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Etiqueta: derecho

Comisión Especial Municipal presenta informe especial sobre situación del modelo de salud en el cantón de Barva y recomendaciones al gobierno local

Comunicado de Prensa

 

  • Comisión Especial Municipal sobre el Modelo de Prestación del Servicio de Salud en el cantón de Barva de Heredia, presentó Informe Final de labores ante el Concejo Municipal de Barva
  • “Alianza Cantonal Barveña por la Defensa del Derecho a la Salud celebra la aprobación del Informe que por votación unánime acogió el Concejo y espera que el Concejo Municipal de Barva le de seguimiento a las recomendaciones emanadas del mismo
Comunidad de Barva logra acuerdo con AyA y Municipalidad
La comunidad de Barva vive un proceso de años en lucha por su calidad de vida.

Heredia, a los 27 días de julio del 2017. En el marco de una sesión extraordinaria celebrada a partir de las cinco de la tarde del día miércoles 26 de julio del año en curso, la Comisión Especial Municipal sobre el modelo de prestación del servicio de salud en el cantón de Barva de Heredia, realizó la presentación del Informe final ante el Concejo Municipal, el cual fue aprobado de manera unánime por los cinco partidos presentes en el Concejo Municipal.

Sobre la base de una amplia, profunda y rigurosa investigación, la Comisión formuló una serie de recomendaciones al Concejo Municipal sobre este delicado y conflictivo problema que viven los barveños desde hace años.

Entre las principales recomendaciones que presentó el Informe, merece destacarse la invitación a la celebración de un PLEBISCITO cantonal que permita definir si los barveños prefieren seguir recibiendo la prestación del servicio de salud a través de la empresa Cooperativa Autogestionaria de Servicios Integrales en Salud (COOPESIBA R.L.) o que el servicio sea prestado de manera directa por la Caja Costarricense de Seguro Social, como ordena el artículo 73 de la Constitución Política.

Siempre alrededor de la misma situación, el Informe recomienda al Concejo explorar la posibilidad de que la Caja asuma de manera directa la dotación del servicio: Dice textualmente el Informe:

  1. Ante el vencimiento de la relación contractual CCSS – COOPESIBA R.L. se recomienda al Concejo Municipal que en el evento de que NO EXISTA una DECLARATORIA DE INVIABILIDAD por parte de la Caja para prestación de los servicios de salud en el Área de Salud de Barva de Heredia, que determine su incapacidad técnica, financiera y administrativa, se solicite a la institución asumir de manera directa la prestación del servicio en nuestro cantón, aprovechando la millonaria inversión en las modernas y amplias instalaciones con las que hoy cuenta la Clínica en el distrito central.

Asimismo el Informe recomienda al Concejo Municipal, habida cuenta de la multimillonaria inversión en las lujosas y modernas instalaciones construidas recientemente por la Caja Costarricense de Seguro Social para el área de Salud de Barva, que solicite a la Caja un aprovechamiento más eficiente del edificio y la atención de una de las demandas más sentidas de las personas usuarias; la prestación de ESPECIALIDADES MÉDICAS. Textualmente indica el Informe: “ Independientemente del modelo que las autoridades de la Caja elijan para el Área de Salud de Cantón de Barva de Heredia una vez que expire la actual relación contractual CAJA – COOPESIBA R.L., que el Concejo Municipal solicite a las autoridades de la Caja un Plan Operativo que asegure un uso más eficiente y sano de las modernas y amplias instalaciones de la Clínica de Barva que permita a los usuarios, contar en un plazo máximo de dos años, con la prestación de las especialidades de psicología, ginecología, psiquiatría, gerontología, pediatría, así como medicina familiar y cirugía ambulatoria y laboratorio de rayos X, un mejor equipo médico, laboratorio con tecnología de punta y la ampliación de los servicios de urgencias las 24 horas del día, así como la implementación de un sistema más eficiente de solicitud de citas.”

Para el Máster Rafael López Alfaro de la Alianza Cantonal Barveña por la Defensa del Derecho a la Salud, el Informe es muy serio, está abundantemente documentado y ofrece diferentes recomendaciones para mejorar la calidad y eficiencia del servicio de salud en el cantón y esperamos que NO SE ENGAVETE y sirva de hoja de ruta para el accionar del gobierno local para una política cantonal de salud.

La Comisión Especial Municipal de Salud, fué creada mediante Acuerdo No. 226-2017 en la sesión del Concejo Municipal el 13 de marzo del 2017, y estuvo integrada por un representante de los cinco partidos políticos presentes en el concejo, como por representantes de las diferentes organizaciones comunales como la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo, la Junta de Salud, entre otras.

El dirigente indicó que a pesar de las nuevas y multimillonarias instalaciones del Área de Salud, los usuarios no han visto mejorar los servicios de salud que recibimos; recordó que las nuevas instalaciones del Área de Salud de Barva, miden más de CINCO MIL TRESCIENTOS METROS CUADRADOS de construcción y que tuvieron un costo superior a los SEIS MIL QUINIENTOS MILLONES DE COLONES, y fueron inauguradas a mediados del año pasado.

Para mayor información contactar al Msc Rafael López Alfaro al teléfono 83683214.

 

Enviado por Freddy Vargas Chavarría.

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UCR alerta sobre graves riesgos del proyecto de ley 20.181 “Justicia pronta y cumplida”

Gabriela Mayorga López,

Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR

UCR alerta sobre graves riesgos del proyecto de ley 20
Los expertos de la UCR hacen un llamado a los legisladores y a la ciudadanía en general para reconocer que son loables las iniciativas que tiendan a disminuir los tiempos de decisión definitiva de los casos penales, siempre que estos no afecten el mandado constitucional de una justicia “pronta” pero también “cumplida”. En la fotografia el Centro de Adulto Joven en San Rafael de Alajuela, durante una peña cultural de “Apoyo a la Población Penal Juvenil”, 2013. – foto Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Sobre el proyecto de ley No. 20.181 “Justicia pronta y cumplida”, la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR) alerta sobre los graves efectos que la aprobación de este proyecto puede tener en la administración de justicia penal en Costa Rica, inclusive en detrimento de las víctimas que dice proteger.

En una declaración firmada por el decano de la Facultad de Derecho, el Dr. Alfredo Chirino Sánchez; el vicedecano Dr. Erick Gatgens Gómez; el profesor Dr. Carlos Tiffer Sotomayor; el Dr. Javier Llobet Rodríguez, la MSc. Rosaura Chinchilla Calderón, el Dr. Gustavo Chan Mora y el Dr. Álvaro Burgos Mata; se especifican los vacíos del proyecto entre ellos:

  1. Que funcionarios públicos acusados que tengan fuero de protección, que requiere ser levantado por la Asamblea Legislativa, quedarían impunes porque el trámite de levantamiento de su inmunidad es más extenso que el tiempo límite que propone el texto.
  2. El texto sigue una línea distinta a la regulada por la Corte IDH sobre el tema del plazo razonable para los procesos penales y que estos no pueden finalizar privilegiando criterios formalistas (vencimiento de plazos) por sobre el contenido.
  3. Que los plazos rígidos y cortos fijados para la “etapa preparatoria” no contempla plazos establecidos por otras leyes (como la que regula la intervención telefónica) que son superiores a los seis meses que propone el proyecto, por lo que se tendría que finalizar el proceso sin haberse concluido la investigación.
  4. El texto presenta graves deficiencias en el uso de conceptos jurídico-procesales respecto de temas esenciales, presenta contradicciones y vacíos, todo lo cual es susceptible de generar caos en la interpretación.
  5. La fijación de plazos perentorios para la etapa de debate puede atentar contra el principio de independencia judicial en la medida en que es el Tribunal el que debe valorar si acepta gestiones de partes que pueden darse fuera de los tiempos cortos que prevé el proyecto.

Los expertos de la UCR hacen un llamado a los legisladores y a la ciudadanía en general para reconocer que son loables las iniciativas que tiendan a disminuir los tiempos de decisión definitiva de los casos penales, siempre que estos no afecten el mandado constitucional de una justicia “pronta” pero también “cumplida”. Un modelo de proceso penal en un Estado Democrático de Derecho, debe dar respuesta al doble problema de la eficiencia y la garantía, buscando el punto de equilibrio entre ambos intereses.

Así, sobre los plazos en los que se desarrolla un proceso, se debe tomar en cuenta, para determinar su razonabilidad: la complejidad del asunto, la actividad procesal de los interesados (que es casuística) y la conducta de las autoridades judiciales y no debe perderse de vista el tema infraestructural, de la mayor litigiosidad (marcado por un aumento en el número de denuncias) y del incremento de delitos que se hace en la misma Asamblea Legislativa, que debe atenderse con los mismos recursos.

El proyecto de ley 20.181 fue presentado por el diputado Mario Redondo Poveda del Partido Alianza Demócrata Cristiana. Actualmente, está siendo analizado por la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa y públicamente ha sido apoyado por el fiscal general de la República licenciado Jorge Chavarría, el Presidente de la Sala Tercera, Dr. Carlos Chinchilla, el magistrado Celso Gamboa y el ministro de seguridad Gustavo Mata.

 

Información de www.ucr.ac.cr, compartida con SURCOS por Rosaura Chinchilla Calderón.

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UNED: VIII Reunión Internacional de la Red WATERLAT-GOBACIT

  • El agua como derecho humano de alcance universal

 

Bajo el título “Agua, poder e impunidad: resistencias sociales y alternativas emergentes en la construcción de políticas del agua igualitarias e inclusivas” se llevará a cabo, por primera vez en Centroamérica, la VIII Reunión Internacional de la red WaterLAT-GOBACIT, del 3 al 7 de abril en San José. Este encuentro está siendo coordinado por el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Vicerrectoría de Investigación de la UNED, en coordinación con diversas instancias de la UNED, CONARE, otras universidades públicas, diversas instituciones públicas y organizaciones sociales. El Consejo de Rectoría de la UNED lo definió como de interés institucional.

Entre los principales objetivos de la reunión se encuentran:

  • Visibilizar los procesos de desigualdad estructural, acumulación de poder, impunidad y conflictividad en relación con el agua.
  • Contribuir a la generación de propuestas, la construcción de espacios de diálogo, y la visibilización de los posibles mecanismos y actores implicados en tales procesos.
  • Promover la producción de conocimiento riguroso y fundamentado que contribuya a fortalecer las capacidades de organización, movilización, propuesta y negociación de las organizaciones ciudadanas vinculadas con el tema del agua.
  • Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de formas de gestión del agua fundadas en criterios participativos, democráticos, transparentes y equitativos que privilegien la concepción del agua como derecho humano y la vigencia universal de este principio.

Durante esta semana se realizaran diversas actividades. En las primeras horas de la mañana en el Teatro Eugene O´Neill del Centro Cultural Costarricense Norteamericano, y el resto del día en el Centro Universitario de la UNED en Barrio Dent. Se desarrollarán mesas redondas, talleres, grupos de trabajo y conversatorios abiertos con la participación de diversos actores sociales. En las noches se programa teatro, presentación de libros, premiación a cortos y a estudiantes de tesis que han trabajado con la red en temas de agua.

WaterLAT-GOBACIT es una red de docencia, investigación e intervención inter y transdisciplinaria abocada al tema de la política y la gestión democrática del agua. Aborda temas como la conflictividad social en torno a las desigualdades e injusticias emergentes en relación con el control, gestión y uso del agua, la implementación de megaproyectos hidráulicos, el extractivismo, la mercantilización de servicios esenciales y el impacto de los grandes desastres hídricos.

La red trabaja un total 10 áreas: la x-disciplinaridad en la Investigación y la Acción; Megaproyectos; el Ciclo Urbano de los Servicios Públicos Esenciales; Transfronterizas; Salud; Cuencas, Territorios y Espacios Hidrosociales; Arte, Comunicación, Cultura y Educación; Desastres; Producción y Violencia.

Las personas interesadas en asistir a la reunión pueden inscribirse a la siguiente dirección https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGhfiAMYioJG6c-AfKMrCQdZRbA7s4lziVxy8t9y8zb-HkPQ/viewform?c=0&w=1

UNED VIII Reunion Internacional2

Enviado a SURCOS por Licda.Megan Lopez La Touche, Divulgadora Académica, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo(CICDE), Vicerrectoría de Investigación, Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica(UNED).

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La protesta social como derecho. Campaña de firmas

Comunicado del Colectivo del Derecho a la Protesta Social en Costa Rica

  • Luchadores sociales de Costa Rica a juicio penal en abril por participar en manifestación por la defensa de la seguridad social
  • Cinco luchadores sociales van a juicio penal en el mes de abril 2017, por su participación en la MARCHA del 8 de NOVIEMBRE de 2012, en defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social
  • Denunciamos que se trata de un caso de persecución política y de criminalización de la protesta social; solicitamos solidaridad nacional e internacional

 

El Colectivo Derecho a la Protesta Social, organizaciones sociales y de Derechos Humanos, denuncian ante la opinión pública nacional e internacional, la persecución política del Estado Costarricense, contra ciudadanos y luchadores sociales, que se manifestaron en defensa de la SEGURIDAD SOCIAL de este país, en el mes de noviembre del año 2012.

El 8 de noviembre de 2012 se realizó una manifestación pacífica organizada por varias comunidades del occidente del Valle Central, Puntarenas y Guanacaste; descontentas por los recortes aplicados en ese momento a la seguridad social que se tradujo en un deterioro del servicio, la reducción del horario de atención de emergencias por ejemplo de 24 a 12 horas, que se traducía incluso en pérdida de vidas humanas que pudieron haberse evitado. La manifestación recibió el apoyo de diversas organizaciones políticas y sociales que se solidarizaron con las consignas que levantaban las comunidades. Ese 8 de noviembre desfilaron por la Avenida Segunda josefina adultos mayores, personas en muletas, gente de comunidades rurales que pedían pronta atención de sus padecimientos; el objetivo de la acción política era entregar un pliego de peticiones a la Dra. Ileana Balmaceda, quien en ese momento fungía como Presidente Ejecutiva de la CCSS. Sin embargo las y los manifestantes encontraron cerrados los portones de la institución, por lo que se mantuvieron al costado norte del edificio central de la Caja esperando que permitieran que un comité entrara a entregar el pliego.

Para sorpresa de las y los manifestantes la policía antimotines, dirigida en ese momento por el comandante Raúl Rivera y bajo las órdenes del hoy Magistrado, Celso Gamboa, quien en ese momento fungía como viceministro de seguridad, empezó a formarse a la altura del Ministerio de Hacienda y avanzó en contra de las y los manifestantes, golpeando y empujando a diestra y siniestra, abusando de su autoridad y realizando detenciones arbitrarias. La indignación de la golpiza y los arrestos provocó que muchas personas se movilizaran al lugar de los hechos para exigir la liberación de la gente que arrestaron sin ninguna justificación, razón por la cual la manifestación se extendió mucho más de lo previsto. En horas de la tarde se apersonaron varios diputados del PAC, entre ellos Juan Carlos Mendoza, Claudio Monge y Carmen Granados, también el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, quienes, como consta en varios videos de la prensa televisiva, también fueron agredidos por la policía. Los últimos arrestos ocurrieron en medio de una brutal represión policial en contra de estudiantes universitarios y funcionarios públicos, a eso de las 6:00 p.m.

Las y los manifestantes no solamente fueron arrestados y arrestadas sino que muchas y muchos de ellos fueron enjuiciadas y enjuiciados en los tribunales de Flagrancia y Contravencional siendo absueltas y absueltos de toda pena y responsabilidad.

Entre el lunes 3 y el jueves 6 de abril se realizará la primera etapa del proceso penal contra cinco personas que participaron en dicha manifestación: Luz Marita Arce Soto y Luis Diego Retana Solano; quienes eran estudiantes universitarios en el momento en que ocurren los hechos; Adrián Jaén España, profesor universitario y miembro del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores; Denis Solís Cruz, profesor de educación secundaria y miembro de la Asociación Nacional de Segunda Enseñanza (APSE) y Mario Alb. Villalobos Arias, profesor universitario, miembro del Sindicato de Empleados Universidad de Costa Rica (SINDEU), de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos y del Centro de Amigos para la Paz.

El Colectivo por el Derecho a la Protesta hace un llamado a todas las organizaciones sociales y políticas costarricenses a que se sumen a las jornadas de protesta y de solidaridad que se están programando durante los días de juicio, a las campañas económicas de solidaridad y de recolección de firmas que ya se tienen programadas; también que se integren a las reuniones de coordinación del Colectivo por el Derecho a la Protesta Social.

 

Puede leer más y firmar la petición aquí:

https://www.change.org/p/lic-jorge-chavarr%C3%ADa-guzm%C3%A1n-jefe-del-ministerio-p%C3%BAblico-fiscal-general-de-la-rep%C3%BAblica-5-luchadores-sociales-en-costa-rica-a-juicio-penal-en-abril-por-manifestaci%C3%B3n-por-la-ccss-8nnoseolvida?recruiter=13229025&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive

 

Para leer el comunicado del Colectivo completo, ingrese en el siguiente enlace:

5 LUCHADORES SOCIALES VAN A JUICIO PENAL

 

Enviado a SURCOS por Marcela Zamora Cruz.

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Videoforo: «Mujeres que luchan; por la defensa del agua»

El próximo 22 de marzo a las 2:00 p.m. en la Sala de Video Conferencias del Centro Universitario UNED en Siquirres, se estará llevando a cabo un video foro con el audiovisual titulado «Mujeres que luchan: defensa del agua».

La actividad contará con la participación de Xinia Briceño, Erlinda Quesada y Claudia Rodríguez protagonistas del audiovisual y de la lucha por la defensa del agua en sus comunidades en la zona del Caribe.

Este audiovisual es producto de un esfuerzo conjunto realizado entre el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) y el Programa de Producción en Materia Audiovisual (PPMA). La iniciativa de realizarlo surge con la intención de compartir y difundir los resultados de la Investigación «Mujeres en Movimientos Socioculturales del Siglo XXI. Un Acercamiento a sus Realidades en Espacios Politizados y Artísticos» llevada a cabo en el año 2009-2011 en el CICDE.

Se espera que el video foro sea un espacio para poder dialogar sobre la lucha por la defensa del agua en el Caribe, así como para visibilizar los aportes de estas valiosas mujeres a sus comunidades.

 

Para más información:

María Alexandra Medina: 8886-3944 / backtori@gmail.com

Backtori Golden: 8864-1347 / marialexmedina@gmail.com

Mujeres que luchan defensa del agua

Enviado a SURCOS por Licda.Megan Lopez La Touche, Divulgadora Académica, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), Vicerrectoría de Investigación, Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica(UNED).

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La UNED presenta el video “Mujeres que luchan: defensa del agua”

El próximo 22 de marzo a las 2:00 p.m. en la Sala de Videocoferencias del Centro Universitario de la UNED ubicado en Siquirres, se estará realizando un video foro con el audiovisual titulado «Mujeres que luchan: defensa del agua». Como parte de la actividad se contará con la participación de Xinia Briceño, Erlinda Quesada y Claudia Rodríguez protagonistas del audiovisual así como de la lucha por la defensa del agua en sus comunidades de la zona del Caribe del país.

El audiovisual, «Mujeres que Luchan», es producto del trabajo conjunto entre el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) y el Programa de Producción de Material Audivisual (PPMA) de la Universidad Estatal a Distancia.

Entre los años 2009 y 2011 se realizó la investigación «Mujeres en Movimientos Socioculturales del Siglo XXI. Un Acercamiento a sus Realidades en Espacios Politizados y Artísticos», la cual fue guiada por el objetivo de «Analizar críticamente la participación de las mujeres en organizaciones politizadas y culturales, desde un enfoque de género, profundizando en las motivaciones de las mujeres participantes, así como sus implicaciones en las relaciones e interrelaciones que se dan al interior de las organizaciones». Tal investigación estuvo a cargo de un equipo de investigadoras conformado por cuatro mujeres del CICDE, liderado por la M.Sc Roxana Morales Bonilla, con las co-investigadoras M.Sc. Patricia Oliva Barboza y la Licda. Backtori Golen Zúñiga, asistidas por la Bach. Maria Alexandra Medina.

Producto de la investigación se generó el interés de trabajar en la creación de un audiovisual que fuera un insumo con el cual divulgar resultados de la investigación, pero igualmente una herramienta educativa para la comunidad estudiantil de las sedes universitarias de la UNED. Gracias a la colaboración y sinergia entre el CICDE y el PPMA se logró trabajar durante cerca de dos años en la producción de una miniserie documental, la cual ha llegado a tener importante impacto a nivel nacional e internacional desde su estreno en 2015.

Mujeres que Luchan es una miniserie documental que cuenta con tres episodios. Uno de ellos, dedicado a las mujeres que se organizaron a partir de Comités Patrióticos para luchar contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Un segundo episodio dedicado a las mujeres del sector artístico del país, especialmente bailarinas y actrices que han luchado por tener un espacio propio en la escena artística nacional. Finalmente, un tercer episodio del audiovisual titulado «Mujeres que luchan: defensa del agua» el que se estará presentando en el Centro Universitario de la UNED ubicado en Siquirres.

En este tercer episodio se hace énfasis en las historias de vida, así como en los procesos de participación, resistencia y lucha social de varias mujeres que defienden el derecho de las comunidades a tener agua suficiente y limpia, lo cual ha implicado una constante organización y lucha contra monocultivos de producción piñera, uno de los principales sectores acaparadores y generadores de la contaminación acuífera de la región Caribe de nuestro país. Aunado a ello, en el episodio se cuenta con la intervención de mujeres activistas y académicas con quienes se reflexiona en torno a las inequidades y las expresiones de violencia que viven las mujeres al interior de las organizaciones ecologistas y de sus comunidades.

La presentación del audiovisual en la comunidad de Siquirres, se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres (8 de marzo), así como el Día Internacional del Agua (22 de marzo), pero el video foro principalmente es una actividad mediante la cual la Universidad Estatal a Distancia espera agradecer y reconocer a las muchas mujeres que trabajan, se organizan y son parte de las luchas sociales para defender tanto sus derechos como los de sus comunidades, para defender los recursos naturales de nuestro país así como sus territorios.

 

Enviado a SURCOS por Luis Paulino Vargas Solís.

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“Ahogaron” la Ley de Iniciativa Popular

Freddy Pacheco León (*)

 

Al aprobarse hace una década, la Ley de Iniciativa Popular (Nº 8491) era para algunos diputados, una gran oportunidad para que se ampliara la democracia, para que el Soberano, el pueblo representado en al menos un 5% del padrón electoral, pudiera presentar proyectos de ley a la Asamblea Legislativa. Antes de ello, no era posible que por esa vía, los señores diputados se vieran en la obligación de votar un proyecto de ley generado por ese mecanismo.

Así ingresó en el 2010 el proyecto de una nueva LEY DE AGUAS, acompañado por más de 150.000 firmas avaladas por el TSE, en hojas que decían en su encabezado, que el proyecto garantizaba “el derecho humano de acceso al agua potable EN CANTIDAD Y CALIDAD para las presentes y futuras generaciones”. Así fue fácil recolectar más firmas que el mínimo necesario.

Pero, las decenas de miles de ciudadanos que firmaron por ese proyecto, no se preocuparon de lo que diría EL TEXTO que se entregaría al Directorio Legislativo, y que, de acuerdo con la Ley, se votaría en un plazo máximo de DOS AÑOS. La buena fe de los que firmaron era tal, que jamás se imaginaron el VIL ENGAÑO que se estaba gestando a sus espaldas.

Pues resulta que a punto de finalizar el plazo de los dos años, los diputados de la Comisión de Ambiente corrieron para dictaminarlo y enviarlo al Plenario Legislativo para su votación. Carrera en la cual “olvidaron” algo fundamental, algo elemental, algo lógico, explicado por los señores magistrados Fernando Cruz y Gilbert Armijo, al responder una consulta legislativa.

Dicen: “no es constitucionalmente admisible que el legislador, con ocasión de un proyecto de iniciativa popular, le introduzca cambios y variaciones sustanciales al proyecto, que impliquen SU DESNATURALIZACIÓN, como ha sucedido en este caso. De la comparación entre lo que establecía EL PROYECTO ORIGINAL con el proyecto QUE FUE APROBADO en primer debate, se observa, muy claramente, que hubo un exceso del legislador, al variar aspectos sustanciales sobre las medidas de las áreas de protección, que implicaron una evidente VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE CONEXIDAD”.

Y es que no podía haber sido de diferente manera, pues los señores diputados de comisión y los que lo aprobaron en Primer Debate el lunes 31 de marzo del 2014, obviaron que el “DERECHO DE ENMIENDA” ejecutado en proyectos de ley regulares, NO es posible practicarlo cuando se trata, por ejemplo, de convenios internacionales y aquellos regidos por la Ley de Iniciativa Popular. Y en estos últimos con mayor razón, porque podría suceder que al hacerle cambios sustanciales que lo afectaren negativamente (como sucediera en este caso) se desnaturalizaría TODO EL CONCEPTO DE LA INICIATIVA POPULAR. Podían, los señores diputados, aprobar o improbar el proyecto que les sometió para su votación el Soberano, pero no podían “aprovecharse” de él para, según intereses antidemocráticos, cambiarlo como producto de “UNA NEGOCIACIÓN”. Hacer tal cosa, haría aumentar la DESCONFIANZA que se tiene en la institución legislativa. La democracia ha de ser una realidad, no un “saludo a la bandera”. Mas, sin embargo, así lo hicieron.

Sin necesidad de entrar en detalles de la violación flagrante al desdeñado “Principio de Conexidad” que ha de existir entre la voluntad de los que firmaron en las hojitas, y lo que eventualmente se aprobaría (como por ejemplo el HABER ELIMINADO la expresión “EN CANTIDAD Y CALIDAD ADECUADAS” en el Principio sobre el acceso al agua como un Derecho Humano, y la inserción del agua como “BIEN ECONÓMICO” en lugar de “BIEN SOCIAL”) la misma comisión legislativa en su dictamen, LE CONFESÓ cándidamente al Plenario Legislativo algo insólito.

LE DIJERON: “Antes de aprobar EL TEXTO SUSTITUTIVO, las y los legisladores que formamos parte de la comisión dictaminadora promovimos un ACUERDO POLÍTICO intersectorial, donde participaron, entre otras organizaciones, la Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA), la Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA), la Alianza de Redes Ambientales (ARA), la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y la Unión de Pequeños y Medianos Agricultores Nacionales (Upanacional). También participó el Poder Ejecutivo”.

O sea, confiesan con una desfachatez superlativa, que el texto ingresado con las decenas de miles de firmas fue sustituido, FUE DESECHADO, que el que se votaría fue producto de una negociación con entes privados y políticos. Que, en otras palabras, SE HABÍA ENGAÑADO a los ciudadanos que creyeron estar participando de una nueva forma de participación democrática en la elaboración de las leyes.

Hoy, siguiendo ese mal “ejemplo”, hay algunos diputados que quieren no solo aprobarlo así, sino además, HACERLE MÁS CAMBIOS al “texto sustitutivo”. Cabe recordar que al aprobarse la Ley de Iniciativa Popular a inicios del 2006, algunos legisladores expresaron que ellos hubieran preferido que los proyectos ingresados por esa vía, se pudieren modificar como cualquier otro proyecto. Pues, aunque sus propuestas NO fueron acogidas, diputados actuales están actuando cual si eso se hubiere aprobado de esa manera, mal sustentados en “dictámenes” jurídicos “jalados del pelo”, que solo servirán para hacer más grande el embrollo. Para ellos, lo que importa es aprobar el proyecto de la nueva Ley de Aguas, aunque éste sea IMPOPULAR E INCONSTITUCIONAL por su forma y su fondo.

TRISTE FINAL para la bien intencionada Ley de Iniciativa Popular, pues con lo sucedido, la misma Asamblea Legislativa se han encargado de “AHOGAR” una legislación que prometía ser un mecanismo efectivo de acercar al Soberano, al pueblo que ha de respetarse, a la Asamblea Legislativa, a través de un mecanismo que le permitiría participar directamente en el Primer Poder de la República. A partir de ahora, muy pocos, O QUIZÁ NADIE, estaría dispuesto a sumar su valiosa firma en un proyecto semejante.

(*)Dr. en Ciencias Biológicas.

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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El buen trato

Marlin Oscar Avila

 

El derecho ciudadano

El Estado no puede librarse de la responsabilidad de asegurar el buen trato a la ciudadanía, ya sea por las relaciones cotidianas y constantes de sus empleados con la población, o las relaciones que entablan las empresas privadas con sus trabajadores y con la ciudadanía a la cual presta servicios que de lo contrario tendría el Estado mismo que brindarlos.

Como sabemos, los funcionarios públicos son poseedores de autoridad, mientras las personas a las que debe servir son la parte débil de esta relación de poder. Es decir, los funcionarios del Estado son los depositarios de la autoridad delegada por el soberano (el pueblo mismo). Por esta misma razón y por derechos como personas humanas, los empleados públicos están obligados a tratar respetuosamente a los ciudadanos que sirven por los derechos adquiridos, con dignidad implícita en su condición de personas civiles o ciudadanas.

Cuando el Estado autoriza a las empresas particulares a brindar un servicio, le está delegando no solamente el permiso de explotación al servicio público sino que una parte de su autoridad, la que implica transferencia del respeto mismo a toda persona a la que sirve. No obstante, el Estado no se libera de la responsabilidad de asegurar tal respeto.

Servicio de transporte

Cuando uno viaja por diferente países se evidencia la diferencia de trato que existe entre la mayoría de esos países con el trato que la ciudadanía recibe en Honduras. Por mucho tiempo hemos observado que esta ciudadanía se acostumbró a ser maltratada. Incluso la clase media, quien normalmente exige mejores tratos, aquí soporta ser muy maltratada.

Las evidencias de esta relación del servidor con la ciudadanía se develan mucho si se viaja por tierra, por mar o por avión. Los peores maltratos se reciben como pasajeros del transporte terrestre y luego está el marítimo nacional. Es como que se pierde calidad ciudadana cuando pasa del avión al autobús.

Algunos analistas piensan que son las clases medias las que obligan a las instituciones y empresas de servicios a brindar un buen trato a la ciudadanía, mientras las clases bajas, pese a merecer un mejor trato, no se atreven a reclamar por ser sometidas al maltrato desde siempre que abrieron los ojos. La clase alta normalmente tiene otras opciones de servicios de alta calidad, de manera que si no le gusta el trato que servidores públicos o empresariales le brindan, simplemente buscan mejores opciones o utilizan sus influencias político-económicas para hacer que les satisfagan debidamente sus necesidades, exigiendo el castigo correspondiente al empleado que no le supo tratar bien.

Sabemos que los dueños y conductores de transportes son generalmente de la clase media baja y baja, con muchos casos de pertenecer al último quintil de la sociedad. Algunas excepciones los medios de transporte son propiedad de diputados, altos funcionarios y militares que poseen un lote de autobuses y taxis como su negocio. No obstante, las relaciones de los conductores y cobradores con sus clientes son soberbias. No hacen más que dar órdenes y hasta insultar a quienes usan sus servicios. No discriminan si tratan con una persona adulta mayor, una mujer embarazada, una estudiante o un obrero, un enfermo o un niño. Estos valen tanto como el costo del pasaje. Llenan los autobuses como si fuesen latas de sardinas, sin importar nada más que la cantidad de dinero que recogen en el camino. Desde luego, las autoridades de tránsito son sus cómplices.

Existen alternativas en la clase media, puesto que utilizan automóviles particulares, aunque por la pauperización de los últimos ocho años, la mayoría busca comprar autos de segunda mano, más obligados por la inseguridad del transporte público que por comodidad. En el caso de transporte interurbano se puede seleccionar, en algunos casos, el de lujo o ejecutivo, que aun cuando se paga casi el doble por pasaje, no sufre del ultraje y los abusos de cobradores y conductores, que van recogiendo pasajeros en todo el trayecto, al grado que se pasan los traseros por las narices de los demás pasajeros si no es que le obligan a cargar con la mitad del cuerpo de quien acaba de subir. Reclamar puede costar un insulto o una expresión grosera del cobrador o del conductor. Esto nos hace ver que la gran mayoría viaja en condiciones adversas, pero no se queja. Soporta cualquier incomodidad y ofensa a su dignidad con tal llegar a su destino.

Transporte a obreros

También existe el transporte para trabajadores manuales, especialmente para llevarles a los centros de trabajo agrícola. Para el ciudadano común es normal observar camiones con estructuras propias para acarrear ganado vacuno, repleto de mujeres y hombres obreros colgados de las tablas y reglas que componen las carrocerías de los camiones, yendo y viniendo de sus largos y groseros jornales. Gente sin derechos más que al medio salario diario. Estos “pasajeros” aguantan sol, lluvia y polvo, sin que nadie se atreva a protestar por el maltrato. Nada que envidiar a las últimas décadas del siglo XIX y primeras del siglo XX cuando los blancos trataban a los negros como esclavos en los Estados Unidos de Norte América, Canadá y Europa.

Servicio de Aduanas y Migración

Una de estas evidencias de la degradación al viajero del transporte terrestre está en las aduanas de las fronteras entre los países vecinos. Realmente son lamentables los tratos y la infraestructura existentes en ellas. Cuando usted pasa entre Honduras y Nicaragua, siente que el tiempo se detuvo hace unos cuarenta años. Hasta para ir a un baño un turista prefiere salir al monte por considerarlo más higiénico. Se atiende al turista casi al aire libre, o en bancas metálicas soldadas muy artesanalmente. La suciedad y polución del ambiente evita que el turista sienta deseos de comerse una de tantas ofertas de fritangas que hay en venta. Lógicamente, el turista, quien no se reduce a centroamericanos, se debe preguntar qué hace la administración con todo el dinero que recogen en impuestos. Esas aduanas pasan repletas de turistas y camiones repletos de mercadería que pasan durante 10 horas diarias, cuando toda persona y vehículo liviano y de carga paga impuestos.

Carreteras

A esto hay que añadirle el pésimo estado de las carreteras. Si se sale de la carretera que va entre Tegucigalpa y San Pedro Sula (CA-5), y entre San Pedro Sula y La Ceiba, hay que prepararse porque si se evade un hueco va a caer en dos o tres más, eso cuando se corre en carretera que tuvo asfalto. Si viaja entre municipios que están afuera de esos circuitos, el viaje puede ser una real aventura. Más aún si viaja a municipios sin carretera con asfalto, llamadas “de tierra”, es probable que el autobús no llegue ese mismo día a destino en período de invierno.

Pero revisen la cartera de créditos internacionales y nacionales para la construcción y reconstrucción de las carreteras de Honduras durante los últimos 15 años, con esos financiamientos que estamos pagamos con nuestros impuestos, pudo construirse un bulevar de seis carriles de concreto, bien señalado y moderno, desde la frontera entre México y Guatemala a la ciudad de Panamá.

Estas gestiones públicas se pueden incluir en el maltrato a la ciudadanía, puesto que le insultan su inteligencia. Si no aprendemos a reclamar un buen trato, menos podremos lograr que nuestra juventud, niñez y adulto mayor sea respetada en su dignidad y derechos humanos.

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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Experimento social quedó plasmado en campaña publicitaria

UCR y empresa Pozuelo se unieron para visibilizar diversos modelos de familia

Experimento social
Santiago Víquez, Kimberly Quesada, Deiber Quesada, Valeria Benavides y Jorge Luis González (ausente), estudiantes de la UCR, idearon un experimento social con miras a sensibilizar sobre los modelos de familia de la Costa Rica de hoy. (foto Laura Rodríguez).

Rocío Marín González,

Periodista Oficina de Divulgación e Información

 

Cinco estudiantes de gestión de recursos naturales y diseño gráfico, música y dirección de empresas, derecho, ingeniería de alimentos y física e ingeniería eléctrica de la Universidad de Costa Rica (UCR), fundieron sus talentos en un experimento social que culminó con la campaña publicitaria “Cuando hay amor, hay familia” de la empresa Pozuelo.

Los jóvenes Deiber Quesada Ramírez, Jorge Luis González Villalobos, Kimberly Quesada Morales, Valeria Benavides Pérez y Santiago Víquez Segura, desarrollaron esta experiencia impulsados por la Agencia Universitaria para la Gestión del Emprendimiento (AUGE) de la UCR y la empresa de galletas Pozuelo.

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Luis Alonso Jiménez, director de AUGE, considera fundamental darle a los estudiantes la posibilidad de trascender. (foto Laura Rodríguez).

Según lo explicó el Mgtr. Luis Alonso Jiménez Silva, director de AUGE, en julio de 2015 se convocó a un concurso que retaba a estudiantes de distintas áreas a crear una idea innovadora para sensibilizar a la población nacional acerca de los diferentes modelos de familia de la sociedad costarricense actual.

En total se postularon 96 estudiantes, de los cuales 50 fueron seleccionados y divididos en equipos de cinco personas, quienes participaron en una actividad creativa durante dos días, después de lo cual un equipo externo de profesionales en antropología y psicología eligió la idea ganadora, manteniendo la esencia del experimento.

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Cuatro familias que representan al modelo tradicional, a la familia sin hijos con mascotas, a la familia con una madre jefa de hogar y a la de un padre a cargo de los hijos, tomaron parte en el experimento. (foto Laura Rodríguez).

Éste consistió en una “Cámara de sensibilización”, un tipo de cápsula con dos habitaciones, que funcionó como espacio de encuentro entre dos tipos de familia. En la habitación de entrada la Familia A. expuso sus opiniones y creencias sobre lo que consideraba una familia, mientras observaba una fotografía de la Familia B, intervenida y readecuada a una estructura tradicional. Durante el recorrido la Familia A. tuvo contacto además con diferentes elementos que le fueron envolviendo en la dinámica cotidiana de la Familia B. y, conforme avanzaban se dieron cuenta que la Familia B en realidad correspondía a un modelo familiar diferente al propio. Al final, en la segunda habitación, ambas familias se encontraron y pudieron conocerse.

En total participaron en el experimento cuatro familias que representan a la familia tradicional, a la familia sin hijos con mascotas, a la familia con una madre jefa de hogar y a la familia con un padre a cargo de los hijos.

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“Quisimos ir un paso adelante y promover una plataforma de creación conjunta que nos permitiera compartir vivencias y pensamientos genuinos y puros de familias reales”, indicó María José Rodríguez, Gerente de Marcas de Pozuelo. (foto Laura Rodríguez).

En criterio de Jiménez, la oportunidad que Pozuelo brindó a las y los estudiantes fue fundamental, pues justamente en la mezcla de jóvenes de diferentes carreras, se dio la creatividad y la innovación. “En esta vinculación universidad-empresa tenemos que trabajar en cosas nuevas desde un enfoque multidisciplinario y darle a los estudiantes la posibilidad de trascender, una de las cosas más importantes para los millennials”, indicó.

Para el estudiante Santiago Víquez, miembro del equipo ganador, la experiencia fue sumamente valiosa, en la cual el equipo aprendió que de los momentos álgidos surgen las mejores ideas. “Como grupo tuvimos altos y bajos. El botar la idea constantemente nos permitió mantenernos enfocados en un norte: mostrar que al igual que nosotros no utilizamos el mismo lenguaje de nuestros abuelos, el concepto de familia también ha cambiado”. Por eso –acotó- en el seno de las familias hay que hablar y entender este cambio y así poder discernir que aunque haya diferencias entre los integrantes de una familia, en lo fundamental es muy cierto que donde hay amor, hay familia.

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Durante la presentación del experimento social se llevó a cabo un conversatorio sobre la evolución de la familia en Costa Rica con participación de los académicos Dra. Ana María Bottey Sobrado, Dra. Vanessa Fonseca González, Dra. Ana Isabel Vega Robles y M.Sc. Jorge Zeledón Pérez. (foto Laura Rodríguez).

María José Rodríguez, Gerente de Marcas de Pozuelo indicó que se promovió esta iniciativa porque la empresa reconoce la importancia de generar procesos de sinergia que aprovechen y empoderen el talento joven en discusiones necesarias para el país.

Santiago Builes, director de Operaciones de Pozuelo, destacó por su parte que uno de los valores de la compañía es el respeto y por lo tanto lo menos importante es encasillarse en un tipo X de familia. “El mundo es amplio y lo que debe primar es la tolerancia, que es la base sobre la que debe construirse la sociedad”. Agregó que Pozuelo está cumpliendo 97 años y si la empresa quiere estar presente en los hogares ticos otros cien años debe sustentarse en la innovación y la cocreación, que no es otra cosa que inclusión social, inclusión de la academia con la empresa privada. “La UCR nos abrió la puerta y nos dio otros ojos distintos a los que tenemos en la organización y nos permitimos tomar ese riesgo y crear algo distinto”.

Durante la presentación de este experimento social el Dr. Fernando García Santamaría, nuevo Vicerrector de Investigación de la UCR, recalcó la necesidad de continuar con los experimentos sociales con miras a atender importantes problemáticas que afectan a la sociedad. “El desarrollo de experimentos sociales nos puede ayudar no solo para el estudio de la familia sino de otras temáticas como la identidad de género, la violencia intrafamiliar, el machismo, la sociedad patriarcal en que vivimos, los juegos de poder y la inequidad que nos afectan”.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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