Etiqueta: delitos ambientales

Denuncian muerte de al menos 20 árboles en Playa Chiquita dentro del Territorio Indígena KéköLdí y el REGAMA

Escrito en 05/02/2026. Publicado en Madre Tierra.

Una denuncia formal presentada ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y diversas instancias del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC-MINAE) advierte sobre la muerte de aproximadamente 20 árboles en Playa Chiquita, zona que colinda entre el Territorio Indígena KéköLdí y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA), en el Caribe Sur de Talamanca.

Según la información remitida por María Elena Fournier, de la Asociación Conservacionista YISKI, los árboles afectados se encuentran únicamente en esa área específica, lo que descarta, según la denunciante, un fenómeno natural generalizado y refuerza la sospecha de una intervención humana intencional. Las fotografías que respaldan la denuncia fueron tomadas en diciembre de 2025 y forman parte del expediente judicial N.° 25-033098-0042-PE.

En los correos enviados a la Subdelegación Regional del OIJ en Bribri, así como a autoridades del ACLAC-SINAC-MINAE y al despacho del Ministerio de Ambiente y Energía, se expresa la preocupación de que la muerte de los árboles esté relacionada con personas que habrían ocupado o tomado propiedades dentro del REGAMA y del Territorio Indígena KéköLdí, zonas que colindan entre sí y que cuentan con regímenes especiales de protección ambiental y territorial.

La denunciante señala además que, cerca del rótulo oficial del Estado, existe otro aviso que indica “propiedad privada, no pasar”, y que en el sitio se observan al menos dos viviendas construidas dentro de esas propiedades, lo que plantea serias interrogantes sobre la legalidad de dichas ocupaciones y sobre las acciones —o la falta de ellas— por parte de las autoridades competentes para garantizar la protección del área.

Desde la Asociación Conservacionista YISKI se solicita información sobre las diligencias que el ACLAC-SINAC-MINAE estaría realizando para desalojar a las personas que ocupan irregularmente tanto el REGAMA como el Territorio Indígena KéköLdí, así como sobre el avance de la investigación judicial relacionada con la muerte de los árboles.

El caso pone nuevamente en evidencia las tensiones persistentes entre intereses privados, conservación ambiental y derechos de los pueblos indígenas, así como la importancia de una actuación oportuna y transparente de las instituciones del Estado para resguardar los bienes naturales y territoriales protegidos por la legislación costarricense.

Tala de árboles en área protegida del río Durazno

Escrito en 02/10/2025. Publicado en Madre Tierra.

SINAC ordena restauración y mantiene caso en la Fiscalía Ambiental

Área de protección de la naciente afectada en Matinilla de Vázquez de Coronado. Fuente: SINAC, informe técnico SINAC-ACC-OSJ-inf-371-2025.

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), a través del Área de Conservación Central, confirmó que, en la finca conocida como Santa Teresita, en Matinilla de Vázquez de Coronado, se detectó la tala de al menos 127 árboles de especies como jaúl (Alnus acuminata) y Callicarpa acuminata dentro del área de protección de una naciente y del río Durazno.

Según el informe técnico SINAC-ACC-OSJ-inf-371-2025, la afectación abarca unas tres hectáreas, y aunque corresponde a una plantación forestal, parte de esta se ubica en áreas legalmente protegidas, lo que representa una infracción ambiental.

Los inspectores también observaron restos de árboles talados y quemas de residuos fuera de la zona de protección, además de intervenciones en cauces asociados a la naciente y al río Durazno. Dadas las condiciones de pendiente y la irregularidad del terreno, se recomendó que Ingeniería Forense del OIJ determine con exactitud la extensión de la afectación.

Orden administrativa y seguimiento

A raíz de estas denuncias (SITADAS 54716-2025, 54897-2025 y 55121-2025), el SINAC giró la orden SINAC-ACC-OSJ-1181-2025, que instruye a los propietarios a:

Detener de inmediato la corta de árboles en el área protegida.
Presentar un plan de restauración, elaborado por un profesional acreditado, que será evaluado y aprobado por la oficina subregional.

El SINAC advirtió que, de no cumplir con los plazos establecidos, se procederá a denunciar a los responsables por desobediencia a la autoridad, según el artículo 368 del Código Penal.

Caso bajo investigación judicial

El expediente también fue remitido al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y a la Fiscalía Ambiental, bajo la causa 25-007231-0042-PE, donde se investigan posibles delitos ambientales vinculados a esta intervención.

El informe recuerda que los propietarios ya habían sido notificados previamente sobre la presencia de la naciente y las restricciones de aprovechamiento forestal. Además, señala que el caso no debe darse por cerrado, pues existen antecedentes de situaciones similares en el mismo predio.

Guerra por el agua

Diversas voces han advertido que la tala en áreas de protección de nacientes y ríos representa un riesgo directo para la seguridad hídrica y la biodiversidad, en un contexto donde Costa Rica enfrenta lo que algunos describen como una “guerra por el agua”.

El seguimiento a este caso será determinante para garantizar la restauración de la zona y sentar un precedente en materia de protección ambiental.

Ministra de la Presidencia Laura Fernández contra justicia pronta y cumplida

Escrito en 24/09/2024. Publicado en Madre Tierra.

Asociación Confraternidad Guanacasteca

La Constitución Política define el derecho de todos a una Justicia Pronta y Cumplida.

Laura Fernández, ministra de la Presidencia, no sabe nada de eso.

No conoce sus funciones. Entre ellas la de presidenta del Consejo Nacional Ambiental que desempeña.

Y no sabe que ese Consejo debe nombrar jueces del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA).

Este Tribunal no puede cumplir sus funciones cabalmente hace meses, por falta de esos nombramientos.

Al TAA le toca analizar y castigar delitos ambientales, corta de bosques, contaminación de aguas, daño de humedales, construcciones sin permisos, proyectos sin permisos de SETENA, todas las denuncias de este campo.

Hoy tiene más de 4.000 casos, esperando ser tratados y resueltos. Algunos llevan ya 13 o 14 años de trámite.

El procedimiento exige la participación de tres jueces para las audiencias y para la toma de resoluciones.

Entonces, eso no funciona. Se gasta dinero. Se pagan salarios, pero no se hace nada. Y es por culpa de Laura Fernández.

En su escrito a los señores magistrados, la ministra reconoce que no sabía que a ella le tocaba hacer esos nombramiento.

Parece que los temas del medio ambiente no son importantes para este gobierno.

¡Por sus hechos los conoceréis!

Anexamos escrito firmado por Laura Fernández, hace un mes.

resp MINISTRA Descarga

¿Justicia para quién? Reflexionamos en torno a la piña en Costa Rica

Escrito en 13/06/2023. Publicado en Madre Tierra.

Observatorio de Bienes Comunes

En menos de 15 días, hemos asistido a una situación que llamó la atención en torno al ejercicio de la justicia por parte de la población. Resulta que alrededor del 6 de junio una empresa transacional hace anuncio que una de sus varieradades exclusivas estaba siendo cosechada de forma ilegal en territorio costarricense. Es así que en menos de una semana, el Estado acciono su aparato institucional y detectó inicialmente 3 fincas donde se producía, procedió a destruir los productos e iniciar los procesos judiciales.

El mismo día que esto sucedía, el Ministerio Público del país, reseñaba que el 33% de las hectáreas donde se siembra piña en el país se ubican en Áreas Silvestres Protegidas o en humedales, pero que no cuentan con los recursos para atender este tipo de delitos ambientales.

No profundizamos en las afectaciones que produce este monocultivo en las personas trabajadoras y las violencias laborales que atraviesan, o los efectos negativos en las comundiades que viven en las cercanías, ni mucho menos aquellas poblaciones que se enfrentan a la intensificación de este cultivo, llegando a rodear sus hogares y espacios públicos. Ante estos eventos, la institucionalidad se comparta ajena, y hasta se podría decir que toma posición como supuestos promotores de la actividad económica, sacrificando el derecho al ambiente sano.

A partir de estos hechos, nos preguntamos ¿justicia para quién? Reflexionamos como este tipo de hechos evidencian cuales son los sectores privilegiados por parte de la institucionalidad estatal.

Un mayo tóxico: urgente defender la salud comunitaria

Escrito en 01/06/2018. Publicado en Madre Tierra.

Con el inicio de la época lluviosa salió a flote otra vez una alarmante verdad: la contradicción entre los monocultivos y la vida

Sólo este mes de Mayo se reportan miles de muertes de peces muertos en en la Laguna Madre de Dios en Batan. Similar a esta situación, en las inmediaciones del humedal Terraba-Sierpe en Osa mueren miles de peces por agrotóxicos en el agua presuntamente proveniente de una finca arrocera.

Pero preocupa también que esta estela de muerte atenta contra la vida humana directamente. Aunque desapercibida, la muerte de un jornalero piñero en Cajón de Pérez Zeledón es lo más grave que ha pasado en este tema (Sitrasep, 2018).

Jhonnatan Rojas López de 30 años se encontraba laborando en la finca de PINDECO, subsidiaria de la trasnacional Del Monte, cuando fue impactado por un rayo. Es conocido por el Sindicado de Trabajadores del Sector Privado que estas fincas piñeras obligan los jornaleros a arriesgar su vida cuando hay fenómenos climáticos extremos. Esta organización señala que no es un accidente laboral, por el contrario, evidencia la responsabilidad de la empresa piñera.

La expansión de los monocultivos industriales sigue impune de sus delitos ambientales. Sigue impune la deforestación de más de 5.566 Hectáreas de áreas de protección por más de 74 fincas piñeras (PNUD, 2015). Sigue igual de impunes las más de 1.112 Hectáreas de piña sembradas de forma ilegal dentro de las Áreas Silvestres Protegidas de Maquenque, Barra de Colorado y Franja Fronteriza. Así como sigue impune la contaminación de los acueductos comunitarios de Milano, El Cairo, La Francia de Siquirres y Veracrúz de Pital de San Carlos, por mencionar algunos.

Pero también recordamos que hace un año Mariana Panaigua y Jorge Castro recorrieron a pie, desde Pavón de San Carlos, 180 Km para denunciar el cercenamiento sufrido por la industria de la piña. Esta pareja ganadera señalaron que las piñeras vecinas hicieron imposible su vida criando animales debido al exceso de veneno y la plaga de la mosca. Aun así la administración Solís Rivera les dio la espalda, no cumplió sus promesas y además, el ex-ministro Felipe Arauz firmó tres decretos ejecutivos para legalizar la inundación del país con más venenos sin evaluación ecotoxicológica.

Ante todo esto se vuelven frágiles son los argumentos de personas, que como el actual ministro de la cartera de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, sostienen la idea de que no habría moratoria a la expansión piñera en este gobierno de Unidad Nacional. Parece que seguiremos siendo una democracia intoxicada. Se continuará incentivando una producción agrícola de excesos, irresponsable y deshumanizada.

Pero las comunidades nos encontraremos para rescatar la salud de los ecosistemas y las comunidades. Representantes de organizaciones locales nos reuniremos en en Encuentro de Salud Comunitaria organizado por el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera este 2 de junio en Sarapiquí.

Información al teléfono: 8760 9800

Enviado por FECON.

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