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Etiqueta: derecho a la información

COLPER reclama protección de periodistas, defensa de la libertad de prensa y derecho a la información

Escrito el . Publicado en Derechos.

COMUNICADO

El Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (COLPER) presentó un recurso de amparo en defensa de tres periodistas que recibieron ataques y descalificaciones en el ejercicio del periodismo durante las conferencias de prensa semanales realizadas en Casa Presidencial.

La acción es con el propósito de que la Sala Constitucional confirme la protección del trabajo de los profesionales en el ejercicio de la libertad de prensa y el derecho de información de la ciudadanía que se materializa con sus preguntas, las respuestas obtenidas, la información procesada y publicada en medios de comunicación.

El recurso de amparo se presentó el viernes 13 de setiembre, el cual se le dio curso el martes 17 de setiembre en el expediente No. 24-025545-0007-CO y se planteó contra Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República; Arnold Zamora, ministro de Comunicación y Enlace; Mauricio Batalla Otárola, ministro de Obras Públicas y Transporte y el director o encargado de la Unidad de Protección Presidencial (UPP), a favor de los periodistas Héctor Guzmán Suárez, David Chavarría Hernández y David Bolaños Acuña.

El recurso denuncia que los continuos ataques, insultos, maltratos, coerción de personas de seguridad así como el impedimento de preguntar y repreguntar, entre otros, son formas de autocensura y causan temor de parte de los periodistas en el desempeño de su trabajo.

En la conferencia de prensa del martes 30 de julio de 2024, Guzmán hizo una pregunta en torno a la decisión de la Sala Constitucional sobre la consulta legislativa de la denominada “Ley Jaguar” y la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, indicó: “…Ahora bien, la interpretación que usted hace de que todos los artículos eran inconstitucionales no es correcta …” a lo que el periodista le dice que “no es mi interpretación” y trata de releer el comunicado de la Sala Constitucional sobre el tema. Posteriormente el presidente Chaves calla al periodista y termina su alocución golpeando la mesa.

Otra situación ocurrió el pasado 11 de setiembre cuando los periodistas Bolaños y Chavarría, de los medios Doble Check e Interferencia de la Universidad de Costa Rica, fueron rodeados por escoltas de la Unidad de Protección Presidencial (UPP), cuando intentaron hacer repreguntas a la ministra Fernández, y al presidente Chaves; además, el propio presidente impidió que hablaran en el micrófono junto con el Ministro de Información Zamora.

También hubo burlas por parte del presidente hacia Chavarría y al mismo tiempo el ministro de Obras Públicas se le acerca y le dice que respete la investidura del presidente, y acto seguido los rodearon en una clara acción de intimidación. Posteriormente, en otra pregunta que hace Bolaños, y al indicar a la ministra que no le contestó su pregunta, se le apaga el micrófono.

“El Colegio agremia a una importante cantidad de los profesionales que ejercen el periodismo de manera profesional y estamos en presencia de la defensa de intereses que atañen a la totalidad de los agremiados y al Colegio, por cuanto los hechos señalados contravienen normas constitucionales que protegen la libertad de expresión y el libre acceso a la información pública”.

La fundamentación legal del recurso incluye los artículos 28 y 29 de la Constitución Política, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Sentencia 2006-5977 de mayo de 2006 de la Sala Constitucional y la Resolución 12085–2023 de la Sala Constitucional en mayo del 2023.

Por otra parte, el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación de Costa Rica reitera su compromiso por defender el ejercicio profesional de una prensa libre e independiente.

Defensoría: Cúmulo de desaciertos del AyA agravó crisis del agua

Escrito el . Publicado en Agua, Derechos.

El país actualmente enfrenta una situación crítica en relación con el suministro de agua potable, tal como se refleja en los extensos racionamientos programados y no programados en comunidades como Hatillo, Mata Redonda, Coronado, Desamparados, Alajuelita, entre otros. Esta situación se debe a causas multifactoriales que incluyen desorden territorial, falta de protección en las zonas de recarga acuífera, inadecuada planificación, falta de ejecución de proyectos y descoordinación a lo interno del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Estos factores, aunados al cambio climático y las modificaciones en el comportamiento de las lluvias, han contribuido a crear la severa problemática de abastecimiento que actualmente impide satisfacer la demanda de este servicio a nivel nacional.

El AyA ha informado de las acciones implementadas para abordar los problemas relacionados con el suministro de agua, particularmente en el Gran Área Metropolitana, entre las que se incluyen horarios de racionamiento, suministro con camiones cisterna, la incorporación de nuevos pozos al sistema del acueducto metropolitano, la instalación de tanques en las zonas de alta vulnerabilidad para acceso de los vecinos y otras medidas paliativas para atender la situación en el corto plazo.

No obstante, la Defensoría considera que los esfuerzos realizados no han sido suficientes y que una adecuada o más eficiente planificación y ejecución de proyectos de infraestructura a mediano y largo plazo para el mejoramiento de la capacidad hídrica e hidráulica de los sistemas de acueductos habrían podido contribuir a satisfacer la demanda del servicio de agua potable, aún en la época seca.

Al respecto, la Intendencia de Agua de la Autoridad Reguladora de los Servicios Público (ARESEP) elaboró en 2022 un diagnóstico de estudio tarifario del AyA, en el cual se concluyó: que la institución presenta un 57% de pérdidas de agua potable, que la ejecución de proyectos u obras de inversión no es completa y toma de 10 a 15 años, y que el 80% de los medidores presenta un subregistro del consumo. Además, advirtió sobre la ausencia de registros de grandes consumidores y de niveles de consumo, así como de planificación institucional orientada a la sustitución de activos, junto con el rechazo en las disponibilidades de servicios, y que un 70% de los sistemas de acueductos presentan estrés hídrico. También se concluyó que hay incumplimientos en la verificación de la calidad del agua en todos los prestadores de servicio del país, y la ausencia de una estrategia para mantener actualizada de forma anual la información de calidad del agua, por parte del Laboratorio Nacional de Aguas. Finalmente, el diagnóstico resalta la necesidad de un refinanciamiento de las obligaciones crediticias asociadas a proyectos u obras de inversión.

De hecho, desde años anteriores, la Defensoría ha llamado la atención del AyA por la falta de previsión e implementación de medidas para la satisfacción de las necesidades de abastecimiento de la población, de modo que se garantice el suministro de agua a las comunidades que, año tras año, sufren de racionamientos por períodos extensos y otras afectaciones del servicio, con el consecuente impacto negativo que esto implica para el pleno disfrute del derecho humano al acceso al agua potable, al derecho a la salud y a la educación y al desarrollo, entre otros.

Aunado a lo anterior, los habitantes han denunciado reiteradamente el incumplimiento de los horarios de abastecimiento y la falta de comunicación clara y asertiva de parte del AyA, en detrimento del derecho a la información de todas las personas que habitan en las comunidades afectadas, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad, tales como niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, enfermos encamados y otras.

La Defensoría sigue con su labor de exigir cuentas, y elaborará un informe específico sobre cada una de las comunidades que han denunciado la afectación del suministro de agua potable, con el fin de que el AyA tome las medidas e implemente las acciones requeridas para realizar una planificación integral de las necesidades de inversión y mejora de la prestación del servicio y una ejecución eficiente de los proyectos y obras de infraestructura necesarias para satisfacer la demanda actual y futura del servicio a nivel nacional, en aras de que se garantice efectivamente el derecho humano al acceso al agua potable.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Somos el periodista Assange y somos o ¿seremos espías? si lo decide Londres

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

 Por Laura Martínez Quesada, Periodista

En esas tardes de lluvia intensa de setiembre de 2007, mi vientre embarazado amenazaba con disparar el botón de la blusa contra cualquier persona que se me pusiera al frente en la oficina de la dirección del Semanario Universidad. Allí llegó Vicky Luna, excompañera de canal cuando hacíamos noticias fuertes. Ella escuchó la rápida conversación con el estimado Vinicio Chacón. Hablaba sobre las amenazas para que no publicáramos el Memorando del Miedo por parte de uno de los autores de ese documento, que en síntesis era un chantaje para que promovieran el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en la campaña para el decisivo referendo del 7 octubre de 2007.

Comentamos frente a Luna que lo publicaríamos porque era un documento de interés público. La amenaza de inminente demanda también llegó en forma de carta a la entonces rectora, Yamileth González, a quien le agradecí su respeto por nuestra labor. Vicky solo llegó a regalarme algo muy práctico para los recién nacidos, unas camisetas y calzones de la Red Point (la tiendita queda cerca de la U), que le agradecería toda la vida. Y no se equivocó. Claro, como buena periodista, Luna captó la tensión sobre lo que conversábamos y después ella lo escribiría en las redes sociales de entonces porque el artículo del Memorando salió y fue la bomba, como era de esperar. También salió disparado como una bomba bebé, que de previo me daba cada vez más patadas alborotadas, supongo, por mis obstinadas luchas por tirar la publicación del documento. Un famoso columnista de Llorente, amigo de uno de los autores, según me contaron, consideraba la publicación de la delineada estrategia como el jodido robo de un hacker de una conversación privada entre pares, Sánchez y Casas del gobierno de Óscar Arias. Le respondí al reconocido periodista en un artículo y, posteriormente, el Tribunal Supremo de Elecciones nos dio la razón; se trataba de un documento de interés público. Y ni les cuento que el autor que dimitió un año después se fue a la Fiscalía para activar una investigación contra el periódico que permitiera dar con la persona malévola que me hizo llegar el Memorando. Por dicha, no llegó a más porque alegué los intentos de violar el sagrado derecho de reservarnos nuestras fuentes cuando haya riesgos.

Ese argumento usado en el caso del Memorando sobre el hacker perverso y los “documentos privados”, casi como un secreto de Estado, son a los que se siempre se recurre para que la verdad no salga a luz pública, la luz que necesita el pueblo para tomar decisiones, como en aquella oportunidad durante el referendo.

Ahora que salen las noticias sobre el futuro de Julian Assange, sorprende cómo pasó de ser el periodista australiano a un peligroso megalómano hacker, a quien el Gobierno estadounidense acusa de espionaje basado en una ley de 1917, que usaría por primera vez contra un comunicador.

Un periodista, cuyo crimen fue facilitar con información a través de los WikiLeaks, las verdades sobre los crímenes de guerra en Irak y Afganistán: la cantidad mayor de personas civiles asesinadas, ¡upps!, por algún error (horror), la corrupción y los encubrimientos que se habrían hecho en el manejo de la política exterior estadounidense.

Esa información fue publicada por renombrados medios de comunicación como el alemán Der Spiegel, el estadounidense New York Times o el británico The Guardian. Periodistas de esos medios hicieron revelaciones como las conexiones entre los servicios secretos de estadounidenses y los talibanes, matanzas de civiles o que a los prisioneros les vendaban los ojos, los electrocutaban, maniataban y golpeaban, que se produjeron asesinatos extrajudiciales y que 63% de las personas muertas en Irak eran civiles.

Y para que no olvidemos los periodistas, el video que WikiLeaks tituló “Asesinato colateral”, el cual mostraba como dos helicópteros estadounidenses mataban como en el juego de “Call of duty” a 12 civiles en Bagdad, entre ellos a dos corresponsales de la agencia inglesa Reuters. La reconocida agencia internacional solicitó en diversas ocasiones que le dieran el video y siempre se les negó. ¡Gracias WikiLeaks por esas imágenes, gracias Assange por dejarnos conocer esta historia y gracias por garantizar el derecho a la información de las personas!

Esas revelaciones les dieron galardones a los periodistas de estos medios, que hoy olvidan que Assange se pudre en una cárcel en Londres, cuando ni siquiera ha sido condenado porque se encuentra en prisión preventiva, en aislamiento total en una celda a la que solo llevan a personas de alta peligrosidad, donde no lo dejan hablar con nadie y solo sale a un patio por menos de una hora diaria.

Assange, con un historial de depresión suicida, ha sido perseguido por más de diez años y está a las puertas de ser juzgado por lo que debe hacer un periodista: denunciar los abusos del poder y difundir información de interés público. La escritora italiana, Oriana Fallaci, lo dijo en uno de sus libros que en mi época devorábamos: el periodista debe estar siempre contra el poder.

A las puertas de una extradición que busca silenciar su voz y condenarlo por 173 años, los periodistas estamos en riesgo de ser acusados de espionaje por revelar la verdad a la que tiene derecho la ciudadanía. Por eso, estimadas Yanancy Noguera y Giselle Boza, la voz jurídica de apoyo a la publicación del Memorando, pronunciémonos y digamos: Somos Assange, el periodista y no somos espías.

 

Fuente: https://semanariouniversidad.com/opinion/somos-el-periodista-assange-y-somos-o-seremos-espias-si-lo-decide-londres/

El final del Diario Extra: un golpe mortal a las libertades públicas

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

El cierre forzado de las actividades periodísticas del Grupo Extra y sus medios informativos Diario Extra, Canal 42 y Radio América, a partir del día jueves 1 de junio de 2023, no sólo constituye un grave atentado a la libertad de prensa y el derecho a la información del conjunto de la ciudadanía costarricense, sino que agrava el monopolio empresarial e ideológico hacia el interior de la prensa corporativa del país, intensificando la censura hacia las voces disidentes y reduciendo el campo visual y auditivo de los habitantes en materia informativa; los que, de ahora en adelante, quedarán en manos de un solo diario (o Grupo Editorial) para “informarse” y con cada vez menos posibilidades de opinar con algún grado de libertad.

Si bien, no siempre coincidimos con la línea editorial e informativa del Grupo Extra, recordamos su apertura hacia el movimiento del no al TLC, como uno de los pocos medios que permitió la colocación de la pauta publicitaria, originada entre quienes se oponían a ese acuerdo comercial con los Estados Unidos. Posteriormente, durante un buen número de años se mantuvo en las páginas interiores del diario Extra, el Suplemento “PÁGINA ABIERTA” (Suplemento de opinión, debate e ideas), que contó con la colaboración de un importante grupo de intelectuales de centroizquierda sobre temas nacionales e internacionales de sumo interés. Su consejo editorial estuvo integrado por Alberto Cañas, Rodrigo Madrigal Montealegre, Sonia Marta Mora, Haydeé Mendiola, Jaime Ordóñez, Rodolfo Silva, Marcia González Aguiluz, Juan José Sobrado, Armando Vargas Araya y Juan Manuel Villasuso.

En otros temas, la gestión editorial de La Extra fue omisa y desafortunada, sobre todo en años recientes, como sucedió con el tratamiento e información sobre las vicisitudes sufridas por los pueblos originarios en la lucha por la recuperación de sus tierras ancestrales, y con el tema de los asesinatos de los líderes Sergio Rojas, de los bribri y Jehry Rivera de los bröran víctimas del fuego de los terratenientes del cantón de Buenos Aires, aunque también coincidimos en otros asuntos relativos a una mayor pluralidad informativa en el país.

También es cierto que el diario Extra nos publicó algunos artículos en años recientes sobre temas polémicos, cosa que La Nación jamás hizo ni hará, como también en tiempos un poco más lejanos, con el acceso que tuvimos al diario Extra, asimismo en algunos programas de opinión en Radio América, en los que pudimos tomar parte, hace poco más de una década.

Además fue muy importante que el diario Extra acogiera la colaboración constante del dirigente sindical Albino Vargas Barrantes, con sus columnas en las páginas de opinión, especialmente en los días miércoles. Sin duda que hará falta ese espacio sindical, que con tanta constancia y seriedad supo mantener el dirigente de la ANEP.

Ahora, con el cierre, al parecer definitivo de estos medios se va cerrando el anillo de hierro, en materia informativa y en los procesos formación de opinión, con que los diarios, emisoras de radio y televisoras al servicio de la vieja oligarquía y su monopolio informativo, en particular El Diario La Nación, nacido en 1946 para oponerse a las garantías sociales, la sindicalización y el Código de Trabajo, nos aprietan las tuercas con su presunta además de falsa independencia, y su férrea censura que nos impidió durante muchas décadas a un gran sector de la ciudadanía poder publicar nuestras opiniones en sus páginas. Ahora estamos llegando a los tiempos históricos del casi total dominio informativo de la prensa monocolor, esa que se jacta de tener una profesión de fe democrática que no resiste la contrastación con los hechos.

Las causas anunciadas por la Gerente y vocera oficial del Grupo Extra, la señora Iary Gómez, hija de uno de los fundadores del Diario Extra, William Gómez persona con que traté y compartí hace muchos años en los talleres de los Borrasé, donde editaba una publicación con un grupo de amigos cercanos, durante la década de los ochenta, tienen su origen en asuntos empresariales, por diferencia con una de las accionistas de ese Grupo Editorial, del que se distanció durante los primeros años de este cambio de siglo. Aquí se perdió por completo el sentido de servicio público que debe tener la actividad periodística, y prevaleció el canibalismo reaccionario del capital financiero, dicho de otra manera de los amos del país.

El Diario Extra tiene una historia (o historias) de innumerables sucesos y circunstancias nacionales e internacionales que se vieron reflejados en sus páginas durante casi medio siglo, un período del que se pueden señalar también una serie de hechos muy relevantes y controversiales.

Recuerdo que durante los últimos meses de 1978, después del cierre del diario Excelsior, me encontré con mi amigo el periodista Guillermo Villegas Hoffmeister quien ya laboraba en el proyecto del nuevo tabloide La Extra, quien le abrió un espacio informativo a sectores políticos e intelectuales que jamás lo hubieran tenido en otros medios, entre ellos la recordada intelectual nicaragüense Gladis Miranda Arellano (1946-1990) que vivió muchos años en nuestro país, dándonos sus valiosos aportes en el campo de la literatura.

La información sensacionalista del diario y las chicas guapas que salían en contraportada como señuelos para la venta le hacían mucha gracia a Micón Villegas, quien nos decía que La Extra era el Play Boy de los pobres, en fin cosas del folklore de la época y que no gustan a quienes no tienen esa gota del humor alajuelense. Esa estrategia estuvo genial, por desgracia el acoso y la intolerancia terminaron por dar al traste con casi medio siglo de esfuerzos empresariales e intelectuales.

La acción policial no puede limitar el derecho de los periodistas y de los habitantes a informar

Escrito el . Publicado en Derechos, Trabajo.

COMUNICADO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SINDICATO NACIONAL DE PERIODISTAS

Costa Rica ha sido escenario, durante el mes de octubre, de varios incidentes que involucraron a miembros de las fuerzas policiales y de seguridad del Estado, por una parte, y por otra parte a profesionales en periodismo y a por le menos una ciudadana en pleno ejercicio de su derecho humano a buscar y difundir informaciones.

La sociedad costarricense vive y enfrenta una etapa de convulsión social agravada, a partir de marzo del presente año, por la aparición del virus del Coronavirus-19, que indujo al Gobierno de la República a decretar un estado de cuarentena social que obligó al cierre de muchas actividades económicas y dejó sin empleo a miles de personas.

Esos estados de convulsión no son indiferentes para los periodistas, en tanto su misión fundamental es garantizar el derecho de toda la población costarricense a estar informada, de acuerdo con los parámetros definidos por el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 46 de la Constitución Política de Costa Rica.

Esa función de los periodistas que tutela la Convención Americana y la Constitución Política, dirigida a garantizar el derecho de toda la población a estar informada, no puede ser limitada ni restringida por acciones de los cuerpos de seguridad del Estado, llámese Guardia Civil o cuerpos de vigilancia privados contratados por las instituciones gubernamentales.

Los funcionarios públicos, y entre ellos destacan las fuerzas de policía, son simples depositarios y no pueden atribuirse más funciones que las dadas por la ley.

Ello implica que ni la Guardia Civil ni los cuerpos de vigilancia privada pueden, sin violar el principio de legalidad definido por el artículo once la Constitución Política, obstaculizar las labores que despliegan los periodistas en su labor cotidiana dirigida a buscar informaciones para satisfacer un derecho de toda la población costarricense: el derecho a ser informada.

Los incidentes denunciados en los últimos días con el periodista Richard Molina, en las instalaciones del Poder Judicial en Cartago, y la comunicadora Stella Chinchilla, mientras filmaba una protesta en el Alto de Ochomogo, ponen en evidencia comportamientos dirigidos a entorpecer el ejercicio de un derecho consagrado a favor de todos los habitantes de Costa Rica: la búsqueda de información.

Preocupa significativamente al Sindicato Nacional de Periodistas que, posteriormente a los incidentes, se hayan formulado denuncias penales contra el señor Molina y la señora Chinchilla. El derecho a informar no puede ser criminalizado, sin vulnerar de manera muy peligrosa la democracia costarricense.

El Sindicato Nacional de Periodistas considera que tanto el Gobierno de la República como la Corte Suprema de Justicia, como garantes del Estado de Derecho, deben iniciar una investigación sobre los dos incidentes ocurridos la noche del 29 de octubre de 2020.

El derecho a informar y el derecho a ser informado forma parte del equilibrio del juego político de la democracia costarricense. Su vulneración no puede pasar por alto pues solo pueden presagiar, en momentos de crisis, un resquebrajamiento del sistema democrático.

Es de esperar que ni el Gobierno de la República ni la Corte Suprema de Justicia dejen de pasar por alto lo sucedido.

Junta Directiva SNP

Policía detiene a comunicadora Stella Chinchilla

Escrito el . Publicado en Coyuntura, Derechos.

La comunicadora popular Stella Chinchilla fue detenida por la policía la noche de este 29 de octubre, cuando hacía su labor informativa en una movilización social en Cartago.

A propósito de esto la organización de derechos humanos ACODEHU publicó esta declaración:

El Ministerio de Seguridad Pública y la Fuerza Publica, están socavando el derecho a la Protesta Social.

Lamentables los hechos de la tarde de hoy, y los últimos días de parte de la fuerza pública de este país, sin control alguno por parte de las instituciones del Estado, que guardan silencio, ante los atropellos y violación de los Derechos Humanos a los sectores de la población que intentan manifestarse contra el Gobierno de Costa Rica.
Hacemos un llamado a la Defensoría de los Habitantes, a la Asamblea Legislativa- a la Comisión de Derechos Humanos y organizaciones sociales, para que se impugnen las acciones y el comportamiento de la Fuerza Pública, en contra de la libertad de expresión, de organización y de movilización de las y los ciudadanos que expresan su malestar por algunas de las actuaciones del Gobierno del Dr. Carlos Alvarado.
Somos conocedores de algunos de los atropellos a las personas, que están siendo criminalizadas,
Judicializadas y lastimadas con acciones policiales propias de gobiernos autoritarios.
Cómo ACODEHU, denunciamos esta situación y hacemos un llamado al Gobierno de Costa Rica, para que se retome el camino del diálogo, y el respeto a los Derechos Humanos, como elementos fundamentales para el ejercicio del sistema democrático en Costa Rica.
ACODEHU.
29 OCTUBRE 2020.

Simposio: “Transparencia y acceso a la información en época de pandemia: perspectivas y desafíos”

Escrito el . Publicado en Derechos.

Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional

EJE: Transformación del Estado: Gobierno Abierto, Ética y Lucha Anticorrupción

Comunicación política en el marco de la transparencia y el Derecho de acceso a la información pública en la atención a la pandemia

Este lunes 28 de setiembre de 2020, a las 9:00 am, y en conmemoración del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, se hizo la apertura del Simposio Internacional titulado: Transparencia y acceso a la información en época de pandemia: perspectivas y desafíos, a través de la plataforma virtual Zoom.

El Simposio Internacional se realiza durante los días lunes 28 y miércoles 30 de setiembre de 2020, organizado por Mesas de trabajo, tanto, por la mañana como por la tarde con la participación de especialistas nacionales e internacionales.

Este Simposio se lleva a cabo en el marco del Ideario Costa Rica Bicentenaria–Diálogo Nacional, y fue organizado por la Rectoría de la Universidad Nacional de Costa Rica-UNA, el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el Movimiento Iniciativa Popular, la Fundación Konrad-Adenauer, el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica, ParlAmericas, y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Este lunes 28 de setiembre de 2020 se llevó a cabo la sesión: “Comunicación política en el marco de la transparencia y el Derecho de acceso a la información pública en la atención a la pandemia, con la participación de las siguientes personas: Emmanuel Barrantes, coordinador del Movimiento Iniciativa Popular; Juan Carlos Chavarría, Director del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa; Marianela Rojas Garbanzo, Rectora Adjunta de la UNA; Evelyn Gaiser, Representante Fundación Konrad-Adenauer; Elizabeth Cabezas, Congresista del Parlamento de Ecuador y Presidenta de ParlAmericas; Eduardo Cruickshank, Presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica; José Thompson, representante del Instituto Interamericano de Derechos Humanos; Sergio Fernando Araya Alvarado, representante de la Fundación Konrad-Adenauer-quien además fungió como moderador de la mesa de trabajo; Jenny Ortiz, Asesora en Comunicación OPS/OMS Costa Rica; Laura Guido Pérez, Diputada de la Asamblea Legislativa de Costa Rica; Jordan Rodas Andrade, Procurador de Derechos Humanos de Guatemala y Gabriel Delpiazzo, representante de la Unidad de Acceso a la Información Pública, de Uruguay y. Roy Cordero, Movimiento de Iniciativa Popular.

El señor Emmanuel Barrantes, coordinador del Movimiento Iniciativa Popular, manifestó la importancia de este espacio para hablar sobre los retos, soluciones, crisis, la relevancia e impacto de las decisiones políticas, las cuales juegan un rol muy importante en la distribución de la información pública y transparente hacia la ciudadanía.

El Master Juan Carlos Chavarría, Director del Departamento de Participación Ciudadana, de la Asamblea Legislativa, mencionó que esta actividad es un ejemplo vivo de Estado Abierto y que los problemas actuales que enfrenta la información siempre han existido, pero han sido resaltados por la pandemia: “el COVID-19 es una amenaza, pero también una oportunidad de corregirse, puesto que todas las crisis implican transformaciones. La nueva virtualidad significa retos a nivel de conectividad y acceso a la información, por lo que hay que innovar y procurar que no se excluya a nadie de este nuevo proceso. En estas horas de oscuridad y angustia, sean la transparencia y la información, la luz que iluminen el camino. Pero, sobre todo, que nadie quede atrás”.

La Dra. Marianela Rojas Garbanzo, Rectora Adjunta de la UNA, en el mensaje oficial de la Universidad Nacional, expresó que la información pública es el pilar del Estado, es un espacio de construcción ciudadana, y contribuye al mejoramiento de vida de las personas, a la promoción de la justicia social, al fortalecimiento de la democracia, y representa un instrumento de toma de decisiones: “Por eso, hablar de información pública desde la Academia, es una manera de promover la participación ciudadana, para el seguimiento y toma de decisiones políticas, y promover la transparencia, la colaboración, la cooperación, en suma un Gobierno Abierto de cara a la sociedad”.

La señora Evelyn Gaiser, Representante Fundación Konrad-Adenauer: comentó que la Fundación Konrad-Adenauer busca el fomento de la democracia, el Estado de Derecho y el diálogo internacional, objetivos fortalecidos por esta actividad e hizo referencia al acceso a la información como herramienta democrática importante para los ciudadanos, así como supervisar procesos políticos: “Mediante estos foros se puede mejorar la transparencia, rendición de cuentas y evitar la corrupción. El acceso a la información empodera a ciudadanos porque solo aquellos que entienden cómo se hacen las políticas públicas, pueden influenciar en ellas”.

Elizabeth Cabezas, Congresista del Parlamento de Ecuador y Presidenta de ParlAmericas explicó que los ejes de trabajo de ParlAmericas son: Parlamento Abierto, cambio climático y violencia de género. Y, en relación con el Parlamento Abierto, este representa una bandera para permitir que todos los ciudadanos tengan el mayor acceso a información certera, concreta y apegada a la realidad: “Por eso, el acceso a la información adecuada es la mejor herramienta, para que los ciudadadanos conozcan los procesos de sus países y toma de decisión, de ahí que la información certera debe ser discriminada de aquella manipulada”.

El señor Eduardo Cruickshank, Presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, compartió su mensaje (video), indicando que los retos de la información son necesarios de atender, sobre todo en medio de la pandemia, que han cambiado los mecanismos de acceso a la información y a la forma de comunicarnos, por esta razón, es necesario identificar buenas prácticas de transparencia y acceso a la información e innovar y permitir que la población tenga acceso a las nuevas tecnologías: “ La Asamblea Legislativa se ha preparado para ofrecer espacios que requieren diálogo y acuerdos encaminados a reafirmar el principio de que la imaginación es la capacidad de los humanos para transformar el tiempo actual y proyectar el que ha de venir”.

Por su parte el señor José Thompson, representante del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, acotó que el acceso a la información no es solo una herramienta ciudadana, sino, que es además un derivado del derecho a la libertad de expresión, por lo cual, constituye un derecho humano fundamental: “La promoción de la transparencia, a partir del acceso libre a la información, representa un tema de Derechos Humanos, que amerita la atención de todos”.

Jenny Ortiz, expositora y asesora en Comunicación OPS/OMS Costa Rica, se refirió a la importancia recae en la acción de comunicar a las personas en situaciones de riesgo, es decir, intercambiar información en tiempo real a aquellos que enfrentan situaciones de riesgo y poder ayudar para que toda persona sea capaz de tomar decisiones informadas, así poder disminuir los efectos de la amenaza que enfrentan y adopten medidas para protegerse: “Para que la comunicación de riesgos sea exitosa, es necesario afrontar retos como la incertidumbre, y establecer canales de comunicación más efectivos con una mayor precisión en la planificación”.

Laura Guido Pérez, (expositora) Diputada de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, indicó que los legisladores juegan un rol fundamental para garantizar la transparencia, así como el acceso libre a la información y que es responsabilidad legislativa tomar decisiones que favorezcan la inclusividad y que busquen reducir las brechas que existen en cuanto al acceso a la información, sobre todo en el actual contexto de pandemia: “ Este tema es indispensable de abordar desde el Poder Legislativo de Costa Rica, para evitar velos entre los debates públicos, la información verídica, los procesos de toma de decisiones y la población costarricense, especialmente durante tiempos de COVID-19.

Para Jordan Rodas Andrade, (expositor) Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, es altamente relevante el papel que juega la transparencia, sobre todo a nivel parlamentario y legal para facilitar la información a los ciudadanos. De ahí, que la sencillez, claridad, objetividad y veracidad de la información facilitada constituyen instrumentos claves para consolidar y fortalecer la democracia: “En esta coyuntura, es necesario romper con la información falsa y “maquillada”, que lamentablemente muchas veces es presentada al público, puesto que esto no solo representa un atentado a la libertad de expresión y la representatividad democrática, sino también perjudica la credibilidad de un gobierno, institución o determinado país».

Gabriel Delpiazzo, (expositor) representante de la Unidad de Acceso a la Información Pública de Uruguay, dijo que hoy más que nunca, en medio de una crisis sanitaria y económica que se está enfrentando a nivel mundial, es imperativo que los ciudadanos reciban información transparente, concisa, clara y verdadera, puesto que informarse con fuentes verídicas es un derecho al que todas las personas deben acceder: “El acceder a la garantía anterior, representa un arma muy poderosa para afrontar los efectos del COVID-19 de forma más segura, eficaz y eficiente, y además, contribuye a la disminución de la incertidumbre que se mueve con radicalidad en el contexto actual. Es importante innovar, pero respetando la seguridad, a la hora de difundir la información a los ciudadanos.

Roy Cordero, (expositor) del Movimiento de Iniciativa Popular, mencionó que más allá de difundir a la población información transparente y real, es necesario garantizar también las herramientas para que las personas puedan analizar críticamente la información, y determinar si esta efectivamente es verídica o no. Esto es clave, puesto que existen algunos medios que distribuyen la información de forma manipulada, según su conveniencia para generar el impacto en las personas que ellos desean: “También es necesario invertir en nuevas tecnologías y en una innovación constante, así como en la lucha por disminuir los problemas de comunicación existentes entre los Poderes de la República y demás institicuiones, y la sociedad civil”.

El Master Sergio Araya Alvarado, Moderador de la mesa, rescató del foro, que la gestión de la comunicación debe ser co-creada con muchos actores del país, para que genere los menores impactos posibles en la dimensión sanitaria y en otros ámbitos que se han visto afectados por la pandemia. Asimismo, que los legisladores deben adaptarse a esta nueva realidad, en el marco del accionar público, y promover en este sentido la inclusión, y la aceleración de la Cuarta Revolución a nivel país. Indicó que el Derecho a la información no solo es una garantía importante, sino, que también puede promover la salud, en un contexto como el actual. También, afirmó que el derecho a la información puede verse afectado y magnificado por crisis como la del COVID-19”: El Derecho a la Información es como un salvavidas que nos puede proteger a todos, y por su parte, la transparencia, activa permite ir a los tomadores de decisiones un paso adelante, de ahí que el manejo de la información, en tiempos del COVID-19, contribuye al fortalecimiento del Gobierno Abierto y a la inclusión y participación activa de la población. Además, es necesario vencer retos que limitan el acceso libre, transparente y conciso a la información, concluyó Araya, coordinador de Formación Política de la Fundación Konrad-Adenauer.

 

Por: Raquel Arce Mora. Estudiante RI-UNA- Ideario Dialogo Nacional
Efraín Cavallini Acuña-UNA

Programa completo en el Enlace:
https://www.facebook.com/104524877983409/videos/377035116793256

Tragicomedia presidencial

Escrito el . Publicado en Análisis, Derechos.

Luis Paulino Vargas Solís

La reunión virtual se extendía por ya casi dos horas. Cada quien había expuesto ante el presidente Alvarado lo que llevaba preparado, y ya a esas alturas discurría la fase del “monólogo presidencial”, cuando el presidente se extiende y complace en prolongadas divagaciones.

Estaba presente, pero en actitud exclusivamente de escucha, Natalia Díaz, periodista del Semanario Universidad.

El presidente continúa con su dilatada disertación, cuando suena mi celular: llama la funcionaria de Casa Presidencial que hizo los contactos para coordinar la reunión.

La crispación de su voz, transmite preocupación, incluso alarma: “Luis Paulino, que ahí está presente la periodista de Universidad, y se me va a armar un ‘pereque’ con los medios porque no se dan entrevistas exclusivas”.

Y yo: “pero, Fulanita, nosotros pedimos autorización y ustedes dieron permiso”. Y ella: “pero yo creí que era un periodista ‘de ustedes’ no de un medio”. Y yo: “¿¡!?”.

Le mando un audio a la periodista y concluida la reunión la llamo. Tenemos una extensa conversación a tres voces, incluyendo a Laura Martínez, directora de Universidad, en la cual examinamos las diversas facetas del asunto.

Poco después vuelve a llamarme la susodicha funcionaria de Casa Presidencial, para insistirme en que busquemos la forma de resolver el asunto para evitar el “broncón”.

Solo un rato después nos enteramos: apenas dos días antes (el miércoles), el presidente Alvarado había estado con Vilma Ibarra, en entrevista total y enteramente exclusiva.

Ah, ¿de modo que era un problemón darle “exclusividad” a la periodista de Universidad?

Quedó clarísima la jugarreta sucia y malintencionada, pero sobre todo burda y torpe.

¿Por qué se montó ese teatro bufo y vulgar? Mi hipótesis es que se percibió que el presidente, en su casi interminable monólogo, se soltó de la lengua y dijo cosas que, a juicio de esos torquemadas posmodernos, “no debió” decir.

Que, en todo caso, estoy segurísimo que Alvarado no dijo nada que la ciudadanía costarricense no tenga pleno derecho a saber.

¿Quién montó esa vulgar telenovela?

No la funcionaria a que he hecho referencia. De eso estoy seguro.

Creo que lo hizo el ministro de Información, un tipo de cuidado, según me dicen.

(Adelanto que luego escribiré con amplitud sobre esa reunión).

Compartido con SURCOS por el autor y publicado en su página de Facebook.

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