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Etiqueta: denuncia ciudadana

Solicitan medida cautelar urgente al Minae por presunto maltrato de patos en condominio

Una gestión ciudadana fue presentada ante el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) solicitando la adopción de una medida cautelar urgente para detener lo que se califica como maltrato animal contra patos en un lago artificial ubicado en el Condominio Campo Real, en San Rafael de Alajuela.

La petición fue dirigida al ministro Franz Tattenbach y a distintas instancias del Minae, incluyendo el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), con copia a otras dependencias institucionales. En el mensaje se solicita que se ordene de manera inmediata una medida cautelar que permita proteger a los animales mientras se analiza el fondo del asunto.

Según lo expuesto en el correo, Sinac habría ordenado no alimentar a los patos al considerar que se trata de fauna silvestre. No obstante, la persona remitente señala que no se habrían aportado pruebas concluyentes sobre la condición silvestre de los patos ni se habrían establecido medidas transitorias para evitar afectaciones a los animales.

La gestión afirma que la medida de no alimentación ha generado muertes de patitos y situaciones de agresión entre ellos por competencia de alimento. Asimismo, se indica que tanto Sinac como el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) no habrían intervenido de forma efectiva ante la situación denunciada.

En el mensaje se informa que se adjuntaron dos estudios técnicos elaborados por personas expertas, en los que se analiza la condición de los patos y la situación generada en el lago artificial.

Antecedentes del tema

Este caso se inscribe en una discusión más amplia sobre la gestión de fauna en espacios urbanos o privados con características artificiales, particularmente cuando existe controversia sobre si los animales deben considerarse fauna silvestre bajo competencia del Sinac o animales domésticos bajo la rectoría de Senasa.

En gestiones anteriores relacionadas con la administración ambiental y la protección de bienes públicos y naturales, organizaciones ciudadanas han planteado la necesidad de que las autoridades actúen con base en criterios técnicos claros, transparencia en la toma de decisiones y medidas proporcionales que eviten daños irreversibles mientras se resuelven los aspectos de fondo.

La solicitud actual plantea precisamente la adopción de una medida cautelar como instrumento preventivo, con el fin de evitar la muerte o sufrimiento de los animales mientras se determina su condición jurídica y el marco de competencia institucional correspondiente.

Hasta el momento no se ha informado públicamente sobre una resolución formal del Minae respecto a la petición planteada.

Defensoría pidió cuentas sobre acciones país para la prevención de la corrupción

La Defensoría de los Habitantes solicitó cuentas al Ministerio de Justicia y Paz, como ente rector del sector seguridad ciudadana y justicia, sobre los avances en el diseño de la Política de Integridad y Prevención de la Corrupción.

Recientemente, se dieron conocer los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción a nivel mundial y Costa Rica bajo dos puntos porcentuales respecto al año anterior, pasando de 58 a 56 puntos, con lo cual se aleja del promedio de “democracias plenas” en el mundo (73 puntos); también se distancia del país con mejor puntaje en la región como lo es Uruguay; del promedio de países de la OCDE (64) y de la mejor puntuación nacional desde que se mide este índice (59 puntos en el año 2017), ocupando un décimo legar a nivel de América Latina.

La Defensoría de los Habitantes consultó a la cartera de Justicia si ya se cuenta con el marco estratégico de la política, incluyendo metas e indicadores; si ya se dispone del modelo de gestión y gobernanza debidamente redactado y revisado por los actores competentes, tal y como estaba programado; y, si se cuenta con un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de la Política. Otros puntos de los cuales se requirió información son los niveles de avance tanto del plan de acción como del sistema de gestión de riesgo, y la fecha estimada para su conclusión. Igualmente, los resultados que se han obtenido en cuanto a compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo, entre ellos, los mecanismos que incentiven la denuncia de actos de corrupción, sanciones, entre otros aspectos.

Finalmente, la Defensoría requirió al rector del ramo informar sobre la atención de las líneas de trabajo establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2027 para prevenir y sancionar la corrupción, entre ellas el fortalecimiento de la Estrategia de Gobierno Abierto, promoción de la transparencia e integridad en gobiernos locales y oficinas descentralizadas del sector público, acciones para evitar el conflicto de interés en actividades del Estado, creación de registros de lobistas y promoción de auditorías ciudadanas, entre otras aspiraciones planteadas en la planificación cuatrienal.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Denuncian presunto maltrato y abandono de fauna en condominio de San Rafael de Alajuela

Una serie de correos electrónicos remitidos al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) evidencian la preocupación de vecinas y vecinos del Condominio Campo Real (Concasa), en San Rafael de Alajuela, por lo que califican como una situación de abandono y posible maltrato hacia patos, tortugas y peces que habitan en un lago artificial del complejo residencial.

La denuncia fue apoyada formalmente por María Elena Fournier Solano, de la Asociación Conservacionista YISKI, quien solicitó a las autoridades competentes claridad sobre cuál institución debe asumir la atención del caso, dado que podría involucrar tanto vida silvestre como animales de origen doméstico.

El origen del conflicto

Según la información remitida por Vilma Navarrete Murillo y respaldada por otros condóminos, el lago artificial fue construido hace más de 20 años y desde entonces ha albergado varias generaciones de patos, así como tortugas y peces. Los primeros patos habrían sido introducidos como animales domésticos y criados en ese entorno.

El conflicto surge cuando la actual administración del condominio solicita intervención del SINAC y, tras inspección, se determina que las especies observadas corresponden a vida silvestre. A partir de ese criterio, se instruye a los residentes no alimentar a los animales, en apego a la normativa que prohíbe alimentar fauna silvestre.

Sin embargo, vecinos denuncian que el entorno no ofrece condiciones naturales suficientes para la auto subsistencia de las especies, ya que el lago es artificial, el agua no corre y el terreno circundante carece de vegetación adecuada. Además, aseguran que se ha restringido el acceso a áreas verdes que antes utilizaban los animales.

Se reporta incluso la muerte y lesiones de patos jóvenes tras intervenciones de personal de seguridad privada, situación que generó mayor alarma entre residentes.

La respuesta institucional

En la cadena de comunicaciones, funcionarios del Área de Conservación Central (ACC-SINAC) confirmaron que el sitio ya había sido inspeccionado desde el año anterior y que incluso se realizaron charlas sobre convivencia con fauna silvestre dirigidas a condóminos.

El funcionario Anthony Barrientos informó que se realizó inspección conjunta con SENASA y personal encargado de vida silvestre del ACC, y que el abordaje ha sido complejo debido a discrepancias entre residentes respecto al manejo de la fauna.

Desde SINAC se reiteró que alimentar fauna silvestre está prohibido por normativa vigente, especialmente en el caso de tortugas.

Las preguntas que plantea la denuncia

María Elena Fournier planteó interrogantes que reflejan el fondo ético y jurídico del conflicto:

  • ¿Debe dejarse morir de hambre a los animales si el entorno no les permite subsistir naturalmente?

  • ¿Sería viable reubicarlos en un espacio adecuado?

  • ¿Es la laguna artificial o natural?

  • ¿Existe responsabilidad por domesticación prolongada de especies que ahora son consideradas silvestres?

La activista insiste en que el problema requiere una solución integral que prevenga más muertes y sufrimiento animal, y solicita que las instituciones informen con claridad cuáles serán las acciones concretas a seguir.

Un debate más amplio

El caso abre un debate más amplio sobre:

  • La convivencia entre comunidades humanas y fauna silvestre.

  • La responsabilidad institucional ante procesos de domesticación prolongada.

  • El alcance de la Ley de Conservación de Vida Silvestre.

  • La posible aplicación de la legislación contra el maltrato animal.

  • La necesidad de coordinación entre SINAC y SENASA.

Las autoridades indicaron que están buscando abordar la situación de forma integral. Las personas denunciantes permanecen a la espera de una respuesta concreta.

La Contraloría General de la República aceptó y trasladó a fiscalización la denuncia sobre permisos de construcción en la Fila Costeña

La tarde de hoy, la Contraloría General de la República notificó, mediante el oficio DFOE-DEC-9527, a las organizaciones sociales y a las diputaciones que respaldaron la denuncia, que esta fue trasladada al Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible de la institución.

Según indica el documento oficial, el traslado se realizó mediante el oficio DFOE-DEC-TI-00010-2025, con el objetivo de que la denuncia sea considerada como insumo para la planificación estratégica de los proyectos de fiscalización de dicha área. En términos prácticos, esto significa que la denuncia fue admitida y será tramitada por el área encargada de realizar investigaciones y procesos de control.

Tal como se señaló en el comunicado emitido el pasado 29 de octubre, la denuncia corresponde a una solicitud de investigación especial sobre las actuaciones de la Municipalidad de Osa en el otorgamiento de permisos de construcción en la Fila Costeña y en el Corredor Biológico Paso de la Danta (CBPD). La solicitud fue presentada por la Comisión Alianza Comunal (CAC), adscrita al Comité Local del Corredor Biológico Paso de la Danta, mediante la Fracción Legislativa del Partido Frente Amplio.

Es el Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible es encargada de fiscalizar las funciones del Estado y el uso de los recursos públicos relacionados con los recursos naturales y con actividades que generan impactos ambientales -como el turismo, la pesca y la producción agrícola-, con el fin de promover una gestión de la Hacienda Pública orientada al equilibrio entre las necesidades humanas y la protección del ambiente. Asimismo, le corresponde ejecutar procesos de fiscalización previa y posterior, emitir criterios vinculantes, y brindar asesoría y capacitación en las materias de su competencia.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Puede verse los antecedentes en esta nota de SURCOS:
https://surcosdigital.com/solicitan-a-contraloria-general-investigar-ala-municipalidad-de-osa-por-permisos-de-construccion-en-la-fila-costena/

Acalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia condenado por violentar el derecho constitucional a la justicia administrativa pronta y cumplida

CONCEVERDE – Comunicado

El pasado 19 de septiembre de 2025, la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por vecinos de San Rafael de Heredia —del cual nuestro colectivo no fue parte—, en el que se condenó al señor Jorge Arias Santamaría por haber transgredido el derecho constitucional a un procedimiento administrativo pronto y cumplido. La causa se relaciona con una construcción ilegal denunciada desde el año anterior, ubicada dentro del Área Especial de Protección del Gran Área Metropolitana (GAM) y parcialmente en la zona inalienable establecida por la Ley N.º 65 del 30 de julio de 1888.

Desde el colectivo CONCEVERDE expresamos nuestra profunda preocupación ante la reiterada indiferencia de la Municipalidad de San Rafael de Heredia frente a las denuncias ciudadanas. La omisión en atender de manera eficiente varias denuncias sobre la edificación iniciada hace más de diez meses, sin contar con los permisos de construcción requeridos, ha llevado que la obra se haya concluido, lo que evidencia una negligencia institucional que, por su persistencia y efectos, se asemeja peligrosamente a una forma de complicidad.

La falta de respuesta oportuna por parte de la alcaldía ha sido tal que el máximo tribunal constitucional del país ha acreditado la violación al derecho fundamental consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política de Costa Rica, que garantiza a toda persona el acceso a un procedimiento administrativo eficaz, diligente y conforme a los principios del debido proceso.

Desde CONCEVERDE, reiteramos nuestro compromiso con la defensa del ordenamiento territorial, la legalidad ambiental y los derechos ciudadanos, y exigimos a las autoridades municipales el cumplimiento estricto de sus deberes legales y constitucionales.

Esta denuncia se hace pública como acto de resistencia ciudadana frente a la inercia y negligencia municipal, y como llamado urgente a la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia administrativa.

Nuevamente muerte masiva de peces en el río Ciruelas, Miramar

Sospechan de aguas vertidas por mina cercana

Este miércoles 30 de julio, vecinas y vecinos de Miramar denunciaron una nueva muerte masiva de peces, camarones, cangrejos y otras especies en el río Ciruelas, desde el sector conocido como El Salto, justo a la salida de la mina Bellavista, tal como ya había ocurrido en abril pasado.

El evento habría ocurrido entre la noche del martes y madrugada del miércoles, pues los testimonios señalan que fue hasta la mañana cuando comenzaron a notar la mortandad en el río. 

En un audio difundido por chats locales, el alcalde de Montes de Oro, Anthony Fallas Jiménez, indicó que desde el Comité Municipal de Emergencias y el Consejo de Coordinación Institucional se nombró una comisión para remitir esta nueva denuncia a las autoridades competentes: SINAC, Ministerio de Salud y OIJ. Además, informó que el OIJ ya había visitado la Municipalidad días atrás, como parte de la investigación sobre el evento reportado en abril.

Aunque todavía se desconoce la causa exacta de esta nueva contaminación, la mina Bellavista —ubicada en la parte alta de Miramar— ha sido señalada en múltiples ocasiones por presuntas irregularidades en su operación y posibles impactos ambientales.

Antecedentes

Desde su instalación, la mina Bellavista ha sido objeto de denuncias y cuestionamientos durante casi dos décadas. En 2007, tras la ruptura de la geomembrana en el área de la pila de lixiviación, ocurrió el deslizamiento que colapsó la planta de ADR (recuperación por adsorción-disorción) o planta de recuperación de oro, bodegas aledañas y el laboratorio, vertiendo miles de litros de agua cargada de lixiviados sobre el cauce del río Ciruelas, contaminándolo por completo y provocando una devastación sin precedentes.

En 2009, el Comité Ambiental de Miramar denunció que  la empresa canadiense Glencairn Gold Corporation abandonó el sitio y alertó sobre el riesgo de contaminación al río Ciruelas con cianuro y metales pesados. A lo largo de los años, distintas organizaciones y personas de la comunidad han advertido sobre impactos ambientales, irregularidades en auditorías y ausencia de certificaciones y evaluaciones rigurosas. En 2023 se presentó una denuncia formal ante el Ministerio de Salud por posible contaminación del río y además, el Ministerio de Salud giró una orden sanitaria a la Mina Bellavista por contaminación con plomo en la sangre de trabajadores.

En octubre de 2024, el diputado Carlos Andrés Robles solicitó una inspección exhaustiva del proyecto, tras conocer la denuncia del exsupervisor de la mina, Diego Leonardo García, quien advirtió sobre el uso de piletas sin impermeabilización, posibles filtraciones al acuífero y afectaciones al río Ciruelas. Este mismo año, Dayana Rojas Venegas, presidenta de la Asociación Civil Pro Natura, denunció también que la Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental (COMIMA) lleva más de 10 años sin funcionar, sin actas ni seguimiento, y ante la solicitud de reactivarla, SETENA alega que no es posible bajo el argumento de que el expediente está «secuestrado» como parte del Caso Comején.

La minería en Miramar, en sus diversas formas —legal, ilegal, a cielo abierto o subterránea— ha generado impactos socioambientales profundos y acumulativos, convirtiendo la zona en un verdadero «Territorio de Sacrificio». Una investigación reciente de la UCR revela que más del 31,86 % del cantón de Montes de Oro está concesionado para minería subterránea de oro, incluyendo su área urbana.

Llamado comunitario

Dayana Rojas, de la Asociación Civil Pro Natura, expresó:

“Es realmente preocupante que ocurra un nuevo evento de contaminación en el cauce del río y todavía no se tengan respuestas sobre los eventos de marzo-abril. Respecto a la articulación interinstitucional desde el gobierno local nos llama la atención que se siga dejando por fuera la participación de la Dirección de Aguas que podría dar una guía y acompañamiento importante sobre cómo proceder, además vemos que las denuncias ciudadanas colocadas en el SITADA siguen sin ser atendidas después de 3 meses, probablemente dirán que ya pasó mucho tiempo y cierren esas denuncias, como en casos anteriores.

En la Asociación recibimos información de vecinos del río (que por razones de seguridad nos han solicitado guardar el anonimato) denunciando supuestos vertidos desde la empresa minera durante los días feriados y fines de semana, cuando hay aguaceros fuertes y el río tiene buen caudal; este fin de semana largo no fue la excepción. 

En la comunidad hay mucha indignación y molestia porque no se le ha dado prioridad a esta situación recurrente; el OIJ está haciendo sus investigaciones y esperamos que eso marque una diferencia, sin embargo eso no exonera de responsabilidad al resto de instituciones que deben velar por la calidad del recurso hídrico, el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el cumplimiento de la legislación vigente, lamentablemente a lo largo de los años hemos visto como cada denuncia termina siendo archivada, ignorada, minimizada o  “resuelta” de manera mediocre a nivel institucional, por decir lo menos.

Sin embargo, alentamos a la comunidad a seguir denunciando todas esas situaciones irregulares que violentan nuestros derechos, nos enferman y comprometen la integridad y calidad de los bienes comunes para las generaciones presentes y futuras.

Fotos y videos en este enlace.