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Los fiscales de las mesas electorales de Pueblo Soberano

Escrito en 01/12/2025. Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

El proceso electoral de Costa Rica tiene la fortaleza política, cívica, ciudadana, de que descansa en toda su organización en la potestad del Tribunal Supremo de Elecciones, que despolitiza la administración del proceso en general, en tanto el Tribunal Supremo de Elecciones, con su rango y estatus de Poder Público, es independiente de los otros poderes, especialmente del control del Poder Ejecutivo, tiene establecido por la Constitución Política y la legislación electoral la exclusividad, independencia, indelegabilidad de sus funciones y la imposibilidad de que sus funciones puedan ser subrogada por los otros poderes públicos.

Además, la organización final de las elecciones, desde que se entregan las tulas, los bolsos con toda la papelería electoral, a los miembros civiles de cada mesa de votación, hasta que terminado el conteo de los votos, y recogida de nuevo la tula con los resultados, todo en manos de los miembros de esas mesas, que han sido propuestos por los partidos políticos participantes, que inscribieron fiscales miembros de mesa, con las respectivas actas del resultado, con copia a cada uno de los miembros presentes en la mesa de recepción de votos, no solo se valida el proceso de votación, sino que se consolida en su resultado general que es aceptado técnicamente de inmediato. Aún así, se puede cuestionar el resultado de la revisión de papeletas, por si alguna se interpretó mal en la emisión del voto que representa, especialmente aquellas que son anuladas o votadas en blanco, con tal de revisarlas y si es del caso de rescatar esos votos. Puede suceder, igualmente que al revisar la votación se anulen votos de los emitidos, porque se encuentra una situación que permita anularlo.

Ejemplo de esto fue la elección del 2006, cuando en la Provincia de Limón, el Partido Acción Ciudadana, que no había presentado miembros de mesa, argumentó que podía haberse producido “algún fraude” en esas mesas, en virtud de que el resultado de las elecciones había sido, con una escasa votación, de 11.000 a favor de Oscar Arias. Pidieron revisión de las votaciones en toda la Provincia de Limón. Ante esa petición, Liberación Nacional se sumó para la revisión de los resultados, pidiendo que se contara todas las papeletas. Revisadas todas las provincias, Liberación Nacional pasó a 18.000 votos de diferencia.

Como se puede apreciar la presencia de los miembros de mesa puede ser muy importante para definir la cuenta final y definitiva de los resultados electorales, sobre todo que para los efectos de resultado se toma provisionalmente el resultado que informan los miembros de mesa. Si no hay cuestionamientos de revisión, se dan por válidos los resultados. No es fácil para los partidos políticos presentar fiscales y miembros de mesa en todas las mesas electorales del país. Los que tienen cierta ventaja, por su experiencia en elecciones, son los partidos que han participado en elecciones anteriores y tienen sus bases electorales, y su pueblo electoral fiel.

Para el proceso electoral próximo de febrero, se ha dicho que el Partido Pueblo Soberano no presentó miembros o fiscales de mesa, lo que resulta extraño, ya que en las elecciones municipales pasadas, los partidos que representaban al Gobierno, por su identificación con el presidente Chaves, al tercer partido en importancia, después de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, en número de miembros de mesa. Más de 3000 presentaron, lo que les daba un alto nivel de control del resultado electoral.

¿Por qué su importancia? Supongamos, que en una mesa electoral solo hay dos representantes de dos partidos. Podrían ponerse de acuerdo en “anular” votos, o, en caso extremo, más delicado y peligroso penalmente, introducir votos, “haciendo votar” a los electores que no se presentaron a emitir sus votos. Ese es el quid.

Los partidos que del todo no presentan miembros de mesa, antes del 2006, quedaba expuestos a estas situaciones. A partir de entonces, el Tribunal de Supremo de Elecciones, empezó a contratar personas, para que actuaran como Fiscales Auxiliares de las mesas de votación para colaborar con la cuenta de los resultados y garantizar de esa manera el resultado nítido de la voluntad popular expresado en urnas.

Para las próximas elecciones, cuando el Partido Pueblo Soberano, como se ha dicho, “informalmente”, no ha presentado fiscales ni miembros de mesa, ¿qué interpretación podemos hacer? Simple y sencilla: están apostando a una derrota contundente, que impugnarían en sus resultados finales, argumentando fraude electoral, como ha venido sosteniendo el Presidente Chaves que el Tribunal Supremo Electoral pretende hacer en su contra, lo que ha llamado un “golpe de estado” en su contra, y en contra de los partidos que se representan con la necesidad de continuar su gobierno, para lo cual convoca constantemente a los ciudadanos en su favor, en su apoyo y en contra del “golpe de estado que le pretenden dar”. Esta es la clave de esta situación cuando en las elecciones municipales pudieron presentar una enorme cantidad de miembros de mesa.

En otro escenario, fatal para Pueblo Soberano, es que no tienen ninguna organización partidaria en capacidad de presentar miembros de mesa en todas las Juntas Electorales y sus mesas de votación, lo cual sería la razón fundamental de su posible derrota, desde el punto de vista organizativo y partidario, porque no se pueden pagar a razón de ¢10.000 (diez mil colones), con sus respectivas comidas en el día de votaciones para casi 6000 miembros de mesa, para cubrirlas todas, lo que equivaldría a 60 millones de colones, solo ese día, como les pagan a las personas que movilizan como acompañantes del presidente Chaves e sus gira cantonales, regionales o en las movilizaciones que intentan en San José, cuando así los convocan.

Toda esta fanfarria política se acompaña con la propaganda internacional que el presidente Chaves está montando, alrededor suyo, del “posible golpe de estado”, como quisieron hacer con el diputado Díaz Balart, del partido Republicano de Estados Unidos que públicamente hizo circular una “convocatoria” de la Embajadora de Costa Rica en Washington, para que le rindiera cuentas de las “amenazas” que había en Costa Rica contra el proceso electoral y contra el Presidente Chaves, cuando por iniciativa del Tribunal Supremo de Elecciones, por denuncias de ciudadanos acusándolo de “beligerancia”, era convocado a la Asamblea legislativa, para conocer de esa situación y si correspondía constitucional y legalmente quitarle su fuero para someterlo, en instancias judiciales, la electoral es una de ellas, a su investigación.

El único interesado en un “golpe de estado” es el mismo presidente, impulsando un “autogolpe de estado”, impulsando una situación de inseguridad nacional, como lo está haciendo, inseguridad “institucional”, con todas las críticas y ataques que hace constantemente a los supremos poderes del Estado, a diferentes instituciones públicas, a los diputados y sus partidos, para que los ciudadano pierdan “su confianza” en toda la institucionalidad y así provocar, de ser posible, antes de las elecciones un estado de incertidumbre, de inseguridad agravándolo con la violencia e inseguridad ciudadana que se vive y que se estimula desde el gobierno, para tratar de provocar un “estado de excepción”, que le permitiera suspender garantías constitucionales, que le permitiera “suspender” hasta el mismo procesa electoral, manteniéndose de esa forma en el gobierno, por la fuerza, procurando crear un clima que le permitiera convocar a un nuevo proceso electoral varios meses después, sin “estorbos” políticos, por la represión que desataría o por los mecanismos que establecería para garantizar su “posible continuación gubernativa”. Los grupos armados que tiene en las regiones norteñas del país serían sus “brigadas” defensoras de la “institucionalidad y del presidente Chaves”, como los principales líderes de esos movimientos armados, constantemente expresan.

Este es el peligroso camino que están construyendo, desde la ausencia de los miembros de mesas y fiscales de votación en Pueblo Soberano y en la cúpula superior del Gobierno de Rodrigo Chaves Robles.

Si es cierto que no presentaron miembros de mesas para todas las juntas electorales y sus mesas de votación, es porque no tienen organización partidaria capaz de existir en todo el territorio nacional, mostrando se evidente debilidad político-organizativa, que las encuestas no muestran por ahora, porque se enfocan solo en las candidaturas de las personas. Pero, esas personas, en esas encuestas amañadas por la propaganda y por la pre-escogencia de visibilidad que les dan a algunos candidatos, se toparán con la encuesta real, válida, que es la del primer domingo en urnas.

Cuando el poder se confunde con la verdad: una defensa cívica del Tribunal Supremo de Elecciones

Escrito en 08/11/2025. Publicado en Análisis.

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

En los últimos días, el debate público costarricense ha girado en torno a las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Elecciones. Las declaraciones del presidente de la República, al acusar a los magistrados del TSE de “amenazar la democracia” y “violar la Constitución”, no solo reavivan un conflicto político, sino que ponen a prueba la madurez institucional del país.

Más allá del intercambio retórico, lo que está en juego es el principio republicano de separación de poderes y la confianza ciudadana en el árbitro electoral que ha garantizado, por más de siete décadas, la estabilidad democrática costarricense.

El propósito de este texto no es alimentar la confrontación, sino invitar a una reflexión cívica y pedagógica sobre el significado profundo del respeto institucional, los límites del poder y la responsabilidad ciudadana de resguardar el equilibrio constitucional. Para ello, propongo un análisis desde tres lecturas complementarias: una jurídico-institucional, otra política discursiva y finalmente cívico-pedagógica. Quienes puedan leer esta reflexión pueden intervenir en el debate.

Lectura jurídico-institucional: el TSE como pilar de la democracia constitucional

La Constitución Política de Costa Rica, en su artículo 99, confiere al Tribunal Supremo de Elecciones la potestad exclusiva y vinculante de organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio. Este diseño no es accidental: responde al propósito histórico de proteger la pureza del proceso electoral frente a las presiones políticas.

Cuando el presidente de la República acusa a los magistrados electorales de “violar la Constitución”, incurre en una inversión del orden constitucional. No es el Ejecutivo quien interpreta ni juzga la legalidad de las actuaciones de un órgano autónomo, sino el Derecho —a través de los mecanismos institucionales previstos— quien determina los límites de cada poder.

Como advertía Norberto Bobbio, “la democracia se mide no por la fuerza de la mayoría, sino por los límites que la Constitución impone al poder” (El futuro de la democracia, 1984). El TSE encarna precisamente esa frontera: el lugar donde la soberanía popular se traduce en legalidad y donde ningún presidente puede situarse por encima de la norma.

Lectura política y discursiva: la erosión simbólica de la institucionalidad

Más allá de las declaraciones, el peligro radica en la estrategia discursiva que busca debilitar la confianza ciudadana en las instituciones arbitrales. Cuando un presidente acusa al árbitro de “amenazar la democracia”, introduce en la esfera pública una lógica de sospecha que reemplaza el debate racional por la deslegitimación emocional.

Este tipo de narrativa, propia del populismo contemporáneo, pretende sustituir la pluralidad institucional por la voz personal del líder. Habermas advertía que la legitimidad democrática depende de “la circulación de razones en el espacio público” y no de “la imposición de verdades desde el poder” (Facticidad y validez, 1992).

El discurso presidencial, al presentarse como intérprete moral del orden constitucional, desplaza la deliberación jurídica hacia el terreno de la fe política. Y en ese desplazamiento, la democracia se empobrece.

Lectura cívico-pedagógica: recuperar el sentido de la crítica democrática

La defensa del TSE no debe entenderse como un acto de complacencia institucional, sino como una tarea cívica de protección del equilibrio democrático. Las instituciones no son infalibles, pero su crítica debe provenir del respeto, el conocimiento y los cauces legales, no de la descalificación pública desde el poder.

En una democracia madura, los límites al poder no son obstáculos, sino garantías. Luigi Ferrajoli recuerda que “sin límites, el poder deja de ser democrático y se convierte en mera dominación” (Derecho y razón, 1995).

Por eso, frente a los ataques verbales y las descalificaciones, lo que corresponde no es replicar con fanatismo, sino educar políticamente: recordar que los árbitros electorales no gobiernan, pero hacen posible que gobernemos en libertad.

La independencia del Tribunal Supremo de Elecciones es, en última instancia, una expresión de la soberanía ciudadana, no de un privilegio burocrático. Defenderla es defender la posibilidad misma de elegir, disentir y decidir sin miedo.

Costa Rica ha preservado por más de siete décadas una cultura democrática basada en la confianza en sus instituciones. Esa confianza no puede ser patrimonio de un gobierno ni rehén de un discurso.

El respeto al TSE no es reverencia: es conciencia cívica. Cuando el poder se confunde con la verdad, el deber ciudadano es recordar que la verdad constitucional no tiene dueño.

El principio de autoridad y la beligerancia política

Escrito en 10/10/2025. Publicado en Elecciones.

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

A raíz de la solicitud hecha por el Tribunal Supremo de Elecciones ante la Asamblea Legislativa, para levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves por quince de veinticuatro denuncias presentadas por beligerancia política, quedando pendientes nueve; han surgido sus defensores políticos y de oficio, como era de esperar. Pero hay tres que me han dejado sorprendido, la diputada y jefa del oficialismo Pilar Cisneros y dos abogados, uno su defensor de oficio y otro oficioso, analista por la prensa; una dice que estamos ante un “golpe de estado institucional”, y los otros hacen todo un galimatías entre la Constitución y el Código Electoral, para tratar de demostrar que no existe una normativa constitucional y legal que permita levantar ese fuero al presidente y que, por lo tanto, es improcedente y “legalmente equivocada y temporalmente inoportuna”, como dijo uno de ellos.

Ante semejantes afirmaciones chavistas, creo que vale la pena tratar de desenredar la madeja que tratan de montar, y ver las cosas simplemente dentro del marco y letra de la ley que nos dice primero la Constitución Política, como norma fundamental, sobre el principio de legalidad. Dice su artículo 11:

– Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes…

Entonces, como primera cosa a tener en cuenta es que don Rodrigo y doña Pilar no pueden ni hacer ni interpretar la ley como les dé la gana, pues juraron, sino por Dios por ser ateos disimulados o declarados, aunque sea ante un quipu o por lo más sagrado que tengan, el respeto de la Constitución y las leyes que de ella se derivan.

Pero, además, el artículo 102 de la Constitución la otorga al TSE atribuciones especiales y exclusivas, como, por ejemplo:

– Interpretar en forma exclusiva y obligatorias las disposiciones constitucionales y legales referentes a la materia electoral.

– Investigar por si o por medio de delegados, y pronunciarse con respecto a toda denuncia formulada por los partidos políticos sobre parcialidad política de los servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos, o sobre actividades políticas de funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas. La declaratoria de culpabilidad que pronuncie el Tribunal será causa obligatoria de destitución e incapacitará al culpable para ejercer cargos públicos por un periodo no menor de dos años, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieren exigírsele. No obstante, si la investigación realizada contiene cargos contra el presidente de la República, ministros de gobierno…el Tribunal se concretará a dar cuenta a la Asamblea Legislativa del resultado de la investigación.

Bien, puede verse claramente que el TSE si tiene potestad legal para sancionar sobre todas las denuncias que haya por cualquier incumplimiento de la ley. Y bien, de lo hasta aquí transcrito de la letra constitucional, eso es lo que ha sucedido, ni más ni menos. Como dice el dicho, no hay que brincar mucho pues el suelo está parejo.

Ahora bien, ¿qué sigue después? Para esto, debemos referirnos al artículo 121 inciso 9 de la Constitución sobre las atribuciones de la Asamblea Legislativa que dice:

– Admitir o no las acusaciones que se interpongan contra quien ejerza la Presidencia de la República, vicepresidentes, ministro de Gobierno… declarando por dos terceras partes de votos del total de la Asamblea si hay o no lugar a formación de causa contra ellos, poniéndolos, en caso afirmativo, a disposición de la Corte Suprema de Justicia para su juzgamientos…

Queda demostrado por lo tanto que, al contrario de lo que dicen algunos leguleyos “chavestistas”, la Asamblea Legislativa si tiene potestad para conocer las acusaciones por clara beligerancia del presidente Chaves pues incumplió en cada una de ellas, con las prohibiciones legales de participación política, violando la Constitución y el Código Electoral. Así, la Asamblea deberá juzgar con base en el 121 inc.9 transcrito y el segundo párrafo del artículo 270 del Código Electoral, si la acusación que le remite el TSE es admisible o no, cumpliendo así con el trámite legal correspondiente a lo interno de la Asamblea Legislativa. Si ésta considera que los delitos electorales cometidos, en este caso beligerancia, justifican el levantamiento de la inmunidad, el expediente del presidente Chaves regresa al pleno Tribunal Supremo de Elecciones que, de acuerdo a lo establecido en el último párrafo del artículo 270 resolverá según corresponda. ¿Y qué corresponde en este caso?, lo que señala claramente el último párrafo del artículo 146 del Código Electoral que dice:

– El TSE podrá ordenar la destitución e imponer inhabilitación para ejercer cargos por un periodo de dos a cuatro años a los funcionarios citados, cuando sus actos contravengan las prohibiciones contenidas en este artículo.

Los funcionarios citados en el 146 son, entre otros, el presidente, vicepresidentes, ministros y una extensa lista, a los cuales en ese mismo artículo se les prohíbe:

– … Participar en las actividades de los partidos políticos, asistir a clubes o reunión es de carácter político, utilizar la autoridad e influencia de sus cargos en beneficio de los partidos políticos, colocar avisos en sus viviendas o vehículos, ni hacer ostentación partidaria de cualquier otro género… únicamente podrán ejercer el derecho a emitir su voto el día de las elecciones en la forma y condiciones establecidas en este Código…

No se puede ocultar el sol con un dedo, es muy claro que el presidente como es su costumbre ha violentado y violado… la ley en infinidad de oportunidades y, además, ya en campaña, cada vez que consiente la presencia de los candidatos de su partido-taxi en actos oficiales, él y ellos violan la ley. Y cuidado, a lo mejor pueden llegar a ser excluidos de las elecciones si a alguien se le ocurriera presentar una acusación.

Por supuesto que todas las teorías legales y políticas para desacreditar esta acusación no son más que eso, formas de ocultar la verdad y los procedimientos ilegales y fraudulentos del chavismo. No hay tal golpe de estado institucional, absurdo de quien sufre una “termocéfala de poder” y cuyas consecuentes isquemias le impiden la suficiente claridad mental para darse cuenta de sus absurdos, o bien otros por ínfulas de notoriedad profesional, necesaria en quienes no han logrado madurar en los conceptos básicos de la profesión o los que siempre tienen a disposición un Sinpe.

Pero unos y otros, incluyendo los que nos amenazan con acabar con la democracia y sacarnos de nuestro país, sepan que no les será tan fácil; no se les teme y sabemos defender un país que construyeron con grandes sacrificios nuestros abuelos.

Fraude electoral

Escrito en 09/10/2025. Publicado en Elecciones.

Freddy Pacheco León

Cuando la Presidencia de la República irrespeta la Constitución Política en una campaña electoral, incurre en fraude.

Cuando esa misma Presidencia irrespeta la legislación electoral, violentando la neutralidad que busca un trato justo entre los contendientes, incurre en fraude. Cuando también usa indebidamente recursos del Estado, para influir en la opinión de los electores a favor de candidatos oficiales, incurre en fraude. Cuando lo hace en contra de candidatos de oposición, igualmente incurre en fraude. Cuando lanza ataques soeces contra las autoridades electorales, con la evidente intención de resquebrajar la sólida confianza de los costarricenses en el Tribunal Supremo de Elecciones, incurre en fraude.

Cuando manipula las redes sociales con troles, perfiles falsos, personas inexistentes, en apoyo de «supuestos logros», para sumar simpatizantes de cara a las elecciones, incurre en fraude.

Cuando maltrata de palabra a periodistas de medios independientes, que se «atreven» a incomodarlo con preguntas de incuestionable interés público, incurre en fraude. Cuando «inaugura» obras que no se han siquiera iniciado para engañar a los habitantes, incurre en fraude.

Cuando culpa a los organismos de control del gasto, del fracaso de obras mal planificadas, como “ciudad gobierno” y una “marina en Limón”, con la intención de erosionar su ganado prestigio institucional, incurre en fraude.

Cuando sin escrúpulo alguno, se burla de la fundamental veda electoral que reafirma la prohibición a mostrar beligerancia política de cualquier tipo, incurre en fraude.

En fin, independientemente de la magnitud de las ilegalidades cometidas, cualquiera de ellas puede ser suficiente para cambiar el resultado de una elección reñida como la que se vislumbra. Muestra de esa eventual situación, fue el triunfo de don Óscar Arias sobre don Ottón Solís, decidido por solo el 1,1 % de los votos, sin que se hubiera dada beligerancia política alguna atribuible al respetado expresidente don Abel Pacheco.

Es claro pues, que incluso una beligerancia política apenas insinuada, podría tener un efecto brutal sobre la democracia, ¡si no es sancionada!, como ha de serlo en un país de derecho como Costa Rica, pues un resultado electoral sucedido en un contexto como el resumido, sería equivalente a un golpe de Estado, de sensibles, dolorosas, irreparables, consecuencias para nuestra amada Costa Rica. La sagrada voluntad popular, expresada en votos libres de perversas ilegalidades es el cimiento más importante de la institucionalidad que nos rige, y sobre la cual se ha construido un Estado admirado en el concierto de las naciones.

Por todo lo anterior, si en este momento histórico al presidente de la República Rodrigo Chaves Robles, se le ha de juzgar por numerosas causas de beligerancia política, y para ello es menester contar con el aval de una Asamblea Legislativa consciente de su alta responsabilidad, lo que los costarricenses esperamos es que las diputaciones se liberen de intereses personales o políticos, y le garanticen al señor presidente la oportunidad de responder a las acusaciones, con las opciones que le brinda el texto constitucional y la legislación electoral.

A solicitud de los magistrados del TSE, las damas y caballeros representantes populares que temporalmente conforman el Primer Poder de la República tienen ante sí, una responsabilidad superlativa, nunca antes vista. Su histórica decisión, aunque sustentada en hechos ya sucedidos, ¡es aún más importante para el futuro de la democracia costarricense!

Y es así pues en el caso injustificable de impedir juzgar al ciudadano que hoy preside el Poder Ejecutivo, se le estaría otorgando a éste un permiso para que, impunemente, siga adelante con su muy cuestionado comportamiento. Sería cual invitación, a mostrar sin desparpajo alguno, una beligerancia política desvergonzada, irrespetuosa, descarada, con la certeza de que cuenta con legisladores que le protegen e invitan a seguir por ese camino, y que no habría nada que le impida hacer lo que le dé la gana hasta el final de su administración.

Se trata pues, de escoger entre fortalecer el sistema democrático que aspiramos heredar a nuestros hijos y nietos, o el de asumir la vergonzante actitud de ponerse del lado de los que piensan que la Patria no es más que una palabra hueca, intrascendente, sin valor alguno. Por ello, respetuosamente instamos a las mujeres y hombres que están a pocos meses de alejarse de la gran sala del Plenario Legislativo, que antes de decidir cómo votar, lo conversen al interior de sus núcleos familiares, como generalmente sucede cuando se trata de tomar decisiones trascendentales que también afectan, para bien o para mal, a sus seres más queridos.

Dejar pasar como una cosa sin importancia una decisión semejante, podría tener efectos fatales, impensables, para la Costa Rica que solemnemente, invocando al Creador, una vez prometieron defender.

La última “salida” de Cisneros

Escrito en 07/10/2025. Publicado en Elecciones.

Freddy Pacheco León

Con su reciente anuncio, la diputada Cisneros, reconocida «directora de propaganda» del gobierno chavista, de que ella, con el equipo que usa en el Congreso para leer discursos, va a generar producciones desde Zapote, para romper la veda electoral que, entre otros, prohíbe al presidente Chaves hacer propaganda a favor del partido político chavista, y en contra de los partidos de oposición, está, «sin querer queriendo», comprometiendo al mandatario y, esto es muy importante, a los medios que se atrevieren a contratar las transmisiones que la diputada tiene planeado hacer desde Casa Presidencial.

¡Veamos! Si el artículo N°142 del Código Electoral, PROHÍBE «difundir mediante cualquier medio de comunicación, información publicitaria relativa a la obra pública realizada», y la diputada ha confesado que tratará de incumplir tal prohibición, cual, si estuviera de regreso en un noticiero de televisión, sentimos que se está metiendo en un enmarañado manglar.

Por un lado, no puede negar que ella es, de hecho, parte del equipo de propaganda de Casa Presidencial. Eso no es ninguna sorpresa. Asimismo, no puede pretender que tenga alguna importancia de quién es el equipo de transmisión que usaría para con él, burlar la legislación electoral, que todos los costarricenses tenemos el deber de cumplir. Aunque un par de aparatos supuestamente sean comprados por «perico de los palotes» (algo intrascendente), la Cisneros piensa que, al no ser de la Presidencia, ello le dará un matiz de legalidad a su “genial idea”, y que así, el pobrecito que hoy se siente «amordazado«, podría lavarse las manos cual infantil inocente, pues él (piensa ella) no tendría responsabilidad alguna de la propaganda que se transmitiría por iniciativa de otros, y que Chaves se muere por ejecutar.

Para ello, Cisneros, quien recordemos no tiene prohibición, piensa que hasta podría transmitir propaganda pagada por el partido oficial… con Chaves como actor laureado como principal protagonista. ¡Ni el actor de origen indio que se ha hecho famoso gracias a un diputado pugilista, podría sustituirle!

“Dicen que se dice”, que, como el abogado de Chaves, ahora candidato a diputado por Alajuela, es tan olvidadizo, al asesorarlos seguro olvidó que, a partir de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuestro prestigioso Tribunal Supremo de Elecciones reafirmó que Costa Rica habría de contar con mecanismos que eviten el uso indebido del aparato público en las campañas electorales, para evitar la difusión de propaganda oficial durante el periodo electoral. Explícitamente se anota razonablemente, que, aunque no se incurra en gasto público directo, la visibilidad y la amplificación de los mensajes que otorgan los canales oficiales pueden influir de manera ilegítima en la intención de voto de la ciudadanía.

Asimismo, el TSE dispuso que también queda prohibida la publicación de ese tipo de mensajes en plataformas digitales institucionales, con o sin pago. En términos generales, la difusión de propaganda en contra de lo dispuesto en la Constitución Política o en el Código Electoral se sanciona económicamente, tanto a los responsables de los medios de comunicación, como a todos aquellos que buscan difundir propaganda en contra de lo dispuesto en el Código Electoral, como pretende la diputada Cisneros Gallo. Igualmente, se exponen a multas de dos a diez salarios base, los encargados o responsables de medios de comunicación, que pretendan “jugar de vivos” en un contexto donde, torpemente, ya la emprendedora diputada ha cantado sin guitarra, segura de que la asesoría recibida era estupenda. Están pues avisados los amigos de los medios que ya han sido buscados.

A una sociedad políticamente organizada sin Estado, algunos le llaman anarquía. Lo de Pilar Cisneros no se le acerca, pues lo de ella, básicamente es una “salida” impensada, y como tal, no merece ser tomada en serio.