Maestros contra el autoritarismo y en defensa de las instituciones
Abelardo Morales Gamboa
El magisterio y los estudiantes costarricenses no solamente han contribuido a la formación educativa de la nación, sino que también han participado en momentos decisivos de defensa del sufragio, las libertades públicas y las instituciones democráticas.
Que la sociedad costarricense haya sido construida por maestros y no por soldados no debería reducirse a un mero lema patriótico ni a una evocación histórica. Tendría que formar parte de los principios que orientan la construcción y reconstrucción de una nación en tiempos distintos, complejos y desafiantes. La movilización de educadores de este miércoles 11 de noviembre de 2026 constituye una señal esperanzadora en esa dirección. Aunque tampoco podemos conformarnos con vivir de esperanzas.
Este día, el Magisterio Nacional se declaró en huelga en defensa de la educación pública y tomó la Avenida Segunda de San José. Sus demandas incluyen la asignación de los recursos que legalmente le corresponden, el reconocimiento y pago de los derechos salariales de maestros y profesores, así como el cumplimiento de las obligaciones del Estado con el fondo de pensiones del magisterio y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). No salieron a defender únicamente de reivindicaciones gremiales, sino a plantear exigencias vinculadas con la responsabilidad estatal de garantizar derechos fundamentales.
Esta movilización constituye, además, una legítima manifestación de resistencia frente a lo que cada día se muestra más claramente como un giro autoritario del Poder Ejecutivo y de la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa. Ambas instancias han impulsado una política de severos recortes a servicios públicos fundamentales, como la educación, la cultura, la salud y el bienestar social. Todo ello ocurre en medio de una preocupante incapacidad técnica y política para conducir las finanzas públicas, gestionar la economía y ofrecer garantías de desarrollo económico y social: el Ministerio de Hacienda ha sido incapaz de recaudar impuestos, el presidente del Banco Central ha alertado sobre los números rojos de las finanzas públicas y, diversas fuentes económicas, alertan sobre una inminente crisis. Mientras tanto, los ingresos de numerosos hogares se deterioran, el desempleo continúa amenazando a una fuerza laboral ya golpeada por la precariedad y la inseguridad se extiende bajo el peso del narcotráfico, el crimen organizado y la violencia cotidiana.
Los maestros son testigos directos de esas vicisitudes, no solo porque las padecen en carne propia sino porque les corresponde “darle contención a sus estudiantes y a las familias sometidas a ese asedio en sus condiciones de vida cada vez más deterioradas”, como se señalaba en uno de los discursos este día.
En contraste con esas debilidades, lo que parece mostrar mayor continuidad en la gestión gubernamental es un enjambre de opacas relaciones entre funcionarios, financistas de campaña y círculos empresariales cercanos al poder. Los cuestionamientos por presuntos negocios irregulares, heredados de la administración anterior, siguen proyectando sombras sobre la legitimidad política de la conducción del país. Aunque existe una presidencia formalmente en funciones, crece la impresión de que decisiones fundamentales responden a intereses de poderes fácticos que operan al margen de los mecanismos ordinarios de representación y control democrático.
En estas circunstancias, el regreso de los maestros a las calles permite recuperar una tradición histórica de luchas cívicas en defensa de las libertades públicas y las instituciones democráticas. Desde la movilización popular del 7 de noviembre de 1889 en defensa del sufragio, hasta las jornadas de junio de 1919 contra la dictadura de los hermanos Tinoco, la historia costarricense registra episodios decisivos de resistencia frente al autoritarismo. En estas últimas, maestras y estudiantes, especialmente del Colegio Superior de Señoritas y del Liceo de Costa Rica, desempeñaron un papel protagónico, con figuras como Carmen Lyra. Décadas después, las movilizaciones estudiantiles contra ALCOA, en abril de 1970, reafirmaron esa tradición de participación cívica en defensa de los intereses nacionales. Esa memoria adquiere particular significado en momentos en que las instituciones educativas y las organizaciones magisteriales enfrentan nuevas amenazas. Tampoco podemos ignorar que, desde las reformas neoliberales de mediados de la década de 1990 hasta las sucesivas restricciones legales al ejercicio de la huelga, las organizaciones magisteriales y sindicales han sido objeto de estrategias de debilitamiento impulsadas por sectores de las élites políticas y empresariales.
Hoy, las amenazas no se limitan a las condiciones laborales y de vida de los educadores. Alcanzan a las instituciones educativas, al papel de la enseñanza en el desarrollo nacional y a la propia capacidad de la sociedad para construir un futuro compartido. Por eso, quienes formamos parte del magisterio no podemos permanecer en silencio ni asumir una actitud pasiva frente al deterioro institucional. Menos aún, cuando una nueva alianza de intereses populistas y seudorreligiosos parece empeñada en desmantelar conquistas sociales e instituciones públicas para favorecer intereses particulares.
En esa lógica, el ejercicio del poder deja de estar orientado por un proyecto de país y se convierte en un instrumento para facilitar negocios, concentrar recursos y acumular riqueza en el menor tiempo posible. Las controversias alrededor del Banco Popular y de su conducción institucional alimentan las preocupaciones sobre el avance de esos intereses sobre entidades que históricamente han desempeñado una función social.
Por eso, la movilización de este 11 de noviembre puede representar mucho más que una jornada de protesta. Puede convertirse en un hito para la revitalización de los movimientos sociales, la cultura cívica y el compromiso de los educadores y de la ciudadanía con la defensa de las instituciones democráticas. La historia no se construye únicamente desde las cúpulas del poder. También se hace desde las aulas, las calles y la acción colectiva de quienes se niegan a renunciar a los derechos conquistados. El magisterio y los estudiantes costarricenses no solamente han contribuido a la formación educativa de la nación, sino que también han participado en momentos decisivos de defensa del sufragio, las libertades públicas y las instituciones democráticas.
La Costa Rica que fue construida por maestros y no por soldados necesita hoy que sus educadores vuelvan a enseñar, también desde las calles, que la democracia no se hereda como un patrimonio inagotable: se defiende, se ejerce y se reconstruye cada día.