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Etiqueta: democracia

La independencia del juez es una garantía ciudadana

Escrito en . Publicado en Análisis.

Gustavo Román Jacobo

La independencia del juez es una garantía ciudadana que, en el caso de los magistrados o jueces supremos, se refuerza aún más. Les garantiza a los ciudadanos que la persona en el cargo va a decidir los delicados asuntos que deba juzgar solamente conforme a Derecho y de acuerdo con su conciencia; que a la hora de resolver no va a temer con volverse incómodo para el partido X o el Y, pensando en que podrían influir para quitarlo del cargo. Dicho en sencillo: un juez sin estabilidad en el cargo no es independiente, y un juez no independiente es algo malo para la ciudadanía en general; algo que solo pueden desear quienes tienen el “sartén por el mango” y aspiran a mangonearlo.

Una sencilla indagación en los motores de búsqueda de Internet o en los Chatbots de IA generativa, permite constatar que, en todas las democracias del mundo, para proteger esa independencia de los más altos jueces, se establecen distintas garantías reforzadas de estabilidad en el cargo, pero siempre bajo la misma lógica: un juez que puede ser removido fácilmente por una mayoría ordinaria corre el riesgo de decidir según intereses políticos y no jurídicos. Y como en las democracias se quieren jueces que solo se postren ante la ley y no ante ninguna autoridad humana, ni siquiera la de la opinión pública, se diseñan distintos mecanismos para darles esa seguridad.

En Estados Unidos, por ejemplo, los jueces de la Corte Suprema ocupan el cargo “during good behaviour”, lo que en la práctica significa un mandato vitalicio salvo renuncia, jubilación o destitución por impeachment. En Canadá, los jueces de la corte suprema permanecen hasta una edad obligatoria de retiro. Este modelo busca que el juez no tenga que preocuparse por una futura reelección ni por agradar a quienes podrían renovarle el mandato.

Otra fórmula es la de los mandatos largos no renovables. Es el caso de Alemania, con los jueces del Tribunal Constitucional Federal, de Italia, con los de su Corte Constitucional, y de España, respecto de los magistrados del Tribunal Constitucional. Se pretende así que el período sea suficientemente largo para aislar al juez de presiones políticas y que la prohibición de reelección elimine incentivos para buscar el favor de quienes deciden la renovación de su mandato.

Un tercer mecanismo, no excluyente con los anteriores, es el que impide que los jueces supremos puedan ser removidos por decisión discrecional del gobierno o por una mayoría parlamentaria ordinaria. Un juez cuya permanencia en el cargo dependa del agrado que por él tenga el gobierno o una fuerza parlamentaria mayoritaria, no será independiente. Será un intérprete de las leyes temeroso de los políticos de turno y presto a satisfacer sus deseos. Por eso, para cesarlos suele exigirse una causal específica (delito, incapacidad, falta grave, etc.) y un procedimiento especial, en ocasiones con la intervención de distintos órganos.

Por último, en los sistemas que se prevé la posibilidad de la reelección, no es raro encontrar mecanismos que la faciliten, es decir, que dificulten la no reelección, por ejemplo, exigiendo para ello mayorías especiales. Esa fue la opción de nuestros constituyentes. El numeral 158 de la Constitución Política dispone que los “Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por un período de ocho años y por los votos de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa (…) y se considerarán reelegidos para períodos iguales, salvo que en votación no menor de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa se acuerde lo contrario”. De modo que el mismo amplio consenso del órgano elector requerido para nombrarlos se requiere para no reelegirlos.

En el caso de los magistrados del TSE, los artículos 100 y 101 de la Constitución disponen que son nombrados por la Corte Suprema de Justicia “por los votos de no menos de los dos tercios del total de sus miembros”, por “seis años” y que “podrán ser reelectos”. ¿Por cuántos votos? No lo dice la Constitución. Es el Código Electoral, en su artículo 13, el que, tras reiterar que serán electos por la “Corte Suprema de Justicia con el voto de por lo menos dos tercios del total de sus integrantes”, dispone que “se considerarán reelegidos para períodos iguales, salvo que por la misma mayoría se acuerde lo contrario.”

Esa fue una decisión legítima, válida y razonable del legislador que aprobó el Código Electoral vigente en 2009. Legítima porque, en su calidad de representantes del pueblo soberano, los legisladores tienen la potestad de aprobar las leyes y, mediante ellas, desarrollar los preceptos constitucionales. Válida porque la disposición del artículo 13 de la ley no contradice el texto constitucional, omiso respecto a la votación requerida para reelegir a los magistrados electorales. Y razonable porque no tiene sentido pensar que el constituyente quiso, como establecen los artículos 100 y 101, otorgar a los magistrados electorales las mismas “condiciones de trabajo”, “remuneraciones”, “inmunidades y prerrogativas” que a los magistrados del Poder Judicial, pero no proteger su estabilidad en el cargo. Menos aún tendría sentido que, además de no exigir una mayoría calificada para no reelegirlos –como ocurre con sus homólogos de la Corte Suprema de Justicia–, se les obligara a reunir la misma mayoría calificada con la que fueron elegidos para poder reelegirse.

Para razonar así, es necesario pensar que la naturaleza jurídica de una elección es idéntica a la de una revalidación del cargo. Es necesario obviar el principio del paralelismo de las formas (la votación que se requirió para elegir a un magistrado debe ser la misma para no prorrogar su nombramiento). Es necesario desconocer que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha calificado la estabilidad de los jueces en sus cargos como un derecho humano (Tribunal Constitucional vs Perú, Apitz Barbera y otros vs Venezuela, y Reverón Trujillo vs Venezuela). Y es necesario, sobre todo, tener muchas ganas de sustituir a los magistrados electorales por otros que sean dóciles al poder político. Pues lamento truncarles la ilusión de llegar a tener un tribunal electoral de mentirillas: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Aguinaga Aillón vs Ecuador (30 de enero, 2023) sentenció que “las garantías de inamovilidad y estabilidad de los jueces electorales deben ser reforzadas. En ese sentido, la Corte considera que cualquier demérito o regresividad en las garantías de independencia, estabilidad e inamovilidad de los tribunales electorales, son inconvencionales en cuanto su efecto se puede traducir en un impacto sistémico igualmente regresivo sobre el estado de derecho, las garantías institucionales y el ejercicio de los derechos fundamentales en general. La protección de la independencia judicial en este ámbito adquiere una relevancia especial en el contexto mundial y regional actual de erosión de la democracia, en donde se utilizan los poderes formales para promover valores antidemocráticos, vaciando de contenido las instituciones y dejando solo su mera apariencia”.

¿Tomar el Poder Judicial?

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

El Poder Judicial democrático es ejercido por cada una de las personas jueces y juezas de la República. De manera que, desde el juez contravencional del lugar más remoto del país, hasta quienes ejercen la magistratura en la Corte Suprema, son todos Poder Judicial.

También tiene que estar claro que, en el ámbito de sus competencias, cada juez tiene plena posibilidad para decidir según su ciencia y conciencia, no tiene “jefes” que lo obliguen o condicionen a resolver de determinada manera, y sus resoluciones solo pueden ser corregidas o declaradas ineficaces conforme los recursos que existan para ello.

Puede entenderse entonces que esta verdad sea de imposible comprensión para una mentalidad autocrática, convencida de que el poder sólo se puede ejercer ordenando, conminando y hasta gritando o insultando para imponer su criterio.

El principio de división de poderes no solo tiene que ver con la separación funcional entre Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sino que se trata de un principio que involucra a otros órganos con misiones especiales como el Tribunal Supremo de Elecciones para organizar, dirigir y determinar los procesos electorales, y la Contraloría General de la República en la vigilancia y control de la legalidad de la hacienda pública.

Pero además la división de poderes desciende, transversalmente, a lo interno de todo el sistema republicano y de cada poder en particular. Por eso hay decisiones que no puede tomar quien ejerce la Presidencia de la República sin que concurra la firma del ministro del ramo, o el criterio del Consejo de Gobierno. Por eso también en el proceso penal, dentro del Poder Judicial, por ejemplo, hay un órgano que investiga y acusa, otro que defiende y jueces imparciales que resuelven.

Nadie, absolutamente nadie, puede decirle a un fiscal, estando legalmente obligado a hacerlo, si investiga o si acusa, o a un defensor si cumple con sus deberes defensivos, o a un juez a que no actúe conforme sus obligaciones.

Decir que ya se han tomado el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y que sólo falta tomar el Poder Judicial, no es sólo un propósito dictatorial, sino una muestra de ignorancia de cuál es la naturaleza de la función judicial, cómo está distribuida en numerosos actores y cómo esa distribución asegura un funcionamiento democrático de la justicia.

La democracia es el sistema político en el que sus jerarcas tienen el menor poder arbitrario. A todo peso le acompaña un contrapeso. Por esta razón existen los vetos, los resellos con mayoría calificada. las consultas obligatorias, el control de legalidad, el control de constitucionalidad y el control irrestricto de cada facultad para evitar el abuso de poder y el atropello a los derechos fundamentales de las personas.

“Tomar” el poder judicial no es tan sencillo como controlar la Corte Suprema mediante magistraturas dóciles o adeptas, siempre existirán jueces y juezas que preserven su integridad y no se amedrenten, ni se vendan.

Bloque Opositor Político o Alianza Política Opositora

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

En el lenguaje político de estos días de mayo han surgido las imágenes de un Bloque Opositor Político o una Alianza Política Opositora, para referirse a los 26 diputados de los partidos políticos que no representan al Gobierno, que literalmente son el alter ego político de los 31 diputados del Partido Pueblo Soberano.

Este grupo de diputados opositores, así reconocidos, representan 4 partidos, dos diputados de una manera unipersonal, el Frente Amplio con 7 y Liberación Nacional con 17. Estos hicieron un documento al que le dieron publicidad de unidad de propósitos parlamentarios, presentándose como un sector organizado, de oposición política contra el oficialismo, es decir contra los diputados que representan los intereses del gobierno de Laura Fernández.

El concepto de Bloque me gusta más para su identificación si lo consideramos como agrupación de partidos o de legisladores, que se unen temporal o permanentemente para actuar de manera conjunta, para defender intereses comunes y para tratar de alcanzar objetivos políticos en los cuales estén de acuerdo en lograrlos. Hasta ahora en los pocos días de trabajo parlamentario los diputados de este Bloque no han dado la sensación de Bloque, han intervenido con la individualidad de cada uno y con la individualidad política que cada uno tiene partidariamente. No se perciben todavía acciones que respondan a la práctica política unitaria que debería ser percibida. Todavía no se sienten como una unidad política para negociar leyes, para integrar las comisiones del Congreso, a las cuales tienen derecho de participar. En este caso, de las comisiones, les han impuesto las comisiones siguiendo el lineamiento que había señalado el entonces presidente Chaves, de ubicarlos en las comisiones menos importantes o trascendentes del trabajo legislativo. Esto, a pesar de que con la mayoría parlamentaria que el oficialismo tiene pueden aplastar numéricamente en cada comisión para aprobar lo que quieran.

En el caso del Frente Amplio y de Liberación Nacional por el número de diputados que tienen, de conformidad con el Reglamento Legislativo, deben tomarlos en cuenta y atender sus peticiones de integrar o de participar en las comisiones que ellos quieran trabajar.

En la práctica del llamado Bloque Opositor lo que hay son cuatro partidos, hasta ahora cada uno tratando de ir definiendo sus propios pasos y tratando de destacar su identidad. No se siente, repito, políticas o proyectos que sean del “Bloque”, que permitan ir amarrando más y de mejor manera la acción conjunta de estos 26 diputados. Es entendible que haya diversidad de opiniones, por partidos o por diputados, pero sobre esa diversidad de opiniones, lo que debe de haber es la unidad de acción parlamentaria.

Los Bloques políticos a veces tienen afinidad política, de ideas políticas, de doctrinas políticas. Cuando así actúan es mejor, por la mayor coincidencia que puedan tener. Si no es por afinidad política, tiene que ser por lo que definan apoyar como grupo, como Bloque, por la unidad de acción que requieren.

Hasta ahora no han presentado proyectos de ley que respondan al Bloque, al esfuerzo colectivo del trabajo unitario de estos cuatro partidos políticos.

La Alianza política es simplemente la unidad en la acción concreta ante un Proyecto de Ley determinado, lo cual tampoco en este momento se aprecia que pueda estar ocurriendo con estos cuatro partidos políticos que no son el partido Pueblo Soberano.

Electoralmente conocemos las Coaliciones y las Fusiones partidarias. Los cuatro partidos representados en la Asamblea Legislativa, frente a Pueblo Soberano, no son en sí mismos una Coalición ni una Fusión.

Uno de ellos, si es una coalición partidaria, resultante de la unión en las elecciones de dos partidos, que lograron elegir a una diputada. Esta diputada sí habla a nombre de la Coalición que la logró elegir. Eso me parece muy bueno, muy honesto de parte de ella, y corresponde a dar la imagen de que ella representa a esos dos partidos.

Las coaliciones son partidos integrados en uno solo. El Bloque Opositor, como llaman a veces a estos cuatro partidos, a Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, el Frente Amplio y la Coalición Agenda Ciudadana, por sí no es una coalición. Tiene más de alianza para la ocasión que de coalición de lucha política. Son la suma de fuerzas para actuar legislativamente y distinguirse de las acciones legislativas que el gobierno impulsa con Pueblo Soberano, si se trata de distinguirse de ese partido.

También, es importante señalarlo, iniciativas políticas, proyectos de ley propuestos por Pueblo Soberano, que sean dignos de apoyarlos hay que hacerlo.

Con la mayoría parlamentaria que hay, de mujeres diputadas, es inconcebible que no se haya articulado una agenda de proyectos de ley en beneficio de las mujeres costarricenses. Se deberían articular estos proyectos, con el apoyo de las organizaciones de mujeres existentes en el país, y con movilizaciones para aprobarlas. Tengo claro que en esa perspectiva de proyectos por la mujer pueden no estar todas de acuerdo, ni todos los partidos, pero hay que buscar en lo que están todos y todas de acuerdo para aprobar como Leyes de la República.

Por ahora, el Bloque Opositor o la Alianza Opositora suena bien, pero pareciera que les falta contenido a estos conceptos. Hay que darles contenido político a los conceptos en la práctica parlamentaria.

Hay que darle una agenda común a este Bloque Opositor de manera concreta. Esta es la tarea de los partidos que allí están representados, de sus dirigentes, y a falta de ellos, de los propios diputados, si realmente se quiere construir esa fuerza opositora, en capacidad de defender la democracia nacional frente al desafío de avanzar hacia el autoritarismo político, el despotismo institucional, la dictadura, la tiranía, el militarismo gobernante o el cause fascista en el desarrollo nacional.

El peligro de la ignorancia

Escrito en . Publicado en Educación.

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

Es bien sabido que la ignorancia es atrevida, pero si la misma es lo que ocupa el espacio del cerebro en una persona es peligroso, y si el individuo de marras, además, tiene poder el peligro puede ser catastrófico. Pues esta semana he tenido motivos suficientes para que, como simple ciudadano mortal, sienta pavor por este mi querido país.

Escuché a don Nogui Acosta, con su decena de procesos pendientes en la Fiscalía a cuestas y bien resguardado en la red de cuido oficial a través de su inmunidad como diputado, decir que la Asamblea Legislativa no debían discutir y hablar y votar, al referirse a opiniones de los diputados de oposición que, a pesar de su dicho, han votado responsablemente a favor de proyectos importantes como el tren eléctrico, por ejemplo. El problema de estas mentalidades fascistas de nuevo cuño que nos gobiernan es que, además de ignorantes, desean ejercer la dictadura del silencio y olvidar que una curul en el parlamento, no es un yugo atado al pescuezo de un buey para que simplemente siga el camino que le indica su amo con el chuzo de la obediencia. No, en una democracia y todavía lo somos o pretendemos seguir siéndolo, en la Asamblea Legislativa como poder parlamentario, se discute, se habla, se intercambia ideas y se pretende que haya consenso y no imposición, por eso Don Nogui, se llama parlamento. Pero, además, y aunque no le guste a sus jefes del ejecutivo, que parece eso son para la fracción oficial, es una obligación constitucional, política y ciudadana para los partidos de oposición, establecer la sana vigilancia a través del control político, que no es un «ratico» den el Plenario, sino una actitud y acción permanente. Pero, en fin, son las cositas que nos pasan, cuando se envía a la Asamblea Legislativa a los que creen que hacer evidente su ignorancia supina, es su deber.

Por otro lado, también don Nogui dio una declaraciones al periódico Universidad, que, si uno las lee con sentido del humor y las interpreta como un libro de chistes, pues si, dan ganas de reír; pero como no es así, sino que lo dicho para Don Nogui fue en serio, entonces dan ganas de llorar al pensar en manos de quien ha caído este país. Además de poner en evidencia que sobre educación pública y en especial la universitaria no tiene la menos idea, don Nogui tiende el poder suficiente para hacerlas trizas junto con el bicéfalo y todopoderoso ministro Chaves. Cree que las universidades son simplemente fábricas artesanales de títulos y de trabajadores para las empresas privadas y que la investigación y la extensión no deben existir. Ignora por lo tanto los inmensos aportes que dan todos los días los centros de educación superior a la sociedad, más allá de su labor fundamental de preparación profesional a sus estudiantes.

En esa entrevista, don Nogui dijo muchas incongruencias y como leal seguidor del populismo fascista que nos caracteriza, fue incoherente y se valió de la posverdad en más de una oportunidad. Dos ejemplos, señaló que las universidades debían tener «mayor productividad que significa mayor pertinencia, mayor incorporación entre las necesidades…los graduados no tienen las habilidades para encontrar trabajo…» FALSOOOOO don Nogui, ya sabemos que usted y el ministro bicéfalo creen que los datos de las universidades al discutir el FEES son «listas de supermercado», por ciento muy propio de su mentalidad de pulpero o bartender en Tamarindo, porque si los estudiaran se darían cuenta la altísima empleabilidad que tienen los graduados de nuestras universidades, ubicadas dicho sea de paso, entre las mejores de Latinoamérica y el mundo. Y para terminar dijo esta frase lacerante: la periodista María José Núñez le indicó que las universidades generan conocimientos y aportes a la sociedad, y respondió el diputado Acosta: «Las universidades, por favor, dígame cuánto le damos a las universidades… cuántos estudiantes bilingües saca la universidad… ¡por lo menos deberíamos decir que todos los estudiantes que salen de la UCR debían ser bilingües!!!»

Con semejante criterio valorativo de la labor universitaria, qué importan entonces las investigaciones médicas, agrícolas, técnicas y, aunque a don Nogui le den escalofríos, humanistas. Así se comprende la persecución despiadada a la inteligencia, al final lo único que les importa es la lengua…que hablen y, al graduarse no entregarán un título, sino grilletes.

Cuando la ética pública deja de importar: señales preocupantes para la democracia costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis.

Rodrigo Campos Hernández

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

Costa Rica atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida democrática reciente. La creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones, el desgaste de los partidos tradicionales, la inseguridad, el deterioro económico y el cansancio social han creado un clima político marcado por el desencanto y la polarización. En ese contexto, las recientes decisiones tomadas en torno al caso del exdiputado Fabricio Alvarado no deberían analizarse únicamente desde una perspectiva jurídica o partidaria. Lo ocurrido revela algo más profundo y quizá más preocupante: una transformación cultural en la manera en que la sociedad costarricense comprende la ética pública, la responsabilidad política y la propia democracia.

El archivo de la eventual sanción ética contra el exdiputado ha sido defendido por algunos sectores bajo argumentos procedimentales: que la Asamblea Legislativa perdió competencia al dejar el denunciado su condición de diputado, o que corresponde exclusivamente a los tribunales conocer el caso. Sin embargo, reducir el debate únicamente a la dimensión penal o procesal resulta insuficiente. Las democracias no funcionan solo mediante sanciones judiciales. También descansan sobre responsabilidades éticas, mensajes simbólicos y estándares mínimos de conducta pública.

Precisamente por ello, el problema no radica únicamente en si existía o no competencia jurídica para continuar el procedimiento legislativo. El verdadero problema es el mensaje político y cultural que se transmite a una sociedad profundamente afectada por la violencia y el hostigamiento contra las mujeres. Costa Rica no discute este tema en abstracto: lo hace en medio de una realidad donde miles de mujeres enfrentan acoso, violencia psicológica, agresiones sexuales y múltiples formas de silenciamiento cotidiano.

La contradicción se vuelve aún más significativa cuando se recuerda que la propia presidenta de la República manifestó públicamente haber sido víctima de conductas de hostigamiento por parte del mismo actor político involucrado en este caso. Más allá de simpatías o diferencias ideológicas, resulta legítimo preguntarse qué tipo de señal institucional se transmite cuando un gobierno que afirma representar una ruptura ética con “la vieja política” termina impulsando —o al menos permitiendo— decisiones percibidas por amplios sectores como mecanismos de protección o impunidad.

No se trata aquí de afirmar culpabilidades penales anticipadas ni de desconocer el principio de inocencia, indispensable en cualquier Estado democrático de derecho. Se trata de reconocer que las instituciones también educan simbólicamente. Sus acciones, silencios y omisiones construyen mensajes sociales. Y cuando una denuncia de esta naturaleza termina subordinada a cálculos políticos, pactos coyunturales o disputas partidarias, el efecto pedagógico puede ser profundamente dañino.

Más preocupante aún es la reacción de una parte importante de la ciudadanía frente a estos hechos. Muchos comentarios públicos no negaron necesariamente la gravedad del hostigamiento sexual; simplemente lo relativizaron frente a otras prioridades: “hay cosas más importantes”, “eso le corresponde a los tribunales”, “la Asamblea no debe perder tiempo en eso”. Esa respuesta revela una transformación cultural inquietante: la progresiva pérdida de relevancia de la ética pública dentro de la vida democrática.

La situación adquiere todavía mayor complejidad si se observa que el actual oficialismo ha construido buena parte de su legitimidad sobre una narrativa de pureza moral y regeneración ética del país. El discurso contra “la corrupción”, “los chorizos” y “la casta política” ha sido central en su identidad pública. Sin embargo, las contradicciones acumuladas entre discurso y práctica comienzan a generar una peligrosa erosión de credibilidad. Y esto no afecta únicamente a un gobierno o a un partido: afecta la confianza misma en la posibilidad de una política democrática coherente.

El problema de fondo quizás no sea solamente que existan contradicciones —las ha habido históricamente en múltiples fuerzas políticas—, sino que una parte creciente de la sociedad parece haber comenzado a normalizarlas. Ese fenómeno merece una reflexión seria. Porque cuando las democracias entran en escenarios de fatiga institucional, precariedad económica y polarización permanente, la ciudadanía puede empezar a tolerar prácticas que anteriormente habrían generado mayores costos políticos o éticos.

En ese contexto, la política deja de evaluarse por su coherencia moral y comienza a valorarse principalmente por su capacidad de confrontación, eficacia inmediata o identificación emocional. El riesgo es evidente: el deterioro gradual de la cultura democrática y la consolidación de un clima social donde todo parece justificable si favorece al propio grupo político.

Por eso este debate trasciende a una figura específica o a una coyuntura legislativa. Lo que está en juego es el tipo de sociedad que Costa Rica desea construir. Una democracia saludable no se sostiene únicamente con elecciones periódicas ni con crecimiento económico. Requiere ciudadanía crítica, instituciones confiables, educación humanística, deliberación pública y una ética mínima compartida capaz de reconocer que ciertos temas —como la violencia contra las mujeres— no pueden relativizarse según conveniencias políticas.

Aun así, no todo está perdido. El hecho mismo de que estas discusiones sigan generando indignación, debate público y reflexión crítica demuestra que la sociedad costarricense todavía conserva reservas democráticas importantes. Quizá el desafío más urgente no sea únicamente cambiar gobiernos o partidos, sino reconstruir una cultura política capaz de reconciliar democracia, ética pública y ciudadanía crítica en tiempos de desencanto.

Porque el mayor peligro para una democracia no es únicamente la corrupción o la contradicción política. El verdadero peligro aparece cuando la sociedad deja de percibirlas como problemáticas.

Cajas chinas, élites y el manual para nuestra defensa ciudadana

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por JoseSo (José Solano-Saborío) / Entre Verdades y Opiniones

A mis 58 años, en esta etapa de madurez que la vida me ha regalado, el anhelo de heredar un país y un mundo mejor a mis hijos, Catalina y Christian, y a mis nietos, me ha impulsado a asumir con profunda responsabilidad este rol de analista político y generador de contenido. Mi objetivo central es uno: combatir la posverdad, desenmascarar la manipulación en redes sociales y devolverles el valor a los hechos. Este compromiso me ha obligado a volver a los libros, a actualizarme y a reaprender como investigador social; profundizando de forma autodidacta aquellos conocimientos que, en mi época universitaria, apenas eran el cimiento. Hoy, con la mirada más clara, quiero compartirles cómo nos están jugando la vuelta frente a nuestros propios ojos.

La “Caja China” y el arte de distraer al tico

Imaginen que hay un incendio en la cocina de su casa, pero alguien entra gritando que hay un perro rabioso en el patio. Todos corren al patio, se olvidan del fuego, y la casa se quema. Eso es, en un lenguaje sencillo y directo, la “Caja China” o la Estrategia de la Distracción.

Académicamente se le conoce bajo otros nombres: la teoría del Agenda-Setting (los que tienen el poder deciden de qué tema vamos a hablar hoy) o la táctica del “Gato Muerto” (tirar un escándalo morboso en la mesa para que dejemos de hablar del problema real).

¿Por qué nos debe interesar esto a los ticos? Porque nuestro activo más valioso en una democracia es nuestra atención, y nos la están robando. Mientras discutimos acaloradamente en redes sociales sobre el último exabrupto, el chisme político de turno o la polémica de la semana, se están tomando decisiones estructurales sobre nuestro costo de vida, nuestra seguridad y nuestras instituciones. Nos ponen a pelear entre nosotros en la gradería, para que no miremos lo que está pasando en la cancha.

Cuatro décadas de humo y la élite detrás del poder actual

Esta manipulación de nuestra atención no es un invento reciente. Durante las últimas cuatro décadas, las élites de poder tradicional en Costa Rica han utilizado estas tácticas de forma muy refinada. Nos han vendido crisis a la medida y han ocultado debates urgentes sobre la desigualdad o la ineficiencia estatal detrás de cortinas de humo muy bien diseñadas.

Sin embargo, hay que decirlo con claridad y, sobre todo, con profundo respeto y empatía hacia quienes, impulsados por una genuina esperanza de cambio, apoyan a la actual administración: la élite de poder que opera detrás del gobierno actual ha perfeccionado esta táctica y la está utilizando sin ningún tipo de escrúpulos.

Ya no usan guantes de seda. Cada vez que surge un cuestionamiento serio, un fracaso en la gestión o una crisis de seguridad, surge de inmediato un escándalo mediático, un ataque directo a un adversario o una polémica prefabricada. Esto no ocurre por torpeza ni por casualidad; es un diseño estratégico fríamente calculado. El objetivo es mantenernos polarizados, divididos y emocionalmente agotados. Tanto a los que critican como a los que aplauden, los estrategas detrás del telón los están utilizando como peones en un tablero de ajedrez.

Las Leyes del Poder: Cómo prevalecer como pueblo

Aquí es donde la obra Las 48 leyes del poder de Robert Greene deja de ser un libro sobre manipuladores y se convierte en nuestro manual de defensa ciudadana. Greene nos enseña una verdad inquebrantable: el poder del manipulador se alimenta de tu reacción emocional. Si te enojas, si te indignas y caes en la provocación, le estás entregando el control.

¿Qué nos enseña esta obra para combatir estas estrategias y prevalecer?

Exigir acciones, ignorar los pleitos (Ley 9): Greene dice que se debe ganar a través de las acciones, no de los argumentos. Como ciudadanos, debemos dejar de morder el anzuelo de los debates estériles. Si el gobierno o la oposición lanzan un ataque verbal, nuestra respuesta debe ser: “Muy bien el discurso, pero ¿dónde están los resultados en seguridad, en las listas de espera, en el empleo?”. Desarmemos el circo exigiendo gestión.

El poder de ignorar el escándalo (Ley 36): La mejor venganza contra quien busca distraerte es menospreciar su carnada. Si ignoramos el ruido mediático prefabricado y nos negamos a replicarlo en nuestros chats y redes sociales, la Caja China pierde todo su efecto.

Los costarricenses tenemos ventajas históricas inmensas: nuestra vocación civilista, nuestra historia de paz y nuestra capacidad innata para el diálogo. Si logramos apagar el ruido emocional de las redes, si dejamos de vernos como enemigos por pensar distinto y nos unimos para observar el juego con mente fría, ninguna estrategia de distracción podrá ocultarnos la verdad. El verdadero poder, al final del día, es negarse a ser manipulado.

¿Qué significa realmente una “Tercera República”?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Rodrigo Campos Hernández

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

En tiempos de cansancio institucional, inseguridad ciudadana y frustración democrática, las propuestas de transformación profunda encuentran terreno fértil. Costa Rica no escapa a esa realidad. El deterioro de servicios públicos, la lentitud administrativa, la crisis de confianza en la política y la percepción de agotamiento del aparato estatal han abierto paso a discursos que prometen eficiencia, orden, autoridad y refundación.

En ese contexto comienza a instalarse con fuerza una idea particularmente poderosa: la necesidad de una “Tercera República”.

La expresión posee enorme potencia simbólica. Sugiere ruptura histórica, renovación nacional y superación de un modelo aparentemente agotado. Sin embargo, precisamente por la magnitud de lo que implica, conviene detenerse antes de asumirla como una verdad evidente o un destino inevitable.

Porque una república no es únicamente un aparato administrativo susceptible de rediseñarse según criterios de eficiencia. También es un pacto histórico, social y constitucional construido alrededor de ciertos principios fundamentales.

La Segunda República costarricense no surgió solamente de una reorganización institucional posterior a 1948. Surgió también de una concepción específica de ciudadanía, de Estado y de democracia. De ella nacieron —con todas sus contradicciones y limitaciones— las garantías sociales, la expansión educativa, la consolidación de la seguridad social, el fortalecimiento institucional y una determinada idea de movilidad social y bienestar colectivo.

Eso no significa afirmar que dicho modelo permanezca intacto ni que esté exento de crisis profundas. Sería absurdo negarlo. Costa Rica enfrenta problemas reales de burocratización, desigualdad, mora institucional, inseguridad, deterioro educativo y desconfianza ciudadana. Muchas instituciones requieren revisión, modernización y reforma. La discusión no puede reducirse a una defensa nostálgica del pasado.

Pero justamente por eso resulta necesario formular algunas preguntas incómodas.

¿Existe realmente un consenso nacional sobre la necesidad de inaugurar una “Tercera República”? ¿Conocemos con claridad cuáles serían sus principios fundacionales? ¿Qué elementos del pacto social construido durante décadas se consideran agotados y cuáles deberían preservarse? ¿Qué papel ocuparían los derechos sociales, la seguridad social, la educación pública y los límites al poder dentro de ese nuevo proyecto republicano?

Porque toda refundación implica siempre una selección política e ideológica. Toda transformación profunda redefine ganadores, perdedores, prioridades y formas de ciudadanía.

Y aquí surge un aspecto particularmente delicado. Buena parte de los discursos contemporáneos de reforma estatal se presentan bajo conceptos aparentemente neutros: eficiencia, modernización, gobernanza, productividad, resultados o competitividad. Sin embargo, detrás de esos términos también pueden esconderse procesos de concentración de poder, debilitamiento de controles institucionales, reducción progresiva de capacidades públicas y sustitución de la ciudadanía social por una lógica puramente administrativa o mercantil.

La pregunta de fondo no es si Costa Rica necesita cambios. Probablemente sí los necesita. La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿qué tipo de país se está construyendo a través de esos cambios?

En una época marcada por el avance global de liderazgos fuertes, el desgaste de las democracias liberales, la expansión de discursos anti institucionales y el crecimiento de nuevas derechas políticas y culturales, conviene actuar con cautela histórica. Las repúblicas no solo se deterioran por inmovilismo; también pueden erosionarse cuando la promesa de eficacia convierte los límites democráticos en obstáculos y la complejidad institucional en enemiga de la voluntad popular.

Quizá la discusión nacional no debería centrarse únicamente en si queremos o no una “Tercera República”. Tal vez la verdadera discusión consista en preguntarnos qué entendemos por democracia, qué queremos conservar de nuestra tradición republicana y cuáles principios no estamos dispuestos a sacrificar en nombre de la eficiencia o la velocidad política.

Porque reformar una república es relativamente sencillo. Lo difícil es evitar perder, en el proceso, aquello que la hacía digna de ser preservada.

Sin embargo, toda transformación republicana también termina expresándose en el terreno educativo. Toda república forma un determinado tipo de ciudadanía. Ningún modelo de Estado puede sostenerse sin una concepción implícita de ser humano, de libertad y de sociedad. Por eso las discusiones educativas nunca son técnicamente neutrales. Detrás de cada reforma curricular existe siempre una pregunta política más profunda: ¿qué tipo de sujeto necesita el país que se intenta construir?

En los últimos años empieza a consolidarse un discurso que concibe la educación principalmente como herramienta de productividad, capacitación tecnológica y adaptación al mercado laboral. El énfasis en habilidades técnicas, innovación y formación para el trabajo responde, sin duda, a desafíos reales de un mundo atravesado por transformaciones tecnológicas aceleradas. Negar esa necesidad sería irresponsable.

El problema aparece cuando esa visión desplaza progresivamente otras dimensiones fundamentales de la educación democrática. Una sociedad no educa solamente para producir. También educa para comprender críticamente el mundo, deliberar públicamente, convivir con la diferencia, interpretar la realidad histórica y ejercer ciudadanía más allá del consumo o la productividad.

Por eso resulta preocupante el creciente desprecio hacia las humanidades, la teoría educativa, la reflexión pedagógica y la formación crítica, frecuentemente caricaturizadas como “mamotretos teóricos” alejados de la realidad. Reducir la educación a entrenamiento técnico implica empobrecer el horizonte mismo de la democracia.

Las democracias constitucionales no sobreviven únicamente con trabajadores eficientes. Necesitan ciudadanos capaces de pensar, cuestionar, interpretar información, reconocer discursos de poder y participar críticamente en la vida pública.

La pregunta entonces vuelve a aparecer con fuerza: ¿la eventual “Tercera República” busca modernizar el país preservando una ciudadanía democrática integral o está impulsando, consciente o inconscientemente, una transición hacia un modelo de sociedad donde la eficiencia productiva termine desplazando progresivamente la formación humanística y el pensamiento crítico?

Porque toda transformación institucional profunda termina reflejándose también en las aulas. Y quizá sea allí —más que en los discursos políticos— donde realmente se define el tipo de país que una generación heredará a la siguiente.

El nuevo Canciller y la prueba de la libertad religiosa

Escrito en . Publicado en Análisis.

Glenm Gómez Álvarez. Pbro.

El nombramiento de don Manuel Tovar Rivera como ministro de Relaciones Exteriores y Culto arrastra consigo un antecedente reciente que, por su naturaleza, vuelve inevitable la pregunta sobre el estilo con el que se ejercerá una de las funciones más delicadas del Estado: la relación con las confesiones religiosas y, particularmente, con la Iglesia Católica.

Conviene recordar con precisión el episodio del 1° de mayo, Día Internacional del Trabajador y fiesta litúrgica de San José Obrero, cuando el Señor Tovar, como ministro de Comercio Exterior, reaccionó con dureza frente a la homilía pronunciada por el arzobispo de San José, monseñor José Rafael Quirós. Aquella intervención no fue un discurso improvisado ni una toma de posición aislada del arzobispo: fue, de hecho, la aplicación pastoral de la Carta Pastoral “La Paz esté con ustedes” emitida recientemente por el Episcopado costarricense.

Ese documento —la carta pastoral de los obispos— no es un panfleto coyuntural ni una opinión individual. Es un texto colegiado que recoge la doctrina social de la Iglesia aplicada a la realidad concreta del país: el valor del trabajo, la centralidad de la persona humana frente a la lógica puramente mercantil, y las tensiones éticas que surgen cuando las decisiones de apertura económica impactan directamente en la vida de los trabajadores.

Es en ese contexto que el arzobispo retoma el texto y lo predica en clave litúrgica y pastoral, precisamente en el día en que la Iglesia contempla a San José como trabajador. No hay aquí una arenga política, sino continuidad doctrinal.

La reacción del ministro Tovar, sin embargo, fue leída por amplios sectores como una respuesta que desbordó el plano de la discusión técnica. No se trató solo de un desacuerdo con un análisis eclesial sobre el modelo económico, sino de una forma de interpelación que puso en cuestión —explícita o implícitamente— la legitimidad de la Iglesia para pronunciarse sobre asuntos sociales en el espacio público.

Ese antecedente importa hoy por una razón: el mismo actor político pasa ahora a ocupar la Cancillería de la República, institución que no solo representa al Estado ante el mundo, sino que en su estructura incluye el área de Culto, es decir, el canal institucional mediante el cual el Estado garantiza la libertad religiosa y regula su relación con las confesiones.

Y aquí está el punto neurálgico: el “Culto” no es un título simbólico ni una herencia histórica sin consecuencias. Implica responsabilidades concretas: Garantizar la libertad de expresión religiosa, incluso cuando esta es crítica del poder político, asegurar la autonomía de la Iglesia católica y de las demás confesiones frente a injerencias estatales; y preservar un principio básico de toda democracia madura: que la voz religiosa no está subordinada al criterio del gobernante de turno.

El problema no es la existencia de desacuerdos entre Iglesia y Estado —eso es estructural en sociedades plurales—. El problema aparece cuando la frontera entre desacuerdo y deslegitimación se vuelve difusa; cuando la crítica moral o pastoral es recibida no como parte del debate público, sino como una intromisión indebida.

El antecedente del 1° de mayo puede bien ser una señal de estilo político frente a la Iglesia Católica: si se la escucha como interlocutora legítima o si se la percibe como actor que debe ser neutralizado cuando incomoda.

Y ese estilo importa, porque ahora el interlocutor institucional no será ocasional, sino permanente. La Iglesia católica —por historia, peso social y presencia nacional— es uno de los actores con los que el Canciller deberá dialogar de forma constante. No en un plano de subordinación, sino de reconocimiento mutuo de competencias: el Estado no define la doctrina, y la Iglesia no legisla, pero ambos inciden en el debate público sobre el bien común.

De ahí que la pregunta de fondo no sea personal, sino institucional: ¿cómo se ejerce una cartera que exige garantizar la libertad religiosa cuando existen antecedentes recientes de tensión con esa misma voz religiosa?

Y aquí se abre otro frente: si la preocupación se centra en la legitimidad de la Iglesia católica para intervenir, desde su doctrina social, en el debate público, habría que preguntarse cuál es el criterio que se aplicará frente a otras expresiones religiosas que, sin el mismo nivel de escrutinio del Estado, también influyen en la opinión colectiva y ejercen una capacidad real de incidencia política. En una sociedad plural, el problema no es quién puede hablar, sino si se aplica la misma vara para valorar la palabra moral cuando proviene de actores distintos.

En una democracia, el estándar no es la ausencia de conflicto, sino la calidad con la que se lo administra. Y en materia de Culto, esa calidad se mide con un criterio muy concreto: si la libertad religiosa se protege incluso cuando resulta incómoda, o si se tolera solo mientras no incomode.

Ese será, en última instancia, el verdadero termómetro del nuevo periodo.

Conversatorio analizará el papel de la justicia y los controles institucionales en la democracia

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El próximo miércoles 6 de mayo a las 7:00 p.m. se realizará el conversatorio “Contra la justicia: ¿ni jueces, ni contraloras, ni tribunales?”, un espacio de reflexión crítica sobre el rol de las instituciones encargadas de la justicia y el control en el contexto actual. La actividad contará con la participación de Agustín Gutiérrez, José Manuel Arroyo e Ilka Treminio, y se enmarca en iniciativas de mediación cultural que buscan promover el análisis público de temas clave para la democracia.

El evento es organizado en conjunto con el Centro Cultural de España y cuenta con la participación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Embajada de España en Costa Rica, la Editorial de la Universidad de Costa Rica y la Escuela de Filosofía de la UCR. Además, se retransmitirá en vivo a través del Facebook del Centro Cultural de España, ampliando el acceso al diálogo más allá del espacio presencial.

Este conversatorio propone abrir preguntas fundamentales sobre la independencia judicial, el papel de las contralorías y la vigencia de los mecanismos institucionales en la garantía del Estado de derecho.

Voces diversas marcharon con sus mensajes este 1º de Mayo

Escrito en . Publicado en Lucha Cultural, Portada.

Este viernes 1º de Mayo cerca de 7 mil personas llenaron de vida, música, baile, arte y resistencia la Avenida Segunda de San José para conmemorar el Día Internacional de la Persona Trabajadora. Mujeres, juventudes, personas trabajadoras, estudiantes, sindicatos, universidades públicas, organizaciones sociales, ambientales, defensoras de derechos humanos, colectivos en defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social, AyA, ICE, Banco de Costa Rica, etc. y partidos políticos caminaron juntas para decir con fuerza que en Costa Rica no aceptamos retrocesos en derechos, democracia ni soberanía.

El Primero de Mayo nace de las luchas históricas de las personas trabajadoras que dieron su vida por jornadas dignas, salarios justos y condiciones humanas. Gracias a esas luchas, hoy muchos derechos laborales son también derechos humanos fundamentales. Esta fecha también reconoce el trabajo de las mujeres, muchas veces invisibilizado, y la resistencia colectiva de quienes históricamente han sostenido la vida y las comunidades.

Esta colección de fotografías registra la memoria viva de una jornada amorosa, diversa y profundamente democrática. Un pueblo que marchó con alegría y esperanza para defender las instituciones públicas con sentido social que han hecho hermosa a Costa Rica, y para recordar que la dignidad, la justicia y los derechos se conquistan y se defienden en colectivo.

Este es un fotoregistro de Nayla Carvajal Sancho de Hablemos de Derechos Humanos para SURCOS Digital.