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Etiqueta: Crucitas

Presidencias extreman violencia de su narrativa socioambiental

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Juan Francisco Campos
Abril 24 del 2026

La histórica política de Estado costarricense pro derechos humanos y protección del ambiente sustentada en su avanzado marco constitucional y legal, donde sobresalen los artículos 50 de la Constitución y 17 de la Ley 7554; hace aproximadamente 12 años viró hacia un proceso de involución, encubierto por el discurso oficial de paz con la naturaleza y desarrollo sostenible. Gobernanza que, hasta entonces había constituido una bandera efectiva de distinción mundial. Pero a pesar de tratarse de un retroceso con evidencia anticonstitucional, la administración Chaves Robles lo intensificó en un contexto de violencia, donde la herramienta política más visible, ha sido el “discurso de odio” y el presidente de la República su principal protagonista con un lenguaje coloquial e inmoral. Así denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional.

En ese orden, los procedimientos técnicos (regulaciones ambientales) más significativos y vigentes durante décadas para administrar con eficiencia estatal el uso racional de los recursos naturales; fueron etiquetados como “cuellos de botella y obstáculos al desarrollo nacional” con el objetivo de justificar su eliminación. En igual dirección, la Costa Rica así gerenciada por este gobierno y los sectores empresariales afines al neoextractivismo, de principal promotor del Tratado de Derechos Humanos Regional conocido como “Acuerdo de Escazú” auspiciado por la ONU, cambió radicalmente su posicionamiento ecológico para distinguirse entre los detractores que han rechazado su ratificación. Mientras otros países sin protagonismos ni trayectoria socioambiental similar a la costarricense se consolidaron como Estados Parte.

Es decir, la trascendental esperanza en el derecho internacional público de brindar protección efectiva a Defensores de Derechos Humanos en Costa Rica, paradójicamente fue eliminada desde el Poder Ejecutivo y Legislativo; así como un relativo acompañamiento del Poder Judicial. Mientras tanto, la inseguridad estructural del país y la narrativa oficial, han sido cada vez más violentas, los delitos ambientales crecen y los asesinatos de líderes ambientales y comunales siguen impunes. De manera que, hasta la actualidad se han concretado una serie contrarreformas ambientales sin precedentes, cuyas consecuencias más inmediatas, las podemos inferir de los miles de denuncias ambientales que cada año registran las instituciones encargadas (CA-MINAE). Quizás el único o último recurso que, le queda a la ciudadanía para reclamar su derecho constitucional a la vida sana; no obstante, la débil o nula respuesta del Estado y otras acciones específicas del presidente del país como la difamación de funcionarios públicos, calificación de terroristas a los defensores del ambiente y hasta incitación a la “limpieza política hemisférica”. Acciones a las que también suma la selección de “persona non grata” o “desvisado” -llama el presidente-, a cargo del principal aliado extranjero quien parece operar en estrecha coordinación.

Por otra parte, la instrumentalización mayor de la situación descrita, no sólo está en marcha, sino que, también explícita en las políticas públicas que los gobiernos saliente y entrante declaran abiertamente que, son y serán prioritarias para la continuidad de sus obras en tránsito hacia lo que denominan la “tercera República”. La venta y cierre de instituciones públicas, nuevos proyectos de ley, reglamentos y hasta reformas constitucionales del mismo corte regresivo; son acciones que ya están en lista o en los trámites correspondientes. Y sumado a ello, aparece intensificado el discurso de odio, instrumento que, a pesar de la crítica de expertos y advertencias de organismos mundiales, la gravedad de su contenido se ha elevado al umbral de “nivel superior”; lo cual, como establece la ONU para estos casos: “requiere prohibición legal según el derecho internacional a través del derecho penal”.

El caso denominado “Crucitas”, es en estos momentos el mejor ejemplo para describir la grave crisis socioambiental del país y que, si bien la afectación mayor aparentemente se extiende en parte de la Región Norte (entre 3000 y 10000 ha según recientes publicaciones), sus dimensiones reales transcienden el plano regional y nacional. Una situación de crisis extrema, aparentemente, facilitada por los gobiernos de al menos los últimos 20 años; sobre la cual, dan cuenta sentencias judiciales no cumplidas. De acuerdo con las informaciones hasta ahora divulgadas, en el país, no existe antecedente similar de generación y acumulación de tantos daños ambientales (delitos) sobre los ecosistemas y comunidades humanas, incluyendo los trabajadores mineros calificados como artesanales (coligalleros).

Además, lo que parece enigmático de esta “minería ilegal”, es que, mantiene una altísima productividad, pero según informan, la misma es “saqueada y exportada” desde territorio nacional. Se indica que, quienes saquean el mineral son los coligalleros de mayoría migrantes y sin identidad; mientras los exportadores sí están identificados y algunos hasta se les conoce públicamente. Dos clases de trabajadores cumplen órdenes por esta explotación en la zona, los subterráneos sin identidad ni derechos y los superficiales empleados policiales; éstos últimos obviamente bien identificados y equipados, hasta para ejecutar implosiones mediante el uso de dinamita. Así nos dicen las jefaturas de policía que “mitigan los daños ambientales”, no se sabe si asesorados por el ministro de Ambiente y personal de la SETENA; pero más parece que adelantan la minería a cielo abierto.

Diferentes actores incluyendo políticos interesados en legalizar esa explotación, informan que la actividad tiene aproximadamente 10 años de operación y que ha alcanzado una producción aurífera de miles de millones de colones anuales, pero que en su mayor parte es transportada a Nicaragua sin generar ningún beneficio para Costa Rica. Repiten también que, la devastación ambiental y social alcanzó límites de alerta máxima. Podríamos decir que han activado todas las alarmas de una situación de desastre nacional que, indudablemente requiere acciones técnicas de emergencia y recuperación; por ejemplo, ameritaría una declaratoria de emergencia nacional. Sin embargo, para el gobierno y voceros empresariales, la única solución que existe y admiten, es su propuesta de ley en trámite legislativo, a través de la cual, se plantea la concesión privada. En entrevistas públicas, han declarado como posibles concesionarias a viejas empresas con largo historial en la actividad, de fuerte poder económico e interesadas en invertir en el neoextractivismo minero; citan así a empresas activas en República Dominicana.

En este mismo contexto de emergencia no oficial, entre las afectaciones directas de carácter social ejecutadas por el Estado, el pueblo Chorreras de Cutris, fue desalojado del territorio en uso y todas sus edificaciones (públicas y privadas) arrasadas con el empleo de fuerza mecánica y presencia policial, ante la mirada impotente de niños, jóvenes y adultos; algunos llorando su destrucción. No tenemos referencia de alguna demanda de justicia para ellos. Sin duda que, fue una escena más propia de los pueblos actualmente sojuzgados por el poder y la maldad imperial, mismo poder al que, el gobierno ha declarado que le solicitó apoyo para atender esta situación. No obstante, para los sectores empresariales y de gobierno interesados en legalizar y extender la explotación, los responsables del desastre actual son los trabajadores coligalleros; y así procuran por diferentes vías de comunicación, generar el convencimiento de la opinión pública nacional.

Con tales señalamientos de responsabilidad, a las víctimas de esa forma de trabajo de historial esclavizante en el mundo, se les acusa de ser los victimarios del ambiente. Por lo tanto, no sería la excepción que, en Crucitas, la minería ilegal/artesanal (reconocida oficialmente) pero de elevada productividad y rentabilidad que informan, mantenga operaciones de esa detestable práctica; y aunque no esté confirmada, se refieren hechos que dan cuenta sobre muertes tanto en número como causantes desconocidas. Algo característico en territorios así ocupados, donde es conocido que, los factores de riego se multiplican y por ejemplo la falta de seguridad, criminalidad y violencia sobresalen; dando como resultado no sólo muertes por accidente sino también por criminalidad. Nada extraño será a futuro, también la aparición de fosas comunes anónimas en la zona.

De lo expuesto, es claro el afán de continuar con las explotaciones neoextractivistas en el país, como la propuesta en el año 2006 con el proyecto Crucitas por parte de corporaciones extranjeras y el apoyo gubernamental. Pues actualmente el presidente Rodrigo Chaves y sus seguidores, incluyendo la presidenta electa Laura Fernández, se han lanzado con todo y contra toda oposición política y científica a impulsar el proyecto de ley en trámite legislativo No.24717. En forma absoluta y contraria al marco normativo, tratan de legalizar una actividad ya operante de minería metálica a cielo abierto, explotación mundialmente caracterizada por los múltiples y elevados impactos ambientales negativos y permanentes; además de científicamente valorada como no sostenible.

Con este caso, debe contemplarse que, como actividad en operación al menos durante una década y al margen de la legalidad ambiental vigente, nuestro marco legal y constitucional, entre otros principios contempla la precaución; lo cual, permite comprender que, previamente no se establecieron y mucho menos cumplieron las medidas ambientales oficiales que correspondían. Por lo tanto, las impactos generados y acumulados en las áreas de influencia directa e indirecta, constituyen automáticamente daños ambientales que, la legislación nacional establece como delitos imprescriptibles. Vale así preguntarse: ¿Quiénes son los responsables por acción u omisión de la devastación generada hasta hoy día? ¿Si las autoridades nacionales no cumplen su función debe la ciudadanía demandarlo?

Lejos de posibles beneficios y conveniencia nacional según se planteaba en sus inicios, lo que se impondrá mediante el proyecto No. 24717, es la “continuidad” y elevación de la carga ambiental destructiva, indefinida e irreparable del territorio; a cambio de regalías (5%) de las inmensas ganancias potenciales que se generarían. Lo cual, parafraseando a doña Laura Fernández, para la Nación costarricense eso será “perder perder”. Entiéndase así que, con dicho proyecto lo que se pretende en primer lugar y sin más ni menos, es otorgarle condición legal a la misma actividad que durante años ha operado ilegalmente junto al “saqueo” de la Nación. Sin duda alguna, estamos ante toda una farsa, mediante la narrativa de una emergencia socioambiental para la que no existe alternativa diferente al proyecto de ley oficial; dejando con ello evidente la incapacidad política del gobierno y las acciones retroactivas que atentan contra el derecho ambiental.

Conclusiones:

  1. Si bien durante varios gobiernos se ha concretado un proceso de regresividad sobre el bloque de legislación ambiental, enfocado principalmente en materia de Evaluación y donde quizás lo más grave ha sido la derogación del Reglamento General de EIA (Evaluación de Impacto Ambiental); gracias a la Constitución y leyes aún no modificadas con igual objetivo, los principios del derecho ambiental como pro natural, precautorio, participación, irretroactividad; están plenamente vigentes y el pretendido proyecto de ley por parte del gobierno no los supera.
  2. La Evaluación de Impacto Ambiental para proyectos, obras o actividades mineros, aún con las grandes debilidades establecidas en el actual Reglamento, sigue manteniendo su función preventiva obviamente para proyectos nuevos; lo cual obliga a que toda propuesta de desarrollo de esta naturaleza debe contemplar antes de su inicio desde la fase de instalación, la elaboración y aprobación por parte del Estado de un estudio completo de Evaluación Ambiental. Bajo esta premisa, cualquier obra o actividad, iniciada o ejecutada sin haber cumplido con ese requerimiento, obliga a rechazar el proyecto y denunciar al desarrollador según las leyes.
  3. La Evaluación de todo proyecto, obra, actividad o plan; por parte del Estado según la reglamentación de Evaluación de Impacto Ambiental y la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) concordante con cada uno; es insoslayable. Para el caso de la EAE que involucra los Planes de Ordenamiento Territorial y por ende los criticados y quizás poco conocidos Planes Reguladores, al planificar las categorías de uso de suelo, y obviamente, tomar decisiones para áreas con usos cuya condición presente se determina que sobrepasaron los límites ambientalmente sostenibles; no admiten la continuidad del sobreuso. Pues el objetivo superior es el desarrollo sostenible, por lo tanto, lo que demanda es establecer medidas que tiendan a la recuperación. Obsérvese en este sentido que, si la devastación de Crucitas, además de que se originó en una actividad al margen de la legalidad ambiental para la que ya no es legítima la EIA, los daños que presenta, evidencian el sobreuso de suelo a que ha sido sometida la zona; otro indicador de que, tampoco es técnicamente admisible la continuidad de la explotación. Repito, técnica y legalmente, se impone de inmediato la elaboración y ejecución de un plan de cierre técnico, y para ello no existe alternativa.
  4. Ha informado y reconocido el gobierno, la presencia en la zona de Crucitas de un oneroso destacamento de oficiales de policía ante la actividad diaria de cientos de trabajadores indocumentados; sin embargo, los resultados del trabajo oficial (vigilancia y control) no muestran congruencia con esa actividad diaria de cantidad de trabajadores mineros.
  5. Para el escenario que se vislumbra con la minería en esta Región, se debe tener presente que, ante denuncias de la ciudadanía por Viabilidades Ambientales otorgadas a proyectos en los que ha determinado inconsistencias, el órgano encargado de la EIA y EAE (SETENA) es recurrente en justificar la licencia, bajo el argumento de que las obras o actividades se ejecutarán en “áreas ya impactadas ambientalmente”. Por ejemplo, en los proyectos del nuevo hospital y un atracadero en Limón. Es decir, para dichas autoridades el sobreuso del suelo es viable, y que áreas así impactadas carecen de interés para la protección y en consecuencia requieren menos estudios ambientales o hasta no requerirlos. Este, es un criterio que carece de sustento técnico y constituye prueba de posible prevaricación.
  6. A partir del año 2023 con la entrada en vigencia del “Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental” (D.E. 43898) derogatorio del Reglamento General de la EIA, se culminó la eliminación del requisito de Evaluación de Impacto Ambiental para un 65% de los proyectos, obras o actividades que hasta entonces la requerían. Por su parte, como resultado de las derogaciones al 35% restante se le flexibilizó el proceso, la mayoría recibe la viabilidad ambiental sin contemplar la inspección de campo y el control y seguimiento es casi nulo; son parte de los hallazgos de muchas debilidades que presenta el proceso actual de la Evaluación a cargo de la SETENA, según “el informe de auditoría especial DFOE-SOS-IAD-00008-2025” publicado el 30 de octubre de 2025. Con esta benevolencia ambiental se propone el gobierno continuar la senda del desarrollo sostenible abriendo las puertas al neoextractivismo minero metálico a cielo abierto.
  7. En las típicas alocuciones del señor presidente durante lo que ya son los últimos días de su administración, parece que se ufana de haber sido un ausente de las Asambleas Generales de la ONU. Ha expresado a la vez que, este Organismo se convirtió en un “refugio de ideologías”. Dice también que él habla tres cosas: “la verdad, de frente y claro”. Sin embargo, por ejemplo, no se conocen respuestas suyas acerca del “Informe sobre Discursos de Odio y Discriminación 2025” en Costa Rica, dado a conocer por la ONU. Pero sí exhibe en su acostumbrada narrativa, un tono más fuerte con el que arremete hasta contra gobiernos de otras naciones de nuestro hemisferio, mientras aparenta pretender el respaldo internacional para su candidata actual a la Secretaría General del máximo Organismo. Es decir, tanto en política exterior como en política ambiental y de derechos humanos, no se le ha observado ni escuchado la verdad de frente y menos claridad. Al final, la distopía que vino a descubrir y narrar el migrante don Rodrigo Chaves, es la que hereda a la espartana de “mano dura” doña Laura Fernández; quien ha prometido continuar al frente del gobierno con el mismo manual inspirado en el ideario de la extrema derecha internacional, aplicado en lo que fue la “Suiza centroamericana” en transición a un “Singapur occidental”.

Obispos llaman a soluciones integrales en Crucitas sin sacrificar la vida ni la naturaleza

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La Conferencia Episcopal de Costa Rica emitió un mensaje sobre la situación de Crucitas, en Cutris de San Carlos, en el que advierte que la problemática no es únicamente ambiental o social, sino una crisis socioambiental compleja que exige respuestas integrales. Desde la Doctrina Social de la Iglesia, los obispos llaman a no normalizar la minería ilegal ni sus impactos, a fortalecer la presencia del Estado y a promover soluciones basadas en el bien común, el diálogo participativo, la dignidad humana y el cuidado responsable de la creación.

Mensaje de los Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica sobre la realidad de Crucitas, Cutris de San Carlos:

“No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social,
sino una sola y compleja crisis socioambiental.” (Laudato Si´, 139)

Ante la realidad presente en Crucitas, distrito de Cutris de San Carlos, Zona Norte de nuestro país, deseamos ofrecer una palabra de orientación que brota de nuestra misión pastoral y de la Doctrina Social de la Iglesia, mirando al bien integral de la persona humana y de la creación.

Durante más de veinte años, la zona ha sufrido las consecuencias de la minería ilegal: deforestación, contaminación de fuentes de agua, deterioro del tejido social, violencia e inseguridad. Esta realidad no puede normalizarse ni perpetuarse. El abandono del territorio y la ausencia de soluciones eficaces han provocado dolor en muchas familias y han expuesto la riqueza natural a graves daños. La indiferencia no es una opción moralmente válida.

Al mismo tiempo, la Iglesia recuerda que el desarrollo auténtico no puede construirse sacrificando la casa común ni poniendo en riesgo la vida y la salud de las comunidades. La experiencia histórica y los principios del Magisterio de la Iglesia nos enseñan que el progreso económico debe estar siempre subordinado a la dignidad humana, al destino universal de los bienes y al cuidado responsable de la creación.

En su Encíclica Caritas in Veritate, el Papa Benedicto XVI dejaba en claro el equilibrio que debe existir en la relación del hombre con el ambiente natural: “El tema del desarrollo está también muy unido hoy a los deberes que nacen de la relación del hombre con el ambiente natural. Éste es un don de Dios para todos, y su uso representa para nosotros una responsabilidad para con los pobres, las generaciones futuras y toda la humanidad. Cuando se considera la naturaleza, y en primer lugar al ser humano, fruto del azar o del determinismo evolutivo, disminuye el sentido de la responsabilidad en las conciencias. El creyente reconoce en la naturaleza el maravilloso resultado de la intervención creadora de Dios, que el hombre puede utilizar responsablemente para satisfacer sus legítimas necesidades -materiales e inmateriales- respetando el equilibrio inherente a la creación misma. Si se desvanece esta visión, se acaba por considerar la naturaleza como un tabú intocable o, al contrario, por abusar de ella. Ambas posturas no son conformes con la visión cristiana de la naturaleza, fruto de la creación de Dios”, n. 48.

Por ello, invitamos a que cualquier decisión que se tome sea fruto de un diálogo amplio, transparente y participativo, donde se escuche a las comunidades locales, a expertos independientes y a todos los sectores involucrados. Se requiere un discernimiento serio que considere no solo los beneficios económicos inmediatos, sino también los impactos ambientales, sociales y culturales a corto, mediano y largo plazo.

La superación de la minería ilegal y de la violencia asociada exige una presencia efectiva del Estado, políticas públicas claras, alternativas laborales sostenibles y un compromiso real con la legalidad. Enfrentar el crimen no puede implicar decisiones que pongan en riesgo irreversible el patrimonio natural que pertenece a todos.

La Iglesia no es instancia técnica ni política, expresa sí la conciencia ética que recuerda que toda decisión debe orientarse al bien común. Animamos a las autoridades y a la sociedad costarricense a buscar soluciones integrales que protejan la vida, restauren el orden, promuevan oportunidades dignas de trabajo y salvaguarden la riqueza natural que hemos recibido como don y responsabilidad.

Que este momento sea ocasión para renovar el compromiso con un desarrollo verdaderamente humano, solidario y sostenible, donde la justicia, la paz social y el cuidado de la creación caminen siempre unidos.

En San José a 14 de abril del 2026.

Javier Román Arias
Obispo de Limón
Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

Bartolomé Buigues Oller
Obispo de Alajuela
Secretario General de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

Más de 40 organizaciones advierten: Crucitas revela una crisis estructural en la gobernanza ambiental de Costa Rica

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El Parlamento Cívico Ambiental (PCA), integrado por más de 40 organizaciones de la sociedad civil, advierte que la situación en Crucitas no puede entenderse como un problema aislado ni como una simple consecuencia de la minería ilegal. Por el contrario, constituye la expresión visible de una crisis estructural en la gobernanza ambiental, la capacidad institucional y el modelo de desarrollo del país.

En su acuerdo 2026-015 y con base en análisis recientes, incluyendo hallazgos del Programa Estado de la Nación, el PCA señala que lo que hoy ocurre en Crucitas es el resultado de décadas de debilitamiento institucional, regresión normativa y decisiones políticas que han erosionado la capacidad del Estado para proteger el ambiente y ordenar el territorio.

La crisis actual refleja una convergencia de factores críticos: reducción de capacidades técnicas, presiones sobre los recursos naturales, cambios en las prioridades de política pública y un discurso que reabre la puerta a actividades extractivas incompatibles con la trayectoria ambiental del país.

Un debilitamiento progresivo de la institucionalidad ambiental

El PCA alerta que Costa Rica ha experimentado en los últimos años una preocupante pérdida de capacidad en su gestión ambiental. Recortes presupuestarios, disminución de personal técnico especializado y crecientes interferencias políticas han limitado la acción del Estado en la protección de ecosistemas y el cumplimiento de la normativa vigente.

A esto se suma una flexibilización de salvaguardas ambientales que genera señales contradictorias y debilita principios fundamentales como la prevención y la precaución.

Un modelo de desarrollo que incrementa la presión ecológica

Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, Crucitas ocurre en un contexto donde el país enfrenta una presión ambiental creciente derivada de patrones de desarrollo insostenibles.

Entre estos destacan la mayor dependencia de combustibles fósiles, el aumento de emisiones, la presión sobre los recursos hídricos y la expansión de modelos productivos que comprometen el equilibrio ecológico. Estas tendencias han llevado a Costa Rica a una condición de déficit ecológico, donde el consumo de recursos supera su capacidad de regeneración.

Desorden territorial y aumento de la conflictividad

El caso de Crucitas también evidencia fallas profundas en la gestión del territorio. La ausencia de planificación efectiva, la debilidad en el control institucional y la falta de coherencia en las políticas públicas han generado condiciones propicias para la proliferación de actividades ilegales y la degradación ambiental.

El aumento sostenido de conflictos socioambientales en el país —muchos de ellos dirigidos hacia instituciones públicas— refleja una creciente desconfianza ciudadana y una crisis en la gobernanza territorial.

Crucitas como síntoma de una crisis estructural

El PCA enfatiza que Crucitas no es una anomalía, sino el resultado de: un debilitamiento institucional sostenido, políticas públicas contradictorias, falta de ordenamiento territorial efectivo y tensiones no resueltas entre el modelo económico y la sostenibilidad ambiental.

En este contexto, insistir en soluciones extractivistas como la minería metálica a cielo abierto no solo es técnicamente injustificado, sino que profundiza las causas del problema en lugar de resolverlas.

Un llamado a una respuesta estructural, no superficial

El Parlamento Cívico Ambiental compuesto por 40 organizaciones, sostiene que atender la situación en Crucitas exige mucho más que medidas de control o enfoques de seguridad. Requiere una respuesta estructural basada en ciencia, institucionalidad sólida y visión de largo plazo.

Entre las prioridades fundamentales se destacan: el fortalecimiento real de las instituciones ambientales, la recuperación de la autonomía técnica en la toma de decisiones, la inversión en ordenamiento territorial y participación comunitaria y la transición hacia un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible.

Es importante destacar que Costa Rica enfrenta una decisión de fondo: corregir el rumbo y fortalecer su legado ambiental, o continuar debilitando las bases que lo han sostenido históricamente. Crucitas no es solo un conflicto local. Es una señal de alerta país. La forma en que se responda a esta crisis definirá no solo el futuro de un territorio, sino la coherencia ambiental de toda la nación, según señala Bermardo Aguila, presidente del Parlamento Cívico Ambiental.

Puede descargar el manifiesto desde SURCOS:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/04/2026-015-Manifiesto-Crucitas-sintoma-de-crisis.pdf

Parlamento Cívico Ambiental: En Crucitas la vida, la democracia y el futuro de Costa Rica no son negociables

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Comunicado

El Parlamento Cívico Ambiental (PCA), conformado por 42 organizaciones de la sociedad civil, hizo público hoy su Manifiesto nacional tras la comparecencia del Ministro de Seguridad Pública ante el Plenario Legislativo sobre la situación en Crucitas, San Carlos.

Luego de analizar lo expuesto en la Asamblea Legislativa, el PCA declaró que la crisis en Crucitas es real y marcada por minería ilegal, redes criminales, contaminación ambiental y abandono institucional, pero advirtió que su instrumentalización para justificar el retorno de la minería metálica a cielo abierto es inaceptable.

El Manifiesto señala que el daño ambiental existente incluye afectaciones a mantos acuíferos, uso indebido de arsénico y esterilización de suelos por desechos tóxicos provenientes de lagunas clandestinas de lixiviados. No obstante, enfatiza que ninguna crisis puede utilizarse como argumento para debilitar la democracia ni retroceder en la protección ambiental del país.

En particular, el PCA rechaza que el proyecto de ley 24717 pretenda presentar la minería metálica a cielo abierto como alternativa frente a la inseguridad o la pobreza, calificando esa narrativa como un “espejismo” que profundizaría el conflicto ambiental y social.

El documento recuerda que Costa Rica ya tomó una decisión país, nacida de la conciencia por la vida y del amor por la tierra, al prohibir esta práctica extractiva. Retroceder implicaría violar el principio de no regresión ambiental, debilitar el Estado de derecho y comprometer el futuro ecológico de la nación.

En su declaratoria central, el Parlamento Cívico Ambiental establece:

Un no rotundo, firme e irreversible a la minería metálica a cielo abierto en Crucitas y en todo el territorio nacional.

El PCA subraya que este no no es ideológico ni coyuntural, sino científico, ciudadano y generacional.

Asimismo, el Manifiesto plantea que el verdadero camino para atender la situación en Crucitas debe orientarse hacia medidas estructurales como las contenidas en propuestas como el Proyecto de Ley 24675, que promueven presencia estatal permanente, combate integral a economías ilegales, restauración ecológica, desarrollo local sostenible y participación comunitaria.

“El oro de Costa Rica no está bajo la tierra, sino en sus bosques, en su agua y en su gente”, concluye el documento.

El Parlamento Cívico Ambiental hace un llamado a la ciudadanía, academia, comunidades y sectores productivos responsables a defender juntos esta decisión histórica y a mantener la coherencia ambiental que ha distinguido al país.

Puede descargar el manifiesto completo desde SURCOS donde se encuentran los logos de las organizaciones que integran el Parlamento y suscriben el comunicado:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/02/Manifiesto-Crucitas-2-163.2026.pdf

Minería ilegal: el nuevo pretexto del viejo extractivismo

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Observatorio Bienes Comunes UCR

En medio del debate sobre Crucitas, el ministro de Seguridad Pública afirmó un aumento del 200% en la afectación territorial por minería ilegal. Pero… ¿realmente legalizar minería a cielo abierto resolvería el problema?

En esta nota compartimos algunas claves urgentes: La minería ilegal no es solo “coligalleros”: es una economía criminal conectada a mercados globales.

Legalizar puede facilitar lavado de oro, normalizar el extractivismo y aumentar la presión territorial.

Lo ilegal no se combate con más minería: se combate con Estado, justicia ambiental, trazabilidad y alternativas económicas reales. Nota completa aquí:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/mineria-ilegal-el-nuevo-pretexto-del-viejo-extractivismo/

UCR recomienda no aprobar proyecto de ley que permitiría minería de oro a cielo abierto en Crucitas

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La Universidad de Costa Rica votó en la sesión N°6967, un acuerdo (CU-160-2025) frente al proyecto de ley denominado Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el Distrito de Cutris de San Carlos, Provincia de Alajuela y Reforma parcial al Código de Minería, Expediente n.º 24.717, actualmente en conocimiento de la Asamblea Legislativa.

Luego de un análisis integral solicitado por la Asamblea Legislativa la Universidad de Costa Rica por medio del Consejo Universitario concluye que la iniciativa presenta debilidades estructurales, riesgos ambientales, sociales, institucionales y jurídicos, y que no constituye una respuesta adecuada ni efectiva al problema de la minería ilegal en la zona de Crucitas.

El proceso de análisis incorporó criterios de diversas instancias universitarias, entre ellas el Programa Kioscos Socioambientales, la Escuela Centroamericana de Geología, el Departamento de Salud Ambiental de la Escuela de Tecnologías en Salud y el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental.

Desde el Programa Kioscos Socioambientales se advierte que el proyecto de ley parte de una base profundamente problemática. En su criterio institucional se señala de forma expresa que existe una “ausencia de diagnóstico serio y contextual”, ya que “el proyecto ignora los antecedentes históricos de minería metálica en Costa Rica, como los casos de Crucitas, Bellavista y Beta Vargas, todos marcados por impactos negativos y fracasos institucionales”. Además, se indica que “no se analiza por qué han fallado sistemáticamente los proyectos mineros en el país, ni se ofrece una evaluación realista de la minería ilegal actual”.

Kioscos Socioambientales también alerta sobre la desproporción territorial que introduce la iniciativa, al señalar que “el proyecto propone abrir más de 849 km² a la exploración y explotación minera, cuando los estudios oficiales indican que el área afectada por minería ilegal representa menos del 1 % del distrito”, lo cual “sugiere que el objetivo no es la remediación ambiental, sino la legalización de una expansión minera a gran escala bajo un régimen de excepción”.

Asimismo, el programa advierte que la propuesta legislativa no enfrenta las causas estructurales de la minería ilegal y, por el contrario, podría agravarlas. En ese sentido, se señala que “legalizar la minería sin una estrategia de seguridad efectiva podría legitimar estructuras delictivas y aumentar la violencia en territorios fronterizos”, en un contexto donde “existen vínculos documentados entre minería ilegal, narcotráfico y crimen organizado”.

Por su parte, la Escuela Centroamericana de Geología realizó observaciones técnicas de fondo al proyecto, señalando que legislar de manera parcial una actividad compleja como la minería constituye un error reiterado. En su análisis se afirma que “legislar parcialmente para una actividad compleja como la minería no es razonable”, y que resulta necesario un abordaje integral del Código de Minería para todo el territorio nacional.

La Escuela también cuestiona el uso del concepto de minería sostenible en el proyecto, indicando que “es extraña esa mezcla conceptual que se contrapone”, ya que la minería implica necesariamente el agotamiento del recurso, y que los posibles beneficios económicos no pueden justificar la ausencia de una regulación robusta y coherente.

En relación con el mecanismo de concesión, la Escuela de Geología es enfática al señalar que “solo tomar el royalty como base de puja no es aceptable”, y que “se debería evaluar la totalidad del proyecto minero propuesto”, incorporando aspectos como la gestión de residuos, los impactos ambientales, las medidas de cierre técnico, la relación con las comunidades y la remediación de los daños existentes.

En ese mismo sentido, se advierte que una lógica puramente económica resulta insuficiente, ya que “el proceso debe valorar también los componentes ambientales y sociales dentro de un estudio de factibilidad integral”. Se señala además que “la experiencia internacional demuestra que es posible diseñar concursos más equilibrados”.

La Escuela también critica que el artículo 9 obligue a entregar toda la información de exploración a la Dirección de Geología y Minas para incluirla en futuras subastas, lo cual refleja un desconocimiento de cómo funciona la industria minera, dado que la exploración constituye una inversión estratégica que no debería ser de acceso público inmediato.

De forma contundente, la Escuela concluye que “el proyecto de ley es otro esfuerzo más que presenta propuestas similares a otros anteriores para regular la minería en Crucitas”, y que no contribuye a frenar la minería ilegal, sino que “incita a la minería ilegal, similar a la existente en la actualidad en Crucitas”.

A estas observaciones se suman los señalamientos del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, que advierte que la propuesta “no constituye una estrategia efectiva para mitigar los efectos de la minería ilegal” y que “se requiere una reforma sustantiva que priorice la sostenibilidad, la protección ambiental y la salud pública”, en lugar de limitarse a la legalización de la minería a cielo abierto sin controles adecuados. Además, se advierte “la ausencia de un estudio socioeconómico que respalde técnicamente la declaratoria propuesta en el proyecto de ley”.

Finalmente, la Escuela de Salud Ambiental señala que “La minería es una de las actividades laborales con mayor impacto en la salud de las personas trabajadoras, sus familias y las comunidades. Estos efectos pueden ser de carácter físico, biológico y químico, y en muchos casos se manifiestan a largo plazo, lo que dificulta su comprensión clínica y epidemiológica. Si bien Costa Rica cuenta con un marco normativo e institucional en materia de salud ambiental, persiste una brecha significativa entre la normativa existente y su aplicación práctica”.

Acuerdo final

Con base en el análisis institucional realizado, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica acuerda:“ Comunicar a la Asamblea Legislativa, por medio de la Comisión Especial de la Provincia de Alajuela, que la Universidad de Costa Rica recomienda no aprobar el proyecto denominado Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el Distrito de Cutris de San Carlos, Provincia de Alajuela y Reforma parcial al Código de Minería, Ley n.° 6797 del 4 de octubre de 1982, Expediente n.º 24.717, por las observaciones señaladas en el considerando 5.”

Asimismo, la Universidad de Costa Rica manifiesta que “queda en la mejor disposición de colaborar con el criterio de personas expertas para aportar en este proyecto de ley”.

Ver acuerdo: https://www.youtube.com/live/osFQLvTDv2M?t=7275s

Texto del acuerdo: https://drive.google.com/file/d/1t803LuX2fJ267ZedjoAMJyKhCnU3HYR5/view?usp=drive_link

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Una entrega vergonzosa

Escrito en . Publicado en Zona Norte.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Aunque la mayoría legislativa conoce las maniobras del gobierno para negociar bienes e instituciones del Estado, (los suyos amigo lector y los de todos los costarricenses), cabe un recordatorio relacionado con el yacimiento de Crucitas. En este caso, ha sido evidente que el ministro de Seguridad Pública ha propiciado que la delincuencia en el lugar haya evolucionado hasta niveles jamás antes visto. El robo del oro en la capa superficial se realiza impunemente, el daño ambiental se ha acelerado, y la criminalidad parece una versión tica del Viejo Oeste, donde no hay «sheriff» que trate de poner orden, precisamente por decisión calculada del ministro Mario Zamora.

Ante ese escenario diseñado desde el gobierno, llegó el buscado momento de clamar a los cuatro vientos: «¡Perdimos la batalla!». «La única solución está en la Asamblea Legislativa!».

Solución, dicen, que pasa por entregar esa riqueza del «inoperante Estado», a las eficientes corporaciones privadas que, a cambio de unos cuantos dólares, harán la excavación de unos 30 m para extraer de esa valiosa roca del subsuelo, los más de US$ 3.000 millones que se estima vale el oro del único yacimiento efectivamente conocido en todo el país.

Nos dicen que al privatizar esa riqueza mineral que el Estado (según ellos) es incapaz de aprovechar, el problema heredado por una mala concesión a una compañía minera canadiense se soluciona en un par de años, por lo cual no hay que pensarlo más, y correr a aprobar el proyecto N° 24.717.

Pero, ¿será cierto?

¡Veamos!

A las cuentas bancarias de los magnates mineros extranjeros (después de rebajar las infaltables «comisiones» para algunos ticos) ingresarían los miles de millones de dólares, derivados de la venta del 95 % del total del mineral explotado. Pese a que se trata de un regalo, una entrega, a favor de unos negociantes foráneos, «aunque usted no lo crea» en Casa Presidencial insisten que es un gran negocio que el 5 % del valor de ese oro se quede en Costa Rica.

Pero aún hay más. Resulta que el proyecto de ley que amigos diputados manudos aprobaron en subcomisión legislativa, para congraciarse con el alcalde de San Carlos que sueña con la octava provincia que les prometió el futuro diputado José Miguel Villalobos, determina que, de ese 5 % el 1,25 % sería para el gobierno municipal de ciudad Quesada. Monto relativamente pequeño de que no se sabría de cuánto sería ni cuándo se depositaría en el gobierno local, pues dependería de muchos factores, del cual un poquititico apenas sería para grupos comunales.

Asimismo, del impuesto del 5 %, solo el 3,6 % se sumaría a la caja única del Estado. Cantidad igualmente desconocida, pero para efectos de la, negociación antipatriótica, es algo que no interesa mucho, pues el gran negocio (como lo serían las ventas del BCR, BICSA, INS, RECOPE, ICE…) anda por otros lares.

Esa amigos, es “la gran solución” que por el desdeñado problema de Crucitas anda pujando el ministro Zamora…

16.2.2026

Presentarán investigación inédita sobre minería ilegal y su expansión en territorios protegidos

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

La Fundación Heinrich Böll Centroamérica y la Federación Ecologista (FECON) invitan a la presentación en línea de la investigación “La multinacional del oro que le abrió las puertas a la minería ilegal en tierras protegidas de Costa Rica”, publicada el pasado 23 de noviembre por Revista RAYA y desarrollada por los periodistas Edinson Arley Bolaños y Camilo Ubaque Calixto.

El reportaje expone cómo una empresa minera transnacional proporcionó información estratégica —incluyendo rutas y coordenadas— que posteriormente facilitó la expansión de la minería ilegal en áreas protegidas, en particular en la región de Crucitas, una zona de alta relevancia ecológica.
La investigación documenta además impactos ambientales y sociales, el uso de mercurio, redes de tráfico de minerales y vacíos en la gobernanza ambiental del país.

Detalles del evento

Panel de presentación

  • Ingrid Hausinger – Directora, Fundación Heinrich Böll Centroamérica

  • Edinson Arley Bolaños – Director, Revista RAYA (Colombia)

  • Amaru Ruiz – Presidente, Fundación del Río (Nicaragua)

  • Henry Picado – Miembro de FECON y Red de Biodiversidad (Costa Rica)

Según las organizaciones convocantes, el encuentro abrirá un espacio para profundizar en los hallazgos del reportaje, analizar sus implicaciones regionales y dialogar sobre los desafíos que la minería ilegal plantea para Costa Rica, Nicaragua y otros territorios mesoamericanos.

Investigación completa

Puede leerse en:
https://revistaraya.com/la-multinacional-del-oro-que-le-abrio-las-puertas-a-la-mineria-ilegal-en-tierras-protegidas-de-costa-rica.html

Un dorado “negocio oscuro”

Escrito en . Publicado en Salud.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

El proyecto sobre el oro del yacimiento en Crucitas avalado por diputados alajuelenses no es más que otro «negocio oscuro» de Zapote. ¡Veamos!

Primero. ¿Usted estaría de acuerdo en entregarle a una empresa privada el 95 % del valor bruto del oro extraído? Antes de responder recuerde que ese oro que se regalaría es suyo, de todos los costarricenses, de nadie más.

Segundo. Como no se conoce siquiera la supuesta empresa que saldría premiada, tampoco se podría conocer la cantidad del oro que se explotaría por año, y, por ende, nadie podría afirmar de cuánto dinero se estaría hablando. Como eso es así, el 5 % en dólares que se recaudaría como pago de impuesto, como «royalty minero», no existe ni en el papel, pues es imposible estimarlo según el procedimiento de “subasta» irrealizable que se inventaron.

Por tanto, frente al 95 % que pasaría a cuentas bancarias en el extranjero, solo el 3,6 % pasaría al Ministerio de Hacienda para cubrir gastos corrientes del Estado. Cifra que, en dólares o colones, no la conoce ni la adivina del barrio.

Tercero. Igualmente, el señor alcalde de San Carlos, aunque repite alguna cifra que le habrán “soplado”, no puede tener idea de cuánto significa en colones el 1,25 % que recaudaría como impuesto, que, al compararlo con el 95 % que se entregaría a los mineros extranjeros, nos percatamos del mal negocio que estaría haciendo Costa Rica, al no valorar el interés patriótico por encima de los intereses de un cantón.

Cuarto. Interés patriótico que sustenta la propuesta del Hospital del Oro, sistema hospitalario orientado específicamente hacia la atención de la salud de los Ciudadanos de Oro por parte de la CCSS, donde el 100 % del oro explotado en un área menor al parque de La Sabana, sería para los costarricenses que más lo merecen. Hablamos de unos ¢200.000 millones anuales, gracias al aprovechamiento de 3 toneladas de oro anualmente, que no es correcto decir, convertiría a Costa Rica en un país minero, pues de los 51.100 km2 del suelo patrio, menos de uno, altamente degradado ambientalmente, sería usado para una misión tan noble.

Parlamento Cívico Ambiental rechaza texto sustitutivo de proyecto que propone minería metálica a cielo abierto en Crucitas

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

El Parlamento Cívico Ambiental anunció hoy su dictamen negativo al texto sustitutivo del proyecto de ley tramitado bajo el expediente 24.717, titulado “Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el distrito de Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela y reforma parcial al Código de Minería”.

La decisión se fundamenta en criterios técnicos, científicos, jurídicos y socioeconómicos que concluyen que no existe minería metálica a cielo abierto que pueda considerarse sostenible. El Parlamento advierte que permitir esta actividad en Crucitas causaría daños ambientales irreversibles, afectando bosques, cerros, mantos acuíferos y biodiversidad, con un impacto negativo que superaría cualquier beneficio económico temporal.

“La minería a cielo abierto no es la solución para la pobreza ni la desigualdad; en América Latina este modelo ha dejado contaminación y mínimos beneficios para las comunidades”, afirmó Bernardo Aguilar González, presidente del Parlamento Cívico Ambiental. “El proyecto llama sostenible un proyecto de minería a cielo abierto que solamente atiende los impactos del cianuro, pero no atiende la deforestación, los daños a los suelos, los impactos en relación con fijación de carbono, emisiones y otros que forman parte esencial de cualquier modelo de sustentabilidad.”

Entre las principales preocupaciones destacadas se encuentran:

  • Portillos legales peligrosos: La declaratoria de “interés público” y “conveniencia nacional” podría permitir la expansión de este tipo de proyectos a otras regiones.

  • Traslado de costos ambientales al Estado: La propuesta deja en manos del erario público la remediación y cierre técnico, sin responsabilidad real para las empresas concesionarias.

  • Debilitamiento de protecciones agrícolas y ambientales: Se eliminan requisitos clave para proteger suelos productivos y recursos naturales en una zona de alta productividad agrícola.

  • Riesgo para el patrimonio natural de todo el país: Los servicios ecosistémicos de Cutris benefician a toda Costa Rica y no deben verse como patrimonio exclusivo local.

El Parlamento también señaló que la iniciativa carece de medidas concretas para combatir la minería ilegal, problema que requiere un plan integral de contención y remediación ambiental ordenado por la Sala Constitucional, pero aún pendiente de cumplimiento.

Finalmente, la institución enfatizó que abrir la puerta a la minería a cielo abierto en un contexto de debilitamiento institucional y creciente presencia del crimen organizado solo aumentaría la corrupción, el lavado de dinero y las desigualdades, en lugar de generar bienestar duradero.

El Parlamento Cívico Ambiental insta a la Asamblea Legislativa a archivar el proyecto y a priorizar alternativas económicas no extractivas, como el turismo sostenible, la bioeconomía y otras actividades compatibles con la protección de los recursos naturales.