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Etiqueta: defensa del territorio

A diez años del asesinato de Berta Cáceres invitan a proyección del documental “Las semillas de Berta Cáceres”

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La actividad busca generar un espacio de memoria y reflexión sobre el legado de la defensora lenca y las luchas actuales por la defensa de los territorios y los bienes comunes.

Al cumplirse diez años del asesinato de la lideresa indígena lenca Berta Cáceres, diversas organizaciones invitan a un espacio de memoria, encuentro y conversación colectiva que incluirá la proyección del documental Las semillas de Berta Cáceres. La actividad busca reflexionar sobre la vigencia de su lucha y el impacto que su legado continúa teniendo en las resistencias comunitarias frente al extractivismo y el colonialismo en América Latina.

El encuentro se realizará el miércoles 25 de marzo a las 5:30 p.m. en el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), en Sabanilla de Montes de Oca, del supermercado Max X Menos 50 metros oeste y 75 metros norte. La actividad está abierta al público y busca propiciar un espacio de memoria colectiva y conversación sobre lo que la lucha de Berta sigue sembrando hoy en los territorios: aprendizajes, inspiraciones y desafíos para continuar defendiendo la vida, la justicia ambiental, los territorios y los bienes comunes.

El documental “Las semillas de Berta Cáceres” relata la historia de Berta Cáceres, ambientalista, feminista y defensora de derechos humanos que participó en la fundación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, organización que ha acompañado durante décadas la defensa de los derechos del pueblo lenca en Honduras. Por su liderazgo en la defensa del río Gualcarque y la oposición a proyectos hidroeléctricos en territorios indígenas, Cáceres recibió en 2015 el Goldman Environmental Prize, considerado el máximo reconocimiento mundial para activistas ambientales.

El documental es resultado de un trabajo conjunto entre Contrast Journalist Group, Entrepueblos y el COPINH, realizado gracias a la beca europea DEV REPORTER, que promueve la colaboración entre periodistas, comunicadoras populares y organizaciones de cooperación solidaria.

Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su casa en La Esperanza, Honduras, después de años de recibir amenazas por su oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Su asesinato generó una amplia condena internacional y puso en evidencia una compleja red de intereses empresariales y financieros vinculados al proyecto, que incluía empresas privadas y entidades financieras de América Latina y Europa.

En los movimientos sociales de la región, su asesinato es recordado como “la siembra de Berta”, una forma de expresar que su legado continúa inspirando luchas por la defensa de los territorios, los ríos y los derechos de los pueblos indígenas.

La actividad es organizada por el Departamento Ecuménico de Investigaciones con el apoyo de Código Sur, La Colectiva por el Derecho a Decidir, Bloqueverde, El Programa Kioscos Socioambientales de la UCR y el Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes (ED-3526) de la Escuela de Geografía de la UCR.

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Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Desafíos del movimiento socioambiental ante el rumbo del país

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Por Mauricio Álvarez Mora

El movimiento socioambiental atraviesa un momento de inflexión histórica. El contexto político, social y territorial del país no solo nos interpela: nos obliga a revisar críticamente nuestras formas de organización, articulación e incidencia. No estamos ante una coyuntura más, sino ante una reconfiguración profunda del modelo de poder y de desarrollo. El desafío no es únicamente resistir retrocesos, sino comprender la magnitud del cambio en curso y redefinir estratégicamente nuestro papel en él.

Contexto

Durante décadas, Costa Rica cultivó un imaginario de excepcionalismo verde y respeto a los derechos humanos. Ese relato, aunque siempre estuvo atravesado por tensiones estructurales, funcionó como horizonte simbólico. Hoy ese imaginario se encuentra erosionado. Ya no ocupa el centro del discurso político ni del debate electoral. En su lugar emergen conflictos territoriales permanentes: disputas por el agua, turistificación desregulada, expansión de agroquímicos, privatización de bienes comunes y ausencia de planificación participativa. El conflicto dejó de ser excepcional; se volvió estructural y cotidiano.

Lo que enfrentamos no son hechos aislados, sino la expresión de un modelo de desarrollo consolidado en las últimas décadas, que privilegia la rentabilidad inmediata por encima de la sostenibilidad ecológica, la justicia ambiental y la autodeterminación comunitaria. Lo que está en juego no es únicamente la gestión técnica de los recursos naturales, sino la posibilidad misma de subsistir y permanecer dignamente en los territorios.

En este escenario se ha intensificado la criminalización de personas defensoras del ambiente. Los conflictos se desarrollan con mayor rapidez y con ciclos de violencia más cortos. El deterioro institucional ha estado acompañado de resistencia social, pero también de judicialización, persecución administrativa y campañas de desprestigio orientadas a debilitar liderazgos comunitarios. Defender el territorio implica hoy mayores riesgos.

A ello se suma un proceso de re-abandono territorial. En múltiples comunidades, el trabajo político de base fue debilitándose, dejando vacíos que han sido ocupados por narrativas autoritarias y soluciones simplificadas. Este abandono no es solo organizativo; es también simbólico. Donde el movimiento social se retiró, otros actores construyeron sentido común.

La regresión socioambiental, además, no ha operado principalmente mediante grandes reformas legislativas, sino a través de decretos, directrices y un progresivo debilitamiento técnico e institucional. Se reducen presupuestos, se desregulan controles, se erosionan capacidades estatales y se limita la autonomía de órganos técnicos creados precisamente para evitar interferencias políticas en decisiones ambientales. El resultado es una creciente concentración de poder que debilita el control democrático y compromete el derecho constitucional a un ambiente sano.

Los retrocesos son concretos: debilitamiento de áreas protegidas sin recursos suficientes, flexibilización de controles sobre agroquímicos, retrocesos en transporte público y transición energética, erosión del liderazgo ambiental internacional. Se consolida así una tendencia que redefine silenciosamente las reglas del juego.

Acciones estratégicas

Frente a este panorama, el movimiento socioambiental necesita una agenda amplia y transformadora. El recambio generacional es impostergable. Es necesario crear condiciones reales para la participación de juventudes, mujeres, pueblos indígenas, comunidades costeras y rurales, actores fuera de la Gran Área Metropolitana y colectivos emergentes con nuevas formas de organización. Muchas de estas experiencias no se estructuran bajo lógicas tradicionales; son más horizontales, autogestionadas e híbridas en sus formas de movilización. El desafío no es subordinarlas, sino dialogar y construir alianzas respetuosas que amplíen el sujeto político socioambiental.

También es imprescindible reconfigurar la articulación territorial. La agenda no puede definirse exclusivamente desde el centro. Debe construirse de afuera hacia adentro, desde las costas, las zonas rurales y los territorios indígenas hacia el debate nacional. En las periferias se están disputando los principales modelos de desarrollo del país; reconocer su centralidad estratégica es fundamental.

La protección de personas defensoras debe ocupar un lugar prioritario. En varios territorios se están enfrentando intereses extractivos, economías ilegales y dinámicas de violencia que no pueden ser asumidas en soledad. Se requiere avanzar hacia mecanismos efectivos de protección, incluso si en el corto plazo deben tener un carácter sui generis o de impulso civil, ante la insuficiencia de respuestas estatales. Al mismo tiempo, es indispensable fortalecer la vigilancia democrática sobre el uso de herramientas de seguridad e inteligencia frente a la ciudadanía organizada.

En el plano institucional, el movimiento debe sostener una incidencia permanente sobre la Asamblea Legislativa y otros espacios de decisión. No basta con reaccionar ante proyectos regresivos; es necesario anticiparse, formular propuestas, construir alianzas y mantener presencia constante en la discusión pública. La rendición de cuentas ciudadana debe convertirse en práctica sostenida y no episódica.

La disputa también es comunicacional. Es urgente fortalecer una narrativa capaz de conectar con preocupaciones cotidianas como el agua, la tierra y el acceso a bienes naturales. Sin abandonar el rigor técnico, el movimiento debe hablar en un lenguaje comprensible y movilizador, disputar el sentido común y ofrecer horizontes de futuro. La denuncia es necesaria, pero no suficiente; se requiere construir esperanza política con propuestas viables.

Finalmente, es clave aprender del contexto regional e internacional. Comprender cómo operan los autoritarismos contemporáneos, qué los fortalece y qué los debilita, permitirá anticipar escenarios y evitar errores. Existen ejemplos de concentración de poder en la región, pero también experiencias de transición democrática que ofrecen lecciones valiosas.

El desafío central no es únicamente resistir el avance extractivista o el debilitamiento institucional. Es reconstruir tejido social, reactivar presencia territorial y proponer un proyecto país basado en la justicia socioambiental. En esa tarea se juega no solo la defensa del ambiente, sino la calidad misma de nuestra democracia.

* Texto presentado en el Foro: “Desafíos de los movimientos sociales ante el rumbo del país”, organizado por la Alianza por una Vida Digna y el medio digital SURCOS, el martes 03 de marzo.

Denuncian avance extractivista y exigen protección para mujeres defensoras

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Colectivas ecologistas denuncian el avance extractivista y exigen protección urgente para mujeres defensoras en Costa Rica y Latinoamérica

Costa Rica no es el paraíso verde que venden los folletos turísticos. Detrás del discurso de sostenibilidad, nuestros territorios están bajo la amenaza del modelo extractivista que sigue avanzando y destruyendo la vida con la permisividad del gobierno de Rodrigo Chaves. En este Día Internacional de las Mujeres, alzamos la voz para denunciar esto, así como el preocupante aumento en el número de feminicidios y de la violencia de género en el país en los últimos cuatro años.

Sabemos que somos las mujeres quienes estamos en la primera línea resistiendo, cargando con el peso de una defensa que el Estado debería garantizar pero que muchas veces criminaliza. Las políticas del Estado que priorizan los intereses económicos nos obligan a luchar y resistir frente a diversas y complejas problemáticas: minería no metálica mal regulada que está acabando con los ríos, agrovenenos al por mayor que envenenan el agua y el suelo, monocultivos depredadores que desplazan la vida, abandono de la semilla criolla y desprecio a la biodiversidad alimentaria, falta de recursos y apoyo estatal a las mujeres y organizaciones de mujeres en acciones pro naturaleza y empleos verdes, inexistente gestión integrada de residuos que convierte el mar y los ríos en vertederos, desfinanciamiento de las áreas silvestres protegidas que compromete su conservación, desprotección de las comunidades indígenas y represamiento de ríos que afectan los ecosistemas y a nuestras comunidades.

De esta forma la amenaza de la minería a cielo abierto no es cosa del pasado. La lucha en Crucitas sigue vigente mientras haya empresas esperando su oportunidad y suelos fértiles en riesgo. Nosotras, las que cuidamos las quebradas y sembramos la tierra, sabemos que detrás de un proyecto minero viene la deforestación de grandes extensiones de bosque, la contaminación del agua y el despojo de comunidades, por lo que no vamos a permitir que pongan el lucro por encima de nuestra salud y la de los ríos. Esta lógica de explotación también se repite cuando las ciudades consumen y generan toneladas de desperdicio, pero son las comunidades rurales y costeras las que terminan cargando con los rellenos sanitarios. No es casualidad, es discriminación territorial: nos usan como vertedero, contaminan nuestros suelos y aguas, y luego nos dicen que progresamos. El ecofeminismo lo tiene claro, la misma lógica que explota y violenta a las mujeres, explota y destruye la tierra, y no aceptaremos que nuestros territorios sean la solución barata para los problemas de otros.

La presión sobre la vida de las mujeres se siente también en el litoral, donde los planes reguladores o las voluntades políticas que se ajustan para facilitar el desarrollo turístico en realidad abren la puerta a la especulación inmobiliaria, a la gentrificación y al ecocidio. Pero además del turismo mal entendido, nuestras costas enfrentan una amenaza silenciosa y brutal: el avance del narcotráfico. El tráfico de drogas ha profundizado la violencia en nuestros territorios, trayendo consigo inseguridad, control armado y miedo. Las mujeres que vivimos en zonas costeras sabemos que cuando el narco llega, se llevan la paz, se llevan a nuestros jóvenes y nos dejan más vulnerables. Y cuando denunciamos, cuando nos oponemos, la represalia llega más rápido. El narco no sólo trafica con drogas, también trafica con nuestras vidas.

Así también, las mujeres de pueblos originarios y las recuperadoras de tierras ancestrales sostienen la defensa del territorio con su cuerpo en Costa Rica y toda Latinoamérica. Ellas enfrentan amenazas, criminalización y violencia por proteger lo que es suyo por derecho histórico, y cuando queman una comunidad recuperada o desalojan con violencia, no solo atacan un espacio físico, sino que atacan la memoria y el futuro de un pueblo. Exigimos justicia y el fin de la impunidad para quienes hostigan a estas compañeras defensoras. Particularmente, a diez años de su siembra, queremos recordar y exigir justicia para Berta Cáceres, indígena lenca defensora del río Gualcarque en Honduras, quien recientemente se confirmó que fue asesinada por la cúpula empresarial del proyecto Agua Zarcas, utilizando fondos provenientes de bancos internacionales y con la complicidad del estado hondureño.

Además, manifestamos total solidaridad con las mujeres en Gaza, que llevan más de dos años viviendo un genocidio y ecocidio perpetuado por Israel y con apoyo de Estados Unidos. Estas han sido despojadas de su territorio, de sus olivos milenarios, de sus cultivos, del libre acceso al agua, se les ha arrebatado la posibilidad de reproducir y sostener la vida y se les ha exterminado sistemáticamente. Por esto manifestamos nuestra total oposición al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel que fue pactado por el gobierno de Rodrigo Chaves, pero que aún no ha sido ratificado por la Asamblea Legislativa. ¡No queremos negociar con Estados genocidas!

El ecofeminismo nos enseña que la lucha por la tierra es la lucha por nuestros cuerpos y nuestro futuro, y no es casualidad que quienes más cuidan la vida sean las más amenazadas, pero tampoco lo es que seamos las más organizadas. Hoy, 8 de marzo resistimos, y mientras haya una mujer cuidando un manglar, protegiendo el arrecife o recuperando tierra ancestral, la vida seguirá resistiendo.

Desde las organizaciones que trabajamos por las montañas, los bosques, el mar, los ríos y el territorio, reafirmamos:

● No a la minería a cielo abierto, en Crucitas o en cualquier rincón del país. El agua vale más que el oro.

● Justicia ambiental para las comunidades rurales y costeras: basta de convertirnos en el basurero del «desarrollo» urbano y en zonas de sacrificio.

● Protección real para las mujeres defensoras: garantías de seguridad, fin a la criminalización y acceso a la justicia.

● Planes reguladores con participación comunitaria, no al servicio de la especulación inmobiliaria.

● Respeto a las Áreas Silvestres Protegidas: Gandoca-Manzanillo y todos los ecosistemas protegidos no son negociables.

● Apoyo real del Estado a proyectos por la Naturaleza gestionados por mujeres.

● Alto al represamiento de ríos que afectan los ecosistemas y a nuestras comunidades.

En memoria de María del Mar Cordero, ecologista asesinada en Costa Rica 1994 – La Guerrera del Golfo Dulce.

Organizaciones

Bloque Verde

Defensores de la Casa Común

Federación Ecologista

Guanadefensoras

Red de Mujeres Costeras y Rurales

Ecobichotas

Coecoceiba-amigos de la tierra Costa Rica

Movimiento Ríos Vivos

Costa Rica por el Océano

Talamanca Siempre Verde

Frente Ecologista Universitario – FECOU

Solicitan anular viabilidad ambiental de proyecto minero en el río Guacimal

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Graves omisiones e inconsistencias técnicas

Un incidente de nulidad presentado ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental solicita la anulación de la Resolución N.° 0100-2025-SETENA, mediante la cual se otorgó viabilidad ambiental a un proyecto de extracción de material del cauce del río Guacimal, en Puntarenas. El recurso advierte deficiencias graves en el Estudio de Impacto Ambiental, contradicciones técnicas, ausencia de análisis esenciales y un riesgo significativo de daño ambiental irreversible en un ecosistema de alta fragilidad ubicado dentro del Corredor Biológico Pájaro Campana.

El incidente fue presentado por la abogada Sofía Barquero Mata, con el apoyo técnico de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental (E-Law), en representación de un amplio grupo de organizaciones comunitarias de la cuenca del río Guacimal. El escrito sostiene que la resolución de SETENA está viciada de nulidad absoluta por haberse fundamentado en un Estudio de Impacto Ambiental que no cumple con los contenidos mínimos exigidos por la legislación ambiental y que impide una toma de decisión informada, en contravención del artículo 50 de la Constitución Política.

Un estudio ambiental insuficiente y contradictorio. Según el documento, el estudio ambiental adolece de múltiples deficiencias sustantivas y formales que comprometen su idoneidad técnica y jurídica. Entre ellas se señala la ausencia de una línea base ambiental adecuada, la incorrecta delimitación del área de influencia directa e indirecta, la omisión de impactos aguas arriba y aguas abajo, así como la falta de análisis de efectos acumulativos y sinérgicos. El recurso también advierte que anexos completos del expediente parecen corresponder a otro proyecto distinto, pues hacen referencia a “CDP Río San Carlos” y citan un número de expediente diferente, lo que genera dudas razonables sobre la coherencia y autenticidad del estudio evaluado.

Ecosistemas frágiles y especies amenazadas. El proyecto se ubica dentro del Corredor Biológico Pájaro Campana, una franja estratégica que conecta bosques nubosos con manglares costeros y que resulta fundamental para la movilidad de fauna y la conservación de la biodiversidad. El propio estudio reconoce la presencia de especies en categorías de amenaza, como el mono congo, la nutria de río, diversas aves y fauna acuática migratoria. Sin embargo, el recurso subraya una contradicción central del documento técnico, ya que mientras se reconoce que la fragilidad del ambiente acuático es alta, posteriormente se afirma que la afectación sería mínima al limitarse al tajo de extracción, minimizando el riesgo sin respaldo técnico suficiente.

Riesgo al agua, al paisaje y a las comunidades. El documento también señala que no se realizaron mediciones adecuadas de calidad del agua en el área que sería directamente intervenida, pese a que el propio estudio admite que la extracción de materiales libera sedimentos finos en suspensión, lo cual puede afectar la respiración y alimentación de organismos acuáticos. Este punto es particularmente crítico porque el río Guacimal es esencial para la seguridad hídrica de más de cuatro mil personas usuarias de ASADAS locales, cuyas fuentes y pozos dependen del río tanto en calidad como en cantidad. Además, la cuenca cumple una función clave para la conservación del corredor biológico, la economía local y la salud del manglar y del Golfo de Nicoya, por lo que el impacto no se limita al cauce intervenido, sino que tiene efectos acumulativos en todo el sistema socioecológico.

El recurso también cuestiona la omisión del valor paisajístico, recreativo y cultural del río Guacimal, a pesar de que el área cuenta con pozas, rápidos y sectores naturales utilizados para el baño, la recreación y el turismo de naturaleza. El estudio llega a afirmar que no existen valores paisajísticos, comerciales, recreativos o religiosos que puedan verse afectados, sin estudios de campo ni respaldo empírico que sustente esa conclusión. En el plano social se evidencian contradicciones adicionales, pues aunque el documento afirma que no hay población en el área de influencia, reconoce la existencia de comunidades cercanas, tránsito de vagonetas, riesgos para peatones y la presencia de un pozo comunal aguas abajo utilizado para abastecimiento doméstico.

Solicitud de anulación y medidas cautelares. Ante este panorama, el incidente solicita la anulación de la viabilidad ambiental otorgada y la adopción de medidas cautelares urgentes, incluyendo la suspensión inmediata de los efectos de la resolución para evitar que el proyecto avance hacia etapas potencialmente irreversibles. El texto advierte que permitir la continuación del trámite vaciaría de contenido el mandato constitucional de tutela preventiva del ambiente, convirtiendo la evaluación ambiental en un control tardío y meramente formal. Se enfatiza además que la suspensión solicitada es temporal, que no existen inversiones consolidadas acreditadas por parte del desarrollador y que el daño ambiental potencial sería estructuralmente irreversible.

Problemática y organización de Defensa del Rio Guacimal. En paralelo, comunidades del Corredor Biológico Pájaro Campana, junto con organizaciones socioambientales, Asociaciones de Desarrollo Integral y ASADAS, presentaron ante el Concejo Municipal de Puntarenas una solicitud para declarar una moratoria inmediata a nuevas extracciones mecanizadas de materiales en el cauce del río Guacimal debido a los riesgos ambientales, hídricos y socioeconómicos que enfrenta la cuenca.

Actualmente el río se encuentra amenazado por once solicitudes de concesión minera en cauce para extracción de piedra y arena entre Guacimal y Chomes. Dos ya operan y las restantes se encuentran en trámite, lo que implicaría casi veinte kilómetros de extracción prácticamente continua, abarcando más de la mitad del río. Las comunidades advierten que la extracción intensiva provoca profundización y ensanchamiento del lecho, erosión acelerada, pérdida de biodiversidad, afectación de zonas de recarga hídrica y daños a terrenos e infraestructura comunitaria. Asimismo, alertan que se restringiría el acceso tradicional al río y se afectarían emprendimientos de turismo rural, agricultura y actividades recreativas que constituyen pilares económicos del distrito.

Desde el año 2025 un bloque de veintiuna organizaciones ha articulado esfuerzos para visibilizar la importancia del río mediante campañas de concienciación y reuniones con autoridades del Poder Ejecutivo. Desde hace más de quince años las comunidades iniciaron la defensa de esta cuenca, particularmente del río Veracruz, uno de sus principales afluentes, frente a intentos de explotación comercial de su recurso hídrico para riego agrícola. Aquella iniciativa habría comprometido gravemente el equilibrio ecológico del sistema, poniendo en riesgo la supervivencia de la cuenca.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Parlamento Cívico Ambiental: En Crucitas la vida, la democracia y el futuro de Costa Rica no son negociables

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Comunicado

El Parlamento Cívico Ambiental (PCA), conformado por 42 organizaciones de la sociedad civil, hizo público hoy su Manifiesto nacional tras la comparecencia del Ministro de Seguridad Pública ante el Plenario Legislativo sobre la situación en Crucitas, San Carlos.

Luego de analizar lo expuesto en la Asamblea Legislativa, el PCA declaró que la crisis en Crucitas es real y marcada por minería ilegal, redes criminales, contaminación ambiental y abandono institucional, pero advirtió que su instrumentalización para justificar el retorno de la minería metálica a cielo abierto es inaceptable.

El Manifiesto señala que el daño ambiental existente incluye afectaciones a mantos acuíferos, uso indebido de arsénico y esterilización de suelos por desechos tóxicos provenientes de lagunas clandestinas de lixiviados. No obstante, enfatiza que ninguna crisis puede utilizarse como argumento para debilitar la democracia ni retroceder en la protección ambiental del país.

En particular, el PCA rechaza que el proyecto de ley 24717 pretenda presentar la minería metálica a cielo abierto como alternativa frente a la inseguridad o la pobreza, calificando esa narrativa como un “espejismo” que profundizaría el conflicto ambiental y social.

El documento recuerda que Costa Rica ya tomó una decisión país, nacida de la conciencia por la vida y del amor por la tierra, al prohibir esta práctica extractiva. Retroceder implicaría violar el principio de no regresión ambiental, debilitar el Estado de derecho y comprometer el futuro ecológico de la nación.

En su declaratoria central, el Parlamento Cívico Ambiental establece:

Un no rotundo, firme e irreversible a la minería metálica a cielo abierto en Crucitas y en todo el territorio nacional.

El PCA subraya que este no no es ideológico ni coyuntural, sino científico, ciudadano y generacional.

Asimismo, el Manifiesto plantea que el verdadero camino para atender la situación en Crucitas debe orientarse hacia medidas estructurales como las contenidas en propuestas como el Proyecto de Ley 24675, que promueven presencia estatal permanente, combate integral a economías ilegales, restauración ecológica, desarrollo local sostenible y participación comunitaria.

“El oro de Costa Rica no está bajo la tierra, sino en sus bosques, en su agua y en su gente”, concluye el documento.

El Parlamento Cívico Ambiental hace un llamado a la ciudadanía, academia, comunidades y sectores productivos responsables a defender juntos esta decisión histórica y a mantener la coherencia ambiental que ha distinguido al país.

Puede descargar el manifiesto completo desde SURCOS donde se encuentran los logos de las organizaciones que integran el Parlamento y suscriben el comunicado:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/02/Manifiesto-Crucitas-2-163.2026.pdf

Jerhy Rivera, seis años después: la herida que sigue abierta en Térraba

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por Mauricio Álvarez Mora, ecologista y Docente UCR UNA

Hoy, 24 de febrero, se cumplen seis años del asesinato de Jerhy Rivera Rivera, joven dirigente indígena Bröran del territorio de Térraba. Son seis años de impunidad, dolor y una herida abierta que interpela de manera directa al Estado costarricense y a su sistema de justicia.

Jerhy nació el 1.º de noviembre de 1974 en Térraba. Desde muy joven se destacó como un dirigente valiente y vehemente, comprometido con la lucha contra el despojo territorial, la discriminación histórica hacia los pueblos indígenas y la defensa de los bienes comunes naturales y culturales. Lo conocimos en la resistencia frente a la amenaza del proyecto hidroeléctrico Diquís, defendiendo el río Grande de Térraba con una claridad que aún resuena: “El río no se entrega a cambio de una carretera o una construcción”.

Jerhy fue asesinado por la espalda, a balazos, dentro del territorio indígena Bröran de Térraba, a los 46 años. Su asesinato fue el resultado de un linchamiento promovido por personas no indígenas que usurpan tierras indígenas desde hace décadas. Este crimen no puede comprenderse sin señalar la responsabilidad directa del Estado: la Fuerza Pública estaba presente, fue testigo directo de los hechos y no intervino.

La mañana de ese día, hace seis años, varias familias del pueblo Bröran iniciaron un nuevo proceso de recuperación territorial. Entre ellas estaba la familia Rivera. Antes de estas recuperaciones, el pueblo Bröran apenas ejercía control efectivo sobre el 10 % de su territorio, mientras que el 90 % permanecía en manos de personas no indígenas, incluyendo fincas ganaderas de hasta mil hectáreas concentradas en una sola persona. Muchas familias indígenas fueron expulsadas de sus tierras legalmente asignadas y forzadas a migrar.

La respuesta a esa recuperación fue brutal. Una turba de personas no indígenas se organizó con el objetivo, según sus propias expresiones, de “tajadear” al líder indígena Pablo Sibar Sibar, quien también ha sobrevivido a múltiples atentados y actos de violencia. Por milagro no hubo más víctimas mortales. La familia de Jerhy relató que la noche anterior al asesinato sobrevivieron a un ataque armado perpetrado por más de cien personas no indígenas, que actuaron con total violencia, a la vista y paciencia de la Fuerza Pública.

En 2020, el Juzgado Penal de Buenos Aires de Puntarenas elevó a juicio la causa contra un hombre de apellidos Varela Rojas, acusado de homicidio calificado, amenazas agravadas y portación ilegal de arma. En agosto de 2022, este mismo sujeto se presentó de noche a una actividad pública con autoridades en la Escuela de Buenos Aires de Puntarenas y declaró, con cinismo y agitación: “yo fui el que lo maté”. El público lo aplaudió. Todo quedó registrado y fue transmitido en vivo por Facebook.

El 1.º de febrero de 2023, un tribunal de Pérez Zeledón lo condenó a más de 20 años de prisión por homicidio calificado, portación ilegal de arma y amenazas agravadas contra una testigo. Sin embargo, el 17 de julio de 2023, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago ordenó su liberación, anuló el juicio y dispuso la realización de uno nuevo, alegando vicios en el procedimiento. A finales de 2024, el Tribunal de Pérez Zeledón absolvió al principal imputado, argumentando que las declaraciones y pruebas no permitieron comprobar la tesis de la Fiscalía ni de la familia querellante.

Este asesinato y el largo proceso judicial que le siguió han dejado al sistema de justicia seriamente cuestionado, con evidentes signos de racismo institucional. Han dejado a la familia de Jerhy profundamente herida y abatida; al pueblo Bröran con la amarga lección de cuánto vale la vida de una persona indígena en este país; y a quienes hemos acompañado durante años estos procesos de defensa del territorio y de los derechos humanos, en un estado de indignación profunda.

A seis años del asesinato de Jerhy Rivera Rivera, la impunidad no es solo una falla judicial: es un mensaje político. Un mensaje que normaliza la violencia contra los pueblos indígenas protege a los usurpadores y castiga, una y otra vez, a quienes defienden la vida, el territorio y la dignidad. Recordar a Jerhy no es un acto simbólico: es una exigencia de verdad, justicia y reparación, y una denuncia permanente contra un Estado que sigue llegando tarde -o no llegando- y que, cuando llega, protege y legitima a los agresores, no a los pueblos originarios.

¿Qué está pasando hoy en los territorios de América Latina?: prender los conflictos socioambientales, las resistencias y la defensa de la vida

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Once personas provenientes de nueve países de América Latina, entre académicas y académicos, ex autoridades públicas, activistas socioambientales con amplia trayectoria y representantes de pueblos originarios maya Q’eqchi’, cabécar, Ngäbe-Buglé y maya K’iche’, contribuirán a comprender el actual momento histórico que atraviesa la región, marcado por el avance de los extractivismos, la intensificación de los conflictos territoriales y la criminalización de quienes defienden la vida y los bienes comunes.

Comprender lo que está ocurriendo hoy en América Latina exige ir más allá de los titulares y abrir espacios de intercambio y reflexión colectiva. Escuchar a quienes investigan, enseñan, resisten y habitan los territorios permite construir una mirada crítica sobre las dinámicas extractivas, las disputas por el agua, la tierra y los bienes comunes, así como sobre las múltiples formas de organización y defensa de la vida que emergen desde abajo, en comunidades, pueblos originarios y movimientos socio territoriales.

La región atraviesa una coyuntura socioambiental decisiva y, mediante estas sesiones, se busca responder a interrogantes fundamentales como: ¿cuáles son hoy las principales luchas que se libran en los territorios?, ¿qué amenazas enfrentan las personas defensoras ambientales?, ¿qué significan los derechos de la naturaleza, la memoria ecológica y las respuestas de los pueblos y organizaciones frente a estas ofensivas?

En este contexto, el curso Derechos Ambientales, de la Maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica, desarrollará un ciclo de siete sesiones abiertas y gratuitas dedicadas al análisis de la actualidad de las problemáticas socioambientales en América Latina. Se trata de conferencias, foros y espacios de diálogo que proponen construir una radiografía crítica de la región a partir de diversos ejes socioambientales.

El ciclo iniciará el 26 de febrero, de 5:00 p. m. a 7:00 p. m., con la sesión El aporte de la memoria en la construcción de una historia ecológica, a cargo de Ramón Vera-Herrera (México), editor, traductor y comunicador, cofundador del suplemento Ojarasca del diario La Jornada y editor de la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas, referente clave del pensamiento crítico ambiental en la región.

El 5 de marzo, la sesión Del extractivismo colonial a los extractivismos contemporáneos estará a cargo de Emiliano Terán Mantovani (Venezuela), sociólogo, profesor universitario e investigador en ecología política, actualmente es el facilitador de la red Oilwatch Latinoamérica, instancia con 30 años de resistencia a la actividad petrolera en la región y el Sur global.

El 26 de marzo se desarrollará la sesión Experiencias desde la institucionalidad ambiental en el Gobierno de Colombia, con la participación de Tatiana Roa Avendaño (Colombia), exviceministra, académica e investigadora reconocida por su trabajo en justicia ambiental, conflictos territoriales y políticas públicas, desde una mirada crítica.

Posteriormente, el 23 de abril, se abordará la sesión Génesis, evolución y estado de los Derechos de la Naturaleza en Ecuador, con Esperanza Martínez Yánez (Ecuador), abogada y bióloga, fundadora de Acción Ecológica y una de las principales impulsoras del reconocimiento constitucional de los Derechos de la Naturaleza, con una larga trayectoria en la defensa de los territorios frente al extractivismo petrolero y minero.

El 14 de mayo, la sesión Criminalización de las personas defensoras ambientales en la región contará con la participación de Diana Murcia Riaño (Colombia), abogada y defensora de derechos humanos, con amplia experiencia en el acompañamiento jurídico y político a comunidades criminalizadas por la defensa del territorio en la región andina.

El 21 de mayo se realizará el foro Criminalización, exilio, cárcel y persecución de defensores ambientales en Mesoamérica, con la participación de Ana Laura Rojas (Guatemala), defensora de derechos humanos y comunicadora comunitaria; Bernardo Caal Xol (Guatemala), maestro y defensor del territorio del pueblo maya Q’eqchi’, criminalizado por su lucha en defensa de los ríos; y Adriana Ramírez (El Salvador), activista ecológica y parte del Movimiento Político Rebelión Verde (ReverdES), organización político-ambientalista que articula luchas contra el extractivismo, la criminalización de liderazgos comunitarios y la degradación socioambiental en su país.

Finalmente, el 4 de junio, en el marco del Día Mundial del Ambiente, se llevará a cabo el foro Mujeres de pueblos originarios en defensa de la vida, con la participación de Weny Bagama (Panamá), lideresa del pueblo Ngäbe-Buglé y delegada del Congreso General Ngäbe ; Doris Ríos Ríos (Costa Rica), lideresa del pueblo cabécar de China Kichá y defensora del territorio; y Sebastiana Par Álvarez (Guatemala), autoridad ancestral maya K’iche’, ajq’ij (guía espiritual maya) y defensora de los territorios indígenas y la vida comunitaria.

Las sesiones se transmitirán en vivo a través del canal de YouTube del Instituto de Estudios Latinoamericanos IDELA (https://www.youtube.com/@infolatinoidela262), los jueves señalados, en horario de 5:00 p. m. a 7:00 p. m., y estarán abiertas a todo público. Este espacio formativo y de diálogo ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación Heinrich Böll – Oficina Guatemala, la Internacional de la Educación (IE) y el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.

Este esfuerzo busca llevar el análisis no solo a la población estudiantil universitaria, sino también al público en general, ampliando el acceso al debate informado sobre los conflictos y las resistencias que atraviesan nuestros territorios, desde las voces y experiencias de quienes los habitan, los defienden, los piensan y los construyen cotidianamente.

Cuando el “paraíso verde” empieza a crujir, el territorio habla

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Luis Andrés Sanabria Zaniboni

Donde tiembla la narrativa oficial nos lleva al Caribe Sur de Costa Rica y pone en primer plano la experiencia del defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven.

La crónica revela cómo, detrás del discurso de sostenibilidad, operan permisos fragmentados, vacíos normativos y procesos que convierten ecosistemas frágiles en negocios privados. También expone el costo humano de documentar, denunciar y sostener la defensa del territorio frente a intereses económicos consolidados.

Una lectura clave para comprender lo que ocurre cuando la protección ambiental se sostiene desde la soledad y el desgaste cotidiano.

Este es un texto compartido con SURCOS por el autor y el cual puede leer en la revista CASAdeNADIE:

👉 Léela aquí: https://revistacasadenadie.com/donde-tiembla-la-narrativa-oficial-cronicas-desde-el-caribe-sur-de-costa-rica/

Municipalidad de San Rafael de Heredia aprueba traspaso de finca en Cerro Chompipe para su protección absoluta

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CONCEVERDE

El Concejo Municipal de San Rafael de Heredia aprobó el traspaso de aproximadamente 155 hectáreas del Cerro Chompipe al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), cumpliendo con la obligación legal de proteger terrenos declarados inalienables desde el 30 de julio de 1888 por la Ley 65. Esta norma histórica buscó detener la deforestación y garantizar el recurso hídrico para el Valle Central, estableciendo la protección absoluta de los terrenos de las montañas heredianas, incluyendo la finca del Cerro Chompipe, que registralmente está a nombre de la Municipalidad de San Rafael de Heredia.

El proceso de traspaso ha estado marcado por la resistencia del alcalde Jorge Arias Santamaría, quien se ha negado reiteradamente a ejecutar el traspaso, pese a dos resoluciones de la Sala Constitucional y normativa jurídica, que obligan al MINAE, a recuperar los terrenos de la zona inalienable, aun los que están a nombre de municipalidades.

La organización ambiental CONCEVERDE celebra la decisión de los cinco regidores que respaldaron la moción; sin embargo, denuncia la postura de los regidores del partido del alcalde, Auténtico Rafaeleño, quienes al rechazarla terminan avalando los planes del jerarca de la administración municipal, de impulsar en el Cerro Chompipe un proyecto con fines económicos, más que de protección, encubierto bajo la figura de monumento natural. Esta iniciativa contradice el mandato de protección absoluta y amenaza un patrimonio natural que nuestros antepasados impulsaron con visión y sabiduría desde el siglo XIX.

El Cerro Chompipe no es un terreno disponible para negocios ni proyectos turísticos: es un bien inalienable, parte del patrimonio natural del Estado, y su destino está claramente definido por la ley y la historia. La negativa del alcalde y sus aliados representa un retroceso grave frente a la lucha por la defensa del agua y los bosques heredianos.

En los siguientes enlaces, se pueden visualizar, algunas de las gestiones realizadas para el traspaso de la finca del Cerro Chompipe:

https://drive.google.com/file/d/116kqQE416-tl1wR9cnf-s4eZhUV4NJoD/view?usp=sharing

https://surcosdigital.com/colectivo-conceverde-exige-respuestas-a-municipalidad-de-san-rafael-por-realizar-actividades-no-permitidas-en-cerro-chompipe/

https://surcosdigital.com/conceverde-solicita-al-alcalde-de-san-rafael-de-heredia-cumplir-con-traspaso-de-finca-que-forma-parte-del-patrimonio-natural-del-estado/

https://surcosdigital.com/demandan-acciones-del-minae-para-recuperar-finca-estatal-en-zona-protegida-del-cerro-chompipe/

Federación ecologista elige nueva presidenta y analiza coyuntura electoral

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  • FECON hace un llamado a votar con conciencia social, ambiental y en defensa de los ecosistemas que sostienen la vida, la economía, la salud; en defensa de la democracia y contra el autoritarismo.

(1 de diciembre 2025) La especialista en justicia climática Mariana Porras Rozas es la nueva presidenta de esta plataforma de articulación de organizaciones ecologistas de todo el país denominado Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON). La Federación que acoge a una decena de organizaciones ambientales y desde el año 1989 tiene la finalidad de ser una plataforma que lucha por la justicia ambiental.

Comunidades Ecologista La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica (CoecoCeiba-AT) es la organización de base de Mariana Porras Rozas. Ella proviene de los Guidos de Desamparados y desde niña sus padres la incluyeron actividades de juventudes impulsados por la extinta Asociación Ecologista Costarricense (AECO) en los años 90’s. Por lo cual, Porras acumula más de 30 años de formación y trabajo ecologista; lo que la han llevado también a liderar espacios dentro de Amigos de la Tierra América Latina (ATALC) y representar a Costa Rica en la Federación de Amigos de la Tierra Internacional.

La asamblea ecologista se desarrolló el pasado 29 de noviembre, la sede de este evento fue la Asociación. para la Conservación y Desarrollo Sostenible de los Cerros de Escazú (CODECE) parte de la membresía de FECON desde sus inicios. Adicional a la asamblea FECON organizó un espacio de discusión con otras 16 organizaciones aliadas invitadas para discutir el panorama político-ambiental a escasos dos meses de la primera ronda electoral. Algunos puntos claves de la discusión fueron:

Costa Rica atraviesa una coyuntura especialmente delicada caracterizada por el recrudecimiento de tendencias autoritarias, el avance del crimen organizado dentro de múltiples esferas del poder político, empresarial y estatal; el desmantelamiento acelerado de la institucionalidad pública y el fortalecimiento de un modelo extractivista que profundiza desigualdades sociales, de género, territoriales y ambientales. Sumado a esto el ataque a las personas periodista y los medios de comunicación son síntomas de la deriva autoritaria y anti-democrática que vive el país. La combinación de estos factores conforma un escenario que impacta directamente las luchas por la justicia ambiental, la defensa de los territorios y la protección de los bienes comunes.

Se consolidan señales preocupantes de autoritarismo: ataques recurrentes de la Administración Rodrigo Chaves hacia otros poderes, instituciones y organizaciones. Discursos estigmatizantes contra sindicatos, universidades públicas, prensa, organizaciones sociales, ambientalistas, mujeres y comunidades indígenas, además del uso creciente de narrativas de criminalización.

Esta clausura democrática se expresan también en flexibilización de regulaciones ambientales, debilitamiento de comisiones técnicas, avance del monocultivo intensivo, turismo inmobiliario agresivo, gentrificación de territorios, y apertura de megaconstrucciones y privatización de áreas de alto valor ecosistémico, que evidencian procesos de despojo territorial, captura del Estado y presión sobre los bienes comunes, mientras comunidades y organizaciones locales cargan con la defensa cotidiana del agua, los bosques y la biodiversidad.

Un eje central de esta coyuntura es el debilitamiento estructural de la participación social en asuntos ambientales. La actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad es solo un ejemplo dentro de una tendencia más amplia: participación simbólica, acelerada y sin incorporación real de las voces territoriales.

La presión creciente de gentrificación, y un modelo de atracción de inversión sólo sabe avanzar erosionado derechos laborales, precarizando la vida rural y expandiéndose en forma de enclaves turísticos. Todo esto impacta directamente los ecosistemas, el acceso al agua, la erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad y la soberanía alimentaria, al mismo tiempo que profundiza la desigualdad territorial y fractura comunidades enteras.

Esta coyuntura crítica afecta de manera diferenciada a mujeres rurales, juventudes, defensoras ambientales, pueblos originarios y comunidades empobrecidas, que sostienen la economía del cuidado, la producción de alimentos y la defensa de los territorios. Los retrocesos en derechos sexuales y reproductivos, la violencia patriarcal, el aumento del feminicidio y la criminalización de la protesta agravan la situación para quienes encabezan luchas territoriales y ambientales en condiciones de riesgo.

El desafío inmediato para el movimiento ecologista y para espacios como FECON consiste en comprender y combatir esta coyuntura como un fenómeno sistémico, fortalecer la articulación comunitaria y territorial, producir pensamiento crítico propio, y defender de manera integral la justicia ambiental, climática, territorial, económica, social y de género.

Por último, la Federación hace un llamado a votar con conciencia social, ambiental y en defensa de los ecosistemas que sostienen la vida, la economía, la salud; en defensa de la democracia y el autoritarismo. No es posible defender la biodiversidad, el agua y los bosques sin inconstitucionalidad democrática y derechos plenos para todas las personas.