005.

CIADI, TBIs y lluvia de demandas en América Latina

Volviendo al CIADI y a los instrumentos que habilitan a un inversionista a demandar a Costa Rica, en la parte final de este enlace oficial de COMEX (Ministerio de Comercio Exterior) aparece en «Acuerdos de Inversión» la lista de los 15 TBIs que tiene vigentes, a los que hay que añadir varios de los tratados de libre comercio (TLC) vigentes de la sección primera, que también contienen una cláusula permitiendo al inversionista extranjero acudir contra Costa Rica ante el CIADI.

Como todo tratado bilateral, dos Estados pueden considerar oportuno renegociar sus cláusulas, como fue, entre muchos ejemplos, recientemente el caso del TBI entre Corea del Sur y México (véase nota de Asia Today).

Según la información oficial del CIADI, al 13 de noviembre del 2026 Costa Rica enfrenta además dos otras demandas, al tiempo que ha concluido procedimientos en el caso de 18 de ellas. Una de las demandas pendientes contra Costa Rica fue presentada en el 2023 con base en el TBI con Alemania (véase enlace) al tiempo que la otra en el 2025 con base en el TBI vigente entre Costa Rica y Venezuela (véase enlace).

Los Estados con mayores demandas en su contra en estos momentos pendientes de resolución ante el CIADI de América Latina son Perú (22 demandas pendientes), seguido por México (20), Colombia (19), Honduras (12), Panamá (11), y Venezuela (9).

Este informe del 2011 ya advertía de los riesgos que representa el CIADI para Estados cuyos dirigentes políticos firman TBIs o TLCs sin preocuparse mayormente por sus efectos a futuro, en particular cuando contienen cláusulas sumamente ventajosas para el inversionista extranjero. Este nuevo informe del 2025 permite comprender mejor el peso cada vez más grande que tienen estas numerosas demandas en las ya maltrechas economías de los Estados de América Latina.

En el caso específico de Argentina, se lee en este muy completo informe del 2025 sobre los estragos que han causado estas demandas ante el CIADI, que:

«Argentina podría terminar unilateralmente más del 85% de sus TBIs cuyo período inicial ya venció o que vence este año (antes de ser renovado). Sin embargo, ningún gobierno desde los años noventa hasta la actualidad ha considerado seriamente esta opción, evidenciando cómo las élites locales han internalizado los imperativos del capital transnacional. El RIGI del presidente Javier Milei intenta cerrar definitivamente esta ventana, consolidando por tres décadas un marco jurídico que blinda los privilegios corporativos«.

En el caso de Colombia, e de notar que durante muchos años estuvo resguardada de demandas ante el CIADI al contar con una legislación nacional que obligaba al inversionista extranjero a someterse únicamente a los mecanismos nacionales de resolución de conflictos, incluyendo el arbitraje (Nota 3). En las conclusiones este informe del 2025 sobre las demandas que le han «llovido» a Colombia a partir del 2016, se lee que:

«La única manera en que Colombia puede evitar nuevos arbitrajes de inversión es denunciando los tratados y acuerdos de comercio e inversión ya firmados y renunciando a renovarlos o firmar otros nuevos, ya que posibilitan la interposición de otras demandas».

La demanda contra Costa Rica como tal del 2025 interpuesta por la empresa EBI

La demanda de la empresa canadiense EBI contra Costa Rica fue planteada formalmente el 14 de julio del 2025 ante el CIADI, con base en el tratado bilateral de inversiones (TBI) siempre vigente (véase texto) entre Costa Rica y Canadá suscrito en 1998: véase nota del Semanario Universidad publicada una semanas antes del registro oficial de la demanda ante la Secretaría del CIADI.

A diferencia de otros casos, el texto de la demanda interpuesta como tal no está por el momento disponible (véase por ejemplo texto de la demanda interpuesta contra Costa Rica de inversionistas para un megaproyecto en Playa Esterillos del 2014 y el texto de demanda de empresa suiza en representación de Gaz Z del 2013). En el enlace oficial del caso en el CIADI tampoco aparece el texto de la demanda como tal (véase enlace). Desde ya agradecemos el concurso de nuestros estimables lectores costarricense si alguno/a de ellos sabe donde podría estar disponible en línea el texto de la demanda como tal presentada en julio del 2025 por la empresa EBI: el contenido del texto de esta demanda permitiría conocer con precisión sobre qué ha basado sus millonarias pretensiones la empresa EBI ante el CIADI, al estar aún pendientes decisiones de la justicia costarricense sobre procesos de lesividad. Y en particular contraponer el texto de esta demanda con dos requisitos indispensables que enumera el Artículo XII del TBI Canadá-Costa Rica. En efecto, el articulo XII del TBI entre Costa Rica y Canadá tiene un inciso, el 3, el cual establece un plazo de tres años, pero adicionalmente establece que:

«Un inversionista podrá someter una diferencia, según se indica en el párrafo (1), a arbitraje conforme a lo dispuesto en el párrafo (4) solamente si:

…

  1. «no han transcurrido más de tres años desde la fecha en que el inversionista inicialmente tuvo o debió haber tenido conocimiento, de la violación alegada y conocimiento de que el inversionista ha incurrido en pérdidas o daño; y
  2. en los casos en que Costa Rica es parte de la diferencia, ningún tribunal costarricense haya emitido un fallo relativo a la medida que se alega contraviene este Acuerdo«.

Es muy probable que ambas disposiciones no fueran mencionadas en la reuniones a las que alude este artículo del Semanario Universidad publicado el 11 de noviembre, en el que resulta notorio el intento de hacer creer que la demanda será ganada por EBI. Recordar que ambas fueron invocadas por Costa Rica en el CIADI ante una empresa minera canadiense hubiese tal vez resultado oportuno (Nota 4).

Cabe recordar que fue este mismo tratado bilateral entre Costa Rica y Canadá el que también había servido de base jurídica en el caso de la demanda interpuesta en febrero del 2014 contra Costa Rica por la empresa minera canadiense Infinito Gold relacionada a su polémico proyecto minero ubicado en Las Crucitas, en Cutris de San Carlos (véase texto de la demanda con fecha del 6 de febrero del 2014, presentada pocos día después de celebrarse los comicios en Costa Rica).

Con respecto a los proyectos de rellenos sanitario de la empresa EBI en Costa Rica, en la precitada nota del Semanario Universidad se hace ver que la empresa cuestiona el hecho que no pueda construir rellenos sanitarios en las localidades de Turrúcares y Montes de Oro debido a la oposición de los vecinos y de los mismos municipios concernidos.

Dos comunidades opuestas a la instalación de rellenos sanitarios

En el caso de la primera comunidad, en esta nota del 4 de noviembre del 2026, se hace ver la férrea oposición de vecinos al parecer muy organizados que se «plantaron» (expresión usada en el título de la nota) y obligó al Estado costarricense a desplazar a cuatro de sus ministros (con uno de ellos con doble cartera): su presencia al parecer no impresionó mayormente a los asistentes y vecinos, profundamente indignados y molestos por el apoyo a este proyecto de relleno sanitario de las máximas autoridades costarricenses (véase nota del Semanario Universidad).

Como pequeño detalle de interés, insistimos nuevamente en la cercanía de la fecha del anuncio de la integración de la terna arbitral del CIADI (30 de octubre) con esta reunión con los vecinos de Turrúcares realizada el 4 de noviembre por las máximas autoridades costarricenses, y nos permitimos plantear la siguiente pregunta: de no haberse anunciado nada por parte del CIADI el 30 de octubre ¿siempre se hubiese convocado un «conversatorio» en Turrúcares pocos días después?

En esta otra nota de CRHoy, se señala la oposición de las mismas autoridades municipales a este polémico proyecto. Ya en el año 2024, se había observado a la máxima instancia costarricense en materia de salud cuestionar la posición de las autoridades municipales en defensa de la comunidad de Turrúcares (véase nota del Semanario Universidad).

La actitud de las máximas autoridades ministeriales fue tal durante la reunión del 4 de noviembre que hirió la susceptibilidad de las autoridades municipales (tal y como se señala en el título de esta nota del programa radial Nuestra Voz del 5 de noviembre) al tiempo que personas que votaron por el oficialismo en las elecciones de febrero del 2026 externaron su profunda decepción (véase nota del Semanario Universidad). Este video informativo realizado por el medio digital Delfino.cr explica de manera muy clara las razones por tanta indignación provocada en Turrúcares el pasado 4 de noviembre.

Con respecto a las alegaciones de los voceros de la empresa EBI, en esta otra nota del medio universitario Semanario Universidad, de julio del 2025, se lee que:

«EBI afirmó que “la demanda se basa, en parte, en el abuso de los procesos locales por parte de las municipalidades y en su falta de diligencia razonable para avanzar en los asuntos, tal y como exige la legislación costarricense y el principio procesal de impulso de oficio”.»

En otra nota del programa radial matutino de Nuestra Voz de junio del 2025, se señala que para los representantes de la empresa:

«“Lo que ha impedido avanzar con el proyecto son dos procesos de lesividad que ha interpuesto la Municipalidad de Alajuela para anular los usos de suelo que ya habían sido otorgados a esas fincas por la misma administración. Además, en los últimos años, esa municipalidad emitió cuatro acuerdos indicando, sin fundamento alguno, que no permitiría la aprobación del permiso constructivo y a pesar de que esos acuerdos fueron impugnados por la empresa, desde el año 2023 se ha negado a resolver los recursos a pesar de existir una orden de un Tribunal”.

Si procesos de lesividad en contra de funcionarios municipales fueron iniciados por las autoridades municipales y están aún en proceso, resulta de cierto interés leer que para la empresa EBI, estos procesos «impiden avanzar«. Remitimos a nuestros estimables lectores a la definición del proceso de lesividad vigente en Costa Rica de manera a entender mejor la expresión de «impiden avanzar«, así como los plazos previstos en el ordenamiento jurídico costarricense, que recordó la Procuraduría General de la República (PGR) ante una consulta en el 2017 (véase enlace). En esta nota del 2024 de Diario Extra se precisa por parte de una autoridad municipal que:

«Esos usos de suelo se dieron en 2011 de manera muy rápida, no hago juicios de valor, solo cumplo con mi deber como alcalde de Alajuela y de los turrucareños, por eso iniciamos la lesividad, porque los usos de suelo se hicieron mal dados«.

Es de notar que se trata de un proyecto que lleva ya varios años discutiéndose: en el 2014, en una decisión de la Sala Constitucional (véase voto 16359-2014) relativa al proyecto de relleno sanitario en Turrúcares, fueron tres los magistrados (de siete) los que habían considerado que la Sala Constitucional no debía modificar el alcance del principio de la participación ciudadana en materia ambiental como derecho fundamental. Siempre en el 2014, fue esta vez un magistrado el que reiteró, siempre con respecto a este mismo proyecto en Turrúcares su posición anterior (véase voto 19621-2014).

Con respecto a la otra comunidad (Montes de Oro) también sujeta a un proyecto de relleno sanitario de la misma empresa, en el 2023 tuvimos la ocasión de analizar el alcance de la discusión interna en la Sala Constitucional con respecto al principio de participación ciudadana en materia ambiental, a raíz del voto 11236-2023: véase al respecto nuestra nota de julio del 2023, titulada:

«Participación ciudadana en materia ambiental: breves apuntes relativos a una reciente sentencia».

Es de notar que, «as usual» cuando se trata de proyectos polémicos que atentan contra la legislación ambiental vigente, la SETENA optó por otorgar la viabilidad ambiental al relleno sanitario en Montes de Oro el 14 de diciembre del 2022.

Siempre con respecto a Montes de Oro, se sugiere revisar el Acta Municipal N.128-2026 del 13 de octubre del 2026 de la Municipalidad de Montes de Oro (véase enlace), y en particular lo adelantado por el alcalde con base en un oficio recibido por parte del jerarca del comercio exterior costarricense sobre la demanda de EBI contra Costa Rica (pp.11-12). Se lee en particular que, según la nota recibida por COMEX,

«5- Comex indica que, en el caso de que se pierda el arbitraje, ambas municipalidades deben cancelar el monto total de la sentencia que se dicte a los efectos.

6- Comex indica que, a partir de este momento, cualquier tema que se hable en sesiones municipales sobre el caso, puede ser tomado por las empresas como evidencia para sustentar su denuncia».

No se tiene información sobre el punto de saber si el titular de COMEX que suscribió este oficio tenía claridad con respecto al principio de autonomía municipal, ni con base en qué elementos COMEX anunció desde ya que Costa Rica podría ser condenada por el CIADI a pagar un monto a la empresa.

Esta nota del 13 de noviembre de Teletica y esta otra nota del Semanario Universidad editada el 12 de noviembre del 2026 sobre el problema que podría causar un relleno sanitario cercano al principal aeropuerto de Costa Rica, señalan ambas que las autoridades parecieran haberse precipitado el pasado 4 de noviembre, sosteniendo una defensa del proyecto de EBI en Turrúcares sin valorar muchos otros aspectos, incluyendo los intereses nacionales.

El CIADI ante imperiosa necesidad de proteger el ambiente: demandas abusivas por doquier

Nuevamente aquí, o como ocurrió con el fallido proyecto minero de Infinito Gold en Crucitas, o como ocurrió en Colombia cuando el Estado decidió proteger los páramos (Nota 5) o bien cuando en Panamá la justicia constitucional suspendió una concesión minera (Nota 6), u otras situaciones en las que la protección del derecho a la salud o al ambiente, o la protección de derechos de pequeñas comunidades rurales o indígenas frenan un megaproyecto, se vuelve a verificar lo siguiente: decisiones legítimas de de entidades estatales (o bien de tribunales de justicia) o procedimientos en trámite ante instancias jurisdiccionales nacionales que alteran el plan operativo de un megaproyecto de un inversionista extranjero, al parecer algo urgido, dan pié para una demanda internacional multimillonaria ante el CIADI (usualmente declarada infundada años después)

En el caso de Infinito Gold, la demanda interpuesta en febrero del 2014 culminó con una decisión de junio del 2021, en la que si bien se condenó a Costa Rica por violar disposiciones del TBI con Canadá, no se le ordenó pago alguno por concepto de indemnización: véase al respecto nuestra nota de junio del 2021 titulada:

» Infinito Gold contra Costa Rica: nuevo fracaso de minera canadiense al tiempo que persisten secretos en Costa Rica«.

La empresa solicitó posteriormente una anulación parcial de este laudo ante un órgano de apelación del CIADI y en el 2024, la empresa y Costa Rica acordaron solicitar el archivo del caso al CIADI. Un pequeño detalle que se omitió oficialmente en Costa Rica al anunciar la «victoria» ante el CIADI. En julio del 2024, COMEX precisó que no se había pactado nada con la empresa (véase nota del Semanario Universidad).

Con respecto a la comunidad de Turrúcares, en esta nota del Semanario Universidad de marzo del 2024 se lee por parte de un reconocido abogado costarricense en materia ambiental, una aseveración que debiera interesar a todo especialista en celeridad notoria de funcionarios municipales para otorgar permisos y certificados:

«Consultado al respecto, Sagot destacó que “a EBI no se le puede otorgar ningún permiso de construcción de ese relleno sanitario en Turrúcares porque el Plan Regulador lo prohíbe por los usos del suelo que existen actualmente”.

En segundo lugar, señaló que los usos del suelo “fueron otorgados de una manera totalmente irregular, al grado de que se otorgaron en cuatro horas”.»

En el 2018, en la precitada decisión del CIADI con respecto a una demanda interpuesta contra Costa Rica por un grupo de inversionistas norteamericanos cuyo megaproyecto en Playa Esterillos fue frenado por el Estado costarricense, se pudo leer una situación muy similar de celeridad municipal notoria, al consignarse que (véase texto completo de la decisión):

«127. Fue por eso que la Sra. Vargas presentó una denuncia el 15 de junio de 2010 ante el Tribunal Ambiental Administrativo (“TAA”), una división del Ministerio de Ambiente, mediante la cual solicitaba una investigación del Proyecto Las Olas en vista de (i) las inquietudes acerca de si se estaban rellenando humedales; (ii) la construcción de calles pavimentadas y (iii) el hecho de que se había talado y quemado “vegetación. 128. Al día siguiente, el 16 de junio de 2010, la Sra. Vargas informó al SINAC acerca de sus hallazgos e informes anteriores emitidos con respecto al Proyecto Las Olas. 129. Curiosamente, el mismo día que la Sra. Vargas anunció públicamente sus inquietudes, la Municipalidad emitió siete permisos de construcción para el Sector de Servidumbres del Proyecto Las Olas. Pocos días después, el 22 de junio de 2010, DEPPAT—la Regente Ambiental contratada por el Sr. Aven—presentó un plan de movimientos de tierra y un programa de obras previstas con respecto al Sector de Servidumbres«.

A modo de conclusión

Más allá de la extrema celeridad de algunos funcionarios municipales costarricenses que siempre debería de interpelar a todo observador ¿a qué se debe esperar Costa Rica a partir de la constitución de la terna arbitral anunciada por el CIADI el pasado 30 de octubre? A un largo procedimiento ante el CIADI, como ello ha ocurrido en muchas ocasiones anteriores en las que un inversionista extranjero encuentra manera de intentar obtener afuera lo que el ordenamiento jurídico costarricense y sus tribunales no le han permitido obtener: la experiencia de Costa Rica y de muchos otros Estados ante el CIADI enseña que los intentos de este tipo resultan en la mayoría de los casos vanos.

En el marco del procedimiento ante el CIADI interpuesto por EBI, es muy posible que las máximas autoridades costarricenses hagan creer que todo está perdido y que a cambio del retiro de la demanda, algo ventajoso se puede obtener para Costa Rica: de nuevo ahí, experiencias pasadas con la minería en Costa Rica demuestran que este tipo de «arreglos» no resuelve gran cosa.

Lo que sí cabe señalar es la forma bastante notoria de «informar» de las actuales autoridades sobre el trámite ante el CIADI interpuesto por la empresa EBI, dando a entender desde ya que está perdida la demanda. Notemos que en el 2025 asistimos a una manera igualmente bastante peculiar de «informar» sobre la decisión con respecto la demanda de la empresa minera canadiense. Considerando que si ambas partes (Costa Rica y la empresa minera canadiense) pidieron de común acuerdo archivar un procedimiento pendiente a un órgano de apelación del CIADI y una de las dos (Costa Rica) omitió señalarlo en su comunicado oficial, es que es muy probable que algo se pactó y que resulta altamente insólito que oficialmente Costa Rica lo niegue (Nota 7).

Si nuestros estimables lectores llegaron al final de este texto, deben saber que a penas iniciamos con el Acto I. El Acto II debería intervenir dentro de unos meses, a penas el CIADI haga público una nueva etapa en el procedimiento interpuesto por la empresa EBI contra Costa Rica, y tengamos programado un nuevo «conversatorio«.

– – – Notas – – –

Nota 1: Según los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), en el párrafo XL de su sentencia del 2010, se lee que:

«En relación con este punto, es necesario indicar que en el presente caso ocurre algo excepcional y es que las distintas ilegalidades detectadas y las nulidades declaradas, son todas coincidentes en el sentido de que tendían a la aprobación del proyecto minero Crucitas y varias de ellas se dictaron estando vigente un decreto ejecutivo de moratoria de la minería metálica de oro a cielo abierto, todo lo cual hace viable pensar como posible una eventual concurrencia u orquestación de voluntades para llevar adelante, de cualquier manera, este proyecto minero«

Nota 2: Son varios los proyectos polémicos en Costa Rica en los que la segunda quincena de diciembre es escogida: tal es el caso, entre muchos más, de la viabilidad ambiental 3638-2005-SETENA del 12 de diciembre del 2005 otorgada en el caso del proyecto minero Crucitas; de la resolución 2731-2007 del 17 de diciembre del 2007 otorgando la viabilidad en playa Matapalo (Guanacaste) a un megaproyecto hotelero de 700 habitaciones; de la resolución 2523-2014 del 17 de diciembre del 2014 autorizando el proyecto de terminal de contenedores en Moin de APM Terminals; de la resolución 2331-2016 del 15 de diciembre del 2016, autorizando la siembra de 600 hectáreas de piña en la zona contigua al Humedal Térraba Sierpe; o de la resolución 2146-2020 del 16 de diciembre del 2020 relativa a una planta gasificadora de desechos en Belén de Carrillo (véase texto completo colgado por el medio digital LaVozdeGuanacaste).

Nota 3: Cabe mencionar que en el caso de Colombia, una nota preparada por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá de mayo del 2011 destinada a las empresas norteamericanas interesadas en invertir en Colombia, reconocía la dificultad que presentaba para el inversionista extranjero la legislación colombiana (al restringir la posibilidad de acudir a un arbitraje internacional), pero informaba que la suscripción de tratados de libre comercio (FTA en inglés) y tratados bilaterales de inversión (BIT) por parte de Colombia podría cambiar paulatinamente la situación. En la nota antes referida se lee textualmente que: «Since Colombia has become party to FTAs and multilateral and bilateral investment treaties, the number of international investment arbitration cases between investors and State entities will increase. These arbitration processes may help to change Colombian case law because FTAs, BITs and multilateral investment treaties empower arbitration tribunals to decide cases related to breach of treaty standards of investment protection». Sobre la dificultades encontradas para las empresas norteamericanas en Colombia, véase STRONG S.I., «International arbitration and the Republic of Colombia: commercial, comparative and constitutional concerns from A U.S. perspective», Vol. 22, Duke Journal of Comparative and International Law (2011), pp. 47-107: texto integral disponible aquí. Desde el año 2016, Colombia acumula a la fecha (13/11/2026) un total de 29 demandas en su contra en el CIADI, de las cuales 19 están aún pendientes de resolución. No se ha escuchado de proyectos de ley para intentar volver a la situación anterior, en la que Colombia se veía bastante bien resguardada de demandas de inversionistas extranjeros ante el CIADI.

Nota 4: Se lee en la decisión sobre jurisdicción del 4 de diciembre del 2017 en el caso de la demanda de Infinito Gold contra Costa Rica (véase texto) que:

«343. La Demandada plantea dos objeciones fundadas en esta disposición: una basada en el Artículo XII(3)(c), y otra basada en el Artículo XII(3)(d). El Tribunal ha resuelto que se ha dado cumplimiento al requisito dispuesto en el Artículo XII(3)(d), por lo tanto, la determinación de si dicho requisito es de carácter jurisdiccional o de admisibilidad no tiene consecuencia alguna. Respecto de la excepción de la Demandada de que las reclamaciones están prescritas conforme al Artículo XII(3)(c), el Tribunal ha pospuesto la consideración de esta cuestión a la etapa de fondo. En consecuencia, el Tribunal analizará la cuestión de si el requisito es jurisdiccional o de admisibilidad durante la etapa de fondo en caso de que ello resultara relevante, a saber, si el Tribunal considerase que no se cumplió con el requisito y se acogiese la objeción planteada por Costa Rica».

Nota 5: En su decisión en el caso de la minera Eco Oro (véase laudo arbitral de septiembre del 2021), las regulaciones ambientales de Colombia para resguardar los páramos colombianos no se consideran como reglas que no impidan una debida compensación al inversionista. Sobre esta muy peligrosa interpretación que hicieron dos árbitros (de los tres que integraron el tribunal), véase comunicado conjunto de varias organizaciones ecologistas colombianas publicada en el sitio especializado de CiarGlobal). Así como BENTON HEATH J., «Eco Oro y el ocaso del excepcionalismo de políticas», edición del 20/12/2021, IISD, disponible aquí y, este artículo escrito antes de conocerse la decisión del CIADI, GUZMÁN JIMENEZ L.F., «El arbitraje de inversión en asuntos ambientales. Una mirada al asunto Eco Oro Minerals Corp. v. Colombia-Páramo de Santurbán», 29/07/2020, Departamento de Derecho al Medio Ambiente, Universidad Externado de Colombia, disponible aquí. En su opinión separada adjunta al laudo, y cuya lectura se recomienda, el árbitro designado por Colombia, Philippe Sands, sostiene que: «33. In the age of climate change and significant loss of biological diversity, it is clear that society finds itself in a state of transition. The law – including international law – must take account of that state of transition, which gives rise to numerous uncertainties. Adjudicators – judges and arbitrators – recognise the need to proceed with caution at a time of transition and uncertainty. Indeed, the precautionary principle has been developed to assist in the taking of decisions in times of uncertainty, and the Tribunal has correctly determined that the application of the precautionary principle – treated as being applicable as a rule of law in accordance with Article 832 of the FTA – to this case has contributed to the conclusion that there has been no actionable violation of Article 811 of the FTA. Yet in respect of Article 805, it seems that precaution has no place for the Majority».

Nota 6: Véase BOEGLIN N., «A propósito de la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de una ley-contrato minero«, 29 de noviembre del 2023. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 7: Véase al respecto BOEGLIN N., «Crucitas: Infinito Gold c. Costa Rica ante el CIADI a 11 meses de un comunicado oficial omiso, en medio de un súbito entusiasmo por el oro», 23 de junio del 2025. Texto integral disponible en este enlace.

A propósito de una demanda internacional contra Costa Rica ante el CIADI que explica que … se organizara un «conversatorio» en Turrúcares: acto I

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho UCR
nboeglin@gmail.com

Introducción

El pasado 30 de octubre, se anunció la integración de un tribunal arbitral en el marco del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista extranjero y Estado, más conocido por sus siglas en inglés – ICSID – y en francés – CIRDI) en el caso de la demanda interpuesta por la empresa EBI contra Costa Rica en julio del 2025: véase nota de IA reporter y enlace oficial del CIADI sobre el caso ARB. 25/33. En este otro enlace oficial del CIADI se dan a conocer algunos aspectos del procedimiento iniciado en julio del 2025 por la empresa EBI contra Costa Rica.

Como por alguna extraña coincidencia, en la semana posterior al viernes 30 de octubre del 2026, se escuchó hablar mucho de Turrúcares y del relleno sanitario que la empresa EBI pretende instalar en esta comunidad, tal y como lo veremos a continuación. Con un inusitado esfuerzo de convencimiento por parte del Estado costarricense en el marco de un repentino «conversatorio» organizado con presencia de varios ministros en Turrúcares, pocos días después, el miércoles 4 de noviembre: cuatro ministros (uno de ellos con doble cartera) que suspenden en cuestiones de días su cargada agenda para coincidir en Turrúcares, ¿no resultará del todo algo insólito? A todas luces se trató, de un interesante ejercicio de las actuales autoridades costarricenses que pareciera iniciar una secuencia, razón por la cual el título de este artículo incluye un: «Acto I«.

El titular de esta nota de CRHoy del 6 de noviembre refiere a la palabra «chantaje«: un intercambio de proyectos para la comunidad de Turrúcares a cambio de un pequeño favor solicitado a esta misma comunidad.

De manera a tener una pequeña idea de la actual orientación política que se observa en Costa Rica con todo lo que le pida Estados Unidos y los círculos corporativos que gravitan alrededor de la embajada de Estados Unidos en San José, no está de más añadir el texto de una declaración adoptada el 5 de noviembre en el marco de una cumbre iberoamericana en Madrid, en la que Costa Rica, conjuntamente con Argentina, Colombia y Paraguay optaron por separarse del párrafo 4 (véanse notas al final de la misma declaración) que se lee de la siguiente manera:

«Rechazamos la coerción y la aplicación de medidas contrarias al Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas que obstaculicen la capacidad de los Estados para hacer frente a sus necesidades y prioridades en materia de desarrollo«.

Más allá de una cara verdaderamente desconocida que Costa Rica externa ante el mundo y ante los demás integrantes de la comunidad internacional con este tipo de posturas, en las líneas que siguen, enfatizaremos nuestras reflexiones en torno a algunas amenazas de demandas ante el CIADI fomentadas por las autoridades de Costa Rica en años pasados con respecto a megaproyectos, en torno a la desconfianza que ha generado el CIADI en América Latina así como a la demanda de la empresa EBI contra Costa Rica de julio del 2025, dedicando unas líneas al «conversatorio» con la comunidad de Turrúcares en el que el micrófono fue monopolio de las autoridades presentes a la reunión (lo cual explica las comillas usadas en la frase anterior).

Amenazas de arbitraje internacional: algunos recuerdos que cabe mencionar no muy lejanos

La amenaza de un arbitraje internacional en Turrúcares y el condicionamiento escuchados (véase nota de Diario Extra) que explicaremos más en detalle, recuerda unas desafortunadas declaraciones brindadas el 27 de julio del 2010 por parte de un vicepresidente en Costa Rica, según el cual, de derogar un decreto de conveniencia nacional, Costa Rica debería desembolsar la coqueta suma de 1.700 millones a una empresa minera canadiense (véase nota de La Nación y nuestra opinión publicada el 2 de agosto del 2010 en La Nación, titulada «Minería, arbitraje y amenazas«). A la fecha de hoy (10 de noviembre del 2026), se mantiene como una verdadera incógnita en Costa Rica la identidad de las personas que integraron una «comisión de alto nivel» gubernamental que llevó al vicepresidente de Costa Rica a referirse a semejante suma (verdaderamente fantasiosa) de 1.700 millones de US$ (véanse nuevamente las declaraciones de Alfio Piva del 27 de julio del 2010 y artículo de un geólogo extrañado por esta cifra – publicado en medios digitales – de agosto del 2010 exigiendo explicaciones): pese a gozar todos los integrantes del gabinete correspondiente al período (2010-2014) de una muy buena salud y posiblemente de una buena memoria, la nómina exacta de los integrantes de esta «comisión» constituye posiblemente uno de los secretos mejores guardados en Costa Rica.

La cifra mirobolante de aquel momento nos llevó a explicar cómo amenazas de arbitraje internacional han sido utilizadas a veces por decisores políticos: véase al respecto nuestro artículo publicado en el 2011 en la revista Ambientico (UNA), titulado «Minería y amenazas de arbitraje internacional: balance y perspectivas«.

Como se recordará, planteada finalmente la demanda contra Costa Rica en el 2014 por la misma empresa minera canadiense ante el CIADI, un laudo arbitral del 2021 no le ordenó pago alguno a ésta por parte del Estado costarricense.

Siempre en el 2011, fue esta vez con respecto al gas y al petróleo que algunos círculos políticos y corporativos agitaron la amenaza de un arbitraje internacional, al que también nos referimos en este artículo publicado en La Nación, titulado «Petróleo, gas y amenazas«. En el 2024, un artículo del Semanario Universidad reveló con respecto a círculos que persistían en el 2023 en fomentar la exploración y extracción de gas y de petróleo en Costa Rica, las andanzas de un exjerarca de la cartera ambiental en Costa Rica.

En este artículo publicado en La Nación en el 2011, se indica a partir de los cables WikiLeaks cómo el embajador de Estados Unidos en Costa Rica no logró inmutar en lo más mínimo al presidente de Costa Rica de la época, Abel Pacheco (2002-2006), pese a la amenaza de una demanda de la empresa petrolera Harken por un monto (algo astronómico…!) de 57.000 millones de US$ que al final nunca presentó. Dicho sea de paso, este cable confidencial dado a conocer por WikiLeaks de agosto del 2005, detalla a los operadores a favor del TLC con Estados Unidos en Costa Rica identificados por la embajada de Estados Unidos en San José, y que han coincidido con agitar amenazas de arbitraje internacional. Este otro cable confidencial del 2006 detalla el «estado de pánico» de algunos decisores en Costa Rica a cargo del comercio exterior al anunciar Estados Unidos sanciones si Costa Rica no aprobaba un ABI (Acuerdo Bilateral de Inmunidad), que garantice impunidad a personas de nacionalidad norteamericana buscadas por la justicia penal internacional de La Haya.

En el 2013, una demanda contra Costa Rica por parte de un grupo de accionistas de Suiza de una empresa distribuidora de gas que un ministro adelantó ser «infundada» (véase nota de Teletica) terminó ordenando al inversionista pagarle a Costa Rica más de un millón de US$ (véase texto de la demanda de febrero del 2013 y decisión de un tribunal del CIADI de marzo del 2017 en particular el párrafo operativo final 728). La mención a Suiza refiere a una cláusula favorable al inversionista extranjero en un TBI vigente entre Costa Rica y Suiza, creándose una sociedad anónima cuya única existencia se debió a esta demanda interpuesta ante el CIADI contra Costa Rica: una búsqueda en la red de «Cervin Investissements S.A. y Rhone Investissements S.A» al menos así lo evidencia.

En el 2017, con respecto a la desestimación de una demanda interpuesta contra Costa Rica por una subsidiaria de RITEVE ante el CIADI, nos permitimos recordar en esta nota que:

«Con relación a la demanda interpuesta en febrero del 2012 por RITEVE contra Costa Rica, cabe recordar que en junio del 2012, durante una conferencia de prensa (véase nota de Diario Extra, del 16/06/2012) el viceministro del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) de Costa Rica, Rodrigo Rivera, “explicó que para el Estado era más barato permitirle a Riteve quedarse operando 10 años más y de esta manera asegurarse no tener que pagar los $280 millones si perdía el arbitraje”.»

En el 2022 otra decisión de un tribunal del CIADI resultó favorable para Costa Rica (véase texto completo de la decisión).

Este breve recuento de algunos recuerdos no tan lejanos en la línea de tiempo, evidencia el uso que tradicionalmente se ha hecho del arbitraje internacional en Costa Rica para intentar malinformar y/o manipular a la opinión pública.

El CIADI y la profunda desconfianza que genera

El CIADI permite a un inversionista presentar una demanda contra un Estado, pese a tratarse muchas veces de demandas abusivas y/o infundadas. Algunas de ellas se originan en permisos y autorizaciones otorgadas por entes públicos, sea a nivel local, sea a nivel nacional, de manera sospechosa en «modo express«. Al tratarse de demandas acompañadas de cientos de millones de US$ exigidos a título de indemnización y/o compensación a un Estado, estas demandas suelen ser usadas como mecanismo de presión sobre los decisores políticos.

Cuando la mala fe de un inversionista extranjero es notoria, el CIADI puede condenar al inversionista a pagarle al Estado un monto determinado. Es lo que obtuvo Costa Rica en una decisión del 2018 (véase texto en el caso David Aven et alii vs Costa Rica: párrafo final 769). Los especialistas en materia ambiental podrán verificar que en este caso, los árbitros del CIADI consideraron que no había cómo eximir a los inversionistas extranjeros de la obligación de cumplir con todos los requisitos que establece la legislación ambiental vigente en Costa Rica. En el párrafo 116 se refiere a un «documento falsificado» que, salvo error de nuestra parte, no ha dado lugar a sanciones en Costa Rica contra sus autores.

El hecho que, hasta ahora, Costa Rica haya salido bastante bien librada en el CIADI luego de varios años de procedimiento frente a las millonarias pretensiones de una empresa minera canadiense en el 2021, así como en otros casos como el de un megaproyecto en Playa Esterillos en el 2018 (caso David Aven et alii vs Costa Rica: véase nuestra nota al respecto) y los demás casos indicados, no debe ocultar la peligrosa deriva del CIADI que ha generado paulatinamente cierta desconfianza en otras partes de América Latina y del mundo.

Y es que cualquier descuido en la defensa legal de un Estado y en particular en la batalla procesal que supone una demanda contra un Estado ante una terna arbitral, puede resultar riesgosa. Tratándose además de tres árbitros, y de sumas millonarias en juego, son muchos los Estados que han preferido no seguir arriesgándose de esta manera.

Como se ha analizado en textos anteriores nuestros (véanse esta nota editada por Bretton Woods Project del 2013, así como esta nota de CIARGlobal del 2017 entre otras más), el sistema de arbitraje de inversión del CIADI ha provocado una creciente desconfianza en América Latina y en el resto del mundo, a tal punto que son muchos los Estados que ya sea:

– han denunciado la Convención de Washington de 1965 que lo establece (Bolivia, Ecuador, Venezuela, Honduras), o ya sea;

– han dado por finalizados o bien renegociado las cláusulas sobre solución de diferencias incluidas en tratados bilaterales de protección y promoción de inversiones (denominados TBI en español o BIT en inglés: se trata de tratados bilaterales que habilitan a un inversionista a interponer demandas internacionales ante el CIADI). Este ha sido el caso de Bolivia, de Ecuador (véase artículo), de Indonesia (véase artículo), o de Sudáfrica (cuyo último TBI con España fue suspendido en el 2024 – véase nota). La terminación de un TBI requiere algo de valentía en el plano político, y jurídicamente se materializa mediante una simple notificación, como fue el caso del TBI con Estados Unidos denunciado por Bolivia en el 2011 (véase enlace); o bien:

– han mantenido una distancia prudente con este mecanismo como por ejemplo Brasil: se trata, paradójicamente, del principal Estado receptor de inversión extranjera en América Latina que ni siquiera ha firmado este tratado de 1965 (véase artículo al respecto); así como Cuba, Nicaragua o el mismo México que ratificó la Convención de Washington de 1965 tan solo en el 2018, así como Canadá (tan solo en el 2013). Con respecto a la denuncia de esta convención de 1965 por parte de Honduras, remitimos a nuestra nota de marzo del 2024, titulada:

«CIADI: a propósito de la reciente denuncia por parte de Honduras de la Convención de Washington de 1965«.

Es de notar que Brasil ha firmado varios TBIs sin nunca ratificarlos, lo cual denota el cuido extremo de sus autoridades de manera a no exponer a Brasil a demandas por parte de inversionistas extranjeros.

En el caso de la Unión Europea (UE), sus Estados miembros acordaron un tratado regional en el 2020 para suspender todos los TBI existentes entre ellos, de manera a no permitir más demandas abusivas de inversionistas extranjeros europeos en contra de Estados miembros de la UE (véase enlace al tratado y estado de firmas y ratificaciones). Se trata de una interesante protección legal que han establecido estos Estados, y que debiera de poder interpelar a muchos otros Estados en otras latitudes, en particular en las que persisten algunos decisores políticos que siguen negociando de manera muy entusiasta TBIs que contienen cláusulas muy favorables para el inversionista extranjero.

También es de señalar que en el 2023, fue desde el Congreso de Estados Unidos que 33 integrantes exigieron a sus autoridades extraer a Honduras, víctima de demandas abusivas por parte de empresas norteamericanas, del sistema de arbitraje de inversión del CIADI (véase cable de Reuters). Luego de la denuncia del CIADI en marzo del 2024, las nuevas autoridades electas de Honduras decidieron en julio del 2026 reintegrar el CIADI, provocando una ola de repudio (véase documento titulado:» Statement in Defense of Sovereignty and Collective Rights in Honduras – Returning to ICSID is a sign of Nasry Asfura’s Subservience to Transnational Capital«.

Desde la perspectiva ambiental y de los derechos humanos, un informe poco difundido de Naciones Unidas del 2023 en América Latina (véase enlace) y cuya lectura completa se recomienda, elaborado por el «Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible», se titula:

«Pagar a los contaminadores: las catastróficas consecuencias de la solución de controversias entre inversionistas y Estados para la acción climática y ambiental y los derechos humanos«.

En el 2021, tuvimos la ocasión de explicar en una nota publicada en CIARGlobal, a raíz de la decisión de un tribunal arbitral del CIADI relacionada a una demanda interpuesta por una empresa minera canadiense contra Costa Rica que:

«(…) no tiene mayor sentido el permitir a un inversionista extranjero de mala fe recurrir ante el CIADI contra decisiones de la justicia nacional que declaran ilegal su proyecto y mucho menos el tener que esperar siete largos años de costosos procedimientos ante el CIADI para escuchar a tres árbitros confortar las decisiones judiciales antes mencionadas. Ello sin hablar del riesgo, inherente a este tipo de demandas millonarias, de ver a dos (de los tres árbitros) acoger, por alguna razón, algunas de las pretensiones económicas del inversionista«.

Presión de una demanda sobre decisores políticos: el «affaire» Crucitas en Costa Rica a inicio de los años 2000

Como ha ocurrido en el pasado, estas demandas ante el CIADI ejercen una presión muy fuerte sobre decisores políticos y algunos círculos corporativos y políticos, dispuestos a invocar la «flexibilización» de algunas reglas con tal de que la demanda sea retirada por parte del inversionista. El «affaire» Crucitas y los secretos persistentes que la rodean, así lo evidencian, en la medida en que:

– en el 2003 para el mismo proyecto minero de Crucitas, la empresa canadiense demandó a Costa Rica ante el CIADI por rechazarle sus autoridades ambientales el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La demanda era por 276 millones de US$ (véase nota de La Nación de setiembre del 2005).

– repentinamente, en una carta del 4 octubre del 2005 (véase texto), la Secretaría del CIADI indicó a las autoridades de Costa Rica que se retiraba la demanda interpuesta por la empresa Vanessa Ventures. En el anexo con fecha del 3 de octubre del 2005 (véase documento), la firma de abogados Torys explica que la empresa y el Estado costarricense estaban en negociación y que la empresa se sentía » reasonably optimistic» sobre el resultado de esta.

– el 12 de diciembre del 2005, la SETENA (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) aprobaba el EIA que había rechazado en el 2003.

A la fecha de hoy (10 de noviembre del 2026), tampoco se tiene identidad de quiénes, en nombre del Estado costarricense, negociaron semejante «arreglo» con la empresa minera canadiense en el 2005.

CIADI, TBIs y lluvia de demandas en América Latina

Volviendo al CIADI y a los instrumentos que habilitan a un inversionista a demandar a Costa Rica, en la parte final de este enlace oficial de COMEX (Ministerio de Comercio Exterior) aparece en «Acuerdos de Inversión» la lista de los 15 TBIs que tiene vigentes, a los que hay que añadir varios de los tratados de libre comercio (TLC) vigentes de la sección primera, que también contienen una cláusula permitiendo al inversionista extranjero acudir contra Costa Rica ante el CIADI.

Como todo tratado bilateral, dos Estados pueden considerar oportuno renegociar sus cláusulas, como fue, entre muchos ejemplos, recientemente el caso del TBI entre Corea del Sur y México (véase nota de Asia Today).

Según la información oficial del CIADI, al 7 de noviembre del 2026 Costa Rica enfrenta además otras dos demandas, al tiempo que ha concluido procedimientos en el caso de 18 de ellas. Una de las demandas pendientes contra Costa Rica fue presentada en el 2023 con base en el TBI con Alemania (véase enlace) al tiempo que la otra en el 2025 con base en el TBI vigente entre Costa Rica y Venezuela (véase enlace).

Los Estados con mayores demandas en su contra en estos momentos pendientes de resolución ante el CIADI de América Latina son Perú (22 demandas pendientes), seguido por México (20), Honduras (12), Panamá (11), y Venezuela (9).

Este informe del 2011 ya advertía de los riesgos que representa el CIADI para Estados cuyos dirigentes políticos firman TBIs o TLCs sin preocuparse mayormente por sus efectos a futuro, en particular cuando contienen cláusulas sumamente ventajosas para el inversionista extranjero. Este nuevo informe del 2025 permite comprender mejor el peso cada vez más grande que tienen estas numerosas demandas en las ya maltrechas economías de los Estados de América Latina.

En el caso específico de Argentina, se lee en este muy completo informe del 2025 sobre los estragos que han causado estas demandas ante el CIADI, que:

«Argentina podría terminar unilateralmente más del 85% de sus TBIs cuyo período inicial ya venció o que vence este año (antes de ser renovado). Sin embargo, ningún gobierno desde los años noventa hasta la actualidad ha considerado seriamente esta opción, evidenciando cómo las élites locales han internalizado los imperativos del capital transnacional. El RIGI del presidente Javier Milei intenta cerrar definitivamente esta ventana, consolidando por tres décadas un marco jurídico que blinda los privilegios corporativos«.

La demanda contra Costa Rica como tal del 2025 interpuesta por la empresa EBI

La demanda de la empresa canadiense EBI contra Costa Rica fue planteada formalmente el 14 de julio del 2025 ante el CIADI, con base en el tratado bilateral de inversiones (TBI) siempre vigente (véase texto) entre Costa Rica y Canadá suscrito en 1998: véase nota del Semanario Universidad publicada unas semanas antes del registro oficial de la demanda ante la Secretaría del CIADI.

A diferencia de otros casos, el texto de la demanda interpuesta como tal no está por el momento disponible (véase por ejemplo texto de la demanda interpuesta contra Costa Rica de inversionistas para un megaproyecto en Playa Esterillos del 2014 y texto de demanda de empresa suiza en representación de Gas Z del 2013). Desde ya agradecemos el concurso de nuestros estimables lectores si alguno/a de ellos sabe dónde podría estar disponible en línea el texto de la demanda como tal: el contenido del texto de esta demanda permitiría conocer con precisión sobre qué ha basado sus millonarias pretensiones la empresa EBI ante el CIADI, al estar aún pendientes decisiones de la justicia costarricense. Y en particular contraponer el texto de esta demanda a dos requisitos indispensables que enumera el Artículo XII del TBI Canadá-Costa Rica, al precisar que:

El artículo XII del TBI entre Costa Rica y Canadá tiene un inciso, el 3, que establece un plazo de tres años, pero adicionalmente establece que:

«Un inversionista podrá someter una diferencia, según se indica en el párrafo (1), a arbitraje conforme a lo dispuesto en el párrafo (4) solamente si:

…

  1. «no han transcurrido más de tres años desde la fecha en que el inversionista inicialmente tuvo o debió haber tenido conocimiento, de la violación alegada y conocimiento de que el inversionista ha incurrido en pérdidas o daño; y
  2. en los casos en que Costa Rica es parte de la diferencia, ningún tribunal costarricense haya emitido un fallo relativo a la medida que se alega contraviene este Acuerdo«.

Cabe recordar que fue este mismo tratado bilateral entre Costa Rica y Canadá el que también había servido de base jurídica en el caso de la demanda interpuesta en febrero del 2014 contra Costa Rica por la empresa minera canadiense Infinito Gold relacionada a su polémico proyecto minero ubicado en Las Crucitas, en Cutris de San Carlos (véase texto de la demanda con fecha del 6 de febrero del 2014, presentada pocos días después de celebrarse los comicios en Costa Rica).

Con respecto a los proyectos de rellenos sanitarios de la empresa EBI en Costa Rica, en la precitada nota del Semanario Universidad se hace ver que la empresa cuestiona el hecho que no pueda construir rellenos sanitarios en las localidades de Turrúcares y Montes de Oro debido a la oposición de los vecinos y de los mismos municipios concernidos.

Foto de manifestaciones en las principales arterias de San José contra el proyecto minero de Crucitas en Costa Rica. Imagen extraída del artículo titulado «Canadian groups tell gold company to ‘stop harassing’ Costa Ricans» (Bilaterals.org., edición del 17 de abril del 2013).

Dos comunidades opuestas a la instalación de rellenos sanitarios

En el caso de la primera comunidad, en esta nota del 4 de noviembre del 2026, se hace ver la férrea oposición de vecinos al parecer muy organizados que se «plantaron» (expresión usada en el título de la nota) y obligó al Estado costarricense a desplazar a cuatro de sus ministros (con uno de ellos con doble cartera): su presencia al parecer no impresionó mayormente a los asistentes y vecinos, profundamente indignados y molestos por el apoyo a este proyecto de relleno sanitario de las máximas autoridades costarricenses (véase nota del Semanario Universidad).

Como pequeño detalle de interés, insistimos nuevamente en la cercanía de la fecha del anuncio de la integración de la terna arbitral del CIADI (30 de octubre) con esta reunión con los vecinos de Turrúcares realizada el 4 de noviembre por las máximas autoridades costarricenses, y nos permitimos plantear la siguiente pregunta: de no haberse anunciado nada por parte del CIADI el 30 de octubre ¿siempre se hubiese convocado un «conversatorio» en Turrúcares días después?

En esta otra nota de CRHoy, se señala la oposición de las mismas autoridades municipales a este polémico proyecto. Ya en el año 2024, se había observado a la máxima instancia costarricense en materia de salud cuestionar la posición de las autoridades municipales en defensa de la comunidad de Turrúcares (véase nota del Semanario Universidad).

La actitud de las máximas autoridades ministeriales fue tal durante la reunión del 4 de noviembre que hirió la susceptibilidad de las autoridades municipales (tal y como se señala en el título de esta nota del programa radial Nuestra Voz del 5 de noviembre) al tiempo que personas que votaron por el oficialismo en las elecciones de febrero del 2026 externaron su profunda decepción (véase nota del Semanario Universidad). Este video informativo realizado por el medio digital Delfino.cr explica de manera muy clara las razones por tanta indignación provocada en Turrúcares el pasado 4 de noviembre.

Con respecto a las alegaciones de los voceros de la empresa EBI, en esta otra nota del medio universitario Semanario Universidad, de julio del 2025, se lee que:

«EBI afirmó que “la demanda se basa, en parte, en el abuso de los procesos locales por parte de las municipalidades y en su falta de diligencia razonable para avanzar en los asuntos, tal y como exige la legislación costarricense y el principio procesal de impulso de oficio”.»

En otra nota del programa radial matutino de Nuestra Voz de junio del 2025, se señala que para los representantes de la empresa:

«“Lo que ha impedido avanzar con el proyecto son dos procesos de lesividad que ha interpuesto la Municipalidad de Alajuela para anular los usos de suelo que ya habían sido otorgados a esas fincas por la misma administración. Además, en los últimos años, esa municipalidad emitió cuatro acuerdos indicando, sin fundamento alguno, que no permitiría la aprobación del permiso constructivo y a pesar de que esos acuerdos fueron impugnados por la empresa, desde el año 2023 se ha negado a resolver los recursos a pesar de existir una orden de un Tribunal”.

Si procesos de lesividad en contra de funcionarios municipales fueron iniciados por las autoridades municipales y están aún en proceso, resulta de cierto interés leer que para la empresa EBI, estos procesos «impiden avanzar«. Remitimos a nuestros estimables lectores a la definición del proceso de lesividad vigente en Costa Rica de manera a entender mejor la expresión de «impiden avanzar«, así como los plazos previstos en el ordenamiento jurídico costarricense, que recordó la Procuraduría General de la República (PGR) ante una consulta en el 2017 (véase enlace). En esta nota del 2024 de Diario Extra se precisa por parte de una autoridad municipal que:

«Esos usos de suelo se dieron en 2011 de manera muy rápida, no hago juicios de valor, solo cumplo con mi deber como alcalde de Alajuela y de los turrucareños, por eso iniciamos la lesividad, porque los usos de suelo se hicieron mal dados«.

Es de notar que se trata de un proyecto que lleva ya varios años discutiéndose: en el 2014, en una decisión de la Sala Constitucional (véase voto 16359-2014) relativa al proyecto de relleno sanitario en Turrúcares, fueron tres los magistrados (de siete) los que habían considerado que la Sala Constitucional no debía modificar el alcance del principio de la participación ciudadana en materia ambiental como derecho fundamental. Siempre en el 2014, fue esta vez un magistrado el que reiteró, siempre con respecto a este mismo proyecto en Turrúcares su posición anterior (véase voto 19621-2014).

Con respecto a la otra comunidad (Montes de Oro) también sujeta a un proyecto de relleno sanitario de la misma empresa, en el 2023 tuvimos la ocasión de analizar el alcance de la discusión interna en la Sala Constitucional con respecto al principio de participación ciudadana en materia ambiental, a raíz del voto 11236-2023: véase al respecto nuestra nota de julio del 2023, titulada:

«Participación ciudadana en materia ambiental: breves apuntes relativos a una reciente sentencia».

Siempre con respecto a Montes de Oro, se sugiere revisar el Acta Municipal N.128-2026 del 13 de octubre del 2026 de la Municipalidad de Montes de Oro (véase enlace), y en particular lo adelantado por el alcalde con base en un oficio recibido por parte del jerarca del comercio exterior costarricense sobre la demanda de EBI contra Costa Rica (pp.11-12). Se lee en particular que, según la nota recibida por COMEX,

«5- Comex indica que, en el caso de que se pierda el arbitraje, ambas municipalidades deben cancelar el monto total de la sentencia que se dicte a los efectos.

6- Comex indica que, a partir de este momento, cualquier tema que se hable en sesiones municipales sobre el caso, puede ser tomado por las empresas como evidencia para sustentar su denuncia».

No se tiene información sobre el punto de saber si COMEX tiene claridad con respecto al principio de autonomía municipal, ni con base en qué elementos COMEX anuncia desde ya que Costa Rica podría ser condenada por el CIADI a pagar un monto a la empresa.

A modo de conclusión

Nuevamente aquí, o como ocurrió con el fallido proyecto minero de Infinito Gold en Crucitas, o como ocurrió en Colombia cuando el Estado decidió proteger los páramos, o cuando en Panamá la justicia constitucional suspendió una concesión minera, u otras situaciones en las que la protección del derecho a la salud o al ambiente, o la protección de derechos de pequeñas comunidades rurales o indígenas frenan un megaproyecto, se vuelve a verificar lo siguiente: decisiones de entidades estatales (o bien de tribunales de justicia) o procedimientos en trámite ante instancias jurisdiccionales nacionales que alteran el plan operativo de un megaproyecto de un inversionista extranjero, al parecer algo urgido, dan pie para una demanda internacional multimillonaria ante el CIADI.

En el caso de Infinito Gold, la demanda interpuesta en febrero del 2014 culminó con una decisión de junio del 2021, en la que si bien se condenó a Costa Rica por violar disposiciones del TBI con Canadá, no se le ordenó pago alguno por concepto de indemnización: véase al respecto nuestra nota de junio del 2021 titulada:

» Infinito Gold contra Costa Rica: nuevo fracaso de minera canadiense al tiempo que persisten secretos en Costa Rica«.

La empresa solicitó posteriormente una anulación parcial de este laudo ante un órgano de apelación del CIADI y en el 2024, la empresa y Costa Rica acordaron solicitar el archivo del caso al CIADI. Un pequeño detalle que se omitió oficialmente en Costa Rica al anunciar la «victoria» ante el CIADI. En julio del 2024, COMEX precisó que no se había pactado nada con la empresa (véase nota del Semanario Universidad). Considerando que si ambas partes piden de común acuerdo archivar un procedimiento pendiente a un órgano de apelación del CIADI y una de las dos omite señalarlo, es que algo se pactó. En junio del 2025, elaboramos otra nota que se tituló de la siguiente manera:

«Crucitas: Infinito Gold c. Costa Rica ante el CIADI a 11 meses de un comunicado oficial omiso, en medio de un súbito entusiasmo por el oro».

Con respecto a la comunidad de Turrúcares, en esta nota del Semanario Universidad de marzo del 2024 se lee por parte de un reconocido abogado costarricense en materia ambiental, una aseveración que debiera interesar a todo especialista en celeridad notoria de funcionarios municipales para otorgar permisos:

«Consultado al respecto, Sagot destacó que “a EBI no se le puede otorgar ningún permiso de construcción de ese relleno sanitario en Turrúcares porque el Plan Regulador lo prohíbe por los usos del suelo que existen actualmente”.

En segundo lugar, señaló que los usos del suelo “fueron otorgados de una manera totalmente irregular, al grado de que se otorgaron en cuatro horas”.»

En el 2018, en una decisión del CIADI con respecto a una demanda interpuesta contra Costa Rica por un grupo de inversionistas norteamericanos cuyo megaproyecto en Playa Esterillos fue frenado por el Estado costarricense, se pudo leer una situación muy similar de notable celeridad municipal, al consignarse que (véase texto completo de la decisión):

«127. Fue por eso que la Sra. Vargas presentó una denuncia el 15 de junio de 2010 ante el Tribunal Ambiental Administrativo (“TAA”), una división del Ministerio de Ambiente, mediante la cual solicitaba una investigación del Proyecto Las Olas en vista de (i) las inquietudes acerca de si se estaban rellenando humedales; (ii) la construcción de calles pavimentadas y (iii) el hecho de que se había talado y quemado “vegetación. 128. Al día siguiente, el 16 de junio de 2010, la Sra. Vargas informó al SINAC acerca de sus hallazgos e informes anteriores emitidos con respecto al Proyecto Las Olas. 129. Curiosamente, el mismo día que la Sra. Vargas anunció públicamente sus inquietudes, la Municipalidad emitió siete permisos de construcción para el Sector de Servidumbres del Proyecto Las Olas. Pocos días después, el 22 de junio de 2010, DEPPAT—la Regente Ambiental contratada por el Sr. Aven—presentó un plan de movimientos de tierra y un programa de obras previstas con respecto al Sector de Servidumbres«.

Más allá de la extrema celeridad de algunos funcionarios municipales que siempre debería de interpelar, ¿qué se debe esperar Costa Rica a partir de la constitución de la terna arbitral anunciada por el CIADI el pasado 30 de octubre? A un largo procedimiento ante el CIADI, como ello ha ocurrido en muchas ocasiones anteriores en las que un inversionista extranjero encuentra manera de intentar obtener afuera lo que el ordenamiento jurídico costarricense y sus tribunales no le han permitido obtener.

Si nuestros estimables lectores llegaron al final de este texto, deben saber que apenas iniciamos con el Acto I. El Acto II debería intervenir dentro de unos meses, apenas el CIADI haga público una nueva etapa en el procedimiento interpuesto por la empresa EBI contra Costa Rica y un nuevo «conversatorio» sea nuevamente organizado.

El precio que no cabe en una onza: Juan Antonio López, Crucitas y la patria que queremos

A dos años de su asesinato, una reflexión con ocasión de la Independencia

Dr. Bernardo Aguilar González
Presidente del Parlamento Cívico Ambiental

Este 14 de septiembre, mientras Costa Rica entraba en la víspera de sus fiestas patrias, Centroamérica recuerda también un aniversario incómodo: hace exactamente dos años fue asesinado en Tocoa, Honduras, Juan Antonio López, líder laico católico, defensor del agua y de los bienes comunes, e integrante de la resistencia comunitaria frente a proyectos extractivos en el Bajo Aguán. Había recibido amenazas, acoso y vigilancia; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había otorgado medidas cautelares. Aquella noche, después de una celebración de la Palabra, fue atacado a tiros.

López no fue solamente “un ambientalista”. Fue padre de familia, delegado de la Palabra, articulador de la pastoral social, servidor público local y miembro de redes eclesiales dedicadas al cuidado de la creación. En su vida, la fe y la defensa del territorio no ocupaban compartimentos separados: proteger los ríos, acompañar a las comunidades y denunciar aquello que consideraba injusto eran expresiones de una misma responsabilidad moral. Esa coherencia explica por qué su muerte trascendió las fronteras hondureñas.

Su asesinato obliga a una precisión. No existe todavía una sentencia firme que permita convertir en certeza jurídica el móvil último del crimen. Esa cautela es indispensable. Pero sería igualmente poco serio tratar su defensa ambiental como un dato accidental. En 2025 la CIDH llamó a investigar el crimen considerando su papel como defensor del ambiente entre los posibles móviles; y en 2026 la causa avanzó contra presuntos autores intelectuales. El proceso sigue abierto y el móvil final no ha sido establecido por sentencia. Las dudas procesales permanecen; el contexto, sin embargo, no puede borrarse.

El reciente artículo del cardenal Michael Czerny y Luca Colacino convierte el caso de López en algo más que una tragedia individual. Lo ubica en una realidad latinoamericana donde degradación ecológica, desigualdad estructural, captura institucional y violencia contra defensores pueden encontrarse en un mismo territorio. Allí aparece uno de los costos menos contabilizados de la minería a gran escala: no solo toneladas removidas, agua comprometida o pasivos de restauración, sino miedo, criminalización, ruptura comunitaria y, en los extremos, vidas humanas (https://iglesiasymineria.org/wp-content/uploads/2026/08/Articulo-Cardenal-CZERNY.pdf).

Esa fue también una de las conclusiones más importantes del Congreso Latinoamericano sobre Impacto Socioambiental de la Minería celebrado en julio en la Pontificia Universidad Católica de Costa Rica: la discusión no puede reducirse a una consigna a favor o en contra. La pregunta seria es quién decide, quién recibe los beneficios, quién asume los riesgos y quién repara el daño. Una actividad puede producir divisas y empleo, pero si sus costos se concentran en comunidades vulnerables y sus beneficios salen del territorio, el balance económico dice muy poco sobre el desarrollo humano real.

Pedro Landa defensor ambiental y de los derechos humanos formuló en ese congreso otra advertencia necesaria: la transición energética y digital no elimina el extractivismo; puede multiplicar la presión minera mediante la demanda de minerales llamados “críticos”. Su pregunta de fondo es incómoda: ¿críticos para quién? Un mineral puede ser estratégico para cadenas globales de tecnología y, al mismo tiempo, poner en riesgo el agua, la salud o la estabilidad social de la comunidad donde se extrae. Una transición que cambia combustibles, pero conserva zonas de sacrificio no es suficientemente justa.

El padre Patricio Sarlat ofreció asimismo el criterio para no perderse entre cifras y tecnicismos: dignidad humana y cuidado de la Casa Común. La ecología integral no sustituye a la ciencia, al derecho ni a la economía; obliga a integrarlos. Si la crisis ecológica y la crisis social tienen raíces comunes, ninguna solución puede considerarse completa cuando salva el recurso y abandona a la comunidad, o cuando promete crecimiento a costa de debilitar la convivencia, la salud y la confianza institucional.

Esta mirada importa especialmente para nuestra situación en Crucitas. Costa Rica enfrenta allí una emergencia verdadera: minería ilegal, redes criminales, deforestación, sustancias tóxicas, vulnerabilidad social y pérdida de control territorial. Negarlo sería irresponsable. Pero también sería irresponsable concluir que la única alternativa a la ilegalidad es legalizar una explotación a cielo abierto bajo condiciones que reproduzcan otros riesgos de larga duración.

El Congreso de Minería propuso una ruta más exigente y, precisamente por eso, más útil: contener, restaurar, transformar y acompañar. Contener significa recuperar control territorial, seguridad y capacidad efectiva de fiscalización. Restaurar implica agua, suelos, ecosistemas y garantías financieras que eviten trasladar al Estado el costo futuro. Transformar exige alternativas económicas locales —agroforestería, turismo, economía circular, educación y empleo— que reduzcan la dependencia de la extracción. Acompañar significa que las comunidades no sean espectadoras del arreglo, sino sujetos de información, participación y decisión.

Crucitas necesita una solución integral, no una salida rápida. Cualquier propuesta debería superar, como mínimo, pruebas de legalidad y no regresión ambiental, evidencia científica independiente, distribución justa de costos y beneficios, acceso público a la información, trazabilidad, eliminación efectiva de sustancias tóxicas y garantías previas para cierre, restauración y monitoreo.

Este 15 de septiembre, conviene recordar que independencia no significa solamente soberanía frente a poderes extranjeros. También significa que una sociedad conserve la capacidad de decidir sobre su territorio sin que el miedo, la ilegalidad, la corrupción o la urgencia sustituyan al discernimiento democrático.

Juan Antonio López no debería ser utilizado como argumento automático contra toda minería. Su memoria exige algo más serio: que cuando evaluemos un proyecto extractivo contabilicemos también aquello que nunca aparece en el precio internacional del oro. El agua. La paz social. La confianza. La dignidad. Y, sobre todo, la vida humana. Esa es la patria que vale la pena defender.

Imagen: https://www.religiondigital.org/america/anos-justicia-asesinato-ambientalista-juan_1_1466426.html

Congreso Latinoamericano abordará los impactos socioambientales de la minería, con la participación del Vaticano y organizaciones de siete países

Este 17 y 18 de julio se realiza en la sede central de la Universidad Católica de Costa Rica (UCAT), en Moravia, el Congreso Latinoamericano: Impacto Socioambiental de la Minería, una actividad académica organizada por el Observatorio Socioambiental Laudato Si’ de la UCAT, en conjunto con el Parlamento Cívico Ambiental de Costa Rica, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. El congreso cuenta además con el respaldo y la participación del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, así como de la Conferencia Episcopal de Costa Rica y del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).

Según indicó Bernardo Aguilar, presidente del Parlamento Cívico Ambiental de Costa Rica, la iniciativa busca impulsar un diálogo profundo e integral sobre la actividad minera, no solo desde una perspectiva científica, sino también espiritual, que contribuya a atender la conflictividad ambiental existente hoy en la región en torno a este tema, entre ella la situación del conflicto ambiental de Crucitas.

La pregunta orientadora del encuentro, según el programa académico, es si resulta posible construir un diálogo sobre la realidad de la minería en América Latina que promueva el desarrollo sin sacrificar la dignidad humana, las comunidades y «la casa común», o si se está ante una contradicción ética que no puede ignorarse.

Participantes y países representados

De acuerdo con el sitio oficial del congreso, se cuenta con la participación de ponentes de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Brasil, México, Panamá y Estados Unidos. Entre las personas ponentes confirmadas figuran:

  • Pedro Landa (Honduras), investigador y docente en extractivismo minero-energético en Centroamérica.

  • Moema Miranda (Brasil), antropóloga, integrante de la Red Iglesias y Minería y asesora de la Comisión Episcopal Pastoral Especial para Ecología Integral y Minería de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil.

  • Vidalina Morales (El Salvador), defensora de derechos humanos y ambientales, integrante de la Asociación de Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (ADES) y de la Mesa Frente a la Minería.

  • Mons. Jenry Ruiz (Honduras), delegado de la Conferencia Episcopal hondureña para la Comisión Nacional de Ecología Integral.

  • Arturo Carballo Madrigal (Costa Rica), presidente de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS).

  • Fray Erick Marín Carballo (Costa Rica), teólogo con experiencia de acompañamiento a comunidades afectadas por la minería en Centroamérica y la Panamazonía, vinculado al Parlamento Cívico Ambiental y a la Alianza por la Casa Común.

  • Bernardo Aguilar (Costa Rica), abogado, presidente del Parlamento Cívico Ambiental y líder del equipo consultor del MINAE para la valoración del daño ambiental en Crucitas.

  • Zulma Herrera (México), especialista en gestión de capital humano en la industria minera.

  • Heileen Montiel Cubillo (Costa Rica), asesora legal del Tribunal Ambiental Administrativo del MINAE.

  • Pbro. Julio Arváez (Panamá), misionero claretiano, coordinador de la Pastoral Indígena de la Arquidiócesis de Panamá y activista del movimiento Panamá Vale Más Sin Minería.

  • Ray Offenheiser (Estados Unidos), con tema por confirmar.

  • Iliana Boschini (Costa Rica), en el panel «Voces desde la institucionalidad».

  • René Castro (Costa Rica), quien abordará gobernanza ambiental y sostenibilidad en contextos extractivos.

  • Henry Prado (Fortech, Costa Rica) y Raúl Rubén Muñoz Garrido (Chile), en el panel de buenas prácticas y transformación sostenible.

  • P. Patricio Sarlat Flores, del Dicasterio de Ecología Integral del Vaticano, y S.E.R. Cardenal Michael Czerny, del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, con un mensaje de saludo institucional.

Estructura del programa

El programa académico se organiza en seis bloques temáticos distribuidos en dos jornadas. El primer día (17 de julio) incluye la conferencia inaugural «Minería, desarrollo y desafíos socioambientales», a cargo de Leonardo Merino, investigador del Programa Estado de la Nación, así como paneles sobre la realidad institucional, la gobernanza ambiental en contextos extractivos y las voces de los territorios afectados, con la participación de Pedro Landa y Arturo Carballo Madrigal, entre otros. El segundo día (18 de julio) se centra en la ecología integral como horizonte ético, con ponencias sobre eco-teología y espiritualidad, además de una jornada de «conversación en el espíritu» orientada a la construcción de consensos, con mesas de trabajo participativas. El cierre académico estará a cargo de Bernardo Aguilar.

Como actividad complementaria, el domingo 19 de julio se realizará una visita de campo al Ecomuseo de las Minas de Abangares, en Guanacaste, que incluye un recorrido histórico de dos horas por los senderos y vestigios del período de industrialización de la actividad minera en esa zona.

Inscripción

Según el afiche oficial del evento, la inscripción al congreso tiene un costo de 75 dólares, mientras que la modalidad que incluye la visita de campo al Ecomuseo de Abangares tiene un costo de 175 dólares. Las personas interesadas pueden obtener más información e inscribirse a través del sitio web de la Universidad Católica de Costa Rica.

Pacto Patriótico Costarricense – documento firmado el 29 de junio del 2026

Se establece un pacto patriótico costarricense entre las legisladoras y los diputados del Partido Liberación Nacional, Frente Amplio y Coalición Agenda Ciudadana del Congreso de la República en la legislatura 2026-2030 y la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES), que integra al sindical, agroalimentario, ganadero, indígena, arrocero, ambiental, empresarial, estudiantil, movimientos populares, artístico, religioso, territoriales, académicos, pescadores y otros; representados por el Equipo Timón, en su condición de coordinadores, con la finalidad de establecer los acuerdos entre partes, dar seguimiento y ejecución a los compromisos adquiridos. Además, se desea promover los más altos valores patrios como son el Diálogo, la Democracia, la Paz Social, el Estado Social de Derecho, la participación ciudadana, la libertad de expresión, propiciar la movilidad social ascendente, la atención a los costarricenses empobrecidos y vulnerables, y la defensa de instituciones de bien común como la CCSS, el ICE, el INS, el CNP, el BCR, el A y A-Asadas, CEN-CINAI, PANI, Universidades Públicas y otros.

Por lo cual, para este pacto patriótico manifestamos compartir los siguientes valores y principios contenidos en el documento: “Soluciones legislativas conjuntas en favor de Costa Rica” del Bloque Democrático de la Asamblea Legislativa, y los propios de RENASES, que nos permite tener un marco de referencia:

1) Defensa del Estado Social de Derecho, la estabilidad democrática, el bienestar de la ciudadanía costarricense, la garantía de la institucionalidad democrática, el respeto a la Constitución Política, la separación e independencia de poderes, la vigencia plena de los derechos fundamentales y la atención a los principales desafíos del país;

2) Se prioriza el diálogo social y la capacidad de convergencia para el bien común y el bienestar de los costarricenses; promoviendo, desde la Red Nacional de Sectores Sociales proyectos de ley y solicitando a diputados y legisladoras pactantes y otros, ser voz de los sectores sociales en el control político que ejerzan en el Parlamento;

3) Fomento y fortalecimiento de la libertad de prensa, el derecho a la información, el derecho a la comunicación, el derecho a la libre reunión, a la manifestación pacífica y a la participación ciudadana como columnas de la democracia. Asimismo, suscitar la agenda de derechos humanos, muy especialmente los derechos de las mujeres, así como la lucha contra la violencia de género.

4) Apoyo al combate frontal contra el crimen organizado, la sanción a las organizaciones criminales y mayor presupuesto al OIJ, Seguridad Pública, Ministerio Público, Policías de Migración, Penitenciaria y Fuerza Pública. También, la reforma y transformación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) en una unidad de inteligencia estratégica civil con controles democráticos y rendición de cuentas ante la Asamblea Legislativa; eliminando su carácter político.

5) Apoyo a la prevención del delito en las diferentes formas, mediante la promoción de una cultura de paz, el deporte, la expresión artística, el fortalecimiento del tejido social y comunitario, el mejoramiento y recuperación de espacios públicos y fortalecimiento de la educación, en aras del fomento de una Política Social integral.

6) Establecimiento de un plan de inversión gradual para avanzar hacia el mandato constitucional del 8% del PIB, para la inversión en educación (Primera Infancia, el INA, MEP y FEES). Asimismo, el fortalecimiento de la Política Educativa y Curricular. Finalmente, el aseguramiento de la estabilidad laboral docente, técnico-docente y administrativo.

7) Defensa y fortalecimiento de la CCSS, su sostenibilidad financiera, cobertura y calidad de sus sistemas de salud pública y de pensiones (SEM e IVM):
a- Exigir que se cumpla con el pago de la deuda para lo cual deberá establecerse un plan de pago.
b- Que se instaure un plan para reducir las listas de espera.
c- Contribuir a resolver la emergencia por la escasez de especialistas mediante acciones como reformas graduales para cerrar la brecha entre salario global y salario compuesto, aumentar la oferta de especialistas, mejorar la proyección de demanda, entre otras.
d- Abordaje
de la salud mental en el sistema de salubridad pública y en el sistema educativo.
e- Que se respete la autonomía de la CCSS.

8) Evaluación de la aplicación de la Regla Fiscal, considerada por algunos sectores como una medida perversa cuya aplicación no permite ni resguardar, ni aumentar la inversión social. Por el contrario, se debe impulsar el aumento gradual del presupuesto de FODESAF. Valga indicar que el problema fiscal costarricense no es exclusivamente de gasto. Es un problema de erosión de la base tributaria, privilegios fiscales concentrados, debilidades administrativas estructurales y un sistema que grava con mayor intensidad a quienes tienen menor capacidad económica. Así las cosas, la política fiscal debe ir orientada hacia la justicia, la progresividad, la equidad, la eficiencia y la sanción penal a la evasión y la elusión tributarias.

9) Fortalecimiento de los guardaparques bajo la rectoría del SINAC dotándoles de competencias de policía ambiental. Defensa de la soberanía nacional en Crucitas con el objetivo de beneficiar a las comunidades locales, de proteger el ambiente y el territorio nacional. Mantener la prohibición a la minería a cielo abierto. Impulsar legislación para la protección de los activistas y defensores de los derechos humanos. Fomento de iniciativas para el bienestar animal. Que se garantice el derecho humano al acceso al agua y el fortalecimiento de las ASADAS.

Promover soluciones de gestión integral, efectiva y sostenibles a la crisis de residuos con un enfoque de economía circular.

10) Compromiso con el Convenio 190 de la OIT, que ratifica el combate contra todas las formas de violencia contra las mujeres. Avanzar hacia un Sistema Nacional de Cuidados y de reconocimiento de la responsabilidad social de los cuidadores. Velar por el pleno disfrute de los derechos y la calidad de vida de la niñez, la juventud, las personas con discapacidad, la población adulta mayor, personas en condición de calle y otras poblaciones vulnerables. Resguardo de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Protección de los activistas y defensores de los derechos humanos.

Velar por el respeto y el reconocimiento de los Pueblos originarios y sus territorios. Garantizar todos los derechos de las poblaciones migrantes y solicitantes de refugio. Apoyo a las comunidades afrodescendientes.

11) Defensa e impulso a la producción nacional, fomento a la innovación y aportes culturales positivos ligados a la actividad agropecuaria como garantía de la seguridad alimentaria y nutricional:
a- Fortalecer el mercado agropecuario.
b- Garantizar la salud humana y la inocuidad alimentaria.
c- Mejorar la accesibilidad del financiamiento para el sector agropecuario y crear una legislación de seguros agropecuarios
accesibles.
d- Promover una actividad agropecuaria en sinergia con el ambiente.
e- Desarrollar una política y planificación territorial que se diseñe y evalúe con los territorios y las personas.
f- Fortalecer el cumplimiento de los controles fitosanitarios y zoosanitarios;
g- Aplicar los mecanismos de defensa comercial establecidos en la legislación nacional y la no aprobación de la adhesión a la Alianza Transpacífico.
h- Impulsar con prioridad alternativas para garantizar la trazabilidad del ganado sin las afectaciones provocadas por el decreto de “areteo”.

12) Fortalecimiento y mejora de la legislación contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Impulsar la transparencia proactiva en la institucionalidad, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas bajo los principios de un Estado Abierto incluyendo la apertura de datos públicos, estándares de interoperabilidad digital y transparencia algorítmica.

Así, resolvemos establecer un pacto patriótico entre el Bloque Democrático Legislativo y la Red Nacional de sectores sociales, bajo los siguientes términos:

  1. Defender los valores y principios expuestos en el marco de referencia, compartido por la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) con base en algunas “Soluciones legislativas conjuntas en favor de Costa Rica”.

  2. Apoyar las iniciativas de leyes que construya el proyecto país compartido en el marco de referencia.

  3. Establecer los mecanismos para el aporte de proyectos de leyes de RENASES y solicitudes para el control político, según las diversas fracciones del PLN, FA y CAC. Además, de la coordinación de acciones de la Red Nacional de Sectores Sociales solicitada por los diputados de dichas fracciones mediante un primer nivel político entre Jefes de fracciones de los Partidos Políticos suscribientes y el Equipo Timón.

  4. Integrar un equipo de asesores técnicos y políticos con personal de las fracciones mencionadas y RENASES.

  5. Legitimar al Equipo Timón como el coordinador de la Red Nacional de Sectores Sociales, e interlocutor con las jefaturas de las fracciones del PLN, FA Y CAC que subscriben el presente pacto patriótico integrado por:

Gilda Montero Sánchez (ANDE)
Gilberth Díaz Vásquez (SEC)
Albino Vargas Barrantes (ANEP);
Martha Rodríguez González (UNDECA);
Lenín Hernández Navas (SINAE);
José María Oviedo Chaves (UNAG);

Dado a los 29 días de junio del 2026, en el Salón de Expresidentes en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, a las 11:00 horas, y firman este pacto patriótico los siguientes jefes de fracciones:

Diputado Álvaro Ramírez Bogantes, (PLN)
Diputado José María Villalta Florez-Estrada, (FA)
Diputada Claudia Dobles Camargo, (CAC)

Gilda Montero Sánchez
(ANDE)
401450893

Gilberth Díaz Vásquez
(SEC)
50195021

Albino Vargas Barrantes
(ANEP)
104570390

Martha Rodríguez González
(UNDECA) 203430472

Lenín Hernández Navas
(SINAE)
109670277

José María Oviedo Chaves

(UNAG) 105060146

Organizaciones, sectores, movimientos y otros que ratifican este Pacto Patriótico Costarricense.

Puede descargar desde SURCOS el documento con las firmas:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/06/Pacto-Patriotico-.pdf

Crucitas: despacio porque precisa. La historia capítulo por capítulo

Por José Luis Amador

La palabra Crucitas está escrita en oro

Lo menos que usted hace cuando tiene un negocio entre manos es informarse bien. Que mire, que venda ya, que yo se la compro. ¡Nada de eso trajo el barco! O nos informan bien o no vendemos. No es maní, no son meneítos. Son millones de dólares.

Existe una situación de crisis ambiental y social en Crucitas que debe resolverse. Pero esto no puede hacerse a golpe de mazo y tambor, porque puede caerse en los mismos errores que se cometieron hace 20 años, con el consecuente impacto sobre la gente, sobre el medio ambiente. Y sobre el negocio.

Crucitas tiene una historia que usted debe saber. Yo le voy a contar una parte. En sus discursos, el gobierno actual tergiversa esta historia y ha querido hacernos creer que fue un personaje y un partido político en solitario, por capricho y como si fueran magos, quienes se opusieron al proyecto minero y nos metieron en el atolladero en el que estamos ahora. Esto es solamente una parte de la historia. Deme un chance y le cuento el cuento hasta donde investigué. Usted buscará el resto. ¡Ojalá busque bien!

El proyecto minero

En 1993 la empresa Industrias Infinito obtuvo un permiso de exploración para el área de Crucitas. La empresa realizó perforaciones y estudios para determinar la existencia y tamaño de potenciales depósitos de oro.

En 1999 presentó ante la Dirección de Geología y Minas una solicitud de concesión minera en un área de 10 kilómetros cuadrados en Cutris, la cual fue otorgada en 2001.

Reacción de los ecologistas y un presidente

La minería a cielo abierto es un negocio “furris” y de gran impacto ecológico. No son túneles, ni tajos como alguna gente cree. Son lagunas y desiertos químicos. Implica eliminar toda la capa boscosa, echar abajo árboles y animales, eliminar la parte orgánica del suelo y hacer excavaciones profundas, extraer toda la roca y triturarla. Hacer grandes lagunas donde el material se mezcla con cianuro para obtener el oro. Todo ello con alto riesgo de secuelas ambientales, de contaminación de acuíferos y otros. Los expertos lo explicarán mejor que yo. Pero lo cierto es que la inminente acción de Industrias Infinito causó enorme oposición en diversos sectores de la sociedad costarricense. Nos dejaban un inmenso impacto ambiental y muy poca ganancia. Solo un 2 % de lo extraído.

En el 2002 grupos ecologistas interponen el primer recurso de amparo contra las operaciones de Industrias Infinito. Paralelamente, el entonces pre-candidato presidencial Abel Pacheco presentó un recurso ante el MINAE. Ya en la presidencia Abel Pacheco estableció por decreto una “moratoria nacional” contra la minería metálica de oro a cielo abierto. Todos los trámites relacionados con el proyecto minero de Infinito Gold debían suspenderse. A pesar de ello, al parecer, el Ministerio de Ambiente, la SETENA, ni la Dirección de Geología y Minas, suspendieron los procedimientos a favor de la empresa minera.

2004 Sala IV anula concesión

En 2004 la Sala Constitucional, declaró «con lugar» un recurso de amparo contra el otorgamiento de la concesión minera por haberse dado sin tener un estudio de impacto ambiental previo. Además, la Sala anuló esa primera concesión “por violentar el derecho a un ambiente sano”.

2005 SETENA otorga viabilidad al proyecto

Ese año, paradójicamente, la SETENA otorgó la viabilidad ambiental al proyecto Crucitas. Tendría un área total de 305,90 hectáreas y un plan de extracción de 21 hectáreas cada año. Industrias Infinito utilizaría un proceso químico por medio de tanques de cianuración. Su pretensión era producir 4000 toneladas diarias de material para extraer 90000 onzas de oro por año. Esto es aproximadamente 3000 kilogramos de oro por año.

2008 Arias Sánchez y su infinito amor

IND. INFINITO encuentra todo el apoyo del gobierno de Oscar Arias. En 2008 el Gobierno Arias ordenó revivir la resolución anteriormente anulada por la Sala Constitucional y otorgar de nuevo la concesión a Industrias Infinito, pese a que todavía estaba vigente la moratoria emitida por Pacheco. Y para evitar dudas de su infinito amor, ese mismo año O. Arias y el ministro de Ambiente Roberto Dobles, derogaron el decreto de moratoria minera emitido por el expresidente Pacheco.

Pero lo más poético estaba por venir, ya que Arias y Dobles firmaron un decreto declarando el proyecto minero Crucitas «de interés público y conveniencia nacional». Ese mismo día, contra toda pretensión ambientalista, se aprobó la corta de árboles en áreas boscosas, áreas de uso agropecuario y de plantaciones, en los terrenos de la empresa minera.

Y como en todas partes se cuecen cariñitos, en 2008, – según informó La Nación- Ronald Mannix, el multimillonario dueño de Industrias Infinito, ofreció un donativo de 250 000 dólares a la Fundación Arias para la Paz del presidente Óscar Arias Sánchez. Años más tarde esto motivó la apertura de una investigación penal. Pero finalmente, el caso fue desestimado. En su momento, toda esta información estuvo en los diarios. Aunque todavía se puede ver en Wikipedia, de donde hemos tomado toda la información de este texto.

La reacción ecologista

Tal y como he manifestado anteriormente, en sus discursos, el actual gobierno chavista tergiversa esta historia y ha querido hacer creer que fue Edgardo Araya y un partido político quienes en solitario y por capricho se opusieron al proyecto minero, pero esto no es cierto. Amplios sectores de la ciudadanía costarricense se unieron para luchar contra Industrias Infinito y el gobierno de Oscar Arias y su afán de arrasar miles de hectáreas de bosque, dejando enormes estanques de cianuro y otros químicos, a cambio de muy poca ganancia para los costarricenses (un 2%). Embarcándonos en un pésimo negocio social ambiental y económico. Fueron meses de marchas, largas caminatas, tiendas de campaña y gente valiente durmiendo frente a Casa Presidencial manifestando su repudio a este pésimo negocio.

En octubre de 2008, el abogado Edgardo Araya, representando a gran cantidad de ciudadanos y grupos ambientalistas, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra Industrias Infinito S.A., la SETENA y el MINAET, solicitando la suspensión de la corta de árboles como medida cautelar, la cual fue acogida por ese tribunal, mismo que ordenó además la no aplicación del decreto de Arias que había declarado «de interés público y conveniencia nacional» el proyecto minero.

De aquí hasta al 2010 hubo un largo estira y encoge donde ambientalistas y sectores populares dieron una férrea y desigual lucha contra la empresa minera ahora unida con el gobierno de los Arias.

La reacción del arismo (sigue el ping pong)

Por increíble que parezca, el Estado, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y la Asociación Solidarista de Empleados de Industrias Infinito S.A. (ASOCRUCITAS), todos juntos, acuerparon a la empresa minera Infinito ante los tribunales en contra de las demandas populares y ecologistas, y presentaron oposición a sus argumentos.

2010 tribunal rechaza las pretensiones de Arias e Infinito

En 2010 el tribunal rechazó las pretensiones del gobierno y la empresa minera, ahora unidos. Según los jueces, la resolución auspiciada por Arias, que revivió el permiso de explotación en 2008, era nula, pues todavía estaba vigente el decreto de moratoria emitido por el expresidente Pacheco. El tribunal ofrece muchas razones entre ellas, afectación al recurso hídrico subterráneo, especies silvestres amenazadas y destrucción de caminos. Por si fuera poco, el tribunal rechaza el decreto de Arias y Robles que declaró el proyecto minero «de interés público y conveniencia nacional». Este tribunal determinó que el Poder Ejecutivo no realizó un procedimiento para determinar el balance entre beneficios sociales y costos socioambientales. El decreto de Arias y Dobles presentaba escasez de argumentos, no hizo referencia a documentos, estudios, u otros elementos técnicos que justificaran la conveniencia nacional de la mina.

Tribunal solicita procedimiento penal contra Arias y Dobles

El tribunal condenó a Industrias Infinito, al Estado y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación a la reparación integral de los daños ambientales provocados con la tala de árboles; ordenó al Registro Nacional Minero cancelar la concesión a favor de Industrias Infinito y comunicar la sentencia al MINAE para que iniciara un procedimiento administrativo contra tres de sus funcionarios. Pide comunicar al Ministerio Público para que se determinara si era procedente seguir causa penal en contra de Óscar Arias, Roberto Dobles y otros.

2010 Asamblea Legislativa vota por unanimidad para prohibir la minería a cielo abierto

2015 Finalmente este año Industrias Infinito salió de Crucitas y en noviembre de ese año, el Tribunal Contencioso ordenó que la empresa, el SINAC y el Estado pagaran 6.4 millones de dólares por daño ambiental en un plazo de seis meses. Claro que duele todavía este triunfo de los ambientalistas contra el Gobierno de Arias y la empresa minera.

2014 juicios internacionales

En 2014 Industrias Infinito demandó a Costa Rica ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (CIADI) reclamando 400 millones de dólares, por incumplimiento del Estado costarricense. estas y otras demandas de la empresa minera que se siguieron dando hasta el 2025 Dichosamente no prosperaron. Básicamente lo que protegió a Costa Rica fue el decreto de moratoria contra minas a cielo abierto emitida por el presidente Pacheco de la Espriella, lo que impidió a la desarrolladora obtener el permiso de explotación. Esta actitud de Pacheco se dio en concordancia con los movimientos ambientalistas de ese periodo histórico.

2026 algo tenemos que hacer hoy con Crucitas

Crucitas está siendo objeto de la invasión de oreros. Muchos sostienen que este no es un fenómeno espontáneo, sino que ha sido planeado y financiado. Se dice que no son ni artesanales ni espontáneos. Sabemos que hay necesidades de unos e intereses de otros.

Por su parte el gobierno tiene una propuesta en donde el país solo obtendrá un 5% de las ganancias y siguen presentes los riesgos ambientales. La estrategia del Gobierno está acompañada por un mensaje que dice “tienen que tomar esta opción ya, porque esto urge y los que objeten esta propuesta son antipatriotas, comunistas y vagabundos” (Usted conoce la cantinela).

Pero como le dije, lo mínimo que usted hace cuando tiene un negocio entre manos es ir con calma e informarse bien. Espero que estas líneas inconclusas le hayan servido de algo porque a mi me costaron su rato. Sin embargo, hoy tenemos una buena noticia: cinco fracciones en la asamblea se sientan a pensar.

Este 26 de junio nos dicen que las cinco fracciones de la Asamblea se sentarán a dialogar en una mesa de análisis en busca de la mejor opción. ¿Y por qué no? Es la mejor noticia que nos han dado. Cuando se tiene un buen negocio, no se dilapida. Se va despacio, porque precisa.

Usted lo sabe… y yo también.

Imagen: Una mina de oro a cielo abierto.
La selva ha sido sustituida por una hermosa laguna de aguas de cianuro. El bus de los turistas se cambió por un tractor triturador y ya no hay lapas. Este gigantesco sacrificio ambiental, si se hiciera, merece una recompensa muy grande y bien pensada para el país y la sociedad costarricense, con visión social y de futuro.

Crucitas: ¿Vamos a volver a ALCOA?

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

En un viaje que realicé al paradisiaco lugar de Bahía Ballena, un guía turístico nos contó la historia de don John, quien siendo joven trabajaba para la Aluminum Company of America (ALCOA) y al ver la devastación eco-ambiental que iba a producir la explotación de bauxita a cielo abierto, decidió contribuir con el movimiento social que luchaba contra la concesión que el gobierno había otorgado a la empresa ALCOA. Se convirtió en un informante que puso a disposición del movimiento información clave y estratégica para su lucha. Por supuesto, el joven John fue despedido de la empresa. Se quedó en el país, y nos contó el guía que luego construyó un pequeño hotel ecológico.

Posteriormente, logré contactarlo para pedirle autorización de publicar un pequeño relato sobre su participación en el movimiento social contra ALCOA, que incorporé en el libro “Entre gaviotas y delfines. Vivencias en la Costa rica” (BBB Producciones, 216). Felizmente, conté con su aprobación.

Como este joven el país ha contado con la generosidad de muchos extranjeros que han contribuido a promover y fortalecer el modelo costarricense de protección y conservación de su riqueza biodiversa. Somos un “país ecológicamente rico”, gracias a ese aporte solidario y a la sabiduría de quienes en este país no se conforman con las migajas que caen de la mesa de las grandes empresas mineras extranjeras. Y no han estado dispuestos a convertir la riqueza biodiversa de nuestras montañas en desiertos para extraer recursos mineros del subsuelo.

Volvimos el año pasado a Bahía Ballena, y nuevamente nos extasiamos admirando la belleza de esa formación natural que asemeja a una cola de ballena y, desde ahí, contemplamos el paisaje montañoso mientras unas lapas las sobrevolaban dibujando una estela multicolor ¿Qué sería de las ballenas jorobadas y de las lapas si se hubiesen devastado esas montañas y Bahía Ballena convertida en un puerto para la exportación de bauxita?

Nos hospedamos en un pequeño hotel perteneciente a una emprendedora familia de la zona. Pudimos percibir indicios de un modelo virtuoso de desarrollo turístico, donde las comunidades locales y sus habitantes, al igual que esta familia, se conviertan en los principales beneficiarios de la riqueza biodiversa de nuestro país.

Volver por los caminos de la explotación minera a cielo abierto de iniciativas como las de ALCOA es declararle la guerra a nuestra naturaleza y, con ella, a la vida misma. Nuestro país es líder mundial en defensa de los derechos humanos y de la naturaleza. Hoy somos uno de los principales destinos turísticos precisamente por esa apuesta de conservación y defensa de la naturaleza. Reproducir el viejo modelo de ALCOA, que significaría devastar una zona biodiversa estratégica, reservorio de mantos acuíferos y hábitat natural de múltiples especies de flora y fauna, es un contrasentido y una involución en materia de desarrollo sostenible.

Estamos a tiempo de contener un proyecto que convertirá en desierto otra zona montañosa que debería ser sagrada para todos los costarricenses. Hemos probado que es más rentable social y ecológicamente conservar y proteger nuestros recursos naturales, que sacrificarlos por unos dólares más. Si somos verdaderamente patriotas, defendamos a la Costa Rica Verde de nuestras montañas y azul de nuestros ríos y mares. Ahí está nuestra principal riqueza, y no en el subsuelo. Seamos fieles a nuestra vocación conservacionista. Es la mejor herencia que podemos dar a nuestros hijos y nietos y a la humanidad entera.

Proyecto del oro: otra farsa

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Prometen a las asociaciones de desarrollo integral, ¡$ 30 por cada millón de dólares! transferido a las cuentas bancarias de un supuesto concesionario extranjero. Y a la Municipalidad de San Carlos, $12.500, «para que apoye la explotación del oro que se pudiere encontrar en 849 km² del distrito de Cutris», mientras el millón de dólares engorda las arcas allá lejos de nuestro entreguista país. Y al actuar como tagarotes, saltando del yacimiento de Crucitas (ubicado en menos de 1 km²), más inviable hicieron el atropellado proyecto del oro al extenderlo a tan extensa área.

Sin embargo, como “el que mucho abarca, poco aprieta”, en su trámite, por no prestar atención a observaciones oportunas y muy válidas, jamás van a lograr tener empresas mineras haciendo fila para ganar concesiones para explorar, pues la inversión es alta (incluye compras de fincas… para el que negocie primero con los terratenientes) y las lentas, posteriores y costosas tareas de exploración, ¡que, sin embargo, no les garantizan los derechos de explotación!, que pudieren incentivar a grandes y experimentadas mineras a participar en una eventual subasta que se decidirá finalmente en Casa Presidencial.

Pero, hay un pero enorme, que los redactores del proyecto no consideraron pese a oportunas advertencias. Resulta que, como hace años las concesiones de minería se otorgaban antes de que se realizaran exitosos estudios de impacto ambiental, la Sala Constitucional, al resolver una acción en contra de poner «la carreta delante de los bueyes», explícitamente acotó: «Se declara con lugar la acción en forma unánime, contra los artículos 34 inciso ch) y 97 inciso g) del Código de Minería y en consecuencia, se anulan por inconstitucionales y por conexidad los artículos 24 inciso ch) y 105 párrafo primero del Código de Minería», que permitían tal sinsentido. Resolución del 9 de noviembre del 2009, que ¡conociéndola!, por su trascendencia, los proponentes se saltaron con quién sabe qué torpes intenciones.

Estamos pues ante una muy reprochable farsa, pues habría que ver cuál o cuáles empresas extranjeras se comprometerían a gastar gran cantidad de dólares en estudios ambientales integrales, para ver si con ellos obtendrían las ineludibles viabilidades ambientales, para con ellas en mano, involucrarse en una puja con otras empresas para proceder a explorar, con la esperanza de que eventualmente les escojan para explotar los yacimientos detectados. Pero eso sí, para ello, para otorgarles las concesiones para la explotación deseada, antes, como vimos, deberán ejecutar los estudios de impacto ambiental de ley para esa nueva y definitiva etapa.

Así que, mis amigos, lo de los poquitillos dólares comentados antes, realmente se esfuman ante esta realidad que no puede ser modificada por medio de un proyecto de ley que sería indiscutiblemente inconstitucional, por lo que cabe afirmar con certeza: estamos ante otra farsa.

16.6.2026

Crucitas: la ilusión de riqueza que produce el oro

Fernando Rodríguez Garro
Economista

Fernando Rodríguez Garro

Los conquistadores españoles se obsesionaron con el mito de El Dorado, que se fue distorsionando con el tiempo hasta llegar a ser la historia de una ciudad con riquezas inimaginables en oro. Esto los llevó a embarcarse en tareas increíbles, como la de tratar de drenar la Laguna de Guatavita a mediados del siglo XVI, a fin de comprobar la veracidad de la leyenda, lo que generó una cicatriz en la zona que aún hoy es visible y que pudo dañar de forma irreparable la riqueza ambiental del área que la rodea. Los conquistadores no encontraron El Dorado, ni lograron secar la Laguna de Guatavita, aunque finalmente mucho oro sí logró cruzar el Atlántico.

La comprensión que el mundo tenía de riqueza en ese entonces era muy particular, claramente la acumulación de metales preciosos tenía un papel central en ese concepto y el poder de las naciones se definía en función de la cantidad de “riquezas” en oro y plata que se pudieran acumular. Pero esto cambió, el mundo transformó su modo de producción y la revolución industrial vino a darle sustento a una visión que condensó adecuadamente Adam Smith en su obra “Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones”, cuando señalaba que la base de la riqueza de una nación está en la producción, el uso del trabajo productivo para la satisfacción de las necesidades de la población. Los metales preciosos son, en este concepto, un medio de cambio, pero no la fuente de la riqueza.

La discusión con la que hoy nos encontramos, sobre la minería de oro a cielo abierto en la zona norte de nuestro país, se distorsiona para promover un ideal de riqueza que desde hace 250 años la economía como disciplina científica dejó atrás. Si bien el oro extraído del suelo se puede comerciar y obtener de él recursos para invertir de distintas formas, ni esto por sí solo garantiza resultados distintos que hagan del proceso en la zona norte una panacea de desarrollo, ni cambiará el destino de la zona de Cutris y alrededores en el largo plazo.

Empecemos por el primer punto, hay muchas experiencias previas de países, o regiones, dedicadas a la explotación de oro, y otros recursos naturales, en que estas actividades no cambiaron sustancialmente su situación económica y, sobre todo, su nivel de desarrollo en el largo plazo. Si la explotación de oro planteada en Cutris será como se ha indicado hoy, gran parte del valor que generará la venta del oro no quedará en la comunidad, ni servirá para transformar mayor cosa en esa comunidad. La forma en la que se plantee el proceso, más allá del papel del oro en la transformación de las condiciones económicas de la zona, puede hacer que las cosas se vean distintas, para bien, o que no dejen ningún efecto beneficioso.

Ilustremos esto con un ejemplo. ¿Por qué si Noruega y el Reino Unido tenían acceso a la misma cuenca del Mar del Norte, obtuvieron resultados distintos de la exploración y extracción de petróleo? La respuesta en sencillo es la forma en que lo planteó Noruega, su estrategia se basa en el control público estricto de estas actividades, impuestos elevados a las empresas que participan de la extracción del petróleo, que llegan al 78% de sus ganancias netas, y la constitución de un gigantesco fondo de inversión global, que es la fuente de recursos que alimenta la economía noruega. Para obtener en nuestro caso resultados distintos, como los obtenidos por Noruega, tendríamos que hacer las cosas de otra manera, que dista mucho de lo que se está planteando hoy con la minería de oro a cielo abierto.

Por otro lado, ¿puede garantizar este proceso un cambio en las condiciones de desarrollo de la zona norte del país? No, siguiendo el planteamiento que define lo que es riqueza, las condiciones de producción de riqueza en la zona no cambiarán, no habrá una modificación de sus fuerzas productivas, ni en las condiciones de competitividad, ni una transformación de los procesos de producción que permitan sumar más valor agregado a las actividades económicas en esa región. El día que el oro no esté, que se haya agotado su explotación, nos quedarán los resultados del proceso, los buenos y los malos, incluyendo en esto último los impactos ambientales, pero nada más, no habrá ninguna transformación sustancial que cambie el destino de las personas de esa zona.

Esto lo entendieron los países petroleros del Golfo Pérsico hace un tiempo, cuando supieron que los recursos obtenidos por las ventas de este hidrocarburo debían invertirse en cambiar las cosas dentro de sus países. Sin embargo, la situación actual en esa región del planeta demuestra que su posición aún es endeble, sus economías siguen muy vinculadas a la exportación de gas y petróleo, y si su comercialización se ve afectada por situaciones como la que viven hoy, sufren de forma importante. Ese es el problema de suponer que podemos depender de un recurso natural, para solucionar los problemas que las estrategias de desarrollo de las últimas décadas no lograron.

Si la explotación del oro no cambia la realidad de las fuerzas productivas de la zona, si esos recursos no se invierten en fortalecer la educación de sus niños y jóvenes, en mejorar la infraestructura pública de la región norte, en más y mejores caminos, en mejorar la velocidad de conexión a la red de internet, en más y mejor infraestructura de salud, incluso en una ferrovía que conecte la zona norte con el área portuaria del Caribe costarricense, no habrá nada distinto el día que el oro se acabe, salvo el previsible impacto ambiental.

Y es que esto tampoco se habla de forma abierta, pues la ilusión de riqueza que el oro produce, no se contrapone al costo ambiental que produciría la exploración del oro en gran escala, impacto que reduciría los beneficios a la población por los servicios ambientales que la zona eventualmente impactada produce hoy día. ¿Cuánto será el costo ambiental de esa exploración, en comparación con el pírrico 5% de los ingresos de la actividad que se quedarán en el país como renta del oro extraído?

Sin entender cómo realmente se produce la riqueza, o sin ver el impacto que el costo ambiental puede tener en nuestras actividades diarias, incluyendo la producción en el largo plazo, lo que estamos haciendo por el momento es engañarnos con el oro como una solución a los problemas de una región que urge de respuestas.

Presidencias extreman violencia de su narrativa socioambiental

Juan Francisco Campos
Abril 24 del 2026

La histórica política de Estado costarricense pro derechos humanos y protección del ambiente sustentada en su avanzado marco constitucional y legal, donde sobresalen los artículos 50 de la Constitución y 17 de la Ley 7554; hace aproximadamente 12 años viró hacia un proceso de involución, encubierto por el discurso oficial de paz con la naturaleza y desarrollo sostenible. Gobernanza que, hasta entonces había constituido una bandera efectiva de distinción mundial. Pero a pesar de tratarse de un retroceso con evidencia anticonstitucional, la administración Chaves Robles lo intensificó en un contexto de violencia, donde la herramienta política más visible, ha sido el “discurso de odio” y el presidente de la República su principal protagonista con un lenguaje coloquial e inmoral. Así denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional.

En ese orden, los procedimientos técnicos (regulaciones ambientales) más significativos y vigentes durante décadas para administrar con eficiencia estatal el uso racional de los recursos naturales; fueron etiquetados como “cuellos de botella y obstáculos al desarrollo nacional” con el objetivo de justificar su eliminación. En igual dirección, la Costa Rica así gerenciada por este gobierno y los sectores empresariales afines al neoextractivismo, de principal promotor del Tratado de Derechos Humanos Regional conocido como “Acuerdo de Escazú” auspiciado por la ONU, cambió radicalmente su posicionamiento ecológico para distinguirse entre los detractores que han rechazado su ratificación. Mientras otros países sin protagonismos ni trayectoria socioambiental similar a la costarricense se consolidaron como Estados Parte.

Es decir, la trascendental esperanza en el derecho internacional público de brindar protección efectiva a Defensores de Derechos Humanos en Costa Rica, paradójicamente fue eliminada desde el Poder Ejecutivo y Legislativo; así como un relativo acompañamiento del Poder Judicial. Mientras tanto, la inseguridad estructural del país y la narrativa oficial, han sido cada vez más violentas, los delitos ambientales crecen y los asesinatos de líderes ambientales y comunales siguen impunes. De manera que, hasta la actualidad se han concretado una serie contrarreformas ambientales sin precedentes, cuyas consecuencias más inmediatas, las podemos inferir de los miles de denuncias ambientales que cada año registran las instituciones encargadas (CA-MINAE). Quizás el único o último recurso que, le queda a la ciudadanía para reclamar su derecho constitucional a la vida sana; no obstante, la débil o nula respuesta del Estado y otras acciones específicas del presidente del país como la difamación de funcionarios públicos, calificación de terroristas a los defensores del ambiente y hasta incitación a la “limpieza política hemisférica”. Acciones a las que también suma la selección de “persona non grata” o “desvisado” -llama el presidente-, a cargo del principal aliado extranjero quien parece operar en estrecha coordinación.

Por otra parte, la instrumentalización mayor de la situación descrita, no sólo está en marcha, sino que, también explícita en las políticas públicas que los gobiernos saliente y entrante declaran abiertamente que, son y serán prioritarias para la continuidad de sus obras en tránsito hacia lo que denominan la “tercera República”. La venta y cierre de instituciones públicas, nuevos proyectos de ley, reglamentos y hasta reformas constitucionales del mismo corte regresivo; son acciones que ya están en lista o en los trámites correspondientes. Y sumado a ello, aparece intensificado el discurso de odio, instrumento que, a pesar de la crítica de expertos y advertencias de organismos mundiales, la gravedad de su contenido se ha elevado al umbral de “nivel superior”; lo cual, como establece la ONU para estos casos: “requiere prohibición legal según el derecho internacional a través del derecho penal”.

El caso denominado “Crucitas”, es en estos momentos el mejor ejemplo para describir la grave crisis socioambiental del país y que, si bien la afectación mayor aparentemente se extiende en parte de la Región Norte (entre 3000 y 10000 ha según recientes publicaciones), sus dimensiones reales transcienden el plano regional y nacional. Una situación de crisis extrema, aparentemente, facilitada por los gobiernos de al menos los últimos 20 años; sobre la cual, dan cuenta sentencias judiciales no cumplidas. De acuerdo con las informaciones hasta ahora divulgadas, en el país, no existe antecedente similar de generación y acumulación de tantos daños ambientales (delitos) sobre los ecosistemas y comunidades humanas, incluyendo los trabajadores mineros calificados como artesanales (coligalleros).

Además, lo que parece enigmático de esta “minería ilegal”, es que, mantiene una altísima productividad, pero según informan, la misma es “saqueada y exportada” desde territorio nacional. Se indica que, quienes saquean el mineral son los coligalleros de mayoría migrantes y sin identidad; mientras los exportadores sí están identificados y algunos hasta se les conoce públicamente. Dos clases de trabajadores cumplen órdenes por esta explotación en la zona, los subterráneos sin identidad ni derechos y los superficiales empleados policiales; éstos últimos obviamente bien identificados y equipados, hasta para ejecutar implosiones mediante el uso de dinamita. Así nos dicen las jefaturas de policía que “mitigan los daños ambientales”, no se sabe si asesorados por el ministro de Ambiente y personal de la SETENA; pero más parece que adelantan la minería a cielo abierto.

Diferentes actores incluyendo políticos interesados en legalizar esa explotación, informan que la actividad tiene aproximadamente 10 años de operación y que ha alcanzado una producción aurífera de miles de millones de colones anuales, pero que en su mayor parte es transportada a Nicaragua sin generar ningún beneficio para Costa Rica. Repiten también que, la devastación ambiental y social alcanzó límites de alerta máxima. Podríamos decir que han activado todas las alarmas de una situación de desastre nacional que, indudablemente requiere acciones técnicas de emergencia y recuperación; por ejemplo, ameritaría una declaratoria de emergencia nacional. Sin embargo, para el gobierno y voceros empresariales, la única solución que existe y admiten, es su propuesta de ley en trámite legislativo, a través de la cual, se plantea la concesión privada. En entrevistas públicas, han declarado como posibles concesionarias a viejas empresas con largo historial en la actividad, de fuerte poder económico e interesadas en invertir en el neoextractivismo minero; citan así a empresas activas en República Dominicana.

En este mismo contexto de emergencia no oficial, entre las afectaciones directas de carácter social ejecutadas por el Estado, el pueblo Chorreras de Cutris, fue desalojado del territorio en uso y todas sus edificaciones (públicas y privadas) arrasadas con el empleo de fuerza mecánica y presencia policial, ante la mirada impotente de niños, jóvenes y adultos; algunos llorando su destrucción. No tenemos referencia de alguna demanda de justicia para ellos. Sin duda que, fue una escena más propia de los pueblos actualmente sojuzgados por el poder y la maldad imperial, mismo poder al que, el gobierno ha declarado que le solicitó apoyo para atender esta situación. No obstante, para los sectores empresariales y de gobierno interesados en legalizar y extender la explotación, los responsables del desastre actual son los trabajadores coligalleros; y así procuran por diferentes vías de comunicación, generar el convencimiento de la opinión pública nacional.

Con tales señalamientos de responsabilidad, a las víctimas de esa forma de trabajo de historial esclavizante en el mundo, se les acusa de ser los victimarios del ambiente. Por lo tanto, no sería la excepción que, en Crucitas, la minería ilegal/artesanal (reconocida oficialmente) pero de elevada productividad y rentabilidad que informan, mantenga operaciones de esa detestable práctica; y aunque no esté confirmada, se refieren hechos que dan cuenta sobre muertes tanto en número como causantes desconocidas. Algo característico en territorios así ocupados, donde es conocido que, los factores de riego se multiplican y por ejemplo la falta de seguridad, criminalidad y violencia sobresalen; dando como resultado no sólo muertes por accidente sino también por criminalidad. Nada extraño será a futuro, también la aparición de fosas comunes anónimas en la zona.

De lo expuesto, es claro el afán de continuar con las explotaciones neoextractivistas en el país, como la propuesta en el año 2006 con el proyecto Crucitas por parte de corporaciones extranjeras y el apoyo gubernamental. Pues actualmente el presidente Rodrigo Chaves y sus seguidores, incluyendo la presidenta electa Laura Fernández, se han lanzado con todo y contra toda oposición política y científica a impulsar el proyecto de ley en trámite legislativo No.24717. En forma absoluta y contraria al marco normativo, tratan de legalizar una actividad ya operante de minería metálica a cielo abierto, explotación mundialmente caracterizada por los múltiples y elevados impactos ambientales negativos y permanentes; además de científicamente valorada como no sostenible.

Con este caso, debe contemplarse que, como actividad en operación al menos durante una década y al margen de la legalidad ambiental vigente, nuestro marco legal y constitucional, entre otros principios contempla la precaución; lo cual, permite comprender que, previamente no se establecieron y mucho menos cumplieron las medidas ambientales oficiales que correspondían. Por lo tanto, las impactos generados y acumulados en las áreas de influencia directa e indirecta, constituyen automáticamente daños ambientales que, la legislación nacional establece como delitos imprescriptibles. Vale así preguntarse: ¿Quiénes son los responsables por acción u omisión de la devastación generada hasta hoy día? ¿Si las autoridades nacionales no cumplen su función debe la ciudadanía demandarlo?

Lejos de posibles beneficios y conveniencia nacional según se planteaba en sus inicios, lo que se impondrá mediante el proyecto No. 24717, es la “continuidad” y elevación de la carga ambiental destructiva, indefinida e irreparable del territorio; a cambio de regalías (5%) de las inmensas ganancias potenciales que se generarían. Lo cual, parafraseando a doña Laura Fernández, para la Nación costarricense eso será “perder perder”. Entiéndase así que, con dicho proyecto lo que se pretende en primer lugar y sin más ni menos, es otorgarle condición legal a la misma actividad que durante años ha operado ilegalmente junto al “saqueo” de la Nación. Sin duda alguna, estamos ante toda una farsa, mediante la narrativa de una emergencia socioambiental para la que no existe alternativa diferente al proyecto de ley oficial; dejando con ello evidente la incapacidad política del gobierno y las acciones retroactivas que atentan contra el derecho ambiental.

Conclusiones:

  1. Si bien durante varios gobiernos se ha concretado un proceso de regresividad sobre el bloque de legislación ambiental, enfocado principalmente en materia de Evaluación y donde quizás lo más grave ha sido la derogación del Reglamento General de EIA (Evaluación de Impacto Ambiental); gracias a la Constitución y leyes aún no modificadas con igual objetivo, los principios del derecho ambiental como pro natural, precautorio, participación, irretroactividad; están plenamente vigentes y el pretendido proyecto de ley por parte del gobierno no los supera.
  2. La Evaluación de Impacto Ambiental para proyectos, obras o actividades mineros, aún con las grandes debilidades establecidas en el actual Reglamento, sigue manteniendo su función preventiva obviamente para proyectos nuevos; lo cual obliga a que toda propuesta de desarrollo de esta naturaleza debe contemplar antes de su inicio desde la fase de instalación, la elaboración y aprobación por parte del Estado de un estudio completo de Evaluación Ambiental. Bajo esta premisa, cualquier obra o actividad, iniciada o ejecutada sin haber cumplido con ese requerimiento, obliga a rechazar el proyecto y denunciar al desarrollador según las leyes.
  3. La Evaluación de todo proyecto, obra, actividad o plan; por parte del Estado según la reglamentación de Evaluación de Impacto Ambiental y la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) concordante con cada uno; es insoslayable. Para el caso de la EAE que involucra los Planes de Ordenamiento Territorial y por ende los criticados y quizás poco conocidos Planes Reguladores, al planificar las categorías de uso de suelo, y obviamente, tomar decisiones para áreas con usos cuya condición presente se determina que sobrepasaron los límites ambientalmente sostenibles; no admiten la continuidad del sobreuso. Pues el objetivo superior es el desarrollo sostenible, por lo tanto, lo que demanda es establecer medidas que tiendan a la recuperación. Obsérvese en este sentido que, si la devastación de Crucitas, además de que se originó en una actividad al margen de la legalidad ambiental para la que ya no es legítima la EIA, los daños que presenta, evidencian el sobreuso de suelo a que ha sido sometida la zona; otro indicador de que, tampoco es técnicamente admisible la continuidad de la explotación. Repito, técnica y legalmente, se impone de inmediato la elaboración y ejecución de un plan de cierre técnico, y para ello no existe alternativa.
  4. Ha informado y reconocido el gobierno, la presencia en la zona de Crucitas de un oneroso destacamento de oficiales de policía ante la actividad diaria de cientos de trabajadores indocumentados; sin embargo, los resultados del trabajo oficial (vigilancia y control) no muestran congruencia con esa actividad diaria de cantidad de trabajadores mineros.
  5. Para el escenario que se vislumbra con la minería en esta Región, se debe tener presente que, ante denuncias de la ciudadanía por Viabilidades Ambientales otorgadas a proyectos en los que ha determinado inconsistencias, el órgano encargado de la EIA y EAE (SETENA) es recurrente en justificar la licencia, bajo el argumento de que las obras o actividades se ejecutarán en “áreas ya impactadas ambientalmente”. Por ejemplo, en los proyectos del nuevo hospital y un atracadero en Limón. Es decir, para dichas autoridades el sobreuso del suelo es viable, y que áreas así impactadas carecen de interés para la protección y en consecuencia requieren menos estudios ambientales o hasta no requerirlos. Este, es un criterio que carece de sustento técnico y constituye prueba de posible prevaricación.
  6. A partir del año 2023 con la entrada en vigencia del “Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental” (D.E. 43898) derogatorio del Reglamento General de la EIA, se culminó la eliminación del requisito de Evaluación de Impacto Ambiental para un 65% de los proyectos, obras o actividades que hasta entonces la requerían. Por su parte, como resultado de las derogaciones al 35% restante se le flexibilizó el proceso, la mayoría recibe la viabilidad ambiental sin contemplar la inspección de campo y el control y seguimiento es casi nulo; son parte de los hallazgos de muchas debilidades que presenta el proceso actual de la Evaluación a cargo de la SETENA, según “el informe de auditoría especial DFOE-SOS-IAD-00008-2025” publicado el 30 de octubre de 2025. Con esta benevolencia ambiental se propone el gobierno continuar la senda del desarrollo sostenible abriendo las puertas al neoextractivismo minero metálico a cielo abierto.
  7. En las típicas alocuciones del señor presidente durante lo que ya son los últimos días de su administración, parece que se ufana de haber sido un ausente de las Asambleas Generales de la ONU. Ha expresado a la vez que, este Organismo se convirtió en un “refugio de ideologías”. Dice también que él habla tres cosas: “la verdad, de frente y claro”. Sin embargo, por ejemplo, no se conocen respuestas suyas acerca del “Informe sobre Discursos de Odio y Discriminación 2025” en Costa Rica, dado a conocer por la ONU. Pero sí exhibe en su acostumbrada narrativa, un tono más fuerte con el que arremete hasta contra gobiernos de otras naciones de nuestro hemisferio, mientras aparenta pretender el respaldo internacional para su candidata actual a la Secretaría General del máximo Organismo. Es decir, tanto en política exterior como en política ambiental y de derechos humanos, no se le ha observado ni escuchado la verdad de frente y menos claridad. Al final, la distopía que vino a descubrir y narrar el migrante don Rodrigo Chaves, es la que hereda a la espartana de “mano dura” doña Laura Fernández; quien ha prometido continuar al frente del gobierno con el mismo manual inspirado en el ideario de la extrema derecha internacional, aplicado en lo que fue la “Suiza centroamericana” en transición a un “Singapur occidental”.