Etiqueta: Crucitas

Parlamento Cívico Ambiental: En Crucitas la vida, la democracia y el futuro de Costa Rica no son negociables

Escrito en 25/02/2026. Publicado en Madre Tierra.

Comunicado

El Parlamento Cívico Ambiental (PCA), conformado por 42 organizaciones de la sociedad civil, hizo público hoy su Manifiesto nacional tras la comparecencia del Ministro de Seguridad Pública ante el Plenario Legislativo sobre la situación en Crucitas, San Carlos.

Luego de analizar lo expuesto en la Asamblea Legislativa, el PCA declaró que la crisis en Crucitas es real y marcada por minería ilegal, redes criminales, contaminación ambiental y abandono institucional, pero advirtió que su instrumentalización para justificar el retorno de la minería metálica a cielo abierto es inaceptable.

El Manifiesto señala que el daño ambiental existente incluye afectaciones a mantos acuíferos, uso indebido de arsénico y esterilización de suelos por desechos tóxicos provenientes de lagunas clandestinas de lixiviados. No obstante, enfatiza que ninguna crisis puede utilizarse como argumento para debilitar la democracia ni retroceder en la protección ambiental del país.

En particular, el PCA rechaza que el proyecto de ley 24717 pretenda presentar la minería metálica a cielo abierto como alternativa frente a la inseguridad o la pobreza, calificando esa narrativa como un “espejismo” que profundizaría el conflicto ambiental y social.

El documento recuerda que Costa Rica ya tomó una decisión país, nacida de la conciencia por la vida y del amor por la tierra, al prohibir esta práctica extractiva. Retroceder implicaría violar el principio de no regresión ambiental, debilitar el Estado de derecho y comprometer el futuro ecológico de la nación.

En su declaratoria central, el Parlamento Cívico Ambiental establece:

Un no rotundo, firme e irreversible a la minería metálica a cielo abierto en Crucitas y en todo el territorio nacional.

El PCA subraya que este no no es ideológico ni coyuntural, sino científico, ciudadano y generacional.

Asimismo, el Manifiesto plantea que el verdadero camino para atender la situación en Crucitas debe orientarse hacia medidas estructurales como las contenidas en propuestas como el Proyecto de Ley 24675, que promueven presencia estatal permanente, combate integral a economías ilegales, restauración ecológica, desarrollo local sostenible y participación comunitaria.

“El oro de Costa Rica no está bajo la tierra, sino en sus bosques, en su agua y en su gente”, concluye el documento.

El Parlamento Cívico Ambiental hace un llamado a la ciudadanía, academia, comunidades y sectores productivos responsables a defender juntos esta decisión histórica y a mantener la coherencia ambiental que ha distinguido al país.

Puede descargar el manifiesto completo desde SURCOS donde se encuentran los logos de las organizaciones que integran el Parlamento y suscriben el comunicado:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/02/Manifiesto-Crucitas-2-163.2026.pdf

Minería ilegal: el nuevo pretexto del viejo extractivismo

Escrito en 21/02/2026. Publicado en Madre Tierra.

Observatorio Bienes Comunes UCR

En medio del debate sobre Crucitas, el ministro de Seguridad Pública afirmó un aumento del 200% en la afectación territorial por minería ilegal. Pero… ¿realmente legalizar minería a cielo abierto resolvería el problema?

En esta nota compartimos algunas claves urgentes: La minería ilegal no es solo “coligalleros”: es una economía criminal conectada a mercados globales.

Legalizar puede facilitar lavado de oro, normalizar el extractivismo y aumentar la presión territorial.

Lo ilegal no se combate con más minería: se combate con Estado, justicia ambiental, trazabilidad y alternativas económicas reales. Nota completa aquí:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/mineria-ilegal-el-nuevo-pretexto-del-viejo-extractivismo/

UCR recomienda no aprobar proyecto de ley que permitiría minería de oro a cielo abierto en Crucitas

Escrito en 17/02/2026. Publicado en Madre Tierra.

La Universidad de Costa Rica votó en la sesión N°6967, un acuerdo (CU-160-2025) frente al proyecto de ley denominado Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el Distrito de Cutris de San Carlos, Provincia de Alajuela y Reforma parcial al Código de Minería, Expediente n.º 24.717, actualmente en conocimiento de la Asamblea Legislativa.

Luego de un análisis integral solicitado por la Asamblea Legislativa la Universidad de Costa Rica por medio del Consejo Universitario concluye que la iniciativa presenta debilidades estructurales, riesgos ambientales, sociales, institucionales y jurídicos, y que no constituye una respuesta adecuada ni efectiva al problema de la minería ilegal en la zona de Crucitas.

El proceso de análisis incorporó criterios de diversas instancias universitarias, entre ellas el Programa Kioscos Socioambientales, la Escuela Centroamericana de Geología, el Departamento de Salud Ambiental de la Escuela de Tecnologías en Salud y el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental.

Desde el Programa Kioscos Socioambientales se advierte que el proyecto de ley parte de una base profundamente problemática. En su criterio institucional se señala de forma expresa que existe una “ausencia de diagnóstico serio y contextual”, ya que “el proyecto ignora los antecedentes históricos de minería metálica en Costa Rica, como los casos de Crucitas, Bellavista y Beta Vargas, todos marcados por impactos negativos y fracasos institucionales”. Además, se indica que “no se analiza por qué han fallado sistemáticamente los proyectos mineros en el país, ni se ofrece una evaluación realista de la minería ilegal actual”.

Kioscos Socioambientales también alerta sobre la desproporción territorial que introduce la iniciativa, al señalar que “el proyecto propone abrir más de 849 km² a la exploración y explotación minera, cuando los estudios oficiales indican que el área afectada por minería ilegal representa menos del 1 % del distrito”, lo cual “sugiere que el objetivo no es la remediación ambiental, sino la legalización de una expansión minera a gran escala bajo un régimen de excepción”.

Asimismo, el programa advierte que la propuesta legislativa no enfrenta las causas estructurales de la minería ilegal y, por el contrario, podría agravarlas. En ese sentido, se señala que “legalizar la minería sin una estrategia de seguridad efectiva podría legitimar estructuras delictivas y aumentar la violencia en territorios fronterizos”, en un contexto donde “existen vínculos documentados entre minería ilegal, narcotráfico y crimen organizado”.

Por su parte, la Escuela Centroamericana de Geología realizó observaciones técnicas de fondo al proyecto, señalando que legislar de manera parcial una actividad compleja como la minería constituye un error reiterado. En su análisis se afirma que “legislar parcialmente para una actividad compleja como la minería no es razonable”, y que resulta necesario un abordaje integral del Código de Minería para todo el territorio nacional.

La Escuela también cuestiona el uso del concepto de minería sostenible en el proyecto, indicando que “es extraña esa mezcla conceptual que se contrapone”, ya que la minería implica necesariamente el agotamiento del recurso, y que los posibles beneficios económicos no pueden justificar la ausencia de una regulación robusta y coherente.

En relación con el mecanismo de concesión, la Escuela de Geología es enfática al señalar que “solo tomar el royalty como base de puja no es aceptable”, y que “se debería evaluar la totalidad del proyecto minero propuesto”, incorporando aspectos como la gestión de residuos, los impactos ambientales, las medidas de cierre técnico, la relación con las comunidades y la remediación de los daños existentes.

En ese mismo sentido, se advierte que una lógica puramente económica resulta insuficiente, ya que “el proceso debe valorar también los componentes ambientales y sociales dentro de un estudio de factibilidad integral”. Se señala además que “la experiencia internacional demuestra que es posible diseñar concursos más equilibrados”.

La Escuela también critica que el artículo 9 obligue a entregar toda la información de exploración a la Dirección de Geología y Minas para incluirla en futuras subastas, lo cual refleja un desconocimiento de cómo funciona la industria minera, dado que la exploración constituye una inversión estratégica que no debería ser de acceso público inmediato.

De forma contundente, la Escuela concluye que “el proyecto de ley es otro esfuerzo más que presenta propuestas similares a otros anteriores para regular la minería en Crucitas”, y que no contribuye a frenar la minería ilegal, sino que “incita a la minería ilegal, similar a la existente en la actualidad en Crucitas”.

A estas observaciones se suman los señalamientos del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, que advierte que la propuesta “no constituye una estrategia efectiva para mitigar los efectos de la minería ilegal” y que “se requiere una reforma sustantiva que priorice la sostenibilidad, la protección ambiental y la salud pública”, en lugar de limitarse a la legalización de la minería a cielo abierto sin controles adecuados. Además, se advierte “la ausencia de un estudio socioeconómico que respalde técnicamente la declaratoria propuesta en el proyecto de ley”.

Finalmente, la Escuela de Salud Ambiental señala que “La minería es una de las actividades laborales con mayor impacto en la salud de las personas trabajadoras, sus familias y las comunidades. Estos efectos pueden ser de carácter físico, biológico y químico, y en muchos casos se manifiestan a largo plazo, lo que dificulta su comprensión clínica y epidemiológica. Si bien Costa Rica cuenta con un marco normativo e institucional en materia de salud ambiental, persiste una brecha significativa entre la normativa existente y su aplicación práctica”.

Acuerdo final

Con base en el análisis institucional realizado, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica acuerda:“ Comunicar a la Asamblea Legislativa, por medio de la Comisión Especial de la Provincia de Alajuela, que la Universidad de Costa Rica recomienda no aprobar el proyecto denominado Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el Distrito de Cutris de San Carlos, Provincia de Alajuela y Reforma parcial al Código de Minería, Ley n.° 6797 del 4 de octubre de 1982, Expediente n.º 24.717, por las observaciones señaladas en el considerando 5.”

Asimismo, la Universidad de Costa Rica manifiesta que “queda en la mejor disposición de colaborar con el criterio de personas expertas para aportar en este proyecto de ley”.

Ver acuerdo: https://www.youtube.com/live/osFQLvTDv2M?t=7275s

Texto del acuerdo: https://drive.google.com/file/d/1t803LuX2fJ267ZedjoAMJyKhCnU3HYR5/view?usp=drive_link

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Una entrega vergonzosa

Escrito en 16/02/2026. Publicado en Zona Norte.

Freddy Pacheco León

Aunque la mayoría legislativa conoce las maniobras del gobierno para negociar bienes e instituciones del Estado, (los suyos amigo lector y los de todos los costarricenses), cabe un recordatorio relacionado con el yacimiento de Crucitas. En este caso, ha sido evidente que el ministro de Seguridad Pública ha propiciado que la delincuencia en el lugar haya evolucionado hasta niveles jamás antes visto. El robo del oro en la capa superficial se realiza impunemente, el daño ambiental se ha acelerado, y la criminalidad parece una versión tica del Viejo Oeste, donde no hay «sheriff» que trate de poner orden, precisamente por decisión calculada del ministro Mario Zamora.

Ante ese escenario diseñado desde el gobierno, llegó el buscado momento de clamar a los cuatro vientos: «¡Perdimos la batalla!». «La única solución está en la Asamblea Legislativa!».

Solución, dicen, que pasa por entregar esa riqueza del «inoperante Estado», a las eficientes corporaciones privadas que, a cambio de unos cuantos dólares, harán la excavación de unos 30 m para extraer de esa valiosa roca del subsuelo, los más de US$ 3.000 millones que se estima vale el oro del único yacimiento efectivamente conocido en todo el país.

Nos dicen que al privatizar esa riqueza mineral que el Estado (según ellos) es incapaz de aprovechar, el problema heredado por una mala concesión a una compañía minera canadiense se soluciona en un par de años, por lo cual no hay que pensarlo más, y correr a aprobar el proyecto N° 24.717.

Pero, ¿será cierto?

¡Veamos!

A las cuentas bancarias de los magnates mineros extranjeros (después de rebajar las infaltables «comisiones» para algunos ticos) ingresarían los miles de millones de dólares, derivados de la venta del 95 % del total del mineral explotado. Pese a que se trata de un regalo, una entrega, a favor de unos negociantes foráneos, «aunque usted no lo crea» en Casa Presidencial insisten que es un gran negocio que el 5 % del valor de ese oro se quede en Costa Rica.

Pero aún hay más. Resulta que el proyecto de ley que amigos diputados manudos aprobaron en subcomisión legislativa, para congraciarse con el alcalde de San Carlos que sueña con la octava provincia que les prometió el futuro diputado José Miguel Villalobos, determina que, de ese 5 % el 1,25 % sería para el gobierno municipal de ciudad Quesada. Monto relativamente pequeño de que no se sabría de cuánto sería ni cuándo se depositaría en el gobierno local, pues dependería de muchos factores, del cual un poquititico apenas sería para grupos comunales.

Asimismo, del impuesto del 5 %, solo el 3,6 % se sumaría a la caja única del Estado. Cantidad igualmente desconocida, pero para efectos de la, negociación antipatriótica, es algo que no interesa mucho, pues el gran negocio (como lo serían las ventas del BCR, BICSA, INS, RECOPE, ICE…) anda por otros lares.

Esa amigos, es “la gran solución” que por el desdeñado problema de Crucitas anda pujando el ministro Zamora…

16.2.2026

Presentarán investigación inédita sobre minería ilegal y su expansión en territorios protegidos

Escrito en 24/11/2025. Publicado en Madre Tierra.

La Fundación Heinrich Böll Centroamérica y la Federación Ecologista (FECON) invitan a la presentación en línea de la investigación “La multinacional del oro que le abrió las puertas a la minería ilegal en tierras protegidas de Costa Rica”, publicada el pasado 23 de noviembre por Revista RAYA y desarrollada por los periodistas Edinson Arley Bolaños y Camilo Ubaque Calixto.

El reportaje expone cómo una empresa minera transnacional proporcionó información estratégica —incluyendo rutas y coordenadas— que posteriormente facilitó la expansión de la minería ilegal en áreas protegidas, en particular en la región de Crucitas, una zona de alta relevancia ecológica.
La investigación documenta además impactos ambientales y sociales, el uso de mercurio, redes de tráfico de minerales y vacíos en la gobernanza ambiental del país.

Detalles del evento

Fecha: martes 25 de noviembre de 2025
Hora: 9:00 a 10:30 a. m. (Centroamérica)
Inscripción gratuita:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN__aC0iDB4SpizpD3-7zEbAA

Panel de presentación

Ingrid Hausinger – Directora, Fundación Heinrich Böll Centroamérica
Edinson Arley Bolaños – Director, Revista RAYA (Colombia)
Amaru Ruiz – Presidente, Fundación del Río (Nicaragua)
Henry Picado – Miembro de FECON y Red de Biodiversidad (Costa Rica)

Según las organizaciones convocantes, el encuentro abrirá un espacio para profundizar en los hallazgos del reportaje, analizar sus implicaciones regionales y dialogar sobre los desafíos que la minería ilegal plantea para Costa Rica, Nicaragua y otros territorios mesoamericanos.

Investigación completa

Puede leerse en:
https://revistaraya.com/la-multinacional-del-oro-que-le-abrio-las-puertas-a-la-mineria-ilegal-en-tierras-protegidas-de-costa-rica.html

Un dorado “negocio oscuro”

Escrito en 17/11/2025. Publicado en Salud.

Freddy Pacheco León

El proyecto sobre el oro del yacimiento en Crucitas avalado por diputados alajuelenses no es más que otro «negocio oscuro» de Zapote. ¡Veamos!

Primero. ¿Usted estaría de acuerdo en entregarle a una empresa privada el 95 % del valor bruto del oro extraído? Antes de responder recuerde que ese oro que se regalaría es suyo, de todos los costarricenses, de nadie más.

Segundo. Como no se conoce siquiera la supuesta empresa que saldría premiada, tampoco se podría conocer la cantidad del oro que se explotaría por año, y, por ende, nadie podría afirmar de cuánto dinero se estaría hablando. Como eso es así, el 5 % en dólares que se recaudaría como pago de impuesto, como «royalty minero», no existe ni en el papel, pues es imposible estimarlo según el procedimiento de “subasta» irrealizable que se inventaron.

Por tanto, frente al 95 % que pasaría a cuentas bancarias en el extranjero, solo el 3,6 % pasaría al Ministerio de Hacienda para cubrir gastos corrientes del Estado. Cifra que, en dólares o colones, no la conoce ni la adivina del barrio.

Tercero. Igualmente, el señor alcalde de San Carlos, aunque repite alguna cifra que le habrán “soplado”, no puede tener idea de cuánto significa en colones el 1,25 % que recaudaría como impuesto, que, al compararlo con el 95 % que se entregaría a los mineros extranjeros, nos percatamos del mal negocio que estaría haciendo Costa Rica, al no valorar el interés patriótico por encima de los intereses de un cantón.

Cuarto. Interés patriótico que sustenta la propuesta del Hospital del Oro, sistema hospitalario orientado específicamente hacia la atención de la salud de los Ciudadanos de Oro por parte de la CCSS, donde el 100 % del oro explotado en un área menor al parque de La Sabana, sería para los costarricenses que más lo merecen. Hablamos de unos ¢200.000 millones anuales, gracias al aprovechamiento de 3 toneladas de oro anualmente, que no es correcto decir, convertiría a Costa Rica en un país minero, pues de los 51.100 km2 del suelo patrio, menos de uno, altamente degradado ambientalmente, sería usado para una misión tan noble.

Parlamento Cívico Ambiental rechaza texto sustitutivo de proyecto que propone minería metálica a cielo abierto en Crucitas

Escrito en 19/08/2025. Publicado en Madre Tierra.

El Parlamento Cívico Ambiental anunció hoy su dictamen negativo al texto sustitutivo del proyecto de ley tramitado bajo el expediente 24.717, titulado “Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el distrito de Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela y reforma parcial al Código de Minería”.

La decisión se fundamenta en criterios técnicos, científicos, jurídicos y socioeconómicos que concluyen que no existe minería metálica a cielo abierto que pueda considerarse sostenible. El Parlamento advierte que permitir esta actividad en Crucitas causaría daños ambientales irreversibles, afectando bosques, cerros, mantos acuíferos y biodiversidad, con un impacto negativo que superaría cualquier beneficio económico temporal.

“La minería a cielo abierto no es la solución para la pobreza ni la desigualdad; en América Latina este modelo ha dejado contaminación y mínimos beneficios para las comunidades”, afirmó Bernardo Aguilar González, presidente del Parlamento Cívico Ambiental. “El proyecto llama sostenible un proyecto de minería a cielo abierto que solamente atiende los impactos del cianuro, pero no atiende la deforestación, los daños a los suelos, los impactos en relación con fijación de carbono, emisiones y otros que forman parte esencial de cualquier modelo de sustentabilidad.”

Entre las principales preocupaciones destacadas se encuentran:

Portillos legales peligrosos: La declaratoria de “interés público” y “conveniencia nacional” podría permitir la expansión de este tipo de proyectos a otras regiones.
Traslado de costos ambientales al Estado: La propuesta deja en manos del erario público la remediación y cierre técnico, sin responsabilidad real para las empresas concesionarias.
Debilitamiento de protecciones agrícolas y ambientales: Se eliminan requisitos clave para proteger suelos productivos y recursos naturales en una zona de alta productividad agrícola.
Riesgo para el patrimonio natural de todo el país: Los servicios ecosistémicos de Cutris benefician a toda Costa Rica y no deben verse como patrimonio exclusivo local.

El Parlamento también señaló que la iniciativa carece de medidas concretas para combatir la minería ilegal, problema que requiere un plan integral de contención y remediación ambiental ordenado por la Sala Constitucional, pero aún pendiente de cumplimiento.

Finalmente, la institución enfatizó que abrir la puerta a la minería a cielo abierto en un contexto de debilitamiento institucional y creciente presencia del crimen organizado solo aumentaría la corrupción, el lavado de dinero y las desigualdades, en lugar de generar bienestar duradero.

El Parlamento Cívico Ambiental insta a la Asamblea Legislativa a archivar el proyecto y a priorizar alternativas económicas no extractivas, como el turismo sostenible, la bioeconomía y otras actividades compatibles con la protección de los recursos naturales.

Alianza Siembra Futuro promoverá soluciones sostenibles para Crucitas

Escrito en 21/07/2025. Publicado en Madre Tierra.

Comunicado

Las organizaciones APREFLOLFAS, UNOVIDA y el Parlamento Cívico Ambiental se unen hoy a las organizaciones jóvenes Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica, Red de Jóvenes por el Agua, Capítulo de Costa Rica, Movimiento Laudato Si´y Fundación Operation Rich Coast, conformando una alianza que enfoca sus esfuerzos en la promoción de soluciones verdaderamente sostenibles para el futuro de Crucitas, en la región norte de Costa Rica.

Esta alianza surge como respuesta a los esfuerzos de las diputaciones de varios partidos políticos en la Comisión de la Provincia de Alajuela en la Asamblea Legislativa por impulsar un texto sustitutivo del Proyecto de Ley 24717 que pretende reformar el Código de Minería para permitir la minería metálica a cielo abierto en el distrito de Cutris, San Carlos. Esta iniciativa fue promovida inicialmente por el Poder Ejecutivo.

En el acto se busca presentar un esfuerzo común de la sociedad civil para atender este tema que aglutina ya a casi 50 organizaciones del sector ambiental y combina ONGs, universidades, empresas, colectivos, organizaciones de juventud y de base espiritual.

Parten estas organizaciones de una posición común de que la minería a cielo abierto implica riesgos ambientales y sociales irreversibles. Décadas de evidencia científica, jurídica y económica —tanto a nivel nacional como internacional— demuestran que este tipo de minería provoca deforestación masiva, contaminación de fuentes de agua, pérdida de biodiversidad y daños duraderos a las comunidades locales. Reiteran que legalizar la minería a cielo abierto en Crucitas contradice los principios ambientales que históricamente han distinguido a Costa Rica, así como los derechos constitucionales y la jurisprudencia vigente que ampara los principios de no regresividad, prevención y objetividad científica en la toma de decisiones ambientales.

En contraste, reconocen que iniciativas como el Expediente Nº 24.675 son una alternativa viable y visionaria. Proponen la creación de un Polo de Desarrollo Sostenible en la región Huetar Norte, con un enfoque en la restauración ambiental, el emprendimiento comunitario, el ecoturismo y la innovación en la gestión de recursos naturales. El proyecto plantea un plan integral con mecanismos de sostenibilidad financiera, formación técnica y articulación institucional. Estos esfuerzos incluyen un novedoso sistema de capitalización mediante la digitalización de los activos ambientales en el subsuelo sin necesidad de extraerlos, como fuente de recursos económicos.

Reiteran las organizaciones el llamado lanzado por el Parlamento Cívico Ambiental en el sentido de que:

“La verdadera riqueza de Crucitas no está en el oro enterrado, sino en sus ecosistemas vivos y en el potencial de una economía regenerativa que valore la naturaleza, la comunidad y las futuras generaciones. Se hace un llamado a todos los miembros de la Asamblea Legislativa, medios de comunicación y sociedad civil a mantenerse vigilantes y unidos en la defensa del patrimonio ecológico de Costa Rica y en la promoción de un desarrollo verdaderamente sostenible.”

San José, Costa Rica – 21 de julio de 2025

Sociedad civil rechaza propuesta de minería a cielo abierto en Crucitas y respalda alternativa de desarrollo sostenible

Escrito en 28/05/2025. Publicado en Madre Tierra.

Comunicado

San José, Costa Rica – 28 de mayo de 2025

El Parlamento Cívico Ambiental ha emitido tres pronunciamientos oficiales respecto a iniciativas legislativas que buscan definir el futuro de Crucitas, en la región norte de Costa Rica. La organización rechaza categóricamente los proyectos bajo los expedientes Nº 24.717 y 24.577, que pretenden reformar el Código de Minería para permitir la minería metálica a cielo abierto en el distrito de Cutris, San Carlos. Al mismo tiempo, manifiesta su apoyo firme al Expediente Nº 24.675, que promueve un modelo de recuperación sostenible y desarrollo regional.

El PCA, que representa a diversos sectores ambientales y ciudadanos, argumenta que la minería a cielo abierto implica riesgos ambientales y sociales irreversibles. Décadas de evidencia científica, jurídica y económica —tanto a nivel nacional como internacional— demuestran que este tipo de minería provoca deforestación masiva, contaminación de fuentes de agua, pérdida de biodiversidad y daños duraderos a las comunidades locales. Los proyectos propuestos implicarían la destrucción de los cerros Fortuna y Botija, la formación de lagunas de relaves y un impacto severo sobre acuíferos y ecosistemas en una región de selva tropical húmeda.

El Parlamento advierte que legalizar la minería a cielo abierto en Crucitas contradice los principios ambientales que históricamente han distinguido a Costa Rica, así como los derechos constitucionales y la jurisprudencia vigente que ampara los principios de no regresividad, prevención y objetividad científica en la toma de decisiones ambientales.

Además, el PCA subraya que el esquema de regalías propuesto en el Expediente 24.717 apenas destina el 1% del valor bruto de las ventas a la región de San Carlos, mientras traslada al Estado la responsabilidad de remediación ambiental, lo que genera serias dudas sobre la fiscalización y la transparencia del proceso. En el caso del 24.577 omite por completo hablar el tema de los “Royalties”. No se refiere a cuál porcentaje de Royalties se les cobraría a los posibles concesionarios, cómo se distribuiría ese porcentaje, etc. Propone tener efectos en materia de pensiones del régimen no contributivo, pero en realidad no presenta un análisis riguroso de este aspecto y es engañoso al no generar beneficios concretos y suficientes para las comunidades de Cutris.

En contraste, el Expediente Nº 24.675 es reconocido como una alternativa viable y visionaria. Este propone la creación de un Polo de Desarrollo Sostenible en la región Huetar Norte, con un enfoque en la restauración ambiental, el emprendimiento comunitario, el ecoturismo y la innovación en la gestión de recursos naturales. El proyecto plantea un plan integral con mecanismos de sostenibilidad financiera, formación técnica y articulación institucional.

La Comisión de Energía y Minas del parlamento señaló “la distinción entre los dos enfoques es clara, por un lado, una visión que abandona las políticas de Estado del país y quiere convencer a la opinión pública recurriendo a aparentes beneficios monetarios que al final ni son para las comunidades, ni son suficientes para compensar las pérdidas económicas, sociales y ambientales, por el otro, un enfoque novedoso, integralmente ganador y en la mejor de las tradiciones de soluciones sostenibles pioneras que ha caracterizado al país en los últimos 30 años”.

El PCA enfatiza la importancia de mantener el liderazgo internacional de Costa Rica en protección ambiental, y de alinear las políticas nacionales con los compromisos globales en sostenibilidad y resiliencia climática.

Como se señala en los acuerdos oficiales:

Demandas clave del PCA:

Archivado inmediato los Expedientes Nº 24.717 y 24.577.
Apoyo legislativo y ciudadano al Expediente Nº 24.675.
Respeto irrestricto a la jurisprudencia ambiental y a los principios constitucionales.
Fiscalización y transparencia absoluta en cualquier actividad económica en Crucitas.
Compromiso con modelos de desarrollo sostenible y basados en la comunidad.

El Parlamento Cívico Ambiental hace un llamado a todos los miembros de la Asamblea Legislativa, medios de comunicación y sociedad civil a mantenerse vigilantes y unidos en la defensa del patrimonio ecológico de Costa Rica y en la promoción de un desarrollo verdaderamente sostenible.