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Etiqueta: debilitamiento institucional

De la dominación discreta al control personalista del Estado

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales-Gamboa (*)

¿Estamos pasando en Costa Rica de un modelo de democracia institucionalizada a una autocracia centroamericana más?

Más allá de la evidente fragmentación partidaria que vuelve casi indescifrable el actual proceso electoral en Costa Rica, en estas elecciones parecen estar en juego dos modelos de desarrollo sociopolítico: por una parte, un sistema históricamente organizado en torno a reglas, mediaciones institucionales y equilibrios discretos; por otra, un régimen de captura personalista del Estado.

Semanas antes de los comicios, esta tensión entre tradición institucional y absolutismo personalista adquiere un matiz particular con la irrupción en ese escenario, ya sin disimulos, de la figura del presidente salvadoreño Nayib Bukele. No se trata de una referencia externa o de un detalle anecdótico, sino de la presencia de un modelo de poder que desafía los fundamentos mismos de la tradición política costarricense, así como la supuesta neutralidad electoral de ciertos actores externos.

El agotamiento del pacto institucional y captura personalista.

En un clima de desgaste institucional y de fatiga ciudadana frente a la política tradicional, han ido ganando terreno discursos que, en nombre de la eficiencia y de una opaca gestión del poder, menosprecian y relativizan el valor del entramado de reglas, mediaciones y contrapesos que durante décadas fueron presentados como virtudes de la democracia costarricense. No es claro si estamos ante una ruptura abierta o frente a un reacomodo gradual —velado, como ha sido históricamente el ejercicio del poder en Costa Rica—, pero en cualquier caso se trata de desplazamientos que no están exentos de riesgos, no solo para el sistema político, sino también para la población, para la disidencia y los movimientos sociales.

Durante años, en los análisis comparativos, Costa Rica apareció como una excepción en Centroamérica. Para amplios sectores de la región, este país encarnaba un modelo de pacifismo, estabilidad institucional, respeto a la voluntad popular y libertades públicas. La democracia costarricense, con todas sus deficiencias, era el modelo a imitar y mejor que los regímenes autoritarios de la región. Más recientemente, sin embargo, gana fuerza la idea de su progresiva “centroamericanización”.

La evidencia que alimenta esta lectura no se limita a la esfera política. Incluye también los procesos de acumulación de capital, la reconfiguración de las élites económicas —con sus tensiones, contradicciones y arreglos—, así como el crecimiento sostenido de la desigualdad social, de la violencia y de la criminalidad. Sin reproducir mecánicamente las trayectorias de los países vecinos, estas dinámicas introducen tensiones nuevas en un sistema que estuvo relativamente acostumbrado a procesar el conflicto de manera institucionalizada. Ese mismo sistema, proveedor de libertades, bienestar y estabilidad, ha entrado en crisis. En este debate no basta con observar a las instituciones en abstracto. Es necesario poner el foco en los actores y en las fuerzas sociales.

Poder y apellidos: élites, Estado y capital en Costa Rica.

Aquí quiero poner el foco en el papel de las élites económicas y políticas. Al igual que en el resto de la región, en Costa Rica los grupos de poder controlan los núcleos estratégicos de la acumulación de ganancias. Esto ocurre en tensión creciente con la función reguladora del Estado, pero también frente al ascenso de culturas políticas y burocráticas que han ido normalizando la corrupción, el chantaje y la opacidad. Los vicios en las institucionales son más la consecuencia de su instrumentalización por las élites políticas y económicas que del aprovechamiento que de ellas hace la población pobre. Aunque los abismos sociales aún no alcanzan las dimensiones observadas en otros países, su tendencia al crecimiento -y la manipulación mesiánica de los excluidos- erosiona los consensos que durante décadas pusieron límites a la politización abierta de la riqueza y del poder.

Más que ofrecer un análisis exhaustivo, me interesa plantear algunas conjeturas sobre hasta qué punto el funcionamiento de las élites costarricenses difiere realmente del de sus pares regionales y, sobre todo, si esa diferencia constituye una posible inmunidad frente a derivas autoritarias presentes o futuras, o si apenas opera como una contención temporal de sus expresiones más visibles. Para ello, resulta útil observar, por ejemplo, el papel que desempeñan —o que no desempeñan— los clanes y las redes familiares en la estructura del poder.

En Costa Rica, el poder, en permanente proceso de ensamblaje, se sostiene sobre un entramado de redes de control, disputas, negociaciones y subordinación, articuladas con los procesos transnacionales y alianzas externas. A diferencia de Honduras o El Salvador, donde la lógica de los clanes familiares beligerantes, ocupa un lugar central en la vida política; de Guatemala, marcada por un cierre oligárquico más rígido; o de Nicaragua, organizada en torno a clanes dinásticos, en Costa Rica el poder no se ha expresado de manera predominante a través de linajes visibles ni de apellidos omnipresentes. Ello no implica la ausencia de redes familiares —que las ha habido y son reconocibles— ni de disputas entre ellas por el poder, sino una modalidad menos dramatizada y más institucionalmente mediada de su ejercicio.

Esta diferencia ayuda a explicar la escasa visibilidad política de familias empresariales que sí son protagonistas en otros países de la región, incluidas algunas de origen extranjero, como las de ascendencia árabe, incluida la familia Bukele. Estos grupos están presentes en la economía y en el mercado costarricense, pero su inserción, hasta ahora, ha seguido un modelo distinto de reproducción del poder, en el que la influencia no ha requerido la captura directa de las instituciones ni la ocupación familiar del campo político. Tradicionalmente, su peso se ha canalizado —de manera pragmática— a través de mediaciones regulatorias, técnicas e institucionales, más que mediante proyectos políticos propios o clanes partidarios. Pero como dice el dicho, “uno nunca sabe…”.

Eso, entre muchos diversos ámbitos, ha sido clave para la atracción de inversión extranjera directa (IED). Costa Rica se ubica como el principal receptor de IED en Centroamérica, con alrededor del 36 al 40 % del total regional. Los capitales han estado dispuestos a someterse a las reglas del juego institucional. El monto de IED que capta Costa Rica equivale, por ejemplo, al 86 % de lo recibido conjuntamente por Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua en 2024.

El Salvador de Bukele -con las maras supuestamente encarceladas- se coloca en el último lugar de atracción de inversiones en la región. En el presente decenio recibió anualmente el equivalente de apenas menos del 15% de la IED obtenida por Costa Rica. A pesar de que los datos no están desagregados de la misma forma, la evidencia muestra que, en cifras absolutas, año a año la inversión en Costa Rica es varias veces superior a la de El Salvador, reflejo de su mayor atractivo estructural para inversionistas extranjeros.

Contrastes similares se observan en la evolución del Producto Interno Bruto (PIB). Ese indicador muestra mayor dinamismo en Costa Rica que en El Salvador, donde ha sido más moderado y volátil. La dependencia estructural de esa economía de las remesas familiares ha continuado siendo el ancla de la política económica de su gobierno. Por tanto, la eficiencia que se nos vende sobre el régimen salvadoreño no necesariamente es prometedora, ni siquiera para el empresariado costarricense menos para el resto de la población.

Aunque no hay mucha precisión sobre los datos del capital invertido en Costa Rica proveniente de empresas centroamericanas, es evidente que capitales de la región utilizan al país como un espacio de resguardo frente a la inseguridad jurídica y política de otros contextos nacionales. Para empresas locales y extranjeras —incluidas las centroamericanas—, el entramado institucional costarricense y el papel mediador del Estado son un activo central. Un cambio sustantivo en las reglas del juego político y quebrar el orden, para darle lugar a una jugada absolutista, podría erosionar, sin remedio, esa ventaja comparativa.

Desde su formación histórica, Costa Rica desarrolló una estructura social menos concentrada que la de sus vecinos. La oligarquía terrateniente, aunque influyente, fue menos cerrada y no estuvo completamente subordinada, durante largos periodos, a una aristocracia exportadora dominante. A ello se sumó, tras la guerra civil de 1948, la consolidación de un Estado social de derecho con reglas relativamente estables, burocracias profesionales y mecanismos de control institucional que limitaron —aunque nunca eliminaron— los intentos de captura personalizada del poder.

En este contexto, el acceso a la riqueza y a la influencia dependió menos del parentesco y más de la inserción en circuitos económicos formales, del manejo técnico de la política pública y de la capacidad de negociación dentro de marcos regulatorios complejos. Esto redujo los incentivos para que familias empresariales, tanto tradicionales como migrantes, construyeran clanes políticos con gran protagonismo político o para que, como en otros contextos, las empresas tuvieran que someterse al chantaje, el pago de derechos de piso o, incluso, de peajes y rescates.

A diferencia de países centroamericanos, donde el Estado ha funcionado como botín político entre grupos familiares, en Costa Rica ha operado más como mediador de conflictos. Ello no excluye la competencia por su control, pero las disputas han sido predominantemente reguladas y el veredicto de esas reglas, en general, aceptado. Las élites no compiten tanto por capturar gobiernos como por influir en normas, regulaciones, contratos, impuestos y políticas sectoriales, independientemente de quién ganara las elecciones. El poder se ejerce desde cámaras empresariales, mesas técnicas, litigios estratégicos y presión mediática.

Cuando la eficiencia promete orden: la tentación del personalismo

En este marco cobra relevancia, más allá de lo anecdótico, la aparición en la contienda electoral de un candidato y un partido con vínculos familiares directos con el núcleo de poder que hoy gobierna El Salvador —así como la cercanía del presidente Bukele con el actual gobierno y su teatralización electoral—. No se trata de experimentos excéntricos, sino de la posible introducción de un estilo de ejercicio del poder que, en otros contextos centroamericanos, ha mostrado una clara deriva absolutista y una relación instrumental con el Estado. Resta saber si se trata de una maniobra coyuntural o de una apuesta estratégica orientada a modificar las condiciones bajo las cuales operan los procesos de acumulación y la competencia regional de capitales.

El fenómeno Bukele no puede leerse solo como una opción ideológica ni como una narrativa de supuesta eficiencia y orden securitario. Es, ante todo, la expresión de un modelo de concentración del poder, en el que el liderazgo carismático, el control del aparato estatal y la subordinación de los contrapesos institucionales se articulan en torno a un nuevo núcleo político-familiar. Su eventual proyección en Costa Rica no implica una reproducción automática de ese modelo, pero sí introduce una tensión simbólica significativa: la posibilidad de que un sistema acostumbrado al poder discreto comience a naturalizar formas más personalistas de autoridad.

Intentos en esa dirección ya han sido ensayados por el actual gobierno costarricense, con réditos mediáticos evidentes, pero con limitada capacidad para franquear los muros institucionales. Cuando el actual gobernante afirma que Costa Rica era una “dictadura perfecta” y que no lo dejan gobernar, su crítica es un ataque al papel de las instituciones, de las leyes y de los mecanismos de control. Dinamitarlas no responde al buen gobierno, sino a la lógica del absolutismo y del secuestro personalista del poder.

Costa Rica no es El Salvador. Su historia, su cultura política y sus estructuras institucionales imponen límites reales a los intentos de asimilación. Sin embargo, esos límites no constituyen inmunidades absolutas. La fragmentación del sistema de partidos, el desgaste de la confianza en las élites tradicionales, la desigualdad creciente y la fatiga ciudadana frente a la política, crean condiciones propicias para discursos que prometen orden, eficacia y ruptura con “lo de siempre”, aun cuando esas promesas impliquen debilitar los mecanismos que históricamente han contenido los abusos del poder.

La persistente conflictividad política en buena parte de Centroamérica, el papel estructural de las élites económicas y de los clanes familiares, así como la imbricación entre corrupción, economías ilegales y violencia organizada, terminaron por frustrar los intentos de reconstrucción democrática posteriores a las dictaduras militares. En países como Guatemala, Honduras o El Salvador, los grupos que sostuvieron regímenes autoritarios no solo sobrevivieron a las transiciones formales, sino que se reacomodaron en nuevas arquitecturas de poder. Familias que se instauraron en esas cúpulas, como los Bukele, reprodujeron las viejas prácticas. Las reglas del autoritarismo, en lo esencial, no desaparecieron.

El costo social de ese reordenamiento ha sido elevado: la pobreza estructural persiste, la violencia se ha cronificado y ambas han alimentado procesos de expulsión masiva de población que derivaron en una migración de supervivencia convertida, desde hace años, en crisis humanitaria regional.

Este deterioro ha ido acompañado por la reaparición de prácticas que se creían superadas: persecución política, criminalización de líderes sociales, hostigamiento a periodistas y presiones sistemáticas sobre abogados y jueces independientes, incluso su encarcelamiento. En varios crímenes contra defensores de derechos humanos se han documentado entramados financieros y empresariales que involucran a actores económicos de alto nivel. El asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres es emblemático: a casi una década del crimen, las investigaciones internacionales han revelado vínculos entre intereses empresariales, estructuras de seguridad y redes de poder local, mostrando hasta qué punto la violencia política sigue siendo funcional para determinados modelos de acumulación y control.

El riesgo para Costa Rica, por tanto, no reside únicamente en la victoria electoral inmediata de un proyecto de este tipo, sino en su capacidad de erosionar gradualmente los consensos básicos sobre la naturaleza del Estado. Cuando la concentración del poder comienza a presentarse como solución técnica a la ineficacia institucional, el tránsito del poder discreto al control personalista deja de ser una hipótesis académica para convertirse en una posibilidad política concreta.

En ese sentido, el escenario electoral actual no enfrenta solo opciones programáticas distintas, sino modelos de poder en tensión. La pregunta de fondo no es quién ganará las elecciones, sino qué forma de ejercicio del poder se estará legitimando. Y esa es una discusión que Costa Rica, precisamente por su historia y por sus fragilidades actuales, no puede darse el lujo de eludir.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional. Ha sido profesor de la Universidad Nacional y actualmente es investigador de FLACSO Costa Rica.

Este documento es la presentación realizada por el autor en el foro Los movimientos sociales y las elecciones nacionales, el cual, fue realizado por la Alianza por una Vida Digna y SURCOS el miércoles 21 de enero del 2026.

Psicópata conspiracionista y depredador

Escrito en . Publicado en Análisis.

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

En estos tiempos, personajes con una peligrosa combinación de características psicológicas, integradas y mezcladas, que asumen el poder en diversos países y continentes, tienen al mundo de cabeza, y por lógica, a nuestro país.

Por ejemplo, el psicólogo y criminalista español Vicente Garrido nos habla en su libro “El Psicópata Integrado” del papel destructivo de estos individuos en la familia, la empresa y la política; sobre este último aspecto es importante ver la opinión de este autor. Lo primero que señala Garrido, es que los psicópatas son gente profundamente “desconectada” entregados a la acumulación de poder y estatus, por lo que deben ser considerados personajes de gran riesgo cuando tienen en sus manos cargos de gran responsabilidad política, y cita como ejemplos muy relevantes a Donald Trump y Vladimir Putin (P. 163) y agregamos localmente a Rodrigo Chaves.

A este tipo de líderes generalmente narcisistas y psicópatas hoy se les llama: líder tóxico, líder predatorio, o líder destructivo que, de acuerdo con la socióloga Jean Lipman:” Son aquellos individuos que, en virtud de su conducta destructiva y rasgos disfuncionales de personalidad, generan un efecto venenoso y permanente en los individuos, las familias, las organizaciones y en toda la sociedad en su conjunto… (P.165)”. Pues bien, para estos individuos la política resulta un terreno abonado para desenvolverse por ser, generalmente, carismáticos, manipuladores, egocéntricos y mentirosos, características que los hace atractivos a las masas, especialmente si encuentran eco en los medios de comunicación o las redes sociales, por lo que dice o promete hacer, generalmente por medio de mensajes simples sin mayor contenido y sin reparo para mentir y manipular, a través de los cuales promete solventar todos los problemas y ser casi, un salvador de la Patria.

Además, señala el psicólogo Garrido, los psicópatas tienen un “núcleo duro” presente en todos ellos que los hace: crueles, sin empatía, emocionalmente superficiales, mentirosos y manipuladores, por lo que no les importa los efectos negativos que para otros pueda tener su lamentable accionar, ya que no tiene sentimientos de culpa pues, de inmediato, le endilga a otros la responsabilidad de esa consecuencia (P. 181). Este autor describe veinticinco aspectos que caracterizan a estos políticos psicópatas, no vamos a citarlos todos aunque encajan en figuras harto conocidas, pero algunos resultan de especial relevancia: 1) Son seres ”magnéticos” ante los medios, y mantienen una relación amor-odio ( en función de si le son favorables o no) con estos; 2) Enfrenta los poderes del Estado para apuntalar su poder, ya que cuanto más debilitados estén, menos podrán controlarlo; 3) Desarrollo del culto a la personalidad; 4) Dificultad para mantener una conversación coherente y profunda. Rigidez mental, no acepta el debate; 5) divide el país entre “buenos” y “malos” ciudadanos en función de su apoyo o no a sus ideas, 6) utilización de sus subordinados y, cuando dejan de serle útiles, los separa sin miramientos, 7) pone a sus incondicionales en los puestos claves de las instituciones, por lo que no tiene amigos reales, solo servidores 8) uso artero del lenguaje. Ahora bien, las tres últimas características que podemos citar de su larga lista, resultan especialmente interesantes: 9) utiliza los poderes del Estado para favorecer a grupo criminales que lo apoyan o que son antisociales por el daño que causan a la comunidad en su conjunto (narcotráfico, por ejemplo); 9) alienta teorías de la conspiración para justificar sus actuaciones antidemocráticas o el fracaso de sus políticas (acción de fiscales o tribunales de justicia, por ejemplo) y 11) presenta una clara tendencia paranoica: cualquiera puede convertirse en su enemigo en cualquier momento si aprecias signos de una mínima critica. (Pp. 190-202)

Pienso que con esta descripción de un psicópata metido en la política y con poder, usted querido lector, ya ha empezado a seleccionar uno, una o varios personajes nacionales, que calzan dentro de estas características. Pero déjeme ahora hablar de otro aspecto fundamental, para ayudarle en su ubicación de estos nefatos personajes: el “conspiracionista”, ligado especialmente a los puntos 9 y 10 anteriormente descritos.

Sobre ese conspiracionismo y la tendencia paranoica, quiero fundamentarme en las explicaciones que sobre esos aspectos nos da el reconocido comunicador y catedrático de la Universidad de París el Dr. Ignacio Ramonet en su libro “La Era del Conspiracionismo” que, si bien centra su análisis en el caso de Donald Trump, explica cómo aplica esas condiciones generales a cualquiera otro, como Rodrigo Chaves, por ejemplo. Dice Ramonet que todas estas teorías, en donde sea que se den, están basadas en la “creencia que unas fuerzas poderosas y mal intencionadas mueven, clandestinamente, los hilos para manipular determinados eventos, personas o coyunturas” Esto hace pensar que los acontecimientos tienen una trama oculta y siempre los culpables son un individuo o un grupo poderoso que controla, en secreto, los hilos del poder político que los causa y son los culpables de su desgracia. Pero lo más interesante es que esos grupos o individuos, están ligados siempre al poder económico, la banca, los medios de comunicación, las instituciones académicas que se mueven en contra de los intereses de la gente sencilla. En Costa Rica los ataques a los medios de comunicación “canallas”, los ladrones de las instituciones para su beneficio, las universidades, etc. son harto coincidentes (P. 75).

El gran aliado del político psicópata creador o inventor de estas teorías conspirativas sin fundamento y demostración, son las redes sociales “que favorecen la creación de comunidades a veces con ideas de odio, racistas, machistas, supremacistas “desde donde se acusan a los antiguos medios de haber abusado de la manipulación, de ocultaciones y de mentir en los últimos treinta años, con lo que han logrado debilitar el periodismo y su credibilidad (P. 76). Así podemos decir que esos medios “canallas” son en mucho sustituidos por medios “vasallos” creados en las plataformas digitales, al servicio del interés político del personaje de turno. Ante la presión del poder político, muchos de esos medios “canallas” terminan por doblegarse y convertirse también en sus vasallos.

Ese surgimiento en las redes sociales de los “creadores de contenidos” y sus granjas de troles dispuestos a difundir la mentira como su arma favorita, es lo que Umberto Eco llamó la invasión de los necios, la dilución del conocimiento, la banalización del discurso y la cultura, logrando con ello desvirtuar la verdad en favor de la mentira, para darle puerta abierta desde 2016 con la elección de Trump a una de las mayores aberraciones del discurso político: la posverdad. A partir de ahí, según Ramonet la confirmación de los hechos ya no importa, a la gente se le atrae y se les mantiene adherida con sentimientos y emociones por eso los relatos o afirmaciones sin fundamento sobre complots o conspiraciones son aceptadas emocionalmente y no necesitan comprobación, y cualquier explicación racional o documental resulta un vano esfuerzo (P.89 y 93). Así la mentira reiterada y entre más grande mejor, es más creíble para una población que nada en la incertidumbre que les han creado. En otras palabras, los mentirosos consumados, asumieron el poder.

Ese psicópata con poder y atrapado mentalmente en una serie de planteamientos conspiracionistas, algunas veces porque los cree y otras porque le conviene, se convierte en lo que Giuliano da Empoli nos habla en su libro “La Hora de los Depredadores”. Para él, los Trump, Bolsonaro o los Bukele y Chaves, Ortega o Milei agregaríamos nosotros, para apropiarse del poder asumen la utilización o provocación del caos como instrumento o marca de los más fuertes. En este momento, dice el autor, el ciudadano que podía pensar había algunas salvaguardas en el accionar de la sociedad (respeto por la independencia de las instituciones, los derechos humanos y las minorías, la atención prestada a las repercusiones internacionales de los actos de gobierno, la Constitución y las leyes) se encuentra, casi de pronto, que nada de eso tiene valor en la hora de los depredadores, generalmente escasos de conocimientos de los cuales, aunque parezca paradójico, son enemigos. No leen, no estudian, no les interesa pues en su mundo caótico y de poder lo que les interesa son las decisiones inmediatas, hasta audaces “que dejen estupefactos a los adversarios… no existe prácticamente ninguna relación entre poder intelectual y la inteligencia política (P. 82-83)”. Al gobernante depredador no le interesa ni le sirve un sistema regido por las reglas (leyes) y por ello ha infundido en el pueblo el sentimiento de que no son garantía de nada, sino instrumentos de un “gigantesco fraude, por no decir un complot de las elites para oprimirlo”. El depredador ofrece acabar con los males de la sociedad: criminalidad, coste de la vida, trabajo, etc. Pero como sus adversarios piden el respeto a la ley, a las reglas, a las normas y por eso… ¡no lo dejan gobernar!

Ahora podemos ver las características del político psicópata, conspiracionista y depredador en nuestro patio costarricense, pues estamos en manos de uno de ellos. Pero no solo Rodrigo Chaves las reúne, en su entorno otros actúan como tales y poseedores de esas “virtudes caóticas y destructivas”. Por ejemplo, la maestra de la mentira y nutricionista de la posverdad oficial la diputada Pilar Cisneros, o Laura Fernández que pretende ser el alter ego de Rodrigo Chaves, aunque en lo único que lo supera es en su supina ignorancia.

Les propongo que vuelvan a leer este artículo y comparen cada característica con el comportamiento de Chaves y sus acólitos; terminarán diciendo como cuando comprábamos postalitas… la tiene, la tiene, la tiene…-

El retroceso del Estado y el avance del narco

Escrito en . Publicado en Análisis.

Welmer Ramos González, economista

Costa Rica enfrenta un momento decisivo. Mientras el crimen organizado se expande con rapidez, el Estado parece avanzar en sentido contrario: repliega capacidades, debilita instituciones clave y reduce su presencia en territorios estratégicos. No son percepciones ni alarmismos; son hechos ocurridos en los últimos tres años que, por acción u omisión, han deteriorado la capacidad del país para enfrentar el narcotráfico en un contexto regional crítico.

Las motivaciones detrás de estas decisiones podrán discutirse, pero sus efectos ya están a la vista. Ninguna se ajusta a la complejidad del crimen organizado moderno ni a las mejores prácticas internacionales. Pueden no responder a un plan deliberado o a vínculos irregulares; simplemente son decisiones incompatibles con el momento histórico y riesgosas para un país cuyo principal patrimonio es su institucionalidad democrática. La seguridad no se sostiene con discursos altisonantes ni con confrontaciones políticas; se sostiene con inteligencia, cooperación, coordinación y presencia efectiva del Estado.

Mientras tanto, la realidad avanza sin pausa. El crecimiento de los homicidios vinculados al sicariato y a disputas territoriales confirma que las organizaciones criminales operan con mayor libertad y recursos. Cuando los grupos delictivos se sienten dueños del territorio, la violencia deja de ser excepción y se convierte en norma. Por eso urge examinar las decisiones recientes que, acumuladas, configuran un patrón preocupante de debilitamiento institucional.

Un Estado que retrocede donde el narco avanza

En junio de 2023, el retiro del Servicio Nacional de Guardacostas de Bahía Drake redujo la vigilancia en un punto históricamente utilizado para desembarcos y transbordos de droga. Un año después ocurrió algo similar en Sixaola, en la frontera Caribe con Panamá, otro corredor sensible para el crimen transfronterizo. Ambas medidas responden al mismo patrón: repliegue operativo justo en zonas donde los grupos criminales buscan expandir rutas marítimas y terrestres.

A esto se sumó, en 2024, el retiro de la Policía de Control de Drogas (PCD) de los puestos fronterizos, aeropuertos y muelles del país. Pocas decisiones afectan tanto la capacidad del Estado como sacar a la policía antidrogas de los principales puntos de ingreso al país. El resultado es evidente: menos interceptación, menor inteligencia en campo y mayor libertad para las redes delictivas que operan hacia el resto del territorio.

Otra decisión cuestionable llegó en marzo de 2024: trasladar la Academia Nacional de Guardacostas desde Quepos, un entorno costero ideal para la formación marítima, hacia Pococí, un cantón sin acceso al mar. Formar guardacostas lejos de las costas, y entrenar operaciones marítimas sin mar, contradice la lógica elemental de la profesionalización policial en un país cuya seguridad depende en buena medida del control marítimo.

Las fragilidades tampoco se limitan a fronteras y entrenamiento. Entre 2024 y 2025, más del 73% de la mercancía que entró o salió por Moín no fue escaneada, según lo muestra una evaluación de la Contraloría General de la República. La mayoría de los contenedores se despachó sin revisión adecuada, abriendo una puerta enorme para la contaminación de exportaciones. La consecuencia no tardó en aparecer: varios cargamentos provenientes de Costa Rica fueron incautados en puertos europeos. Una vez que una ruta internacional se consolida, revertirla es extraordinariamente difícil.

Igualmente, en materia de ingreso de mercancías, la Contraloría General de la República advirtió en diciembre de 2024 un “debilitamiento en los controles” aduaneros, situación que incrementa los riesgos de corrupción y contrabando. Los informes señalan además una “disminución del personal de inspección” en puntos estratégicos del país, lo que abre la puerta al internamiento de mercancías ilícitas, al robo y a la evasión de controles que comprometen el resto de los objetivos institucionales. (DFOE-FIP-SGP-00002-2024)

A ello se suma un hecho innegable: los dos últimos ministros de Hacienda han sido férreos opositores a dotar al OIJ, a la Fiscalía y a la Policía Judicial de los recursos necesarios para enfrentar al crimen organizado. Sus esfuerzos reiterados por recortar estos presupuestos, justamente en el periodo de mayor violencia en décadas, contradicen cualquier discurso de fortalecimiento institucional. Como advirtió el director del OIJ, “cada colón recortado es un espaldarazo al crimen organizado”.

Dos corolarios, al menos, se relacionan directamente con lo expuesto. Primero, tal como advierte el Estado de la Nación, se observa una actividad económica de origen incierto que genera transferencias difusas con un impacto relevante sobre la dinámica nacional. Segundo, persiste la asombrosa caída del precio del dólar que, pese a todos los malabares explicativos, sigue acompañada por copiosas entradas de capitales cuya procedencia resulta difícil de esclarecer.

Un rumbo que debe corregirse

El gobierno que asuma en 2026 tendrá la responsabilidad de corregir este rumbo con seriedad y visión de Estado. Para lograrlo, deberá ejercer un acto básico de madurez republicana: reconocer errores, rectificar sin soberbia y permitir que quienes conocen el tema contribuyan con soluciones. Costa Rica no puede seguir gastando energías en confrontaciones estériles con otros Poderes de la República mientras los verdaderos enemigos, las redes criminales que erosionan la seguridad, la economía y la institucionalidad democrática; avanzan con plena claridad estratégica.

La evidencia demuestra que la actual línea de acción es insuficiente y está desalineada con las mejores prácticas internacionales. Persistir en ella sería un riesgo que el país no puede permitirse. Rectificar no es una muestra de debilidad; es un acto de responsabilidad democrática. Y ese es el liderazgo que Costa Rica necesita con urgencia.

Democracia en jaque: el Joker en las urnas

Escrito en . Publicado en Derechos.

El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR) da a conocer su Documento de Trabajo N.° 15, titulado El Joker en las urnas: elecciones y desigualdad en sociedades polarizadas (septiembre 2025). Esta producción invita a reflexionar sobre los desafíos actuales de la democracia en contextos marcados por la polarización y la desigualdad.

La producción retoma la figura del Joker en la película El Caballero Oscuro como una metáfora provocadora que permite analizar fenómenos políticos contemporáneos. Más allá de un análisis cinematográfico, el documento establece un puente entre la ficción y la realidad, indagando en las razones por las cuales personajes que representan la rabia social, la ruptura de normas y el espectáculo del caos logran legitimarse en procesos electorales.

Entre los principales aportes, el texto destaca que la desigualdad y la polarización constituyen un caldo de cultivo para el surgimiento de candidaturas antisistema, pues la concentración de riqueza, las dinámicas de exclusión y la pérdida de confianza en las instituciones abren espacio a liderazgos disruptivos.

Asimismo, analiza lo que denomina el fenómeno del Joker político, es decir, figuras cuya fortaleza radica menos en la solidez de sus propuestas programáticas y más en la capacidad de canalizar el enojo social.

Se subraya también que el voto puede convertirse en una válvula de escape para el descontento ciudadano, aunque con el riesgo de alimentar ciclos de frustración que debilitan a las instituciones democráticas.

En esa línea, se propone una reflexión crítica y pedagógica que incorpora ejercicios prácticos y preguntas abiertas dirigidas a promover debates tanto en la academia como en espacios comunitarios y ciudadanos.

El documento incluye diversos elementos destacados. Entre ellos se encuentran ejercicios pedagógicos como el mapa causal de la desconfianza democrática, el ciclo de expectativas del voto disruptivo y el denominado semáforo democrático para valorar las candidaturas. También ofrece ejemplos internacionales que ilustran este fenómeno, con referencias a Donald Trump, Jair Bolsonaro, Nayib Bukele y el Movimiento 5 Estrellas, a partir de los cuales se identifican patrones comunes de atracción hacia lo disruptivo.

Junto a estos insumos se formulan preguntas guía que invitan a la reflexión, entre ellas: ¿cómo distinguir entre candidaturas que fortalecen la democracia y aquellas que la socavan? y ¿qué papel juegan la educación cívica y la transparencia como antídotos frente al atractivo del caos?

En su análisis final, el documento plantea que las candidaturas tipo Joker deben entenderse como síntomas de democracias frágiles y que la respuesta no es culpabilizar a las personas votantes, sino reconocer y enfrentar las deudas sociales e institucionales que les dan legitimidad.

La relevancia de este material se potencia en el marco de las elecciones nacionales del 2026 en Costa Rica, momento en que la sociedad costarricense deberá afrontar dilemas propios de las democracias contemporáneas. El mayor valor del documento radica en que no se enfoca en juzgar las decisiones electorales de la ciudadanía, sino en comprender las condiciones estructurales que hacen posible el atractivo de opciones caóticas o autoritarias.

De este modo, se abre una invitación a la academia, a los movimientos sociales y a la ciudadanía en general a dialogar y construir alternativas democráticas que sean más sólidas, justas y sostenibles.

Puede acceder a la nota completa y descargar el documento en la página del Observatorio de Bienes Comunes UCR:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/democracia-en-jaque-el-joker-en-las-urnas/

Los cambios en el gabinete presidencial y la visita del Procónsul Marco Rubio son la expresión del fracaso gubernativo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Hasta el viernes pasado, 31 de enero, había tiempo para que los ministros que quisieran integrarse a la política electoral activa, especialmente en el campo de aspirantes presidenciales, o en la papeleta presidencial, tenían tiempo de renunciar a sus puestos, quedando a la vez liberados de su inmunidad política, quedando como cualquier ciudadano expuesto a trámites de persecución judicial.

Finalmente, el jueves 30, el presidente en una ceremonia, a la cual convocó a todo su gabinete y todos los presidentes de instituciones por él nombrados, anunció la salida de cinco ministros y la sustitución de cuatro de ellos.

Son ministros, que hoy, no han anunciado ninguna adherencia a partido político existente. Todos los renunciantes no negaron ni afirmaron que participarán en la política electoral nacional del 2026. Ahora les toca buscar partido político para poder correr hacia la presidencia de la República en los próximos once meses.

De ellos se rumora que van a una plana integral de presidenta, vicepresidenta y vicepresidente, y de candidatos a diputados.

Lo más curioso de esta situación, que ha vivido Costa Rida desde el 8 de mayo del 2022, es que los miembros del gobierno, que acompañan a la fuerza, todos los miércoles, al presidente en su perorata pública semanal, prefabricada, no tienen partido político conocido. Sin embargo, el presidente ha levantado la idea, la imagen, de los partidos Jaguar, que tienen incluso una imagen publicitaria, que se tradujo en un pin para colocar en la solapa del saco o en la camisa o parte superior del vestido o la ropa. A quienes forman parte del gobierno los tienen con el pin del Jaguar. A los que entraron como nuevos ministros les pusieron los dos pines, el de ministro y el de Jaguar. En los dos meses la ministra saliente Laura Fernández hablaba de varios jaguares. Esa es la idea, varios partidos Jaguar con su respectiva insignia, igual para todos ellos en ese pin, con la intención de posibilitar la mayor oportunidad de elección de diputados que se identifiquen con el gobierno, con el presidente Chaves y con su imagen de Jaguar.

Este es un gobierno que no lo dirige un partido político, que no representa a un partido político, aunque el presidente haya sido resultado de una elección en que participó en una lista electoral de un partido político. Es un gobierno que ha andado al garete, que se percibe débil, sin rumbo, sin brújula, ni sextante, ni astrolabio, sin timón ni velas. Es un gobierno, que en ausencia de un partido político que lo identifique, tiende por sus hechos a identificarse con el presidente, con su figura lideresa y autoritaria.

Entre los partidos políticos que al 31 de enero quedaron en la posible lista de juego electoral, para las elecciones del 2026, se inscribieron dos que se asocian a la familia del presidente Bukele de El Salvador, por participar familiares de él de manera directa en esos partidos. ¿Participarán los ministros renunciantes y salientes en esos partidos? También se rumora que el esposo de la diputada Pilar Cisneros, el periodista Edgar Espinoza, irá encabezando un partido político a la presidencia de la República, en cuyas filas irá de candidato a diputado el propio presidente Rodrigo Chaves, a partir de agosto.

El gabinete que se formó para dirigir el país, en el 2022, con el presidente fue al azar. Se dijo que se contrató una empresa que presentaba perfiles de candidatos a los puestos del gabinete, de manera improvisada, lo que explica los malabares políticos que lo guían, que explica también la ausencia de una hoja de ruta nacional; que explica las improvisaciones que se hacen desde Zapote para las distintas carteras institucionales; que explica las pifias legales y constitucionales de sus proyectos de ley, con el escaso control de elaboración formal de sus escasos y poco importantes proyectos de ley, que explica los oscuros nexos existentes del trasiego de droga que se hace desde nuestro país hacia Europa y otras regiones, dándole fama al país de ser la bodega más importante de coca de la región, y de la calificación que ya se gana el país de ser un narco Estado, lo que supone un narco gobierno que lo dirige.

En esta dinámica el presidente, apodado así mismo, como el Jaguar, en su jungla, en su guarida, no se ha podido perfilar como el estadista, como el gran político, como el gran conductor político nacional, como el gran educador cívico que su investidura impone. Ha logrado convertirse en un gran distractor nacional de la atención política de los principales problemas económicas y sociales del país. Sus mesas de prensa de los miércoles así funcionan, como distractor de esos problemas.

Desde su guarida lo único en que se ha destacado es en tratar de hacer explotar toda la institucionalidad política, en debilitar el Estado de Derecho, en falsear la imagen, la confianza y la fe de los costarricenses en la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, en los órganos constitucionales vigilantes de la administración y gestión pública, en los partidos políticos como instrumentos cívicos de la vida democrática. Lo que se destaca en su esfuerzo es su intención de debilitar y acabar, si le fuera posible, con todo el Estado Social de Derecho que se ha construido en el país al calor de la Reforma Social de 1943 y las reformas de la Junta de Gobierno de 1948-1949 y la institucionalidad que le siguió. Claramente ha asumido una identificación con las políticas conservadoras y neoconservadoras que propician ese debilitamiento institucional.

Sus exabruptos políticos se orientan, desde hace meses, a destruir la imagen pública de todos los partidos políticos, de todos sus dirigentes políticos, de todos sus representantes populares. Esa es su forma de hacer política activa y de meterse en la política electoral, de actuar beligerantemente en este campo, para abrirle espacio a sus posibles candidatos y eventuales partidos políticos, que le interesa impulsar y apoyar hacia las elecciones presidenciales y de diputados del 2026. Eso es lo que activamente estamos viendo.

El pasado miércoles, en su jolgorio comunicacional, arremetió contra las políticas de educación sexual y afectivas que se han venido impulsando en el país, que exitosamente han contribuido a la prevención de los embarazos en adolescentes y menores de edad, para tratar de impulsar un nuevo programa que llamó para la Paz y la Convivencia, con el que intentará sacar “la perversión” de las aulas, como si realizara un exorcismo educativo, de las fuerzas y espíritus malignos que hay que exterminar, para lo que se hizo acompañar de algunos activistas religiosos no católicos, que parecían más estampas pegadas en una cartelera que lideres religiosos nacionales reconocidos, lo que no les resta importancia, por el control social espiritual que tienen de algunas comunidades y personas. Fue un banderazo de salida electoral del presidente haciéndose acompañar de estos “líderes” espirituales, frente a los tradicionales que se representan en el Partido Nueva República de Fabricio Alvarado. Fue una advertencia a Fabricio y su grupo de que sus banderas se las está quitando el gobiernos y los partidos políticos conservadores Jaguar que desde el gobierno se impulsen.

La no participación de los representantes católicos, de los Obispos Católicos, provocó una protesta por parte de la Conferencia Episcopal, que generó una amenaza del presidente cuando dijo “que no se puede luchar a medias, o le entramos con sangre, sudor, lagrimas, pasión, esfuerzo y claridad, o no vamos a poder rescatar a Costa Rica”. Sangre, sudor, lágrimas, pasión, son las banderas enarboladas por el Jaguar, para rescatar a Costa Rica. ¿Rescatarla de quién? ¿Estamos advertidos del clima de violencia que fomentará el Jaguar?

Con ello quedó claro que la conferencia de prensa del miércoles fue la presentación política, de la afinidad del presidente, hacia los partidos políticos Jaguar y hacia las organizaciones cristianas no católicas, como inicio de su velada y clara participación electoral.

Es cada vez más nítido que esta es su orientación electoral hacia febrero del 2026. El Jaguar, y los partidos jaguar que impulse, junto con los partidos de orientación cristiana no católica que logren inscribirse, paralelos a Nueva República, serán sus caballos de combate, sus caballos de Troya para tratar de alcanzar la mayoría parlamentaria en la Asamblea Legislativa del 2026, como es su objetivo político claramente definido. Las renuncias de miembros de su Gabinete señalarán los partidos con los cuales se identifica el Jaguar.

Por la agenda publicitaria de ese miércoles la campaña electoral puede tomar los visos similares a la del 2018, cuando de trasfondo se pusieron los Derechos Humanos, con una población y una juventud hoy no tan combativa, como lo fue en esa campaña que llevó a Carlos Alvarado a la Presidencia de la República. Aun cuando se rumora que la esposa de Carlos Alvarado puede ser la candidata electoral del partido Acción Ciudadana, no significa que ella podría ser el valladar de esa arremetida conservadora que viene, sobre todo porque el partido Acción Ciudadana y el gobierno de Carlos Alvarado fueron los ejes más importantes del debilitamiento de las leyes sociales y laborales, resultado de las grandes reformas de 1943.

Que haya cambios en un gabinete, como se anunciaron y establecieron, es normal en un gobierno. Que haya cambios a pocos meses de que un gobierno sucumba al cambio constitucional, como es el de su Rodrigo Chaves, puede ser una grave manifestación de su errada política y de su fracaso gubernativo, que se tratará de ocultar, de forma distractora, con la discusión que está provocando alrededor de las políticas educativas y conservadoras que anunció el miércoles. Si esas son las grandes reformas que anunciaron como la Gran Ruta de la Educación que se harían este año, son un verdadero y lamentable fracaso político nacional.

¿Los cambios en el gabinete serán resultado de que el gobierno se está hundiendo, por más festiva que fuera la forma de presentación de esos cambios? Supondrían estas sustituciones que se debe hacer un informe nacional ante la Asamblea Legislativa de ellas y de las políticas logradas y por desarrollar para los próximos meses. ¿Se hará eso en los informes anuales que los ministros tienen que entregar a la Asamblea Legislativa en la primera quincena de mayo?

Todo esto conduce a colocar al presidente Rodrigo Chaves Robles también en las tesis conservadoras políticas nacionales e internacionales, que hoy tienen de gran motor al presidente de los Estados Unidos, con quien el Jaguar está totalmente identificado, perdiendo en esa identificación y adherencia emocional, todo su rubor personal, comprometiendo el aura del gobernante soberano que debe tener.

El presidente está totalmente alineado en la Internacional Conservadora, Populista y Autoritaria, que se levanta en el continente y en algunos países europeos. Él mismo se ha colocado en el furgón de cola del mandatario norteamericano en sus políticas continentales, lo que se materializará con la agenda abierta y oculta que trae Marco Rubio a imponerle al minino de Zapote y no al Jaguar nacional que dice ser, de aceptar y avalar las políticas agresivas de Trump contra Panamá, por el Canal, contra México y el continente por el cambio de nombre del Golfo de México, ya establecido para los Estados Unidos, como Golfo de América, en la plataforma de Google Maps, que ya aceptó la denominación hecha por Trump.

Descaradamente, las delegaciones norteamericanas que ya han llegado, preparando la del Procónsul Marco Rubio, ya le han señalado al gobierno que hay que debilitar la relación comercial con la República Popular China, junto con el fortalecimiento de las acciones que el gobierno ya ha tomado frente a esa presencia. La agenda de seguridad asociada a la expulsión de indocumentados y de migrantes “indeseables” para Trump también está en marcha abriendo la posibilidad de que Costa Rica se convierta en una gran base de expatriación de esos expulsados de los Estados Unidos, que es lo que se va a venir a tratar de imponer en Costa Rica, que es parte de la negociación que Rubio trae.

¿Nuevo reglamento en SETENA?

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

Observatorio de Bienes Comunes

A partir de las acciones legales implementadas por ANEP y Grupo Ecologista Kañík , queremos aprovechar para reflexionar sobre las tensiones que están cercando nuestros bienes comunes en el actual Gobierno de Costa Rica, caracterizado por la promoción de actividades «económicas» extractivas con mayor desregulación ambiental.

Esta desregulación, no pasa sólo por la erosión  del «marco legal», sino también el debilitamiento institucional y reduciendo los espacios de la participación ciudadana. La nueva normativa de la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) la 43898 es una muestra más de este camino en beneficio al empresariado, y tal vez el mejor ejemplo corresponde lo que señalan desde ANEP y Kañik:

  • Presiona al personal de SETENA al imponerle plazos más cortos en los procesos de las Evaluaciones de Impacto Ambiental
  • Beneficia al empresariado no sólo al disminuir el papeleo para los permisos y los controles, sino que les baja las penas (sanciones en caso de incumplimiento).

Ante esto, queremos compartirles la siguiente infografía que nos señala algunas de las implicaciones socioambientales que representa el nuevo reglamento, tales como la explotación forestal en áreas silvestre protegidas, el consentimiento para el pavimento de áreas frágiles ambientalmente, entre otros.