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Etiqueta: debate electoral

Segunda Ronda: Más Desencanto

Álvaro Vega Sánchez

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

El debate público de los candidatos se ha decantado por una suerte de descalificaciones mutuas, que no hace otra cosa que develarlos en su falta de mesura y ecuanimidad, pero más que eso en su desesperación por acceder a la silla presidencial, a cualquier precio (y de verdad que el precio cuenta).

Ninguno de los dos candidatos ha dado señales convincentes de estar pensando en los graves problemas de la patria, aunque reiteren en las cifras de hambre, pobreza y desigualdad. Su mensaje no cala profundo, es opaco. Por más altisonante, no llega a tocar las fibras del alma costarricense. Y cuando la palabra pierde su sabor, es como la comida que se muestra apetitosa pero no pasa la prueba del paladar. Es por esa sensación, que al parecer estamos ante un déficit significativo de candidaturas inspiradoras y esperanzadoras, para asumir los retos y desafíos de las Costa Rica postpandémica: económicamente golpeada, socialmente polarizada y humanamente cansada.

Para encarar tamaño desafío requerimos más que experiencia política o actitud y voluntad disruptiva, que son las banderas que ondean hoy los candidatos. Estamos urgidos de liderazgos dispuestos a sentarse reposadamente a la mesa del diálogo ciudadano y buscar acuerdos con todos los sectores de un país donde todavía hay reservas de sentido patriótico, buena voluntad para acoger las mejores ideas y solidaridad para caminar la segunda milla, que pueda aliviar las dolencias de tanta gente sin trabajo y endeudada.

No avizoramos esas cualidades en quienes hoy nos ofrecen sacar a Costa Rica del atolladero. Y quizá, lo más realista sea aceptar que vamos hacia una profundización de los álgidos problemas del empobrecimiento, la desigualdad y la polarización social. Una senda que dejó marcada el gobierno del señor Carlos Alvarado. En este sentido, los próximos cuatro años de gobierno vendrían a ser como un segundo tiempo del partido, incluso más caldeado que el primero. En todo caso, una copa amarga que habrá que tomar, para transitar, esperamos, hacia mejores tiempos.

La segunda reforma social que amerita el país tiene que transitar hacia una política económica postneoliberal. No hay vuelta de hoja, está más que probado que ahí reside el problema sustantivo por el cual no avanzamos en equidad, igualdad y solidaridad. Ese es el cambio profundo, y no el cosmético que ofrecen ambos candidatos, con recetas dictadas por los organismos financieros internacionales, que son las que nos han conducido a donde estamos. Ninguno de los dos candidatos se desmarca.

Por lo tanto, una ciudadanía despierta, crítica y constructiva es más urgente hoy que nunca. Despierta para no dejarse obnubilar por promesas mesiánicas, que solo buscan endulzar a los incautos y al final conducirlos como mansas ovejas para ser trasquiladas. Crítica, para demandar acciones concretas, que garanticen el respeto a los derechos humanos, especialmente de aquellos sectores que han sido más desprotegidos, marginados, discriminados y excluidos. No podemos permitir que se continúen pisoteando los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres que siguen siendo víctimas de una sociedad machista y patriarcal, de la niñez desprotegida, de las personas con limitaciones funcionales, de las madres solteras jefas de hogar, de las personas adultas mayores, etc. Y constructiva, para contribuir con trabajo honesto y solidaridad efectiva a superar las injustas desigualdades que han devaluado cualitativamente a un país que se ha preciado de ser adalid del bienestar social y del desarrollo humano en América Latina.

Costa Rica se merece algo mejor, y no se trata de aspirar al reino de Dios en la tierra. Mucho cuidado, como dijo un teólogo, a propósito de la inquisición, “quienes pretendieron crear el reino de Dios en la tierra terminaron por convertirla en un infierno”. Y este es el derrotero de los fundamentalismos, tanto religiosos como seculares, de los que también tenemos que desmarcarnos, cuanto antes. Algo que tampoco se vislumbra en el escenario actual, todo lo contrario.

Urrú

Luis Fernando Astorga Gatjens

En el diccionario de costarriqueñismos de Carlos Gagini aparece el vocablo «urrú» con las acepciones de podrido, carcomido y apolillado. Se utiliza este calificativo para definir la condición de un árbol, que ya sea por la edad o por que le atacó una plaga, está podrido. Así aunque en muchas ocasiones el tronco todavía luce bien y conserva su corteza, su parte interna está descompuesta mientras bacterias, hongos e insectos hacen de las suyas.

Valga este símil para caracterizar al Estado y algunos estamentos de la sociedad costarricense, en este lóbrego bicentenario, por su profundo deterioro ético y moral, que se manifiesta en los múltiples actos de corrupción que involucran tanto a actores públicos como privados.

Lo que se ha estado dando a conocer a través de las declaraciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), forma parte de un cadena de actos y procesos, que con certeza no muestra toda la dimensión de la corrupción en el país. Cochinilla, Azteca y Diamante son manifestaciones de una grave enfermedad –económica, política y social– que expresan el alcance de un fenómeno estructural.

Es seguro que emergerán más escándalos de corrupción ya sea en las municipalidades como otras entidades públicas, donde funcionarios corruptos se ponen de acuerdo con agentes privados, para obtener pingües ganancias. Se trata de perniciosas sociedades donde el corrupto y el corruptor le roban al erario público, de manera inescrupulosa.

El daño que ocasionan las acciones de corrupción son enormes tanto en el campo económico como en la lógica desconfianza que generan en el pueblo y que lo hacen concluir que no existe honradez ni probidad en las acciones y responsabilidades de los funcionarios públicos.

La podredumbre del Estado en materia de corrupción nos viene de lejos: Caja-Fischel, Alcatel, la Trocha, el Cementazo… Pero también es corrupción –como muy bien lo manifestó recientemente el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en la ONU– el esconder las riquezas en paraísos fiscales (como lo muestran los Papeles de Panamá y los de Pandora), para evitar las responsabilidades fiscales, éticas y sociales, del pago de impuestos.

Mediante las distintas formas de corrupción, los funcionarios públicos corruptos y los corruptores privados han venido saqueando las finanzas del Estado en cifras que ya suman muchos ceros. Se trata de millones de colones y dólares que han encarecido obras públicas, las han atrasado, han afectado su calidad y el tiempo razonable de utilidad, han afectado programas sociales; entre otros perjuicios ocasionados. O dicho de otro modo: Han venido atrasando el desarrollo nacional y erosionado la democracia como un cáncer que hace metástasis tanto en el tronco como en distintas ramas del Estado costarricense.

La corrupción es una manifestación del egoísmo humano que se orienta por la premisa de primero yo, después yo y por último yo. La corrupción posibilita obtener dinero y riquezas, con facilidad y sin que lo que se obtiene sea fruto del esfuerzo y el trabajo productivo. Son acciones ilícitas que son contrarias a la solidaridad y a la responsabilidad social inspirada en el bien común.

En el presente, la corrupción en sus múltiples manifestaciones que tocan la estructura medular del Estado y la sociedad, son la expresión de la prevalencia de una doctrina económica y social, en la que se ha exacerbado el individualismo como nunca antes. El “sálvese quien pueda» que orienta el neo-liberalismo ha creado las condiciones idóneas para que se multipliquen los actos de corrupción, pequeños, medianos, grandes y gigantes. 

Este aserto no significa que en el pasado no se hubieran dado actos de corrupción. Ahí donde se junta poder político, ambición individualista y posibilidades de dinero fácil, puede aparecer el acto de corrupción. Pero se manifestaban como acciones aisladas. Mientras tanto en el presente neo-liberal son tan numerosas y sistémicas, que el urrú es la condición dominante del árbol estatal del país.

La pregunta que surge es cómo combatir esta grave enfermedad que daña al Estado de Derecho y la democracia costarricense. 

En primera instancia, es encomiar la labor de la Fiscalía Anti-Corrupción y el OIJ es sus labores escarmenadoras. Es seguro que tendrán mucho trabajo por delante.

Lo otro es el escarnio público y el repudio social a los corruptos. Obviamente que debe existir respeto ante el debido proceso; sin embargo, cuando el cinismo y el engaño salen de la boca de los corruptos y sus defensores de oficio, el rechazo social por el daño ocasionado debe emerger de inmediato.

La lucha contra la corrupción debe asimismo contar como antídoto con el fortalecimiento de las responsabilidades y labores de fiscalización en la administración de los recursos públicos y en la rendición de cuentas de las distintas instituciones, sean del gobierno central, entidades autónomas, Asamblea Legislativa y Poder Judicial. Del mismo modo es necesario generar normas que permitan la confiscación de bienes de actores privados que se han enriquecido, de manera ilícita, con recursos públicos.

Esta lucha debe contar con un frente estratégico que es hacer efectiva la democracia participativa –como lo establece el artículo 9 de la Constitución– para que el pueblo costarricense, se convierta en el mejor vigilante del mejor manejo de los recursos públicos.

Los recientes escándalos de corrupción y los que le precedieron obligan a situar este tema en el debate electoral. Muchos candidatos han sido salpicados de muchas maneras y quieren quitarse el lodo con frases efectistas y prefabricadas. Es necesario dar un seguimiento riguroso y atento a sus respuestas. Es un deber cívico aplicar el voto-castigo a los candidatos corruptos así como el voto-premio a quienes tienen techo de acero y una trayectoria limpia.

Cabe aquí recordar y hacer efectiva esta frase lapidaria, en nuestra lucha permanente contra la corrupción, del prócer José Martí: «Quien presencia un crimen en silencio, lo comete».

(18 de noviembre, 2021)

El debate pendiente de las elecciones de 2022

Luis Fernando Astorga Gatjens

Es ya un lugar común decir que estas próximas elecciones serán las más atípicas de la historia, debido a una serie de causas y factores combinados. Observémoslos:

  • Se dan en medio de una pandemia que se ha convertido en un factor agravante de una crisis multidimensional, que el país ha venido acumulando a lo largo de varios lustros.
  • Se realizarán convocando a un electorado numerosamente apático que no ve un futuro claro y que ha acumulado la frustración de las promesas incumplidas por los gobernantes, ya sea desde Zapote o Cuesta de Moras.
  • Se desarrollarán con la mayor oferta de candidaturas a la presidencia y a diputados que registra la historia; lo que obliga al TSE a imprimir papeletas tan nutridas en nombres de partidos y colores de banderas, que muchos electores terminarán confundidos y empachados.
  • La atipicidad se muestra asimismo a que al llegar el 15 de noviembre (fecha en que escribo este artículo), la frialdad es lo que domina a sus anchas el escenario electoral. Pareciera que no estuvieran en el calendario nacional las que quizás deberían ser las más importantes elecciones en varias décadas.

Mientras tanto, el debate general que se expresa a través de los diversos escarceos e intercambios entre candidatos presidenciales, ya desarrollados o los que se avizoran para las próximas semanas, no tocan los temas que deben ser los más relevantes y claves de cara a las elecciones del año 2022: La gravedad y alcance de la crisis multi-dimensional, el deterioro del Estado Social de Derecho, sus causas reales y las propuestas de solución.

Emergen como grandes temas tópicos que, aun siendo importantes o de valor político, no pueden ser los que marquen el debate electoral. Muchos de ellos giran alrededor de las pifias y torpezas del gobierno de Carlos Alvarado; como por ejemplo la imposición vertical del código QR o la inclusión de preguntas impertinentes en las pruebas FARO.

Que se discuta alrededor de las acciones y omisiones de un gobierno desprestigiado y con la brújula hace tiempo extraviada, evidencia que el debate electoral sigue siendo tangencial; le hace falta profundidad y calado.

Un primer acercamiento a la causa de tal desenfoque se podría explicar por el hecho de que la profusa oferta de candidatos esté marcada por ambiciones personalistas con poco que ofrecer en propuestas programáticas. Cuando el país está urgido de estadistas lo que domina la escena son candidatos sin hondura de pensamiento y con trayectorias políticas y currículos que apenas les alcanzan para dirigir pequeñas instituciones públicas y algunos, ni para eso.

Sin embargo, tal perspectiva –aunque válida– no toca las causas más profundas de la superficialidad y aridez del debate político de cara a las elecciones de 2022. La crisis económica y social, previa a la pandemia, es la crisis de un modelo que fracasó, el modelo neoliberal que empezó a expresarse en la década de los ochenta del sigo anterior y que siguió con una zigzagueante agenda de declinación hasta el presente.

Lo que debía estar en el centro del debate es, ni más ni menos, el fracaso del modelo neoliberal que sustituyó los logros alcanzados por el Estado Social de Derecho, que Costa Rica construyó a partir de los años cuarenta del siglo XX, por números que muestran los alcances de una crisis multi-dimensional, que fija un horizonte sombrío al país si no se da el urgente cambio de rumbo requerido.

Tenemos por delante una grave situación de recaudación fiscal, con perdón de deudas a grandes “contribuyentes”, con cifras enormes en evasión y elusión fiscal, con grandes fortunas escondidas en paraísos fiscales como lo muestran los papeles de Panamá y de Pandora.

Enfrentamos sucesivos escándalos de corrupción que asocian delictivamente a empresarios privados y funcionarios públicos, que privan a las finanzas públicas de cuantiosas cifras. La “cochinilla” y el más reciente que involucra a varios alcaldes (“caso diamante”), son tan solo la punta del iceberg de casos de corrupción que, con certeza, todavía permanecen ocultos.

La crisis que amenaza a las finanzas de la CCSS –como lo demostró la comisión legislativa en su investigación–, no asegura el mejor porvenir al sistema de salud pública, que es un componente fundamental del erosionado Estado Social de Derecho y que ha sido positivamente determinante en el combate a la Covid-19.

Una educación pública en grave crisis, que lo que hace la pandemia es mostrarla en una dimensión que raya en el desastre y en la severa incompetencia de las autoridades educativas.

Un desempleo superior al 15 %, una de las tasas de desempleo juvenil más elevado de América Latina y una informalidad creciente, que esconde el enorme subempleo que enfrenta el país, son causas coadyuvantes de una pobreza que afecta a más de la cuarta parte de la población nacional.

Unas cifras de desigualdad social que involucionaron desde finales del siglo anterior hasta convertir a Costa Rica en el octavo país más desigual del mundo.

Este panorama desolador –económico y social—muestra al mismo tiempo la aguda crisis que enfrenta el país y nuestra sociedad, que ha sido agravada por la pandemia (nunca causada) y el fracaso de la propuesta neoliberal, a la que han echado mano sucesivos gobiernos del PLN, PUSC y PAC, y diputados de esos partidos y de otras facciones legislativas.

En otros países de la región se ha venido cuestionando el neoliberalismo como un sistema fracasado que ha servido para concentrar la riqueza, incrementar la desigualdad social y depredar el ambiente, pero aquí este cuestionamiento es casi inexistente. Incluso, para no ir más lejos, los rectores de las universidades públicas cuando visualizan a la Costa Rica del año 2050, no lo señalan como causa sustancial de los problemas que enfrenta el país. El cálculo político deriva en timidez conceptual.

Así las cosas, el debate político en Costa Rica sigue encapsulado en una pecera. Y eso se debe –en gran medida– a que los causantes y cómplices del fracaso neoliberal y, la subsecuente, erosión del Estado Social de Derecho, no van a ser autocríticos en sus errores y menos aún, cuando son directos beneficiarios de tales políticas. Tampoco la plutocracia va ser la propiciadora de ese imprescindible debate. Nunca ha sido patriótica y menos lo va a ser ahora. Sus medios informativos (impresos, televisivos, radiales y digitales) que han venido adormeciendo y distrayendo a la ciudadanía de mil maneras, no lo van a generar. Seguirán con los mismos juegos de distracción.

El debate político que debe darse no vendrá desde arriba. Tendrá que venir desde abajo, desde la indignación ciudadana que llegará el momento en que dejará de comer cuento y se movilizará exigiendo el cambio hacia un impostergable Estado Social y Ecológico de Derecho.

(15 de noviembre, 2021)

APORTE A UN ANÁLISIS DEL PASADO DEBATE ELECTORAL

Carlos Meneses Reyes

Un evento político como el desarrollo de las pasadas elecciones del 27 de octubre de 2019 en Colombia, contribuye al análisis de la situación política concreta del país, sin que signifique sea el derrotero electoral el determinante para identificar la situación política nacional y del movimiento popular en Colombia.

Con esfuerzo de concentración aspiro no desviarme del objeto del presente artículo al destacar el civilizado comportamiento de las fuerzas insurgentes (ELN, EPL, Nuevas Farc-ep) en torno al desarrollo del cuestionado debate electoral en Colombia. Por primera vez, en varias fechas electorales, no rigió un cese al fuego unilateral y pese a ello no imperó el saboteo y primo la permisividad al libre ejercicio del derecho ciudadano a acudir a las urnas.

Tema aparte corresponde al analizar el toque a fondo de un sistema electoral corrupto en contrario a la sana práctica de la política, expresado en los registros de violencia salvaje inter partidaria que caracterizo el evento electoral y el significativo rechazo al sistema de escrutinios que mantiene en vilo la tranquilidad ciudadana en varios municipios del país, precisamente porque a algunos no les salieron las cuentas de inversión y de derroche de dinero para el logro de sus aspiraciones. Dejo así, no sin la mofa de que “el día de la quema se ve el humo”.

La metodología para abordar el tema bifurca consideraciones como la de incidencia de los resultados electorales en el viraje gubernamental de un gobierno caracterizado por la improvisación, el desgobierno, la falta de caracterización y capacidad del gobernante de turno y por ende imprimir un timonazo de desgobierno, en el sentido de perturbar el mal orden de gobierno imprimido o con caracterizada impresión de descalificación en variados aspectos. Otro, el definir una línea de acción del movimiento popular colombiano consecuencial a la búsqueda de la solución a los grandes males que aquejan a la población. Así planteado, no está al orden del día la toma del Poder Popular como la eficacia de aplicaciones dinámicas en la equivalencia de fuerzas políticas en el escenario nacional, para salir avante, tanto en la búsqueda de la solución política al conflicto armado interno colombiano; como la sintonía con la tendencia pos capitalista y de manejo alternativo al cambio del modelo económico neo liberal, acorde con la nueva ola de tendencia progresista que cabalga en Latinoamérica.

CONTRIBUCIÓN DESDE UNA CULTURA DEMOCRATICA

Para proceder a conocer el resultado de lo actual conviene el recuento de cuál fue el cálculo que impuso la hegemonía en el manejo del Estado colombiano, luego del fracaso del experimento contra insurgente paramilitar.

El impulso personalizado en un sujeto de extracción del campesinado rico, en dos periodos presidenciales consecutivos que plasmó una década de horrible noche de Terrorismo de Estado, dio paso a un cambio de “política de encerrona” de la rancia oligarquía y el predominio de la tendencia socialdemócrata (que con beneficio de inventario aceptemos como de Centro), para la búsqueda de una salida política al conflicto armado interno colombiano. La filosofía de esa “tendencia” fue de gatopardismo: “anunciar que todo cambia, para que nada cambie”. Los dos periodos de Juan Manuel Santos, convergieron en los Acuerdos de La Habana y el Teatro San Carlos, logrando – que no la paz- sí un fin del conflicto armado con la insurgencia de las Farc- ep y su desmovilización y entrega de armas “a cambio de nada”. En interés de confluencia nacional e internacional tanto el imperio vio y apoyó una salida bajo la sustitución de cultivos con base realista de ataque a los cultivos de coca y golpe a la producción de cocaína. Se manifestó el entusiasmo de la Banca internacional. El ansia desmedido de los intereses inversionistas extranjeros con fauces de invasores. Se plasmó todo un programa mínimo de alcances democrático populares…hasta que llegó el cálculo de tahúr y el abrazo de oso, del concebido referendo por la paz que dio triunfo al NO y la subsecuente echada por la borda de los Acuerdos de La Habana hecho trizas. La no implementación de los Acuerdos con la aplicación de la “enredadera jurídica” con la quinta columna en ejercicio del poder legislativo y judicial, que sin haber sido Delegados Plenipotenciarios de lo firmado, se dieron a la tarea de sembrar la confusión, quitando la naturaleza y esencia de lo firmado y con una práctica de malas artes leguleyas, hacen transito al despojo de lo esperanzadamente logrado.

 Recalco con alusión a lo referenciado, por la caracterización de ser un acto electoral como el llamado plebiscito refrendatorio, bajo el imperio de un sistema electoral amañado, el que cambio- desde entonces- la tendencia política de “Centro” a una de derecha militarista y guerrerista contra insurgente, expresado en el Bloque de Poder Hegemónico de Derecha Contrainsugente y retomando lo enunciado, concluir que es nuevamente un “acto electoral” ( el del 27 de octubre) el que redirecciona la política de derecha militarista de la hegemonía oligárquica en el poder a una con asomo de Derecha a secas.

Lo anterior significa que en Colombia todos esos matices de centro-derecha, centro-izquierda, son una entelequia o sofisma de distracción. Lo irreal relevante radica como método de clasificación de dos partes que constituyen la base de las leyes de los contrarios en la definición de los dos caracteres concretos: la derecha o la izquierda, en política. El resto de matices y sub matices de predominio o no, es metodología que se aplica en el entorno explicativo de lo mecánico electoral del Establecimiento.

Es decir, presentan dizque un “nuevo” mapa político con estos un poco más a la izquierda, aquellos más cerquita de la derecha, esos otros al centro derecha (!) y los del centro izquierda, casi se tocan etc, etc.

De manera que al aceptar o calificar que las elecciones pasadas del 27 de octubre constituyen un punto de inflexión, corresponde caracterizarlo como retroceso a la salida guerrerista, de terrorismo estatal, encarnado en el Uribismo, sí; pero no por ello exento el predominio de una tendencia en hegemonía de derecha contrainsurgente. Forma esta de salvaguardar el estado de cosas. En estos términos no hay un triunfo democrático de viraje de caracterización de una nueva política de Estado. Esta será un logro conquistable.

No hay derecha moderada, solo a secas derecha. El hecho político sucedido por el resultado electoral derrota la tendencia militarista, guerrerista y de aplicación de Terrorismo de Estado para policial. Pero queda intacta, casi sin modificación la tendencia de derecha contrainsurgente que subsume todo el problema del conflicto interno. En ello está el quid de la salida política al conflicto armado, político, económico, social y ecológico, colombiano.

Obvio que existen fuerzas o tendencias democráticas, progresistas, socialdemócratas liberales, cuya razón de ser es enfilar a una posición de izquierda. No de Centro, que repito es una entelequia. Pero en Colombia, desde el siglo próximo pasado, no resultan consecuentes con esa concepción y al enfilar con la hegemonía de derecha, colocan a las vanguardias políticas del movimiento popular, partido comunista colombiano (PCC), marxistas-leninistas, socialistas y a la izquierda legal revolucionaria, a la cola del Progresismo. Ahora lo del Progresismo podrá ser anatema para la derecha confesonaria pero no para el movimiento popular. Pero corresponde decantar al Progresismo y los programas Alternativos.

La hegemonía de derecha impera al aglutinar las fuerzas tradicionales liberales, conservadoras, de partidos nuevos, por lo general regidos por caciques caudillistas locales y de proyección nacional. Los matices citados no operan en escenarios diferenciados. Aglutinan dentro del juego de los poderes mafiosos y narco paramilitares. No existe causa que los diferencie de los otros. Argüir por ejemplo que la posición de Galán, siendo “liberal” es de centro derecha, busca y pretende ocultar la tendencia de derechización. Eso de que no es progresista; pero tampoco extremista: para que tantas cabalas.

Desde el triunfo del NO la tendencia retomo como de derecha. Un partido fascista impuso la hegemonía y a ellos se unieron acólitos, como dependientes. Luego del triunfo con un partido de poder fascista, hoy duramente golpeado, consolidó lo académicamente denominado Bloque Hegemónico de Poder de Derecha Contrainsurgente. A ese Bloque contribuyó precisamente el que no triunfara en la elección presidencial pasada el Progresismo y por ende confluyeron a ese Bloque todos esos matices descalificados. Sin temor a equivocarnos y como referencia gráfica hacen parte actualmente de ese Bloque: los partidos Centro Democrático.CD, Liberal, Conservador, de la U, Cambio Radical, las iglesias evangélicas, y otros grupúsculos denominados partidos menores, El Polo Alternativo- salvo sus bases conscientes- los Verdes-salvo sus bases conscientes y el sin número de matices, tendencias, en el cotorro político de imposturas conscientes. Desde ya visora el lente para la suerte de una política Alternativa triunfante al decaído neoliberalismo, como modelo económico.

De esa manera aportemos para lograr el análisis concreto de la situación concreta, del espectro político colombiano, que es la inmodificable regla metodológica que nutre el materialismo dialecto en cuanto conocimiento y devenir de la realidad del Estado colombiano.

CRONOGRAFIA ELECTORAL

Para un mejor entendimiento del escenario electoral colombiano destaco aspectos relevantes que se dieron.

Los analistas no coinciden que hayan sido las elecciones más seguras transcurridas en el país.

La constante fue los disparos, ataques, amenazas a candidatos, crímenes en el entorno, asesinatos contra aspirantes resaltando las rencillas y odios internos partidistas como manifestación expresa de decadencia de una política libre de violencia.

Para el Centro de estudios en Seguridad y Paz: “Esta campaña mostró que sigue habiendo violencia política en el país, se demostró que no solo era por la guerrilla que había violencia sino por las mismas estructuras y caciques políticos”.

En plena campaña electoral se escapa la ex senadora Aida Merlano, condenada por fraude electoral a 15 años de prisión. El Procurador General de la Nación expresa: «Detrás de la fuga de Aida Merlano existe una empresa criminal electoral». La periodista Jimena Dussan, acota: «así está la política en Colombia. Convertida en un ejercicio feudal, con un claro talante mafioso».

Como se vio en las pasadas elecciones presidenciales de 2018, fue marcado el predominio de los clanes políticos regionales en estas elecciones.

A nivel nacional los analistas debieran decantar el concepto de Carteles políticos y no el de Clanes en el predominio de las regiones. Esto por cuanto que la denominación CARTEL Político, compagina todos los elementos requeridos para su denominación. Converge, en la práctica, en un convenio de intereses tanto económicos como delictivos en el marco de un ejercicio político. Como tal el Cartel Político monopoliza el control de la política a nivel regional y de áreas metropolitanas y hasta departamentales y condicionan el destino de los cargos públicos de elección y en tal sentido fijan las condiciones y controles de la Administración como si se tratare del reparto de un determinado producto. Así no podrán alegar “que no existen pruebas suficientes”.

En particular ejercicio investigue en la definición y conocimiento del Cartel de Atalaya, en el Norte de Santander, en el artículo de “Entretelones en la Intromisión del Cartel de Atalaya en la Elección del Alcalde de Ocaña”. Allí aplicaron una “disidencia táctica” entre dos candidatos que la conducción mediática y de encuestas señalaron como los mas opcionados. Fueron dos caras de la misma moneda y aseguraron la inversión de miles de millones de pesos en ambas campañas. La inversión quedó asegurada.

En las huestes del partido Conservador en el Departamento de Norte de Santander da grima el saber que dos candidatos en sendos municipios presentaron, copiado, idéntico programa de gobierno, en un insulto de desazón y mal gusto a las aspiraciones del electorado.

Llama la atención la clase de juego o jugarreta ocurrida en el Departamento de Sucre tras la jugada entre Carteles políticos para atajar al candidato Yahir Acuña, de la misma camada narcoparamilitar, caído en desgracia, con arraigo en varios municipios como Tolu y Majagual, sacrificando el uno la candidatura para la gobernación y lograr que el candidato del partido Liberal Héctor Olimpo Espinosa llegara triunfante.

En Santander destacó la noticia de los mil millones de pesos (US$300.000 dólares) que el Partido Conservador recibió o cobro para dar el aval para la gobernación al candidato de apellido Anaya. A la larga resultó perdedor y la picaresca popular hace cabalas sobre cuantos miles de millones de pesos invirtió el Cartel Aguilar para que su candidato resultare electo.

Reaparece el genocidio político contra la Unión Patriótica (UP). En medio del proceso electoral en Bogotá. DC, el día 11 de octubre en horas de la madrugada fue atacada con disparos y una bomba incendiaria la sede del Comité Central del Partido Comunista Colombiano (PCC). Lugar que es compartido con el Partido Unión Patriótica (UP). Seguidamente la sede del Partido Farc, resultado de los Acuerdos de La Habana, también fue objeto de sabotaje. Destruido su emblema de la Flor Roja. Los atacantes dejaron una hoja de papel con la palabra “Regresamos” y una calavera. Pese a la cercanía de sedes policiales, no hubo detenidos, ni acumulado probatorio alguno.

Lo corrupto del sistema político y electoral en Colombia deja un sin sabor y descontento aun cerradas las elecciones. El proceso de escrutinios ha sido duramente criticado y expuesto en picota pública. En distintos municipios a lo largo y ancho del país han sucedido hechos de alteración del orden público, que han desembocado en asonadas. La población ha protestado por las formas confusa, variables inusitadas y sorprendente en el conteo de votos a candidatos. Presiones indebidas de administraciones municipales en el favorecimiento a determinados candidatos, son algunas de las manifestaciones que han puesto en vilo la credibilidad y legitimidad del proceso electoral.

Por lo anterior, no se compadece un análisis de respuesta objetiva a los resultados electorales, en cuanto a las implicaciones, de conjunto, que tengan sobre el partido perdedor de la jornada, que lo es el Centro Democrático (CD). Tampoco sobre las incidencias sobre el sub gobierno títere de Duque. Eso dejemos los para otros cojonudos expertos, ellos sí en las elucubraciones de la mecánica electorera…

Téngase lo anterior como muestra del corrupto sistema electoral colombiano. Sí, ese mismo que el Estado colombiano no reforma como implementación a los acuerdos de La Habana con las desmovilizadas Farc.

El recién fallecido cuadro de la oligarquía colombiana Guilermo Perry (q.e,p.d) señaló que “resulta clave hacer la reforma política a la que nos comprometimos en el acuerdo de paz”.

Dejemos así, “por ahora”.

 

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