El Sindicato del Frente Hospitalario Nacional y Afines (SIFREHN) y la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social emitieron un pronunciamiento en el que expresan preocupación por acciones que, a su juicio, amenazan el ejercicio de la teleconsulta médica y afectan tanto a profesionales en ciencias médicas como a personas pacientes.
Según el documento, el Decreto Ejecutivo N.° 44363-S del 20 de mayo de 2024, denominado Reglamento para el control y regulación de la teleconsulta sanitaria en Costa Rica, establece respaldo normativo para que los médicos puedan realizar consulta virtual de acuerdo con su criterio profesional. El texto cita, en particular, el artículo 2 del capítulo I y el artículo 7 del capítulo II como fundamento de esa posibilidad.
El pronunciamiento subraya que la teleconsulta representa una herramienta relevante en el contexto de las dificultades de acceso a citas presenciales en el primer nivel de atención, especialmente en los EBAIS. Desde esa perspectiva, plantea que la atención médica virtual constituye una alternativa importante para resguardar el derecho a la salud de la población.
Cuestionamientos a actuaciones del Colegio de Médicos y de la CCSS
El documento denuncia que la Fiscalía del Colegio de Médicos impulsó actuaciones contra médicos vinculados a dos consultorios establecidos por SIFREHN, a partir de una investigación relacionada con atenciones brindadas por teleconsulta. Según el texto, a raíz de ese proceso se pretende imponer medidas cautelares para impedir que continúe la atención por esta vía, así como eventuales sanciones profesionales.
Además, el pronunciamiento cuestiona un comunicado fechado el 23 de enero de 2026, atribuido a instancias de la CCSS, mediante el cual se habría indicado a las comisiones regionales de evaluación de licencias e incapacidades no homologar certificados emitidos por uno de los médicos del sindicato. El documento sostiene que esa decisión afecta el ejercicio profesional, el derecho al trabajo y la atención de los pacientes.
Teleconsulta y acceso a servicios de salud
SIFREHN y la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social vinculan esta situación con el contexto más amplio de dificultades en la prestación de servicios del seguro de salud, incluyendo los problemas de acceso y las listas de espera. En ese marco, argumentan que limitar la teleconsulta podría agravar las barreras que ya enfrentan muchas personas para recibir atención médica oportuna.
El documento hace un llamado a sindicatos, asociaciones de trabajadores y organizaciones del sector salud para que se pronuncien sobre esta situación y defiendan la teleconsulta como una modalidad legítima de atención médica, en el entendido de que su uso puede contribuir a ampliar el acceso a servicios sanitarios.
El pronunciamiento aparece suscrito:
Dr. Alfredo Ramírez M. Por Sindicato SIFREHN Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social
El Concejo Municipal del Cantón Central de San José aprobó la creación de una Comisión Especial por el derecho a la salud en el distrito de San Sebastián, con el objetivo de investigar, evaluar y formular recomendaciones sobre la prestación de los servicios de salud en esa comunidad.
La decisión fue adoptada mediante el Acuerdo 8, Artículo V de la Sesión Ordinaria N.º 096, celebrada el 3 de marzo de 2026, tras una moción presentada por la regidora Zúñiga Pérez y suscrita por el regidor Guadamuz Villalobos, la cual fue aprobada por unanimidad.
Evaluación de la tercerización de servicios de salud
Según el acuerdo municipal, la comisión tendrá como objetivo principal analizar los procesos de tercerización de los servicios del área de salud del distrito de San Sebastián, tomando en cuenta denuncias ciudadanas y estudios presentados por asociaciones civiles y organizaciones comunitarias.
La instancia también buscará generar propuestas y recomendaciones orientadas al mejoramiento de la prestación de servicios de salud, acompañando a las comunidades en la canalización de sus inquietudes y solicitudes ante las instituciones competentes.
Fundamentos legales y derechos ciudadanos
La creación de la comisión se fundamenta en diversos principios legales y constitucionales vinculados con el derecho a la salud y el bienestar de la población.
Entre ellos se citan el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que garantice su salud y bienestar, así como el Artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica, que establece el deber del Estado de procurar el mayor bienestar para todas las personas habitantes del país.
Asimismo, se hace referencia a la Ley General de Salud (N.º 5395), que define la salud de la población como un bien de interés público tutelado por el Estado.
Participación institucional y comunitaria
La comisión estará integrada por cinco personas: cuatro regidurías y la persona síndica del Concejo de Distrito de San Sebastián. Además, se prevé la participación de tres representantes de sectores comunales, quienes podrán intervenir con voz en el proceso de análisis y deliberación.
El Concejo Municipal estableció un plazo de 90 días para que la comisión cumpla sus objetivos y presente los resultados de su trabajo.
Salud y desarrollo local
En el acuerdo también se señala que el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2028 del cantón de San José incluye como uno de sus ejes el fortalecimiento del bienestar de la población mediante la mejora en la calidad y acceso a los servicios de salud.
Las prestaciones de los centros de salud del cantón son consideradas un elemento fundamental para garantizar los derechos humanos de la población y responder a las necesidades reales de las comunidades.
Muchas gracias por acompañarme. Permítanme decir unas palabras sobre algunas de las mentiras y distorsiones que el presidente Trump hizo anoche en su discurso sobre el Estado de la Unión. Y no se preocupen, a diferencia de Trump, no voy a extenderme durante una hora y 47 minutos. Será bastante más corto que eso.
Anoche, como recordarán, el presidente Trump afirmó, cito: “Miembros del Congreso y compatriotas estadounidenses, nuestra nación ha vuelto. Más grande, mejor, más rica y más fuerte que nunca”. Fin de la cita. Bueno, debo admitir que Trump acertó a medias. Él y sus amigos multimillonarios son, en efecto, más ricos que nunca. Desde que es presidente, como resultado de un nivel sin precedentes de cleptocracia, la familia de Trump es ahora 4.000 millones de dólares más rica que antes de que fuera elegido. Sin mencionar el avión de 400 millones de dólares que recibió como regalo de la familia real de Qatar. Además, la clase multimillonaria en su conjunto está obteniendo resultados increíblemente favorables bajo Trump.
Desde su elección, los multimillonarios han visto un aumento de 1,5 billones de dólares en su riqueza. Eso es realmente extraordinario.
El resultado es que ahora tenemos más desigualdad de ingresos y de riqueza que en cualquier otro momento de la historia de nuestra nación. Pero mientras las personas más ricas están prosperando de manera extraordinaria, sorpresa, sorpresa, esto es lo que Trump no mencionó.
Hoy en Estados Unidos, más del 60% de nuestra población vive al día, con millones de estadounidenses luchando por poner comida en la mesa, pagar la vivienda, la atención médica, el cuidado infantil, la educación y otras necesidades básicas de la vida. 60% de nuestra gente viviendo al día. Trump simplemente se olvidó de hablar de eso. Hoy en Estados Unidos, más de 20 millones de hogares están destinando más de la mitad de sus ingresos limitados a la vivienda y casi 800.000 personas no tienen hogar.
Hoy en Estados Unidos, el 21% de nuestros adultos mayores intenta sobrevivir con menos de 15.000 dólares al año. Intenten hacerlo. Intenten sobrevivir con 15.000 dólares al año. Y casi la mitad de los trabajadores mayores no tiene ningún ahorro para la jubilación. Hoy en Estados Unidos, cientos de miles de jóvenes brillantes no pueden costear la universidad y más de 40 millones están lidiando con niveles escandalosos de deuda estudiantil. Hoy en Estados Unidos tenemos una de las tasas más altas de pobreza infantil entre los países principales del mundo. Ahora bien, si esa es la economía en auge, la mejor economía en la historia de la humanidad, si eso es de lo que Trump está hablando, que Dios nos ayude.
Además, sobre otro tema, Trump dijo anoche que quiere, cito: “Detener a los extranjeros ilegales y a otras personas no autorizadas de votar en nuestras sagradas elecciones estadounidenses, donde el fraude es desenfrenado”. Fin de la cita, según Donald Trump.
Para empezar, me parece interesante que Trump hable de nuestras elecciones sagradas. Este es el mismo hombre que, después de las elecciones de 2020, fue grabado presionando por teléfono al secretario de Estado de Georgia para, cito, “encontrar 11.780 votos”, fin de la cita, para poder revertir el resultado. Supongo que esa elección en Georgia no era tan sagrada. Este es el mismo hombre que provocó una insurrección violenta el 6 de enero de 2021 para intentar revertir una elección que perdió y permanecer en el poder. Y a pesar de más de 60 casos judiciales que dictaminaron lo contrario, sigue afirmando que ganó las elecciones de 2020 y que le fueron robadas.
Este hombre que dice que nuestras elecciones son sagradas todavía no ha afirmado que no buscará un tercer mandato, a pesar de que eso es claramente inconstitucional. La Constitución limita a las personas a dos mandatos.
Pero aquí está la verdad sobre nuestras elecciones.
A pesar de que 154 millones de estadounidenses en los 50 estados votaron en la última elección, el fraude electoral en nuestro país es extremadamente raro. Incluso la base de datos de delitos electorales de la conservadora Fundación Heritage, partidaria de Trump, registró solo 24 casos de no ciudadanos votando en elecciones estadounidenses entre 2003 y 2023.
Cientos de millones de votantes en un período de 21 años, 24 casos de no ciudadanos votando. Eso no es precisamente una crisis. Pero esa gran mentira de que millones y millones de personas indocumentadas están votando es la base del SAVE Act, una legislación que efectivamente obligaría a cada estadounidense a presentar un pasaporte o un certificado de nacimiento para registrarse para votar. Así que detengámonos un momento. ¿Tiene usted pasaporte? Algunos sí. Muchos no. ¿Tiene su certificado de nacimiento? Francamente, yo no. ¿Cómo va a conseguir ese certificado? Pues bien, si no tiene pasaporte ni certificado de nacimiento, no podrá registrarse para votar. Eso despojaría de sus derechos a millones y millones de personas. Despojaría del derecho al voto a millones de mujeres que cambiaron su apellido después de casarse y cuyos documentos ya no coinciden, así como a millones de otros estadounidenses que simplemente no tienen pasaporte ni certificado de nacimiento.
Y luego está el tema de la inmigración del que Trump habló anoche, donde se jactó y cito: “Estamos deportando a criminales extranjeros ilegales de nuestro país en números récord y los estamos sacando de aquí rapidísimo”. Fin de la cita. Bueno, no exactamente la verdad. La realidad es que menos del 14% de las personas arrestadas por ICE en el primer año de Trump de regreso en el cargo tenían antecedentes de delitos violentos. El 86% no los tenía.
Pero la verdad es, como hemos visto en nuestras pantallas de televisión, que ICE está ocupando y aterrorizando ciudades estadounidenses, deteniendo a ciudadanos estadounidenses y solicitantes de asilo, derribando puertas sin el debido proceso, enviando a niños de cinco años a centros de detención y deportando ilegalmente a personas a países en los que nunca han estado, de manera horrífica.
También vimos los videos de agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza asesinando a Renee Good y Alexander Petty a sangre fría.
Anoche, el presidente Trump dijo que está trabajando para reducir drásticamente los costos de la atención médica. Bueno, podría haberme engañado. El llamado “gran y hermoso proyecto de ley” de Trump está dejando a 15 millones de estadounidenses, personas de bajos ingresos y de clase trabajadora, sin la cobertura de salud que tienen, mediante un recorte de un billón de dólares a Medicaid y a la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Por cierto, el propósito de ese recorte es otorgar un billón de dólares en exenciones fiscales al 1% más rico.
Este año, como resultado de las acciones de Trump, las primas de los seguros de salud se han duplicado en promedio para 20 millones de estadounidenses bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Esa es una manera bastante extraña de reducir los precios de la atención médica y mejorar el sistema.
Anoche, Trump también afirmó que está poniendo fin al costo desorbitado de los medicamentos recetados como nunca antes había sucedido. Fin de la cita. Bueno, no exactamente. Este año, la industria farmacéutica anunció que aumentará los precios de más de 850 medicamentos recetados en Estados Unidos. Y, a pesar de lo que dice Trump, seguimos pagando, por mucho, los precios más altos del mundo por medicamentos recetados.
Permítanme concluir diciendo esto. El pueblo estadounidense entiende cada vez más que Donald Trump es un mentiroso patológico que representa los intereses de la clase multimillonaria y que está moviendo rápidamente a nuestro país hacia el autoritarismo.
El pueblo estadounidense también entiende que cuando permanecemos unidos y no dejamos que Trump y sus amigos nos dividan —y lo vimos en Minnesota, y lo estamos viendo en estados de todo el país— cuando hacemos eso, podemos y vamos a crear la nación que sabemos que podemos ser: un país basado en los principios de libertad, justicia y democracia.
Sigamos adelante juntos. Muchas gracias.
* Transcripción y traducción del discurso que puede verse en el enlace colocado al final.
Estos son los “datos duros” de la crítica de Sanders al informe de Donald Trump:
Primero, sobre concentración de riqueza y beneficios para multimillonarios:
– La familia Trump sería 4.000 millones de dólares más rica desde que él asumió la presidencia. – Trump habría recibido un avión valorado en 400 millones de dólares como regalo de la familia real de Qatar. – Desde la elección de Trump, los multimillonarios habrían incrementado su riqueza en 1,5 billones (trillón) de dólares. – Afirma que la desigualdad de ingresos y riqueza es la mayor en la historia del país.
Segundo, sobre condiciones socioeconómicas en Estados Unidos:
– Más del 60% de la población vive “paycheck to paycheck” (al día, dependiendo del salario mensual). – Más de 20 millones de hogares destinan más de la mitad de sus ingresos a la vivienda. – Cerca de 800.000 personas están en situación de calle. – 21% de las personas mayores sobreviven con menos de 15.000 dólares al año. – Casi la mitad de los trabajadores mayores no tiene ahorros para la jubilación. – Más de 40 millones de personas cargan con deuda estudiantil. – Estados Unidos tendría una de las tasas más altas de pobreza infantil entre los países desarrollados.
Tercero, sobre fraude electoral:
– 154 millones de personas votaron en la última elección. – Entre 2003 y 2023, la base de datos de delitos electorales de la Heritage Foundation registró 24 casos de no ciudadanos votando. – El período considerado fue de 21 años.
Cuarto, sobre inmigración y aplicación de la ley:
– Menos del 14% de las personas arrestadas por ICE en el primer año de Trump tenían antecedentes por delitos violentos. – 86% no los tenía.
Quinto, sobre salud y política fiscal:
– El “gran proyecto de ley” de Trump implicaría un recorte de 1 billón de dólares a Medicaid y a la Ley de Cuidado de Salud Asequible. – Ese recorte dejaría sin cobertura a 15 millones de personas. – El objetivo sería financiar 1 billón de dólares en recortes fiscales para el 1% más rico. – Las primas de seguros bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible se habrían duplicado para 20 millones de personas. – La industria farmacéutica habría anunciado aumentos de precios en más de 850 medicamentos.
La promesa fue presentada como modernización, eficiencia, ruptura con la burocracia y la “ineficiencia histórica”. Sin embargo, el anuncio llegó después de años de deterioro documentado del sistema público: escasez crónica de medicamentos, tensiones laborales, migración de especialistas, y una creciente desesperación de pacientes atrapados en listas de espera cada vez más largas, todo ocurrido bajo el propio gobierno de Bukele, el administrador de la medicina.
Varios cientos de kilómetros al sur, en Costa Rica, el guion no es idéntico, pero suena inquietantemente familiar.
En mayo de 2023, el presidente Rodrigo Chaves anunció que la seguridad social estaba “quebrada”. El mensaje fue dramático: el sistema estaba al borde del colapso. La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), históricamente una de las instituciones más robustas del Estado costarricense adonde cualquier persona asegurada, pague o no pague, puede recibir desde una vacuna hasta un trasplante, fue presentada como un gigante ineficiente, fiscalmente insostenible y capturado por intereses corporativos. La seguridad social había sido una bonita idea… pero de otro tiempo. Y ello a pesar de que el Presidente Ejecutivo de la Seguridad Social nombrado por el propio Cháves, el economista Álvaro Ramos, había mostrado con claridad y evidencia, que la Caja gozaba de buena salud y que estaba completamente al alcance del gobierno mediante un plan que él mismo propuso, ampliar los servicios, reducir las listas de espera, y efectivamente llegar a cada hogar costarricense.
Estas buenas noticias a Ramos le valieron el despido. Para la seguridad social, sin embargo, lo peor estaba aún por venir porque tras el anuncio vino algo más complejo. El Estado, no contento con que la Caja no estuviera quebrada, tomó medidas para… quebrarla. Así, en solo 3 años incrementó en un 63% su deuda con la CCSS, de ¢2,7 billones en 2022 a ¢4,4 billones en 2025. Es una deuda de 850 mil colones por parte de cada una de las 5.2 millones de personas que habitan en el país. Esa deuda, en 2023 era de 500 mil colones por habitante.
La historia en común no es solo la de dos presidentes con estilos confrontativos sino la historia de una estrategia política que se repite en distintas latitudes: permitir —o acelerar— el deterioro de un sistema público hasta que la frustración social alcance un punto crítico. Cuando la casa parece incendiada, cualquier propuesta de “cambio radical” luce razonable, incluso inevitable.
En El Salvador, “La medicina” administrada por Bukele propone hospitales concesionados, alianzas público-privadas, personal de salud contratado por servicios profesionales, todo bajo una estructura paralela a las instituciones existentes. En Costa Rica, el planteo de concesionar hospitales públicos a manos privadas laborales está a la vuelta de la esquina.
En ambos países, la pregunta no es si el sector privado puede gestionar un hospital con eficiencia administrativa y lucrar con ello. Ya existen montones de hospitales privados que lo muestran. La pregunta central es otra: ¿qué ocurre con el principio que sostiene a la seguridad social cuando los servicios dejan de financiarse desde una gran “caja común” solidaria y pasan a depender de contratos, concesiones y pagos por servicio?
La Caja funciona porque todas las personas aportan según su capacidad y reciben según su necesidad. Ese es el corazón del modelo. La persona joven y sana financia hoy a la mayor que necesita un trasplante. Quien nunca usará un servicio de alta complejidad contribuye a que alguien más pueda recibirlo mañana. Esa es la lógica del seguro social: una gran bolsa común que redistribuye riesgos y recursos.
Cuando los hospitales se concesionan o se fragmentan en asocios público-privados, esa lógica comienza a erosionarse. El financiamiento deja de ser plenamente colectivo y se vuelve contractual. El riesgo deja de compartirse de manera integral y se distribuye por servicios, por paquetes, por convenios. Y tarde o temprano aparece la constatación inevitable: es del bolsillo que hay que sacar diferencia.
Un sistema concesionado funciona más como un peaje que como un seguro solidario. Se paga por pasar. Se paga por servicio. Se paga por cada oportunidad. Incluso si el pago no es inmediato porque hay un seguro privado, termina trasladándose al bolsillo de las personas y debilitando cobertura universal. La “gran caja” pierde tamaño y capacidad redistributiva. Y cuando la caja se hace pequeña, también se hace pequeña la solidaridad.
No se trata de demonizar al sector privado sino de entender que la seguridad social es mucho más que un proveedor de servicios: es un mecanismo de redistribución de oportunidades. Si esa caja común se fragmenta, el sistema deja de poder garantizar que cada persona reciba atención independientemente de cuánto dinero aporte individualmente.
El riesgo es de principios con enormes efectos prácticos en el bolsillo y en las posibilidades reales de acceder a servicios por parte de la mayoría de la población: pasar de la solidaridad colectiva a un esquema en el que cada persona depende, directa o indirectamente, de cuándo puede pagar.
Por eso, antes de incendiar la casa para luego ofrecer el extintor, conviene preguntarse si la solución no termina desmantelando precisamente aquello que hizo posible que la casa existiera: una gran caja común que financia la salud como derecho y no como transacción.
Compartido con SURCOS por la autora y publicado también en Divergentes.
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) manifiesta su profunda preocupación ante el aumento del gasto en salud que hoy enfrentan los hogares costarricenses. Este incremento no es casual ni responde únicamente a factores económicos, es el resultado directo del deterioro sistemático y provocado de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por parte del gobierno de Rodrigo Chaves, los actos de corrupción como el Caso Barrenador, entre otros, y el fallido sistema informático del ERP-SAP que sigue siendo una fuga permanente de dinero de la Caja que podría invertirse en salvar vidas.
Las crecientes listas de espera, la falta de especialistas y personal, el déficit de equipos e infraestructura, el desabastecimiento de medicamentos, así como el retraso en la construcción de hospitales, clínicas y Ebais, obligan a miles de personas a recurrir a servicios privados y a pagar de su propio bolsillo lo que debería garantizar el sistema público de salud.
UNDECA denuncia que el no pago de la multimillonaria deuda del Estado con la CCSS, que ya supera los ¢5 BILLONES forma parte de una estrategia deliberada de asfixia financiera. Al debilitar la Caja, se busca justificar su desmantelamiento y abrir el camino al negocio privado de la salud, trasladando la carga económica a las familias trabajadoras y profundizando la desigualdad en el acceso a la atención médica.
Este proceso no solo amenaza a la CCSS, sino al derecho humano a la salud, una de las mayores conquistas sociales del pueblo costarricense. La experiencia internacional demuestra que los países que han perdido sus sistemas públicos de salud enfrentan exclusión, altos costos y pérdida de vidas por falta de atención oportuna.
UNDECA hace un llamado al pueblo costarricense a defender la salud pública y la Caja como patrimonio nacional irrenunciable, y convoca a la clase trabajadora a mantenerse alerta, organizada y dispuesta a luchar frente a cualquier intento de debilitamiento o privatización.
Fiel a su historia, UNDECA reafirma su compromiso permanente con la defensa de la CCSS y de la salud pública, hoy más necesaria que nunca.
Álvaro Ramos Chaves del Partido Liberación Nacional,
Ana Virginia Calzada Miranda del Partido Centro Democrático y Social,
Ariel Robles Barrantes del Frente Amplio,
Claudia Dobles Camargo de Coalición Ciudadana,
Claudio Alpízar Otoya del Partido Esperanza Nacional y
Fernando Zamora Castellanos del Partido Nueva Generación
Pronunciamiento
La Caja Costarricense de Seguro Social forma parte de nuestra vida cotidiana. Está presente cuando nacemos, cuando enfermamos, cuando cuidamos a nuestras personas adultas mayores y cuando una familia necesita apoyo en los momentos más difíciles. La CCSS no es una institución lejana: es solidaridad hecha realidad, es uno de los mayores acuerdos sociales de nuestra historia y un pilar de la paz social costarricense.
Hoy, ese acuerdo enfrenta amenazas reales. El debilitamiento institucional, la falta de inversión, la politización de la gestión y las presiones para mercantilizar la salud ponen en riesgo un derecho humano fundamental. Defender la CCSS no es una consigna ideológica: es una responsabilidad con la vida, la dignidad y el bienestar de todas las personas.
Por ello se promovió unCompromiso Público por la Defensa y el Fortalecimiento de la Salud Publica y la CCSS, que no se queda en declaraciones generales, sino que estableceobligaciones concretas y verificables: defender la salud pública como patrimonio nacional; garantizar el acceso universal y solidario a los servicios; proteger la autonomía de la CCSS frente a intereses políticos y particulares; asegurar un financiamiento responsable y sostenible; promover liderazgos técnicos, transparentes y éticos; fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud; y trabajar activamente por un sistema público de salud fuerte, moderno y de calidad, centrado en las personas y en las comunidades. Este compromiso fue presentado a quienes aspiran a gobernar Costa Rica en el período 2026–2030.
Este hecho marca una diferencia sustantiva. En un momento crítico para la seguridad social costarricense, solo estas seis candidaturas se comprometieron de forma expresa a defender la universalidad, la solidaridad, la equidad, la autonomía institucional y el financiamiento responsable de la CCSS, así como a fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud y la calidad del sistema público de salud.
La salud no puede convertirse en botín político ni en privilegio para unos pocos. Es un derecho humano, una política de Estado y una condición indispensable para la equidad, el desarrollo y la convivencia democrática.
Por eso, hacemos un llamado a la ciudadanía a informarse, a valorar los compromisos reales y a salir a votar con conciencia, considerando quiénes han demostrado, con hechos, su voluntad de proteger la salud pública y el legado social de Costa Rica.
Votar también es cuidar la vida. Defender la CCSS es defender el futuro del país.
Por Equipo en Defensa y Fortalecimiento de la Salud Pública y la CCSS: Mujeres por CR, la RED por CR y la Caja es Nuestra
Durante un reciente coloquio del Sindicato Frente Hospitalario Nacional y Afines (SIFREHN), el médico Alfredo Ramírez Montero expuso una serie de datos que, según indicó, permiten comprender mejor la profundidad de la crisis que atraviesa la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tanto en la prestación de servicios como en su situación financiera.
De acuerdo con información oficial de la Auditoría Interna de la CCSS, correspondiente a la planilla de diciembre del año anterior, la institución cuenta con 63.650 funcionarios. Sin embargo, solo una octava parte de ese total tendría capacidad resolutiva directa para atender los problemas médico-asistenciales de la población.
Según los datos presentados, únicamente 2.870 médicos generales y 3.900 médicos especialistas tienen capacidad directa para resolver listas de espera, atención de emergencias y consultas médicas. A este grupo se suman aproximadamente 660 odontólogos y 345 psicólogos, así como profesionales en microbiología, farmacia y enfermería, para un total cercano a 15.000 profesionales en ciencias médicas.
A estos se añaden cerca de 30.000 funcionarios que desempeñan labores esenciales de apoyo, como auxiliares de enfermería, asistentes de pacientes, personal de nutrición, misceláneos y técnicos, quienes —según se señaló— sostienen gran parte de la atención directa a pacientes hospitalizados y en condiciones críticas.
No obstante, el resto del personal, alrededor de 33.000 funcionarios, corresponde al núcleo administrativo, lo que, según Ramírez Montero, evidencia que la CCSS cuenta actualmente con más personal administrativo que personal operativo asistencial, convirtiéndose en una “megaburocracia administrativa” que no contribuye a mejorar la atención médica.
El expositor recordó que entre los años 2006 y 2007 se contrataron aproximadamente 11.000 funcionarios adicionales, sin que ello generara mejoras en la prestación de los servicios, situación que posteriormente fue confirmada por estudios de la Organización Panamericana de la Salud.
En materia financiera, se señaló que el Estado cubre apenas cerca del 66 % del costo real de la atención en salud brindada a personas en condición de pobreza, lo que, según se indicó, violenta disposiciones legales vigentes. Asimismo, se afirmó que el Estado paga menos del 4 % del costo real del primer nivel de atención en salud, hoy a cargo de los EBAIS, cuyo costo anual supera los 700.000 millones de colones, mientras que la CCSS cobra apenas unos 25.000 millones, monto que además no es cancelado.
Otro punto crítico señalado fue el traslado anual de recursos del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) hacia el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), estimado en alrededor de un billón de colones por año, lo que habría provocado el severo debilitamiento del fondo de reserva del IVM. Dicho fondo, que debería rondar los 55 billones de colones, cuenta actualmente con apenas 3,5 billones.
Finalmente, se indicó que en los últimos años se habrían dejado de cobrar al Estado aproximadamente 1,6 billones de colones de deuda con la CCSS, profundizando el desfinanciamiento institucional.
Ante este panorama, Ramírez Montero afirmó que la crisis en la atención médica, las listas de espera y la sobrecarga del personal asistencial no deben normalizarse, y llamó a las altas autoridades del país, en particular a la Asamblea Legislativa de Costa Rica, a asumir su responsabilidad en la defensa del financiamiento y la función social de la seguridad social costarricense.
📺 Puede ver el video con la exposición en el siguiente enlace:
Este miércoles 7 se presentó públicamente el Compromiso por la Defensa y Fortalecimiento de la Salud Pública y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), una declaración impulsada desde la sociedad civil que reafirma la salud como derecho humano, política de Estado y pilar de la convivencia democrática, la equidad y la paz social en Costa Rica.
La iniciativa es promovida por los colectivos Mujeres por Costa Rica, La Red por Costa Rica y La Caja es Nuestra, quienes convocaron a las candidaturas presidenciales a asumir compromisos claros, verificables y de largo plazo para proteger el sistema público de salud en su conjunto, fortalecer la seguridad social y garantizar el acceso universal, oportuno y de calidad para toda la población.
A la fecha, el documento cuenta con el respaldo de 30 organizaciones e instituciones de diversos sectores sociales, académicos, sindicales y comunitarios del país.
Mediante invitación formal, se convocó a las 20 candidaturas a la Presidencia de la República para el período 2026–2030. Aceptaron suscribir el compromiso las siguientes personas candidatas: Álvaro Ramos Chaves, Ana Virginia Calzada Miranda, Ariel Robles Barrantes, Claudia Dobles Camargo, Claudio Alpízar Otoya y Fernando Zamora Castellanos.
Salud pública y CCSS: pilares complementarios
El Compromiso subraya que la salud pública y la CCSS son pilares complementarios e inseparables del modelo social costarricense. Mientras el Ministerio de Salud debe ejercer una rectoría técnica, fuerte y articuladora, la CCSS garantiza la prestación solidaria y universal de los servicios de salud, desde el primer nivel de atención hasta los hospitales especializados.
Gracias a este modelo, Costa Rica ha alcanzado indicadores de salud destacados, como alta esperanza de vida, baja mortalidad materna y una cobertura amplia de atención. Sin embargo, el documento advierte que hoy el sistema enfrenta amenazas y retos estructurales que requieren respuestas urgentes y coordinadas.
Entre ellos se señalan las listas de espera, la escasez y mala distribución de especialistas, el crecimiento de la informalidad laboral, las brechas territoriales en el acceso a servicios y el aumento reciente de la mortalidad infantil, que en 2024 alcanzó la tasa más alta de los últimos 16 años, según datos oficiales.
Asimismo, se alerta sobre intentos de privatización de servicios, debilitamiento de la inversión pública y presiones políticas que ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema solidario y el derecho humano a la salud.
“Defender la salud pública es defender la vida, la dignidad y la equidad. La CCSS no es solo una institución: es una conquista histórica que sostiene el bienestar y la paz social del país”, señala el Compromiso.
Cinco ejes de compromiso
En caso de asumir la Presidencia de la República para el período 2026–2030, las personas firmantes se comprometen a actuar en cinco áreas estratégicas:
Principios del sistema de salud y la seguridad social
Defender y fortalecer la salud pública y la CCSS como patrimonio de toda la población.
Garantizar la universalidad, la solidaridad y la equidad en el acceso y financiamiento del sistema.
No promover iniciativas que atenten contra la autonomía o los principios rectores de la seguridad social.
Gobernanza técnica y autonomía institucional
Nombrar liderazgos técnicos, íntegros y con idoneidad comprobada.
Blindar a la CCSS frente a intereses políticos o particulares.
Fortalecer la participación del personal de salud, las comunidades y los territorios.
Financiamiento adecuado y responsabilidad fiscal
Garantizar el pago oportuno y progresivo de la deuda del Estado con la CCSS.
Fortalecer la corresponsabilidad tripartita.
Combatir la evasión y la morosidad patronal y excluir a la CCSS de la regla fiscal, asegurando transparencia.
Modernización y calidad del sistema de salud
Impulsar infraestructura adecuada, tecnología de vanguardia y trabajo en red.
Fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud en coordinación con la CCSS y otras instituciones.
Reforzar la prevención, la promoción de la salud y el abordaje de los determinantes sociales desde los territorios.
Condiciones laborales y desarrollo profesional
Garantizar condiciones laborales justas, estables y seguras para el personal de salud.
Fortalecer la formación continua, el desarrollo profesional y el bienestar laboral.
Un llamado a la responsabilidad colectiva
El Compromiso concluye que proteger la salud pública y fortalecer la CCSS es una responsabilidad de toda la sociedad, ya que su solidez impacta directamente en la calidad de vida, la equidad social, la productividad, la respuesta ante emergencias y la dignidad de las generaciones presentes y futuras.
A la ciudadanía se le dijo que el nuevo sistema informático de la Caja (ERP-SAP) estaba listo, que iba a ordenar las finanzas, los inventarios y la logística, pero la realidad, es que se puso a funcionar sin estar terminado y ahora la institución y la ciudadanía estamos pagando las consecuencias; incluso a seis meses de su salida en vivo, informes técnicos recientes son contundentes, las graves fallas persisten.
Durante meses autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del gobierno aseguraron públicamente que el sistema estaba listo y bajo control, sin embargo, las fallas estructurales comprometen la transparencia financiera, el control de inventarios, la logística institucional y, de forma directa, la calidad del servicio de salud que recibe la población.
UNDECA, como sindicato mayoritario de la CCSS alerta a la ciudadanía sobre una grave crisis institucional que ha derivado de la implementación apresurada del sistema informático ERP–SAP, el cual fue puesto en funcionamiento sin cumplir las condiciones técnicas mínimas requeridas.
Inclusive en estas fechas el caos persiste, los estados financieros están siendo comprometidos, hasta el momento no se han logrado consolidar inventarios, ni certificar las cargas iniciales del sistema, existen diferencias millonarias sin justificación técnica y no se ha podido realizar el primer cierre contable integral.
“Forzar cierres en estas condiciones implica el riesgo de emitir estados financieros poco confiables o falsos, con consecuencias legales y administrativas graves. Sumado a esto se han detectado problemas en inventarios de medicamentos, órdenes de producción que no pueden cerrarse, discrepancias entre registros del sistema y existencias físicas, y la necesidad de operar con controles manuales y sistemas paralelos arriesgando la trazabilidad, la seguridad sanitaria y el abastecimiento oportuno en los centros de salud”, detalló Martha Rodríguez, secretaria general adjunta de UNDECA.
El sistema se lanzó con datos incorrectos, cargas mal hechas, procesos incompletos y no se sabe con certeza cuántos inventarios hay, dónde están ni cuánto valen realmente. La contabilidad pública no es una formalidad, es afirmar con responsabilidad legal que los números reflejan la realidad financiera de la institución.
Esta decisión apresurada de aprobar y pagar un sistema que sólo su salida en vivo costó más de 2 millones de dólares ($2 millones) y que no cumple con los requisitos técnicos mínimos, podría constituir incumplimiento de deberes, falta de diligencia y eventual daño al interés público, lo cual exigimos una investigación administrativa y judicial independiente.
Lo peor de todo es que los responsables han querido achacar la culpa a las personas trabajadoras de la institución, quienes en realidad han sostenido la operación con sobrecarga laboral, controles manuales y esfuerzos extraordinarios para evitar daños mayores a los pacientes.
“En este sentido, UNDECA exige transparencia, investigaciones administrativas independientes que determinen las responsabilidades por acción u omisión, la toma de decisiones apresuradas, los pagos realizados y protección para las personas que han advertido los riesgos”.
Y no solo han sido una avalancha de errores, sino que, en lugar de informar con transparencia, ahora, pretenden mover cronogramas y minimizar fallas ya materializadas. Esto no es transparencia: es manejo político de una crisis técnica, trasladando el costo del error a las personas trabajadoras y a la ciudadanía usuaria.
¡Denunciar no es sabotear! Es defender la Caja, los recursos públicos y el derecho a salud y pensiones dignas.
Avanza lucha por los Ebais de San Sebastián Paso Ancho
El 4 de diciembre 2025 nos reunimos en el Hogar de la Esperanza de Paso Ancho, convocados por el Encuentro Ecuménico, para escuchar la charla del Dr. Cervantes (exgerente) sobre la CCSS.
A l final del evento se propuso la creación de una Red de Salud, para defender la CCSS y los EBAIS de San Sebastián Paso Ancho.
La reunión contó con la participación de miembros de los EBAIS, Junta de Salud (miembros actuales y recién electos), Red de Juntas de la Región, Concejo de Distrito, Buen Vivir Costa Rica y Buen Vivir Paso Ancho San Sebastián, Grupo de Apoyo Salud, pastores y sacerdotes de varias iglesias, Asociación de Desarrollo y vecinos de Cascajal, Hogar de la Esperanza, Encuentro Ecuménico y otras organizaciones.
La «Red de Salud San Sebastián Paso Ancho» se reunirá el próximo miércoles 10 de diciembre a las 9 am en el Hogar de la Esperanza.
Al final del evento el compañero Juan Bermúdez entregó un lote de libros para Red de Salud San Sebastián Paso Ancho Edison Valverde Araya Ebais CCSS Encuentro Ecuménico la Biblioteca del Hogar.
