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Etiqueta: Delcy Rodríguez

Venezuela, petróleo sin cuentos

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

José A. Amesty Rivera

Hay momentos en la historia en los que toca pensar con cabeza fría y Venezuela vive uno de ellos.

El 2 de septiembre de 2026, en el Palacio de Miraflores, el Gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez firmó acuerdos energéticos con empresas de EEUU, Italia y Venezuela, en presencia del secretario de Energía estadounidense Chris Wright. Los acuerdos abarcan petróleo, gas, electricidad, inversión, tecnología, empleo e infraestructura.

Es importante distinguir este momento del anuncio realizado el 28 de agosto, que planteó un marco general de cooperación petrolera entre Venezuela y EEUU. Los acuerdos del 2 de septiembre representan, en cambio, instrumentos concretos con empresas como Chevron, ENI, General Electric Vernova, Aspect Holdings y Primavera. La diferencia importa, los anuncios políticos expresan una orientación, los contratos concretos permiten evaluar qué se está negociando realmente.

Tanto los anuncios políticos como los contratos específicos, ya se ubican en extremos, para unos, Venezuela está entregando su soberanía, para otros, comienza simplemente su recuperación económica, ambas posiciones son simplistas, ya que Venezuela necesita inversión, tecnología, mercados y capital para reconstruir una industria petrolera e infraestructura profundamente deterioradas. Pero la inversión extranjera no garantiza por sí misma desarrollo; la verdadera pregunta es cómo se negocia y cuánto beneficio queda en Venezuela.

Chevron, ENI y las demás empresas no llegan por caridad. Buscan rentabilidad, mercados y oportunidades y esto es normal. El problema no es que estas empresas ganen dinero; el problema sería que ganen ellas mientras Venezuela pierde. Por esto deben evaluarse los contratos, las regalías, los impuestos, la participación estatal, los empleos, los proveedores nacionales, la formación profesional, la protección ambiental y el destino de los ingresos.

La soberanía tampoco consiste únicamente en afirmar que el petróleo pertenece al Estado; la soberanía real significa tener capacidad para decidir qué se produce, con quién, bajo qué condiciones, cuánto recibe el país y cómo utiliza esos recursos.

El acuerdo con General Electric Vernova resulta especialmente importante porque la recuperación petrolera no puede sostenerse sobre un sistema eléctrico deteriorado. Recuperar generación, transmisión y distribución, junto con capacitar trabajadores venezolanos, podría tener un impacto tan importante como aumentar la producción de crudo.

Del mismo modo, la participación de empresas como Primavera y Aspect Holdings plantea la necesidad de fortalecer el talento nacional y reincorporar a profesionales venezolanos que emigraron.

EEUU tampoco actúa por desinterés. Necesita energía, mercados y oportunidades para sus empresas, además de fortalecer su posición geopolítica. Venezuela, por su parte, necesita inversión, tecnología y mercados. Aquí existe un espacio legítimo de negociación. No se trata de escoger entre Washington y Caracas, sino de lograr que Caracas pueda negociar con Washington defendiendo sus propios intereses.

Por otro lado, una izquierda seria no debería rechazar automáticamente la inversión extranjera. Debe preocuparse por evitar la subordinación económica y garantizar que la renta nacional sea distribuida justamente. La consigna no debería ser «fuera las transnacionales«, sino, transnacionales, pero negociando desde el interés nacional.

El desafío mayor es no repetir el viejo modelo rentista. Venezuela no necesita simplemente volver a producir millones de barriles para volver a depender del petróleo. Debe utilizar la riqueza petrolera para desarrollar agricultura, industria, tecnología, infraestructura, educación, salud y empleo. Paradójicamente, el objetivo de una política petrolera soberana debería ser utilizar el petróleo, para que Venezuela dependa cada vez menos del petróleo.

Por esto el éxito de estos acuerdos no debe medirse únicamente en barriles producidos o miles de millones invertidos. Deben medirse también en empleos dignos, salarios, electricidad estable, hospitales, escuelas, empresas nacionales, formación profesional, recuperación de comunidades y diversificación económica.

El Gobierno de Delcy Rodríguez tiene ahora una enorme responsabilidad; si promete más producción, habrá que medirla; si promete inversión, habrá que comprobarla; si promete empleo, habrá que verificarlo; si promete recuperación eléctrica, habrá que verla; y si habla de soberanía, habrá que examinar los contratos. Esto no es oposición, es ciudadanía, soberanía y fiscalización.

Venezuela puede y debe negociar con EEUU, China, India, Rusia, Europa, América Latina o cualquier otro país, ya que la independencia no significa aislarse del mundo, sino poder relacionarse con todos sin quedar subordinada a ninguno.

Los acuerdos de Miraflores pueden representar una oportunidad, pero todavía no constituyen una victoria; tampoco son, por sí mismos, una rendición. Las firmas son apenas el comienzo; la verdadera evaluación llegará con los contratos, la producción, la inversión, los ingresos fiscales, la electricidad, los empleos y, sobre todo, con aquello que finalmente quede en Venezuela.

La disyuntiva no es Chevron contra Venezuela, ni Washington contra Caracas, la verdadera cuestión es si Venezuela puede hacer prevalecer sus intereses dentro de esta nueva relación. Si lo logra, habrá negociación, si no, habrá otra forma de dependencia.

Por esto hoy no corresponde ni cantar victoria ni anunciar una rendición. Corresponde observar, exigir transparencia, medir resultados y defender el interés nacional. Ni rendidos, ni suicidas, soberanos.

El petróleo no se entrega, se pone a producir para el pueblo venezolano

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

José A. Amesty Rivera

Hay momentos en la política en los que debemos bajar el volumen de las consignas, dejar por un rato los titulares de las redes sociales y mirar las cosas con serenidad. Esto es precisamente lo que deberíamos hacer con el nuevo acuerdo petrolero entre Venezuela y EEUU.

Desde que se conocieron sus detalles, las redes sociales se llenaron de dos versiones enfrentadas. Unos dicen, Trump se quedó con el petróleo venezolano, otros responden, Es una gran victoria de Venezuela. Entre ambos extremos, consideramos necesario mirar el asunto desde una perspectiva chavista, soberanista y, al mismo tiempo, pragmática.

La pregunta fundamental es sencilla, ¿Venezuela está entregando su petróleo o está negociando cómo ponerlo a producir para beneficio del país?, nuestra posición es clara, estamos ante una negociación que busca recuperar la capacidad productiva de nuestra industria petrolera y convertir nuevamente esa riqueza en ingresos para Venezuela.

Venezuela posee las mayores reservas petroleras probadas del mundo, pero durante años su industria ha sufrido las consecuencias de las sanciones, la falta de inversión, el deterioro de infraestructura y las dificultades para acceder a mercados y tecnología, por parte de EEUU. Por esto existe una realidad que no podemos esconder, tener petróleo debajo de la tierra no es suficiente.

El petróleo enterrado no genera salarios, no compra medicinas, no construye escuelas ni recupera hospitales. Para que esta riqueza se convierta en bienestar hay que producirla, comercializarla y transformar sus ingresos en desarrollo nacional, eso también es soberanía.

Según lo anunciado por la presidenta Delcy Rodríguez, el acuerdo con USA tendrá una duración de 25 años, contempla el desarrollo de 17 campos petroleros y plantea llevar la producción a más de 1,5 millones de barriles diarios. El Gobierno también ha proyectado inversiones cercanas a 100.000 millones de dólares e ingresos fiscales de unos 209.335 millones durante el período del proyecto.

Ahora bien, una de las principales matrices que circulan en las redes sociales sostiene que EEUU “se quedó con 65.000 millones de barriles”. Aquí debemos hacer una aclaratoria sencilla pero fundamental. Los aproximadamente 65.000 millones de barriles corresponden a las reservas asociadas a las áreas consideradas en el proyecto. No significa que se vayan a extraer 65.000 millones de barriles durante los 25 años.

Con una producción promedio de 1,5 millones de barriles diarios durante ese período, la cantidad producida sería mucho menor. Por esto debemos separar tres conceptos: reservas, producción y derechos de explotación. Confundirlos puede servir para fabricar titulares escandalosos, pero no para comprender la realidad petrolera.

Precisamente aquí llegamos al punto central de la defensa que ha hecho Delcy Rodríguez, la posición oficial es que Venezuela conserva la propiedad y soberanía sobre sus recursos y que las empresas extranjeras reciben derechos para desarrollar y explotar determinados campos dentro del marco legal venezolano. Esto es muy diferente a vender los yacimientos.

Una empresa extranjera puede aportar capital, tecnología y capacidad operativa sin convertirse automáticamente en propietaria del petróleo que permanece en el subsuelo, y esta distinción es fundamental para entender lo que se está haciendo.

Además, hay algo que debemos recordar desde la perspectiva histórica del chavismo. Chávez defendió la soberanía petrolera, pero jamás planteó que Venezuela debía dejar de producir petróleo. Al contrario, planteó que esa riqueza debía estar bajo control nacional y utilizarse para financiar el desarrollo y la justicia social.

La diferencia con la vieja Venezuela estaba precisamente en esto. Durante la Cuarta República, las grandes transnacionales tuvieron una enorme influencia sobre nuestra industria petrolera y buena parte de la renta terminó beneficiando a intereses extranjeros y a las élites nacionales vinculadas al negocio. La Revolución Bolivariana modificó esa relación y recuperó para el Estado una mayor participación en la renta petrolera.

Por esto, defender hoy la participación de empresas estadounidenses no significa regresar automáticamente a aquella Venezuela. La diferencia está en las condiciones y en quién establece las reglas. No se trata de entregar el petróleo a las transnacionales. Se trata de utilizar capital y tecnología extranjeros bajo condiciones que favorezcan a Venezuela.

Y aquí aparece otra idea que consideramos esencial, soberanía no significa aislamiento. Un país puede negociar, asociarse, recibir inversión extranjera y utilizar tecnología internacional sin renunciar necesariamente a sus intereses nacionales. Lo importante es quién pone las reglas, quién controla, quién cobra y para quién se utiliza la riqueza.

Obvio que tampoco debemos ser ingenuos respecto a EEUU. Washington no está mirando hacia Venezuela por solidaridad. Tiene intereses económicos y geopolíticos. Necesita energía, mercados y seguridad de suministro; mientras Venezuela necesita inversión, tecnología, mercados e infraestructura. Aquí se encuentra el interés de ambas partes. Esto se llama negociación internacional.

No tenemos que amar a EEUU para negociar con empresas estadounidenses. Tampoco tenemos que dejar de ser chavistas, porque una empresa norteamericana invierta en Venezuela. La política internacional no funciona con sentimientos. Funciona con intereses. Y Venezuela tiene una carta muy importante para negociar, su petróleo.

EEUU quiere acceder a esas reservas y las empresas buscan obtener beneficios. Venezuela, por su parte, necesita recuperar producción, generar ingresos y reconstruir su industria. Entonces, ¿por qué no utilizar esta realidad para negociar? El petróleo venezolano tiene valor. Precisamente por esto debemos utilizarlo para defender nuestros intereses nacionales.

Por supuesto, el negocio también puede ser beneficioso para EEUU. Las empresas estadounidenses buscan ganancias y Washington busca fortalecer su seguridad energética. Pero que el negocio sea bueno para USA, no significa automáticamente que sea malo para Venezuela. Ambas partes pueden ganar.

Si una empresa invierte capital, asume riesgos, aporta tecnología y obtiene beneficios, mientras Venezuela aumenta su producción, cobra regalías e impuestos, genera empleos y recupera infraestructura, existe un beneficio para ambos. Esto es una asociación. El verdadero problema sería que uno gane y el otro pierda. Y precisamente por esto Venezuela debe defender sus condiciones.

En este sentido, el Gobierno venezolano ha informado de una regalía mínima del 16% y un 34% de Impuesto Sobre la Renta, además de la proyección de aproximadamente 209.335 millones de dólares en ingresos fiscales durante el período previsto. Estos números deben ser analizados con seriedad y comparados con la historia petrolera venezolana. Porque no podemos hablar de “entrega” sin recordar las condiciones bajo las cuales operaron las transnacionales en Venezuela durante buena parte del siglo XX.

La discusión seria no consiste solamente en preguntar cuánto gana la empresa. Hay que preguntar también cuánto recibe Venezuela, quién asume la inversión y el riesgo, cuánto se paga en regalías e impuestos, cuántos empleos se generan, cuánta tecnología queda en el país y, sobre todo, en qué se utilizan los ingresos. Aquí está la verdadera discusión.

Por esto consideramos que el pragmatismo también es parte del chavismo. Hay sectores que creen que cualquier negociación con Washington es una capitulación. No compartimos esta visión.

Chávez entendió que la política internacional exigía negociar, incluso con países con los cuales existían profundas diferencias. Venezuela compró tecnología, vendió petróleo, buscó inversiones y construyó relaciones con múltiples naciones.

La soberanía no consiste en negarse a hablar con quién piensa diferente. Consiste en poder hablar sin renunciar a los intereses nacionales.

Por esto Venezuela debe relacionarse con todos los que puedan contribuir a su desarrollo: EEUU, China, Rusia, India, Irán, Brasil y cualquier otro país. Nuestro petróleo no tiene por qué pertenecer a una esfera geopolítica determinada. Tiene que servir a Venezuela.

También debemos recordar las condiciones en las que se produce esta negociación. Venezuela viene de años de sanciones y restricciones que afectaron profundamente su capacidad económica y petrolera. A ello se sumaron problemas internos de inversión, mantenimiento, gestión e infraestructura. Y no estamos negociando desde una situación ideal. Estamos negociando desde una economía que necesita recuperarse. Por esto atraer capital y tecnología no debe verse como una vergüenza. Lo verdaderamente importante es qué condiciones se obtienen a cambio.

Si la inversión extranjera ayuda a recuperar campos petroleros, aumenta la producción, genera empleo y produce ingresos para el Estado, Venezuela debe aprovecharla. Y si mañana China ofrece mejores condiciones, también habrá que negociar con China. Si son empresas de otro país las que pueden aportar tecnología y capital, también habrá que conversar con ellas, como se ha estado haciendo. Porque la soberanía consiste precisamente en tener opciones.

Ahora bien, defender el acuerdo tampoco significa cerrar los ojos ante la necesidad de transparencia. Todo negocio de esta magnitud debe ser fiscalizado. Los venezolanos/as tenemos derecho a conocer sus condiciones fundamentales, los mecanismos de control, las obligaciones de las empresas y el destino de los ingresos. Pero una cosa es exigir transparencia y otra muy distinta es afirmar, sin pruebas, que “Estados Unidos se robó Venezuela”.

Incluso la información publicada sobre el acuerdo muestra que algunos aspectos de su estructura todavía requieren explicaciones y precisiones. Por esto debemos mantener una posición firme, defender el acuerdo y exigir transparencia al mismo tiempo. No son cosas contradictorias.

Al final, el pueblo venezolano no va a medir este acuerdo por los discursos de Trump ni solamente por los discursos de Caracas. Lo va a medir por los resultados. ¿Aumentó la producción? ¿Llegaron las inversiones? ¿Se recuperaron los campos? ¿Se generaron empleos? ¿Aumentaron los ingresos del Estado? ¿Se recuperó la infraestructura? ¿Se fortaleció nuestra industria petrolera? Y, sobre todo, ¿esos ingresos se transformaron en bienestar para el pueblo?

Porque el pueblo no come barriles de petróleo. Necesita salarios dignos, hospitales, escuelas, servicios públicos, vivienda, pensiones y futuro. Ese debe ser el destino de la renta petrolera.

Por esto consideramos acertada la defensa que ha hecho Delcy Rodríguez del acuerdo, porque parte de una realidad concreta, Venezuela necesita recuperar su industria petrolera y convertir sus enormes recursos en ingresos para el desarrollo nacional. Si para hacerlo requiere inversión extranjera, debe negociar. Si necesita tecnología estadounidense, debe utilizarla. Si necesita mercados, debe buscarlos. Pero siempre bajo una premisa fundamental, el petróleo venezolano debe beneficiar, en primer lugar, a Venezuela y a su pueblo.

Este es el punto donde el pragmatismo puede encontrarse con la soberanía. No necesitamos una Venezuela aislada. Necesitamos una Venezuela fuerte. Una Venezuela que pueda negociar con todos porque tiene algo que todos necesitan. Una Venezuela que convierta sus recursos naturales en producción, empleo y bienestar. Y una Venezuela que utilice los ingresos petroleros para avanzar hacia una economía productiva y diversificada, capaz de superar progresivamente la dependencia de la renta petrolera. Este sería el verdadero triunfo.

Porque al final no se trata de si el petróleo venezolano lo compra EEUU, China, India o cualquier otro país. Se trata de quién decide las condiciones y para quién trabaja esa riqueza. Si el petróleo venezolano se produce, genera ingresos, recupera nuestra industria, crea empleos y mejora la vida del pueblo, entonces habremos dado un paso adelante. Por esto nuestra posición es clara, el petróleo venezolano no se entrega, se negocia, se produce, se defiende su soberanía, y se pone a producir para el pueblo venezolano.

Situación política actual en Venezuela (un mapa político en plena reconfiguración)

Escrito en . Publicado en Análisis.

José A. Amesty Rivera

Se ha dicho muchas veces que el 3 de enero de 2026, marcó un antes y un después en la historia reciente de Venezuela. La captura y posterior secuestro de Nicolás Maduro por fuerzas de EEUU, abrió una situación completamente nueva, un país sometido a una fuerte influencia externa en materia política y económica, un gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, una oposición dividida y un pueblo que sigue siendo el verdadero protagonista de la historia.

Diversos medios internacionales han señalado que las negociaciones políticas, y el proceso de transición están fuertemente condicionados por la participación de Washington, para unos, esa presencia es una garantía de estabilidad; para otros, representa una forma de intervención que afecta la soberanía nacional del país.

Desde una mirada latinoamericana, cuesta aceptar que el futuro de un país sea definido bajo la influencia de una potencia extranjera; más allá de las diferencias que puedan existir con el gobierno de Nicolás Maduro y el rumbo de la Revolución Bolivariana, la participación directa de EEUU vuelve a poner sobre la mesa un viejo debate, el derecho de los pueblos a decidir su propio destino sin presiones externas.

En este nuevo escenario pueden identificarse, de manera general, cinco grandes sectores políticos y sociales, caractericemos:

La oposición tradicional, el regreso de los viejos actores

El primer sector está formado por la oposición llamada tradicional; son dirigentes y partidos que durante años participaron en elecciones, en la Asamblea Nacional y en distintos procesos de negociación con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, a veces confrontaban al gobierno y otras veces se sentaban a dialogar.

Hoy este sector vuelve a tener protagonismo con dirigentes como Dinorah Figuera y otros representantes de la Asamblea Nacional de 2015, quienes regresaron al país para participar en las conversaciones con el gobierno de Delcy Rodríguez; su apuesta es una transición negociada que permita acordar reformas políticas y convocar nuevas elecciones.

Un ejemplo de esta posición es que consideran preferible llegar a acuerdos, aunque eso implique negociar con antiguos adversarios; al mismo tiempo, dentro de la propia oposición hay quienes cuestionan estas conversaciones, porque dirigentes como María Corina Machado o Edmundo González no participan directamente en la mesa principal, esta diferencia muestra que la oposición tampoco es un bloque unido.

El chavismo institucional

El segundo sector es el chavismo que continúa al frente del gobierno y está encabezado por Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y otros dirigentes que durante años formaron parte del núcleo de dirección de la Revolución Bolivariana.

Su discurso gira alrededor de tres ideas principales: mantener la estabilidad del país, evitar un vacío de poder y recuperar la economía después de años de crisis, también sostienen que es necesario negociar para lograr el levantamiento de las sanciones y recuperar la normalidad institucional.

Por ejemplo, cuando el gobierno participa en conversaciones con actores internacionales, argumenta que lo hace para evitar un mayor deterioro económico y proteger el funcionamiento del Estado.

Sin embargo, muchos simpatizantes del propio chavismo observan una contradicción; mientras el gobierno sigue reivindicando el legado de Hugo Chávez, buena parte de las decisiones políticas y económicas parecen depender de acuerdos, donde USA tiene una influencia importante. Esta situación ha generado dudas y críticas incluso entre antiguos dirigentes chavistas.

La izquierda chavista llamada “crítica”

Quizá el cambio político más interesante sea el crecimiento de una izquierda chavista, que se declara opositora al gobierno, sin dejar de reivindicar el pensamiento de Hugo Chávez.

Dirigentes como Elías Jaua, Reinaldo Iturriza, Tony Boza, entre intelectuales, y comunicadores como Mario Silva han expresado diferencias importantes con el rumbo actual; aunque cada uno tiene su propio estilo y sus propios matices, coinciden en una idea central, consideran que el proyecto bolivariano no puede mantenerse si termina dependiendo de decisiones tomadas o supervisadas desde Washington.

Por ejemplo, algunos de ellos han planteado que defender la soberanía nacional debe estar por encima de cualquier acuerdo político, otros insisten en la necesidad de reconstruir la organización popular desde las comunas, los movimientos sociales y las bases del chavismo.

Documentos como la llamada “Declaración de Maracay” insisten precisamente en defender la Constitución, la soberanía nacional y el rechazo a cualquier forma de intervención extranjera.

Esta corriente no busca volver al viejo sistema político anterior a Chávez, ni convertirse en una oposición de derecha, lo que plantea es recuperar el proyecto original de la Revolución Bolivariana, corrigiendo los errores del madurismo y evitando que el país quede bajo la influencia de intereses extranjeros.

El pueblo chavista

Fuera de los partidos existe un actor mucho más grande, el pueblo chavista. Millones de venezolanos siguen sintiendo admiración por Hugo Chávez y recuerdan como importantes los avances sociales alcanzados durante los primeros años de la Revolución Bolivariana, pero este pueblo ya no piensa exactamente igual.

Un sector sigue apoyando al gobierno de Delcy Rodríguez, porque considera que, en las circunstancias actuales, representa la mejor opción para mantener la estabilidad y evitar una crisis aún mayor.

Otro sector continúa siendo profundamente chavista, pero cuestiona el rumbo que ha tomado el gobierno; no necesariamente milita, junto a Elías Jaua o Mario Silva, pero comparte la preocupación por la pérdida de soberanía y por la creciente influencia de EEUU en la política nacional.

Es común escuchar frases como, “Yo sigo siendo chavista, pero esto no era lo que Chávez quería”, o también, “Primero está la patria y después las diferencias entre nosotros”, este tipo de comentarios refleja una discusión que hoy existe en muchos barrios, comunidades y espacios populares.

Más que una división ideológica, se trata de distintas maneras de entender cómo defender el legado de Chávez en las condiciones actuales.

La mayoría popular

Finalmente existe un amplio sector de venezolanos que no se identifica plenamente con ninguno de los grupos anteriores.

Son trabajadores, campesinos, comerciantes, estudiantes, profesionales, pensionados y jóvenes que durante años han vivido las consecuencias de la crisis económica, las sanciones, la polarización política y la migración, muchos simplemente quieren que el país vuelva a funcionar con normalidad.

Por ejemplo, para una madre lo más importante puede ser conseguir medicinas; para un joven, encontrar empleo sin tener que emigrar; para un pequeño comerciante, que haya estabilidad económica; para un campesino, producir sin tantas dificultades.

Este sector discute todos los días y lo que espera es que haya seguridad, servicios públicos, oportunidades de trabajo, instituciones que funcionen y una economía que permita vivir con dignidad.

En buena medida, el éxito de cualquier proyecto político dependerá de su capacidad para responder a estas necesidades concretas.

Una nueva etapa de la política venezolana

Todo indica que el viejo mapa político venezolano está cambiando. Durante más de veinte años parecía que todo se reducía a dos bandos, chavismo y antichavismo, hoy esta realidad es mucho más compleja.

Hay sectores de la oposición que prefieren negociar antes que confrontar, hay chavistas que siguen apoyando al gobierno y otros que ahora lo critican desde posiciones de izquierda, hay antiguos aliados que hoy mantienen diferencias profundas, y también existe una mayoría de ciudadanos que está cansada de la confrontación permanente.

Al mismo tiempo, muchos venezolanos/as coinciden en una preocupación común, quieren que el país recupere la capacidad de tomar sus propias decisiones, sin depender de intereses externos.

Desde una perspectiva de izquierda latinoamericana, el gran desafío consiste en encontrar una salida democrática que preserve la soberanía nacional, respete la voluntad popular y permita que el pueblo vuelva a ser el principal protagonista del destino del país.

Porque, más allá de las diferencias entre dirigentes o partidos, sigue vigente una idea que ha acompañado a América Latina desde las luchas por la independencia; ningún proyecto nacional puede desarrollarse plenamente, si las decisiones fundamentales terminan dependiendo de una potencia extranjera.

La Venezuela que surge después del 3 de enero de 2026, ya no puede explicarse solamente como una disputa entre gobierno y oposición; hoy conviven distintas izquierdas, distintas oposiciones y una mayoría popular que busca estabilidad, justicia social y soberanía. Comprender este nuevo mapa político, será fundamental para entender los debates y las decisiones que marcarán el futuro del país.

Venezuela bajo asedio

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Álvaro Fernández González, Julio de 2026

Comprender la realidad venezolana exige mirar más allá de las decisiones del gobierno y situarlas en el contexto de una profunda pérdida de soberanía.

El país enfrenta hoy una forma de colonialismo que ya no depende de la ocupación militar, sino del control sobre sus recursos estratégicos mediante sanciones, restricciones financieras y mecanismos externos que condicionan el acceso a los ingresos generados por su propio petróleo.

En ese escenario, muchas decisiones gubernamentales que generan controversia deben analizarse como respuestas adoptadas bajo condiciones excepcionales.

Es legítimo debatirlas y criticarlas, pero resulta insuficiente interpretarlas como una simple renuncia al proyecto bolivariano sin considerar la presión permanente ejercida por Estados Unidos sobre la economía y las instituciones venezolanas.

Mientras gran parte de la atención internacional se concentra en las disputas entre gobiernos, la Administración Trump y la de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, otra realidad continúa desarrollándose en cientos de comunas y organizaciones populares.

Asambleas vecinales, consultas comunitarias, proyectos autogestionados y espacios de participación mantienen viva una experiencia de democracia desde abajo que constituye uno de los principales legados de la Revolución Bolivariana.

Por ello, reducir el presente venezolano a la supuesta derrota del chavismo significa ignorar la persistencia de un tejido social organizado que sigue defendiendo la soberanía, la participación popular y la justicia social.

Las contradicciones existen y son objeto de debate dentro del propio movimiento, pero la discusión central continúa siendo otra: cómo preservar un proyecto político y una sociedad organizada frente a una estrategia de asfixia económica y subordinación geopolítica.

La principal lección es clara. Para comprender Venezuela no basta con juzgar las decisiones de sus dirigentes.

Es necesario observar también la capacidad de su pueblo para sostener, incluso en medio del asedio, las formas de organización que mantienen viva la aspiración de una democracia popular y de una verdadera independencia nacional.

Referencia:

“Before the Earthquake- Venezuela’s Uncomfortable Reality with Andreína Chavez Alava”.

Sin pueblo no hay revolución – Elecciones en Venezuela

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

José A. Amesty Rivera

Desde enero de 2026, Venezuela vive una crisis política y constitucional que ha abierto un fuerte debate dentro y fuera del país; todo comenzó con la captura-secuestro del presidente Nicolás Maduro durante una operación militar de EEUU. A partir de ese momento surgió una pregunta que sigue sin tener una respuesta única, ¿qué debe hacerse cuando un presidente queda fuera del ejercicio de sus funciones por una situación que la Constitución nunca imaginó-previó?

Y aquí empiezan las diferencias. Para el gobierno venezolano, lo ocurrido fue una agresión directa contra la soberanía nacional, su argumento es sencillo, Nicolás Maduro no renunció, no murió, no fue destituido por el Tribunal Supremo de Justicia, ni fue revocado por el voto popular; es decir, ninguna de las causas que la Constitución reconoce como una falta absoluta se ha producido. Por esto sostiene que Maduro sigue siendo el Presidente de la República y que, mientras dure su ausencia forzada, corresponde a la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumir las funciones del Ejecutivo, sin que exista la obligación inmediata de convocar nuevas elecciones.

La oposición, por otro lado, sostiene una posición completamente distinta. Afirma que, aunque la Constitución no habla expresamente de un presidente capturado por una potencia extranjera, la realidad demuestra que Maduro no puede ejercer el cargo y que esa situación debe considerarse una falta absoluta. Según esta interpretación, el artículo 233 obliga a convocar elecciones presidenciales para que sea el pueblo quien decida el rumbo del país.

Varios especialistas en Derecho Constitucional coinciden en que la Constitución venezolana nunca previó un escenario como este. El artículo 233 enumera cuáles son las faltas absolutas del Presidente: la muerte, la renuncia, la destitución por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, una incapacidad permanente certificada, el abandono del cargo declarado por la Asamblea Nacional o la revocatoria del mandato mediante referéndum.

También establece que, si una falta absoluta ocurre durante los primeros cuatro años del período presidencial, el Vicepresidente Ejecutivo asume temporalmente la Presidencia y deben convocarse elecciones universales, directas y secretas dentro de los treinta días siguientes.

El problema es que la Constitución no dice qué hacer cuando un presidente es capturado y permanece fuera del país por decisión de un gobierno extranjero, este vacío jurídico es precisamente el origen del debate que hoy divide a Venezuela, pero más allá de la discusión legal, hay un tema mucho más profundo.

Durante más de dos siglos, América Latina ha vivido bajo la sombra de las intervenciones extranjeras, nuestra historia está llena de invasiones, bloqueos económicos, golpes de Estado y presiones de las grandes potencias.

Desde la ocupación de Haití por EEUU, pasando por el derrocamiento de Jacobo Árbenz en Guatemala, el golpe contra Salvador Allende en Chile o la invasión a Panamá, la experiencia nos ha enseñado que cuando una potencia decide intervenir en otro país, casi nunca lo hace por amor a la democracia, generalmente existen intereses económicos, estratégicos o políticos detrás de estas decisiones.

Por esto, cualquier persona que se considere de izquierda, democrática y latinoamericanista tiene razones para rechazar una intervención extranjera en Venezuela, no importa si se simpatiza o no con el gobierno de Nicolás Maduro; permitir que un país decida por la fuerza el destino político de otro, abre un precedente muy peligroso para toda América Latina, sin embargo, aquí aparece otro problema igual de importante. Defender la soberanía no significa que la democracia pueda ponerse en pausa por tiempo indefinido.

La izquierda latinoamericana siempre ha levantado dos banderas: la independencia de nuestros pueblos y el derecho de esos pueblos a decidir su propio destino, una bandera sin la otra pierde sentido.

Nuestra propia historia también demuestra que algunos gobiernos, en nombre de la defensa de la soberanía, terminaron alejándose poco a poco de los mecanismos democráticos que les dieron legitimidad, esto es un riesgo que no puede ignorarse.

La Constitución venezolana de 1999, impulsada durante el gobierno de Hugo Chávez, fue creada precisamente para que las crisis políticas no se resolvieran con la fuerza, sino con reglas claras. Por esto estableció procedimientos para las ausencias del presidente y para garantizar que, cuando fuera necesario, el pueblo volviera a decidir mediante el voto; nadie imaginó que algún día Venezuela enfrentaría una situación como la actual.

Ante este vacío, el Tribunal Supremo de Justicia optó por una interpretación excepcional que permitió mantener la continuidad del gobierno sin convocar elecciones. Para el oficialismo, esta fue la única manera de enfrentar una agresión extranjera sin romper el orden constitucional; pero esta decisión también ha generado dudas.

Reiterando, el chavismo insiste en que Nicolás Maduro sigue siendo el presidente constitucional porque ninguna de las causas previstas en el artículo 233 ha ocurrido. La oposición responde que un presidente que no puede ejercer sus funciones durante un tiempo indefinido deja de gobernar en la práctica y que, por respeto a la propia Constitución, corresponde devolver la palabra al pueblo, estas dos posiciones tienen argumentos jurídicos.

Pero las Constituciones no solo se leen palabra por palabra, también deben interpretarse según el espíritu con el que fueron escritas, y este espíritu, en el caso venezolano, siempre tuvo un objetivo claro, que la voluntad popular fuera la máxima fuente de legitimidad; vale aquí la pena, recordar una de las principales enseñanzas de Hugo Chávez.

Cada vez que enfrentó una crisis importante buscó el respaldo de las urnas, ganó elecciones presidenciales, impulsó referendos, promovió consultas populares y convirtió el voto en la principal herramienta para enfrentar a sus adversarios nacionales e internacionales. Su mensaje era y es claro, ningún poder es más fuerte que la decisión del pueblo, este legado merece ser recordado.

Cuando un gobierno tiene respaldo popular, unas elecciones no deberían darle miedo, al contrario, fortalecen su legitimidad. Cuando las elecciones se aplazan una y otra vez, inevitablemente aparecen preguntas y desconfianza.

También la izquierda debe evitar otro error que ha cometido en distintos momentos de la historia, pensar que cualquier crítica a un gobierno progresista favorece automáticamente al imperialismo, y no siempre es así. Se puede rechazar una intervención extranjera y, al mismo tiempo, defender que la Constitución se cumpla, se puede condenar el intervencionismo de EEUU y también pedir que el pueblo venezolano vuelva a expresarse en las urnas; no hay ninguna contradicción en esta postura.

La Revolución Cubana resistió durante décadas porque logró construir una fuerte legitimidad interna a pesar del bloqueo estadounidense; la Revolución Sandinista, en Nicaragua, mostró que incluso los procesos con un enorme respaldo popular pueden desgastarse cuando disminuyen los espacios de participación; en Bolivia, el gobierno de Evo Morales enfrentó una crisis política, cuando surgieron cuestionamientos sobre los límites constitucionales de la reelección.

Cada proceso tiene su propia historia, pero todos dejan una enseñanza común, ninguna revolución puede vivir únicamente de su pasado; la legitimidad debe renovarse constantemente mediante la participación del pueblo y esto también vale para Venezuela.

Condenar la intervención estadounidense, es una obligación para quienes defendemos la soberanía latinoamericana, pero también es válido preguntarse cuánto tiempo puede mantenerse una situación excepcional, sin consultar nuevamente a los ciudadanos/as.

Al final, existe un principio que ninguna izquierda democrática debería abandonar jamás, la soberanía pertenece al pueblo, no pertenece a un partido, no pertenece a un gobierno, no corresponde a un líder, y, por supuesto, tampoco a una potencia extranjera.

Si el pueblo es el verdadero dueño de la soberanía, entonces las grandes crisis nacionales deben resolverse devolviéndole la palabra, esto significa elecciones libres, transparentes, con garantías para todas las fuerzas políticas y con observación internacional que dé confianza a todos los sectores, no se trata de aceptar imposiciones desde Washington, se trata, precisamente, de impedirlas.

Porque la mejor respuesta frente a cualquier intento de intervención extranjera es que sean los propios venezolanos/as quienes decidan democráticamente el futuro de su país; hoy la izquierda latinoamericana tiene la oportunidad de demostrar coherencia.

Puede condenar cualquier violación de la soberanía venezolana, puede exigir respeto al Derecho Internacional, puede rechazar toda forma de intervención militar o política desde el exterior. Y, al mismo tiempo, puede defender el derecho del pueblo venezolano a renovar democráticamente la legitimidad de sus instituciones, no hay contradicción entre ambas cosas, al contrario, una fortalece a la otra.

José Martí decía que un pueblo no se construye, cómo se organiza un campamento militar. Augusto César Sandino recordaba que la soberanía no se negocia. Salvador Allende repetía que la historia la hacen los pueblos. Hugo Chávez insistía en que el poder constituyente residía en la voluntad popular.

Todos, desde épocas y realidades distintas, coincidían en una idea sencilla y poderosa, el pueblo debe ser siempre el protagonista de su propia historia. Por esto, la salida a la crisis venezolana no puede decidirse en Washington, ni en los cuarteles, ni únicamente en los tribunales, debe decidirse donde siempre debió estar la última palabra, en las urnas electorales; porque ningún imperio tiene derecho a escoger quién gobierna Venezuela, pero tampoco ninguna crisis, por grave que sea, puede justificar que la voz del pueblo permanezca indefinidamente en silencio.

La soberanía y el voto electoral no son caminos opuestos, son dos principios que deben caminar juntos, cuando uno falta, el otro termina perdiendo fuerza. Y una izquierda que olvida cualquiera de los dos corre el riesgo de dejar de ser fiel a su propia historia.