Fraude digital en Costa Rica: un problema estructural que recae sobre la ciudadanía
El Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON) advierte que el fraude electrónico en Costa Rica ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en un problema masivo, sistemático y en expansión, en un contexto donde la digitalización del sistema financiero ha avanzado más rápido que las medidas de protección al usuario.
Según expone el artículo, la migración hacia la banca digital, los pagos electrónicos y las transacciones en línea ha colocado a miles de personas en un entorno que no siempre comprenden plenamente, pero en el que deben participar obligatoriamente, lo que aumenta su vulnerabilidad frente a prácticas fraudulentas.
Un sistema desigual frente al fraude
El análisis señala que el fraude digital ocurre en condiciones profundamente desiguales: por un lado, personas usuarias con conocimientos limitados sobre herramientas tecnológicas; por otro, redes delictivas altamente especializadas que utilizan técnicas avanzadas de suplantación y manipulación.
En este contexto, se critica que durante años el sistema ha operado bajo una lógica en la que la persona afectada debía demostrar fallas del banco, sin contar con los conocimientos técnicos para hacerlo, lo que ha dejado numerosos casos sin resolución y ha trasladado el costo del fraude a las víctimas.
Aprobación del proyecto 23.908: un cambio en la responsabilidad
El artículo destaca la aprobación del proyecto de ley 23.908, impulsado por la ciudadanía organizada y respaldado por el diputado Óscar Izquierdo Sandí, como un punto de inflexión en la protección de las personas usuarias del sistema financiero.
De acuerdo con el análisis, esta normativa introduce cambios relevantes:
Invierte la carga de la prueba
Establece responsabilidad para las entidades financieras
Obliga a mejorar los estándares de seguridad
El enfoque central es que el dinero depositado en el sistema bancario debe entenderse como custodia de las entidades financieras y no como un riesgo que deba asumir la persona usuaria.
Un problema que va más allá del sistema bancario
OMERCON advierte que el fraude digital no puede reducirse a la relación entre bancos y clientes, ya que involucra un ecosistema más amplio que incluye:
empresas de telecomunicaciones,
plataformas digitales,
redes sociales,
infraestructura tecnológica que facilita la suplantación.
Sin una regulación integral, señala el texto, el problema tiende a trasladarse entre distintos actores sin resolverse de fondo.
Persisten vacíos en la protección
El artículo identifica varios vacíos estructurales en el país:
falta de control sobre telecomunicaciones,
débil regulación de plataformas digitales,
limitada capacidad institucional para investigar fraude tecnológico,
ausencia de una ley integral de protección al consumidor financiero.
En este último punto, se señala la necesidad de avanzar hacia una normativa alineada con estándares internacionales, particularmente en el marco de los compromisos asumidos ante la OCDE.
Una decisión de país
El análisis concluye que el fraude electrónico no es únicamente un problema técnico, sino una decisión política sobre el modelo de sistema financiero que se desea construir.
Plantea que el país debe decidir entre un sistema donde la rapidez de las transacciones se impone sobre la seguridad, o uno donde la confianza y la protección de las personas usuarias sean parte central del funcionamiento financiero.
El artículo original se puede leer en el sitio de OMERCON:
https://omerconcr.com/blog/