Rocío Alfaro: nuevo reglamento busca burlar dos sentencias de la Sala Constitucional sobre la representación sindical en la CCSS
Rocío Alfaro Molina, electa por el movimiento sindical como su representante en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), denunció que el nuevo reglamento del Poder Ejecutivo sobre la elección de los sectores sociales en ese órgano «pretende ser la herramienta para burlar las dos sentencias de la Sala Constitucional que ordenaban al Consejo de Gobierno juramentarme».
Según Alfaro, el decreto es «un instrumento ad hoc y retroactivo para impedir la participación del sector sindical y para poder imponer a una persona a gusto del gobierno, Roger Rivera, quien nunca fue electo por el sector».
Los antecedentes
El 9 de junio de 2026, la Asamblea del Movimiento Sindical eligió a Rocío Alfaro Molina como representante propietaria y a Marta Rodríguez González como suplente para el periodo 2026-2030. El Consejo de Gobierno rechazó la designación, pero la Sala Constitucional anuló esa decisión mediante la resolución 2026-031380, del 13 de agosto, y lo reafirmó en la resolución 2026-038199, del 6 de octubre. Pese a ello, el gobierno nombró a Roger Rivera Mora como representante sindical pro tempore.
En su resolución de agosto, según recoge el propio decreto, la Sala estableció que el Consejo de Gobierno solo puede hacer una verificación «objetiva y formal» de la persona electa por los sindicatos. Esa verificación se limita a constatar prohibiciones, incompatibilidades y requisitos objetivos. La valoración de requisitos subjetivos, como la «máxima honorabilidad» o las «competencias económico-sociales», corresponde al movimiento sindical.
Lo que cambia el reglamento
El decreto ejecutivo n.º 45985-MP, firmado el 5 de noviembre por el primer vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, Francisco Gamboa Soto, y por el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles, se publicó en el Alcance n.º 148 a La Gaceta del 9 de noviembre. Reforma el reglamento de 2024 en tres aspectos centrales:
- Nuevos requisitos de procedimiento. Las organizaciones deberán enviar al Consejo de Gobierno, dentro de los tres días naturales siguientes a la asamblea, el expediente completo de la designación: atestados, actas, informes sobre la honorabilidad y la competencia de la persona electa, y una explicación firmada de la valoración realizada que identifique a las personas que la hicieron. Toda la documentación debe estar certificada por notario público. El Consejo de Gobierno «no formalizará el nombramiento» hasta recibir ese expediente.
- Traslado de responsabilidades. El decreto dispone que la valoración de los requisitos subjetivos «traslada de pleno derecho a las organizaciones proponentes y a sus responsables las eventuales responsabilidades civiles, administrativas y penales».
- Prórroga de representantes anteriores. Un nuevo artículo 6 bis establece que, si no hay representación sectorial nombrada, se prorrogará provisionalmente el «nombramiento válido y eficaz inmediato anterior» hasta que se juramente a la nueva persona. Si esa persona no acepta, el Consejo de Gobierno podrá iniciar un «nombramiento provisional y excepcionalísimo».
En sus considerandos, el Ejecutivo justifica la reforma en la necesidad de dar «certeza, transparencia y seguridad jurídica» al procedimiento y de evitar que las vacantes paralicen la Junta Directiva de un servicio público esencial.
La lectura de Alfaro
Alfaro señala que se sabía que la Junta Directiva sería convocada a sesión ordinaria el jueves 12 de noviembre. Según ella, eso hacía pensar que finalmente se cumpliría lo ordenado y que se juramentaría a la representación electa por los sindicatos, «pues de otra manera tendrían que hacerlo bajo la figura de “funcionario de hecho”, con limitaciones de agenda».
La dirigente sostiene que el gobierno no quiere que la representación sindical participe en debates polémicos de la Junta Directiva, como la pérdida de trazabilidad de recursos por el ERP, las contrataciones con empresas privadas de salud, la paralización de obras de infraestructura o los cambios en la edad de pensión. Afirma, además, que existen presiones de cooperativas relacionadas con el caso Barrenador para que se les adjudiquen áreas de salud.
Alfaro anunció que se valoran «las acciones legales y constitucionales para impedir este nuevo atropello a la autonomía sindical, a la seguridad social, al derecho a la salud pública y, sobre todo, al Estado de derecho y el orden constitucional».